El Senado de la Nación

De interés legislativo al Encuentro Latinoamericano de Cine y Video Social de la Quebrada, a realizarse del 12 al 19 de abril del año en curso, en la ciudad de San Francisco de Tilcara, provincia de Jujuy.

Señor presidente:

Con el objeto de crear un espacio de encuentro e intercambio para los realizadores, productores y público cinematográfico, posisionando al Norte Argentino en el mapa cultural internacional, del 12 al 19 de abril del corriente año se llevara a cabo el Encuentro Latinoamericano de Cine y Video Social de la Quebrada.

Siendo los objetivos principales de los organizadores del encuentro contribuir a la difusión, intercambio y circulación de contenidos mediante la programación de nuevas producciones que permitan sensibilizar, educar, y difundir la cultura y la realidad social de los pueblos de América Latina con un abordaje del respeto a los derechos humanos y a la vez tender puentes de comunicación tendientes a difundir contenidos y temáticas sociales, entre otros.

La ciudad de San Francisco de Tilcara, sede de este encuentro de cine y video, es un sitio con una gran identidad, no sólo por su belleza natural, sino también por su gente; una cultura viva. No caben dudas, que esta ciudad y su gente de la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio paisajístico y cultural de la humanidad, serán anfitriones ideales a los distintos participantes.

Las proyecciones serán nocturnas y a cielo abierto, tres largometrajes por noche, precedidos por un corto cada una. Se contará con la presencia de cineastas y documentalistas de distintos puntos del continente, como realizadores de Brasil y Venezuela y Cuba. A la vez, se realizaran distintos talleres de comunicación comunitaria, además de presentaciones varias del Canal Encuentro, de Canal 7 la televisión pública, y diversas presentaciones de artistas de la región.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre el Camino del Inca, ingresado con el número 157/06.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase de interés arqueológico, cultural y turístico el Inkañan (Camino del Inca), y sus obras accesorias y complementarias, que se desarrolla en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Art. 2º – El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, o el organismo que lo reemplace en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, coordinará con los respectivos organismos competentes de las provincias citadas, las correspondientes medidas tendientes a la preservación, protección e investigación, y aportará los recursos tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, dependiente de la Presidencia de la Nación, o el organismo que lo reemplace, promoverá la difusión del Camino del Inca en todos los planes a su cargo, facilitando su difusión como bien cultural argentino, reforzando nuestra identidad a través de su conocimiento e interpretación integral.

Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación, dependiente de la Presidencia de la Nación, o el organismo que lo reemplace, elaborará en el plazo de 90 días desde la sanción de la presente la propaganda que estime necesaria, debiendo incluir al Camino del Inca entre las principales ofertas turísticas nacionales.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La principal vía militar, y a la vez elemento esencial de comunicación que tuvo el Imperio Inca, lo representó el denominado Inkañan (Camino del Inca), que se extendía desde el Ecuador, pasando por la capital administrativa, Cuzco, llegando hasta el sur de la provincia de Mendoza, en la Argentina, con arterias que se bifurcaban cruzando la cordillera hasta Chile o internándose en los bosques chaqueños en nuestro país –tal como lo revela un importante hallazgo arqueológico reciente–.

Esta red vial comprendía aproximadamente 25.000 kilómetros de camino, en los casi dos millones de kilómetros cuadrados que poseía el imperio, cuyo uso fue exclusivo de sus miembros, existiendo toda una jerarquía de responsables encargados del mantenimiento y control del mismo.

Fueron construidos con una finalidad práctica en función del tráfico pedestre de hombres –guerreros, artesanos, correos o chasquis, campesinos, obreros, señores y reyes– y caravanas de llamas, utilizadas para el traslado de minerales y productos de toda índole entre las diferentes regiones del imperio (Tahuantinsuyo) que unía los diferentes “suyos”: Chicaisuyo (norte de Perú y Ecuador), Collasuyo (Bolivia, Chile y la Argentina), Antisuyo (Amazonia oriental) y Contisuyo (oeste de Perú).

Esta vasta red caminera, en nuestro país, se constituía y constituye, en parte por tramos de caminos de piedras extraídas de canteras, con largas escaleras que trepan pendientes, terraplenes que surcan zonas de pantanos, o simples mojones en zonas de mesetas o llanuras, atravesando diferentes ambientes tales como la Puna, los valles Calchaquíes, la cordillera Oriental y las sierras subandinas.

Se asienta en los más agrestes y variados paisajes: salvando abismos, cruzando pantanos, lagos, desiertos, altas cumbres y tupidas selvas, sin embargo las similitudes constructivas que lo hace característico y único se aprecian en toda su extensión: tambos o tampus, centros administrativos, depósitos o colicas, minas, corrales, campos de cultivo, culminando en los confines del imperio en las fortalezas o pucarás.

Esta ruta se puede seguir a lo largo de cientos de kilómetros por los variados ambientes del noroeste argentino, desde el yermo paisaje puneño, pasando por los semiáridos valles Calchaquíes, siguiendo por el fértil y templado valle de Lerma, hasta las postrimerías de las húmedas sierras subandinas, en el límite de la región de la llanura chaqueña.

Caminos que oscilan entre los 2 y 3 metros de ancho, cuyas características constructivas varían desde la simple limpieza o despejado del terreno y amojonado lateral, hasta caminos empedrados, enlajados, con canales y sofisticados sistemas de desagüe, como también escalinatas esculpidas en la roca madre o construidas con piedras trabajadas para tal fin.

Todo esto forma parte de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestra cultura. Posee lugares de belleza indescriptible, con paredes rocosas formando innumerables aleros y oquedades, donde las culturas prehispánicas realizaron hermosas y policromas pinturas, en las que reflejaron aspectos de su vida y que hoy resulta casi imposible descifrar.

El presente proyecto ha sido elaborado a partir de uno similar presentado en el curso del año 2004, y como aquel tiene por fundamental objetivo el resguardo y protección de todo ese patrimonio, que permita mostrarlo al mundo como parte de nuestra historia y nuestro presente.

Por ello solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reasigne una partida presupuestaria con destino al Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, a fin de solucionar los graves problemas que lo aquejan.

Señor presidente:

El Archivo General de la Nación fue fundado en 1821 y es considerado uno de los archivos más importantes de América Latina, tanto por sus documentos escritos como por los sonoros y visuales.

Sus fondos documentales se remontan a la época colonial, con una magnífica aportación al estudio de la historia desde el siglo XVI a nuestros días. Dentro del mismo encontramos el fondo documental Virreinato del Río de la Plata que ha sido reconocido por la UNESCO, en el marco del Programa “Memoria del Mundo”.

En él conviven las historias públicas y privadas de quienes nos precedieron, sus proyectos, sus esperanzas y también sus fracasos, porque la historia se construye con la totalidad de los acontecimientos y de sus protagonistas.

El archivo se encuentra dividido en cinco departamentos. En cada uno se puede acceder a la respectiva documentación, en un interminable catálogo de información de personas e instituciones en cuya heterodoxa composición incluye desde reales cédulas, órdenes, provisiones, diarios de guerra, testamentos, cartas, expedientes, censos hasta objetos históricos.

Entre sus funciones se encuentran la de reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su ser y acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o donada por instituciones privadas o particulares.

Desde hace tiempo atrás funcionarios del mismo han dado a conocer detalles del grave riesgo en que se encuentra el mayor repositorio documental de nuestro país.

