La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que corresponda y dentro del marco de los tratados que conforman el MERCOSUR, promueva la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela dentro de dicho bloque regional por las reiteradas violaciones de los valores democráticos por parte del gobierno de ese país.

Señor presidente:

Recientemente el Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido en la tarde de ayer por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (Sebin) mientras se encontraba en su oficina. El político opositor a las ideas del gobierno de Maduro fue golpeado, maltratado y secuestrado sin orden judicial, bajo el argumento de una supuesta conspiración golpista.

La gravedad de la cuestión es un reflejo del constante ataque a los valores verdaderamente democráticos que cotidianamente suceden en Venezuela. Ello ya se ha visto con anterioridad como por ejemplo, la detención injustificada de Leopoldo López el año pasado, la agresión a siete diputados opositores al régimen chavista en pleno recinto por sus pares oficialistas, la prohibición de manifestaciones contra Nicolás Maduro tras las últimas elecciones, y el cierre intempestivo del canal de televisión RCTV acaecido en mayo de 2007, entre muchas otras acciones.

La detención poco clara del Alcalde de Caracas incurre en franca violación de la Constitución de dicho país, que en su artículo segundo establece que "Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político".

Además de la violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la detención del alcalde opositor, constituyen una violación a lo establecido por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR. Dicho acuerdo internacional afirma que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo. Asimismo, establece que toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados partes del Protocolo, dará lugar a la aplicación de los procedimientos allí previstos, los cuales pueden llegar incluso a la suspensión de los derechos como miembro del bloque, tal como ocurriera con la República de Paraguay en junio de 2012.

Los principios y objetivos del Tratado de Asunción y sus Protocolos han sido dictados en la búsqueda de la plena vigencia de las instituciones democráticas. Los estados parte del MERCOSUR entienden que la participación democrática es una condición indispensable para la existencia y el desarrollo de ese bloque regional.

Todos los ingresantes al MERCOSUR han reafirmado la cláusula democrática. Venezuela adhirió al Protocolo de Ushuaia cuando se la admitió como Estado asociado al MERCOSUR en julio de 2008, lo ha sido reafirmado al momento de asumir como miembro pleno en julio de 2012.

Nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro utiliza estas prácticas anti democráticas contra quienes piensan diferente. Hay un claro cercenamiento de la libertad de expresión junto con agresión física a los opositores que no hacen más que someter al pueblo venezolano a un régimen que dictatorial.

Lo dicho es justificativo suficiente como para considerar la suspensión de Venezuela del MERCOSUR. Además, la celeridad aplicada para la destitución del ex presidente Fernando Lugo, mediante el procedimiento constitucional del juicio político, fue justificación suficiente a opinión de los demás miembros del MERCOSUR, para la suspensión de Paraguay como miembro del bloque por considerarse que se habían violado valores democráticos. En consecuencia, Venezuela debería contar con un tratamiento similar.

Por los motivos expuestos, se solicita que se promueva la exclusión de la República Bolivariana de Venezuela como país miembro del MERCOSUR hasta tanto no sea garantizada la democracia en dicho país.