Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Eduardo A. Fellner.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que fue presentado como expediente 2.618-D.-06.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 1º de la ley 346, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: Son argentinos:

1:Todos los individuos nacidos, o que nazcan en el territorio de la República, con excepción de “los hijos, cuyos padres extranjeros no acrediten un año de residencia inmediata y continua en la República” y los hijos, de ministros extranjeros y miembros de la legación residentes en la República.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Nuestro actual sistema de adquisición de la nacionalidad se rige por el ius soli, esto quiere decir que con el solo hecho de nacer en suelo argentino le da derecho a obtener nuestra nacionalidad; en contraposición a los países europeos que hace siglos adoptaron el ius sanguini a fin de proteger el número y la genuinidad de sus nacionales.

El autor de derecho constitucional, doctor Carlos María Bidegain, en su obra Curso de derecho constitucional, considera que la adopción de un sistema u otro depende de consideraciones de tipo políticas, y solamente en algunos pocos casos se atiende a razones psicológicas que surgen de nacer en un determinado lugar o a la raíz paterna, como ser: motivos de migración, posicionamiento social, el tiempo de permanencia en un país, etcétera. Asimismo, entiende que aparece como una “base natural más sólida el sistema de ius soli pues a la mayoría de los nacimientos le sigue una residencia prolongada en el país.

Ahora bien, cuando al hecho del nacimiento no le sigue una residencia en el país, sino que dicho alumbramiento se hace por la sola razón de atención médica adecuada. ¿Es dable hablar de nacional? Si no existen vinculaciones de ningún tipo entre la persona y la patria, pues se trata de padres extranjeros, con domicilio en otro país, con otras costumbres y otras identidades culturales. ¿Tiene algún sentido seguir otorgando ligeramente la condición de argentino? Creemos que no.

Estamos por la defensa irrestricta de nuestra nacionalidad, pues ella genera una serie de derechos y deberes en los ciudadanos que sirven de sustento al crecimiento del país en todos sus estamentos. La patria se hace grande con el trabajo y el compromiso de los argentinos.

Así, ser nacional acarrea una serie de derechos, deberes especiales entre los cuales encontramos: el de fidelidad (artículo 119 de la Constitución Nacional), el de armarse en defensa de la patria y la Constitución (artículo 21 de la Constitución Nacional) y otras cargas públicas como el caso de participar en los procesos políticos votando o actuando como autoridad comicial.

En el campo de los derechos de los nacionales vemos: la protección diplomática en el exterior; el ejercicio de derechos políticos: elegir y ser elegido para desempeñar las más altas magistraturas políticas y judiciales, etcétera.

Además de estos derechos consagrados expresa o implícitamente en la Constitución encontramos algunas situaciones en las cuales el hecho de poseer calidad de argentino puede derivar en una discriminación favorable en relación a los extranjeros como el caso hoy tratado por el Honorable Congreso de la Nación a través de proyectos que buscan restringir la compra de tierras de frontera a los extranjeros, o la ocupación de cargos en seguridad o defensa.

No se trata aquí de racismo o xenofobia, ratificamos enfáticamente la política de puertas abiertas que traemos desde la primera Constitución de 1853.

Pretendemos proteger nuestra identidad de argentinos, de defender los intereses de la Nación siguiendo la actual tendencia al ius sanguini que en Europa desde antaño se adopta, adecuándolo a nuestra forma de pensar y vivir.

Esto no significa negar el sistema de ius soli sino apropiarlo a las actuales necesidades, evidentes sobretodo en las provincias con mucha frontera internacional como el caso de Misiones donde ciudadanos paraguayos frecuentemente y con el solo objeto de cuidar la salud de sus hijos por nacer, se trasladan a la provincia argentina y allí los nacidos de padres extranjeros sin interés alguno en permanecer o prestar servicios a la Nación adquieren la nacionalidad argentina por estricta aplicación del artículo lº de la presente ley.

Una manera de advertir la existencia actual del problema que pretendemos subsanar es comparar las situaciones que se dan en el orden fáctico: un extranjero que pretenda nacionalizarse argentino deberá acreditar una permanencia en el país de al menos dos años en forma inmediata y continua, a partir de que la Dirección de Migraciones le otorgue el permiso de residencia, aunque este plazo podrá abreviarse cuando la parte acredite haber prestado servicios a la República.

Sin embargo un extranjero con sólo traspasar la frontera puede tener un hijo argentino, que lo será por el solo hecho de nacer en nuestro suelo, sin ningún otro requisito.

Nuestra Constitución en su artículo 75 inciso 12 prevé dos pautas para dictado de ley sobre nacionalidad: a) sujeción al principio de nacionalidad natural y b) por opción en beneficio de la Argentina.

La primera cuestión hace que la derogación del principio del ius soli modificando la ley 346 pueda reputarse inconstitucional.

Igualmente, debemos tener presente que ningún derecho consagrado en la Constitución Nacional es absoluto por lo tanto efectuando una modificación a la ley 346 sin alterar el espíritu de la norma constitucional parece encumbrarse como la solución al problema de entregar nuestra soberanía en forma irrestricta.

La refundación de la Nación se erige hoy como la misión suprema e irrenunciable de todos los argentinos, estamos ante la oportunidad histórica de debatir sobre qué tipo de país queremos, y cómo resguardamos nuestra soberanía, que tiene como elemento imprescindible al conjunto de nacionales, al pueblo.

Por todo lo expuesto es que les solicito a todos mis pares que acompañen este proyecto.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Eduardo A. Fellner.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que fue presentado como expediente 6.058-D.-06.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Artículo 1º – Incorpórase como libro octavo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente: Libro Octavo. Procesos Urgentes. Título Unico: Medidas Autosatisfactivas. Capítulo Unico. Disposiciones Generales.

Art. 2º – Incorpórase como artículo 785 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Artículo 785: Procedencia. Los jueces, a pedido de parte y no obstante la calificación que ésta le hubiere dado a su pretensión, deberán despachar excepcionalmente medidas autosatisfactivas cuando se encontraren reunidos los siguientes recaudos:

a)Fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal, con aptitud para producir un daño o la frustración de derechos;

b)Prima facie, se acredite una fuerte probabilidad de la existencia del derecho;

c)El interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración judicial de derechos conexos o afines;

d)Por la índole o la urgencia de la pretensión, resulte innecesaria y contraria a la economía procesal la tramitación de un proceso principal para satisfacerla;

e)No tramitase un proceso previo o concomitante sobre la misma pretensión;

f)Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, podrá exigir la prestación de cautela suficiente.

Los jueces podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que despacharen y también podrán disponer, a solicitud de parte, prórrogas de los mismos.

Art. 3º – Incorpórase como artículo 786 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Artículo 786: Trámite. Los jueces podrán despachar directamente la medida autosa- tisfactiva postulada o, según fueran las circunstancias del caso y la materia de la medida, podrán decretar con carácter urgente una audiencia para oír a las partes o disponer una reducida sustanciación dentro del término de dos días hábiles desde que fuera postulada la medida, debiendo posteriormente dictarse resolución sin más trámite.

No se admitirán la recusación sin expresión de causa, ni la citación de terceros.

La citación a la audiencia, o, en su caso, el traslado correspondiente, y la sentencia se notificarán por cédula, carta documento o acta notarial, que se diligenciará en el día, con habilitación de días y horas inhábiles. Las demás notificaciones se efectuarán por ministerio de ley, considerándose días de nota todos los hábiles.

Art. 4º – Incorpórase como artículo 787 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Artículo 787: Recursos. Para impugnar la medida autosatisfactiva ordenada, el legitimado podrá optar entre la interposición directa del recurso de apelación que será concedido con efecto devolutivo, o promover un juicio sumarísimo de oposición. Elegida una vía, se perderá la posibilidad de hacer valer la otra.

Para impugnar la medida autosatisfactiva rechazada, el peticionante podrá interponer los recursos de revocatoria y/o apelación según correspondiere.

Art. 5º – Incorpórase como artículo 788 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Artículo 788: Suspensión provisoria. Ninguna de las vías indicadas en la primera parte del artículo precedente impedirá el cumplimiento inmediato de la decisión judicial impugnada; pero los jueces podrán ordenar discrecional y fundadamente la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva otorgada, en el supuesto de que el legitimado acreditare prima facie la posibilidad de sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente.

