27/03/2003 - (TP 19)

Instar con carácter de urgente al Poder Ejecutivo nacional que, a los efectos de asegurar la transparencia y plena vigencia de normas relativas al proceso electoral, solicite, sin dilación alguna, al actual secretario de Turismo, señor Daniel Scioli, licencia de su actual cargo, por integrar el binomio oficialista en calidad de vicepresidente.

Hugo R. Cettour. – Adrián Menem. – Teresa H. Ferrari. – Alberto Herrera. – Jorge L. Bucco. – Olijela del Valle Rivas. – Roque T. Alvarez. – Arnoldo Lamisovsky. – Jorge A. Escobar.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, el actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, integra el binomio oficialista en calidad de vicepresidente.

No obstante integrar dicha fórmula electoral, el candidato no ha cesado sus actividades en el actual cargo ni tampoco ha interrumpido su actividad de campaña.

Es en relación con esta última que se puede afirmar que no sólo ha continuado, sino potencializado esta tarea mediante visitas a distintas provincias y ciudades de todo el país, realizando entrega de subsidios y otros efectos; todo, con apoyatura de personal, comitivas, equipos de periodistas, hospedajes y transporte aéreo oficial.

En tal sentido, puede afirmarse que esta modalidad en el ejercicio de un cargo con rango de secretario de Estado violenta disposiciones contenidas en la ley electoral, además de contribuir a las malas interpretaciones y falta de claridad.

Encontrando que las disposiciones contenidas en el capítulo IV de la Ley Electoral –que hacen referencia a las, prohibiciones dentro de una campaña electoral– se refieren a todos aquellos actos que permiten captar voluntades, direccionando los sufragios.

Y, entendiendo que en todo proceso electoral debe primar la mayor transparencia –por depender de ella el fortalecimiento de las instituciones– y, por ende, de la democracia, es que solicitamos con carácter de urgente y sin dilación alguna, que el Poder Ejecutivo nacional requiera del actual secretario de Turismo, su licencia a los efectos de evitar malas interpretaciones y las violaciones a la ley electoral vigente.

Hugo R. Cettour. – Adrián Menem. – Teresa H. Ferrari. – Alberto Herrera. – Jorge L. Bucco. – Olijela del Valle Rivas. – Roque T. Alvarez. – Arnoldo Lamisovsky. – Jorge A. Escobar.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Programación de la Madera Argentina que será ejecutado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción, y que se desarrollará de conformidad a lo establecido en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

Art. 2º – Serán tareas prioritarias del Programa promover el aumento del consumo local y de las exportaciones de productos madereros, contribuyendo a aumentar la competitividad de los integrantes de la cadena de valor. El Programa no podrá, en el cumplimiento de su objetivo, comercializar directa o indirectamente productos o subproductos de madera.

Art. 3º – El Programa Nacional de Programación de la Madera Argentina administrará el Fondo de Promoción de la Madera Argentina que se crea en la presente ley, mediante el cual financiará las acciones necesarias para cumplir su misión. A tal efecto podrá:

a)Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de las exportaciones y del consumo local de productos o subproductos de madera;

b)Llevar a cabo estudios e investigaciones que tiendan a difundir las ventajas de la utilización de productos de madera;

c)Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y del exterior para representar a los intereses del sector maderero;

d)Dictar y organizar cursos de formación y perfeccionamiento, y realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o eventos similares, relativos a los productos de madera;

e)Realizar actividades de asistencia técnica, por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales, relacionadas con la producción, industria y comercialización de productos de madera, y facilitar el intercambio interinstitucional de técnicos y expertos;

f)Investigar nuevos mercados y colaborar en su desarrollo. Fomentar la cooperación mediante la formación de consorcios y campañas de comercialización internacional;

g)Producir y difundir información estadística y de perspectivas comerciales relativas al sector maderero;

h)Identificar y gestionar recursos de fuente local o externa para apoyar la ejecución de las actividades del programa;

i)Otorgar becas y estímulos destinados a cumplir con los objetivos del Programa;

j)Promocionar y fomentar el uso de la madera en la construcción y trabajar coordinadamente con otros organismos públicos para identificar y derogar todas las normativas que actualmente dificultan su uso;

k)Desarrollar cualquier actividad que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos.

Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción será la autoridad de aplicación de la presente ley y como tal nombrará un coordinador ejecutivo del Programa.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo determinará las modalidades de participación y coordinación en el Programa de otros organismos públicos con actuación en el sector.

Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos convocará a las distintas entidades privadas vinculadas con el quehacer del sector a incorporarse al Programa.

