Trabajo parlamentario
May 28, 2019

SE REANUDÓ EN COMISIÓN EL DEBATE SOBRE UNA NUEVA LEY DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Acordaron integrar una subcomisión para intentar unificar distintos proyectos presentados con el mismo objetivo

La comisión de Asuntos Constitucionales retomó el debate por una nueva ley de ética en la función pública que impulsa el Poder Ejecutivo. Además, en la comisión, hay más de 30 proyectos presentados por distintos bloques.  

La iniciativa fue mencionada por el presidente Mauricio Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa y girada al Congreso el 6 de marzo. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, asistió a un plenario de comisiones en donde presentó los puntos principales de la iniciativa

El proyecto, que contiene 74 artículos, busca reforzar las prohibiciones relacionadas con el nepotismo y los conflictos de intereses, y exigir la presentación de declaraciones juradas incluso a los candidatos a cargos electivos.

El texto establece además sanciones para “quienes mientan u oculten información” y “prohíbe el reingreso a la función pública de los incumplidores”. Suma la obligación de presentar declaraciones patrimoniales a los nominados a ocupar cargos con aval del Congreso de la Nación, a titulares de obras sociales y de sindicatos.

Asimismo, establece limitaciones después de la función pública, prohíbe los obsequios a los funcionarios y extiende dicha prohibición a sus cónyuges y a sus hijos, entre otras cuestiones.

El diputado y presidente de la Comisión, Pablo Tonelli (PRO), realizó una breve reseña del trayecto de la iniciativa, en la que el Poder Ejecutivo y la Oficina Anticorrupción “enriquecieron el proyecto que fue fruto del trabajo realizado en el Congreso”. Explicó que ante la existencia de múltiples propuestas “deberíamos buscar un método de consenso, tomando como base el del Ejecutivo”.

A su vez, Tonelli propuso organizar una subcomisión con un diputado representante de cada bloque, para en “un plazo breve lograr un proyecto único para aprobarlo en el resto del año”. En esta decisión, todos los bloques se mostraron de acuerdo.  

La vicepresidenta de la Comisión, María Emilia Soria (FpV-PJ), celebró la iniciativa ya que dijo que es la voluntad de su bloque “avanzar en un proyecto unificado con un solo criterio”. Asimismo, planteó una propuesta de cronograma para que participen distintas organizaciones: “solicito una reunión informativa para escucharlos”, dijo Soria.

OTROS TEMAS

En otro orden, se puso en tratamiento un proyecto de régimen de renovación y cese de cargos por límite de edad de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación. El autor de esta iniciativa, Pablo Tonelli, explicó que se “pretende regular la situación de los jueces que alcanzan los 75 años”.

El diputado afirmó que es “grave e irregular” que por falta de “una reglamentación del Congreso y por una resolución del ministerio de Justicia se siga decidiendo si pueden continuar en sus funciones”. En tanto, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dijo que "es una situación novedosa de una doctrina pacífica, como lo fue el fallo Fayt" pero planteó dudas sobre el modo en que interviene el Consejo de la Magistratura, los plazos y los estudios psicotécnicos a los que someterán a los magistrados.

En el mismo sentido, la diputada Graciela Ocaña (PRO) expresó que “lo más acertado es pedir algún informe del Consejo de la Magistratura que aporte luz a estos aspectos”.

La diputada Soria (FpV-PJ) se mostró de acuerdo con estas consultas porque es un tema "sensible, de difícil resolución", y solicitó que “el Consejo brinde una opinión fundada”.

En el mismo sentido, Juan Brügge (Córdoba Federal) afirmó que es “uno de los temas pendientes desde la reforma constitucional de 1994”. Al mismo tiempo, pidió que no sea una “decisión discrecional del poder de turno” sino que se soliciten los legajos de los jueces.  

Tonelli se comprometió a pedir informes ante el Consejo como miembro del mismo y a continuar su tratamiento en comisión. 

Además, se trató un proyecto del diputado Marcelo Wechsler (PRO) sobre un régimen de responsabilidad de informar ante la vulneración de la seguridad de bases de datos personales. Para este proyecto, la comisión resolvió que se incorpore esta iniciativa -en donde los proveedores están obligados a informar sobre la vulneración de datos a los consumidores-  a la actual ley 25326 de protección de datos personales.

Por último, la comisión decidió que vuelva a asesores el proyecto del diputado Carlos Castagneto (FpV-PJ) que establece que será competencia del Congreso de la Nación otorgar tratamiento legislativo al resultado de las audiencias públicas celebradas por organismos y entes reguladores de servicios públicos.

 

 

 

 

 


Fotografía HCDN
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