Art. 6º – Incorpórase como artículo 789 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Artículo 789: Caducidad. No rige en la materia la caducidad correspondiente al proceso cautelar.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La medida autosatisfactiva que proponemos constituye “un requerimiento urgente que se formula al órgano jurisdiccional y que se agota –de ahí lo de autosatisfactiva– con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento” (Peyrano, Jorge W., Un fuerte espaldarazo jurisprudencial a la medida autosatisfactiva, “El Derecho”, tomo 180, página 285). Se endereza a resolver situaciones urgentes o que requieren una solución judicial rápida y autónoma y tiene por virtualidad el tornar abstracta la cuestión –al satisfacer el interés jurídico del solicitante– haciendo innecesaria la tramitación de un proceso principal.

Las medidas autosatisfactivas se enmarcan dentro de los denominados “procesos urgentes”, que atienden a la urgencia, postergando la participación del accionado para un momento posterior a la ejecución de la medida. El auge de este tipo de procesos responde, sin dudas, a que las medidas cautelares resultan insuficientes para satisfacer ciertas necesidades actuales. En efecto, estas últimas tienen por características: su instrumentalidad respecto de un proceso principal al cual subordinan su existencia, y su provisionalidad, por la cual se supedita su vigencia a la de las circunstancias que dieron lugar a su dictado. De lo contrario, la solución cautelar perecerá.

Es importante considerar que actualmente existe un vacío legal procesal, en virtud del cual muchas situaciones cotidianas quedan sin respuesta. Así, entre los precedentes jurisprudenciales (Tribunal Familia Lomas de Zamora, Nº 3, 21/5/1999 - S., M. I., publicado en “Jurisprudencia Argentina”, 2000-II-393), se encuentra aquel despachado a instancias de la madre de una niña de dos años que padecía insuficiencia respiratoria crónica e hipertensión pulmonar y se hallaba conectada a un equipo de oxigenoterapia a domicilio provisto por su obra social. Debido a que la madre de la niña oxigenodependiente fue despedida de su trabajo, quedó inmediatamente desafiliada de la susodicha obra social y, por consecuencia, la empresa proveedora del oxígeno había comunicado a la peticionante que en el término de unos pocos días desconectaría y se llevaría el equipo de oxígeno, con graves riesgos para la vida de la niña. El tribunal –en el mismo día de presentación de la medida autosatisfactiva– ordenó a la obra social y a la empresa proveedora del gas que continúen la administración del oxígeno, y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que provea en el término de diez días hábiles la adecuada prestación de salud. En el expediente se había demostrado la iniciación de los trámites administrativos ante el Ministerio de Salud y la imprecisión de éste en punto al tiempo de espera de la aparatología de reemplazo. El tribunal encuadró el planteo en las medidas autosatisfactivas, fundadas en la “insoslayable jurisdicción oportuna de los derechos humanos primeros de una niña” (sic). Se señaló que el objeto de la acción deducida se había agotado con dicha medida y había dado satisfacción definitiva a su necesidad, por lo que, una vez firme la resolución, resultaba innecesaria la prosecución del juicio de amparo que se había visto obligado a adosar para poder obtener este pronunciamiento.

Se advierte, pues, que las medidas cautelares no logran llenar este vacío dado que son muchas las ocasiones en que lo único que se desea es el despacho cautelar, pero el justiciable se ve obligado a iniciar un proceso principal al solo efecto de evitar la caducidad de aquél. Las medidas autosatisfactivas, en cambio, sí proveen una solución definitiva, lo hacen rápidamente, y al mismo tiempo evitan el inicio de un proceso inútil. En otras palabras, el despacho de una solución autosatisfactiva, a diferencia de las cautelares, no requiere de otra acción principal que acompañe, como en el caso mencionado, al pedido de una autorización judicial para procurar la extensión de la cobertura social y la provisión de la aparatología por parte del Ministerio de Salud. En el fallo presentado, el juez sentó expresamente la innecesariedad del proceso principal por agotamiento de lo requerido con el solo despacho autosatisfactivo.

Esto significa que mediante las medidas autosatisfactivas, cuyo trámite es muy simplificado, pueden proveerse soluciones de urgencia sin necesidad de vencer las barreras burocráticas, desalentadoras y costosas (en términos de tiempo y de gastos) que el proceso clásico presupone.

En consecuencia, las medidas autosatisfactivas alientan al ciudadano a recurrir al juez en procura de una solución expedita, facilitando su acceso a la justicia, a la vez que le evitan al Estado la sobrecarga y el dispendio jurisdiccional que implica la sustanciación de procesos prescindibles e innecesarios. Las medidas autosatisfactivas operativizan el derecho sustancial, sin más y a un bajo costo.

Por otra parte, el aspecto que hace al “derecho de contradicción”, propio de la garantía del debido proceso, tampoco se ve lesionado toda vez que el interesado cuenta con la posibilidad de interponer recursos contra la resolución que las despacha o de iniciar un juicio declarativo posterior.

Las medidas autosatisfactivas presentan también otras ventajas, a saber:

1. Instrumentan la garantía de la “tutela judicial efectiva en tiempo útil”, de rango constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Esta garantía constituye una de las condiciones fundamentales del debido proceso adjetivo, conforme lo sostiene la moderna doctrina procesal. (Mabel de los Santos, El debido proceso en la práctica judicial, “Revista Iberoamericana de Derecho Procesal”, año III, Nº 4, 2004, página 186).

2. Constituyen un remedio mediante el cual los jueces podrán efectivizar la denominada “función preventiva” de la jurisdicción. En consecuencia, se mejora el servicio de justicia en fases previas a la consumación de los daños, a la vez que afianza la legitimación social del juez.

3. Dinamizan al Poder Judicial proveedor de tutela judicial adaptada a la celeridad que los ciudadanos hoy requieren, consagrando una verdadera “justicia de urgencia”. En efecto, la moderna doctrina procesal identifica al proceso urgente como al género comprensivo tanto las medidas cautelares, como también de otro tipo de resoluciones diferenciables y con caracteres propios, como las tutelas anticipatorias (cuya virtud es la de anticipar el contenido de la pretensión, pero sin prescindir del proceso principal posterior ni del amplio contradictorio) y las medidas autosatisfactivas, cuya legislación proponemos.

4. Operativizan la protección de los derechos ya reconocidos en el derecho de fondo, (vgr. la tutela inhibitoria), evitando que se conviertan en una ilusoria expresión de deseos.

5. Consagran la garantía del “plazo razonable”: “de conformidad con la urgencia de los hechos; enaltecen la justicia que llega a tiempo, y no se esconde en un autismo de formalidades y carriles predispuestos y desajustados de la necesidades reales de las personas”. (Peyrano, Jorge W. y Eguren, María Carolina, Medidas autosatisfactivas y su necesidad de regulación legal, Publicado en la revista jurídica “La Ley”, Boletín año LXX, Nº 165, del 28 de agosto de 2006).

6. Compensan la debilidad del justiciable en situación de urgencia: Es que, muchas veces la urgencia coloca al justiciable en posición de “debilidad” dado que le impide asumir el largo tiempo del proceso en su tradicional versión, desalentando posibles reclamos legítimos antes la jurisdicción. “Las medidas autosatisfactivas consagran, así, una suerte de ‘favor debilis’ procesal en beneficio del urgido en el camino de acceso a la justicia”. (Peyrano, Jorge W. y Eguren, María Carolina, Medidas autosatisfactivas y su necesidad de regulación legal, Publicado en Revista Jurídica “La Ley”, Boletín año LXX, Nº 165, del 28 de agosto de 2006).

7. Consagran la vigencia de una “jurisdicción oportuna”, lo cual implica procurar no sólo “dar a cada uno lo suyo” sino hacerlo cuando corresponde, es decir en “tiempo útil” como para satisfacer adecuadamente las expectativas de los justiciable (Eguren, María Carolina, La jurisdicción oportuna, en la obra colectiva Sentencia anticipada (Despachos Interinos de Fondo), Jorge W. Peyrano, director, Carlos A. Carbone, coordinador, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina, año 2000, página 230), pues, un servicio integral de justicia, debe también poder maniobrar con rapidez para responder a las necesidades de la vida moderna.

