PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 0566-D-2018
Sumario: COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE EL CRECIMIENTO DEL NARCOTRAFICO Y LOS CASOS DE ENCUBRIMIENTO DE DELITOS LLEVADOS A CABO POR PARTE DE AUTORIDADES POLITICAS Y JUDICIALES. CREACION EN EL AMBITO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.
Fecha: 08/03/2018
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


1°) Creación: Créase en el ámbito de la H. Cámara de Diputados de la Nación una Comisión Especial que tendrá por objeto la investigación sobre el crecimiento del narcotráfico y los casos de encubrimiento de ese delito llevado a cabo por parte de autoridades políticas y judiciales.
2º) Conformación: La Comisión estará conformada por 15 miembros designados por la Cámara de Diputados a instancia de los Bloques Legislativos, respetando la proporcionalidad política. En ningún caso un mismo partido o bloque podrá proponer más de 5 diputados, propiciando así la pluralidad de voces y la representación de las minorías.
3°) Autoridades de la Comisión: La Comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos, y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados en la presente ley, el que será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
4°) Quórum y mayorías: El quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. La Comisión tomará las decisiones por simple mayoría de sus miembros, salvo aquellas para las que la presente ley establezca expresamente una mayoría calificada.
5°) Sede: La Comisión investigadora tendrá su sede en el Congreso de la Nación. Sin embargo, si fuese necesario podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina y realizar encuentros o reuniones fuera del país.
6°) Facultades y Atribuciones: A los efectos de poder desarrollar su tarea de investigación, la Comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación;
b) Requerir y recibir declaraciones testimoniales. Asimismo, también podrá efectuar careos cuando lo considere necesario;
c) Realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de sus resultados;
d) Ordenar la realización de pericias técnicas;
e) Solicitar al juez que por turno corresponda el auxilio de la fuerza pública en los casos de citación a testigos renuentes a declarar;
f) Solicitar informes escritos u orales, y el envío de documentación sobre los hechos que sean objeto de investigación a los demás poderes del Estado, a cualquier miembro de la administración pública nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal, o de entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos, y a toda persona de existencia física o ideal que posea información relevante vinculada a la investigación. La Comisión podrá establecer un plazo perentorio para la contestación de los informes.
g) Solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas en la materia objeto de investigación, como así también la colaboración de organismos internacionales especializados y de otros países que pudieran prestar colaboración vinculada con el objeto de esta comisión;
h) Denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación;
i) Conocer el estado de las causas judiciales y/o administrativas relacionadas con los hechos investigados, y requerir la remisión de expedientes judiciales y/o administrativos o, en su defecto, copia certificada de aquellos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, se tomarán los recaudos necesarios para garantizarlo;
j) Requerir al juez competente el allanamiento de lugares y domicilios con la finalidad de incautar documentación u otra clase de prueba vinculada a la investigación;
k) Requerir al juez competente la intervención de comunicaciones telefónicas, digitales o de cualquier tipo o el secuestro y/o retención de documentación que pudiera tener relevancia para la investigación.
7º) Documentación: A toda la documentación recibida por la Comisión se le otorgará el tratamiento acorde a sus características. Se considerará documentación, además de los escritos producidos o recibidos por la Comisión, a todo impreso, fotografía, película cinematográfica o de video, discos, cintas o grabaciones digitales, grabaciones o discos fonográficos y, en definitiva, todo derivado del empleo de un medio físico de grabación.
8º) Informe: La Comisión deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de su constitución. Sin embargo, la comisión podrá emitir informes parciales sobre los avances de las investigaciones. El plazo de duración de la Comisión investigadora podrá prorrogarse por el plazo de ciento veinte días (120) días corridos.
El informe final precisará las responsabilidades que pudieran emerger de la investigación procediendo, en caso de advertirse la posible comisión de delitos penales, de acuerdo a lo establecido en el siguiente artículo. Asimismo deberá sugerir las modificaciones al marco normativo que estime conveniente como consecuencia de la investigación llevada a cabo.
El informe será dado a publicidad por los medios que la Comisión estime pertinente.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, la Comisión procederá a informar a ambas Cámaras en el transcurso de su desempeño sobre todo aspecto que considere necesario.
9º) Denuncia: Si como consecuencia de la investigación, o en el transcurso de la misma, se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse delitos penales, la comisión deberá formular la denuncia ante la justicia, aportando los elementos de prueba recopilados.
10º) Movilidad, Infraestructura y Personal: La Comisión contará con la movilidad, infraestructura y el personal administrativo y técnico que fuera necesario para el efectivo cumplimiento de su objeto.
11º) Gastos: Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente comisión serán computados del presupuesto correspondiente a la H. Cámara de Diputados de la Nación.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto de resolución es una representación del expediente 0830-D-2017.
• Objeto.
La presente iniciativa tiene por objeto la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre el crecimiento del narcotráfico, la falta de controles migratorios y los pedidos de asilo político en nuestro país relacionados al crecimiento del narcotráfico. Asimismo, también tiene por objeto investigar los casos de encubrimiento del narcotráfico llevados a cabo por parte de autoridades políticas y/o judiciales.
El fundamento de esta comisión radica enorme avance del narcotráfico registrado en los últimos años, y en la vinculación con tal flagelo de funcionarios públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado, como así también en la sospechosa falta de controles migratorios y su posible incidencia en la instalación de carteles de droga y narcotraficantes extranjeros en Argentina.
En los últimos tiempos hemos tomado conocimiento de que miembros del poder político y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público han encubierto casos de narcotráfico o sido directamente miembros de organizaciones criminales que comenten este delito. Por ello, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, consideramos pertinente que el Congreso Nacional se avoque a la investigación de dichos hechos —a los que seguidamente haremos referencia.
Al mismo tiempo se ha detectado una estrecha vinculación entre narcotráfico, lavado de dinero —que como es de público conocimiento en los últimos años ha crecido estrepitosamente— y la falta de control —o complicidad— de los organismos encargados de llevar a cabo las políticas migratorias y los pedidos de asilo político.