Art. 7º – Créase el Fondo de Promoción de la Madera Argentina para financiar el Programa Nacional de Programación de la Madera Argentina el cual se integrará con los siguientes recursos:

a)Entre un 0,5 % y un 1 % de los fondos destinados a solventar el apoyo económico establecido en el artículo 17 de la ley 25.080;

b)Los aportes que realicen las organizaciones privadas del sector;

c)Los legados, donaciones y contribuciones estatales o privadas que acepte el Fondo.

Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán N. L. Damiani. – Guillermo E. Corfield. – María E. Herzovich. – Miguel A. Insfran. – Luis A. Sebriano. – María N. Sodá. – Noel E. Breard.

Señor presidente:

El sector forestal argentino ingresa al nuevo milenio dentro de un escenario mundial marcado por cambios significativos, y una realidad local dinámica y al mismo tiempo paradójica; con la presencia simultánea de indicadores que entusiasman y de aquellos que requieren la máxima atención.

El mundo pierde 13.7 millones de hectáreas de bosques por año. El déficit de madera para el 2010 será cercano a los 1.000 millones de metros cúbicos. Y la Argentina es uno de los países con mayor potencial para compensar ese déficit por tener una excepcional conjunción de condiciones ambientales que permiten implantar tanto especies de rápido crecimiento de uso industrial como maderas de alta calidad, con una amplia dotación de tierras aptas para bosques implantados.

Efectivamente, la Argentina tiene 20 millones de hectáreas aptas para la forestación sin competir con otras actividades agropecuarias. A esto debe agregarse el excepcional potencial para generar nuevos bosques, de alta eficiencia y con ritmos de crecimiento difíciles de igualar en otras partes del mundo.

Adicionalmente, el comercio mundial de productos forestales está creciendo con un simultáneo incremento de los déficit regionales de madera. Por otro lado, las restricciones al aumento de la producción que hoy predomina entre la mayoría de los países productores contribuyen a otorgar a la Argentina una oportunidad única para recibir inversiones millonarias en el sector sistema productivo forestal.

En los últimos cinco años la Argentina incrementó notablemente su ritmo de plantación anual. En este sentido se debe remarcar como aspecto central los cambios que se han implementado en el ordenamiento jurídico. La aprobación de la ley 25.080, de inversiones para bosques de cultivo, abrió las puertas para el amplio desarrollo de un sector con enormes potencialidades y fuertes impactos hacia otras actividades, como la industria celulósicopapelera y la maderera.

Sin embargo, el país tiene en productos forestales un desbalance comercial inédito. En efecto, la Argentina tradicionalmente ha sido importadora neta de productos forestales. Su participación en el comercio internacional de estos productos es muy baja. El valor de nuestras exportaciones es diez veces menor que las de Chile y veinte veces menor que las de Brasil.

El sector forestoindustrial tiene potencial para mostrar una mayor inserción internacional de sus productos. Hasta el presente los logros en comercio exterior se han debido especialmente al impulso de las grandes empresas. Se requiere de un mayor apoyo gubernamental para impulsar las exportaciones tanto de muebles como de maderas producidas por empresas pymes.

Por otra parte el consumo interno de productos forestales es muy bajo. Existe una estrecha vinculación entre el consumo de productos madereros y el desarrollo económico. Se advierte una gran diferencia en el consumo por habitante por año entre los países industrializados y los países en desarrollo. Estados Unidos consume 3.2 metros cúbicos de madera por año, Chile 1.40, el promedio mundial es de 0.73 y la Argentina sólo consume 0.39 metro cúbico anual por habitante. Estos números son ilustrativos del bajísimo nivel de consumo de productos forestales en nuestro país. Representa la cuarta parte de lo que consume Chile que a su vez es menos de la mitad de lo que consume Estados Unidos.

Esta situación contrasta fuertemente con la tendencia mundial que indica que seguirá creciendo el consumo mundial de estos productos por los siguientes motivos:

a)Mayor utilización de contenedores en el transporte de mercancías con aumento de la demanda de pallets y cajas especiales de cartón;

b)Elevación del nivel de educación mundial, lo cual modifica las pautas de consumo e impacta fuertemente sobre el consumo de papel;

c)Mayor uso de la madera como elemento estructural en la construcción;

d)Presión para el reemplazo de materiales no reciclables por otros que sí lo son, como los envases en base a plástico respecto de los de origen maderero.

Señor presidente, entendemos que el escenario mundial y las condiciones de nuestro país plantean excelentes perspectivas para el despegue del sistema foresto-industrial y su ubicación en una senda de desarrollo autosostenido. Pero para consolidar esta oportunidad entendemos que no basta con promocionar el aumento de las plantaciones.