En cuanto al ámbito de aplicación de las medidas autosatisfactivas, merece señalarse que la doctrina argentina la ha señalado como marco adjetivo adecuado para la tutela de los consumidores y usuarios a la luz de la ley de defensa de los consumidores (ley 24.240: LA 1993-C-3012), para la protección inherente a la intimidad (artículo 1.071 bis CC.), para la proscripción de la violencia familiar (ley 24.270), la protección del derecho al nombre (ley 18.248, artículos 20 y 21 [ALJA 1969-A-413]), la suspensión judicial de las asambleas de sociedades anónimas y de la ejecución de sus resoluciones, para la cesación de infracciones al régimen de propiedad horizontal, para la tutela contra el trato discriminatorio (ley 23.592 [LA 1988-C-3136]), entre otros.¹

En el ámbito jurisprudencial se registran numerosos pronunciamientos en materia de propiedad horizontal,² en cuestiones relativas a medianería,³ en materia societaria,⁴ bancaria,⁵ de familia,⁶ de inmisiones,⁷ en el ámbito laboral ⁸ y previsional,⁹ protección de los derechos de los menores,¹⁰ entre otros. (Peyrano, Jorge W. y Eguren, María Carolina, Medidas autosatisfactivas y su necesidad de regulación legal, publicado en la revista jurídica “La Ley”, Boletín año LXX, Nº 165, del 28 de agosto de 2006).

¹ De los Santos, Mabel, Conveniencia y necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia, “Jurisprudencia Argentina” 1999-IV-992.

² El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción Nº 9 Rosario (S.F.). 00.10.02. C., en autos “A. F./su muerte”, despachó favorablemente una medida autosatisfactiva solicitada por la administradora de un consorcio solicitando se le permita ingresar a una de las unidades cuyo propietario se encontraba fallecido y se desconocía la existencia y paradero de los sucesores, para efectuar –por cuenta del consorcio– reparaciones de cañerías por cuanto se estarían produciendo filtraciones provenientes de esa unidad que generan serio riesgo al edificio y causan perjuicios al resto de los consorcistas además resultar imperioso efectuar tareas de desinfección por cuanto la unidad no reúne las condiciones de salubridad. Se resolvió hacer lugar al planteo de la actora, autorizando como medida autosatisfactiva a la administradora del consorcio referido a ingresar a la unidad de mención por el plazo de dos días prorrogables por igual lapso al solo efecto de efectuar mediante personal idóneo las reparaciones y fumigación pertinentes, designando a la actora depositaria judicial del mobiliario de marras mientras duren los trabajos. En igual sentido se pronunció la Cámara Civil y Comercial de Rosario (S.F.), Sala 4ª, 19/3/01 en autos “Libutti, Graciela Nélida c/propietario y/u ocupante inmueble calle Urquiza 1387 s/medida autosatisfactiva”, considerándose que concurría urgencia computable legítimamente al probarse la existencia de caños rotos y a la vista en permanente y constante drenaje que corresponden a los desagües de la propiedad vecina. En el mismo sentido, ver Cámara de Apelación de Mar del Plata, Sala 1ª, expediente 44.962, “Consorcio de propietarios edificio Terraza Palace c/Aion SAIC y A. s/violación ley 13.512” reg. 279 L:S:1978 del 16/11/78. V. Costantino, Juan, en la obra colectiva Medida autosatisfactiva, Editorial Rubinzal Culzoni, página 493 y siguientes.

³ V. gr. In re Pagano y Cía. Construcciones c/Cons. ed. Amplas s/Demanda. –previa inspección de visu del juez de la causa– se consideró que “procede la medida autosatisfactiva solicitada por el propietario del inmueble contra el lindero para revocar la medianera del edificio si éste lo impide” (Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario (S.F.). 6/10/97). En el caso se sostuvo que la naturaleza ineludible de la restricción le da carácter directamente operativo a la misma, y la entidad dañosa del acto impeditivo del vecino determinan que su atendibilidad deba ser inmediata por aplicación del artículo 3.077 Código Civil –invocado por la peticionante– que dispone: “El que para edificar o reparar su casa tenga necesidad indispensable de hacer pasar sus obreros por la del vecino, puede obligar a éste a sufrirlo con la condición de satisfacerle cualquier perjuicio que le cause”.

⁴ El Juzgado Civil y Comercial Rosario Nº 3, 22/9/96 in re: “Zubeldía, Julio C. v. Cooperativa de Trabajo Ferroviaria Taller Pérez Limitada”, despachó una autosatisfactiva ordenando que se permita al requirente, excluido como socio por resolución asamblearia de la Cooperativa de Trabajo Ferroviaria, el ingreso a la sede de la Cooperativa y el desempeño de sus tareas habituales que le habían sido negados por el presidente del Consejo de Administración, hasta tanto recaiga resolución en el recurso de apelación deducido con efecto suspensivo contra la decisión social. A su turno, el Juzgado Civil y Comercial Rosario Nº 3, 30/10/96 en autos “Raineri, Fernando v. ETA. General Mosconi S.R.L.”, ordenó mandamiento judicial a fin de que el oficial de justicia actuante se constituya en la sede social, notifique la resolución, requiera la exhibición de los libros y documentación social, y permita al accionante –socio gerente de la sociedad accionada– la extracción de copias, debido a que le había sido vedado su derecho al acceso a los libros, documentación y registros computarizados de la sociedad, lo que le ha sido vedado en la práctica. En igual temperamento cfr. Juzgado Civil y Comercial Rosario Nº 3, 28/7/97 - “Marcucci, Osvaldo”, citados por García Solá, Marcela, Medidas autosatisfactivas: Perfiles jurisprudenciales; JA 1998-III-739.

⁵ El Juzgado Civil y Comercial Santa Fe Nº 4, 24/10/97 en autos “Marín, Julio C. v. Banco Azul S.A.”, el Juzgado Civil y Comercial Santa Fe Nº 5, 23/9/97 in re “Elías, Antonio v. Banco Roberts S.A.” y el Juzgado Civil y de Circuito Nº 5 Rosario, 25/4/97 in re “Picazos, Marcelo”, dispuso la eliminación de un dato incluido erróneamente por el Banco Central de la República Argentina, en la base de datos de personas inhabilitadas para operar en cuenta corriente bancaria; precedentes todos estos citados por García Solá, Marcela, Medidas autosatisfactivas: Perfiles jurisprudenciales; JA 1998- III-739.

⁶ Resulta ilustrativo un caso resuelto por el Tribunal Colegiado de Familia Nº 5 Rosario (in re: B., F. C/D.P., R. s/M. Preparatorias, en el mes de mayo de 2004), en que un padre inquieto por no estar totalmente seguro de la filiación de una hija nacida de una madre con la que él había mantenido relaciones sexuales en el tiempo de la gestación, solicitó, como medida preparatoria, la extracción de una muestra (isopado bucal) para hacer el ADN. La madre se negó porque no quería que su hija sea agredida. El juez despachó la medida para aventar la incerteza (artículo 1º CPCC) del peticionante, encuadró –iura novit curiae– bajo el rótulo de medida autosatisfactiva (no como medida preparatoria de una demanda de paternidad) como lo había encauzado el postulante, haciéndolo inclusive mediando oposición de la defensora general. Ello así, teniendo en cuenta que no sería necesario un juicio posterior de estado de familia para evitar su decaimiento o caducidad, puesto que bastará el trámite administrativo del reconocimiento paterno. (Ver Jurisprudencia Santafesina, Nº 59 con nota de Francisco Carlos Cecchini). En otro supuesto, se despachó medida autosatisfactiva para remover vías de hecho unilateralmente dispuestas por la concubina del padre internado en momentos en que su vida corría severo peligro en desmedro de los familiares directos y consanguíneos ordenando al nosocomio que debía asegurar la distribución normal de las visitas de los hijos que lo solicitaran, no mediando oposición del padre. (Juzgado Civil y Comercial de Rosario Nº 13, 23/1/98 - Pérez Blanco, Virginia), El Juzgado Penal Correccional Rosario Nº 3, 29/8/97, in re “Denuncia de Torres, Gloria L.”, invocando razones de humanidad y celeridad procesal, dispuso el despacho de una medida autosatisfactiva ordenando el libramiento de oficio judicial a la seccional correspondiente para que personal policial se apersone junto a la denunciante en el domicilio y asegure el reintegro de sus cosas propias, dado que al requirente le había sido negada por su concubino la entrada al hogar conyugal que compartían desde hacía siete años (fallos citados por García Solá, Marcela, Medidas autosatisfactivas: Perfiles jurisprudenciales; “J. A.” 1998-III-739).

