La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar el más severo rechazo y la más profunda preocupación, por las operaciones instrumentadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre miembros del Poder Judicial, con el objeto de lograr la privación de libertad del dirigente sindical Pablo Moyano, reconocido referente sindical que se ha pronunciado firmemente contra la reforma laboral impulsada el Gobierno Nacional en todas sus variantes.-

Señor presidente:

Esta iniciativa denuncia un hecho de extrema gravedad que ha tomado estado público, y que debe ser entendido como punto de inflexión para resguardar la vida democrática en nuestro país.

El Dr. Luis Carzoglio, Juez de Garantías de Avellaneda, fue objeto de una operación ilegal instrumentada desde el seno del organismo de inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. El magistrado denunció que dos agentes pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia (Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascual) lo visitaron en su despacho oficial para pedirle la detención del dirigente sindical Pablo Moyano. La impunidad con la que actuaron los agentes es tal, que hasta confeccionaron y le entregaron para su uso los borradores de los escritos que debía firmar el magistrado. En la reunión llevada adelante, invocaron –además- que el propio Presidente de la República, estaba interesado en la detención del dirigente sindical.

Esta reunión y su intento de lograr el encarcelamiento de un ciudadano; quién es objeto de una manifiesta persecución política por parte del gobierno, es el corolario de otras operaciones previas (tales como la feroz y grosera campaña mediática donde periodistas de diferentes medios -de modo coordinado- se preguntaba si el magistrado se iba a animar a detener a Moyano).

Con posterioridad a que el Juez haya dictado la resolución que no hizo lugar a la detención del sindicalista, la familia del funcionario judicial fue objeto de amenaza de muerte. Además, y como castigo al Juez independiente –y díscolo del poder- , se le activo un viejo pedido de jury que se encontraba sin ninguna actividad hasta ese momento.

Decir que esto que se narra es vergonzoso, es poco. Lo que debe alarmarnos es que estas operaciones fuera del orden constitucional se promueven y amparan desde el propio PEN. Son operaciones fuera del estado de derecho que transitan el país paralelo de los servicios de información, donde un ciudadano no es una persona con derechos sino un objeto mas que debe hacer o soportar lo que los que mandan en ese país paralelo han decidido. Reitero, lo grave es que ese espacio paralelo, es conducido desde un organismo dependiente del propio PEN.

El día 4 de abril próximo pasado, concurren a la Comisión Bicameral de control de los organismos del Escribano Gustavo Arribas y la ex Diputada Silvia Majdalani , que son los máximos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia.

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Ante la requisitoria relacionada a la presencia de los agentes en el despacho oficial del Juez Carzoglio, el máximo responsable reconoció la concurrencia de aquellos en el Juzgado. Pero para sorpresa de muchos, Arribas reconoció que esa visita estaba pensada y autorizada desde la propia Agencia que dirige; no era una operación no controlada desde AFI. Arribas explicó que la visita de los agentes fue preventiva, para evitar posibles desmanes que podrían afectar la paz social.

Abundando en el burdo argumento, explicó que se dispuso que los dos agentes se apersonaran en el tribunal instructor de la causa a efectos de verificar su estado y establecer la posibilidad cierta de que el magistrado actuante eventualmente dispusiera la detención del señor Moyano; ello para prevenir una potencial reacción en la gente que esa medida pudiese provocar.

Les pido al resto de los legisladores puedan ver en lo tremendo en términos institucionales de esta situación. Las máximas autoridades de la AFI, dependiente del PEN, reconocen ya formalmente que realizan visitas a Jueces y les solicitan la anticipación de las medidas judiciales que se van a tomar. Esto no lo autoriza el orden normativo, ni el estado de derecho; por el contrario son conductas que subvierten el orden republicano. Esto es un escándalo, que solo nuestro acostumbramiento a la degradación institucional que vivimos permite tolerar. La causa judicial que está tramitándose, seguramente nos confirmará la alarmante denuncia del Juez y los graves hechos que contiene.

En otros momentos ya hemos puesto en conocimiento la existencia de actuaciones judiciales donde se investiga la posible existencia de un plan sistemático que tiene por objeto influenciar por medio de distintos mecanismos, a aquellos funcionarios judiciales que tienen bajo su competencia causas judiciales contra dirigentes sindicales, para perjudicarlos. Se han presentado a la justicia múltiples elementos que permiten apreciar la existencia de justificadas sospechas por las que numerosos funcionarios del Gobierno Nacional han tenido reuniones con Magistrados y/o Fiscales intervinientes en causas vinculadas a representantes sindicales y sociales que son adversarios políticos del PEN.

Pero aquí se pone a la vista de todos, como la Agencia Federal de Inteligencia, presiona en el propio despacho de un Juez para que prive de libertad a un ciudadano. Estos hechos, muestran el grado de desprecio por los valores republicanos y democráticos que tienen quienes deciden y controlan este sector -la AFI- tan sensible e importante para la administración, y recuerdan el riesgo institucional y societal que se está corriendo al no erradicarlas.

También debemos tener presentes las razones que impulsan estas operaciones. La persecución contra el dirigente - al igual que con otros tantos del ámbito sindical, social y político - se ha profundizado a partir de la firme oposición ejercida al paquete de reformas legislativas impulsada por el Gobierno nacional, destacándose como uno de los momentos más simbólicos de esta oposición, las declaraciones públicas del dirigente en las que expresó que debía movilizarse contra el paquete de reformas laborales para que en nuestro país no se produjera otra ley Banelco, aludiendo a la bochornosa ley 25.250 aprobada durante el Gobierno del ex presidente Fernando De La Rúa y el escandaloso debido a las denuncias de coimas en el senado de la Nación.

Reiteramos aquí lo dicho en otras oportunidades, “debemos advertir que la persecución mediática y política que se está llevando adelante -realizando conductas delictivas en desmedro de funcionarios del poder judicial, afectando su independencia, y erosionando a la república- son otro intento más para logar el debilitamiento del movimiento obrero. El motivo real que las impulsa todo esta ingeniería de aprietes mediáticos e institucionales es claro, sacar del escenario político a los actores sociales que los enfrentan y ponen en serio riesgo sus políticas de ajuste”.

Esta conducta de la Agencia Federal de Inteligencia que se denuncia y rechaza , violenta los principios más elementales que sostienen a un estado republicano y a los tratados internacionales que ha firmado el estado nacional. Las conductas que motivan esta iniciativa deben ser investigadas ante la justicia, y deben ser desactivadas. Las consecuencias lesivas que han inevitablemente de caer sobre las instituciones y nuestra población, deben ser evitadas a tiempo. En razón a todo lo expuesto, es que solicito al resto de los legisladores para que acompañen la presente iniciativa.-