La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar una profunda preocupación y rechazo por las políticas de ajuste que el Poder Ejecutivo lleva adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las cuales implican una fuerte reducción de personal en áreas claves donde el Estado cumple su función reguladora y que tienen como consecuencia la privatización del rol indelegable que este debe ejercer.

Señor presidente:

El INTI es un ente autárquico creado hace 60 años, que hoy funciona bajo la órbita del Ministerio de Producción. Tiene como misión acompañar e impulsar el crecimiento industrial del país, en particular el de la pequeña y mediana empresa, mediante la investigación, innovación y la transferencia de tecnología. Su principal función es la de generar y proveer servicios tecnológicos en distintas áreas que son estratégicas para la industria nacional como, por ejemplo, la alimentación, materiales, el medioambiente o la metrología; pero también se encarga de la certificación de la calidad y de controlar a las empresas en la fabricación de sus productos, con lo cual garantiza la seguridad y los derechos de los consumidores, usuarios y de la población en general, a través de estándares de calidad y certificación de productos.

Dadas las tareas que realiza el INTI, sabemos que no hay ningún actor privado que sea capaz de suplantar las funciones que realiza este organismo estatal. Coincidimos con sus trabajadores cuando señalan que actualmente hay un fuerte déficit de personal puesto que 3.100 empleados (2.000 en el parque Migueletes y 1.100 en el resto del país) deben atender a toda la industria nacional y cumplen un amplio abanico de tareas de relevancia social, que garantizan el cumplimiento de normativas vigentes de derecho del consumidor y del usuario.

Sin embargo, a fines de enero, el Gobierno despidió a 258 trabajadores y trabajadoras del organismo. Rechazamos enérgicamente esta situación y denunciamos que este hecho se enmarca en un contexto en donde el Gobierno desarticula y desfinancia áreas claves del Estado, como son los organismos nacionales de ciencia y tecnología, con la excusa de reducir el gasto fiscal; y que busca transferir al sector privado actividades de control que le son propias e indelegables al Estado nacional. Así, el Gobierno pretende tercerizar a laboratorios privados los controles de calidad sobre productos industriales de alta sensibilidad.

Queremos denunciar que el gobierno le pagó 295.000 euros a la entidad público-privada española Tecnalia para que realice el “masterplan” de rediseño y ajuste del instituto una semana antes de que despidiera a los 258 trabajadores mencionados. Está claro que la intención del gobierno es desguazar la estructura actual del INTI para reconvertirlo en función de los intereses del sector privado. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por una reciente medida adoptada por la Secretaria de Comercio mediante la cual, a partir de mayo, laboratorios extranjeros validarán productos importados por Argentina. Esto quiere decir que ya no será obligatoria la certificación en institutos nacionales, como el INTI.

Además, manifestamos nuestra preocupación por el proceso de estigmatización del empleado público que lleva a cabo el gobierno nacional a través de algunos medios de comunicación. Para justificar las medidas adoptadas en el INTI, las autoridades argumentaron públicamente que elaboraron la lista de trabajadores despedidos en función del presentismo y el incumplimiento de tareas; pero los mismos trabajadores han denunciado que los cesanteados gozan de un legajo y de un presentismo intachables, validados por sus jefes directos, y que el objetivo del gobierno es vaciar a la institución para privatizar áreas enteras y entregárselas a empresas afines a funcionarios del actual gobierno. Señalamos que esta maniobra del Ejecutivo Nacional tiene amplia difusión en la prensa oficialista, que ha acompañado el discurso del Gobierno de estigmatización del empleado público para luego producir miles de despidos en distintas reparticiones estatales.

Muchas de las cesantías en el INTI violan leyes que garantizan derechos laborales que fueron conquistados a través de años de lucha y esfuerzo de todos los argentinos, como las normativas referidas a los derechos de los trabajadores. Entre los trabajadores despedidos se encuentran mujeres con licencia por embarazo, personas con discapacidad, delegados gremiales, y profesionales y técnicos que fueron candidatos en alguna elección o que participaron en marchas contra el plan de reforma del Instituto: son personas con años de trayectoria que están próximas a jubilarse y referentes técnicos nacionales e internacionales, entre otros.

Porque propiciamos que el INTI, como organismo estatal, clave para el desarrollo industrial y la soberanía científico-tecnológica de nuestro país, con la mejor calidad de recursos humanos y transferencia de tecnología avalada internacionalmente, certifique la calidad de los bienes y productos que consumimos y usamos los argentinos; porque sabemos y confiamos en los recursos humanos que hemos formado en las universidades públicas a lo largo de décadas de esfuerzo nacional, es que solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.