⁷ Se ordenó medida autosatisfactiva ordenando la realización de las obras necesarias para que la cesación de las molestias causadas al propietario de un inmueble por la invasión en el mismo de humo, olores, emanaciones y ruidos que provoca la chimenea instalada en el bar situado en la planta baja de la misma propiedad. La sentencia hace lugar a lo peticionado y ordena la realización de la obras necesarias para que cesen las inmisiones en el término de cinco días. (Juzgado Civil y Comercial de Rosario Nº 6, 11/97 - Ninotti, Néstor H. v. Gastronomía S.R.L.).

⁸ V.gr. Se acogió pretensión autosatisfactiva tendiente a que la accionada abone haberes y demás rubros emergentes del despido incausado, por considerarse probado el vínculo laboral, la voluntad rupturista arbitraria por parte del empleador, la antigüedad y categoría de la accionada, considerándose justo no someter al trabajador a los tiempos excesivos del proceso ordinario y ordena –con ciertas rectificaciones en relación a los montos y conceptos peticionados– el pago de los rubros respectivos, en el término de tres días. (Juzgado del Trabajo, Rosario, Nº 3, 25/3/98 - Torres, María del Carmen v. Barrios, Blanca I. y quien resulte responsable, apelada), citado por Marcela García Solá en la obra citada.

⁹ En tal sentido resulta muy recomendable la lectura de la pieza doctrinaria elaborada la doctora Marcela García Solá, a partir del análisis de precedentes jurisprudenciales en Medidas autosatisfactivas: Perfiles jurisprudenciales; JA 1998-III-739.

¹⁰ En relación a la protección de los derechos de los menores, es muy interesante el caso decidido por la Justicia de Primera Instancia Mendocina, el 5 de diciembre de 2005 (en autos 47294, caratulados “Andino, Elsa Noemí y Díaz, Luis Jesús P/Medida Autosatisfactiva”) en punto a un cuestionamiento efectuado por los padres de un menor futbolista, que se viera impedido de obtener el “pase” a otra entidad deportiva sin antes abonar la suma de $ 3.000. Dada la habitualidad que ha adquirido en el medio futbolístico amateur el cuestionamiento de los “pases” de los niños y adolescentes de un club a otro, se dispuso la libertad de acción del menor para desarrollar la actividad deportiva futbolística que practica donde crea más conveniente con el fin de obtener mayor y mejor capacitación con visión de profesionalismo, más allá de los derechos que puedan tener quienes colaboren con él en esta preparación. También se ha resuelto que acoger la medida autosatisfactiva presentada por los padres de una menor, deportista amateur que representa al país y que ostenta el título de campeona mundial juvenil en la práctica de taekwondo. Se dispuso que la Secretaría de Deportes de la Nación asigne una beca deportiva a fin de que pueda continuar con la práctica de su deporte. Se consideró que este requerimiento urgente formulado por los progenitores tuvo por objeto la tutela jurisdiccional inmediata a fin de prevenir un daño irreparable como sería el transcurso del tiempo sin posibilidad de competir o en el caso conservar el cetro mundial, para una menor de edad que no obstante cumplimentar sus padres con las obligaciones emergentes de la patria potestad -especialmente la cuota alimentaria- no alcanzan materialmente a costear los gastos referidos. Tribunal Colegiado de Familia Nº 5. 20/05/99. in re: C., I.R.O. c/L., A. M. J. s/Demanda de fijación cuota alimentaria. Portal de la Editorial Zeus, www.editorialzeus.com.ar, Sección Colección Zeus - Jurisprudencia, documento número 00399.

Las medidas autosatisfactivas gozan de reconocimiento legislativo en diversas leyes provinciales y ha sido incluida bajo esa denominación en el artículo 305 Código Provincial, La Pampa (ley provincial 1.828, que comenzara a regir el 1/2/2000) –aun cuando limitada al amparo judicial–, en el artículo 232 bis, Código Provincial, Chaco, por la ley provincial 4.559 (LA 1999-B-2058) y en la provincia de Santa Fe a través del artículo 5º ley 11.529 (LA 1998-A-1178), relativa a la protección contra la violencia familiar. También la incorporan el anteproyecto para Santa Fe del Ateneo de Estudios Procesales de Rosario en su artículo 21 bis, el proyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (1993-1997), proyecto de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (1997), el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborado por los doctores Morello, Eisner, Kaminker y Arazi, y el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza.

El instituto que proponemos goza de un alto crédito en la doctrina y en la jurisprudencia nacional, por lo que resulta no sólo aconsejable sino también necesaria su implementación legislativa para evitar que muchos despachos urgentes resulten rechazados por ausencia de regulación expresa. A su vez, el carácter excepcional de su aplicación, también justifica su regulación legal, a fin de que la figura resulte ejecutada adecuada y prudentemente desde los estrados judiciales, evitando así su errónea generalización.

Las medidas autosatisfactivas acogen aquella aguda advertencia de Couture: “En materia de procedimiento, el tiempo es algo más que oro, es justicia”.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este proyecto.

–A la Comisión de Justicia.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Eduardo A. Fellner.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción proyecto de ley de mi autoría, que fue presentado como expediente 7.025-D.-06.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Artículo 1° – Establécese la obligatoriedad para los portadores de armas de fuego, armerías, talleres de reparación y montaje de armas de fuego, recargadores de munición, fábricas y fabricantes de armas de fuego y materiales controlados de contar con un seguro de responsabilidad civil.

Art. 2° – Establécese que aquellos extranjeros que ingresasen al país armas de fuego en carácter de portadores deberán adquirir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil para portadores de armas de fuego en los términos de la presente.

Art. 3° – El seguro establecido en los artículos anteriores deberá cubrir los eventuales daños ocasionados a terceros y/o sus bienes derivados por los riesgos del uso, manipulación, tenencia y almacenamiento de armas de fuego.

Art. 4° – Los portadores de armas de fuego actualmente habilitados contarán con sesenta (60) días a partir de la publicación de la reglamentación de la presente ley en el boletín oficial para obtener el seguro y presentarlo a autoridad de aplicación.

Art. 5° – Las armerías, talleres de reparación y montaje de armas de fuego recargadores de munición, fábricas y fabricantes de armas de fuego y materiales controlados habilitadas contarán con ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la reglamentación de la presente ley en el boletín oficial para obtener el seguro y presentarlo a autoridad de aplicación.

Art. 6° – La autoridad de aplicación y control de la presente ley será el Ministerio del Interior a través del Registro Nacional de Armas (RENAR), el cual deberá desarrollar las disposiciones administrativas para su cumplimiento y aplicación derivadas de la reglamentación de la presente ley.

Art. 7° – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación, serán sancionadas por las autoridades de aplicación.

Serán de aplicación a tal efecto el artículo 36 de la ley 20.429.

Art. 8° – La presente ley complementa lo establecido por ley 20.429, su decreto reglamentario 395/75 y demás normativa de aplicación, y deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde la vigencia de la presente.

Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Bajo la legislación vigente actualmente en la Argentina, las víctimas de hechos de violencia derivados del manejo de armas de fuego se encuentran desprotegidas. Las víctimas no tienen cómo ni dónde obtener una reparación patrimonial ya que la actual legislación no contempla como requisitos que las personas portadoras posean una situación personal de solvencia económica para poder acceder a la portación, siendo esto también aplicable a los dueños de armerías y talleres de reparación y montaje de armas de fuego.

El arma de fuego no acciona por sí sola sino que la maneja una persona. En ocasiones, por negligencia del que la tiene a su cuidado o por defectos propios, el arma es susceptible de causar daños. El portador es quien por utilizar el arma de fuego es responsable de la misma y por lo tanto tomando conciencia de los riesgos que implica su posesión y utilización debe estar alentado a asegurarse impulsando de esta manera una aseguración colectiva que implicaría según las leyes de la oferta y la demanda precios relativamente bajos en los seguros.

Según estudios desarrollados por la Universidad de Buenos Aires, y como se puede ver diariamente en los medios de comunicación, accidentes y actos de negligencia dejan una alta cifra de heridos y daños materiales cotidianamente en la Argentina. La idea de la presente ley es el proteger a terceros por los daños que pudieran sufrir a causa de negligencias o contingencias; si existe una actividad en la que este concepto de protección, reparación e indemnidad debería primar es en la actividad del manejo de armas de fuego.