Si bien el esfuerzo presupuestario que está haciendo nuestro país para promocionar la implantación de bosques cultivados es muy importante, ello constituye sólo un primer paso si se lo compara con el accionar de otros países.

Se nos plantea ahora el urgente desafío de posicionar la madera argentina en los mercados mundiales, compitiendo con aquellos países que destinan importantes fondos sectoriales a desarrollar los mercados internacionales y sostener los propios.

En forma simultánea, el escaso consumo de productos forestales en el mercado interno argentino requiere de una estrategia de fomento del consumo y su integración con los destinos de exportación.

La vocación forestal del país sólo se podrá mantener en la medida que exista una activa y creciente demanda por los productos que nuestros bosques entregan. Para ello se requiere aumentar continuamente la eficiencia en la utilización y elaboración de los productos del bosque, mejorar su competitividad en el mercado externo y su aceptación en el mercado interno frente a otros materiales sustitutos.

Por ello, en este proyecto de ley proponemos la creación de un Programa Nacional de Promoción de la Madera Argentina cuyas acciones promoverán el aumento del consumo local y de las exportaciones de productos forestales.

Se prevé su financiamiento por medio de un Fondo de Promoción de la Madera Argentina el cual se integrará con un porcentaje de los fondos que actualmente se destinan a solventar el apoyo económico no reintegrable de las plantaciones establecido en la ley 25.080. También se prevé el aporte de las organizaciones privadas vinculadas al sector.

Este programa, del que participarán activamente las entidades privadas vinculadas con el sector, deberá coordinar acciones con otros organismos públicos con actuación en el sector como por ejemplo la Secretaría de Industria, la Secretaría Pyme, Cancillería, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Creemos que la creación del Programa Nacional de Promoción de la Madera Argentina es un instrumento adecuado para lograr el crecimiento sostenido, de las exportaciones y del consumo interno de productos forestales.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán N. L. Damiani. – Guillermo E. Corfield. – María E. Herzovich. – Miguel A. Insfran. – Luis A. Sebriano. – María N. Sodá. – Noel E. Breard.

–A las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Recursos Naturales… y de Presupuesto y Hacienda.

Que vería con agrado que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación investigue las denuncias existentes sobre irregularidades en el manejo y distribución de Planes para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la localidad de Dos de Mayo, provincia de Misiones, y en caso que corresponda impulse la investigación penal correspondiente.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán N. L. Damiani. – María N. Sodá.

Señor presidente:

En la provincia de Misiones se produjeron varias denuncias sobre irregularidades en la distribución del subsidio para jefas y jefes de hogar desocupados hechas públicas por distintos sectores, incluidos los obispados de Misiones.

Inclusive, a raíz de esa denuncia el gobierno provincial había suspendido todo el tramitado para “barajar y dar de nuevo” a través de las multilaterales municipales en el marco del control social y la transparencia que exige la sociedad cuando se trata del manejo de planes sociales.

En Misiones, la mayoría de los municipios han conformado comisiones multilaterales de políticas sociales, que son las responsables de diseñar estrategias de contención y asistencia social a los sectores más pobres de sus respectivas comunidades. Estos ámbitos constituyen los medios ideales para una aplicación transparente de los programas de emergencia evitando que sean manejados por intereses políticos.

En esta oportunidad, un concejal e integrante del consejo multilateral de la localidad de Dos de Mayo realizó una denuncia penal por haberse verificado una maniobra que se habría hecho desde la Municipalidad con los Planes para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. La maniobra consistía en que un empleado de la huerta municipal cobraba los planes de otros beneficiados que desconocían que se le habían otorgado estos planes. La denuncia fue caratulada como “falsificación de firma y otras defraudaciones”.

Lo más grave de la situación son los reiterados reclamos que pesan sobre el intendente de Dos de Mayo, que preside el consejo multilateral de la localidad, en el sentido de no posibilitar la participación de cooperativas, gremios y otros sectores.

Dos de Mayo es una localidad con enormes necesidades en materia de asistencia social. La grave crisis económica y social que atraviesa el país refuerza la obligación de ser muy transparentes y rigurosos con la administración de estos fondos que muchas veces no son suficientes para cubrir la demanda existente.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán N. L. Damiani. – María N. Sodá.

–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Legislación del Trabajo y de Familia…

De interés parlamentario el Proyecto de Restauración del Bosque Nativo Andino-Patagónico desarrollado por la Fundación Generación Malvinas en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

Julio C. Accavallo. – Alejandro O. Filomeno. – Marcela A. Bordenave. – Margarita O. Jarque. – Rodolfo Rodil. – Darío Alessandro.

