La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su profunda preocupación por el no dictado de clases del ciclo lectivo 2018 para los niveles inicial, primario y secundario en la provincia del Neuquén, a raíz del conflicto que mantiene el gremio docente con el Gobierno Provincial, lo que agrava la crisis educativa que sufre la provincia en los últimos años vulnerando gravemente los derechos de los niños/as y adolescentes.

Señor presidente:

La Provincia del Neuquén actualmente está inmersa en un profundo conflicto de su sistema educativo y que tiene como principales afectados a miles de niños, niñas y adolescentes a raíz de la falta de dictado de clases. En lo que va del año la cantidad de días de paro han superado ampliamente a los días de clases efectivamente dicados, a raíz del conflicto gremial que mantiene la Asociación de trabajadores de la Educación del Neuquén (A.T.E.N) y el Gobierno provincial por la recomposición salarial de los trabajadores del sector educativo, lo que se profundiza con medidas de fuerza de distinta naturaleza que confluyen en la interrupción del dictado de clases en todo el territorio provincial.

Esta realidad penosa que atenta definitivamente en contra del normal desenvolvimiento del ciclo lectivo, se viene repitiendo año tras año con un incremento preocupante de paros que desde el año 2013 hasta el 2017 se han acumulado un total de 188 días sin clases. En el año 2013 hubo 39 días de paro; en el 2014 fueron 45 días sin clases; en el 2015 fueron 10 días, en el 2016 llegaron a 29 días de paro, y por fin en el 2017, alcanzo la preocupante suma de 70 días de paros acumulados que interrumpieron el normal desenvolvimiento del ciclo lectivo.

Se deber considerar la diferencia existente entre los 190 días de clases que como mínimo debe garantizarse en cada ciclo lectivo según ley provincial 2945 y res. 165/11 del Consejo Federal de la Nación, y la cantidad de días de clases proyectados por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén para cada ciclo lectivo, el cual establece un tope de 152 días, todo ello arroja como resultado una diferencia de 190 días sin clases en 5 años. De esta manera, si se suman la cantidad de días de paros y las diferencias de días de clases proyectados por el CPE y lo que establece la ley, se concluye que en 5 años se han perdido 2 ciclos lectivos completos, lo que deja en clara evidencia la gravedad de la crisis educativa que atraviesa la provincia.

Esta situación preocupante del deterioro del sistema educativo provincial a lo largo de estos últimos años, constituye claramente un cercenamiento del derecho constitucional de recibir educación, siendo este un derecho fundamental del individuo, el cual se proyecta como una herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto.

La secuencia indeterminada de huelgas docentes incide en el objetivo primordial de la educación, dificultando la concreción de las metas pedagógicas que otorguen los conocimientos básicos de la formación requerida.

Sin perjuicio del reconocimiento constitucional que goza el derecho a huelga, su ejercicio indiscriminado, desatiende el derecho a la educación el cual mantiene igual protección constitucional.

Se debe tener en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuya regulación en nuestra legislación argentina, da una protección especial, valorando y sosteniendo que ante diferencia de intereses de derechos (derecho a huelga vs. derecho a educación), tendrán prioridad los derechos de niños/as y adolescentes, debiendo los organismos estatales adoptar e implementar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y, en general, todas las conducentes para garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos.

Esta situación gravosa ha puesto en alerta a cientos de padres auto convocados, que ven con gran preocupación el futuro educativo de sus hijos y que los ha llevado a realizar múltiples reclamos, marchas y acciones ante los distintos organismos gubernamentales, denunciando la necesidad y urgencia de recomponer los derechos de los niños, niñas y adolescentes a concurrir diariamente a las escuelas.

El derecho a la educación está consagrado en los Pactos y Convenciones Internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional Art. 75 inc 22 como ser : Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los Derechos del Niño. También el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional garantiza conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, el derecho de "enseñar y aprender". En la Constitución de la provincia del Neuquén en su artículo 110 garantiza "...educación pública, laica y gratuita desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio en sus diferentes modalidades [...] procurando que en todas las escuelas se imparta cada ciclo de educación y enseñanza completo”.

La ley provincial de educación N° 2945 en su artículo primero textualmente sostiene que "La educación y el conocimiento son un derecho personal y social, y un bien público. Ambos son una obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado provincial". Por fin, especial referencia debe realizarse de la ley provincial N° 2302 de Protección Integral del Niño y del Adolescente que reafirma el concepto de interés superior del niño como la máxima satisfacción integral y simultanea de sus derechos, colocando en cabeza del Estado provincial la responsabilidad de garantizar las oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social, en un marco de libertad, respeto y dignidad. Además, esta misma ley da directivas precisas y categóricas al Estado en lo que respecta al derecho a la educación estableciendo de manera expresa en su artículo 23 que: "La educación de los niños y adolescentes será considerada un bien social y su adquisición un derecho inalienable. El estado lo garantizara como principio en todos los niveles y modalidades, desde los jardines maternales hasta el nivel de educación superior. El estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación de ningún tipo y en igualdad de oportunidades y posibilidades para el ingreso, la permanencia, el egreso y la reinserción con logros equivalentes en todos los ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo.”

Con estas claras disposiciones legales, la educación de los habitantes de nuestro país es un derecho que el Estado no puede resignar. A raíz de ello, se torna imperioso, que cada día sin dictado de clases, como consecuencia del paro docente, sea recuperado en vista a no perjudicar el aprendizaje de los educandos. Quienes son depositarios de responsabilidades públicas, Estado y Gremios, deben ponderar que la educación es un medio ineludible para superar, en el marco de una estrategia global, las dificultades que aquejan a nuestro país.

Es en razón de todo ello, que los representantes del Estado provincial y los gremios, en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, deben procurar lograr el mayor esfuerzo posible a fin de superar las diferencias planteadas, sin privar a los niños, niñas y adolescentes de la provincia, de su derecho fundamental de recibir educación, valorando que los contenidos educativos perdidos no se recuperan, siendo este, un impedimento en contra de su desarrollo educativo de acuerdo al diseño constitucional de nuestra nación y de la provincia.

Manifestamos nuestra profunda preocupación junto a los padres de los niños/as y adolescentes afectados, instando a garantizar el dictado de clases en la provincia del Neuquén.

Solicito a esta Honorable Cámara de Diputados la sanción de este proyecto de Resolución.