Ante esta situación el Ministerio del Interior concretó una licitación para digitalizar los fondos documentales hasta 1937, siendo éste el primer paso, imprescindible para la posterior microfilmación, cuyo proceso evitará en el futuro la manipulación de legajos y documentos históricos por parte de los investigadores, desalentando además la depredación y el hurto.

Por haber sido el país parte de un virreinato que se extendió más allá de la actual geografía argentina, el AGN también alberga fondos documentales de la historia de Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. Y hasta de Brasil, cuyos requerimientos de información histórica también satisface.

En la sede central del AGN hay, en muy precario estado de conservación, fondos documentales y bibliográficos que van desde la época del virreinato hasta la primera presidencia de Perón. En otros dos archivos anexos se clasifican en bultos sin inventariar, por ejemplo, todos los documentos de las empresas privatizadas durante la década pasada, y más de un millón y medio de fotografías históricas esperan turno para su catalogación y registro.

El AGN no maneja presupuesto propio, lo que impide a su dirección disponer de fondos que resuelvan necesidades impostergables e inmediatas; la institución realiza el pedido de insumos y el ministerio se ocupa de licitarlos, comprarlos y enviarlos, lo que conlleva un considerable retraso ante cada pedido, conforme han expuesto sus autoridades.

El organismo tiene en la actualidad 50 empleados para el cumplimiento de lo que se supone es la misión del AGN: inventariar, catalogar, digitalizar, microfilmar, archivar, restaurar y conservar los fondos documentales.

Ante el esfuerzo realizado por sectores privados, y considerando que resulta insuficiente el aporte estatal brindado a la fecha, este cuerpo no puede dejar de brindar una solución a la situación del AGN ni permanecer ajeno ante la posibilidad de la pérdida de material histórico irrecuperable.

Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que corresponda, se sirva informar sobre los puntos que a continuación se detallan en referencia al tráfico de menores.

Si los gobiernos provinciales de todos el país han realizado algún tipo de informe respecto de los procedimientos llevados a cabo en sus respectivas jurisdicciones a propósito del tráfico de menores y los resultados sobre los mismos.

Si hay alguna estrategia específica que apunte a la investigación del tráfico de este tipo en las provincias que poseen territorios fronterizos con países limítrofes, principalmente en el Nordeste Argentino.

Si se dispuso en el área del Registro Nacional de Capacidad y Estado Civil de las Personas ubicadas en las provincias antedichas, sedes o personal que haga relevamiento de nacimientos en forma regular, en los centros de salud donde haya salas de maternidad, con el fin de anotar en forma inmediata la identidad del bebé y de su madre.

Si las provincias cubren los requerimientos mínimos indispensables para que todos los niños nacidos en las grandes ciudades y en las periferias, tengan la partida de nacimiento legal inmediatamente y quedan asentados debidamente los nacimientos en sus correspondientes registros.

Asimismo informe si la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con datos certeros debidamente registrados de personas extranjeras que ingresan al país:

1. Con compañía de menores, y salen del mismo sin el menor y sin acreditar causales por las cuales el menor no sale del país.

2. En estado de gravidez, y salen del mismo no en dicho estado y sin el acompañamiento del recién nacido, y sin acreditar, causales por las cuales el mismo no sale del país.

Si posee alguna información respecto de procedimientos informáticos que denoten la existencia de sitios de Internet, donde se establecen contactos para este tipo de tráficos.

Si posee algún dato sobre procedimientos realizados sobre la base de denuncias específicas de desapariciones de bebés en esas zonas, y qué resultados arrojaron.

Señor presidente:

Este Senado a través de este proyecto de comunicación desea pedir información al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de recabar información por las reiteradas denuncias existentes en todo el país, pero más específicamente en la zona del Norte argentino, sobre el tráfico de menores; donde en forma diaria e impunemente personas de otros países y del nuestro propio, compran niños, que en algunos casos adoptan como hijos propios, como si se tratara de mercancías y en otros casos, para ejercer la prostitución de menores, que muchas veces datan de escasa edad en la etapa de niñez, para alimentar el instinto perverso de sus consumidores.

Otra arista por donde hay que abordar el tema es el “mercado” –si se puede llamar así– que se establece en las redes de Internet. Dicen las denuncias que por este medio, que se expande por todo el mundo, hay ofertas y demandas de bebés que tienen diferentes características, como quien diría: “hay para todos los gustos de acuerdo al ojo del consumidor”, y que, según la elección que haga la persona interesada en el menor, la paga llega hasta u$s 20.000, siendo las provincias del Norte argentino las elegidas especialmente para este tipo de tráfico, dado que hay infinidad de colonias de extranjeros provenientes de países de raza blanca, y se suma a ello, las grandes carencias con que muchos sobreviven, haciendo que en su desesperación o por falta de educación, ofrezcan motu proprio a cambio de dinero, o se les quite por medio de quienes se dedican al crimen organizado, los bebés recién nacidos y los ponen a la venta a través de este medio.

No es ajeno a las denuncias, constatadas en las distintas jurisdicciones, que se establece como un chateo, entre el que vende al bebé y el que ofrece el precio, como si se tratase del canje de un CD o de una cámara digital.

Mujeres de países subdesarrollados o de zonas muy carenciadas de nuestro país ofrecen a sus bebés a cambio del pago de los gastos de embarazo y una suma indistinta, que innumerables veces asciende a miles de dólares, y del otro lado se encuentran las parejas ansiosas que dan lo que sea por tener un hijo; o lo que es mucho peor para distintos fines ilícitos en otros casos.

De más está decir que este proyecto no se opone en lo más mínimo a la adopción de niños, pero en forma legal señor presidente, nunca podemos avalar o considerar que el mercadeo de niños o menores de muy corta edad, sea a cambio de dinero como si se tratara de cosas que estén dentro del comercio según la definición legal.

La figura de la adopción internacional fue avalada por la Convención de La Haya de 1983 y la Convención de los Derechos del Niño de 1989. En ese momento, la Argentina hizo reserva de los incisos del artículo 21 de la segunda normativa mencionada precedentemente, que hacen referencia a ese instituto, y manifestó que no regirían en su jurisdicción. Asimismo, introdujo el artículo 8º que dice: “que los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño y a preservar su identidad, incluyendo la nacionalidad”, pese a esto, la Argentina es uno de los países que en el extranjero se busca con mucha asiduidad para adoptar niños por los rasgos europeos que ellos tienen y se suma a esto la falta de controles eficientes y fronteras permeables, más allá de la faceta nefasta que es la corrupción de personas afectadas a nacimientos, que de una u otra forma tienen participación desde que se da a luz al neonato hasta la salida del país.

Después de las armas y la droga el tráfico de menores incluyendo a los bebés, es uno de los negocios más rentable del mundo, así es manifestado públicamente, no sólo por medios de comunicación masiva, sino por organismos tan serios como el Comité Argentino de Seguimiento y la Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.

Además, con la misma técnica y los mismos medios se ejerce la prostitución infantil, tema que tanto nos preocupa a todos y no escapa a los múltiples esfuerzos que hacemos desde este cuerpo para coartar contundentemente con este delito aberrante, y que ha dado origen a infinidad de pedidos de informes a las autoridades pertinentes y la insistencia de penalización severa a quienes incurran en este tipo de delito.

