El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre las medidas a tomar a fin de evitar la proliferación de la oferta de títulos universitarios apócrifos por la vía de la educación a distancia. Asimismo, se requiere:

1. Que se detallen cuáles son los mecanismos de control que ha implementado el Ministerio de Educación para garantizar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 1.717/2004 de educación a distancia.

2. Que se confeccione y remita una nómina de las instituciones educativas argentinas comprometidas en el fraude junto a sus contrapartes internacionales. Sírvase adjuntar la nómina de dueños, máximos responsables o titulares de los institutos argentinos involucrados.

3. Que se realice una estimación del total de damnificados por esta estafa y se remita la nómina completa de las carreras y títulos falsos que se ofrecían.

Señor presidente:

Un verdadero escándalo educativo sacude al país de Norte a Sur. Una investigación periodística reveló que desde Tierra del Fuego y la provincia de Formosa se ofrecía al mundo el cursado de carreras universitarias a distancia cuyos títulos no tenían valor alguno.

Esta verdadera estafa cobró gran cantidad de víctimas en España y desenmascaró una turbia red delictiva instalada en el seno de universidades nacionales e institutos privados de supuesta enseñanza superior.

Todo comenzó con investigaciones periodísticas argentinas que profundizaron la pista de otras realizadas en España. Las investigaciones denunciaban una presunta estafa en la entrega de títulos apócrifos y sin respaldo en enseñanza media, terciaria y universitaria por parte del World College de Ushuaia en triangulación con la Universidad Nacional de Formosa y el Instituto Español Cibernos. El escándalo tomó mayor proporción cuando decidieron intervenir de manera conjunta los ministerios de Educación argentino y del reino de España.

La maniobra consistía en basarse en un convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno del Estado español, el cual existe, pero interpretándolo de manera genérica, ya que en ningún momento se hace mención a alguna institución educativa en particular. Por lo tanto, si cualquier institución lo utiliza como argumento de venta a sabiendas de que sus títulos no están reconocidos oficialmente por ninguno de los gobiernos, la cuestión se agrava.

La información que se utilizaba para atraer a los estudiantes desprevenidos era tan intencionalmente engañosa que en la propia carta de bienvenida publicada en la página de Internet del Instituto Cibernos, firmada por el rector del instituto, Jorge Gorosito, se expresaba, por ejemplo, que se trata de una “institución de enseñanza superior oficial”, así como también, en otro párrafo, se lee “nuestros programas oficiales”.

Una publicación realizada por diario “Clarín” da cuenta desde hace cuánto y con qué alcance se ha proyectado esta estafa: “Los ministerios de Educación de la Argentina y España investigan títulos argentinos en enseñanza media, terciaria y universitaria obtenidos en España en forma irregular, ya que no cuentan con las autorizaciones y la validez correspondiente por ninguno de los dos países. Una autoridad del Ministerio de Educación argentino describe estas prácticas como ‘ofertas ilegales de carreras y títulos universitarios’. “De las primeras denuncias sobre estas actividades ya han pasado cinco años y se calcula en centenares los títulos irregulares. Se ignora el monto de dinero recaudado por estas prácticas no autorizadas oficialmente. Entidades argentinas como el World College de Ushuaia o la Universidad Nacional de Formosa aparecen impartiendo educación a distancia en el Instituto Cibernos, la Escuela Superior de Negocios, ambas en Madrid, o la Escuela Ecina de Pamplona. Estas actividades, que en su momento también incluyeron a la Universidad Atlántida Argentina, carecen de la autorización que exigen las autoridades españolas que requieren un certificado especial de la embajada argentina en Madrid.” Esta certificación –justo es remarcarlo– jamás fue proporcionada por nuestra embajada en Madrid.

La problemática generada por la investigación que iniciaron los ministerios de Educación de la Argentina y España por los títulos apócrifos entregados a quienes cursaron carreras terciarias y universitarias a distancia, situación en la que –como vimos– se involucra al World College de Ushuaia y a la Universidad Nacional de Formosa, ha derivado en una circunstancia que desmerece el sistema educativo argentino.

En un artículo titulado Licenciados en tiempo récord, el diario “El Mundo” de Madrid da cuenta de las irregularidades detectadas en la obtención de títulos que brindaba el Instituto Cibernos de esa ciudad, a través de convenios de articulación tanto con la Universidad Nacional de Formosa como con el World College de Ushuaia. El Cibernos, al ser multado por difusión de publicidad engañosa y ser advertido de la práctica ilegal que se estaba llevando, deslindó responsabilidades sosteniendo que los títulos los otorgaba el World College. A esta situación hay que sumarle que la embajada argentina en España continúa denunciando que el mencionado instituto ushuaiense entrega títulos carentes de validez dado que no posee ningún tipo de autorización para el ejercicio de la educación en el país europeo. La publicación española alude a la entrega de títulos en una licenciatura en sistemas, carrera equivalente a una ingeniería en informática en España, que sería entregado por la Universidad Nacional de Formosa, luego de que el virtual alumno haya pagado 7.400 euros, aproximadamente 25.160 pesos, con la paradoja de tratarse de una enseñanza, en la Argentina, totalmente gratuita, abonándose tan sólo los gastos administrativos correspondientes a la matrícula anual.

Como puede apreciarse es ésta una estafa tan inaudita como colosal que pone a la educación argentina en ridículo ante el mundo y no hace más que sembrar una dudosa y fraudulenta reputación de alcance prácticamente universal.

También en los últimos días trascendió la información de que la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) abrió un sumario administrativo “para deslindar responsabilidades internas” en la firma de un convenio con la Fundación Unión de Centros Educativos (FUCE). La FUCE ofrecía en su página web a centros universitarios españoles la ampliación de su oferta académica con la incorporación de siete carreras de la UNLAM a dictarse en España. Según su rector, Daniel Martínez, la universidad nunca lo autorizó. Además, esta oferta se hacía sin haber recibido un permiso de funcionamiento legal de autoridades españolas.

Resulta evidente que algo ha fallado en los mecanismos de control que tiene o debería tener el Ministerio de Educación para garantizar no sólo la probidad de la enseñanza a distancia sino también la probidad institucional de los institutos privados que la ofrecen.

Es menester que el Ministerio de Educación aclare este entuerto y mejore sustancialmente su capacidad de fiscalización sobre las instituciones educativas que imparten educación a distancia respetando la autonomía de las universidades nacionales.

Por estas razones, presento este proyecto de comunicación y solicito a mis pares su voto afirmativo para su aprobación.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que por intermedio de la Secretaría de Turismo de la Nación tenga a bien informar si durante 2005 se han desarrollado políticas específicas para promocionar las distintas regiones argentinas en materia de turismo receptivo. Interesa sobre el particular:

1. Detalle de los lineamientos estratégicos básicos y forma en que han concebido los proyectos.

2. ¿Cuáles han sido las regiones promocionadas? ¿Se las ha subdividido en circuitos turísticos?

3. En caso de que la respuesta al punto anterior fuera positiva, sírvase especificar zonas y acciones concretas dispuestas para cada una de ellas no sólo en el sentido de lo realizado en términos promocionales o de difusión (tanto en el exterior como en el interior del país) sino también todas aquellas medidas que se hayan tomado para incentivar a la industria turística en cada una de esas regiones.

4. ¿Para el desarrollo de estas estrategias y/o campañas de difusión turísticas ha participado alguna consultora privada? En caso afirmativo, sírvase consignar su nombre y acompañar copia de sus estudios.

Señor presidente:

El potencial turístico argentino es de gran magnitud. Las cifras de visitantes extranjeros en franco aumento así lo demuestran.

El nuevo contexto económico operado a partir de 2002 le está dando al país la gran oportunidad de transformarse en un importante actor en materia de turismo receptivo. En efecto, la depreciación de la moneda nacional le ha dado al dólar un gran poder de compra para los extranjeros (muy especialmente europeos y estadounidenses) y abierto la puerta a una verdadera avalancha turística.

El país y sus distintas regiones ha comenzado a proyectarse al mundo como un destino atractivo que, imaginamos, debe ser singularmente promocionado por las autoridades de la Nación para atraer turistas y mejorar así la condición de sus circuitos, los niveles de empleo y la actividad económica regional.