Sectores académicos y de la sociedad civil han expresado en diferentes oportunidades que la creación de un seguro obligatorio para portadores de armas de fuego así como para armerías y talleres de reparación y montaje es vital para proteger patrimonialmente a inocentes que pudieran ser damnificados en su persona o en sus bienes a causa del manejo imprudente, descuidado o negligente de armas de fuego. Por otra parte, en otros países se han impulsado leyes en relación a lo propuesto en este proyecto.

Los elementos inanimados como son las armas de fuego no hacen daño por sí solos; necesitan una persona que las maneje y ella es la responsable ante la ley. El presente proyecto busca subsanar un vacío legal en la Argentina protegiendo a la ciudadanía en relación a la temática de las armas de fuego.

Por lo expresado solicito a los señores diputados que acompañen y aprueben el presente proyecto.

Es por ello que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.

–A las comisiones de Seguridad Interior y de Economía.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Eduardo A. Fellner.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que fue presentado como expediente 7.107-D.-06.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Artículo 1º – Todos los educandos tienen el derecho a recibir educación nutricional, a fin de establecer hábitos alimenticios saludables, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal o privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

Art. 2º – Será obligatorio que en dichos establecimientos educativos se creen espacios de formación para padres o responsables a fin que se los instruya sobre los aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, pedagógicos, etcétera, en relación a la nutrición de niños, niñas y adolescentes y de la nutrición en general.

Art. 3º – Entiéndase como educación nutricional a aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, etcétera, relacionados con procesos fisiológicos por medio de los cuales el cuerpo humano recibe, transforma y utiliza sustancias químicas contenidas en alimentos a fin de nutrir las células que constituyen sus tejidos.

Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:

–Incorporar a la educación nutricional dentro del programa educacional nacional, con el fin de mejorar la formación de la población civil.

–Asegurar la transmisión de conocimientos precisos, confiables, actualizados y profesionales sobre los aspectos de la educación nutricional y los necesarios cambios de hábitos para una correcta nutrición de las personas.

–Promover actitudes responsables respecto a la nutrición del cuerpo humano.

–Contribuir a la salud social a través de la prevención de enfermedades en general y las relacionadas expresamente con el sobrepeso o la desnutrición, tales como: diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, estatura corta, bajo aprendizaje, enfermedades hepáticas, etcétera.

–Evitar el sedentarismo promoviendo el esparcimiento infantil y el ejercicio físico.

–Capacitar a las familias en nutrición, lactancia materna, desarrollo infantil y economato.

–Reducir la tasa de desempleo a través de la utilización de profesionales de la educación, la nutrición y la psicología.

–Conseguir un mejoramiento inmediato de la calidad de la educación en el país.

–Controlar la malnutrición infantil, la obesidad y las alteraciones nutricionales en el país.

–Lograr una igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, contribuyendo a eliminar cualquier tipo de discriminación o maltrato a personas que posean problemas de sobrepeso, etcétera.

Art. 5º – Créase el Programa Nacional de Educación Nutricional en el ámbito de los ministerios de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología con la finalidad de cumplir los preceptos establecidos en la presente y en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la protección de su salud y educación.

Art. 6º – Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Nutricional están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria, y serán realizadas por profesionales matriculados en la materia a través de organizaciones no gubernamentales acreditadas en el área.

Art. 7º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Nutricional, adaptando las propuestas a su realidad ambiental y sociocultural.

Art. 8º – Los ministerios de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología definirán, en consulta con los respectivos consejos de Salud y Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación Nutricional, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley.

Art. 9º – Coordinación. Créase, para la coordinación del programa:

–La Comisión Nacional de Educación Nutricional, integrada por un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social y por organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas que se identificaren con la temática de la presente ley.

–Comisiones provinciales con similares miembros.

–Comisiones municipales y/o comunales con idénticos integrantes.

Art. 10. – Son funciones de la Comisión Nacional de Educación Nutricional, entre otras:

a)Diseñar las estrategias para la implementación del presente programa;

b)Fijar los mecanismos de control a través de organizaciones no gubernamentales que permitan una evaluación permanente de la marcha del programa y de sus resultados;

c)Dar la más amplia difusión de los objetivos del programa en los distintos niveles del sistema educativo;

d)Diseñar propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las necesidades de los grupos etarios;

e)Diseñar, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar a nivel institucional;

f)Promover programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores en el marco de la formación profesional continua.

Art. 11. – Los integrantes de la Comisión Nacional de Educación Nutricional no percibirán salario alguno por el ejercicio de los cargos que se le impusieran, siendo su actuación ad honórem.

Art. 12. – La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva. Los ministerios de Salud y de Educación, Ciencia y Tecnología establecerán en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo no mayor a tres (3) años.

Art. 13. – La Nación acordará con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades el desarrollo y la ejecución del presente programa y la integración con los programas ya existentes.

Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Es público y notorio que en los grandes centros de población mundial surgen cada vez más problemas relacionados a la mala alimentación de sus habitantes, lo cual se transforma en situaciones de riesgo que ponen en peligro la salud de la población mundial.

Nuestro país no es ajeno a tales circunstancias; a cada momento vemos que la población argentina es víctima de una nutrición insuficiente, lo que encuentra su causa en una cultura globalizada que pondera el consumo de alimentos ricos en grasas, conservantes, acidulantes, endulzantes, etcétera, e impone estándares de belleza que se rigen por una delgadez casi extrema. Asimismo, la Argentina posee una cultura histórica grabada en su ciudadanía que pondera un consumo carnívoro y graso excesivo.

Dichos factores provocan, ante la realidad social y frente a la ausencia de una cultura nutricional responsable, el aumento de los índices estadísticos de obesidad, sobrepeso, anorexia, bulimia, etcétera, en los ciudadanos, lo que trasciende y fomenta una variada gama de enfermedades.

Siendo que nuestro país posee una amplia y variada disponibilidad de alimentos, no es posible que un millón (1.000.000) de niños menores de 6 años tengan una dieta baja en calidad de nutrientes esenciales como calcio, vitamina C, zinc o hierro, y unos trescientos mil (300.000) ya ingresen en la escuela con problemas de sobrepeso y obesidad.

Es por ello que el presente proyecto de ley tiene como finalidad instruir a la ciudadanía a cambiar hábitos alimentarios arraigados y surge como contrapartida frente a las nuevas costumbres que aquejan al ser humano actual, tales como el sedentarismo, el estrés, la obesidad, discriminación, etcétera.

La medida se dirige directamente al período escolar debido que es un lapso especialmente receptivo para el aprendizaje, lo cual se multiplica y transmite a los hogares. El ambiente escolar es un modelo en sí mismo para la formación integral de los niños y adolescentes y, en la medida en que el mismo se encuentra alineado con estilos de alimentación sanos, contribuirá a la mejor formación de hábitos nutricionales perdurables, lo que implica una mejor calidad de vida.

Cada vez son más los adolescentes sedentarios; estudios demuestran que el 15 % es hipertenso, el 10 % es activo, el 15 % muy activo y sólo el 3 % es deportista.

El síndrome metabólico, que son los aspectos de nuestro metabolismo que se van modificando, es vital para determinar si la hipertensión, la curva de glucosa, la incidencia del perímetro de cintura que tiene que ver con la obesidad y el riesgo de las grasas en el abdomen atentan en forma directa como los posibles factores de riesgo.

En segunda instancia, es orientada a los padres a fin de hacerlos partícipes de los beneficios que trae aparejada la buena alimentación y hacer realidad los cambios de hábitos alimentarios que se pretenden modificar.

El objetivo es educar a la población de diferentes niveles sobre salud, nutrición y consumo responsable de alimentos con una visión de futuro, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y, a raíz de ello, conseguir un mejor desempeño del rol de Estado como responsable de la educación y la salud social.

No debe olvidarse que uno de los males del siglo XXI son las llamadas “enfermedades de la civilización”, tales como la obesidad, desnutrición, sobrepeso, estrés, etcétera, que producen no sólo deficiencias a nivel físico, sino que también provocan cambios en la psiquis de las personas, que se traduce en descensos en la capacidad cognitiva, en la producción laboral y un sinnúmero de incidencias negativas en el desarrollo social y estatal.