Señor presidente, si no afrontamos este problema con mucha celeridad y en forma eficaz, no sólo estamos dando luz verde a quienes son partícipes en este manipuleo humano, sino que además estamos dejando que el crimen organizado actúe con total impunidad en este sentido, sin medidas que lo limiten o impida llenar sus arcas en forma totalmente ilegítima, ilegal y antijurídica. Vale destacar que, en muchas oportunidades utilizan la extorsión y el abuso de quienes se encuentran en situaciones de total indefensión.

Podríamos citar muchísima legislación internacional y nacional con contenidos diversos, pero lo concreto es que el delito existe, hay denuncias fehacientemente comprobables y la vía de Internet disponible para favorecer este negocio, ya sea compraventa de bebés y prostitución infantil, y es nuestra obligación desde este Senado Nacional abocar nuestros esfuerzos para evitarlo, es por ello, que solicito al cuerpo la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, disponga por intermedio de los organismos que corresponda, la incorporación como materia curricular regular en los distintos niveles de enseñanza básica obligatoria la asignatura educación vial, en todo el territorio nacional.

Señor presidente:

El pedido de incorporar la materia educación vial en la enseñanza básica obligatoria, responde a una correcta formación del ciudadano desde su inicio y fundamentalmente al aprendizaje de respetar las normas básicas de una convivencia cívica evitando además la ocurrencia de muertes innecesarias.

La República Argentina tiene el triste privilegio de ser uno de los países de la región con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito.

Con sólo leer los diarios todos los días, donde se informa de la cantidad de accidentes fatales y/o con graves secuelas en las personas, se puede comprobar lo anteriormente expuesto. En la Argentina mueren más de siete mil personas por año en calles y rutas conforme lo indicado por organismos dedicados a la seguridad vial, con un promedio de unos 28 muertos por día, tratándose en la mayoría de los casos de personas muy jóvenes –la mitad de ellos no superan los 30 años de edad–.

Debemos tomar la educación vial como una política de Estado, de una vez por todas, ya que la irresponsabilidad que se comprueba en el tránsito diario en las calles, rutas y autopistas, no hacen más que resaltar que es una cuestión cultural y por lo tanto se impone formar al ciudadano desde el inicio de su vida educativa para formar ciudadanos más responsables.

Por estas breves consideraciones solicito de los señores senadores la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, instruya al presidente del directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) –su representante en la empresa–, en el sentido de que la misma se abstenga de celebrar nuevos convenios u otorgar nuevas concesiones en el área de su incumbencia hasta que cada uno de los proyectos esté avalado por la siguiente documentación: análisis de impacto en el medio ambiente (efectos en la calidad del agua, el suelo, la atmósfera) y en la economía regional, los que deberán ser ejecutados por entidades de reconocida experiencia nacional o internacional en la materia conforme convocatoria que en cada caso realice el YMAD.

Señor presidente:

Han sido innumerables los proyectos que el suscrito ha presentado a consideración de este cuerpo, en relación con la problemática ambiental que conlleva actualmente la actividad minera en la provincia de Catamarca.

La mayoría de mis comprovincianos conocen en carne propia los efectos negativos que la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera ha traído y traerá para los catamarqueños.

Existe en la actualidad la posibilidad de repetir la misma nefasta historia que precedió la puesta en marcha de aquel emprendimiento: el ubicado en el yacimiento Agua Rica, que podría instalarse en el departamento de Santa María.

La política provincial en la materia ha dilapidado los valiosos recursos mineros tanto desde el punto de vista social, económico y ambiental, y es dable esperar que la administración actual repita experiencias como las que lamentablemente ha soportado toda la sociedad catamarqueña.

El presente proyecto tiene por objeto requerir del Poder Ejecutivo nacional su intervención a través del presidente del directorio de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, para evitar que se consumen convenios o concesiones en el área de influencia de la misma, que no estén respaldados por documentación que garantice una actividad sin riesgos ambientales o socioeconómicos.

Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Senado de la Nación

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del corriente año.

Señor presidente:

El Día Internacional de la Mujer fue establecido por las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta al 8 de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la ciudad de Nueva York. Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas: en 1908 las obreras iniciaron una huelga en la fábrica Cotton y tomaron el establecimiento. Ellas pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres, descanso dominical y reducción de la jornada laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres. Se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha de ésta por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.

En 1910, en el Congreso Internacional de la Segunda Internacional de Copenhague, fue propuesta esa fecha como Día Internacional de la Mujer. La proposición la realizó la revolucionaria alemana Clara Zetkin, que integraría, años después, el grupo revolucionario alemán “Espartaco”, junto a Rosa Luxemburgo.

Tiempo después, las Naciones Unidas tomaron esa fecha como un hito importante en las luchas de las mujeres para conseguir la igualdad de derechos, la participación plena en la sociedad.

Las mujeres buscaron la igualdad con el hombre y el primer acto fue la lucha por el voto.

En nuestro país, en 1919 se presenta el primer proyecto de ley en el Parlamento nacional para otorgar el voto a las mujeres. En el año 1921 se presenta otro proyecto para el otorgamiento del voto de la mujer, que tuvo la misma suerte que el anterior; hubo iniciativas posteriores con el mismo destino. En 1928 el gobernador de la provincia de San Juan, Federico Cantoni, otorgó el voto a las mujeres, hasta que en 1946 el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer.

En los comienzos del siglo XX, aparecieron los primeros movimientos feministas y de liberación de la mujer, como expresión de las militantes del Partido Socialista y del movimiento anarquista.

Pocas causas promovidas por este organismo han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las Nacional Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer acuerdo internacional que proclamó la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental.

La mujer ingresó a la política en la Argentina –con derechos para elegir y ser elegida– en 1946, por la lucha de Eva Perón.

De ella podemos ampliar que fue una de las figuras más relevantes en la lucha por la emancipación política de la mujer trabajadora y por su acción y propaganda fue establecido el derecho al sufragio para las mujeres argentinas. Entre sus libros más importantes figuran Historia del peronismo y La razón de mi vida. Fogosa oradora, conmovía a las masas populares y hablaba con la voz de “los que no tienen voz”. Acompañó a Juan Perón en su campaña política, en su triunfo electoral de febrero de 1946 y en la labor de gobierno. Adquirió un liderazgo que persiste en el recuerdo y en la conciencia de los sectores trabajadores y del pueblo. Inspiró la Fundación Eva Perón basada en la ayuda social y en los principios de la ayuda mutua, no en la caridad.

Desde su liderazgo tuvo especial dedicación por los niños, ancianos y enfermos, principalmente de las clases obreras.

El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades a favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.

Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de los organismos que corresponda, incluya en el listado de edificios a finalizar, a la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos del departamento de Fiambalá de la provincia de Catamarca; debido a la falta de condiciones mínimas en que se encuentra el edificio escolar, corriendo riesgo la salud y vida de los estudiantes.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda, incluya entre las escuelas a finalizar, la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos, del departamento de Fiambalá de la provincia de Catamarca.

Las escuelas del interior de mi provincia, siguen desnudando falencias en materia edilicia. En este caso, que no es uno aislado, sino uno más de tantos existentes en la provincia de Catamarca, los afectados son 200 alumnos de la Escuela Nº 128, quienes se encuentran recibiendo clases en un edificio que no reúne las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento educativo.

Desde su creación, la Escuela Nº 128 funcionó en precarias construcciones de adobe, y las diferentes ampliaciones que se realizaron, no tuvieron una planificación previa. Las aulas no solamente son insuficientes, sino también de pocas dimensiones, sin iluminación ni ventilación adecuada, razones por lo cual es imprescindible, necesario y urgente la construcción de un nuevo edificio para la escuela. La realidad estructural marca que donde nuestros niños toman sus clases, el edificio no reúne las condiciones para funcionar como una escuela.

