La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo al Decreto N° 1014, dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chaco el 1 de abril del 2019, por tratarse de un decreto inconstitucional que viola el Estatuto Docente y las leyes nacionales laborales vigentes y otorga súper poderes al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología permitiéndole pasar por encima de todos los derechos laborales y del derecho a la educación.

Su repudio y denuncia del grave ataque del derecho a huelga y el hostigamiento a los docentes que se organizan en defensa de sus salarios y de la educación pública, que contiene el citado Decreto, a través de un extorsivo sistema de premios-estímulos para quebrar las luchas del colectivo docente.

Su rechazo al intento del Gobierno Provincial de Chaco de reducir el plantel de la docencia mediante este Decreto, donde se faculta al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial para suspender comisiones de servicio y relevo de funciones de docentes. Su denuncia de que el objetivo gubernamental es profundizar y avanzar en un masivo cierre de cursos y en la reducción del presupuesto educativo de la Provincia de Chaco, único propósito detrás de la revisión de la planta orgánica funcional de cada establecimiento.

Su apoyo a la lucha de las y los trabajadores docentes de la provincia de Chaco que están peleando por la recomposición salarial y representan una causa popular en defensa de la educación pública.

Señor presidente:

El Decreto N° 1014/19 dictado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Chaco el 1 de abril del corriente, no sólo viola las leyes nacionales laborales vigentes y el Estatuto de los docentes, sino que también avanza en un proceso inconstitucional otorgando super poderes al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, facultándolo a adoptar medidas que atentan contra los derechos laborales de las y los trabajadores docentes.

Mediante este decreto el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, declaró la Emergencia Educativa por el término de un año. No es casualidad que el mismo se haya dictado luego de la audiencia de conciliación obligatoria que se realizó en la discusión paritaria de la docencia provincial días previos, donde las autoridades chaqueñas de Hacienda y Educación no pudieron imponer a los trabajadores una nueva oferta salarial que fue rechazada por insuficiente y dio nuevo impulso a la enorme lucha de la docencia provincial. Precisamente, el corazón de este decreto apunta a quebrar el proceso de huelga desenvuelto por los trabajadores. Importa destacar que a dos días de dictado este decreto, fue golpeado ferozmente un docente en una protesta, lo que muestra una acentuación de la política represiva del gobierno sobre los docentes.

Entre las principales disposiciones del citado decreto, en su artículo 2 faculta al Ministerio de Educación a disponer las medidas que “garanticen el derecho a la educación y el cumplimiento del cronograma educativo de clases”. Plantea también: “revisar todos los rubros de inversión y gastos presupuestados”, “pudiendo ser eliminados en caso de ser superfluos e innecesarios” en pos de “producir la optimización de los recursos destinados a educación” y así poder destinar aquellos rubros o conceptos que permitan “un mejoramiento en la pauta salarial ofrecida oportunamente”. Estas disposiciones no solo plantean la posibilidad de reducir el personal y el presupuesto designado, sino también de avanzar en el cierre de cursos.

El ministerio queda facultado además para establecer que los “actos, talleres docentes, reuniones de personal o toda acción que implique suspensión de actividades escolares o áulicas, se deberán llevar a cabo fuera de horario de clases y de los establecimientos escolares” violando –como hemos dicho- no solo el estatuto del decente, sino también apuntando a la extensión de la jornada laboral. Éste podrá establecer también la suspensión de las comisiones de servicio, relevo de funciones docentes y toda aquella designación que “obstaculice el dictado de clases” y ponga “en riesgo” el presupuesto educativo, permitiendo de esta forma el despido de parte del personal.

El Decreto también autoriza a “limitar la solicitud de suplencias por traslados de integración familiar” a no más de un año o ciclo lectivo, contrariando los derechos laborales existentes.

Avanza también en un régimen de jubilaciones anticipadas, en tanto, el artículo 3° del Decreto 1014 limita el plazo de 90 días corridos a la licencia dispuesta por el Artículo 318- inciso m) de la Ley Provincial 647-E; autorizando al Ministerio de Educación a efectuar “los actos necesarios para otorgar y acelerar el proceso de certificación de servicios previa a la jubilación de los agentes”. En su artículo 4°, se autoriza al Ministerio de Educación a iniciar de oficio la jubilación del personal docente que se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio en los términos de la ley provincial N° 800-H (antes ley 4.044) y personal docente en tareas pasivas de más de un año. Lo que tenemos es una versión de la reaccionaria reforma previsional que promueve el FMI para los docentes chaqueños.

Entre los “considerandos” se apunta: “en años anteriores han existido una gran cantidad de días perdidos por medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios provinciales, por lo que a los fines de evitar que esta situación se repita en el en curso resulta menester que se adopten medidas concretas tendientes a evitar mayores daños a los niños y las familias”. Intentan contraponer los derechos de los trabajadores docentes a los niños y las familias y responsabilizar a los primeros por el colapso educativo. Es una vía de absolución de las responsabilidades del Estado en la crisis educativa, que incluye el derrumbe edilicio y de infraestructura. Contrariamente a lo que sostiene el decreto, la lucha en defensa de la educación pública y gratuita ha unido a los docentes, los estudiantes y las familias, que confluyeron en innumerables medidas en defensa de las escuelas.

Según el decreto “Al reducirse los días de clases por diferentes medidas en el marco del reclamo de salarios, que tienden a ir más allá de un requerimiento del ámbito salarial laboral sino más bien político, o muchas veces sin sentido y de tinte de orgullo personal, los niños, las niñas y adolescentes de la provincia no reciben la cantidad de días de clases. Ello afecta de manera inmediata en sus conocimientos y preparación, dado por ejemplo resultados muy bajos en sus evaluaciones o estadísticas”. Para el gobierno provincial la lucha por un salario digno tiene tinte de “orgullo político y personal” y arremete con un decreto que no dista en nada de todo lo que el gobierno nacional quiere imponer con la tan mentada reforma laboral. Lo que se ha vuelto un “problema político” para la población chaqueña es el gobierno de Peppo, no la lucha docente.

El gobierno provincial de Chaco no se diferencia ni un ápice, en este sentido, del gobierno nacional de Macri. El decreto que aquí denunciamos no tiene nada que envidiarle al nefasto proyecto de Esteban Bullrich, que ha ingresado en la Cámara de Senadores una iniciativa de modificación de la Ley de Conflictos de Trabajo para declarar ilegales los paros y huelgas docentes que se extiendan más allá de 5 días al año, sean seguidos o discontinuados. Por esta vía el gobierno nacional pretende avanzar en un viejo propósito que acariciaron todos los gobiernos, el de declarar a la educación como “servicio esencial” para, en definitiva, clausurar el derecho a huelga de los trabajadores. Este es el mismo propósito que intenta sentar bases en el Chaco, pero esta vez de la mano de una falsa “oposición”.

En defensa de la educación pública y de todos los derechos laborales de los trabajadores es que solicitamos a los Diputados y Diputadas que acompañen este proyecto de declaración.