Hoy en día Argentina es un país en el que se han instalado narcotraficantes corridos de otros países de la región o que a consecuencia de la falta de controles en el país se instalan aquí para realizar sus "negocios" con la droga. Producto de tal flagelo ha aumentado la violencia, particularmente por luchas internas entre los distintos carteles que se han instalado y asentado en nuestro territorio. Asimismo, los crímenes producidos como consecuencia de enfrentamientos entre distintas bandas de narcotraficantes han invadido nuestro país. Hoy no cabe duda que carteles de droga extranjeros se han instalado en la Argentina. A modo de ejemplo, cabe recordar el triple crimen de General Rodríguez, el crimen del Unicenter, el crimen de un ciudadano colombiano ocurrido en los bosques de Palermo en Buenos Aires en 2014, la detención del narco Mi Sangre, como otros crímenes que han trascendido públicamente, y tantos otros de los que no se tienen noticias.
Por ello, cabe entonces que nos formulemos el siguiente interrogante: ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo la Argentina haya sido invadida por el narcotráfico y el crimen organizado?
A nuestro juicio, hay una estrecha vinculación entre el crecimiento del narcotráfico y la complicidad, cuanto menos a través del encubrimiento, por parte de miembros de los tres poderes del Estado. Resulta evidente que sin dicha complicidad el narcotráfico y el crimen organizado nunca podrían haber avanzado tan rápidamente en la Argentina.
Importantes investigaciones judiciales, como la de los casos "Luis XV", "Fondo Blanco", "Carbón Blanco", "SEDRONAR", "hermanos Zacarías", la explosión de narcotraficantes radicados en Nordelta, Tigre, o las novedades judiciales en el caso “Unicenter” o “Triple Crímen”, por citar solo algunos ejemplos, tienen que poner en alerta al Congreso Nacional y hacer el aporte necesario que como poder del Estado nos corresponde.
Además, el notorio crecimiento del narcotráfico denota que se han dado irregularidades en el control de Migraciones y pueden haberse dado también en el trámite de algunos asilos políticos que nada tienen que ver con el objetivo de esa respetable figura jurídica internacional. Es evidente que se dio una conducta, al menos negligente, por parte de aquellas personas y autoridades encargadas de esas funciones del Estado. Para luchar contra el narcotráfico es imprescindible controlar rigurosamente las fronteras de un país para, de este modo, evitar el tráfico de sustancias y el ingreso o la circulación de personas que en sus países están siendo investigadas por narcotráfico y lavado de activos.
Cabe destacar que el organismo encargado de aplicar la ley de migraciones N° 25.871 es la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. En efecto, tiene como finalidad registrar los ingresos y egresos de personas al país, ejercer el poder de policía migratorio y decidir sobre la admisión de personas al territorio nacional.
Sin embargo, las políticas llevadas a cabo por dicho organismo han fracasado. De hecho, el ex director de Migraciones, Martín Arias Duval, admitió que en el norte "hay vulnerabilidad"(1). De este modo, confirmó la ausencia de control que impera en las fronteras, principalmente, en las provincias del norte.
En conclusión, en esta oportunidad venimos a proponer la creación de una comisión a los efectos de investigar, en primer lugar, los casos de encubrimiento del narcotráfico llevados a cabo por parte de autoridades políticas y/o judiciales, por ejemplo el de la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional para los Refugiados y las fuerzas federales de seguridad encargadas del control de migraciones y la custodia de todas las fronteras en el país. Ello así, pues, a nuestro entender dichos organismos tienen una cuota importante de responsabilidad en el crecimiento del narcotráfico toda vez que de ellas depende el control del ingreso de ciudadanos que puedan estar siendo investigados en otros países por estos delitos.
• Crecimiento del narcotráfico.
Históricamente la Argentina fue un país de tránsito de estupefacientes. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido no solo en un país de consumo —según el Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas Argentina es el país con mayor consumo de cocaína en América del Sur y, además, el segundo consumidor en el continente, detrás de Estados Unidos (2)— sino también de elaboración.
Sin embargo, dicha situación fue negada por el anterior gobierno argentino que, en general, se resistía a reconocer que éramos un país de producción. Ello así, pues si bien el ex Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, había admitido que "la Argentina era un país de tránsito, y ahora es un país de consumo, y lo más grave que también es de elaboración", a las pocas horas el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, negó dicha realidad al expresar que "Argentina no es un país de producción de drogas" (3). En el mismo sentido se manifestó el ex Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich (4).
Lo cierto es que en la Argentina ha habido un creciente avance del narcotráfico a punto tal que carteles o narcotraficantes de Colombia y México se han instalado en nuestro. Dicha situación se vio favorecida por las relaciones promiscuas entre funcionarios políticos municipales, provinciales y nacionales con organizaciones narcos, como así también por funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad y hasta agentes de inteligencia que fueron o son socios del crimen organizado. El escaso e ineficiente control de las fronteras, la falta de radarización y el no control de migraciones fueron una muestra más de las complicidades políticas en la materia.
Cabe recordar que en el año 2009 la Cámara Federal de Salta, presidida por el doctor Jorge Villada, habían reclamado la intervención de la Corte y el Consejo de la Magistratura para hacer llegar los pedidos al Poder Ejecutivo para que se adopten los medios necesarios con el fin de que nuestra frontera norte cuente con radares que permitan identificar los vuelos de aeronaves que presumiblemente transportan droga desde la República de Bolivia.
En ese mismo sentido, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, —en respaldo de lo expresado por la Cámara Federal de Salta— afirmó lo siguiente: "Se necesita que no siga lloviendo la droga; es importante para la provincia y el país" (5).
Asimismo, el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó en el discurso de apertura del año judicial 2014 que "el narcotráfico está haciendo mucho daño y está afectando el Estado de Derecho". Además, señaló que "la agenda contra el narcotráfico debe ser prioritaria" y que hay que ponerse "de acuerdo" sobre cómo enfrentar este tema (6). Al año siguiente creó una Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico pero a los pocos días uno sus integrantes, el Juez Federal de Orán, fue procesado y detenido por sus vínculos con narcotraficantes.
El no reconocimiento del problema y las complicidades impidieron un abordaje real contra el crimen organizado. Por ejemplo, el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, negaba el problema y lo reducía continuamente al ser consultado sobre el estado de las fronteras. En Noviembre de 2013 declaró que la lucha contra el narcotráfico "no se agota en las fronteras ni en los radares". Pero sus declaraciones se daban contra lo que trascendía públicamente. Que los radares del programa Escudo Norte —por citar un ejemplo— no funcionan las veinticuatro horas del día, haciendo el control del espacio aéreo insuficiente y fácilmente vulnerable y que por los lóbulos de los radares 3D, siempre superpuestos, se generan huecos por donde los aviones ilegales pueden contrabandear estupefacientes sin mayores dificultades.