Posteriormente se logró obtener un terreno. Se solicitó a educación provincial que construya una escuela más segura y acorde con lo que diariamente necesitan los alumnos. Según se conoce públicamente, desde educación manifestaron que para iniciar las gestiones de un nuevo edificio era necesario un terreno propio.

La comunidad consiguió el terreno de casi 1 hectárea, pero ahora siguen las acciones dilatorias desde el Ministerio de Educación de la provincia, quienes deben actuar con celeridad, e incluir la construcción en un plan nacional o provincial.

Se requiere a la brevedad el aporte nacional con objeto de finalizar las construcciones: para los casos de creación de nuevos establecimientos, se deberá garantizar que los mismos pertenezcan al sector de enseñanza pública de gestión estatal y que estén destinados a la atención de población escolar con alto NBI.

Para los casos de sustitución de edificios existentes, se deberá demostrar que el edificio resulta claramente inadecuado para la actividad escolar o que el grado de deterioro u obsolescencia del mismo resulta un factor de riesgo para la seguridad física de la comunidad educativa.

Es cierto también, que esto se podría haber solucionado hace tiempo, pero también es cierto que después de tantos reclamos a las autoridades competentes, éstas no se han preocupado por el tema, la ineficiencia y la ineficacia han superado los reclamos de los interesados.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en relación a los beneficios concedidos a través del régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones que derivan de la ley 25.924, los siguientes puntos, teniendo en cuenta que esta Honorable Cámara se apresta a tratar la continuidad de dicho régimen por un plazo de tres (3) años y es necesario hacer público todos los elementos que permitan evaluar la implementación del mismo.

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que han solicitado los beneficios de dicho régimen de promoción de inversiones y no han sido acogidos por el mismo, especificando:

a) Clasificación de las empresas por tamaño (grandes, pequeñas y medianas), según la normativa vigente y por origen del capital (nacional o extranjero).

b) Descripción del proyecto de inversión detallando objetivo, sector o rama de actividad, ubicación geográfica, monto total de la inversión y del beneficio fiscal solicitado, generación de puestos de trabajo comprometidos, aumento absoluto de exportaciones (en dólares estadounidenses) y exportaciones netas (neto de exportaciones menos importaciones) e integración nacional del proyecto (costo de insumos, partes y piezas de origen nacional/costos totales de insumos, partes y piezas y servicios), tal cual figura en los anexos I y II del decreto reglamentario 1.152/04.

c) Razones por las cuales no les fue concedido el beneficio.

2. Descripción de los proyectos aprobados detallando a) y b) del punto anterior.

3. Grados y plazos de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiadas (plazos temporales, montos de inversión, generación de puestos de trabajo, aumento absoluto de las exportaciones e integración nacional del proyecto).

4. Impacto, en porcentaje, de las inversiones generadas a través de este régimen en relación al total de la inversión realizada en el país durante cada año que estuvo en vigencia y en relación al PBI de cada período.

Señor presidente:

Durante el presente mes de febrero esta Honorable Cámara de Senadores comenzó a tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (expediente P.E.-722/07), el cual propicia darle continuidad por el término de tres (3) años al régimen de promoción de inversiones que fue instituido mediante la ley 25.924 aprobada en el año 2004.

Entre los fundamentos destacados para aprobar el proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo se señaló el impacto positivo que tuvo el mencionado régimen como generador de importantes niveles de inversión durante su vigencia. En consecuencia, sería importante que los legisladores, y la opinión pública en general, conozcamos la dimensión de las inversiones realizadas al amparo de la ley 25.924.

Asimismo, en la fundamentación del proyecto se señala también que “para alcanzar un desarrollo económico dinámico y equilibrado, dadas las heterogeneidades intersectoriales e interregionales existentes, resulta necesario aplicar una estrategia de desarrollo productivo que establezca prioridades respecto de los sectores industriales y las regiones geográficas a atender para establecer la asignación del cupo fiscal previsto en el proyecto de ley propiciado”. Agregándose además que “la medida propuesta se enmarca en las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional tendientes a implementar políticas activas que incentiven dichas inversiones, apuntando a la expansión económica, a su sostenimiento en el tiempo, contribuyendo de tal manera al incremento de la demanda laboral”.

En función de los expresado en estos fundamentos, y teniendo en cuenta que han transcurrido ya más de tres años de la puesta en marcha del régimen de promoción de inversiones que propicia la ley 25.924, al cual el presente proyecto de ley le daría continuidad en el próximo trienio, nos parece recomendable y necesario hacer una evaluación de lo realizado hasta ahora.

Por ello, solicitamos a través de este pedido de informes dar a conocer públicamente sus resultados, para que la opinión pública y los legisladores estén al corriente y puedan manifestarse en relación a los costos y beneficios que trae aparejado la aplicación de dicho régimen, considerando elementos tales como la generación de empleo, el desarrollo regional y la equidad, la promoción de sectores o ramas industriales, el incremento de las exportaciones y la integración nacional de los proyectos promovidos.

Señor presidente, en función de lo expuesto y de la importancia que le otorgamos al desarrollo de políticas activas que promuevan la inversión productiva orientadas por el Estado en función del bien común, y al estricto cuidado de los recursos públicos, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación que, creemos brindará valiosos elementos de juicio al conjunto de los legisladores y de la comunidad para evaluar la pertinencia del instrumento de promoción propuesto por el Poder Ejecutivo y los resultados de su ejecución en los últimos años.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de octubre de 2004, inclusive, que al 30 de septiembre de 2007 conformaren el saldo a favor de los responsables, a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la ley 23.349 –Ley de Impuesto al Valor Agregado–, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, les serán acreditados contra otros impuestos, incluidos sus anticipos, a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y, por el remanente del saldo resultante de la referida acreditación, podrá solicitarse su devolución.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las condiciones que deberán observarse –que no se indiquen en la presente– para acceder a la acreditación y/o devolución mencionadas, entre las cuales se deberá considerar como factor esencial que el solicitante disponga la realización de nuevas inversiones.

Art. 2° – El requisito de realización de nuevas inversiones por parte del solicitante, establecido en el artículo anterior, no se considerará cumplido cuando las inversiones se encuentren amparadas en regímenes tributarios vigentes o futuros destinados a la promoción de las mismas.

Art. 3° – Se considerarán nuevas inversiones aquellas que tengan principio efectivo de ejecución dentro de los quince (15) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. A estos fines, se entenderá que existe principio efectivo de ejecución, cuando se haya producido la incorporación al patrimonio de bienes asociados a la inversión, por un monto no inferior al quince por ciento (15 %) de la inversión necesaria para acceder a la acreditación y/o devolución correspondiente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4° de la presente ley.

En el caso de que el solicitante posea inversiones en curso, se considerará nueva inversión a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva efectuada luego de los quince (15) meses inmediatos anteriores al de la entrada en vigencia de la presente ley y en la medida que no haya sido considerada nueva inversión para regímenes tributarios vigentes o futuros destinados a la promoción de las mismas.

Art. 4° – A los efectos del acogimiento al régimen, y sin perjuicio de la evaluación que realice la autoridad de aplicación en los términos del artículo 1° de la presente ley, la inversión a realizar por los solicitantes deberá ser, al menos, igual al importe a acreditar y/o devolver.

