La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informe a esta H. Cámara de Diputados de la Nación las siguientes cuestiones relacionadas al viaje que trasladó a los familiares de soldados identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas:

1- Criterio con el que se procedió a seleccionar los miembros de la delegación que integraron el vuelo que se trasladó a las Islas Malvinas.

2- Organismos, procedimiento y funcionarios responsables de confeccionar la nómina de personas que viajaron en ese vuelo.

3- Nomina completa de los pasajeros que integraron el vuelo. Datos personales y su vínculo con los soldados identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En caso de que algún o algunos miembros de esta delegación no hubiera tenido relación familiar con algunos de los soldados allí sepultados, informar los motivos por los que se los incluyó en dicho viaje. Remitir documentación.

4- Nómina de los familiares que, cumpliendo los requisitos exigidos, no pudieron viajar en esa delegación. En caso afirmativo, detallar los motivos y alternativas propuestas.

Señor presidente:

El derecho a la identidad acompaña al ser humano desde su nacimiento hasta después de su muerte. Así también, el derecho a la identificación de quien fallece en combate, está previsto en el derecho internacional humanitario. Esta rama del derecho es una de las dimensiones del derecho internacional público aplicable en los conflictos armados, mediante el cual se trata de garantizar el respeto a la persona humana en la medida compatible con las exigencias militares y con el orden público, así como de atenuar el rigor de las hostilidades. El derecho internacional humanitario se divide en dos secciones: el Convenio de Ginebra y el Convenio de La Haya. Son estos acuerdos jurídicos internacionales los que obligan a los estados, entre otros compromisos, a facilitar el reconocimiento de los combatientes no identificados y no la sola voluntad de las partes.

El Juez Ramos Padilla señala acertadamente que "Una nación que se niegue a señalar qué es lo que sucedió con sus habitantes o con una parte de su población, no sólo es un estado inmoral, sino que tampoco puede ser considerado democrático y respetuoso de los derechos humanos. De allí que la exploración de la verdad histórica constituye una obligación del Estado, y un derecho de la víctima, del familiar y de la sociedad que tienen derecho a conocer y contar su historia".

También la Cruz Roja 3.6 en una de sus publicaciones relacionadas con “Las sepulturas - la identificación de los muertos” señala que: “El respeto debido a los muertos, profundamente enraizado en los usos y costumbres, forma parte del derecho humanitario. Identificar a los cadáveres, inhumarlos, indicar el lugar de las sepulturas, son otras tantas obligaciones convencionales de las Partes, a veces difíciles de cumplir en situación de conflicto. En el artículo 17 del I Convenio, se enuncian las medidas y las precauciones que se deben tomar para que se respete, de manera eficaz, la paz de los muertos, así como para que sus familiares puedan saber qué suerte corrieron y no estén en la incertidumbre.

Durante los enfrentamientos en el archipiélago y en condiciones climáticas sumamente adversas, se enterró a los muertos con todas las precauciones y el respeto que las circunstancias permitían, los más en tumbas colectivas provisionales.”

(https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/junod-malvinas-reciclado2012.pdf)

Con estas obligaciones políticas y jurídicas sobre cada uno de los países que fueron a la confrontación bélica, y por pedido en su momento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, se inició el proceso para lograr el reconocimiento de los 123 soldados no identificados, que están sepultados en el cementerio Darwin en las Islas Malvinas. Naturalmente que esta iniciativa fue posible gracias a las organizaciones de ex combatientes como también al acompañamiento de los familiares de los caídos en Malvinas, quienes otorgaron autorizaciones y facilitaron las muestras de ADN necesarias para los cotejos genéticos.

Estas gestiones fueron continuadas por la administración del presidente Mauricio Macri las que finalmente, y por primera vez en 36 años, permitieron que familiares de los soldados argentinos pudieran viajar para rendir honor a sus seres queridos en el cementerio de la isla Soledad. En una conmovedora ceremonia, la leyenda "Soldado argentino sólo conocido por Dios", fue reemplazado por el nombre y apellido de cada ex combatiente caído en la guerra.

Lamentablemente este viaje histórico fue empañado por el presunto reemplazo, de uno de los padres de los soldados identificados por un funcionario político, totalmente ajeno a este delicado y solemne momento de recogimiento. Según trascendió en la prensa, “Después de tres décadas de dejar flores en tumbas sin nombre, Alberto Rodríguez sabe dónde está su hijo José Luis. Pero todavía no pudo acercarse al lugar indicado para cerrar la herida. Este lunes 26 de marzo se quedó afuera del grupo de más de 200 familiares de 90 soldados identificados en Malvinas porque “no había lugar”. Sin embargo, la imágenes muestran a otras personas ajenas a la causa.”, señala la nota de Daniel Gian (http://noticias.perfil.com/2018/03/27/el-padre-de-malvinas-que-se-quedo-afuera-del-viaje-historico/)

Alberto Rodríguez, el padre de uno de los soldados identificados en el cementerio de Darwin, citado en la nota periodística espera, según sus declaraciones, que se haga realidad la promesa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para concretar el viaje en los próximos meses, cuando se avance con la identificación de otros 30 soldados.

Al trascender esta situación hice público mi malestar y expresé la necesidad de que el Congreso Nacional se interiorizase de esta irregularidad a través de un pedido de informe a las autoridades responsables de organizar el viaje al archipiélago austral. En cumplimiento de ese compromiso y con el ánimo de que no se repitan situaciones como las presuntamente ocurridas, es que planteo la presente acción legislativa.

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.