Asimismo, al ser consultado sobre si las fronteras argentinas se encontraban bien cuidadas, no dudó en responder "por supuesto". Esas declaraciones demostraban, al menos, un desconocimiento total de la situación de extrema gravedad que aún afronta nuestro país en relación al narcotráfico y su consecuente escalada de violencia. El cambio de gobierno por uno que reconocer el problema y quiere enfrentarlo es una oportunidad para que el Congreso de la Nación se preste a colaborar.
Es importante destacar los hechos de violencia y las muertes acontecieron en nuestro país como consecuencia del narcotráfico y de la lucha entre distintos carteles. Mueren narcotraficantes en sus peleas por parte del negocio y del territorio y mueren cada vez más víctimas inocentes que nada tienen que ver con tal conflicto.
Algunos ejemplos dan cuenta de la realidad del problema. En ese sentido, cabe recordar el crimen del señor Carlos Gutiérrez, un ciudadano colombiano que fue asesinado en marzo del año 2014 mientras circulaba en bicicleta por la ciclo vía de los bosques de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho episodio del que no se duda fue un crimen narco a plena luz del día, delante de mucha gente donde fueron directamente a matar, igual modus operandi que el de otros hechos ocurridos en el país (7).
Lamentablemente, los crímenes narcos son moneda corriente en los últimos tiempos. En el año 2013 se produjo un tiroteo que terminó con la muerte de cinco personas, tres de las víctimas eran de nacionalidad paraguaya y dos de ellos tenían causas por infracción a la ley de drogas, sin embargo, habían sido absueltos (8).
Anteriormente, en abril del 2013, en el barrio de Colegiales de la ciudad de Buenos Aires un ciudadano de nacionalidad colombiana, Jorge Guzmán Ospina, de 37 años de edad, que había entrado en la Argentina por última vez el 2 de marzo de ese año, fue asesinado de un tiro en la espalda y su cuerpo apareció dentro de una bolsa (9).
En abril del 2012 Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, alias "Mojarra" o "Guajiro", fue ejecutado cuando caminaba por Marcelo T. Alvear y Talcahuano. Había ingresado en la Argentina con una identidad falsa. Cabe destacar que Saldarriaga Perdomo tuvo un pasado en las FARC colombianas y un acercamiento al cártel de las drogas que encabezaba Daniel "el loco" Barrera (10).
En febrero de 2009, en San Fernando, Juan Sebastián Galvis Ramírez fue asesinado de diez tiros. Galvis Ramírez había llegado a la Argentina el mismo día en que se produjo el doble crimen de Unicenter (11).
En julio de 2008, en Martínez, Héctor Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, dos ciudadanos colombianos, fueron acribillados cuando llegaban al shopping Unicenter. Un tercer ciudadano colombiano, Julián Jiménez Jaramillo, logró salvarse y después terminó acusado por el fiscal Luis Angelini como el "entregador". El representante del Ministerio Público también vinculó con el doble crimen a Gustavo Juliá, un empresario argentino que fue condenado a 13 años de prisión en España al ser encontrado culpable del tráfico de una tonelada de cocaína que fue descubierta oculta en un avión que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona (12).
Otra muestra del avance del narcotráfico en la Argentina es la detención, en el año 2012 en Pilar, de Henry de Jesús López Londoño (alias "Mi sangre"), un narco colombiano que se había afincado con su familia en nuestro país. Si bien su mujer y sus hijos residían en el barrio privado Nordelta, él cambiaba de domicilio para evitar ser detectado. Cabe recordar que Henry López -que desde la captura de su ex jefe y socio, Daniel Rendón, alias Don Mario- había llegado a liderar la organización paramilitar y narco Los Urabeños, grupo que posee en la actualidad un ejército conformado por alrededor de 1.900 hombres armados, acusados de haber cometido masacres en poblaciones del interior colombiano y controlar gran parte de la producción de cocaína en la frontera de dicho país con Panamá, en el litoral caribeño (13).
Por otra parte, sin perjuicio de la responsabilidad de ex funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, existen otras responsabilidades que demuestran la complicidad de autoridades políticas y/o judiciales —en particular, del Poder Ejecutivo— con el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero. A continuación haremos referencia a dichos casos a los efectos de que el Congreso de la Nación pueda efectuar una adecuada investigación al respecto.
• Casos emblemáticos en los que hubo complicidades de autoridades políticas y judiciales
a. El caso “Fondo Blanco”
Según se desprende de distintas fuentes de información, durante el año 2013 el entonces intendente de Tigre habría alertado a personas que estaban siendo investigadas judicialmente por los delitos de narcotráfico y lavado de activos sobre medidas judiciales que podrían tomarse en una causa penal y habría enviado a un fiscal a averiguar sobre estos hechos para evitar así sus consecuencias, en una posible maniobra de encubrimiento. Ese fiscal sería el Fiscal General de San Isidro, a quien por otro lado se lo investiga en la justicia federal de esa jurisdicción donde fue indagado por encubrimiento del delito de narcotráfico (14).
El libro "NARCOLANDIA, POR QUÉ ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES COLOMBIANOS" de los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón da cuenta del Operativo Fondo Blanco, que ocurrió en octubre de 2013 y giró en gran parte sobre las actividades de lavado de dinero del narcotráfico. Puntualmente en torno de una iglesia evangélica de El Talar, partido de Tigre, a la que iban diariamente la inmensa mayoría de los implicados. Durante los allanamientos del 28 de octubre de 2013, la Policía secuestró una carta que el pastor colombiano David Andrés Acevedo Muñoz, le habría enviado a uno de sus superiores en Colombia contándole su versión de los hechos con los que estaba relacionado (15).
En ese documento de Word encontrado en la computadora de su casa, Acevedo Muñoz cuenta que en algún momento del año 2013, lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter. El hombre le avisó "que había recibido un llamado muy importante" y que se tenía "que reunir con él urgentemente".
En ese encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que "lo había llamado el alcalde de Tigre (para) decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento" por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yépez Gaviria, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo.
Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial.
Del libro referido se desprende que el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre, había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con la Presidenta.
El diario Clarín en fecha 1/11/2013 publicó una nota de la periodista Virginia Messi, sobre los colombianos detenidos días antes en el operativo antidrogas "Fondo Blanco" como integrantes de la banda de "El Doctor" que no sólo tenían en común unas cuantas sociedades y su lujosa vida en countries de la Zona Norte y en el barrio Nordelta de Tigre. También compartían la misma fe: uno de sus principales lugares de reunión era la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, puntualmente la sede que este ciudadano Colombiano tiene en la calle Paul Groussac, en la localidad bonaerense de Talar, partido de Tigre.
"Allí fueron más de una vez de incógnito los investigadores de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, a cargo del comisario inspector Néstor Roncaglia. De hecho el responsable del templo, el pastor David Andrés Acevedo Muñoz (30), fue uno de los apresados en el operativo.
Según las escuchas de la causa —a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina—, Acevedo Muñoz daba más que consejos espirituales a sus amigos. "Era una especie de consultor financiero. Lo llamaban para todo: desde cambiar dólares en una cueva hasta preguntarle cómo conformar las sociedades", explicó a Clarín una fuente de la investigación.
El tema de las sociedades que los detenidos fueron fundando en el país —sobre todo a partir de 2008 y 2009— es central en el expediente. La razón: una parte de la causa se centra en el decomiso de 114 kilos de cocaína encontrados el lunes en una camioneta con doble fondo que estaba "durmiendo" en un garage subterráneo de Paraguay y Cerrito, bajo la 9 de julio; pero otra parte, la más pesada, se enfoca en el lavado de dinero supuestamente proveniente del narcotráfico.
Como publicó Clarín, John Eduard Martínez Grajales (37, alias "El Doctor"), su hermano Fabián Andrés (33), y el matrimonio integrado por Jesús Antonio Yepez Gaviria (47) y Claudia Natalia Arias Celis (38) figuran como miembros de varias sociedades creadas para los más diversos fines. Un ejemplo: Fabián Andrés Martínez Grajales aparece como integrante de la sociedad anónima Football Group Internacional, dedicada a la transferencia de futbolistas. En esa sociedad también aparece su hermano menor, Reymond Antony (29), que no quedó involucrado en la causa "Fondo Blanco" pero es investigado porque su auto (un Volkswagen Bora) era usado por un narco detenido en septiembre en San Martín con 170 kilos de cocaína y 200 entradas para el partido River-Boca." (16)
Esta información surge con claridad de la lectura del auto de procesamiento del 4 de diciembre de 2013 en causa FLP 51010801/2012, caratulada: "SANCHEZ GÁLVEZ, Andrés Mauricio y otros S/ Inf. Ley 23.737" del registro de la Secretaría Nº 1 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora.
En esa resolución en la que respecto al Sr. David Andrés ACEVEDO MUÑOZ (17), se dispone su citación a prestar declaración indagatoria, se puede leer el texto completo de la carta que habría enviado a su superior en la Colombia.
El Sr. Walter referido en el procesamiento sería Walter Mosca, arquitecto y empresario, que como publica el diario Perfil hizo un hotel en Nordelta y ahora lo investigan por narcolavado y sus oficinas fueron allanadas a pedido del juez Alberto Santamarina, a cargo de la causa referida.(18)
Notas periodísticas dieron cuenta de la inauguración de dicho hotel de la que participaron Walter Mosca y Sergio Massa (19). En una nota periodística del 20 de abril de 2014 se dice que "desde que sus oficinas de Nordelta fueron allanadas en el marco de una causa por lavado de dinero, el arquitecto Walter Jorge Mosca (47) dejó de ir al café del Hotel Intercontinental del barrio cerrado de Tigre. Ese día, el 7 de abril pasado, los empleados del hotel se sorprendieron al ver a los agentes de la Policía Bonaerense llegar a uno de los departamentos del encargado de dirigir la obra del complejo hotelero, inaugurado en julio de 2011.
En esa oportunidad, Mosca cortó la cinta junto al diputado Sergio Massa y al empresario Eduardo Costantini. Al escenario también subieron Federico Scarabino, por entonces vicepresidente de la Cámara de Senadores bonaerense; Eduardo Camaño, ministro de Gobierno de la Provincia; Alvaro Diago, presidente del Intercontinental, y Marcelo Macagno, socio de Invest S.A. Uno de los gerentes del Intercontinental, que pidió preservar su identidad, indicó a PERFIL que el edificio allanado está localizado dentro del complejo hotelero, pero que se trata de "condominios con dueños particulares y que el hotel ya no tiene relación con el arquitecto". Sin embargo, Pablo Mosca, hermano de Walter, es el titular del spa del alojamiento del cinco estrellas.".
La estrecha relación entre el poder político y funcionarios judiciales.
Por otro lado es conocida y llamativa la estrecha relación entre el actual Diputado Nacional Sergio Massa y el Fiscal General de San Isidro Julio Novo. Tal es así que Sergio Massa ha defendido públicamente al Fiscal al decir que "Es el fiscal general, tiene vínculo con los municipios y hace bien su trabajo...", según consigna la agencia de noticias Télam sobre la investigación publicada por el diario Pagina 12 sobre las denuncias que pesan sobre Novo, asiduo partícipe de los actos de campaña del Frente Renovador durante el año 2013 (20).
La nota de la agencia oficial da cuenta de las declaraciones públicas de Sergio Massa en una conferencia de prensa desarrollada durante la campaña electoral del año 2013 en una actividad en la que presentó su plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires.
Al ser referirse a la existencia de un pedido de juicio político contra el fiscal general, remarcó que Novo "fue al jury de enjuiciamiento y salió absuelto", y agregó: el "derecho establece que no se puede juzgar dos veces a una persona por lo mismo (21)". La defensa al fiscal Novo —quien ya por ese entonces se encontraba investigado por el posible encubrimiento de una red de narcotraficantes— genera demasiadas sospechosas si se relacionan estas declaraciones con lo que surge de la causa "Fondo Blanco" y con el auge del narcotráfico y el lavado de dinero en la intendencia que gobernó desde el 10 de diciembre de 2007 Sergio Massa.