Estamos frente a una gran oportunidad para que esta “industria sin chimeneas” vuelque todos sus beneficios sobre diversas regiones necesitadas de inversiones y fuentes genuinas de empleo.

El presente proyecto de comunicación se orienta entonces a saber qué acciones concretas ha emprendido la Secretaría de Turismo de la Nación para impulsar el desarrollo turístico en cada una de las regiones turísticas del país habida cuenta de este contexto favorable.

Toda tarea planificada y debidamente ejecutada de promoción, no sólo a nivel publicitario, sino también en materia de ayuda directa o indirecta al establecimiento de nuevas fuentes de trabajo ligadas al turismo en cada una de las regiones, resultará vital para dotar de mayor dinamismo económico al país.

Por estas razones, elevo esta iniciativa convencido de que toda acción racional destinada a promover el turismo receptivo en el país redundará en beneficio directo para los argentinos y en satisfacción asegurada para los turistas que elijan visitar nuestros destinos.

–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, informe pormenorizadamente sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la prestación por parte de las empresas privadas concesionarias del servicio público de telecomunicaciones, a saber:

1. Si se realiza periódicamente un relevamiento de los aparatos de teléfono públicos existentes en el país.

2. De ser positivo el punto uno, se solicita informar sobre el estado actual de los teléfonos, plazo de reparación de aquellos en mal estado y planes de recambio de aparatos.

3. Cantidad de reclamos realizados por los usuarios ante la comisión y posibles sanciones a aplicarse a las empresas prestadoras del servicio público en virtud de incumplimientos en las obligaciones a su cargo.

Señor presidente:

Un informe realizado por dos asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores de los servicios públicos nacionales, el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), que inspeccionaron 357 teléfonos en la Capital Federal, reveló que de ese total, 205 aparatos funcionaban y 152 no.

Según han manifestado los responsables de los organismos antes mencionados, los inconvenientes más frecuentes detectados en los teléfonos son:

– Aparatos que retienen las monedas, sin que se pueda establecer la comunicación.

– Teléfonos que hacen una lectura errónea del valor de las monedas, por ejemplo si el usuario pone una moneda de $ 0,50, el display indica $ 0,25.

– Aparatos que reducen la cantidad de pulsos que debería durar la llamada según el valor que se introdujo.

Los especialistas en comunicaciones han llegado a la conclusión de que es un problema pura y exclusivamente de falta de mantenimiento habitual por parte de las empresas privadas concesionarias del servicio, y que ocasionan serios inconvenientes y perjuicios para los usuarios.

Las empresas adjudican la ineficiencia en la correcta prestación de sus obligaciones y el deterioro de los teléfonos al “vandalismo” que sufren los aparatos, una actitud que según explican se da por tres motivos fundamentales: la recaudación, por los repuestos que tras la devaluación se encarecieron y la degradación social que trajo la crisis.

Sin lugar a dudas podemos coincidir en que la crisis social, política y económica trajo aparejada mayor desocupación, desempleo y marginalidad, pero atribuirle a estos motivos el estado actual del servicio público de telecomunicaciones, resulta inadmisible.

Señor presidente, el servicio de telefonía pública está desregulado desde fines del año 1999, y hoy más del 90 % del mercado se reparte entre las compañías Telefónica de Argentina y Telecom Argentina. La encuesta demuestra que la prestación del servicio viene desmejorando y es por estos motivos que solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a los efectos de fiscalizar el correcto cumplimiento de los contratos de concesión y hacer normalizar la prestación.

Por los motivos expuestos y en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, arbitre los medios que sean necesarios a los efectos de poner en marcha el postergado Plan Nacional de Radarización.

Señor presidente:

El 60 por ciento de las rutas aéreas del sur del país se encuentra sin radares de control, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Fuerza Aérea nacional, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de un pedido de informes, que oportunamente solicitara el diputado Nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Luis Jalil.

En el informe oficial remitido al Parlamento Argentino, la Fuerza Aérea reconoció que los radares que en la actualidad están en funcionamiento son insuficientes, y que el Sistema de Administración de Tránsito Aéreo de Ezeiza, sólo cubre el 40 por ciento de las rutas de la Patagonia. El restante 60 por ciento de las rutas aéreas de nuestro Sur, en las que no se brinda control de radar, se encuentran a la merced de la buena fortuna o pericia de los comandantes aéreos, para que no ocurra ningún accidente fatal.

Todos somos conscientes de la actual crisis social, política y financiera por la que atraviesa el Estado argentino, pero no obstante ello, un país que se digna de proteger la vida de sus conciudadanos, así como también el de mostrarse en todos los mercados turísticos internacionales, como un destino viable y atractivo, no puede desconocer y dejar de actuar ante la grave situación por la que atraviesa su sistema de radarización.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, responda a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de las asociaciones de consumidores o usuarios registradas en el registro nacional creado a tal fin, a saber:

1º – En virtud de la resolución 461/99, y de la obligación que de ella emana para las asociaciones, cuál es la frecuencia en el requerimiento de información a dichas asociaciones, para acreditar las actividades desarrolladas o a desarrollar en pos de la defensa, información y educación del consumidor.

2º – Qué análisis efectúa la secretaría en cuestión en cuanto a la información o documentación referida en el punto anterior recibida por las asociaciones, y la necesidad de fiscalizar su accionar.

Señor presidente:

La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en septiembre de 1993 y posteriormente actualizada, tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.

En la misma, quedan legitimadas las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, que pueden accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en la misma ley.

Las mismas cuya finalidad será la defensa, información y educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Luego de detallar los fines de las mismas, se enumeran los requisitos necesarios para obtener dicho reconocimiento y el procedimiento para la promoción de reclamos.

Para poder inscribirse en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores (RNAC), la asociación debe completar la solicitud de inscripción correspondiente ante la autoridad nacional de aplicación. Con la solicitud de inscripción, deberá adjuntar cierta documentación, entre ella: estatuto, actas de asambleas, memoria y estados contables, acreditaciones de cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y sociales, publicaciones editadas, entre otras.

Sin embargo, existe un punto de requerimiento que es sumamente importante para los fines de la asociación: cualquier información o documentación que acredite las actividades desarrolladas o a desarrollar en pos de la defensa, información y educación del consumidor y las requeridas por la autoridad de aplicación.

Para que la asociación permanezca inscrita, y por tanto pueda seguir operando, está sujeta a varias condiciones, dentro de las cuales llamativamente no se encuentra el último punto resaltado del párrafo anterior, herramienta sin la cual, parece ser inviable fiscalizar el verdadero fin de la asociación en cuestión.

Hoy somos testigos de denuncias públicas que rezan que en algunos casos estarían jugando a favor de algunas empresas más que defender a usuarios, mientras que en otros estarían funcionando como “cáscaras vacías” en las que no hay un verdadero trabajo de defensa del consumidor, sino un aprovechamiento de los mismos para luego cobrar juicios y recibir subsidios estatales.

Las denuncias no sólo son dadas a conocer por parte de otras asociaciones o de usuarios en sí, sino por algunos funcionarios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que torna al escenario más preocupante aún.

El presente proyecto pretende que la autoridad de aplicación nacional de esta ley, que es quien cuenta con los recursos necesarios, evalúe y lleve a la práctica todo accionar que permita controlar más de cerca a las asociaciones civiles, ya que su mano hoy día llega sólo hasta los balances, pero no posee las herramientas para fiscalizar si cumplen acabadamente con sus fines.

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara a la Exposición Internacional de Franquicias y Negocios, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de mayo de 2006.

Señor presidente:

La Exposición Internacional Franquicias y Negocios 2006 está organizada por la Asociación Argentina de Franquicias (AAF), entidad sin fines de lucro que promueve el estudio y la divulgación del sistema de franquicias comerciales y que nuclea a las principales empresas franquiciantes de nuestro país. Se llevará a cabo en el Sheraton Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de mayo de 2006.

La franquicia es una relación comercial entre dos personas: el franquiciante, dueño de la marca que transmite el know how de su negocio, y el franquiciado, quien, a cambio de un fee de ingreso y un porcentaje de regalías mensuales, obtiene el derecho de explotar una marca de éxito comprobado en un lugar específico y por un tiempo determinado –en general, los contratos duran cinco años y son renovables–.

En contextos económicamente complejos, como es el caso de la Argentina, el franchising se presenta como una alternativa atractiva para el crecimiento comercial de las pymes, basándose en capital ajeno en lugar de propio.