Art. 5° – La acreditación y/o devolución se realizará en proporción al grado de avance de la nueva inversión. La autoridad de aplicación podrá disponer la verificación profesional del grado de cumplimiento de la misma a fin de hacer efectiva dicha acreditación y/o devolución.

Art. 6° – No será de aplicación el régimen establecido en el presente artículo cuando al momento de la solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los contribuyentes.

Art. 7° – Los bienes de capital comprendidos en el presente régimen son aquellos que revisten la calidad de bienes muebles –excepto automóviles– o inmuebles, amortizables para el impuesto a las ganancias.

Art. 8° – No podrá realizarse la acreditación prevista en esta ley contra obligaciones derivadas de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación como agentes de retención o de percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica.

Art. 9° – Cuando los bienes de capital se hayan adquirido en los términos y condiciones establecidos en la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de este régimen cuando al 30 de septiembre de 2007 se haya ejercido la citada opción, encontrándose habilitado el cómputo del crédito fiscal correspondiente a la misma.

Art. 10. – A efectos de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, se imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.

Art. 11. – Las acreditaciones o devoluciones previstas en este artículo no podrán realizarse cuando los referidos créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la ley 24.402.

Art. 12.- Cuando el contribuyente efectúe la respectiva solicitud de acreditación y/o devolución con posterioridad al momento en que haya dado cumplimiento al requisito de realización de nuevas inversiones, se entenderá, a los fines de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que la acreditación y/o devolución resulta procedente a partir del referido momento.

Art. 13. – Para la asignación del cupo fiscal, la autoridad de aplicación considerará las nuevas inversiones, la productividad y el valor agregado del trabajo, la antigüedad del crédito fiscal, el monto del saldo técnico a favor en el impuesto al valor agregado por la compra de bienes de capital y la iliquidez generada por la indisponibilidad del saldo técnico.

Art. 14. – El monto a ser acreditado y/o devuelto no podrá exceder el del saldo técnico a favor del beneficiario a la fecha de acreditación y/o devolución. Asimismo, dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.

Art. 15. – A los fines del régimen indicado en el artículo 1º de la presente ley, establézcase un cupo fiscal destinado a la acreditación y devolución previstas en el mismo, que ascenderá a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), los que se asignarán de acuerdo con el mecanismo dispuesto en la presente ley y con las normas reglamentarias que establezca el Poder Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta los criterios objetivos mencionados en el artículo 13 de la presente ley. Dicho cupo deberá destinarse íntegramente a las pequeñas y medianas empresas, entendiéndose a estos fines por pequeña y mediana empresa a la definida en la resolución 675 del 25 de octubre de 2002 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del entonces Ministerio de la Producción. En el supuesto de que la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción emitiere una nueva resolución que modifique los parámetros indicados, dicha modificación será tenida en cuenta a los fines de la categorización que prevé el presente régimen.

El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso nacional sobre la distribución del cupo establecido en el presente artículo.

Art. 16. – No podrán acogerse al régimen quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:

a)Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las ley 19.551 y sus modificaciones o ley 24.522, según corresponda, a la fecha que se establezca como vencimiento para el acogimiento;

b)Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administracion Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con fundamento en las ley 23.771 y sus modificaciones o ley 24.769, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley;

c)Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiere generado hasta el 30 de septiembre de 2007, inclusive, y correspondan a inversiones en bienes muebles –excepto automóviles– o inmuebles que revistan a dicha fecha la calidad de amortizables para el impuesto a las ganancias.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a mis pares con el objeto de someter a consideración un proyecto de ley, el cual busca cumplir con las mandas constitucionales impuestas al Congreso de la Nación.

En tal sentido, el artículo 75, inciso 18 de nuestra Constitución Nacional señala como atribución del Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país promoviendo, entre otros, la industria.¹ Asimismo, el primer párrafo del inciso 19 del mencionado artículo indica que corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.²

Consecuentemente con esta manda, y teniendo en cuenta la desventaja financiera que implica para determinados factores económicos la acumulación de “saldos técnicos” en el impuesto al valor agregado, es que se considera viable a los fines de promover la productividad de nuestra economía posibilitar a aquellos contribuyentes pymes que acumulen saldos técnicos del impuesto mencionado el acceso a la acreditación de los mencionados “saldos técnicos” contra otros impuestos, y/o en su caso, a la devolución de los mismos.

Que en este punto es de remarcar la importante adhesión que presentó el régimen instaurado por la ley 25.988, reglamentada por el decreto 379/2005, la cual dispuso una situación similar a la propuesta en el presente proyecto para los créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de noviembre de 2000, inclusive, que al 30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los contribuyentes.

Que con la intención de complementar la mencionada norma, y en sintonía con el proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo nacional, es que se considera importante, a los fines de los objetivos señalados, posibilitar a los contribuyentes que encuadren en las características descritas ut supra lograr aplicar los “saldos técnicos” inmovilizados al desarrollo de proyectos productivos que motoricen la economía nacional y ayuden a paliar la deficiencia de acceso al crédito por la cual atraviesan los emprendimientos pequeños y medianos de la economía nacional.

Sin embargo, y teniendo en cuenta el sacrificio fiscal que importaría la medida, es que se ha previsto en el presente proyecto un cupo fijo y previsible de doscientos millones de pesos, destinado exclusivamente a la pequeñas y medianas empresas, sector al cual se les hace más complejo el acceso al financiamiento.

En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación

Su beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de febrero del corriente año los cincuenta años de la creación del Consejo Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas (Conicet), institución pionera en la investigación científica del país.

Señor presidente:

La investigación científica en la Argentina cumple uno de los principales roles para el desarrollo de los grandes avances médicos, técnicos, científicos que produce el país.

Hace exactamente 50 años, un 5 de febrero de 1958, un grupo de pioneros encabezado por el doctor Bernardo Houssay fundaban la institución que transformaría totalmente la actividad científica: ese día, el decreto número 1.291 creaba el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas (Conicet).

El Conicet fue creado como un ente autárquico del Estado con sede en la ciudad de Buenos Aires, dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación.

El organismo obtuvo entonces una amplia gama de instrumentos que se juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia y de la tecnología en la Argentina al promediar el siglo y que aún hoy constituyen el eje de sus acciones: las carreras del investigador científico y tecnológico y del personal de apoyo a la investigación y desarrollo, el otorgamiento de becas, el financiamiento de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de similares características.

Conicet ha centrado su misión en fomentar y subvencionar la investigación científicotecnológica y las actividades de apoyo que contribuyan al avance científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

Hoy, para cumplir con su objetivo, el Conicet cuenta con casi 5.200 investigadores, más de 5.600 becarios y 2.300 técnicos que realizan tareas de investigación en los centros e institutos que funcionan en todo el país. Su tarea se desarrolla en cinco grandes áreas: agrarias, ingeniería y de materiales; biológicas y de la salud; exactas y naturales; sociales y humanidades; y tecnología.

En su quincuagésimo aniversario, el Conicet continúa trabajando para mantener su sólido compromiso con la comunidad, con el fin de hacer de la Argentina un país mejor y con la firme convicción de que sólo con trabajo y esfuerzo podrá contribuir a la inserción de nuestro país en la sociedad del conocimiento, paradigma del nuevo siglo.

Los festejos por el cincuentenario se realizarán en abril próximo, cuando se celebre el día del investigador, conmemorando el nacimiento del doctor Bernardo Houssay, fundador y primer presidente del consejo.

