PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 5911-D-2013
Sumario: CONVOCAR AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DOCTOR JULIO CESAR ALAK, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y 204 DEL REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, A FIN DE QUE BRINDE EXPLICACIONES ACERCA DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ENVUELVEN AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, CON MOTIVO DE LA FUGA DE TRECE PRESIDIARIOS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL I DE MAXIMA SEGURIDAD DE EZEIZA.
Fecha: 22/08/2013
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Convocar al Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Doctor Julio César Alak, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de brindar explicaciones acerca de los acontecimientos que envuelven al Servicio Penitenciario Federal, con motivo de la fuga de trece presidiarios del Complejo Penitenciario Federal I de máxima seguridad de Ezeiza.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La curiosa fuga de trece internos del penal de Ezeiza -uno de los calificados como de máxima seguridad- pone una vez más en el ojo de la tormenta al sistema penitenciario argentino y, en particular, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), inmerso en la crisis del sistema carcelario y en la corrupción imperante.
De acuerdo a fuentes oficiales y a las posteriores declaraciones brindadas a la prensa a lo largo del día de ayer por funcionarios de la cartera de Justicia y el SPF, en la madrugada del pasado 20 de agosto, "durante el rutinario recuento de presos", se detectó la ausencia de trece personas alojadas en el pabellón B del módulo 3 del Complejo Penitenciario Federal I, situado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Aun cuando no se ha podido establecer con precisión el momento de la fuga. A partir de ahí se desplegó un operativo de rastrillaje que permitió recapturar a dos de ellos en las proximidades de Cañuelas.
Aparentemente, para concretar la huída, los presidiarios habrían contado con las herramientas necesarias para realizar un boquete en una de las celdas, cavar un túnel y luego de atravesarlo. Habrían recorrido unos 70 metros, perforando y traspasando varios alambrados perimetrales y sorteando todos los puestos y medidas de seguridad existentes.
Los incidentes ocurridos provocaron inmediatamente la renuncia del titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, quien se asumió como el "máximo responsable político" de estos hechos, no sin antes denunciar la "complicidad interna", ordenando el desplazamiento de 19 agentes penitenciarios que debían velar por la seguridad de la unidad penal.
Según sus propios dichos, "hubo dos días de tareas y se usaron herramientas a las que no se accede regularmente. Ni los celadores ni los inspectores cumplieron con su tarea. El personal de requisa tampoco encontró las herramientas. Los soldados ubicados en los dos puestos a 50 m debieron haber visto los movimientos. También fallaron los soldados de guardia que debían estar apostados en los techos."
Poco se ha contribuido desde el seno del gobierno a disipar las variadas versiones periodísticas acerca de estos confusos acontecimientos.
Durante la tarde, luego de varios disturbios sucedidos en el predio de Ezeiza difundidos por los medios de comunicación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, desmintió que hubiera existido un motín e informó que el Ministerio dispuso una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos sobre los once reclusos que permanecen prófugos.
Esbozando una hipótesis sobre lo acontecido, el titular de Justicia dejó entrever que ya pesaban antecedentes de intentos de fuga sobre los internos que idearon el plan de escape.
Sin embargo, el Ministro no dio precisiones acerca de los 19 funcionarios penitenciarios que fueron apartados por Hortel antes de su renuncia.
Cabe aclarar que, en medio de la polémica, la persona designada por Alak para suceder a Hortel en su cargo es el -no menos controvertido- ex director de dicho organismo, Alejandro Marambio.
Entre las denuncias que pesan contra Marambio por su anterior gestión, se destacan el recrudecimiento de hechos de violencia en las cárceles, el otorgamiento de privilegios a favor de ex represores detenidos y la designación de personas cuestionadas por organismos de derechos humanos en distintos cargos operativos.
Otro hecho que salpica la gestión de Hortel sucedió hace menos de un mes. La fuga de dos ex represores durante un traslado para asistencia médica en el Hospital Militar había puesto en evidencia los lazos de corrupción del sistema penitenciario. Se trata del mayor retirado del Ejército Jorge Olivera y del teniente primero retirado Gustavo De Marchi, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes de manera misteriosa se fugaron del Hospital Militar Central de Palermo. ¿Cuál fue la respuesta oficial frente a esa fuga? Pasar a retiro a los funcionarios responsables y ofrecer recompensas millonarias para dar con el paradero de los prófugos.
En aquella oportunidad el Ministro Julio Alak envió una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, solicitando que dicte una acordada para indicar a los jueces federales de todo el país que los detenidos por delitos de lesa humanidad que deban ser trasladados por temas de salud sean llevados al Hospital Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza, para evitar nuevas fugas. Vaya paradoja.
