La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar repudio por las amenazas e intimidaciones de las que fueron víctimas referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a través de redes sociales en el marco de la conmemoración del pasado “24 de marzo”.

Señor presidente:

En el marco de la conmemoración del pasado “24 de marzo” se suscitaron una serie de amenazas e intimidaciones a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales de la ciudad de Rosario.

Aprovechando las nuevas tecnologías en manos de portadores de vestigio reaccionario o en cabeza de la mismísima “mano de obra desocupada” proveniente de la última dictadura militar, entre unas 200 y 300 personas vienen siendo introducidas compulsivamente -desde principios de marzo- en grupos de Whatsapp con nombres como “Muerte a Milagro Sala”, "El nuevo Videla", "Muerte a las denunciantes", "Zitelli Vive" (por el ex capellán de la policía de Agustín Feced, quien fuera interventor de la policía rosarina entre abril de 1976 y mayo de 1978), "Fiscales Hijos de puta" o “Tucu Vive (en alusión a uno de los represores de la dictadura condenados en esa jurisdicción), en los que se profieren amenazas como “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”, incluso amenazas de muerte que incluyen el envío de fotos personales de los y las amenazadas con sus entornos familiares.

Este nuevo ataque contra denunciantes y querellantes de delitos de lesa humanidad, y contra quienes militan y luchan día a día por sostener el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” convertido en emblema de la justicia mundial y por el cual hemos sido reconocidos en el mundo entero, extrema su gravedad por la amplitud de los y las amenazadas, alcanzando a funcionarios de gobierno, legisladores, concejales, operadores de la justicia y dirigentes sociales, políticos y sindicales.

No podemos desconocer que esta situación ocurre luego de que Amnistía Internacional alertara sobre una sistematicidad en las agresiones coordinadas en redes sociales contra periodistas y defensores de los derechos humanos desde las huestes de los sostenedores del Gobierno Nacional, describiendo el accionar de los trolls que se activan ante posiciones críticas al Poder Ejecutivo: “El método utilizado combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos casos, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difunden información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas” (palabras de Amnistía Internacional).

Sean quienes fueran los responsables, las amenazas son graves, revisten de gravedad institucional y tienen un claro objetivo político: frenar a referentes y con ellos a la tracción popular que ha sido la única capaz -en el presente- de oponerse y contener parte del desbaratamiento de los logros que en materia de derechos humanos consiguió nuestro país. Vale recordar la gran movilización nacional luego del escandaloso fallo “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más conocido como el fallo “2 x 1”, el cual fue literalmente frenado en su implementación por los tribunales inferiores produciendo una especie de “desobediencia” en la práctica judicial, propinando a su vez la sanción de una ley aclaratoria de esta misma legislatura y tuvo como corolario a la mismísima Corte de Justicia Nacional rechazando por "inadmisible" y sin argumentos un recurso en similares términos que Muiña presentado por el represor Jorge Humberto Appiani, condenado a 18 años de prisión en la megacausa “Área Paraná”. Otro ejemplo fue la masiva expresión popular contra las domiciliarias otorgadas a decenas de represores y que tuvo en Etchecolatz al emblema de la impunidad logrando su posterior revocación judicial de la modalidad domiciliaria.

Lo relatado fue oportunamente denunciado el 28 de marzo ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (delegación Rosario), en donde la investigación avanza en cabeza del fiscal Ponce Asahad quien confirmó que las amenazas partieron desde líneas telefónicas radicadas en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, del norte del país y hasta una línea radicada en los Estados Unidos.

El fiscal ordenó allanamientos y logró identificar a 15 personas de las cuales han sido demoradas 5 de ellas entre quienes se encuentra un efectivo de la Policía Federal.

En otra oportunidad deberemos analizar por qué estas prácticas que creíamos superadas en nuestra historia, vuelven a aparecer en el presente contexto nacional. Sectores que luego de “invernar” durante tantos años, hoy vuelven a la carga envalentonados por un contexto nacional que al menos por omisión habilita su reaparición como así también la proliferación de discursos llenos de odio y fascismo.

Señor Presidente, hechos como estos no deben quedar impunes y deben generar en nosotros -como hombres y mujeres demócratas- el máximo repudio posible, porque sólo así, repudiando estos actos desde cada uno de los poderes que conforman la república, podremos terminar una vez más con estos nostálgicos de la feroz represión que asoló nuestro país y consolidar así nuestro proceso ejemplar de “Memoria, Verdad y Justicia”.

No podemos quedarnos indiferentes ante estos nuevos intentos de frenar la lucha por la Justicia asumida por la inmensa mayoría del pueblo argentino, mediante cobardes amenazas e intimidaciones que no hacen más que reivindicar el genocidio cometido por la dictadura cívico-militar.

Expresamos nuestra solidaridad y exigimos a la Justicia la investigación del hecho y la sanción de los responsables, y esperamos también palabras y acciones de repudio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, primordialmente el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados y Diputadas de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.