Aunque todavía queda mucho camino por delante, el Conicet de hoy es una de esas grandes riquezas del país que merece nuestro genuino agradecimiento. Porque como alguna vez dijo el propio Houssay, “las conquistas del presente son sueños juveniles realizados y que alguna vez se tuvieron por imposibles”.

Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que la ciencia esta al alcance de todos y es una herramienta más para evolucionar como sociedad, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Su preocupación por la disponibilidad, acceso y mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres cordilleranas patagónicas.

Señor presidente:

Las áreas de montaña, que cubren una cuarta parte de la superficie de la tierra y albergan al 10 por ciento de su población, son polos excepcionales de diversidad cultural e inestimables reservas de recursos naturales y de diversidad biológica.

Constituyen la fuente de suministro de los grandes ríos que proporcionan el agua dulce indispensable para la vida en la tierra, además de ser sitios donde se desarrollan importantes actividades productivas, en muchos casos vinculadas a la agricultura, forestación, minería, turismo y la generación de energía.

Sin embargo, las regiones montañosas se encuentran entre las más expuestas a la degradación ambiental, la creciente urbanización y los efectos del cambio climático.

La Región Patagónica no es ajena a esta situación global, presentando particularidades propias entre las cuales se puede destacar:

– La existencia de diversas jurisdicciones en un entramado territorial, incluyendo las municipales, provinciales y nacional, las comisiones de fomento, las comunidades mapuches, y el límite con la República de Chile.

– Un crecimiento continuo, acelerado en los últimos años de la mano de las expectativas en el sector turismo, de las expectativas de ganancias en el sector inmobiliario, del interés extrarregional en obtener activos inmobiliarios en estas zonas geográficas, de una migración interna y regional en busca de trabajo en algunos casos y de mejorar la calidad de vida en otros.

– La necesidad de importantes inversiones del Estado en obras de infraestructura para acompañar este crecimiento, especialmente en obras de vinculación terrestre y aérea, y en obras de saneamiento, sean de agua potable, cloacas, plantas de tratamiento de efluentes y gestión de residuos sólidos.

– Escaso ordenamiento territorial y un limitado desarrollo institucional, en general no integrado entre las diferentes jurisdicciones. No existe un marco legal propio para estas regiones, sino más bien la aplicación de normativa sectorial que se aplica en toda la extensión de los territorios provinciales y nacionales.

– Bajo nivel de control y fiscalización del Estado.

– Un importante potencial para el desarrollo de múltiples actividades productivas, de menor y mayor riesgo, desde nuevos productos turísticos e inmobiliarios hasta explotaciones energéticas y mineras.

El crecimiento en estas zonas limítrofes, tanto de población como de actividades productivas, se ha producido hasta el presente con cierto grado de equilibrio basado principalmente en la capacidad de absorción y de recuperación del ambiente, aunque en algunos casos puntuales existen evidentes signos de contaminación y daño ambiental, mientras que en otros se han implementado acciones tendientes a revertirlos.

Ya se comienzan a percibir síntomas que requieren actuar en forma preventiva y precautoria para limitar los daños futuros, principalmente aquellos que no puedan ser revertidos o su costo sea demasiado elevado.

La disponibilidad de agua en algunas zonas de la cordillera patagónica se ha reducido en el transcurso de las últimas décadas, no pudiendo establecerse fehacientemente hasta el momento si su causa es el calentamiento global o si responde a ciclos naturales. Es un tema que está ingresando en diversos grupos de investigación nacionales e internacionales, y que llevará un tiempo su confirmación.

De igual forma sucede con la disponibilidad de nieve y de hielo. La primera se observa en el acortamiento de las temporadas invernales de los centros de esqui y la necesidad de complementar la nieve natural con nieve artificial, agregando tensión a la disponibilidad de agua para otros usos, principalmente domésticos, pequeña agricultura y ganadería. La segunda se observa en la reducción de las superficies ocupadas por los glaciares, muchos de ellos aparentemente condenados a su desaparición dentro de algunas décadas.

El acceso a las fuentes de agua superficial también se ha visto limitado en los últimos años, ya sea por la restricción al ingreso que algunos propietarios han impuesto a los cursos de agua que atraviesan sus predios, no respetando los derechos públicos del camino de sirga, o bien porque los cuerpos de agua tales como lagos o lagunas han quedado completamente incluidos dentro de una propiedad.

La calidad del agua superficial de ríos, arroyos, lagos y humedales, al igual que la calidad del agua subterránea, se están viendo comprometidas en muchos casos por la deficiente gestión de efluentes, sean estos provenientes de las aguas cloacales, de los basurales a cielo abierto y de actividades productivas que no atiendan debidamente las medidas de mitigación ambiental.

En algunas regiones, la demanda de agua y cupos otorgados para su uso está alcanzando la oferta disponible de un recurso que cada vez se reduce más, lo cual hace presagiar litigios en un horizonte relativamente cercano.

Por ser una región relativamente joven en su desarrollo, en la zona patagónica cordillerana se presenta la oportunidad de actuar a tiempo, acompañando el crecimiento y desarrollo con normativa que permita preservar sus recursos naturales y limitar los daños para la propia región y su zona de influencia, principalmente la de aguas abajo, donde hay predominio de valles con importantes actividades frutihortícolas.

Por todo lo expuesto, expreso mi preocupación por la disponibilidad, el acceso, y el mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres- cordilleranas patagónicas, solicitando a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

De interés parlamentario las Jornadas Técnicas Comahue 2008, organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que se llevarán a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad del Neuquén, entre los días 19 y 21 de mayo del corriente año.

Señor presidente:

La industria petrolera en la Argentina se encuentra en un momento clave de su desarrollo, del cual no es ajeno la provincia del Neuquén, cuya producción tiene una participación destacada a nivel nacional.

Al mismo tiempo que se cumple el centenario del descubrimiento de petróleo en la Patagonia, se enfrenta una situación en la cual los yacimientos en producción entran en una etapa de madurez, al mismo tiempo que la economía nacional e internacional crece demandando cada vez más recursos energéticos.

Esta doble exigencia, de restricción de reservas y de necesidad de mayores volúmenes de producción, presenta desafíos a la industria, la cual debe extremar el uso de sus recursos humanos y técnicos disponibles.

Las jornadas que se proponen declarar de interés parlamentario en la presente iniciativa, tienen como objetivos generar un ámbito propicio para la presentación de trabajos y conformación de grupos de debate, referidos a los temas de producción de petróleo y gas en yacimientos maduros, con énfasis en el planteo de los problemas y restricciones en la incorporación de nuevas reservas, la declinación de la producción y la gestión de los activos hidrocarburíferos.

Las jornadas pretenden el intercambio de información y la puesta en común de experiencias, entre los especialistas de la comunidad energética, al igual que la difusión de nuevas tecnologías, ideas innovadoras y el estado de la situación actual en cuanto a la investigación y desarrollo sobre la materia.

Estas jornadas son organizadas por el IAPG, a través de su Comisión de Producción y su Seccional Comahue, y se llevarán a cabo en la ciudad del Neuquén, en los días 19, 20 y 21 de mayo de 2008 con sede en el Museo Nacional de Bellas Artes de esa ciudad.