Lamentablemente, los incidentes de Ezeiza ponen en evidencia que la corrupción y la connivencia enquistadas en los poderes e instituciones judiciales, policiales y penitenciarias, continuadoras de la dictadura, trascienden al ámbito militar.
La fuga de ayer claramente facilitada "desde adentro" es una demostración más de que en el SPF siguen imperando los mismos códigos más allá de cambios de gestiones políticas: la corruptela institucionalizada, propia de un sistema en el que el control se impone a través del sometimiento y la ventaja.
La polémica en torno de la situación del sistema carcelario se reaviva una vez más.
Las cárceles de nuestro país se caracterizan por un alto nivel de sobrepoblación y hacinamiento. La gran mayoría de las personas que se encuentran detenidas son presos sin condena, lo que da cuenta de una marcada ineficiencia en el funcionamiento de la justicia y altos niveles de violencia intra muros.
A treinta años de la recuperación de la democracia, y pese a algunos avances significativos en materia de derechos humanos, la tortura continúa siendo una práctica corriente en las cárceles argentinas. Los organismos de Derechos Humanos vienen denunciando que el SPF tiene problemas estructurales de violaciones de derechos.
Según un informe del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), el SPF mantiene una estructura militarizada, concebida como una fuerza de seguridad, verticalista y con un alto nivel de corporativismo, lo que explica la persistencia de prácticas violatorias de derechos humanos y la resistencia a los cambios. En este sentido, se plantea la necesidad de llevar adelante un cambio de tipo estructural del SPF, para convertirlo en una institución civil, con prácticas democráticas, fortaleciendo el ámbito civil de administración y control del SPF, el cual debe incorporarse al ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En 2012, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) informa acerca de las deficiencias estructurales en las condiciones materiales de alojamiento, fallas de infraestructura, deficiencias en la provisión de alimentos y en el acceso al sistema de salud, así como la dificultad con la que se encuentran las personas detenidas que quieren estudiar o trabajar. Esto pone de manifiesto la desidia, la negligencia y la total impunidad en que se desarrolla el accionar del SPF, claramente en detrimento de la sociedad y de las personas privadas de libertad, cuyos derechos se ven ampliamente avasallados y por quienes no se brega por su resocialización.
Como lamentables ejemplos, podemos mencionar el hacinamiento en el que se encuentra la población detenida, aislamiento prolongado como medida disciplinaria o de castigo, las requisas invasivas y violentas, la persistente violencia, tortura y malos tratos que padecen, así como el incremento de las muertes.
Según los resultados del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), realizado por la la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA (GESPyDH), en 2011 se registraron 791 casos de torturas y malos tratos en 21 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y seis dispositivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Si se consideran también las torturas psicológicas, el CPM presentó, durante 2011, 2.338 acciones judiciales urgentes que dieron cuenta de 7.018 actos u omisiones violatorias de los derechos humanos (por aislamiento extremo, golpizas, amenazas de muerte, etc.). Ello sin contar la "cifra negra" que resulta de no contabilizar los casos no denunciados por temor a recibir nuevas represalias.
En un sistema penitenciario superpoblado con poco menos de 60 mil detenidos (29.060 en el SPB, 9.778 en el SPF y 20 mil en las cárceles de todas las provincias), la violencia es así la manera de garantizar el control.
Son más de 9.700 los detenidos en 35 cárceles distribuidas por todo el territorio nacional los que aloja el Servicio Penitenciario Federal.
En el sitio web de la PPN se pueden leer los siguientes datos relativos a las torturas y malos tratos y al registro de fallecimientos:
Casos de torturas y malos tratos investigados y documentados por la PPN: 2008: 113 2009: 197 2010: 194 2011: 399 2012: 429
2013 hasta el 1 de mayo: 367 (de continuar esta tendencia se constataría un aumento del 254% aproximadamente).
Registro de fallecimientos:
2009: 47 (15 violentas)
2010: 33 (9 violentas)
2011: 39 (23 violentas)
2012: 61 (24 violentas)
2013: al 15 de julio: 25 (17 violentas) (de continuar con esta tendencia, se constataría un decrecimiento en el registro de fallecimientos, no así de los casos de muertes violentas las cuales abultarían este registro).
Los penales de Marcos Paz y Ezeiza encabezan estos ránkings.