“El sistema de franquicias está viviendo un boom, motivado principalmente por la reactivación de la economía en casi todos los sectores, sumado a una cierta postergación del consumo, como consecuencia de la crisis, y una mejora en las expectativas de los consumidores”, resume un consultor del área.

Los números hablan por sí mismos: sólo en 2003, veintinueve nuevas marcas se volcaron al sector y hoy se estima que la cifra alcanza a más de 350 empresas con una red de aproximadamente once mil locales. Durante el 2005 estas cifras han evolucionado favorablemente, lo que ha redundado en un año de crecimiento económico, y las franquicias probaron ser una vez más un instrumento útil y exitoso.

La franquicia es uno de los mejores sistemas comerciales que existe. Hay países, como Brasil, Estados Unidos o Francia, donde el sector ocupa el 40 % del comercio minorista. En nuestro país estas cifras son todavía inferiores.

Hasta hace unos años, el 90 % de las marcas que operaban aquí bajo el sistema de franquicias eran extranjeras. Hoy, la cifra se ha revertido y las nacionales son mayoría, e incluso algunas están exportando. El mayor crecimiento de franquicias se dio en Buenos Aires, y de ahí algunas empresas llegaron a otras provincias. Pero Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche, Córdoba y en general las ciudades más importantes del país, también generaron franquicias que se han expandido entre las provincias e incluso algunas desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires.

Las más pedidas son las de gastronomía pero no sólo de medialunas y empanadas se nutre el sistema. Gracias al auge del turismo en el país, un rubro que creció mucho fue el de la indumentaria, la platería y los artículos de cuero, buscados por los extranjeros como productos regionales. En realidad, todo puede ser franquiciable: ropa, revelado de fotos, servicios de lavado de ropa, institutos de idiomas y hasta agencias de viajes. Basta que haya alguien que desee invertir y alguien que quiera y pueda transmitir el know how.

El sector de las franquicias comerciales ocupa aproximadamente a más de 80 mil personas en forma directa. A su vez se generan nuevos puestos indirectos de trabajo. Esto implica que del empleo total del sector comercial un alto porcentaje se halla provisto por el sistema de franquicias. Se espera que el sector crezca más de un 10% durante este año.

Por estas razones, pongo este proyecto a consideración de mis pares, a los que les solicito su voto por afirmativo para su pronta aprobación.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Senado de la Nación

1º – Su adhesión al Día Mundial de la Salud 2006 dedicado a los trabajadores de la salud, a conmemorarse el próximo 7 de abril.

2º – Su interés en que el Poder Ejecutivo nacional tome las medidas pertinentes a fin de iniciar la promoción de una década de recursos humanos en salud que apunte a observar el “llamado a la acción” de Toronto, como forma de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y el acceso universal a los servicios de salud de calidad para todos los pueblos de la región en el año 2015.

Señor presidente:

Este año el Día Mundial de la Salud estará dedicado a honrar a los trabajadores de salud, el recurso más importante para proteger nuestra salud. Habrá celebraciones, entrega de premios y paneles de discusión en muchas ciudades a lo largo de las Américas.

Este año será particularmente importante para las Américas, ya que se desea promover una década de recursos humanos en salud. Durante los próximos diez años, se procurará que los gobiernos y los actores sociales consideren al desarrollo de los recursos humanos como una prioridad en las estrategias de salud, y que comprometan su voluntad política, sus intervenciones y sus recursos financieros para conseguir que los trabajadores de la salud puedan desarrollar sus funciones con los elementos más necesarios: formación profesional, compensación adecuada, buenas condiciones de trabajo y políticas de apoyo.

Los recursos humanos para la salud comprenden a todos los hombres y mujeres que trabajan en el campo de la salud, no solamente médicos y enfermeras, sino también trabajadores de salud pública, decisores de políticas, educadores, administrativos, científicos y farmacéuticos. En conjunto estos trabajadores (más de 7 millones de personas en las Américas) componen la fuerza de trabajo en salud.

Algunas cifras pueden dar acabada cuenta de la coyuntura: 7.500.000 personas trabajan en los servicios de salud en las Américas; esta fuerza de trabajo es femenina en un 70 %; existen en las Américas 4.576.000 de médicos, enfermeras y dentistas; un 60 % a un 70 % del dinero en salud se dedica a pagar el trabajo de la fuerza de trabajo; la escasez global de trabajadores de la salud está por encima de los cuatro millones.

En el 2005 se realizaron tres talleres subregionales y una ronda de consultas virtuales en la cual 26 países de las Américas exploraron los siguientes desafíos en relación al desarrollo de los recursos humano para la salud:

1. Definir políticas y planes de largo plazo para adecuar la fuerza de trabajo a las necesidades de salud de la población y desarrollar la capacidad institucional para aplicarlos y revisarlos periódicamente.

2. Colocar las personas adecuadas en los lugares adecuados, logrando una distribución equitativa en las diferentes regiones y de acuerdo a diferentes necesidades de salud de la población.

3. Regular los desplazamientos de los profesionales de salud de manera que permitan mantener en funciones los servicios de salud para toda la población.

4. Generar vínculos entre los trabajadores y las organizaciones de salud que permitan el compromiso con la misión institucional de brindar buenos servicios de salud a toda la población.

5. Desarrollar mecanismos de interacción entre las instituciones de formación profesional y las de servicios de salud que permitan adecuar la formación para un modelo de atención universal, equitativo y de calidad.

Las principales agencias internacionales y 29 países de la región se reunieron en Toronto, Ontario, Canadá, para discutir los desafíos que enfrenta la fuerza de trabajo en salud en la región. Los participantes en esta reunión concluyeron en un “llamado a la acción” que apela a los países a la necesidad de movilizar voluntades políticas, recursos y actores institucionales para contribuir para el desarrollo de los recursos humanos en salud, como forma de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y el acceso universal a los servicios de salud de calidad para todos los pueblos de la región en el año 2015.

Mejorar las capacidades humanas no es una tarea fácil o rápida. Los países se preparan a comprometerse a una década de recursos humanos para la salud, a comenzar en 2006, centrada en:

– El fortalecimiento de los liderazgos en salud pública.

–El aumento de la inversión en recursos humanos.

– La coordinación e integración de acciones en todos los ámbitos.

– Asegurar la continuidad de políticas e intervenciones.

– Mejorar la producción de información para la toma de decisiones.

Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos correspondientes se sirva informar sobre los siguientes puntos:

1. Si se ha evaluado al sitio Ramsar ubicado en la provincia de Tierra del Fuego por ser área de aves migratorias, como potencial zona de brote o surgimiento de la gripe aviaria en nuestro país.

2. Qué medidas se han tomado al respecto.

3. Si se gestionan métodos de prevención a través de algún acuerdo con el gobierno provincial, o se canalizan por otra vía.

Señor presidente:

La gripe es una enfermedad que acompaña al hombre desde hace años, está dispersada a nivel mundial y no distingue entre poblaciones animales o humanas cuando ataca, manifestándose a través de epidemias estacionales.

Las pandemias de gripe han aparecido varias veces por siglo, pero entre el año 1918 y el siguiente se estima que esta enfermedad causó la muerte de entre 40 y 50 millones de personas alrededor del globo. Esto tampoco terminó ahí, hubo otras pandemias también en los años 1957-1958 y 1968-1969.

De los virus en general, los de la gripe del tipo A tienen tendencia a generar nuevos subtipos, experimentando cambios antigénicos. Al inicio de estos cambios las poblaciones carecen de inmunidad frente a las variantes, lo que da lugar a las mencionadas pandemias.

El origen de la llamada gripe aviaria fue en Italia, hace más de cien años, produciendo en ese momento pandemias entre las aves de corral con alta mortandad, siendo necesario realizar sacrificios masivos para circunscribir la propagación.

Perteneciendo a la cepa A, tiene capacidad para transmitirse al ser humano generando un nuevo subtipo.

La cepa H5N1 del virus fue la causante del primer caso de gripe aviaria en seres humanos, registrándose 18 casos de los cuales 6 fueron fatales, durante el año 1997 en Hong Kong.

En enero de 2004, la misma cepa afectó a varias personas en el Norte de Vietnam.