Considerando que la exploración en búsqueda de nuevos yacimientos es clave en el desarrollo provincial y regional, el presente proyecto tiene en cuenta la importancia de aprovechar los recursos disponibles remanentes con nuevas tecnologías, las cuales deben ser ambientalmente seguras para preservar el resto de los recursos naturales provinciales y la salud de la población.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Expresar beneplácito por el 50º aniversario de la creación del Fondo Nacional de las Artes, que ha desarrollado su labor de manera permanente y sostenida, desde su creación, a través del apoyo técnico y el fomento económico de las actividades artísticas y culturales, no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior de nuestro país.

Señor presidente:

La Real Academia Española, define cultura entre otros significados, como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y en grupo social”.

Desde esta definición podemos inferir que la cultura es todo aquello creado colectivamente por los hombres y socialmente transmitido de generación en generación, y siempre es una respuesta de adaptación al medio que dan los seres humanos de una sociedad.

Por lo tanto la “cultura” se compone de una variedad de elementos que podemos denominar rasgos y que pueden ser materiales o inmateriales.

Los rasgos materiales corresponden entonces a la llamada “cultura material” y los rasgos o elementos inmateriales, o sea no tangibles, a la “cultura inmaterial” (valores, creencias, símbolos, normas).

Por otra parte, si entendemos el arte como la “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”, observamos como el arte se fusiona con la cultura, y se transforma en la expresión propia de una sociedad, de sus valores, símbolos, creencias y normas.

El Fondo Nacional de las Artes, cumplió el 3 de febrero de 2008, medio siglo al servicio de la cultura. Creado mediante decreto ley 1.224/58, comenzó a funcionar en el mismo año y desde allí en forma ininterrumpida. En el año 1993 comenzó con la edición de libros a través del fondo editorial.

Nacido como un sistema financiero especializado para apoyar y fomentar las distintas expresiones culturales, artísticas, literarias de todo el país, se convirtió rápidamente en el llamado “banco nacional de la cultura”. La idea de su creación, asentaba su eje en que las actividades culturales y artísticas necesitaban ser promovidas con ayuda económica y técnica, sin dejar de lado el aspecto “industrial o comercial”.

A través de este organismo se buscó dar impulso al desarrollo del arte atendiendo además de la expresión y creación, su aspecto productivo necesario para que la actividad del artista pueda ampliarse no sólo puertas adentro del país sino también hacia el exterior.

Para ello los objetivos de su fundación radican en otorgar créditos destinados a estimular, desarrollar, salvaguardar y premiar las actividades artísticas y literarias en la República y su difusión en el extranjero; otorgar créditos para construir y adquirir salas de espectáculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y cualquier otro inmueble necesario para el desarrollo de labores artísticas; como, asimismo, para la adquisición o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos o materiales que requieran estas actividades; administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las disposiciones legales, fondos de fomento a las artes, dispuestas en leyes dictadas o a dictarse.

Existieron otras instituciones pioneras en financiamiento público de las artes, como el Arts Council of Great Britain (Gran Bretaña, 1945) o el Canada Council (Canadá, 1957). Sin embargo el Fondo Nacional de las Artes, fue concebido como un organismo autónomo, para administrar, recaudar y distribuir los fondos de fomento a las artes y volcarlos a la actividad privada, a través de créditos. Todo ello le dio su carácter distintivo.

El Fondo Nacional de las Artes, apoyó en forma ininterrumpida hasta la actualidad, gran cantidad de disciplinas, todas trascendentes en el sentido del rescate, difusión y preservación del arte argentino. A saber, arquitectura y urbanismo, artes aplicadas, artes plásticas, cinematografía, danza y ballet, diseño gráfico e industrial, expresiones folklóricas, fotografía y audiovisuales, letras e industria editorial, música e industria fotográfica, radiofonía, teatro y otras artes del espectáculo, televisión y video. El requisito primordial es que todas estas manifestaciones “revelen aptitud para contribuir positivamente a la cultura del país”.

En estas competencias, las personas e instituciones dedicadas al arte han encontrado un camino para el desarrollo a través de prestamos, financiación de concursos, exposiciones y muestras; subvención a bibliotecas, museos y archivos; financiación de misiones culturales al interior y exterior del país; concesión becas y otorgamiento de premios.

El acceso cotidiano a los bienes y servicios culturales y artísticos, se ha intensificado cada vez más. Por ello las actividades artísticas y culturales constituyen en sí un sector de actividad económica, con personalidad propia, pero que comparte características semejantes a otras actividades donde se requieren reglas claras que conduzcan al desarrollo, como cualquier otro sector económico.

Según la UNESCO, “las actividades culturales y artísticas agregan valor económico y social a las naciones e individuos. Constituyen una forma de conocimiento que se traduce en empleos y abundancia, consolidándose la creatividad –su materia prima– para fomentar la innovación en los procesos de producción y comercialización. Al mismo tiempo, son centrales en la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural, así como para el aseguramiento del acceso democrático a la cultura. Las industrias culturales tienen esta doble naturaleza culturaleconómica y participan en la economía en términos de la creación y de la contribución del empleo al producto interno bruto”.

“Promover la creatividad, contribuir a una mejor calidad de los bienes culturales, fomentar la apertura de nuevas fuentes de empleo cultural, estimular renovados modos de trabajo artístico y de relación con el público, apoyar la iniciativa de las instituciones culturales privadas, fomentar la mejor utilización y adecuada retribución del talento, favorecer el acceso del mayor número de personas a los bienes culturales y al patrimonio común de todos los argentinos, estimular la excelencia, son algunos de los parámetros de acción de un sistema moderno de financiamiento cultural”. Edwin Harvey, director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional de las Artes (1983-1989).

Así, el arte tiene un propio valor para aquellos que la producen, para aquellos que la consumen para su disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen por medio de sus impuestos.

Los 50 años ininterrumpidos de funcionamiento del Fondo Nacional de las Artes, muestra que ha sido útil a los fines planteados, a pesar de los avatares sufridos en distintas épocas, como también de la reducción del presupuesto suficiente y necesario. “La perennidad del Fondo Nacional de las Artes, constituye una experiencia público institucional que a pesar de las vicisitudes (limitación drástica de sus recursos propios, tentativas de disolución del organismo, disgregación o desnaturalización de la composición del directorio, fallidas intervenciones a la institución, transferencia de jurisdicción, proyección de organismos paralelos, etcétera) por las que ha pasado en distintas épocas, ha cumplido sus primeros 50 años dentro de la vida pública nacional”. Edwin Harvey, director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional de las Artes (1983-1989).

Recuperar su plenitud es el gran objetivo ahora. La tarea de estos años ha contribuido al desarrollo del arte en el país y a su apertura al mundo; también a encontrar y rescatar talentos, ya que grandes artistas se han iniciado o encontrado apoyo en algún momento de su carrera en esta institución. Que otras personas o instituciones puedan desarrollar su expresión y creatividad será el desafío futuro; siempre en pos de afianzar cada vez más la identidad cultural de nuestro país.

Por todo ello señor presidente, solicito a este honorable cuerpo, se apruebe el proyecto en cuestión.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Expresar pesar por el robo del “corazón incorrupto” del sacerdote franciscano fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, reliquia que se encontraba guardada en el interior de una urna de vidrio dentro del convento de San Francisco –declarado monumento histórico nacional–, en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.

Señor presidente:

El 22 de enero de 2008, sucedió un hecho que no podemos dejar pasar sin realizar una mención de repudio.

En la ciudad de Catamarca, fue sustraído del convento de San Francisco el “corazón incorrupto” de fray Mamerto de la Ascensión Esquiú; reliquia de un valor intangible incalculable no sólo para el pueblo de la provincia de Catamarca, sino también para todos los argentinos.

