La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe a esta H. Cámara de Diputados de la Nación los siguientes asuntos relacionados con las declaraciones del Sr. Mark Kent, Embajador de Reino Unido de Gran Bretaña, relacionados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes:

• Repudiar los dichos del Embajador británico por pretender naturalizar la situación colonial que afectan los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos que las rodean, como también rechazar la pretensión británica de compartir la explotación, administración y protección de los recursos naturales, patrimonio natural que pertenecen integral y exclusivamente al conjunto del pueblo argentino.

• Remitir toda la información disponible relacionada con los impactos económicos, y ambientales registrados sobre los recursos pesqueros, que genera la explotación irregular y discrecional autorizada por el Reino Unido de Gran Bretaña, y cuales han sido las medidas adoptadas para evitar la sobreexplotación de esos recursos ictícolas en la zona de referencia.

Remitir constancias sobre cantidad de embarcaciones pesqueras en el área, nacionalidad de las mismas, magnitud de las capturas, valoración comercial de esa actividad, estimación de los permisos otorgados y toda otra información vinculada con esta materia.

• Informar cuál ha sido la repuesta diplomática brindada por el gobierno argentino, antes los dichos del Sr. Embajador en la entrevista de referencia, donde reivindica el principio de autodeterminación de los isleños, minimiza el reclamo de soberanía argentino y asume como legítimo y legal la explotación de los recursos naturales por parte del gobierno inglés.

• Informar en qué consisten los avances bilaterales, en materia pesquera a que hace referencia el diplomático inglés; en particular cuáles son los resultados de la reunión periódica que mantiene la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y, en especial, los acuerdos alcanzados en el seno del Subcomité Científico de dicha Comisión.

Informar también cuales son los “progresos” a los cuales alude el funcionario inglés, cuando se refiere a la “remoción de todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”, acordados en la Comunicación Conjunta Foradori-Duncan del 13 de setiembre de 2016.

Señor presidente:

En una reciente entrevista realizada al Embajador del Reino Unido en Argentina, para el diario oficialista Clarín, bajo el título “Mark Kent: “Si no actuamos juntos, argentinos y británicos, no vamos a tener más pesca”, el diplomático británico brindó una serie de definiciones políticas que son visiblemente contrarios, tanto al derecho internacional, como a los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Sin dudas que el cambio de rumbo que, en materia de política exterior, impuso el Presidente Macri, permite que puedan expresarse, sin ningún pudor, el pensamiento neocolonial que aún sostienen muchos funcionarios de la corona británica. Consultado sobre las sanciones a las operaciones de hidrocarburos que impuso el kirchnerismo para quien opere en las Islas Malvinas, el Embajador afirmó: “Estamos en la misma línea que fue acordada en 2016, en la declaración conjunta, que queremos que todas las sanciones sean quitadas. Estamos esperando y haciendo progresos.”

El funcionario inglés hace referencia al Comunicado Conjunto, que viene siendo ejecutado irregular e ilegalmente por el Canciller Jorge Faurie, suscripto el 13 de Septiembre de 2016, entre el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth Británica, Sir Alan Duncan, y el ex Vicecanciller Embajador Carlos Foradori, y que el Poder Ejecutivo se niega a remitir al Congreso Nacional para darle el correspondiente tratado parlamentario de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inc. 22.

También señaló que el representante británico que “Nuestra posición es la de apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños.” Como es ampliamente conocida, esta definición es contraria al derecho internacional público y al criterio fijado por Naciones Unidas ya que no se dan las condiciones para ejercer el principio de autodeterminación como tampoco es aplicable el estatus de pueblo la población kelpers de las Islas Malvinas.

Los habitantes de esos archipiélagos son una población trasplantada, dependiente de la Corona Británica, con ciudadanía plena del Reino Unido, no poseen los requisitos esenciales necesarios para ser considerados jurídicamente un “pueblo”.

En otra parte de la entrevista afirmó que, Argentina y el Reino Unido “tenemos que ver los desafíos reales. Por ejemplo, en la pesca, en medio ambiente, vemos que hay una amenaza, la pesca ilegal. Y aparte de la disputa de soberanía, hay interés tanto de los argentinos, tanto de los isleños, para colaborar en lo de la protección de los stocks de la pesca.” Como ya lo señaláramos, para nuestro país, esos archipiélagos y sus aguas adyacentes pertenecen íntegramente al territorio nacional. Las Islas Malvinas son parte inseparable de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, tal como lo establece la Ley Nº 23.775.

En materia ictícola, es un hecho conocido el aprovechamiento unilateral que han hecho los británicos de los recursos pesqueros argentinos en el área de Malvinas, los cuales otorgan permisos de pesca ilegales a barcos de distintas nacionalidades, muchos de los cuales operan ilegalmente, sin ningún control laboral ni ambiental. La indiscriminada venta de licencias, cada vez más numerosas y a plazos que alcanzaban los 25 años, se transformó en un millonario negocio que incluso vulneró ambientalmente el área sometida a explotación, situación que el Sr. Embajador Mark Kent pretende ahora que sea un problema compartido. Fue justamente ese, uno de los tantos motivos que impulsó a nuestro país, a partir de 2005, a retirarse de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.

Sin embargo, a mediados del mes de mayo de 2018 el gobierno argentino y el británico arribaron a un acuerdo en materia pesquera, luego de volver a reunirse el Subcomité Científico de la Comisión de Pesa del Atlántico Sur, donde se convino reanudar el intercambio de información sobre recursos ictícolas, en especial sobre el calamar illex, el objetivo principal de los buques ilegales que pescan en aguas nacionales.

Tal como lo denunciamos en su momento, la gravedad aquí estriba, en primer lugar, que se formaliza explícitamente la entrega de recursos pesqueros a la administración británica. Más grave aún es que, con la reactivación del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, se le otorga a Gran Bretaña el estatus de estado ribereño en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el riesgo cierto de que el gobierno británico pueda ahora legislar sobre el mar, el lecho y subsuelo marino de nuestra plataforma continental. Nuevamente hay que señalar, que esta situación, atenta abiertamente contra la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional que establece que "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

También hay que señalar que el Reino Unido, desoyendo una vez más la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige a las partes en conflicto abstenerse de adoptar decisiones unilaterales, pretendió seguir avanzando sobre el territorio nacional, intentando ampliar ilegalmente la llamada "Área de Marina Protegida", creada en las zonas circundantes a las Islas Georgias y las Sandwich del Sur en 2012.

El Reino Unido no solo se apropia ilegalmente de recursos que son del conjunto de los argentinos, sino que depreda y contamina, violando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, más allá del compromiso del gobierno del Presidente Macri de eliminar las salvaguardas legales y administrativas que protegen nuestros recursos naturales, seguiremos denunciando las decisiones unilaterales del gobierno británico y reivindicando el objetivo permanente e irrenunciable de ejercer plena soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes como así también de todos los recursos naturales que yacen en esa porción del territorio argentino.

El presente proyecto de Resolución reconoce como antecedente el expediente número 7790-D-2018, Trámite Parlamentario Nº 186 de fecha 12/02/2019.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este Proyecto de Resolución.