En general, estos brotes han tenido la particularidad de haber causado una alta tasa de mortalidad (cerca del 65 %). Durante agosto del año pasado habían fallecido al menos 60 personas asiáticas y se había diagnosticado el primer caso en Rusia.

Actualmente el peligro que existe es que si bien se ha avanzado en todo el tema de la medicina y la prevención de estas cuestiones, por otro lado también se ha incrementado la agresividad del virus y la velocidad del contagio.

Esto se verificó así durante el año 2003, cuando se produjo una rápida transmisión, por el transporte aéreo de mercaderías y personas, del síndrome agudo respiratorio severo (SARS), acortándose los plazos de una pandemia, que históricamente transcurría en 6 a 8 meses.

Durante julio de 2005, la doctora Margaret Chan, responsable de la OMS para gripe epidémica, informó que hasta el momento se habían reunido dos de las tres condiciones necesarias para que se produzca una epidemia de gripe humana:

La presencia de un nuevo virus (gripe aviaria, el H5N1).

La capacidad del mismo de transmitirse a las personas.

Falta la tercera condición que no se cumplió hasta ahora y que es que haya una transmisión en aumento y sostenido entre seres humanos.

Aun así es posible adoptar una serie de medidas para reducir al mínimo los riesgos para la salud humana derivados de estos grandes brotes de gripe. Entre las posibles medidas, están la de detener la propagación de la epidemia en aves de corral, vacunación contra cepas de gripe humana de las personas con alto riesgo de exposición a las aves infectadas, etcétera.

En nuestro país se han ido tomando varias medidas al respecto, ya sea tanto por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como también del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros organismos.

A pesar de todo esto, en la provincia de Tierra del Fuego sigue existiendo preocupación respecto del tema, tomando en cuenta que no sólo se infectan aves de corral, sino también pueden contraer el virus las aves migratorias.

Y justamente ese es el eje de la cuestión, en la isla Grande existe un sitio Ramsar, en el que conviven gran cantidad de aves que vienen en su gran mayoría desde Canadá y otros países.

El Convenio de Ramsar, del que la Argentina forma parte desde su entrada en vigor en el año 1992, es un acuerdo internacional que tiene como finalidad la protección de las zonas húmedas. La reunión fundacional de este convenio se realizó en Ramsar (Irán) en 1971.

La protección que se le da a los humedales, es justamente por ser ecosistemas integrados por varios procesos tanto hidrológicos como ecológicos, y ser ricos en biodiversidad.

En el caso del sitio Ramsar de Tierra del Fuego, resulta ser éste el más austral del mundo, y residiendo su importancia, entre otros aspectos, por la gran variedad de especies de aves, siendo identificado a su vez como un “área de aves endémicas” por el ICBP (Birdlife International).

Una de las mayores concentraciones de aves del neotrópico pasa el invierno boreal en esta región. Razón por la cual no es menor la preocupación que se advierte respecto del peligro de contagio de la comúnmente llamada “gripe aviaria” en nuestra provincia, la más austral de la Nación.

Es por todo lo previamente expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación

1° – Su adhesión al Día Mundial de la Meteorología que se celebra el 23 de marzo de cada año, y que fuera instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de esta ciencia en el desarrollo de la humanidad.

2º – Su reconocimiento a los integrantes del Servicio Meteorológico Nacional, que contribuyen con esfuerzo y profesionalismo a la prevención de desastres derivados de fenómenos climáticos en nuestro país.

Señor presidente:

El día 23 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Meteorológico Mundial, en conmemoración de la firma en 1950 del convenio de creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como organismo intergubernamental especializado de Naciones Unidas, para asegurar la cooperación internacional en materia meteorológica. Precisamente se celebrará en el 2006 el 56° aniversario de la creación de la Organización Meteorológica Mundial.

Fenómenos meteorológicos como El Niño, La Niña, huracanes, ciclones tropicales, sequías, nevadas e inundaciones son eventos que golpean sin distinción las diversas regiones del planeta, y al presentarse cíclicamente, sus efectos devastadores ponen de manifiesto que la humanidad sigue siendo vulnerable frente a ellos.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial se estima que los desastres naturales cobran anualmente cerca de 250.000 vidas humanas y producen daños materiales que oscilan entre 50 mil y 100 mil millones de dólares. Tan sólo en 1991, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 90 por ciento de las víctimas obedecieron a catástrofes relacionadas con sequías, inundaciones y vendavales.

Los daños por inundación, se acentúan por la presencia de asentamiento humanos en zonas propensas a inundaciones como los cauces naturales en zonas bajas, y son más severos porque el agua se concentra rápidamente y en mayor volumen a consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal originada por la deforestación. En contraste, cuando la escasez de lluvia se mantiene durante períodos prolongados se generan sequías que afectan el abastecimiento de agua a las poblaciones, produciendo daños a la agricultura, ganadería y otras actividades económicas.

Ante este panorama, impulsar una cultura de la prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos meteorológicos u oceanográficos pueden afectar cada año la región donde viven y qué medidas de seguridad habrán de tomar ante el embate de éstos. En ese sentido, la observación y monitoreo del estado del tiempo, así como los programas preventivos realizados por la Organización Meteorológica Mundial y los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales –como el Servicio Meteorológico Nacional en el caso de la Argentina– adquieren especial relevancia, ya que posibilitan alertar oportunamente a las autoridades y ciudadanía sobre el origen, evolución, intensidad y trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Para reconocer la importante contribución de estos organismos especializados al desarrollo sostenible en materia de mitigación de desastres, desde 1950 se celebra cada 23 de marzo el Día Meteorológico Mundial, que conmemora la entrada en vigor de un convenio de cooperación internacional firmado por 185 países, incluyendo la República Argentina.

En su mensaje por motivo del Día Meteorológico Mundial del año 2002, el profesor Godwin P. Obasi, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, informa que al festejo anualmente se añaden jornadas que tratan asuntos de interés general, siendo tema central la reducción de la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. El secretario general señaló que “…Los registros del tiempo a corto, mediano y largo plazo son esenciales para evaluar la sensibilidad de diversas regiones a las condiciones meteorológicas y peligros climáticos, a fin de garantizar la preparación de estrategias que permitan a la sociedad organizarse y enfrentar situaciones adversas. Sin tal capacidad de recuperación, todos los fenómenos naturales extremos causarán destrucción y entorpecerán el desarrollo de las naciones”.

La experiencia ha demostrado que el contar con un sistema de alerta temprana es una de las medidas preventivas más eficaces para reducir los daños. Cabe citar como ejemplo el caso de Bangladesh, donde en 1970 un violento ciclón tropical cobró 300 mil vidas, mientras que en 1992 y 1994, gracias al mejoramiento de las predicciones, ciclones similares causaron sólo 13 mil y 200 víctimas, respectivamente.

Ante la pregunta ¿cómo realizar un plan eficaz de mitigación de desastres? El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial explica: “Todo plan deberá tomar en cuenta el gran número de fenómenos meteorológicos e hidrológicos que podrían afectar a una región, así como las proyecciones a largo plazo del cambio climático en la elevación del nivel del mar, la agricultura, los recurso hídricos y desastres naturales conexos. En base a ello, los gobiernos advierten su impacto futuro y formulan prioridades. De esta manera, el éxito de un programa preventivo se debe básicamente a la certeza del pronóstico que alerta con anticipación la ocurrencia del fenómeno, y al factor humano que percibe los riesgos y toma decisiones. Empero, continua, algunos países requieren perfeccionar sus planes gubernamentales de mitigación de desastres y actualizar todos sus sistemas de predicción atendiendo los avances de la ciencia y la tecnología.

Entre las principales líneas científicas y técnicas que coordina la Organización Meteorológica Mundial figura el Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial que diariamente permite compartir entre los países miembros información climática por tierra, mar y aire, al recopilar y procesar datos mediante cuatro satélites meteorológicos geoestacionarios (obtienen imágenes en tiempo real), seis de órbita polar (dan imágenes de alta definición), 10 mil estaciones de observación terrestre, 250 más de observación atmosférica, siete mil buques y 300 sistemas en aeronaves, equipadas con estaciones meteorológicas automáticas.