Por otro lado, finalmente, el 11 de enero de 2015, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado decidió imputar al Fiscal Julio Novo por encubrir una red internacional de narcotráfico. La imputación se realizó en el marco de una causa que vincula los asesinatos de narcos colombianos en Unicenter y San Fernando, y el envío de casi una tonelada de cocaína a España (22).
Cabe destacar por esos mismos delitos fueron indagados entre octubre y noviembre 2015 el fiscal general Julio Novo y algunos miembros de su equipo, los fiscales adjuntos de Novo, Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani, y las secretarias de la fiscalía Mariana Busse y Melisa Fernanda Rey.
Por otra parte, en la resolución del 30 de diciembre de 2014 que dispuso los allanamientos a las tres sedes de la fiscalía general bonaerense de San Isidro, la jueza afirmó: "Se debe saber que el fiscal general Novo es superior jerárquico de la cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, la fiscal María Inés Domínguez -quien además fue socia y apoderada de la empresa que luego terminó operando bajo la razón social Federal Aviation SA-; que tiene amigos con grados de parentesco con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del Carmen Domínguez; que es superior jerárquico también de Mariana Busse, pareja del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman; y que registra con la mayoría de los nombrados fluidos contactos telefónicos".
b. El caso “Unicenter” y la causa "Novo y otros s/encubrimiento".
Es conocido que en el marco de la causa que investigó el doble asesinato de los ciudadanos colombianos ocurrido el 24 de julio de 2008, en el centro comercial Unicenter Shopping de la localidad de Martínez, se abrió la investigación penal preparatoria (IPP Nro. 14-03-023594) caratulada Quinteros Gartner, Jorge Alexander y otro Vtmas de Doble Homicidio Calificado", a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Martínez del Dpto. Judicial de San Isidro, del Dr. Diego Matías Grau.
Asimismo, mediante una modalidad similar, el 23 de febrero de 2009 se produce el homicidio de otro ciudadano colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en la ciudad de San Fernando, asignada a la UFI a cargo del Dr. Luis Manuel Angelini (IPP Nro. 14-05-01346-09). Para la que con fecha 9 de marzo de 2009, el Dr. Novo designó al Dr. Diego Matías Grau, para que actúe junto al Fiscal interviniente.
En ese tiempo fue por demás llamativo que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas involucraron, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor, por parte de sus superior jerárquico. Hechos que a la fecha finalmente se investigan en la justicia federal, y que más allá del grave perjuicio que configuraron para la administración de la Justicia, el caso mostró con claridad la conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la Fiscalía General. Lo que podría ser un modus operandi del fiscal y de otros funcionarios políticos y judiciales, dedicados a lucrar con el encubrimiento que pueden ofrecer en causas penales donde se investigue narcotráfico o lavado de activos.
Es oportuno recordar que estos hechos dieron origen a que la Coalición Cívica ARI, impulsara un pedido de destitución contra el Fiscal Novo en la provincia de Buenos Aires y que el fiscal Dr. Luis Manuel Angelini denunciara penalmente al Fiscal General.
En esa causa se mencionan otros hechos respecto de las estrechas vinculaciones entre el Sr. Aníbal Domingo Fernández y el Fiscal Novo, particularmente respecto del hecho de que uno de los fiscales que investigaba el crimen del Unicenter habría recibido por equivocación una llamada de parte de Aníbal Fernández en la que le decían que lo de Novo estaba todo arreglado (refiriéndose al jury de enjuiciamiento). Cabe recordar que Aníbal Fernández se desempeñó al frente del Ministerio del Interior desde el 27 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007 y frente al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos hasta el 8 de julio de 2009, teniendo bajo su órbita las fuerzas federales de seguridad (Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Fuerzas claves en la luchas contra el narcotráfico. Habiendo sido señalado en causas judiciales respecto de Aníbal Fernández conductas que podrían configurar encubrimiento de casos de narcotráfico, al menos en su carácter de Jefe de las fuerzas federales de seguridad. (Ver causa N° 17.512 (N° B-11896) caratulada "Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública...", en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, Secretaría 2 de la Ciudad de Buenos Aires).
Como se hiciera referencia en el punto anterior, en la causa N° 3468/12, caratulada "Novo y otros s/encubrimiento" que tramita en la justicia federal de San Isidro no solo están acreditados hechos de encubrimiento de narcotráfico por parte de funcionarios del Ministerio Publico de la provincia de Buenos Aires, funcionarios que ya fueron indagados por esos delitos. Los hechos acreditados en la causa no comprometen solo a fiscales del departamento judicial de San Isidro, sino que también hechos involucran a la Procuradora General de la Provincia María del Carmen Falbo.
Que una comisión investigadora parlamentaria, indague desde el ámbito nacional el entramado que rodea estas causas puede echar luz y lograr la justicia y la verdad que el caso amerita. La justicia sola no puede porque la promiscuidad entre la política, en este caso bonaerense, y el Poder Judicial son óbice para desterrar la impunidad.
En este sentido viene a colación señalar lo normado por el artículo 11 de la ley 13.274 que establece que “La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia podrá celebrar con los Municipios donde se radicarán las sedes de los Ayudantes Fiscales, Convenios que contemplen el aporte de los mismos, en la provisión de espacios físicos, recursos humanos y materiales necesarios para el establecimiento y funcionamiento de las oficinas respectivas.”
En consecuencia, para crear estas fiscalías descentralizadas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el dinero ha sido aportado por los Intendentes de cada uno de los municipios. A ello debe sumarse las distintas resoluciones emanadas en el ejercicio de la superintendencia del Ministerio Público (creación de las Fiscalías de delitos complejos) que ha generado un engranaje que facilitó en cabeza de determinados intendentes la suma del poder público, corruptelas de toda índole e impunidad.
Cada intendente municipal cuenta con un grupo de fiscales que dependen económicamente del aporte municipal. Esto con el tiempo generó además de dependencia económica, dependencia funcional, pues rápidamente quien administra los dineros para el funcionamiento de las fiscalías se convierte en su conductor.
No es casualidad que desde la existencia de las fiscalías descentralizadas cualquier delito vinculado con funcionarios públicos hayan dejado de ser relevantes para los fiscales, para decirlo con absoluta claridad, no existe desde el inicio de este esquema investigaciones vinculadas con el manejo de los dineros públicos con el sistema de contrataciones de obra pública, etc., que haya tenido éxito, o que se haya ventilado en un juicio oral y público.