Una alimentación correcta, variada y completa, una dieta equilibrada, permite que nuestro cuerpo funcione con normalidad, que cubra nuestras necesidades biológicas básicas y previene el riesgo de padecer alteraciones o enfermedades a corto y largo plazo. Es por ello que las líneas actuales de investigación se centran no sólo en el consumo de energía y nutrientes (proteínas, grasas e hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua), sino también en otros componentes no nutritivos de los alimentos que se comportan como elementos protectores frente a estas y otras enfermedades; hablamos concretamente de las fibras y de los antioxidantes naturales, presentes fundamentalmente en los vegetales.

En estas últimas semanas vimos cómo la población se manifestó en distintos puntos del país a fin de reclamar al Estado una solución de problemas derivados de la obesidad –fomentado por un programa televisivo–. La solución de este tipo de problemáticas no se obtienen con medidas superficiales, sino que resulta necesario una medida de fondo que haga partícipe a la sociedad y la haga responsable de solucionar dichos problemas por sí misma. Es el Estado quien debe proporcionar los elementos necesarios para tal fin.

La toma de conciencia es sumamente importante; vimos en estos días a una mujer de 21 años con 28 kilogramos de peso, lo cual puso en juego su vida debido a no querer comer por verse estéticamente “gorda”.

Este tipo de trastornos requiere un tratamiento y un acompañamiento que trasciende de los conocimientos docentes que se pudieren emplear en las escuelas; es por ello que se pretende que la enseñanza sea impartida y monitoreada por profesionales de las áreas pertinentes.

Es notorio que el elemento más codiciado que el Estado puede proporcionar a sus ciudadanos es la enseñanza, a fin de contribuir a su capacitación para hacer frente a problemas que la aquejan.

La enseñanza es el arma de mayor jerarquía que podemos dar a nuestros sucesores y el arma más importante que podemos emplear para socavar las insuficiencias que nuestra población viene padeciendo, ayudándola a erradicar ciertos hábitos que terminarán por destruir su bienestar.

Por tales razones es que solicito a mis pares que se acompañe el presente proyecto.

–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

Artículo 1º – Modifícase la ley 19.279 modificada por la ley 22.499 y ley 24.183 de la siguiente forma:

1. Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán derecho, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación, a acogerse a los beneficios que por esta ley se les acuerda con el objeto de facilitarles la adquisición de automotores o motovehículos para su uso personal, a fin de que ejerzan una profesión, o realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una normal vida de relación, que propendan a su integral habilitación dentro de la sociedad.

2. Artículo 3º: Los comprendidos en las disposiciones de esta ley podrán optar por uno de los siguientes beneficios para la adquisición de un automotor o un motovehículo nuevo:

a)Una contribución del Estado para la adquisición de un automotor o un motovehículo de industria nacional la que no superará el cincuenta por ciento (50 %) del precio al contado de venta al publico del automotor o motovehículo Standard sin accesorios opcionales ni comandos de adaptación;

b)Adquisición de un automotor o un motovehículo de industria nacional de las mismas características de las indicadas en el inciso anterior con exención de los gravámenes que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos por la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, y la ley de impuestos al valor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, en este último caso con el tratamiento previsto en el artículo 41 de la ley de dicho impuesto.

3. Artículo 4º: El Ministerio de Economía y Producción emitirá certificados en relación con la contribución estatal a que se refiere el artículo 3º, inciso a), a favor de la persona con discapacidad o instituciones asistenciales, en la forma que determine la reglamentación. El rescate de dichos certificados se realizará con imputación a rentas generales, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo arbitrará las partidas pertinentes en el Presupuesto General de la Nación. Estos certificados deberán ser utilizados para el pago de impuestos, según lo establezca la reglamentación.

4. Artículo 5º: Los automotores o autovehículos adquiridos conforme a la presente ley y/o regimenes anteriores, serán inembargables por el termino de cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a titulo gratuito u oneroso. La reglamentación que tendrá que ser simple y comprensible, establecerá:

a)El procedimiento que deberán ajustarse los beneficiarios para la periódica verificación del uso y tenencia personal del automotor o motovehículo;

b)La reducción del plazo de cuatro (4) años establecidos anteriormente, en los casos que se justifique;

c)El procedimiento y condiciones para la renovación de la unidad por el beneficiario;

d)La contribución del Estado prevista en el artículo 3º, inciso a) de la presente.

5. Artículo 7º: El Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y control de esta ley. Los organismos nacionales, provinciales y municipales deberán prestar toda la colaboración que aquel les requiera y que sea necesaria para el mejor cumplimiento de las disposiciones de la presente.

6. Artículo 8º: El Banco de la Nación Argentina deberá otorgar préstamos para la adquisición de automotores o motovehículos de fabricación nacional, a los beneficiarios o sus progenitores en caso de ser menores de edad, comprendidos en el artículo 3º, limitándose el monto de aquellos al setenta por ciento (70 %) de la contribución estatal que se otorgue en cada caso. cuando no se opte por la contribución estatal el monto del crédito a otorgar será hasta el setenta por ciento (70 %) del valor de la unidad deducidos los gravámenes según cláusula b) del artículo 3.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El día 4 de octubre de 1971 se promulga la ley 19.279 mal llamada “automotores para lisiados”. Posteriormente, fue parcialmente modificada por las leyes 24.183 y 22.499 fue reglamentada mediante decreto 1.313/93.

Esta ley fue dictada con el objeto de otorgar a personas con discapacidad exenciones impositivas para la compra de automotores nuevos (0 km).

El fin en definitiva es brindarle medios de movilidad a todas aquellas personas que tengan impedimentos para manejar en medios de locomoción pública.

Este beneficio es para las personas que tienen incapacidades motrices, viscerales o visuales y los vehículos pueden ser adquiridos tanto por la persona discapacitada como por su grupo familiar conviviente pero siempre a nombre del discapacitado.

Los vehículos adquiridos pueden ser nacionales o importados. La diferencia en un caso u otro es el porcentaje de bonificación. En los nacionales, el 21 % correspondiente al IVA (impuesto al valor agregado), y en los extranjeros, impuesto y gravámenes de importación, con un porcentaje aproximado entre 33 % y 45 %.

El resto de los beneficios de esta ley es la exención del pago de patentes (rentas provinciales) y el libre tránsito y estacionamiento.

El trámite para obtener el beneficio se realiza primero en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo éste que hace el estudio de la capacidad económica de las personas discapacitadas y del grupo familiar conviviente.

Posteriormente, se tiene que gestionar ante el Servicio Nacional de Rehabilitación un chequeo de la discapacidad y la posterior aprobación y permiso de compra, llamado “disposición”.

Para el primer trámite, una vez que el interesado tiene seleccionado el vehículo a comprar y la respectiva factura pro forma, hay que ver si se cumple con los requisitos necesarios para evaluación de la AFIP:

1. Tener el importe total que figure en la factura pro forma depositado en una cuenta bancaria, en títulos, acciones o en bienes de fácil realización.

2. Tener un ingreso mensual superior al 5 % del valor del vehículo a comprar.

En función de estos parámetros y otros de máxima, la AFIP extiende una autorización para la adquisición del vehículo.

Con este documento el interesado pasa al Servicio Nacional de Rehabilitación de la persona con discapacidad donde tiene que solicitar turno para junta médica a efectos de constatar su discapacidad. Realizada la junta médica, pasa al departamento legales de dicho instituto.

Una vez resuelto el trámite, este organismo mediante resolución otorga el permiso de compra.

Así como está planteado hasta ahora, se han recabado datos al organismo dependiente del Ministerio de Salud sobre las franquicias otorgadas desde el año 2002:

AñoBeneficios

2002697

2003276

2004576

2005870

2006911

2007519

Total3.849 franquicias

La última encuesta nacional de personas con discapacidad (ENDI) del año 2002-2003 en todo el país nos muestra la siguiente realidad:

UnaDos o másTotal

discapacidaddiscapacidadesdiscapacidades

1.609.1181.277.3252.886.443

Con claridad se puede ver que las franquicias otorgadas por la ley 19.279, sus modificatorias y su decreto reglamentario 1.313/93 sirvió para beneficiar solamente a 3.849 personas con discapacidad, con una equivalencia de 1,3 % o (uno punto tres por mil) sobre el total de las personas que sufren ante una discapacidad.