El sistema transmite minuto a minuto más de 15 millones de datos y dos mil mapas del tiempo a través una red de alta velocidad formada por tres centros meteorológicos mundiales, 35 regionales y 183 nacionales, que colaboran en la preparación de los informes y avisan sobre ciclones tropicales, sequías, inundaciones, fuegos forestales, desechos nucleares, cenizas volcánicas y otros contaminantes presentes en la atmósfera.

Por otro lado, para comprender y pronosticar la variabilidad de fenómenos como El Niño y La Niña, la Organización Meteorológica Mundial ha preparado modelos basados en conjuntos de datos internacionales, concentrados desde 1979 en el Programa Mundial sobre el Clima y recientemente en el de Investigaciones Climáticas. Los modelos han demostrado claramente la manera en que los cambios de temperatura en el océano Pacífico pueden afectar los patrones meteorológicos del planeta, y aunque todavía se encuentran en desarrollo, se espera que den alerta temprana de fenómenos climáticos significativos y sirvan para analizar la vulnerabilidad, evaluar los riesgos y prevenir a las comunidades a más largo plazo. A su vez, la Organización Meteorológica Mundial coordina un proyecto de transferencia de tecnología que ha llevado computadoras y software de gestión de datos a más de 130 países en desarrollo, y otro que rescata y almacena en microfilms manuscritos antiguos evitando su pérdida total.

En particular, la Organización Meteorológica Mundial participa activamente en la aplicación de la estrategia internacional para la reducción de los desastres y se ha asociado con otras organizaciones en el sector salud, agricultura, gestión de recursos hídricos, ayuda humanitaria y turismo, que aportan conocimientos científicos sobre fenómenos físicos, químicos y biológicos ocurrentes en la Tierra, y proponen estrategias preventivas para todo tipo de eventos extremos.

Con el fin de ofrecer pronósticos reales del tiempo, clima y recursos hídricos en el planeta, la Organización Meteorológica Mundial provee información a través de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, los cuales recopilan datos de los fenómenos naturales acontecidos en los 185 países miembros. Este enlace, también sirve para llevar a cabo políticas y estrategias en la mitigación de desastres. En opinión de Godwin P. Obasi, los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales tienen éxito gracias al fortalecimiento institucional y jurídico de las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, encargadas de los programas de protección civil; y a la asesoría de los institutos, universidades y centros de investigación. Sin embargo, subraya que pese a los programas y actividades de la Organización Meteorológica Mundial en este rubro, aún falta reducir la brecha entre el nivel de servicios científicos y tecnológicos proporcionados por las naciones desarrolladas y en desarrollo.

“Esta disparidad es causa de gran preocupación para los países miembros, ya que el nivel de interdependencia en la mitigación de desastres resulta elevado. De ahí que los gobiernos deberán modernizar la infraestructura básica de sus sistemas meteorológicos nacionales y efectuar en paralelo planes adecuados de alivio a la pobreza. Así, con apoyo del sector privado y la sociedad, se conseguirá minimizar la vulnerabilidad a los eventos hidrometeorológicos extremos”, concluye.

En este sentido la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha efectuado un audaz relevamiento cuyo resultado resulta cuanto menos alarmante. Los países con menor grado de desarrollo no tienen plena conciencia del soporte que la meteorología puede brindar para aminorar e inclusive evitar desequilibrios socioeconómicos producidos por un desastre natural. En cambio, los países altamente industrializados tienen en claro las ingentes pérdidas que el eficaz aprovechamiento de la meteorología puede evitar, así como las ganancias que su correcto uso puede llegar a redituar. Así se acepta totalmente la contribución de esta ciencia para racionalizar la agricultura, para el aprovechamiento del agua o para la ejecución de grandes obras de infraestructura.

Innumerables han sido los fracasos sufridos por los países que intentaron llevar adelante planes no evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos. Dan cuenta de esto el dramático e irreparable error cometido en la destrucción de la selva amazónica; los intentos fallidos de cultivos intensivos de especies en lugares inadecuados; la destrucción de obras por la acción de fuertes vientos, colapsos de represas y obras hidroeléctricas por causa de ríos en crecida, etcétera. En la mayoría de los países se han instalado industrias pesadas o asentamientos urbanos sin tener en cuenta aspectos meteorológicos tales como la radiación, fuentes contaminantes o vientos prevalecientes.

Esta falta de previsión y de asesoramiento adecuado lleva, a quienes diseñan políticas urbanísticas y sociales, a trabajar en contra de los fenómenos meteorológicos en lugar de tratar de estudiarlos y de ajustarse a ellos. Las estadísticas de muerte y destrucción por catástrofes naturales demuestran que las decisiones tardías no sirven para evitar las altas pérdidas que muchas veces afectan a toda una nación. Así, por falta de asesoramiento, nuestro país ha privatizado las líneas ferroviarias, sin prever quién se hará cargo de las redes de observación pluviométricas que funcionaban en las estaciones ferroviarias, monitoreando las escalas de precipitaciones en todo el territorio nacional. En el otro extremo, existen determinados países donde la obligatoriedad del asesoramiento meteorológico tiene fuerza legal. En Israel, por ejemplo, las compañías aseguradoras exigen el aval de un informe meteorológico para el aseguramiento de cosechas en determinados lugares.

Esto demuestra que en muchos países existe una conciencia clara del aporte benéfico de esta ciencia en el desarrollo y progreso socioeconómico de las naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aun por las naciones menos desarrolladas del mundo, quienes a través de tristes experiencias, saben que cuesta mucho menos prever un desastre que tratar de solucionarlo o mitigar sus consecuencias, una vez que éste se ha producido.

Por los motivos expuestos y haciendo propicia esta ocasión para rendir un merecido homenaje a los hombres y mujeres que integran nuestro Servicio Meteorológico Nacional, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Establécese que la actividad de producción y elaboración de biocombustibles debe considerarse una actividad industrial a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios, fiscales y de cualquier otro tipo que se fijen para las actividades industriales por parte del gobierno nacional.

Art. 2º – Los gobiernos provinciales y municipales podrán adoptar igual criterio al definido en el artículo anterior para extender los beneficios otorgados a las actividades industriales, a los emprendimientos y el desarrollo de biocombustibles.

Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo para incluir al proceso de elaboración y producción de los biocombustibles en los regímenes de promoción industrial existentes o aquellos que pudieran instituirse.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Los llamados biocombustibles son compuestos químicos (alcoholes, éteres y ésteres) producidos a partir de biomasa, materia obtenida a partir de la fotosíntesis de plantas, los residuos de la actividad agrícola, forestal e incluso de los desechos de la industria alimenticia que pueden utilizarse por sí solos o mezclados con sustancias fósiles como combustibles.

La evidente existencia de un proceso de transformación de una materia prima (girasol, soja, colza, algodón) para la obtención de un compuesto orgánico distinto (bioetanol, biodiésel, biometanol entre los más utilizados) que puede utilizarse como combustible; nos indica claramente que estamos ante un proceso industrial.

La sustitución de los combustibles fósiles o tradicionales ha recobrado vigencia con la crisis energética global derivada de la agotabilidad del recurso y del acelerado impacto ambiental negativo.

Los principales países del mundo están realizando una fuerte inversión en el sector a fin de mejorar procesos industriales que permitan obtener biocombustibles de bajo costo y no contaminantes. Incluso las legislaciones más modernas prevén sustituciones graduales de combustibles fósiles por biocombustibles a la vez que incentivan al sector privado a optimizar los procesos productivos y el alcance de sus aplicaciones.

En la Argentina, convergen por su condición natural, histórica y competitiva los factores necesarios para transformarse en un polo productor y exportador de biocombustibles.

La soja, el girasol, la colza e incluso cultivos regionales profundamente deprimidos y desapreciados como el algodón pueden ser materia prima de biocombustibles generando un profundo impacto en el desarrollo de las economías regionales.

Los ejemplos de las plantas emplazadas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Neuquén, La Pampa, San Luis, Río Negro, Jujuy, Córdoba y Tucumán, son la clara manifestación de una dirección que debemos acompañar.

Es imprescindible otorgarle en este contexto al proceso de producción o elaboración de biocombustibles el marco mínimo de actividad industrial, definirle regímenes promocionados especiales y extenderle los beneficios de la actividad industrial que pudieran estar vigentes.

La industria del biocombustible es un dato de la realidad que no podemos desconocer; y el crecimiento y desarrollo de esta actividad tienen una potencialidad apenas imaginable que puede modificar nuestro rol en el contexto internacional.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

–A las comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda.