Todo ello, sumado a los alrededor de cien llamados, acreditados en el marco de la causa Novo que existieron entre el fiscal Novo, Malena Galmarini y el senador bonaerense Sebastián Galmarini, sumado a defensa pública que realizara sobre Novo el ex intendente de Tigre y actual diputado de la nación Sergio Massa.
Tampoco puede soslayarse que el integrante del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses Mauricio D´Alessandro, votó en contra de avanzar con el jury de Julio Novo en septiembre de 2015 en consonancia con los intereses de algunos sectores políticos y en total desmedro de la búsqueda de la verdad y el combate del crimen organizado y sus complicidades en distintas aéreas del Estado.
Este caso es un paradigma bonaerense de cómo parte de la justicia y la política en la provincia de Buenos Aires tiene lazos con el narcotráfico. Sin ánimo de dejar de bregar porque la causas judiciales que lo investigan lleguen a la verdad, una comisión parlamentaria investigadora marcará una inflexión pública en la lucha contra el narcotráfico.
c. El caso del “triple crimen de General Rodríguez” y el tráfico y desvío de efedrina.
Del expediente que investiga el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina surge la vinculación entre este crimen narco, punteros políticos del partido de Quilmes de la provincia de Buenos Aires, el financiamiento de la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 y en especial vinculaciones con Aníbal Domingo Fernández, ex Ministro del Interior, ex Ministro de Justicia, ex Senador Nacional y ex Jefe de Gabinete de la Nación. Dicha situación motivó entre otras acciones la presentación de dos juicios políticos, dos denuncias penales y varias presentaciones judiciales en su contra.
En efecto, en el año 2008 se presentó una denuncia penal por lavado de dinero en la campaña electoral del Frente para la Victoria y en el año 2010 también dirigentes del partido político Coalición Cívica presentaron un pedido de juicio político ante la Cámara Diputados de la Nación contra Aníbal Fernández —quien por entonces ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación— por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública.
Allí fundaron la necesidad de que la Cámara de Diputados investigue el accionar del mencionado funcionario respecto de acciones y/u omisiones en el ejercicio de su función en relación con la SEDRONAR y el funcionamiento y contralor del RENAR; así como también que se profundice en el análisis de sus vinculaciones respecto de los imputados en el triple crimen de General Rodríguez.
Estos hechos estaban íntimamente ligados con la causa que investigaba el desvió y el tráfico de efedrina desde el año 2008 en el juzgado a cargo de la Dra. María Servini de Cubría en el expediente caratulado “Abboud Gabriel Yusef y otros s/ Delito de acción pública…” al que se acumuló la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez cuando la misma paso a la jurisdicción federal.
Esa trascendente causa de narcotráfico evidencia no sólo una ineludible responsabilidad política de Aníbal Fernández, sino la existencia de responsabilidad penal por parte de algunos funcionarios de las administraciones nacionales que gobernaron la Argentina entre los años 2003 a 2015.
En ese orden de ideas, parece fundamental que se investigue el periodo en el que el crecimiento del tráfico y el desvío de efedrina tuvieron un crecimiento exponencial.
En esas épocas el gobierno argentino incumplió con preocupante animosidad, la normativa vigente que lo obligaba a coordinar políticas públicas y elevar informes sobre procedimientos de secuestros de estupefacientes, precursores químicos y detenidos por la ley 23.737; lo que daría cuenta de su voluntad de no contribuir a la lucha contra el narcotráfico. Aquí observamos, entonces, no solo una responsabilidad política sino también una responsabilidad penal por el incumplimiento de lo contemplado en el ordenamiento jurídico que, al haber sido funcionario público, delimitaba estrictamente su actuación.
Por otro lado hay que investigar a los funcionarios que estuvieron vinculados a personas investigadas, procesadas y condenadas por el desvío ilegal de precursores químicos.
La fuga de los primeros tres condenados por el Triple ocurrida en diciembre de 2015 a días de asumir las nuevas administraciones de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional merecen un abordaje especial que desentrañe los vínculos narcos de las fuerza policial bonaerense, del servicio penitenciario y del poder judicial de esa provincia.
d. Otros casos recientes de funcionarios judiciales o políticos.
Según ha sido reflejado por diversos medios de comunicación, Pedro Ramón Bareiro, funcionario público y candidato a concejal por el Frente para la Victoria, fue encontrado por la Policía Federal Argentina con 50 kg de cocaína, tras volcar con una camioneta Toyota Hilux en Monte Lindo, Formosa (23).
A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que cuando la Policía Federal se dirigía a Clorinda, para realizar un operativo en la ciudad formoseña, a la altura de Monte Lindo, encontró una camioneta volcada al costado del camino.
Los oficiales se detuvieron a socorrer a los tres individuos que se encontraban dentro de la camioneta, y durante el operativo, encontraron 50 kg de cocaína camuflada en la caja del vehículo.
La camioneta se encuentraba registrada a nombre de la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa. Tras reconocer que era funcionario público de la Provincia, Barerio quedó bajo disposición de la Justicia junto a su mujer, Cecilia Cáceres y su hijo, Fabio Bareiro.
Por otro lado Mauricio Esteban Gerónimo fue electo en diciembre como concejal de la localidad salteña de Salvador Mazza y, posteriormente, ordenaron su captura tras una serie de 14 allanamientos y un operativo en el que Gendarmería secuestró 267 kilos de cocaína. Sin embargo, dos meses después permanece prófugo luego de que —reiteramos— la Justicia ordenara su captura por pertenecer presuntamente a una organización narco. (24)
El mencionado funcionario está acusado de involucrarse en una causa en la que Gendarmería incautó 267 kilos y medio de cocaína, y que ya tiene otros cuatro detenidos. Se trata de una investigación llevada adelante por el Juzgado Federal N°1 de Salta y que incluyó una serie de 14 allanamientos en las ciudades salteñas de El Carril, Güemes, Salvador Mazza, Aguaray, El Quebrachal; y en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto. El cargamento de la droga estaba oculto en un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional N°16, a la altura de Monte Quemado, Santiago del Estero.