Este hombre de fe, cuyo prestigio fue un ejemplo, nació un 11 de mayo de 1826, en el departamento provincial Piedra Blanca, actualmente llamado “departamento Fray Mamerto Esquiú”, cerca de la capital catamarqueña.

Sus padres fervorosos cristianos, fueron don Santiago Esquiú y doña María de las Nieves Medina. A los cinco años de edad, para cumplir una promesa, su madre lo vistió con sayal de San Francisco de Asís, desde entonces lo llevó durante toda su vida. Su educación fue en la escuela del pueblo donde desde muy temprana edad comenzó a leer y escribir. Luego continúa sus estudios en la ciudad de Catamarca, en la escuela del convento de San Francisco, verdadero centro espiritual y cultural, donde según Nicolás Avellaneda “los hijos de los labriegos aprenden latín”. Esta escuela era considerada la mejor de la región.

Tras la muerte de su madre en mayo de 1836, y con su inmenso dolor a cuestas, este joven ingresa a los diez años de edad al convento de San Francisco, en la ciudad de Catamarca. El 13 de julio de 1841, el padre guardián fray Wenceslao Achával, le dio los hábitos de novicio. A los 12 años inicio el estudio de la filosofía y a los 14 los de teología. El 14 de julio de 1842, a los 17 años hizo sus votos, pero como no tenía edad para profesar debió quedar a la espera de una dispensa para ello. En 1849, tras realizar distintas tareas docentes, pudo celebrar su primera misa el día 15 de mayo.

En 1843 se desempeña como maestro de su querida escuela en San Francisco y en 1844 es nombrado su director. Se desempeña con eficiencia y es llamado “el mejor maestro de su tiempo”.

Entre sus tareas como docente comprometido con la causa, logra la reforma del plan de estudios e incorpora nuevas materias. Suprime el rigor de los castigos, eliminando los azotes, el decía “sólo cariño”.

También se desempeñó como bibliotecario del convento, incorporó nuevos libros, con parte de lo que el colegio le daba como estipendio.

Dejo la enseñanza para practicar filosofía y teología –cátedras logradas con su esfuerzo– no sólo en el colegio sino también en el Seminario Conciliar (La Merced), donde colaboró con la redacción del plan de estudios y el reglamento.

En filosofía, reemplazó los textos en uso por otros más modernos. Lo mismo en teología, y además los tradujo al latín. También enseñó teología en Tarija y Sucre, Bolivia.

Pasó 30 años frente a sus alumnos; 19 en Catamarca y 11 en Bolivia. Fue docente por vocación. Enseñó con dedicación y paciencia, con humildad y caridad. Para él la docencia fue un segundo sacerdocio.

En la bendición de la piedra basal de la capilla Nuestra Señora del Huerto (Salta 1880) dijo: “Un colegio que prescinde de Dios, prescinde de la verdadera ciencia; y la mayor cultura que allí se diera a las inteligencias las hará más monstruosamente mutiladas”.

El 9 de julio de 1853, a los 27 años y con motivo de la jura de la Constitución Nacional, en la iglesia matriz de Catamarca, Mamerto Esquiú dio un sermón en defensa de la Carta Magna, y la inclusión de los derechos civiles de los extranjeros y la libertad de cultos, ante los cual existía cierta oposición de algunos sectores.

Con motivo de la asunción de las autoridades nacionales, el 28 de marzo de 1854 pronuncia un nuevo sermón, luego de esto el gobierno federal dispone la impresión por separado de los dos “sermones patrios”, que serían enviados a las autoridades de gobierno y eclesiásticas y una copia guardada en el Archivo Nacional.

En 1855 es nombrado vicepresidente de la convención que le debía dar a la provincia su constitución y el 25 de mayo de 1856 pronuncia un nuevo sermón con motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese mismo año y accediendo a los reclamos populares, es elegido diputado de la Legislatura provincial por el departamento Valle Viejo.

Según detalla el fray Juan Alberto Cortés en su publicación Vida popular de fray Mamerto Esquiú, publicado por Ediciones Castañeda, “Fray Mamerto fomentó, inspiró y ejecutó la industria minera, la creación de la renta pública, la instalación del alumbrado público, la construcción de escuelas, la introducción de la imprenta, etcétera”; también “En esta parte de su vida asume el periodismo como un modo más de expresión de su personalidad. El primer periódico catamarqueño denominado ‘El Ambato’, contuvo los primeros ensayos de Esquiú. Artículos sobre la religión y la patria, la inmigración, la educación y otros, mostraban sus intereses y su profunda vocación patriótica”.

Los acontecimientos que se precipitaban sobre la patria, las luchas internas que significarían la derrota de la Confederación de Pavón provocaron que fray Mamerto Esquiú, se trasladara a Bolivia, al convento franciscano de Tarija, centro de irradiación espiritual, apostólica y misionera.

Con la muerte del arzobispo de Buenos Aires, Mariano José de Escalada, el Senado con fecha 22/8/72 propone a fray Mamerto Esquiú para cubrir tal cargo, designación que fue rechazada por el fray con una renuncia fechada el 12 de diciembre de 1872.

En 1878, tras la muerte de monseñor Alvarez, el Senado de la Nación vuelve a consignar a fray Mamerto en la terna para el obispado de Córdoba. Cargo que acepta y lleva a cabo con su vocación natural.

“Predicó en casi todas las iglesias y capillas de Córdoba, dio ejercicios espirituales en varios lugares, tanto los monasterios, hospitales y cárceles fueron testigos del paso y de la voz del infatigable obispo. Creó el Taller de la Sagrada Familia, lugar de trabajo para la mujer sin recursos, y diversas obras de esta índole en estrecha colaboración con los párrocos.

”El seminario diocesano se vio enriquecido por la labor promotora de fray Mamerto, que en el ámbito de los estudios terciarios bregó por el restablecimiento de los estudios teológicos”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.

Hombre de grandes virtudes y de una vida intensa en experiencias, vocación y servicio, murió en la posta de “El Suncho” provincia de Catamarca, el 10 de enero de 1883. Mientras regresaba de una gira apostólica por La Rioja.

El gobierno nacional, pasados dos días de sepultura, dio la orden para que se desentierre el cuerpo y se lo traslade a la ciudad de Córdoba, para practicar la autopsia correspondiente.

Cuando se extrajo el corazón de fray Mamerto, llamó la atención la incorruptibilidad del corazón, que fue extraído y colocado en un recipiente con alcohol para enviarlo al museo de ciencias naturales de Buenos Aires, lo cual no llegó a concretarse porque lo reclamaba su hermano.

“Una vez recuperado el corazón de fray Mamerto por su hermano, pasó por Catamarca hospedándose en el convento de San Francisco, en donde los frailes le suplicaron lo dejara allí, donde el fray se iniciara en su vida franciscana. Es así como en la actualidad el corazón de fray Mamerto Esquiú se encuentra en una urna de vidrio en el convento”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.

Como se puede observar en la vida de este sacerdote franciscano, su aporte al pueblo argentino fue vasto y muy enriquecedor; no sólo desde su vocación religiosa sino también desde la docencia, la filosofía, la teología y la transmisión de la palabra no sólo con la evangelización sino también, palabras que guiaron la vida social y política, en momentos cruciales de nuestra patria, como fue la instauración de la primera Carta Magna, “corazón del pueblo argentino”.

Por todo ello, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo se apruebe el proyecto en cuestión.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.