La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar al Ministro de Hacienda Lic. Nicolás Dujovne en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el Artículo 204° del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que concurra a fin de dar cuenta sobre su presunto incumplimiento de obligaciones impositivas y posibles incompatibilidades vinculadas a su acogimiento a la ley 27.260 libro II, “ Régimen de Sinceramiento Fiscal”.

Señor presidente:

Según transcendió en distintos medios de comunicación, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, antes de ser designado Ministro, habría omitido declarar una sociedad radicada en el exterior valuada en 20 millones de pesos y que, posteriormente, gracias a la ley de “sinceramiento Fiscal” ley 27260, que formaba parte de la ley llamada “reparación histórica para jubilados y pensionados”, pudo blanquear. Según los trascendidos en los medios de comunicación, de no haber sido por la ley 27260, el señor Dujovne podría haber merecido pena de prisión en virtud del monto evadido.

Según la Declaración Jurado del Lic. Dujovne, la sociedad Florentina Global, valuada en 20.109.545, 56 pesos ingresó al patrimonio del Ministro en el mes de julio de 2016, fecha en que fue promulgada la ley de sinceramiento fiscal.

Es necesario que el Ministro Dujovne, quien tiene a su cargo entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, fiscalizar el régimen impositivo, entro otras, brinde una explicación ante los representantes del pueblo, a fin de no dejar dudas sobre su comportamiento frente a las obligaciones que todos los ciudadanos tenemos, y que él debe fiscalizar.

En ese sentido, la ley 27.269 establece en su artículo Art. 82: “Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del libro II, los sujetos que entre el 1° de enero de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley, hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas: … f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… “.

Como se podrá observar la ley no permitía que los ministros accedan al blanqueo, durante todo el lapso de tiempo de vigencia de la ley. Es decir desde el 25 de julio hasta el 31 de marzo de 2017. Luego el Decreto Reglamentario 895/2016, estableció en el artículo 21 que “…el alcance de las menciones contenidas en los distintos incisos del Artículo 82 de la Ley N° 27.260 acerca de empleados o funcionarios con similares categorías o funciones a las allí enumeradas deberán interpretarse con carácter restrictivo. La exclusión prevista en ese artículo sólo alcanza a los sujetos que hubieren desempeñado alguno de los cargos incluidos en sus incisos, entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, ambas fechas inclusive…”.

El ministro Dujovne fue designado por Decreto 3/2017, del 2 de enero de 2017, es decir que si se considera la voluntad legislativa y no la reglamentación “restrictiva”, el Lic Dujovne presentaba una incompatibilidad para acogerse al blanqueo o para asumir como Ministro, ya habiéndose adherido al régimen.

Asimismo, resulta necesario conocer si el Ministro, en virtud del artículo 91 de la ley 27260, que crea la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal destinada a “… colaborar en la correcta implementación y ejecución del mismo, aconsejando la adopción de medidas necesarias para ello.”, integrada por representantes de la Secretaria de Hacienda del entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Pública que la presidirá, incurrió en alguna incompatibilidad en virtud de haber sido parte en forma personal del régimen de sinceramiento fiscal.

Quienes se desempeñan en la función pública deben observar una conducta acorde con la ética pública, debiendo desempeñarse con “honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana” (artículo 2º inciso b, ley 25188).

Por último, nos preguntamos con qué autoridad ética, funcionarios con conductas como las mencionadas, pueden promover la transparencia, la recaudación de impuestos y la inversión en el país.

En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.