En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. La votación en general resultó 149 votos positivos contra 100 negativos, sin abstenciones. El proyecto será girado al Senado para su sanción definitiva. 

Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, fue la encargada de defender el dictamen de mayoría. “Actualmente nos rige una ley de 1980, suscripta en un momento donde no regían los principios democráticos”, comenzó. 

Asimismo, destacó “el consenso histórico” en relación al nuevo Régimen y recordó que “se ha establecido la edad de imputabilidad desde los 14 años”. Rodríguez Machado explicó que la norma prevé “un tratamiento para que la función final de los establecimientos sea resocializar al menor”. 

“Bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con los adultos”, aclaró. "Estamos dando garantías, dentro de un legítimo proceso, de que la prisión sea el último recurso”, fundamentó la diputada. 

De este modo, Rodríguez Machado dio detalles de algunos de los puntos significativos de la norma: “Hemos incorporado a las familias de las víctimas al proceso, se establece la figura del supervisor para seguir todo el proceso y se otorga un financiamiento para la implementación, infraestructura y funcionamiento de la ley”. 

Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (UXP) se refirió al dictamen de minoría y remarcó “la necesidad de construir un nuevo sistema penal". “Queremos penas progresivas, lugares especializados y proporcionalidad en las penas con diferenciación en las penas de los adultos”, puntualizó.

Desde el mismo bloque, el diputado Germán Martínez añadió: “No hay un abordaje sobre el tema: hay un vacío de políticas públicas".

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “no se puede seguir dilatando este debate sobre el sistema de responsabilización penal de los niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal”. “Nuestro dictamen alternativo busca fortalecer y reforzar la especialización para respetar los derechos de las víctimas y victimarios”, afirmó.

En representación del Frente de Izquierda, la diputada Romina del Plá cuestionó la norma al considerar que “no son medidas para la protección de los niños y adolescentes”.

En tanto, el diputado Martín Yeza (PRO) aseguró que “este sistema consensuado busca evitar la carrera delictiva".

Desde el bloque de Innovación Federal, la diputada Yolanda Vega manifestó que “hoy la sociedad requiere que le otorguemos derechos y garantías a los niños y adolescentes". Al mismo tiempo, reclamó que “las provincias necesitan
recursos para aplicar” la ley.

Sobre el final del debate, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) consideró que “hoy es un momento histórico, vamos a modificar un Régimen de 1980, de un gobierno militar: los que dicen que defienden los DD.HH. quieren una ley de 1980”.

“Este cambio lo reclama la sociedad, no tiene marcha atrás, el presidente Milei lo dijo desde el primer día, vinimos a cambiar las cosas y hoy estamos haciendo historia por las víctimas y todos los argentinos”, argumentó Mayoraz. 

Antes de la votación, el jefe de bloque del oficialismo, Gabriel Bornoroni (LLA), concluyó: “Queremos una Argentina donde el que las hace, las paga. Se acabó la Argentina del garantismo, que le ha hecho mucho daño a los argentinos, sobre todo a los jóvenes”.

ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA

Por otra parte, la Cámara de Diputados también aprobó y giró al Senado el Acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Con 203 votos positivos, 42 negativos y 4 abstenciones, le dio media sanción al proyecto ley tendiente a aprobar el Acuerdo interino de comercio.

En defensa del proyecto, el diputado Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) se refirió a “los beneficios de este acuerdo para la Argentina”. “Este tratado traerá beneficios para todos los que produzcan y sean capaces de exportar: un acceso preferencial al mercado europeo. El Acuerdo establece la eliminación progresiva sobre el 92% de los productos exportados hoy en día desde el Mercosur a la Unión Europea, esto implica menores barreras de entrada”, argumentó.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman puso reparos al Acuerdo. “Es la continuidad de la política económica actual, un verdadero industricidio. Un modelo de bajos salarios, precarizador de las condiciones de empleo, que con este Acuerdo solamente se van a profundizar”, dijo Bregman.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Pichetto (EF) contextualizó que la iniciativa “podría definirse como una verdadera política de Estado, ya que desde el año ´99 todos los presidentes sostuvieron la necesidad de avanzar en un acuerdo con la Comunidad Europea”.

Entre los aspectos positivos del Acuerdo, Pichetto enumeró: “Aborda la apertura de más de 500 millones de consumidores. Es un acuerdo de bloques -no de país a país- que determina baja de aranceles, plazos largos y procesos de adaptación para las industrias de 10 a 15 años. Hay un conjunto de argumentos que son beneficiosos para el bloque del Mercosur".

Al cierre del debate, la diputada Juliana Santillán (LLA) destacó que "la dimensión de este Acuerdo, a nivel demográfico y económico, lo ubican entre lo más relevante del sistema comercial internacional". "Estamos ante un instrumento que permite comenzar a materializar los beneficios concretos en el mediano y largo plazo. Este Acuerdo es una señal clara: la Argentina, el Mercosur y la UE creen en el comercio internacional como una herramienta de crecimiento", destacó Santillán.