Indudablemente, surge a la vista que esta ley ha perdido totalmente su eficacia. En seis años se otorgaron únicamente 3.849 franquicias y fueron dirigidas únicamente a los interesados que podían tener en una cuenta bancaria un monto de dinero para pagar al contado el vehículo con la exención impositiva.

Se trata entonces de replantear dicha ley con lo cual se daría un paso importante para usar más eficazmente los recursos disponibles, tendientes a otorgar mayores y más justos beneficios a los discapacitados.

Antes de concentrarme en las modificaciones a realizar me permito las siguientes consideraciones:

–El Servicio Nacional de Rehabilitación, órgano programático de la aplicación de leyes sobre esta temática, promueve desde hace años una política tendiente a la certificación de discapacidad. Sin embargo, aproximadamente sólo un 20 % de la población de personas con discapacidad tiene su certificado. El resto (alrededor de 2 millones en todo el país) no (tienen el certificado), y por consiguiente no pueden gozar de sus derechos, obviamente otorgados por leyes nacionales.

–Lamentablemente, dichas leyes no están aportando en modo alguno justos beneficios a las personas con discapacidad. Por ese motivo urge actualizarlas para hacerlas más humanas y reglamentarlas con trámites menos engorrosos, que además son realizables en capitales de provincias y no en todas.

–Sólo así estaríamos sentando un precedente edificante frente a esta falta de respuestas que sufren los discapacitados y que en definitiva atenta contra la inclusión de este grupo de personas en la sociedad de la que también forman parte.

Cabe aguardar que la sociedad y el Estado deben preservar como nunca el orden social en estas situaciones.

–La Constitución Nacional es clarísima al respecto: deben promoverse medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

–El gobierno de la Nación tiene que garantizar que personas con capacidades diferentes puedan ejercer su derecho a la libertad, a la salud, a la educación y al trabajo y que puedan decidir libremente qué lugar de la comunidad quieren ocupar.

Las modificaciones propuestas son en definitiva las que permitan hacer a la ley original más amplia y abarcativa, adaptándola a la vez a la actualidad.

Una de las modificaciones propuestas más importante es la extender el beneficio para la compra también de motovehículos, cuando la familia de la persona con discapacidad no pueda acceder a un automotor.

Otra modificación propuesta es permitir el acceso al crédito, que en este caso lo otorgará el Banco de la Nación Argentina (al haber desaparecido la Caja Nacional de Ahorro hace varios años) a los progenitores cuando las personas con discapacidad sean menores de edad.

Por último, bregar con este proyecto que el decreto reglamentario que se redacte al efecto sea dictando un trámite, para lograr el beneficio o franquicia que se pueda realizar en forma simple y no tan engorroso como el vigente.

Señores diputados, en la total seguridad que apoyarán este proyecto que vendrá a dar un verdadero, justo y humano beneficio a un sector de la comunidad, que sufre y se siente excluido de nuestra sociedad.

–A las comisiones de Discapacidad, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) - Secretaría de Minería de la Nación informe con carácter de urgente a esta Honorable Cámara:

I. Cuáles son los motivos por lo que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio y Minera Alumbrera Limited, no hicieron entrega al estado de la provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán, de la totalidad de ganancias que se obtuvieron a partir del año 2002, y que fueron pactados en el contrato del año 1997.

II. Cuál fue el criterio de distribución, a los socios de YMAD, de los únicos importes que se entregaron en el año 2006 y 2007.

III. La información requerida debe acompañarse con un informe económicofinanciero pormenorizado, del desarrollo de la producción y comercialización de los minerales.

Señor presidente:

Con fecha 6 de febrero de 2007, mediante Orden del Día Nº 1.887, la Comisión de Minería aprobó los proyectos 6.899-D.-05; 6.988-D.-07 y D.-6.860, de pedidos de informes al Poder Ejecutivo nacional, los cuales fueran posteriormente aprobados por la Honorable Cámara de Diputados.

En dichos proyectos se solicitan una serie de informes referidos a las ganancias que, según contrato de Unión Transitoria de Empresas, se obtienen –y han obtenido–, de la explotación que se está llevando a cabo en el yacimiento Bajo La Alumbrera en la provincia de Catamarca.

Como se sabe, este contrato fue celebrado entre Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la empresa Minera Alumbrera Limited; siendo YMAD una sociedad nacional cuyos integrantes son el estado de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.

Estos pedidos de informes aunque han sido presentados en el mes de febrero de 2006, hasta la fecha no han sido respondidos, lo que ha impedido conocer en detalle, ni de ninguna otra forma, las utilidades que por imperio contractual le corresponden a la provincia de Catamarca. El pertinaz silencio observado ante el formal requerimiento de información formulado, pone de manifiesto que la conducta de las personas que tienen a su cargo la explotación de referencia no se compadece con la transparencia que se debe observar, cuando de bienes que pertenecen al erario público se trata, es así que estimo –por las razones que infra expondré– que no se están entregando al fisco nacional; al Tesoro provincial de la provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán, las sumas de dinero que en realidad les correspondería.

Ante la gravedad del tema y a la obligación que tenemos los representantes del pueblo de cuidar sus intereses, es que insisto en este pedido, cuyo tratamiento considero de suma urgencia.

No abundaré en detalles, habida cuenta que los fundamentos del presente pedido están expresados con claridad en los expedientes mencionados al comienzo; razón por la cual pasaré a detallar la situación económica de este contrato y que da origen a esta solicitud de informes.

En este cuadro están reflejadas las ganancias empresarias que obtendría la UTE hasta el 2007 inclusive, según contrato de 1994.

AñoAnualesAcumuladas

2002145,94145,94

2003147,47293,41

200497,54390,95

2005204,55595,51

2006283,83879,33

2007163,521.042,85

De igual forma que el cuadro anterior estos valores son las ganancias según contrato modificado del año 1997.

AñoAnualesAcumuladas

2002172,20172,20

2003174,01346,21

2004115,10461,31

2005241,37702,68

2006334,921.037,60

2007192,951.230,55

En este cuadro se muestran las ganancias que obtendría el socio YMAD de la UTE, según contrato 1997.

AñoAnualesAcumuladas

200234,4434,44

200334,8069,24

200423,0292,26

200548,27140,53

200666,98207,51

200738,59246,10

Similar al cuadro anterior estas son las ganancias que hasta el año 2007 tendría que haber recibido la provincia de Catamarca.

AñoAnualesAcumuladas

200224,1024,10

200324,3648,46

200416,1164,57

200533,7998,36

200646,88145,24

200727,01172,25

2006YMAD33 millones

Catamarca18 millones

2007YMAD82,8 millones

Catamarca52,60 millones

Totales

YMAD115,80

Catamarca70,60

Los cuadros V, VI y VII muestran cuáles fueron los únicos ingresos que tuvo YMAD y como resultado de ello a la provincia de Catamarca por el porcentaje que le corresponde.

Millones de u$s

AQUI VA GRAFICO

Gráfico ilustrativo de las ganancias que se tendrían que haber obtenido, según contrato, por YMAD y el gobierno de Catamarca y los importes que realmente se distribuyeron por este concepto. Con toda claridad se observa, la enorme diferencia económica y financiera entre lo pactado y lo realmente realizado.

* Los resultados numéricos formulados en el presente, que no han sido observados en la práctica, y que marcan la importante diferencia entre las ganancias que se tenían que obtener y las que se obtuvieron. Esto, sumado al silencio cuando existe la obligación de contestar por parte de los responsables de la explotación del yacimiento de marras (YMAD), contravienen principios esenciales del sistema republicano de gobierno, como el de la publicidad de los actos, el que se encuentra íntimamente concatenado con otro principio de raigambre constitucional como lo es el derecho de acceso a la información, hacen suponer que detrás de estas conductas atípicas podría estar escondiéndose la figura criminal de la defraudación.

–A la Comisión de Minería.

La Cámara de Diputados de la Nación

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a efecto de realizar una investigación que determine si se ha concretado el contrabando de fósiles a Estados Unidos, a través de la empresa Rhodo Co., asimismo si en dicho envío ilegal se encontraban minerales provenientes del Yacimiento Minas Capillitas de la provincia de Catamarca.

Señor presidente:

Este proyecto de declaración está dirigido a que el Poder Ejecutivo nacional a través del/los organismos correspondiente, informe acerca de un hecho de posible contrabando de restos fósiles hacia los Estados Unidos.