Adherir a la decisión adoptada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que toda la documentación reunida sobre la última dictadura militar argentina sea considerada Memoria del Mundo, es decir, patrimonio documental de la humanidad.

María C. Perceval. – Rubén Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.

Señor presidente:

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, autoridades provinciales y distintos organismos de derechos humanos solicitarán a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que toda la documentación reunida sobre la última dictadura militar argentina sea considerada Memoria del Mundo, es decir, sea declarada patrimonio documental de la humanidad.

De esta manera, se trata de promover la conservación y dar difusión de tres tipos de registros documentales: aquellos producidos por organismos de derechos humanos y los personales (como los de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo, o los archivos del Juicio a las Juntas Militares); aquellos elaborados por los aparatos represivos del Estado y luego recuperados para su análisis o como prueba judicial; y aquellos producidos por el Estado en democracia (como el archivo de la Conadep), documentos todos que permiten reconstruir gran parte de lo ocurrido durante los años del terrorismo de Estado y fortalecer la búsqueda de verdad y justicia.

El Programa Memoria del Mundo fue creado por la UNESCO en el año 1992 con la finalidad de proteger el patrimonio documental mundial.

Este programa tiene tres objetivos principales: a) Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial a través de asistencia técnica y práctica; b) Facilitar el acceso universal al patrimonio documental, a través de la producción de copias numerizadas y catálogos consultables en Internet, su publicación y distribución (libros, CD, DVD y otros productos) de manera tan amplia y equitativa como sea posible; c) Crear una mayor conciencia en todo el mundo acerca de la existencia y la importancia del patrimonio documental, para lo que podrá recurrirse, aunque no exclusivamente, a la ampliación de los registros de la Memoria del Mundo y a promover su publicación y difusión a los fines de contribuir a la sensibilización. Ello supone la difusión internacional y la ampliación del acceso de la ciudadanía a los documentos, así como un llamado a que los distintos actores sociales nacionales sean conscientes de la necesidad de conservar y preservar esos archivos.

En este sentido, “la concepción del Programa Memoria del Mundo es que el patrimonio documental mundial pertenece a todo el mundo, debería ser plenamente preservado y protegido para todos y, con el debido respeto de los hábitos y prácticas culturales, debería ser accesible para todos de manera permanente y sin obstáculos. [Su] misión es incrementar la conciencia y la protección del patrimonio documental mundial y lograr su accesibilidad universal y permanente” (“Memoria del Mundo. Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental”; preparado para la UNESCO por Ray Edmondson; División de la Sociedad de la Información; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; febrero de 2002).

Para garantizar la preservación de estos documentos, así como para difundirlos y transmitir lo que ocurrió hace treinta años en nuestro país, el gobierno argentino –a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– y las organizaciones de derechos humanos realizarán conjuntamente la presentación ante la UNESCO, que se concretará en la ciudad de París (Francia) en las próximas semanas. El organismo deberá decidir si estos documentos pueden considerarse Memoria del Mundo, lo que implicaría –tal como señaló Patricia Valdez, directora de la Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos, Memoria Abierta–, que “los archivos superan las barreras nacionales e involucran a toda la humanidad” (Hacia una memoria universal del horror; “Página/12”; 21/2/06).

La Secretaría de Derechos Humanos presentará ante la UNESCO los siguientes documentos: el Archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); las Actuaciones Probatorias que integran la Causa 5.310 “Sara Derotier de Cobacho, Secretaría de Derechos Humanos s/denuncia, presunta comisión de delitos vinculados a desaparición y homicidio de personas durante la última dictadura militar”; los Archivos del Servicio de Inteligencia del Chubut (SICH); los Archivos de la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán (1974-1983); el Fondo Documental de la Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe (1976-1983); el Fondo Documental de la Policía de la Provincia de Santa Fe (1976-1983); el Fondo Documental del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (1976-1983); el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA); la Serie de Fotografías de Centros Clandestinos de Detención de la Ciudad de Rosario y localidades vecinas; la serie de fotografías originales pertenecientes al “rosariazo”; la serie documental de cartas personales de presos políticos y personas exiliadas; la serie de Carpetas Testimoniales del Museo de la Memoria de Rosario; el Archivo Institucional de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el Archivo Biográfico Familiar de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; el Archivo Institucional de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); el Archivo Histórico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Archivo Institucional de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; el Archivo Institucional del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Archivo Institucional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); el Archivo de Testimonios de la Asociación Civil Memoria Abierta; la Colección de documentos sobre centros clandestinos de detención de Memoria Abierta; la Colección de Fotografías de Memoria Abierta; el Fondo documental Moreno Ocampo; el Fondo Documental del Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza (D-2); el Archivo Institucional de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; el Archivo personal de María Isabel Chorobik de Mariani; el Archivo Institucional de la Asociación Anahí; y el Fondo Adelina Dematti de Alaye (Citados en cada carta, cada documento, cada testimonio; “Página/12”; 21/2/06).

Como antecedente de suma importancia, cabe señalar que en el año 2003 Chile presentó y logró la inclusión de sus documentos sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. En dicha oportunidad, la UNESCO destacó: “La inscripción de esta colección documental tiene por objetivo prevenir la merma continua de la memoria histórica de las violaciones de los derechos humanos y las actividades en pro de su defensa durante la dictadura militar, que se hallan documentadas en distintos archivos e instituciones nacionales. La inscripción de este archivo también tiene como meta preservar y difundir un tipo de documentos que deben ayudar a Chile y otros países víctimas de dictaduras a superar un pasado reciente caracterizado por las violaciones a los derechos humanos” (El Programa de la ONU; “Página/12”; 21/2/06).

Graciela Karababikian, Coordinadora del Programa Memoria Documental de Memoria Abierta, destacó que “la Memoria del Mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos, su patrimonio documental que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura” (Hacia una memoria universal del horror; “Página/12”; 21/2/06)

La Memoria del Mundo es “la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo –su patrimonio documental– que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura” (“Memoria del Mundo. Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental”; preparado para la UNESCO por Ray Edmondson; División de la Sociedad de la Información; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; febrero de 2002).

Adhiriendo a esta decisión que permitirá preservar y difundir los testimonios sobre las resistencias, la incansable lucha de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, reconstruir las historias de vida de quienes fueron secuestrados y detenidosdesaparecidos y repensar la historia nacional en clave de justicia y memoria, y expresando beneplácito porque esta decisión se adopta al momento de cumplirse el 30º aniversario del golpe militar del año 76, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de resolución.

María C. Perceval. – Rubén Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo del corriente año.

Señor presidente:

El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, una fecha del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A su vez, se exhortó, por resolución 32/142, a que los Estados continuaran contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para su plena participación en el proceso de desarrollo social. Esa decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer, 1975, y del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, década que transcurrió entre 1976 y 1985, ambos proclamados por la asamblea.

Fue así que, en 1975, se comenzó a observar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En su mensaje, en esa fecha del año 1996, el secretario general de la ONU dijo: “Aunemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos de género, cuando quiera y donde quiera que ésta ocurra. Es preciso que toda la humanidad […] tenga plenas facultades para aportar su contribución al desarrollo de la sociedad y el adelanto de la civilización”.

Sobre el por qué de la elección del 8 de marzo para la conmemoración de esta celebración existen numerosas versiones, dado que los antecedentes históricos no son abundantes ni unívocos. Como sea, su origen hay que buscarlo en los albores del siglo XX, en un complejo escenario signado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el creciente auge del sindicalismo femenino, que luchaba por defender los derechos laborales de las trabajadoras y por lograr el derecho de las mujeres al sufragio.

Al respecto, las versiones más difundidas, son las siguientes:

En 1857, en Nueva York habrían muerto quemadas en un incendio las obreras de una fábrica textil, que hacían una huelga reclamando la igualdad de sus salarios y una jornada limitada. Pero no existen pruebas documentales de ello, y según otras investigaciones lo que pasó en marzo de 1857 fue, en verdad, la realización de una gran marcha convocada por el sindicato de costureras de la compañía textil de Nueva York, que reclamaba una jornada laboral de sólo 10 horas. Así fue que miles de mujeres marcharon sobre los barrios más pudientes de la ciudad en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras textiles.

