







Al comienzo de la reunión, Sabrina Ajmechet (PRO), presidente de la Comisión ratificó que “las violaciones a los derechos humanos si bien ocurrieron en su mayoría en los 70, en la actualidad siguen ocurriendo” y, en esa línea, explicó que “tuvimos reuniones con ciudadanos de gobiernos autoritarios en América Latina. Pero, en Argentina, a nivel provincial también hay islas de autoritarismos, donde conviven el poder político, el judicial y la policía siempre buscando la impunidad de los crímenes", expresó.
La primera en hacer uso de la palabra fue Andrea del Carmen Ruiz, amiga de Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez, quien fue secuestrado y asesinado en 2008, cuando se desempeñaba como empleado de rentas y descubrió sellos apócrifos en documentos públicos y evasión de impuestos, causa que fue caratulada como mega defraudación de rentas de la provincia de Santiago del Estero. Su cadáver fue congelado y apareció desmembrado quince días más tarde.
Al referirse a la causa, Ruiz afirmó que “nunca se ha investigado nada” al considerar que “hay intereses y relaciones de poder; y eso, se traslada a quién juzga, mientras que las familias están desprotegidas”. Asimismo, criticó que haya “una justicia para quienes sí tienen plata, pero quienes son hijos de trabajadores de administración pública o familiares del interior no reciben el mismo trato”. “El Estado no va a dar respuesta si la justicia no es totalmente independiente y debe atenderse la necesidad de la población de que se investigue de manera correcta, a fondo, imparciales y transparentes", subrayó antes de concluir.
Luego, fue el turno de Lidia Graciela Barraza, mamá de Luciana Sequeira, de la localidad santiagueña Villa Atamisqui, quien tenía 17 años y fue violada, quemada y su cuerpo fue cortado antes de ser asesinada por parte de un hijo de un policía de la zona que nunca fue a prisión. La justicia y el gobierno provincial dijeron que fue víctima del Covid-19. "El padre del asesino intentó desbloquear su celular con su huella digital, ella estando inconsciente”, comenzó su relato.
Y, prosiguió: “Dijeron que había fallecido por el COVID, pero no, había sido por pérdida de sangre. Como era contexto de COVID, no me dejaron reconocer el cuerpo, nos han mentido de todas las formas", remarcó y, en ese mismo sentido, manifestó que “hasta ahora estamos pidiendo justicia, nos han dicho que el asesino estaba preso, pero ha terminado la escuela durante ese período; era hijo de un policía, el nombre del asesino es Lautaro Corvalán", detalló.
En la continuidad, habló Miriam Villavicencio, mamá de Luciano Armoha, quien era policía, desapareció y luego de tres días fue encontrado sin vida en agosto de 2023. El cuerpo del joven, que trabajaba en la División Conflicto de Tierras, fue descubierto con un disparo de arma de fuego en la cabeza, con su pistola reglamentaria cerca, tras un rastrillaje efectuado por cadetes.
Armoha había sido parte del operativo del caso Franco Isorni, y su defunción fue declarada como suicidio. “Cuando estaba yendo a una búsqueda que organicé con conocidos, la policía me dijo que no vaya, que entorpecería la investigación”, señaló Villavicencio y, al respecto especificó que “lo encuentran a 10 metros de donde habíamos buscado, pero en la autopsia no salen las marcas que tenía en los pies, de ataduras, cuando supuestamente había sido suicidio”. “Que paguen los verdaderos asesinos”, sentenció.
Por último, expuso Juan Felipe Jaimes, papá de Felipe Adrián, asesinado por hijos del poder de Santiago del Estero cuando tenía 17 años. El hecho ocurrió en la localidad de Loreto en julio de 2018, cuando el joven circulaba en una motocicleta y fue embestido violentamente por una camioneta. El padre del asesino fue descubierto en el hospital intentado robar la historia clínica de la víctima.
"Gozan de impunidad. Hemos recibido persecuciones, para que no hagamos marchas. Nos hicieron 14 causas penales por reclamar justicia. En Santiago del Estero no hay división de poderes, es un poder judicial corrupto. Todos nuestros reclamos chocan con la autonomía provincial. No hay justicia para los pobres, intentan que les tengas miedo y que no hables", reclamó Jaimes.