Ha tomado estado público, en medios de prensa, un contrabando de restos fósiles, desde nuestro país hacia Estados Unidos, más precisamente Tucson, Arizona.

En efecto, la aduana norteamericana advirtió el contrabando y en el caso fue involucrada por Interpol, la empresa Rhodo Co, supuestamente socia de Minera Andina, firma ésta que tiene a su cargo la explotación de Minas Capillitas, en el departamento Andalgalá de la provincia de Catamarca.

El juez en lo Penal y Económico, Marcelo Aguinsky, remitió a la justicia de ese país un exhorto solicitando informes para conocer en profundidad el tema y de este modo determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a  la/s empresa/s involucrada/s.

El informe periodístico resalta que “la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que investigaba una denuncia por presunto contrabando de fósiles, llevó a cabo un procedimiento en Tucson, Arizona, donde descubrió un cargamento de moluscos fósiles, piñas de araucaria y pinzas de cangrejo además de tres huevos de dinosaurio, valuados en u$s 4.000, cada uno”.

Este material habría sido reconocido por expertos argentinos como característicos del sur argentino en donde Minera Andina tiene minas de donde extrae fluorita.

Existiría en la provincia de Catamarca, una denuncia en contra de uno de los propietarios de la empresa Rhodo Co., por falta de pago de un cargamento que fuera llevado a la Feria Internacional de Gemas de Tucson, precisamente donde se encontró el cargamento de fósiles, presuntamente sacados del país en forma clandestina.

Además, el Concejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá, también estaría reclamando a dicha firma las regalías por la extracción de ese material.

Esta empresa, aparentemente, no cumple con sus obligaciones tributarias para con la provincia de Catamarca, aduciendo que tendrían “parado” un juicio en contra de la provincia, que resultaría sumamente perjudicial para ésta, de acuerdo a expresiones de concejales del municipio de Andalgalá.

Resulta, altamente preocupante, que empresas que explotan valiosos e irrecuperables recursos naturales de nuestro país, se vean, posiblemente involucradas, en un contrabando de restos, de enorme valor arqueológico para el país.

De allí, mi interés como diputado de la Nación, de tomar conocimiento de este caso, dado que se encontraría involucrada una empresa que lleva adelante su actividad en mi provincia, Catamarca, para que en caso de comprobarse su responsabilidad en este hecho, el gobierno de la provincia, tome las medidas necesarias para evitar se repitan este tipo de maniobras.

Al mismo tiempo, que todas aquellas provincias, donde se realicen explotaciones mineras, puedan tomar los recaudos necesarios, para proteger uno de los más valiosos patrimonios de los argentinos, nuestra cultura.

Aspiro, que la preocupación aquí señalada, sea compartida por los señores diputados, por lo que solicito me acompañen en la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Cultura.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a través de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) –Secretaría de Minería– Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, remita a esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente documentación:

1. Copia del contrato con la totalidad de sus anexos, firmado el 24 de abril de 1994 en el que YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), constituye una Unión Transitoria de Empresas con Minera Alumbrera (MAA).

2. Copia de la modificatoria introducida a dicho contrato, por “acuerdo modificatorio” y realizado con fecha 25 de octubre de 1994.

3. Copia de la “carta oferta” de fecha 27 de diciembre de 1996 recibida por YMAD de Minera Alumbrera.

4. Copia de contrato modificatorio al contrato original y la totalidad de sus anexos, suscrito el 26 de febrero de 1997 en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América), entre YMAD y Minera Alumbrera.

5. Copia del contrato, de arrendamiento minero del yacimiento “La Alumbrera” ubicado en el departamento Belén, provincia de Catamarca, celebrado el 26 de febrero de 1997 entre YMAD y Minera Alumbrera.

Señor presidente:

La ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) cuyo objeto fue el de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales existentes en la zona minera de Aguas de Dionisio, dice en el artículo 4º: “La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el Distrito  de Hualfín, departamento Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km²)…”.

En el artículo 5º, expresa: “YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.”

El 24 de abril de 1994, la empresa nacional YMAD celebra contrato de unión transitoria de empresas (UTE), con una empresa privada extranjera. Dicho contrato fue modificado mediante acuerdo modificatorio de fecha 25 de octubre de 1994.

A más de dos años de la firma de este contrato, el 27 de diciembre de 1996, Minera Alumbrera Limited, hace una “carta oferta” a YMAD que ésta sin más acepta y conviene con MAA en celebrar un acuerdo llamado “acuerdo modificatorio” firmado el 26 de febrero de 1997.

El lugar elegido en ese entonces para la firma de este “acuerdo modificatorio” fue la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de América. En el mismo se modifican sustancialmente varios artículos del contrato original que había sido legalmente aprobado por el gobierno nacional. El gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, legítimos dueños del Yacimiento Minero “La Alumbrera”.

Entre esos artículos modificados se encuentran los referidos a contribuciones y obligaciones de YMAD –participación en los beneficios de la UTE. Contribuciones y obligaciones de Alumbrera– cesión de derechos e intereses, etcétera. Y se agrega como anexo “B” a la UTE el contrato de arrendamiento minero. Todo el trámite fue certificado por Tracy A. Noelfel Public State of New York.

Una vez más estamos ante un hecho de extrema gravedad cuál es la bochornosa entrega del patrimonio natural minero de la provincia de Catamarca a la firma multinacional Minera Alumbrera Limited sociedad constituida bajo las leyes de Antigua y Barbados.

Todo esto se realizó, en un marco de absoluta impunidad, por un lado, violando leyes argentinas y se modificaron contratos firmados con anterioridad.

Por el otro, se eligieron como centro de operaciones, escenarios totalmente alejados de nuestras tierras (Nueva York) y que en absoluto responden a nuestras necesidades, idiosincrasia y esperanzas.

No creo que haga falta abundar en consideraciones que muestren el brutal despojo y estafa que se cometió contra la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y contra la Nación misma.

Señores diputados, en proyectos anteriores presentados ante el Honorable Congreso y que fueron oportunamente aprobados por esta Cámara, se solicitaron informes que aún no fueron contestados, sobre el incumplimiento en pagos a la provincia de Catamarca de las ganancias empresarias por esta explotación minera.

Esto, evidencia el incumplimiento de este contrato absurdamente celebrado fuera de nuestro país. Por ello, antes que se llegue a consumar totalmente la estafa, a todo un pueblo que esperanzado soñaba con los beneficios de la minería y hoy vive la triste realidad de pobreza, desocupación e indigencia.

Les solicito su apoyo para que la Cámara de Diputados de la Nación, pueda analizar todos los documentos que se hicieron para este emprendimiento minero y para conocer con exactitud la verdad y también la responsabilidad que les cabe a quienes entregaron y siguen entregando nuestro patrimonio.

–A la Comisión de Minería.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que a través de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) - Secretaria de Minería de la Nación informe con carácter de urgente a esta Honorable Cámara:

I. Cuáles son los motivos por lo que YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) no distribuyó a funcionarios, empleados y obreros de su planta de personal, las sumas de dinero en concepto de retribución extraordinaria (artículo 10, inciso j) de la ley 14.771 de las ganancias líquidas obtenidas desde el año 2002.

II. En caso de haberse concretado algún tipo de distribución de sumas de dinero al personal de planta se deberá informar en que concepto, porcentajes, montos y detalle de beneficiados.

III. En todos los casos adjuntar documentación informativa.

Señor presidente:

La ley 14.771 en algunos de sus artículos expresa lo siguiente:

Artículo 1º: Créase Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Artículo 2º: El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa, dentro de la jurisdicción provincial que determina el directorio de la empresa; sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Artículo 4º: La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfín, departamento Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km²), definida por un rectángulo cuyo lado mayor de veintitrés kilómetros cuatrocientos metros (23,4 km), tiene su punto de partida en el paralelo 27º 20’ y el meridiano 66º 48’ 30” y con dirección sud 62º. Este pasa por el puesto de ovejería; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 km), que pasa por los puestos de Vizcacha y Escalera, desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada y desde el extremo de esta última línea, otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Artículo 6º: YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario y la resolución del directorio a su respecto será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán, que deben cesar en sus funciones en la primer renovación…

Artículo 10: El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en razón de su eficacia en el trabajo de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte y dentro un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.

Artículo 18: Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca.

Hasta el 7 de junio del 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán.

b) El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria, conformes a los planos ya aprobados.