En 1867, también en Nueva York, se dice que tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos, quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento de salarios, aunque sin éxito, dado que tras tres meses de paro se vieron obligadas a regresar al trabajo sin respuestas a su demanda.

El tres de mayo de 1908, en Chicago, mujeres del Partido Socialista Norteamericano promovieron las jornadas denominadas Women Day, con el objetivo central de hacer campaña para el sufragio femenino.

En 1908, aseguran algunas historiadoras que 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio de una fábrica de Nueva York, en la que los dueños las habían encerrado para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga en la que 40.000 costureras industriales de grandes fábricas demandaban sus derechos de unirse a los sindicatos, mejores salarios y jornada de trabajo limitada, entre otros.

También en 1908, a fines de febrero, las organizaciones de mujeres socialistas convocaron a enormes manifestaciones públicas para pedir el derecho de la mujer al voto y por sus derechos políticos y económicos. En 1909 y 1910, diversas movilizaciones populares se sumaron a estas celebraciones por el Día de la Mujer.

El 27 de agosto de 1910, en Dinamarca, asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras a la II Conferencia de Mujeres Socialistas. Allí se propuso establecer el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las obreras textiles que habrían padecido el incendio de 1857 en la fábrica de Nueva York.

En Rusia, en 1917, el 23 de febrero, 8 de marzo para el calendario occidental, en plena guerra, las mujeres de San Petersburgo realizaron una manifestación pidiendo pan para sus familias y el regreso de los combatientes a sus hogares. A esta manifestación se unieron trabajadores y estudiantes, y puede haber actuado como detonante de la Revolución Rusa. Cuatro días más tarde, el zar abdica y el gobierno provisional otorga a las mujeres el derecho al voto, por lo que a partir de entonces, el 8 de marzo queda instituido como Día Internacional de la Mujer Comunista y comenzó a celebrarse con gran despliegue en todos los países de la órbita comunista.

Como se advierte del relato, hubo históricamente dos ramas en las luchas de las mujeres: una que se concentraba en eliminar la explotación industrial femenina, y otra en la obtención de derechos civiles de las mujeres, en particular el derecho al voto.

Por su parte, en la Argentina, las mujeres también se hicieron presente en la historia a través de su capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de ello, son Juana Azurduy, Machaca Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Escurra, Alicia Moreau de Justo, entre otras.

Sin embargo, no hay dudas de que fue la señora Eva Perón la figura femenina más importante de nuestra historia y la propulsora de la obtención del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, a la vez que una incansable luchadora por el acceso a la participación de sectores históricamente excluidos de nuestro país, ya sin distinción de género.

En definitiva, históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de desigualdades en el mundo entero. Si bien en muchos países se ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es un acto de plena justicia recordar en esta fecha a aquellas mujeres que han entregado su vida por un mundo más equitativo e igualitario.

Cabe resaltar que la presente es similar a la que fuera presentada, con el mismo objeto, el año anterior, lo que no obsta a que se reedite el presente homenaje, en un día tan caro para todas las mujeres del mundo.

Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente proyecto.

–Tratado sobre tablas el 9-3-06.

Su preocupación por las expresiones pronunciadas en el 43^er Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) en relación con la inclusión de la perspectiva de género en la legislación y las políticas públicas nacionales y su repudio por las palabras de agravio dirigidas hacia la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García.

Asimismo, destaca la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos de género que obstaculizan la consecución de un orden social más justo y equitativo para todos y todas.

Señor presidente:

En el marco del 43^er Curso de Rectores –7 al 10 de febrero de 2006– organizado por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Conferencia Episcopal Argentina presentó las declaraciones “La educación de la sexualidad en la escuela” y la “Declaración del Episcopado Argentino al pueblo de Dios sobre la educación sexual en las escuelas”, ambas contenidos en el documento “El desafío de educar en el amor”, sobre distintos aspectos relacionados con la educación sexual en las escuelas (“La Nación”; 8/2/06).

En dicha oportunidad, el padre Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, encargado de presentar el documento, expresó, ante 800 rectores invitados, que las “organizaciones feministas, que lograron establecer oficinas de género en las Naciones Unidas o el Banco Mundial, condicionan los préstamos a que los países incluyan esa perspectiva en sus legislaciones”. Añadiendo: “es por eso que ese ‘ministro despeinado’ que está en el Ministerio de Salud insiste sobre la perspectiva de género a como de lugar” (Agencia DyN; 10/2/06)

Dichas palabras, más allá de la desventurada alusión al ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, ponen de manifiesto la expresión propia de un discurso legitimante, naturalizante e invisibilizador de las desigualdades entre los géneros y justifican las desigualdades en el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y a los bienes materiales y simbólicos en todos los ámbitos del quehacer social.

Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los 80 se aprecian importantes conquistas en el plano legal que revierten discriminaciones previas y/o colocan como cuestiones de interés público temas que eran considerados propios de la vida privada. Pero en especial, se gestan nuevas formas de organización y participación pública de las mujeres y producción de discursos que van proporcionando los referentes simbólicos para acrecentar el consenso social sobre la necesidad de una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) – Area Género, Sociedad y Políticas – Flacso Argentina / PNUD Argentina, junio de 2004).

Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la actualidad, respecto de los fundamentos, las orientaciones y las metas que debieran regir las políticas nacionales e internacionales en términos de los derechos humanos de la mujer y de la equidad de género. En la Argentina, estos debates continúan en los primeros años de los 90 y se reafirman con importantes concreciones jurídicoinstitucionales (Bonder y Rosenfeld, 1994). Entre otras, con la jerarquía constitucional de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 (CN, artículo 75, inciso 22); la sanción de la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996); la creación –por decreto– del Consejo Nacional de la Mujer (1992).

Asimismo, la emergencia de organizaciones no gubernamentales de y/o sobre mujeres, el fortalecimiento de las ya existentes, y su incidencia en las políticas gubernamentales, dan cuenta de un dinamismo y compromiso social en línea con la efervescencia que fue adoptando la cuestión de la mujer en el ámbito internacional.

A lo largo de la historia, las conquistas legales ocuparon un lugar central en la lucha de las mujeres. Este es uno de los aspectos donde se registran los mayores logros y consensos entre los distintos grupos de mujeres y alianzas con otros sectores interesados en la construcción de un orden social más democrático.

El panorama de la situación de las mujeres en la Argentina muestra avances significativos desde el punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la organización y participación en la vida pública y política.

Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de género en las agendas políticas de los gobiernos y de la sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con las profundas inequidades de género y con facetas de la vida cotidiana que resisten los cambios de modelos y relaciones de género. Bonder y Rosenfeld afirman que ello se percibe en la estructura de poder en las instituciones; en el reconocimiento económico del trabajo femenino; en cuestiones más sutiles como la persistencia de estereotipos de género en los medios de comunicación y en otras producciones culturales; y en la asunción de responsabilidades en las tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as –las que siguen prioritariamente en manos de las mujeres (Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP) – Area Género, Sociedad y Políticas – Flacso Argentina / PNUD Argentina, junio de 2004).

Es por ello que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan como agentes de cambio. Asimismo, porque la perspectiva de género complementa toda la órbita de protección de los derechos humanos.

Por ello, el mismo concepto de género y la perspectiva de género son categorías de análisis más que necesarias para la debida comprensión y protección de los derechos humanos de todos y todas. Abordar la transformación de la realidad con perspectiva de género enriquece los diagnósticos y fortalece las políticas en tanto que visualiza las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación (Educación en derechos humanos. Las herramientas de derechos humanos, un poder ciudadano ante formas de violencia; Amnistía Internacional - Argentina; 2005)

Tenemos la convicción de que la seguridad humana es una plataforma y un marco prometedor para que las naciones del mundo promuevan la paz, los derechos humanos y el desarrollo humano. Sin embargo, sin un compromiso expreso para con la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género a las políticas públicas, las aspiraciones de las mujeres y las niñas, sus experiencias, necesidades e inquietudes, quedarán en la invisibilidad y en el olvido.

Por los motivos expuestos, repudiando las palabras de agravio dirigidas hacia la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, y destacando la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos de género que obstaculizan la consecución de un orden social más justo y equitativo para todos y todas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Dirección Nacional de Vialidad), realice los estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo que une la ciudad de Salta con la localidad de Cerrillos en la provincia de Salta.

