La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declarar apoyo y solidaridad con los Sres. Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, todos ex choferes de la Línea Este de La Plata, quienes fueron detenidos el 3 de abril del 2019 por presuntos delitos cometidos durante una protesta ocurrida el 16 de marzo de 2017 en la que se reclamaban reivindicaciones laborales.

Expresar repudio por esta expresión de criminalización de la protesta social, y solidaridad con quiénes están accionando legal y políticamente para solicitar la libertad de los trabajadores mencionados que están sufriendo prisión política.

Señor presidente:

Desde el lunes 3 de abril de 2019 los Sres. Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, todos ex choferes de la Línea Este de La Plata, se encuentran detenidos por presuntos delitos cometidos durante una protesta ocurrida el 16 de marzo de 2017 en la que se reclamaban reivindicaciones laborales. Hace pocos días se conoció la carta escrita por Emanuel Lázaro, uno de los cuatro choferes detenidos, desde la Alcaidía de Olmos. En ella expresa que su detención “…fue por defender los derechos del trabajador, un baño digno y no trabajar horas en negro”, explicando luego que, desde que está detenido, “… estuvo varias veces en riesgo mi vida, no duermo y pensé en matarme porque nunca imaginé vivir esto y en este lugar cuando simplemente quería mejorar la condición del trabajo. INEXPLICABLE – INJUSTO”.

Queda claro que estos cuatro trabajadores, padres de familia, sin antecedentes penales, han sido detenidos por intentar mejorar sus condiciones laborales. Se trata de un claro caso de criminalización de la protesta social que debe ser fuertemente repudiado para que en la Argentina se garantice el ejercicio del derecho a la protesta, de raigambre constitucional.

Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Provincia de Buenos Aires han dado cabales muestras de que perciben a la protesta laboral y social como un tipo de crimen o delito que debe ser severamente castigado. Se trata de una actitud hostil y criminalizante, que parte de la base de que las protestas laborales y sociales representan una amenaza contra la estabilidad y el orden social. Muestra de ello fue el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, anunciado en febrero de 2016 por la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich, por el que se pretendía limitar inconstitucionalmente el derecho a la protesta, partiendo de la idea de que el derecho a la libre circulación era más importante que el derecho a protestar y a la libertad de expresión.

En definitiva, frente a la manifestación del conflicto, el gobierno argentino prefiere su resolución a través de mecanismos de represión que hagan prevalecer el “orden público” por sobre el derecho humano primario de protestar. Es evidente que se parte de un modelo funcionalista, o estructural-funcionalista, en el que se percibe al conflicto social como una desviación patológica de algunos de los modelos de la estructura, lo que provocaría –según esta particular manera de ver las cosas- que la sociedad “no funcione”.

Estamos en las antípodas: nosotros creemos que el conflicto y la protesta son expresiones de una sociedad democrática. Porque democracia es, en sí misma, crítica y protesta. Todos lo sabemos: detrás de los años negros de la dictadura se escondió esta concepción funcionalista que sostiene que el conflicto debe ser “exterminado”.

En vez de criminalizar la protesta laboral, el rol del Estado debiera centrarse en desplegar mecanismos que apuesten a la recuperación de los equilibrios, gestionando el conflicto laboral para que éste se traduzca en el mejoramiento de los derechos de los trabajadores y en una oportunidad de mejora distributiva a favor de la clase trabajadora.

Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares su apoyo con el fin de lograr la aprobación del presente proyecto.