El caso del juez Raúl Reynoso, Magistrado Federal a cargo de la jurisdicción de Orán, es otro paradigma del estado de situación. El juez fue procesado en diciembre de 20015 por la justicia por haber beneficiado a narcotraficantes. En efecto, fue considerado como responsable "prima facie" de los delitos de asociación ilícita, prevaricato y concusión y, en tal sentido, se le trabó un embargo por 15 millones de pesos y hasta se le declaró la prisión preventiva. (25)
Además, hubo otros procesados junto a él: abogados oranenses como René Gómez y empleados de su juzgado. Sin embargo, solo el juez de Orán recibió el pedido de prisión preventiva por ser considerado el jefe de la banda.
En suma, en más de doce causas que pasaron por su firma y su juzgado, Reynoso está sospechado de haber ayudado a narcotraficantes con sobreseimientos y exenciones de prisión a cambio de dádivas como dinero en efectivo o propiedades.
4. Irregularidades y falta de control en la política migratoria.
Tal como se ha expresado, la conexión entre la ausencia de una política migratoria seria y el avance del narcotráfico en nuestro país es a todas luces clara y preocupante.
En este sentido, el ex Secretario de Seguridad Sergio Berni declaró el 18 de Julio de 2013 que "en Tigre están los mayores narcotraficantes del mundo (...) No es un dato menor: en Nordelta atrapamos a la mayor cantidad de narcotraficantes; los más requeridos en el mundo" (26). Ante tal confesión, solo cabe destacar que no sería posible que los mayores narcotraficantes del mundo se asienten en Tigre si, entre otras cosas, la Dirección Nacional de Migraciones realizara su trabajo adecuadamente. Si contáramos con una política migratoria lo suficientemente especializada y seria, el ingreso de carteles de origen extranjero sería cuanto menos mucho más difícil de lo que es hoy en día.
Más aún, si los narcotraficantes "más requeridos en el mundo" —tal como lo expresó el ex Secretario de Seguridad— eligen nuestro país para poder seguir desarrollando su actividad ilegal y mafiosa es porque evidentemente pueden entrar en nuestro territorio nacional violando fácilmente los controles y las disposiciones vigentes a los que debieran ser sometidos por la Dirección Nacional de Migraciones.
Por otra parte, tanto como para evitar el contrabando de drogas como para poder tener una política migratoria seria —que dé respuesta a aquellos inmigrantes que quieren habitar nuestro país pero que también evite que ciudadanos extranjeros con prontuarios en sus países de origen ingresen al nuestro país en busca de impunidad— es necesaria la colaboración con las naciones de la región. Este vínculo de colaboración fue casi inexistente y conspiró contra la seguridad interna de nuestro país y contra la lucha de problemáticas como el crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico. La colaboración internacional en un tema de importancia mundial y esencial en materia de narcotráfico. Es por ello que la política migratoria —dentro del marco de cooperación internacional— reviste de consideración siempre que es uno de los puntos conexos en el combate a este flagelo.
Asimismo, es preocupante la negligencia e imprudencia con la que la Comisión Nacional para los Refugiados —que operó bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones— ha funcionado en los últimos años; y debe investigarse si ortorgó el estatus de refugiados a familiares de reconocidos y buscados jefes de bandas narcotraficantes como es el caso del colombiano Henry de Jesús López Londoño. Esto obedece a que se reveló que el jefe narco Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre"—quien fuera arrestado el pasado 30 de 0ctubre de 2012— había conseguido que nuestro país les otorgara asilo político a su mujer y su hijo en el año 2008 bajo el estatus de refugiados (27). En dicha oportunidad, incluso "Mi Sangre" había solicitado el asilo político, que le fuera posteriormente denegado. Posteriormente por causa de un viaje que realizaran a Colombia en el año 2009, tanto su esposa como su hijo perdieron esa condición.
5. Conclusión
En virtud de lo expuesto precedentemente podemos afirmar que en nuestro país ha habido un crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado. En efecto, la Argentina ha pasado de ser un país de tránsito a ser un país de consumo y de producción y con combate frontal de distintos grupos narcos que disputan poder, negocio y territorios. Como consecuencia de tal flagelo ha aumentado la violencia, particularmente, por luchas internas entre los distintos carteles que se han instalado en la Argentina.
Ahora bien, ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Indudablemente, por alguna razón, la Argentina se ha convertido en un país elegido por el narcotráfico para instalarse. Dicha situación obedece, a nuestro juicio, principalmente por la complicidad de ciertos funcionarios políticos y judiciales.
En consecuencia, resulta esencial la creación de una Comisión Investigadora que tenga por finalidad estudiar y analizar los encubrimientos y la responsabilidades directas que pudiera tener cualquier funcionario público con el narcotráfico, que indague a los fines de determinar y de conocer la verdad de este flagelo, de ayudar a combatirlo y de proponer las líneas de investigación y las herramientas necesarias para su combate. Evitar el crecimiento de narcotráfico debe ser una prioridad de todos los poderes del Estado de la que esta Cámara de Diputados también debe hacerse eco.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación de este proyecto de resolución.
