La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

de interés de esta H. Cámara de Diputados de la Nación, la campaña #NoEnMiParlamento que promueve la organización internacional Parlamentarios para la Acción Global, con el objetivo de compartir experiencias y visibilizar buenas prácticas en materia de equidad de género en los Congreso.

Señor presidente:

Parlamentarios para la Acción Global es una red internacional con más de 40 años de trayectoria. Tal como lo indica en su página es una organización sin fines de lucro y apartidista conformada por aproximadamente 1.300 legisladores de 145 parlamentos electos alrededor del mundo. Su misión es informar, convocar y movilizar parlamentarios para promover la paz, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género y cuestiones poblacionales.

En el marco de los programas de Derecho Internacional y Derechos Humanos; Paz y Democracia y Género, Igualdad e inclusión organizan campañas orientadas a resultados con teorías de cambio y objetivos claros, entre los que se destacan: universalidad y efectividad del Sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); abolición de la pena de muerte; acabar con la discriminación basada en orientación sexual y la identidad de género y proteger a los océanos e implementar el ODS nº14, entre otros.

En la misma línea, en mayo de 2018 realizamos en este Congreso el “SEMINARIO PARA PARLAMENTARIOS/AS E INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (OSIG) EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” en el que participaron legisladoras y legisladores de Chile, Uruguay y República Dominicana, entre otros países, para compartir iniciativas legislativas en relación a la problemática.

En esta oportunidad PGA está impulsando una campaña contra el sexismo, el acoso y la violencia en contra de las mujeres #NoEnMiParlamento con la que busca visibilizar y compartir buenas prácticas que contribuyan a contar con Parlamentos igualitarios.

La campaña surge a partir de un informe publicado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por su sigla en inglés) y la Unión Inter-Parlamentaria (UIP) sobre los actos de sexismo, abuso y violencia en contra de las mujeres en los parlamentos de Europa.

Del informe se desprende que de las “123 mujeres de 45 países europeos entrevistadas, el 85.2 por ciento de las parlamentarias dijeron haber sufrido violencia psicológica en el curso de su periodo legislativo, 46.9 por ciento recibieron amenazas de muerte o amenazas de violación o golpes, y el 67.9 por ciento fueron objeto de comentarios relativos a su apariencia física o basados en estereotipos de género”.

En América Latina el escenario se repite. De acuerdo al último informe de de Unión Interparlamentaria para la región (2011), el análisis de las reglas formales que rigen al interior de los Congresos nacionales pone en evidencia que los reglamentos internos de sus respectivas Cámaras no suelen incluir cláusulas orientadas a promover la participación equitativa de mujeres y varones en la vida parlamentaria.

Así, “para la evaluación de las condiciones de trabajo bajo las cuales los y las representantes llevan adelante sus propósitos legislativos, las reglas informales o no escritas constituyen otro factor de suma importancia. La información disponible indicaría que las legisladoras deben enfrentarse a situaciones discriminatorias que se generan en las interacciones cotidianas y que reproducen prejuicios de género todavía existentes en las sociedades. Estas se expresan de múltiples formas. En primer lugar, se sostuvo que en la labor parlamentaria se sigue observando una naturalizada predominancia de la voz masculina” (UI, 2011).

Por su parte, ONU Mujeres advierte que a pesar de que “América Latina es la primera región mundial en puestos locales y parlamentarios ocupados por mujeres, para conseguir la participación política hay que hacer frente a un clima creciente de violencia e intimidación contra las mujeres en la política”.

La igualdad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se trata del número 5 que sostiene que “poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”.

En ese sentido, contar con leyes que contemplen, refuercen y promuevan la igualdad de género es un factor importante para contribuir al cumplimiento de este objetivo, pero también debemos trabajar para erradicar en nuestras Instituciones cualquier signo de violencia y situaciones de inequidad.

Este año implementaremos la Ley de Paridad 27.412, que implica que las listas de candidatos al Congreso y al Parlamento del Mercosur estén compuestas en un 50 por ciento de mujeres y el otro 50 por ciento de varones, de forma intercalada y consecutiva. Un paso importante para garantizar una institución más equitativa.

También hemos sancionado la Ley Micaela, de capacitación obligatoria de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Los contenidos de los cursos de formación deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Asimismo durante el 2018 se firmó el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Legislativo Nacional, una herramienta de protección para los trabajadores y trabajadoras.

Estas iniciativas mencionadas son pasos concretos que contribuyen a erradicar la violencia contra las mujeres y a contar con una sociedad más equitativa, en la que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades.

Campañas como la propuesta por PGA nos ayuda a continuar visibilizando prácticas injustas y discriminatorias como así también a difundir herramientas para seguir igualando oportunidades.

Por los motivos aquí expuestos solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.