Durante el encuentro, expusieron representantes del empresariado y de los trabajadores, así como autoridades de institutos de vivienda provinciales, quienes abordaron temas relacionados con la situación actual del sector de la construcción, de la inversión pública, vivienda social y el plan PRO.CRE.AR., entre otros.
El titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, señaló que “los institutos de vivienda son la llave que existe en la Argentina para generar una política de construcción de vivienda, ya que son los únicos que tienen personal idóneo, que están capacitados y que pueden hacerlo para generar una política de inversión pública en viviendas”.
“Debido al costo en dólares del metro cuadrado que imposibilita el desarrollo privado; y, si a eso le sumamos la falta de financiamiento y de crédito, hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos. Más allá de los diferentes gobiernos, todos tenemos un deber que es trabajar para que deje de ser así”, expresó Szczech.
El director Ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, remarcó que “desde que asumió el gobierno actual se han perdido 91 mil puestos formales en la industria de la construcción, de los cuales entre 35 a 50 mil están dedicados a la construcción de la vivienda, y en particular a la vivienda social, que es mano de obra intensiva en comparación con las cuestiones viales”.
En otro orden, Gándara pidió “tener datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina”. En segunda instancia, solicitó “generar un estándar en términos de las normativas provinciales y municipales que traban permanentemente el desarrollo de la vivienda. Por último, sostuvo que “tenemos otra dolencia de parte del estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”.
El presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”. En ese sentido, instó a trabajar “desde las provincias y municipios, el sistema financiero, el sector inmobiliario, los trabajadores y la logística, para confluir y encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.
Al afirmar que para La Pampa “la vivienda tiene un rol estratégico y de desarrollo humano”, Érica Riboyra, titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, manifestó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”. “Es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”, enfatizó.
En tanto, Gonzalo Bardoneschi, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tres de Febrero, requirió “confiar en el mercado”. “Si nosotros pretendemos resolver el acceso a la vivienda de espaldas al mercado y que el Estado se haga cargo de solventar el 100% del déficit habitacional, estamos condenados al fracaso”, sentenció.
También, expusieron, entre otros, Diego Menéndez, administrador del Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires; Víctor Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán; Santiago Maggioti, subdirector del Grupo Bapro; Joaquín Labagnara, presidente de cooperativa adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Marcelo Medina, titular cooperativa Vencedores Vencidos – Movimiento de Trabajadores Excluidos; Ricardo Inti Alpert, director de la Consultora Tecnopolítica; y José Emir Andraos, intendente de Tunuyán, de la provincia de Mendoza.
Al comienzo del encuentro, se avalaron a los diputados Hernán Urien (LLA), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Claudio Álvarez (Innovación Federal) para ocupar las Secretarías que quedaban pendientes.