La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar enérgicamente el accionar de la Secretaría de Transporte dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por recusar al juez Andres Gallardo, quien mediante un fallo, había prohibido la actividad de las plataformas de mensajería y reparto de bicicletas y motos en CABA, que no cumplieran con las regalmentaciones vigentes sobre medidas básicas de seguridad y derechos laborales de sus contratados.

Señor presidente:

El Juez Andres Gallardo titular del juzgado N°2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, luego de constatar mediante un relevamiento realizado por la Policía de la Ciudad, que sobre el total de 691 motos y bicicletas que prestan servicios para las firmas Rappi Arg S.A.S, Kadabra S.A.S(Globo) y Pedidos Ya S.A, la inmensa mayoría de ellos 70% circulan sin casco esceptuando a los que lo realizan en moto, el 77% lo hace con cajas delivery sobre sus espaldas y el 70% no cuenta con ningún tipo de seguro, el informe también asegura que las grandes cadenas comerciales en la ciudad utilizan los servicios de estas empresas a pesar de las irregularidades que presentan y que tan sólo en un mes se registraron 25 accidentes graves en la vía pública con repartidores afectados; por tal motivo, dictaminó ordenar prohibir la actividad de las plataformas de mensajería y reparto de alimentos hasta que las empresas no garanticen las condiciones de seguridad de los tarbajadores. Ya que para el Juez son las empresas las que deben asegurar que los repartidores circulen con casco, que la caja portaobjetos esté correctamente afirmada al vehículo, que tanto bicicletas como motos tengan luces y bandas refractarias y que los conductores circulen con seguro de vida y de accidentes.

Para el Juez Andres Gallardo “el servicio de mensajería se realiza en franca transgresión a las normativas vigentes, y hay que exigirles dar cumplimiento a las normas básicas en materia de seguridad”. El juez también solicitó un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción del ingreso de los repartidores mientras dure la prohibición del servicio.

La reacción del Gobierno de la Ciudad es por demás repudiable y preocupante, ya que, el jueves 11 de agosto pasado, recuso al juez, manifestando que: “ en este contexto el Gobierno de la Ciudad no debe acatar la medida porque no está firme y va a ser apelada”, tomando claro partido en el interés de las empresas y en desmedro de los derechos de los mensajeros y la seguridad pública, en abierta violación a la normativa vigente, del código de tránsito y transporte urbano.

Lamentablemente como muestra trágica y luctuosa de esta situación de precariedad laboral y a solo dos días después de la recusación del juez, se registró la muerte de Ramiro Caroya, trabajador de la empresa Rappi y estudiante de periodismo, atropellado por un camión, cuando pedaleaba su bicicleta hacia el sur de la capital por avenida Madero, y pese a llevar en su espalda la voluminosa caja de reparto de la empresa y a que testigos aseguran que mientras agonizaba en el suelo sonaban los llamados en su celudar de los pedidos de la companía, la empresa no se hace cargo de ninguna responsabilidad sobre su repartidor, ya que, tanto la colombiana Rappi como la Catalana Glovo, no los considera sus empleados, sino que los categorizan violando toda norma laboral vigente, como “colaboradores” que no trabajan en relación de dependencia sino que se harían favores comerciales mutuos.

Dicha figura claramente no regulada, pretende ser esgrimida por las empresas, para no hacerse responsables de ninguna carga social ni relación contractual y de la obligación de proveer de los elementos necesarios para realizar las tareas de reparto, condenando a la desprotección a todos sus empleados.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobacón del presente proyecto.