Después de una mora internacional de cinco años, Argentina aprobó a finales de 2012 la ley que establece la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que prevé la creación de un comité nacional y de comités locales a nivel de las provincias con el propósito de monitorear los lugares de privación de la libertad.
Sin embargo, sigue pendiente su reglamentación e implementación y algunas provincias muestran cierta reticencia a articular acciones.
A pesar de las versiones sobre supuestas conspiraciones por parte del "riñón duro" del SPF que revelaría una pulseada entre facciones internas de poder, lo cierto es que en materia de tortura y malos tratos, ni la gestión de Hortel ni la anterior de Marambio implementaron políticas efectivas para la prevención y erradicación de estas prácticas y vejaciones.
Hace tiempo que venimos denunciando la crisis del sistema penitenciario y exigiendo que la política carcelaria sea incorporada a la agenda pública.
Dos argumentos equivocados
Como los gobiernos no quieren cambiar la policía y las fuerzas de seguridad, les dicen a los ciudadanos que todo se soluciona subiendo penas. De esa manera creen que no serán culpados por la situación de inseguridad. Los hechos hablan por sí mismos: subiendo penas en los últimos quince años, la inseguridad no hizo más que crecer. Tuvimos leyes de agravamiento de penas con Duhalde, Ruckauf, con Sola -con las leyes Blumberg- y con las de Scioli: resultados cero.
Mayor cantidad de presos no disminuyen el delito. La población carcelaria no ha hecho más que subir. Esta es una consecuencia del punto anterior: subo las penas y por tanto sube la población carcelaria (ver datos más abajo). El sistema es sumamente selectivo: siempre se encarcela a jóvenes humildes. Miren sino las fotos de los fugados. No hay presos por corrupción, no hay presos por delitos económicos, no hay jefes de bandas locales de narcotráfico. Como no se desarticulan redes delictivas, sino solo se encarcelan los eslabones más débiles de la cadena, el delito sigue subiendo.
Datos: En la provincia de Buenos Aires la tasa de encarcelamiento subió de 84 presos cada 100.000 habitantes en 1997 a 172 cada 100.000 en 2010. Entre 1998 y 2009 creció el 59% el número de condenados que reciben penas superiores a 5 años. Tres de cada cuatro presos no tienen sentencia firme.
Aumento en la tasa de encarcelamiento en distintos países entre 1992 y 2010
Duración promedio de las condenas
Referencias: Barra rayada: menos de tres años de condena, barra clara: 3 a 5 años y barra oscura mayor a 5 años.
Porcentaje de encarcelados por infracción a la ley nacional de estupefacientes
Coyuntura
Ante cada motín o escape discutimos lo mismo y no se hace nada. Hablar de las cárceles no da votos, sin embargo se trata de un pilar central de toda política de seguridad.
El gobierno actual realizó una serie de descalabros con la política penitenciaria, que fue implementada por el jefe saliente, que incluyó la salida de presos para actos políticos del gobierno. Como en tantos otros ejemplos, el gobierno confunde partido con gobierno con estado. Para ellos son todo lo mismo. Para nosotros no.
Ahora parece haber un regreso a la mano dura de la mano del nombramiento del nuevo director Marambio, que tiene pésimos antecedentes, entre ellos la comisión de torturas durante su gestión y el intento de cerrar el centro universitario de Devoto.
Propuestas
Comenzar de cero con la creación de un servicio penitenciario federal nuevo y comenzar gradualmente a reemplazar el actual servicio con uno nuevo basado en lógicas de respeto de derechos, estructura civil que reemplace la actual estructura militarizada y la resocialización de presos.
Control externo de las cárceles por parte de la sociedad civil con información pública acerca de presupuestos.
Eliminar la autonomía que tiene hoy el Servicio Penitenciario para ejecutar sus presupuestos.
Generar auditorías independientes de la OEA que midan capacidad carcelaria para evitar superpoblación.
Establecer mecanismos más participativos y con control parlamentario para la designación de los responsables del servicio penitenciario.
Implementar seriamente programas de reinserción a través del acceso a los distintos niveles de la educación, la enseñanza de oficios y la capacitación laboral/profesional.
El Congreso no puede permanecer inerte ante hechos de gravedad que nos ocupa. Resulta imperioso que el Ministro de Justicia brinde explicaciones acerca de la actuación de los funcionarios a cargo, lo que resulta necesario a fin de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades políticas e impulsar las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
STOLBIZER, MARGARITA ROSA BUENOS AIRES GEN
MILMAN, GERARDO FABIAN BUENOS AIRES GEN
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
LEGISLACION PENAL
ASUNTOS CONSTITUCIONALES

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