Señor presidente:

El trayecto de 15 kilómetros que une la ciudad de Salta con la vecina localidad de Cerrillos, en el departamento del mismo nombre, fue el primer camino asfaltado de la provincia de Salta. Su carpeta bituminosa fue construida en 1936 por la Dirección de Vialidad de Salta no obstante pertenecer a la red de Vialidad de la Nación. Se trata de la ruta 9 que posteriormente pasó a ser la ruta 68 que va hacia los valles Calchaquíes y constituye un camino por donde sale toda la producción del Valle de Lerma.

La actual ruta 68 fue proyectada, trazada y construida cuando la provincia de Salta tenía cerca de 90.000 habitantes y la ciudad capital menos de la mitad. En ese entonces, el parque automotor no superaba los 200 vehículos.

Los puentes, las alcantarillas y la trocha, fueron diseñados hace 70 años y hoy, sólo el Valle de Lerma –con la capital–, supera los 600.000 habitantes y el parque automotor creció en una mayor proporción.

Pese a que en la década de los 80 se hicieron algunas obras, nunca se abordó una solución de fondo para adecuar ese tramo de ruta a las reales necesidades, al crecimiento demográfico y del parque automotor.

Señor presidente, en los últimos años se levantaron varios barrios a la vera de la ruta 68, en particular en el tramo Salta-Río Ancho, que han devenido prácticamente microciudades cuyos pobladores usan la ruta para dirigirse de y hacia sus casas junto con quienes desean salir de la ciudad.

El camino ya no puede contener más el flujo actual del tránsito. Los accidentes con víctimas fatales han ido creciendo en proporción desmesurada. A más de lo dicho, los inconvenientes y molestias para los automovilistas y los transportistas son moneda corriente.

Este estado de cosas impone que las autoridades competentes arbitren los medios para dar solución a este problema de la infraestructura vial nacional a fin de asegurar las comunicaciones, colaborar con el desarrollo de las economías regionales y evitar accidentes y pérdidas humanas.

Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Este honorable cuerpo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en colaboración con las respectivas jurisdicciones provinciales:

a) Instrumente por sí, e inste a las provincias, a verificar que las plantas industriales radicadas en el territorio de la República Argentina, cumplan con los requerimientos y estándares de calidad ambiental, que en cumplimiento de las normas vigentes, se les esta exigiendo que respeten las empresas productoras de pulpa celulósica que se están radicando en la hermana República del Uruguay.

b) Para el caso de que dichas empresas en su totalidad y/o parcialmente no cumplieran con los estándares de calidad ambiental, se adopten las medidas, acciones y/o programas que resulten pertinentes para que en un plazo adecuado se revierta dicha situación, procurando que se aplique sólo aquella tecnología no contaminante.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

Señor presidente:

Como es de público y notorio conocimiento, se ha desatado un inédito conflicto diplomático con la hermana República Oriental del Uruguay, con motivo de la instalación de dos plantas procesadoras de pasta celulósica en la localidad de Fray Bentos (ROU), frente a la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, por considerar que las mismas emplean tecnología contaminante que producirá graves efectos en la salud de la población y en la economía de la zona.

A nuestro entender, esta situación tiene dos aspectos: uno malo, cual es el deterioro de las relaciones entre ambos países, y uno bueno, cual es que la sociedad argentina tomo conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente.

Es bueno entonces, que frente a esta toma de conciencia social, y en una muestra de coherencia entre lo reclamado y lo actuado, tanto el gobierno nacional, como los distintos gobiernos provinciales en el marco de sus respectivas competencias, verifiquen que las distintas plantas industriales sitas en el territorio de la República Argentina, cumplan con todos los estándares de preservación del medio ambiente, y de cuidados establecidos por las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.

Consideramos que esta actitud oficial que reclamamos en el presente proyecto, va a reforzar la posición de la Argentina en el planteo jurídico que se piensa impetrar por ante el Tribunal Internacional de La Haya, dando una clara señal, de que este no es un planteo puntual y focalizado, sino, que, refleja una posición clara y definida del pueblo argentino a favor de la vida, manifestada en la ocasión, en nuestra reclamada preservación del medio ambiente.

Creemos que no se debe criticar a los demás, sin tomar conciencia de lo que pasa en nuestro territorio. Si en este caso se arguye como defensa de nuestros derechos, la salud de la población, el cuidado de la misma es una obligación del Estado, sea cual sea el lugar donde se encuentren emplazados los establecimientos industriales capaces de causar daños similares a los que se cuestionan, dependiendo esto simplemente del tipo de industria que se trate, de la tecnología que utilicen y de los recaudos que tomen o no, para evitar contaminar.

Al solo objeto de aclarar este concepto, pondremos como ejemplo lo que sucede en nuestra provincia de Tucumán.

Innumerables empresas radicadas en nuestra provincia, con una total desaprensión e irresponsabilidad arrojan residuos industriales a la cuenca de los ríos Salí y Dulce, situación que se agrava temporalmente entre los meses de marzo y octubre.

Al desembocar dichos ríos en el lago de Río Hondo, al mismo hoy puede calificárselo como un pantanal putrefacto, en donde se pueden encontrar: Sales varias de una minera, sustancias biodegradables de las fábricas de productos alimenticios y elevadas concentraciones de sulfato, sulfito y ácido sulfhídrico de las papeleras.

Dentro de estas últimas, tenemos dos empresas papeleras que eliminan sus efluentes sin un tratamiento nacional. Las mismas son Papelera del Tucumán S.A. y Moonmate S.A.

Un capítulo especial es el referido a Papelera de Tucumán, que arroja sus desechos al arroyo Calimayo, que desemboca en el río Colorado, un afluente del Salí.

Esta empresa está adherida al programa de “Producción limpia” que impulsa el gobierno tucumano, con incentivos fiscales, para tratar de reducir la contaminación.

Sin embargo y más allá de este subsidio sigue utilizando la tecnología más contaminantes de los utilizados en la actualidad, como es el blanqueado de la pasta a través de cloro elemental.

Encontrándose en la actualidad esta empresa con una causa judicial abierta por una denuncia del director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente de Tucumán, en febrero de 2003, “la cual pone en conocimiento del Ministerio Público que la empresa Papel del Tucumán es la principal contaminadora de la provincia”. Peritajes efectuados durante la causa señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia alteraciones biológicas, bioquímicas y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la planta”; entre otros aspectos, la contaminación “comprometería la supervivencia de especies de anfibios autóctonos”, lo cual “conduciría a la proliferación de insectos perjudiciales para la agricultura y para la salud humana”. Ya un informe preliminar elaborado por Gendarmería Nacional concluyó que “a simple vista se constata una presumible contaminación en el agua y aire proveniente de Papelera del Tucumán.

La Cámara Federal de Tucumán integrada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau, Raúl David Mender y Ricardo Sanjuan– revocó un fallo en primera instancia y estableció: “Este Tribunal entiende acreditado que la firma Papelera del Tucumán S.A. realiza una actividad en sí misma contaminante” y dispuso procesar a sus representantes legales “como presuntos autores penalmente responsables, en su condición de mandatarios legales de Papelera del Tucumán, del delito previsto y penado por el artículo 55 de la ley 24.051”.

Esta ley, llamada de residuos peligrosos, dispone una pena de tres a diez años de cárcel para quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”; la pena es de 10 a 25 años si el delito tuviera por consecuencia “la muerte de personas”.

Es la primera vez en América Latina que un fabricante de pasta de celulosa será procesado por este motivo. Además, “desde que la empresa empezó a verse investigada, hizo bajar los niveles de contaminación:”

Para concluir, cité el ejemplo de Tucumán, por ser el que más conozco y el de estas empresas papeleras en particular por la connotación pública que tienen hoy, sin desconocer que además hay otras industrias, como las azucareras y las citrícolas, entre otras, que también son altamente contaminantes.

No me cabe ninguna duda, que situaciones similares se deben producir en todas las provincias, con mayor o menor intensidad, lo que me lleva a insistir en que al Estado le cabe una acción fundamental, cual es la de prevenir, resguardar, controlar y, llegado el caso, sancionar a quien no cumpla con todos los resguardos en aras de un medio ambiente sano, limpio y seguro.

Por las razones expuestas, me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de declaración.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

–A la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.