La Comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inició hoy la primera de las audiencias en las que recibió testimonios de jueces y funcionarios judiciales en la Cámara de Diputados de la Nación.
Según adelantó la titular de la Comisión, Carolina Gaillard (FdT), el jueves próximo se realizará una reunión de asesores para definir cuestiones procedimentales y mañana serán librados los oficios referidos a la prueba informativa. La próxima reunión de Comisión de los diputados será el martes 7 de marzo a las 13, donde continuará la audiencia testimonial.
Durante la jornada de hoy, el oficialismo votó afirmativamente incorporar en el cronograma de testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta. Juntos por el Cambio se opuso a esta incorporación.
Al comienzo de la reunión, la diputada Gaillard explicó: “Comenzamos la etapa de producción de la prueba. En el día de la fecha van a ser librados los oficios todos, excepto los que van dirigidos a DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) y tienen que ver con cruce de llamadas, para lo cual vamos a requerir la autorización del juez para llevar adelante esa prueba informativa”.
En otro sentido, el diputado Juan Manuel López, vicepresidente de la Comisión y presidente del bloque de la Coalición Cívica, informó que presentaron “un escrito haciendo consideraciones de lo que fue el proceso hasta la fecha”. “Hay una serie de irregularidades que se siguen manteniendo”, expresó el diputado, al tiempo que consideró: “Se avanzó ilegalmente en la etapa probatoria, y a nuestro juicio, se encuentra en riesgo el Estado de derecho, con un grave avasallamiento institucional”.
En respuesta a estos argumentos, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, remarcó: “A lo largo de este proceso de debate seguimos a rajatabla lo que dice el reglamento”.
A la hora de las declaraciones, prestaron testimonio los dos testigos ofrecidos por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos.
Sobre la desestimación de la causa por las conversaciones filtradas entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro (en uso de licencia por esta causa), y Silvio Robles, secretario del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; el juez federal Sebastián Ramos declaró que “las filtraciones tenían origen ilícito”: “Fue un dictamen fiscal legal, razonado y fundamentado en hechos que aportó el Ministerio Público Fiscal”.
Respecto a la misma causa, y en relación a “supuestos indicios de espionaje ilegal”, Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, aclaró: “No tengo ningún vínculo, ni conozco a los jueces del máximo Tribunal”. Además, añadió: “La prueba, eventualmente son los chats, pero el hecho es el funcionamiento irregular de la Corte Suprema en instancia originaria”.
Por otra parte, Cristian Abritta, ex titular de la Secretaría Judicial Nº 5 -que ya no existe en el organigrama de la Corte- explicó cómo funcionaba la designación de causas a las distintas secretarías de la Corte y manifestó que “nunca tuvo conocimiento que existiera un grupo de chat de funcionarios de la Corte”.
A su turno, Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte, fue consultado por una inundación en el despacho del secretario Silvio Robles y por la entrega de vehículos decomisados secuestrados.
El testigo respondió que en el “mes de enero hubo una inundación que afectó el despacho del señor Robles, posterior a la filtración de chats”. “El despacho está inutilizado y en obra”, explicó. Respecto a vehículos entregados a la Ciudad de Buenos Aires, dijo que “se entregan por pedido de distintas jurisdicciones”.
Por su parte, desde las Secretarías Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) declararon Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial Nº 2, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz declaró sobre el funcionamiento de su Secretaría que se encarga de cuestiones previsionales, informa sobre las causas y maneja la circulación de las mismas. A su vez, aclaró que se “asignan por materia y se entrega informe en la mesa de entrada de cada vocalía y, de allí, pasa al letrado que asesora al ministro en la materia”.
Asimismo, Alejandro Daniel Rodríguez contestó sobre la “supuesta arbitrariedad” en la causa coparticipación y con qué criterios se manejó la Corte y expresó que hubo dos audiencias: "Es una valoración que no puedo hacer porque no participé de la confección del proyecto, estos son procesos que recién están en etapa introductoria, no han pasado a la etapa producción de la prueba”. "Tramitan en la Secretaría, pero tienen una sentencia cautelar, que es una medida provisional, que incluso está sujeto a recurso pendiente de resolución por el Tribunal”, aclaró.
Asimismo, como integrantes de la vocalía del juez Horacio Rosatti, declararon Adriana Norma Valinotti y Roberto Miguel Ángel Saggese, quienes respondieron sobre el funcionamiento de la vocalía.
De los testigos convocados, resta la exposición del testigo ofrecido por la diputada Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), Héctor Marchi, de la Secretaría General de la Administración de la Corte.
Mario Cimadevilla, ex integrante del Consejo de la Magistratura y senador mandato cumplido, prestará testimonio en reuniones posteriores, habiéndose ausentado por cuestiones personales.