La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

El pasado 17 de Abril de 2018, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el compañero trabajador Daniel Héctor Fernández de la Ex Mefro Whells Panamerican S.A. tomo la terrible decisión de quitarse la vida.

Que el referido compañero – conforme se describió en el párrafo que antecede – había sido trabajador de la empresa mentada. Dicho establecimiento – de capitales alemanes - cerro definitivamente sus puertas de manera intempestiva a principio del año 2017, dejando literalmente abandonados a los trabajadores.

Que dicha industria fue la única fábrica de llantas de acero para la industria automotriz existente en nuestro país. Que las causales fundamentales del cierre de dicho establecimiento no han escapado a la que están atravesando el resto del sector industrial en la República Argentina, léase Aperturas Indiscriminadas de Importaciones, Aumentos Tarifarios y Menoscabo del Consumo Interno -.

Que producto del esfuerzo del gremio interviniente, de concejales de la ciudad de Rosario y de autoridades del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe de ese entonces, se pudo lograr temporalmente la reapertura de la mentada empresa, y fue explotada por una empresa local de la Provincia de Santa Fe.

Que la experiencia de los nuevos gerenciadores no ha sido satisfactoria, debido a la gestión realizada y a la continuación y agravamientos de las políticas de gobiernos antes referidas, no pudiendo colmarse las expectativas que se habían generado-

Que desde el mes de febrero del corriente año, la empresa se encuentra absolutamente cerrada, con la totalidad de los trabajadores en la calle, y con una ausencia alarmante del Gobierno Nacional desde hace mas de un año. Que dicha ausencia no solo tiene que ver con la falta de soluciones concretas, sino mas aun con la contención efectiva a la totalidad de los trabajadores referidos, otorgándosele solamente el Fondo de Desempleo en su oportunidad, el cual en su mayoría se ha terminado.

Que el compañero trabajador fallecido tenia la edad de 61 años y 40 años de antigüedad, que encuadra lisa y llanamente, en la categoría de los trabajadores desocupados más críticos, en razón de que el mercado los considera “ Viejos” para trabajar, pero el Estado los considera “ Jóvenes “ para jubilarse.

Que en su misma situación se encuentran muchos compañeros, aun desocupados, motivos por el cual se necesita con suma urgencia la intervención del gobierno nacional en el conflicto que nos trata, no solo para sostener los puestos de trabajo perdidos, no solo para contener la única actividad de industrial de fabricación de llantas en el país, sino mas aun para evitar tragedias como la del compañero Fernández.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados y Diputadas de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional continúa despidiendo trabajadores estatales, ahora los afectados fueron los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) que el lunes 16 de abril se encontraron con carros hidrantes y un listado en manos de la policía que le prohibían el ingreso a quienes figuraban en ella. Sin criterios conocidos ni explicaciones concretas fueron despedidos cerca de 70 trabajadores, algunos con 20 años de antigüedad, otros recién ingresados, e incluso cuatro delegados de ATE. En este sentido, fundamenta nuestro pedido de informes el reclamo y su correspondiente comunicado emitido por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) .

El desmantelamiento del funcionamiento de los organismos dedicados a la atención y acompañamiento de las personas con discapacidad se ha transformado en una política de estado.

En caso del área de discapacidad la función la venía cumpliendo la CONADIS – Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. Esta comisión había sido puesta en marcha en el año 1987 fruto de la presión de las ONGs que trabajaban la temática. Durante la década de los 90 la CONADIS sufrió una des-jerarquización, ya que paso a depender del área de Desarrollo Social, con lo que la atención sufrió una fragmentación de sus áreas, provocando con ello que el desarrollo de las políticas referidas se viese muy afectada. En los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner se reactivó la temática por la aprobación de ley 22431 (Ley Nacional del Cupo de Trabajadores con Discapacidad). A esto se sumó el hecho de que Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de Derechos sobre las Personas con Discapacidad 2006 (CDPD, siendo ratificada por el Gobierno de Cristina Kirchner en el año 2008 por ley 26378.

La aplicación de las Convenciones reactivó los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social, acompañado por todos los organismos públicos de todos los Ministerios y Organismos Descentralizados, poniendo mayor énfasis en la educación. El avance en las políticas de este sector tuvo un definitivo impulso en el año 2015 cuando se le dio jerarquía constitucional a la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por Ley 27044.

La CONADIS funcionó como tal hasta el año 2017, cuando fue reemplazada mediante un decreto por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Este decreto fue rechazado por la Bicameral del Congreso de la Nación por ser inconstitucional pero sigue vigente dado que no se dio de baja efectivamente el mismo a través del voto en alguna de las Cámaras del Congreso Nacional.

El principal cuestionamiento por el cuál la Agencia no es legal es que no pasa el “test de convencionalidad” ya que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece la consulta obligatoria a organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad. Y esto el Gobierno no lo cumplió.

Aun cuando la Agencia no es legal el gobierno continuó y avanzó en el traslado de todas las funciones de la CONADIS a este ente.

Esta semana con el despido de cerca de 70 personas la Agencia continúa llevando adelante un ajuste y avasallamiento de las personas con discapacidad y de la población toda.

Lo que ocurre en el área de discapacidad no es un hecho aislado sino que está en sintonía con lo que sucede en todos los organismos encargados de la ejecución de las políticas sociales.

Desde diciembre de 2015 el Estado Nacional viene desarrollando una estrategia de vaciamiento de las áreas estratégicas que trabajan con la discapacidad a través de una multiplicidad de acciones:

• Las pensiones por vejez (Ley 13478) y madre de siete hijos (Ley 23746) fueron derivadas al ANSES.

• Existe un sin número de centros de atención con alquileres impagos y sin insumos para realizar las gestiones.

• Se han cerrado, solo en la Provincia de Buenos Aires, las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora y Moreno, estratégicas en el Conurbano bonaerense.

• Desde la creación de la Agencia han tercerizado la liquidación de haberes de los trabajadores y abonaron cifras de hasta $ 5000 menos a los trabajadores.

• Aumento de personal con contrato nuevos, cuyos montos de los salarios superan ampliamente el haber de un trabajador del Convenio SINEP, dado que se asignan el cobro de horas extras que superan las 24hs. del día y cobro de unidades retributivas (UR) que traducen en abultados sueldos.

• La demora injustificada en la entrega de pensiones, hasta diciembre de 2015 se otorgaban 15000 beneficios por mes, ahora en los 4 meses que lleva el año solo, se aprobaron 8869 pensiones de todo el país.

• Se estima un total de 100000 trámites varados en el área de auditoria médica, esperando resolución.

Todas estas acciones que violan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al no ser atendidas sus demandas y derechos obstaculizando el acceso a la gestión de la prestación.

Lo expuesto es parte de una realidad que día a día padecen los trabajadores/as y las personas con discapacidad y/o sus familias, a las que someten al recorte de sus derechos y a la invisibilización de la problemática y la demanda. Apuestan al desgaste, al fin de las políticas públicas y el despido de l@s trabajadores.

Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.