(1) El director de Migraciones admitió que en el norte "hay vulnerabilidad", Publicado en El Liberal el 17 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=114224
(2) "Argentina es el país con mayor consumo de cocaína en América del Sur" Publicado en La Nación el 29 de febrero de 2012, http://www.lanacion.com.ar/1452562-argentina-es-el-pais-con-mayor- consumo-de-cocaina-en-america-del-sur
(3) Sergio Berni desmintió a Agustín Rossi: "Argentina no es un país de producción de drogas", publicado en La Nación el 17 de febrero de 2014,lhttp://www.lanacion.com.ar/1664854-sergio-berni- desmintio-a-agustin-rossi-argentina-no-es-un-pais-de-produccion-de-drogas
(4) "Argentina no es un país productor de drogas", publicado en Ámbito Financiero el 18 de Febrero de 2014, http://www.ambito.com/noticia.asp?id=729108
(5) Fayt pidió que "no siga lloviendo droga" en el norte del país, publicado en Ámbito Financiero el 23 de Septiembre de 2009, http://ambito.com/noticia.asp?id=483711
(6) "Ricardo Lorenzetti encabezó el acto de apertura del año judicial", publicado en el Centro de Información Judicial el 6 de marzo de 2014, http://www.cij.gov.ar/nota-13009-Ricardo-Lorenzetti- encabez--el-acto-de-apertura-del-a-o-judicial.html
(7) "Crimen con el sello narco de un colombiano en Palermo", publicado en el diario Clarín el 4 de marzo de 2014, http://www.clarin.com/policiales/Crimen-sello-narco-colombiano- Palermo_0_1095490444.html
(8) "En la villa 1-11-14, Masacre en el pool: cinco muertos por un tiroteo en el Bajo Flores" publicado en Infojus el 15 de Octubre de 2013, http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/masacre-en-el-pool-cinco- muertos-por-un-tiroteo-en-el-bajo-flores-1878.html
(9) "Otro crimen con el sello de sicarios: asesinan a un colombiano en Palermo" publicado en La Nación el 4 de marzo de 2014, http://www.lanacion.com.ar/1669133-otro-crimen-con-el-sello-de- sicarios-asesinan-a-un-colombiano-en-palermo
(10) "Narco: un colombiano irá a juicio oral acusado de homicidio", publicado en Infojus el 25 de marzo de 2014, http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/narco-un-colombiano-ira-a-juicio- oral-acusado-de-homicidio-3560.html
(11) "Otro crimen con el sello de sicarios: asesinan a un colombiano en Palermo" publicado en La Nación el 4 de marzo de 2014, http://www.lanacion.com.ar/1669133-otro-crimen-con-el-sello-de- sicarios-asesinan-a-un-colombiano-en-palermo
(12) Op. Cit.
(13) Cómo vivía 'Mi Sangre' en su refugio en Argentina, publicado en Infobae el 31 de octubre 2012, http://www.infobae.com/2012/10/31/1060640-como-vivia-mi-sangre-su-refugio- argentina
(14) " Indagarán al fiscal general de San Isidro por encubrimiento", publicado en el diario La Nación el 18 de septiembre de 2015. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1828969-indagaran-al-fiscal-general-de-san-isidro-por-encubrimiento
(15) "NARCOLANDIA, POR QUÉ ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PARAÍSO DE LOS TRAFICANTES COLOMBIANOS", Virginia MESSI y Juan Manuel BORDÓN, pág. 259/260, SUDAMERICANA 2014.-
(16) "Narcos en countries: veían a un pastor y se reunían en una iglesia.", publicado en el diario Clarín el 1° de Noviembre de 2013. Disponible en http://www.clarin.com/policiales/Narcos-countries-pastor-reunian-iglesia_0_1021697951.html
(17) "D.N.I. Nº 94.187.671, sin sobrenombres ni apodos, de 30 años de edad, de estado civil casado, de ocupación pastor de Iglesia, de nacionalidad colombiana, nacido en Medellín, Colombia, el día 01 de agosto de 1.983, con domicilio real en calle Dean Funes Nº 2.543 de Benavídez, partido de Tigre, hijo de William de Jesús ACEVEDO MUÑOZ (v) e Irma del Socorro MUÑOZ CARMONA (v)",
(18) "Hizo un hotel en Nordelta y ahora lo investigan por narcolavado" publicado en el diario Perfil el 20 de abril de 2014, disponible en http://www.perfil.com/policia/Hizo-un-hotel-en-Nordelta-y-ahora-lo- investigan-por-narcolavado-20140420-0057.html
(19) Op. Cit.
(20) "Massa defendió al fiscal Novo, acusado de obstruir el avance de causas vinculadas al narcotráfico", publicado el 28 de julio de 2013 por la agencia Télam, disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201307/26673-massa-defendio-al-fiscal-novo-acusado-de-obstruir-el-avance-de-causas-vinculadas-al-narcotrafico.html
(21) Op. Cit.
(22) "La puerta giratoria" publicado en Página 12 el 11 de enero de 2015 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263670-2015-01-11.html
(23) “Encontraron a un funcionario formoseño con 50 kg de cocaína” publicado en La Nación el día 20 de febrero de 2016. Link: http://www.lanacion.com.ar/1873006-encontraron-a-un-funcionario-formoseno-con-50-kg-de-cocaina
(24) “Un concejal de Salta se fugó tras ser acusado de narco” publicado en Infobae.com el día 16 de febrero de 2016. Link: http://www.infobae.com/2016/02/16/1790304-un-concejal-salta-se-fugo-ser-acusado-narco
(25) “Narcotráfico: procesaron al juez federal de Orán, Raúl Reynoso, por ser jefe de una asociación ilícita, concusión y prevaricato” publicado en el Centro de Información Judicial el día 30 de noviembre de 2015. Link: http://www.cij.gov.ar/nota-19185-Narcotr-fico--procesaron-al-juez-federal-de-Or-n--Ra-l-Reynoso--por-ser-jefe-de-una-asociaci-n-il-cita--concusi-n-y-prevaricato.html
(26) Berni denunció que en Tigre están "los mayores narcos", publicado en Cadena3.com el 18 de julio de 2013.
http://www.cadena3.com/contenido/2013/07/17/116293.asp?titulo=Berni- denuncio-que-en-Tigre-estan-los-mayores-narcos
(27) "Familia de 'Mi sangre' obtuvo asilo político en Argentina en 2008", publicado en el País de Colombia el 2 de noviembre de 2012, http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/familia- narco-mi-sangre-obtuvo-asilo-politico-argentina-2008
(28) "La familia del narco "Mi sangre" tuvo asilo político en el país en 2008", publicado en La Voz de Córdoba el 2 de noviembre de 2012, http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/familia-narco-mi-sangre-tuvo-asilo-politico-pais-2008
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA CIUDAD de BUENOS AIRES COALICION CIVICA
LEHMANN, MARIA LUCILA SANTA FE COALICION CIVICA
FLORES, HECTOR BUENOS AIRES COALICION CIVICA
CAMPOS, JAVIER BUENOS AIRES COALICION CIVICA
VERA GONZALEZ, ORIETA CECILIA CATAMARCA COALICION CIVICA
CAMPAGNOLI, MARCELA BUENOS AIRES COALICION CIVICA
MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA CORDOBA COALICION CIVICA
TERADA, ALICIA CHACO COALICION CIVICA
LOPEZ, JUAN MANUEL CIUDAD de BUENOS AIRES COALICION CIVICA
OLIVETO LAGO, PAULA MARIANA CIUDAD de BUENOS AIRES COALICION CIVICA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-7100

Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.