La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su absoluto repudio al indultazo a los represores que implica el pedido realizado por el gobierno a través del Servicio Penitenciario Federal para liberar a casi 100 genocidas, entre los cuales se encuentran personajes emblemáticos del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta, entre otros.

Su rechazo a una política de “reconciliación” e impunidad para los genocidas y represores de la última dictadura cívico-militar, que apunta a otorgarle mayor poder y protagonismo político y social a las Fuerzas Armadas para que actúen en la represión interior -lo que reclama el imperialismo yanqui. esta política se inscribe en la línea de la reforma en marcha de Defensa del presidente Macri y el Ministro Aguad; los anuncios de la Ministra Patricia Bullrich, respecto de la intención de instalar bases de la DEA norteamericana en la provincia de Misiones; el decreto 721/2016, mediante el cual se restringió el control político y civil sobre las FFAA; y bajo el anterior gobierno, con la designación de César Milani como jefe de Estado Mayor General del Ejército.

Señor presidente:

En el día de ayer, a sólo cuatro días de un nuevo aniversario del golpe genocida, se ha dado a conocer públicamente la existencia de un segundo informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la justicia con 1.436 presos que se encontrarían en condiciones de ser excarcelados y que incluye a 96 represores de la última dictadura cívico militar.

Entre los propuestos para acceder a este beneficio se encuentran personajes como el ex marino Alfredo Astiz, el ex agente de inteligencia Horacio Martínez Ruiz, represor del centro clandestino Automotores Orletti, y el apropiador, ex carapintada y golpeador de mujeres Víctor Gallo. Astiz fue condenado dos veces a prisión perpetua tras una prolongada lucha de los organismos de Derechos Humanos. En su última condena, en el juicio Esma III, reivindicó el terrorismo de Estado y atacó a la población mapuche.

Con anterioridad, el 31 de enero de este año, la dirección nacional del SPF ya había enviado a la justicia un listado de 1111 internos a quienes sugirió que se les permita acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado. La nómina incluía a 96 represores procesados o condenados por secuestros, torturas y asesinatos como Jorge “El Tigre” Acosta, Julio Simón (“Turco Julián”) o el ex capellán Cristian Von Wernich.

La última actualización de esa lista eleva a 1436 el número de “internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión”. Así han colocado a Astiz, que sufre cáncer de próstata, en la categoría “internos con enfermedades”. Menudo favor le hace el SPF dando renovado libreto a sus defensores que reclaman la excarcelación. Según el SPF, el “ángel rubio” estaría en condiciones de acceder a la libertad vigilada en 2023 y a la libertad total en 2028. Hay que recordarle al Poder Ejecutivo y las autoridades del SPF que la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal debió revocar el beneficio de arresto domiciliario de Miguel Etchecolatz ya que sus problemas de salud podían ser atendidos sin problema en establecimientos penitenciarios.

Otros 16 represores figuran en la lista de “internos con enfermedades oncológicas” a quienes el SPF propone no tratar en hospitales penitenciarios sino otorgar la libertad condicional o el arresto domiciliario: Víctor Gallo, “el Pájaro” Martínez Ruiz, condenado por crímenes en Orletti, Claudio Vallejos (ex GT 3.3 de la ESMA), Juan Carlos Jones Tamayo (imputado por “La Noche del Apagón”, detenido luego de tres años prófugo), Bernardo Cabezón (ex guardia de La Escuelita de Bahía Blanca) y Hugo Guallama, ex chofer de Miguel Etchecolatz.

Ya en el pasado, con el famoso caso internacional de Pinochet, se evidenció que era un engaño el argumento ‘humanitario’ para obtener libertades de conocidos criminales genocidas.

Tenemos entonces que, con el pretexto de la superpoblación carcelaria, quieren hacer pasar un indultazo a los genocidas, que forma parte de una política pro-impunidad para reforzar el papel de las FFAA en la criminalización y represión interior en momentos en que quieren hacer pasar un plan de guerra contra los trabajadores (reformas jubilatoria y previsional, despidos masivos, ajuste, paritarias a la baja).

Tal como denuncian los organismos de Derechos Humanos, esta lista es claramente una provocación en las vísperas del 24 de marzo. Aunque el Secretario Claudio Avruj pretenda desligarse de estos hechos, está clara la autoría del gobierno, quien tiene la potestad de designar a las autoridades del SFP, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

La superpoblación carcelaria y el colapso del SPF obedecen a una política de criminalización de la pobreza que han impulsado todos los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy. Mientras el mismo aparato del Estado está involucrado en todos sus niveles y es el primer responsable del delito organizado, se abarrotan las cárceles del país con personas de los sectores más pauperizados y más oprimidos, que suelen ser el último eslabón de la cadena del delito. Lo que correspondería no es liberar genocidas –que han llegado a la cárcel como fruto de una lucha incansable del pueblo argentino y los organismos de DDHH- sino poner en cuestión un colapso de infraestructura provocado adrede para maltratar a los detenidos y el aumento de la población detenida como resultado –entre otros motivos- de la aplicación de la ley de flagrancia y la restricción a las excarcelaciones. Y no que mientras las cárceles se llenan de pobres, el gobierno busque salvar a los represores.

Asistimos por lo tanto a una nueva tentativa oficial de impunidad para los genocidas. Si la justicia accediera al pedido del Servicio Penitenciario, estaríamos ante un beneficio de mayores alcances que el indulto menemista. El gobierno, derrotado por la movilización popular en su intento de imponer el 2x1, vuelve a la carga. En paralelo, procura instalar nuevamente la teoría de los dos demonios.

Como sostenemos en la presente resolución, la impunidad para los represores va en línea con el intento de reintroducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, algo que el gobierno está pergeñando por medio de la reforma militar. Bajo el pretexto de las “nuevas amenazas” como el terrorismo, se apunta a una eventual rebelión popular contra el ajuste en marcha.

Este 24 de marzo decenas de miles saldremos a la calle en todo el país para exigir cárcel común para todos los genocidas. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará, como todos los años, una movilización independiente de todos los gobiernos, incluido quienes formaron parte del gobierno anterior con Milani y que hoy pactan con Macri la aplicación del ajuste.

Es imperioso que esta cámara rechace la nueva maniobra de impunidad del gobierno.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento de este proyecto.