Reunión informativa
May 27, 2021

FUNCIONARIOS EXPUSIERON SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS LUGARES DE DETENCIÓN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

Un plenario de comisiones evaluó el panorama sobre lugares de detención y el trato a personas privadas de su libertad.

Mediante videoconferencia, funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación expusieron ante un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, acerca de las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre los lugares de detención.

 
En primer lugar, disertaron el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal, y los comisionados Diana Conti y Gustavo Palmieri. Luego hablaron la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, y el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), Guillermo Todarello.
 
Irrazabal explicó las tareas de inspección y monitoreo que “vienen recabando experiencias y testimonios” de las personas que transitan lugares de detención. En ese sentido, adelantó que se busca “conformar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, pretendemos que interactúen autoridades de gobierno, entes públicos y organizaciones de la sociedad civil”. 
 
“Queremos poner en valor las buenas prácticas en muchos lugares de encierro: la mejora de las condiciones de encierro y las posibilidades de inserción social. Además de encontrar problemas, vamos encontrando las buenas prácticas que pueden ir abriendo un camino distinto”, consideró Irrazabal. 
 
Por su parte, Conti enumeró las recomendaciones realizadas por el Comité en relación a las medidas en los lugares de encierro, el abuso policial y la comunicación de las personas privadas de libertad durante la pandemia. “Ante la justicia exhortamos a que se usara la prisión domiciliaria, la pandemia vino a mostrar de nuevo el hacinamiento”, explicó. 
 
En tanto, el comisionado Gustavo Palmieri mencionó que “hay provincias que están en un 30 y 40 por ciento de sobrepoblación, eso implica que todas esas personas detenidas están en situaciones de trato cruel, inhumano o degradante”. Según Palmieri, durante la pandemia, crecieron dos delitos en términos de encarcelamiento: violencia de género y aquellos vinculados a la tenencia y tráfico de estupefacientes.
 
Posteriormente, expuso la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del ministerio de Justicia e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós. En relación a la ley de flagrancia, explicó que “sería interesante que se pensara alguna nueva modalidad para estas penas cortas de prisión, no sirven para ofrecer herramientas a las personas privadas de libertad”. 
 
Asimismo, mencionó que durante el confinamiento se suspendieron las visitas. “En general, la población penitenciaria accedió y estuvo de acuerdo porque prefieren tener control sobre la posibilidad de que ingresen personas, con el riesgo que eso significa”, añadió.
Sobre la educación digital en cárceles, Garrigós mencionó que se recibieron 900 computadoras. “Vamos a tener 260 aulas virtuales e incrementar la cantidad de computadoras para videoconferencias con los juzgados y con los defensores”, dijo la interventora del SPF.
 
En tanto, la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, también denunció la problemática “gravísima” de las penas de corta duración. “La aplicación genera grandes injusticias, porque se lo aplican al narcotraficante y también se lo aplican a la mula, que es más víctima que victimaria”, resumió. 
“Si no admitimos salidas y seguimos enviando gente, no hay ningún sistema penitenciario que soporte. Los jueces, sea por la influencia mediática o por sus propias convicciones, cada vez se muestran más renuentes a aplicar penas alternativas”, señaló. 
 
Por último, expuso el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), Guillermo Todarello. “Todos los problemas que se vinculan con la deficiencia de tratamiento de salud, la falta de trabajo, educación, malas condiciones carcelarias y el aumento de la violencia institucional se ven incrementados por la pandemia”, explicó.

Fotografía HCDN
Fotografía HCDN

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