Señor presidente:

En vastas extensiones del bosque nativo andino-patagónico los incendios, la tala indiscriminada de árboles, el pastoreo, la sustitución de especies nativas por exóticas y la falta de reforestación han provocado un deterioro progresivo del mismo.

Por otra parte, la extinción del bosque no es sólo la extinción del árbol, sino de un ecosistema que está en íntima relación con la conservación y el manejo de los recursos naturales de toda la Patagonia.

Es por ello que la Fundación Generación Malvinas con sede en San Carlos Bariloche ha puesto en funcionamiento el Proyecto para la Restauración del Bosque Nativo Andino-Patagónico.

Las principales tareas que realizan están relacionadas con la reproducción de especies nativas para el bosque, y la concientización de la comunidad sobre la importancia de la protección de los recursos naturales renovables.

Para restaurar las áreas boscosas degradadas y las cuencas erosionadas se creó el Vivero Forestal Bariloche, donde se desarrollan las distintas especies a partir de semillas recolectadas en el bosque. Las especies que actualmente se están desarrollando son el ciprés de la cordillera, notro, maitén, arrayán, coihue, ñire, roble, pellín, lenga, radal, avellano, tino, laura, maqui, calafate, michai, michai chileno, maitén chico, parrilla, chilco, retanio, chacay, chin chin, pañil, patagua, pehuén y alerce.

Por otra parte, es muy importante el trabajo de concientización que la fundación realiza sobre la comunidad, especialmente organizando talleres de educación ambiental con docentes y alumnos de distintas escuelas de Bariloche y la zona. Más de 1.200 alumnos y docentes participan anualmente de la siembra en el vivero de especies autóctonas y como culminación anual realizan una reforestación en un área del cerro Catedral incendiada en 1996.

Actualmente la fundación cuenta con 9.000 m² propios de tierra con 30.000 plantas envasadas y 16.000 plantines en bandejas listos para el repique a bolsas, además de unas 30.000 semillas para la siembra.

El grupo que está desarrollando este trabajo lo hace desde la Fundación Generación Malvinas, aunque tienen avanzada la formación de una asociación civil denominada Sembrar.

El Proyecto para la Restauración del Bosque Andino-Patagónico ha sido declarada de interés municipal por el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche y de interés ecológico ambiental, educativo y social por la Legislatura de la Provincia de Río Negro.

Por lo expuesto, solicito a los señores diputados acompañen la presente iniciativa.

Julio C. Accavallo. – Alejandro O. Filomeno. – Marcela A. Bordenave. – Margarita O. Jarque. – Rodolfo Rodil. – Darío Alessandro.

–A la Comisión de Recursos Naturales…

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 25.713 el que quedará redactado conforme el siguiente texto:

Artículo 2º: Exceptúese de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) a todos aquellos préstamos otorgados a personas físicas por entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, sociedades cooperativas, asociaciones, mutuales o por personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, que se enumeran seguidamente:

a)Los préstamos, cualquiera sea su origen o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, originariamente convenidos hasta la suma de doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses (u$s 250.000) u otra moneda extranjera y transformados a pesos;

b)Los préstamos personales, originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses doce mil (u$s 12.000) u otra moneda extranjera y transformados a pesos.

Se consideran comprendidos en el presente inciso, los contratos de compraventa a plazo de cosas muebles en las que el comprador sea un consumidor final;

c)Los contratos de compraventa a plazo de lotes destinados a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente del comprador hasta la suma de dólares estadounidenses cincuenta y cinco mil (u$s 55.000) y, cuando el vendedor sea una persona jurídica y el comprador una persona física;

d)Los préstamos personales con garantía prendaria originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses treinta mil (u$s 30.000) u otra moneda extranjera y transformados a pesos.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Julio Accavallo. – Margarita Jarque. – Alejandro Filomeno. – Rodolfo Rodil. – Marcela Bordenave. – Darío Alessandro.

Señor presidente:

El presente proyecto plantea elevar de doce mil a cincuenta y cinco mil dólares el monto establecido en la ley 25.713 de compraventa a plazos de lotes destinados a la construcción de vivienda única, con el objeto de ampliar los deudores beneficiados con el reemplazo de la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia (CER) por el de variación salarial (CVS).

Asimismo se plantea como condición el vendedor sea una persona jurídica, y el comprador una persona física a los fines de no perjudicar a los vendedores particulares.

Es necesario que el Estado intervenga y amplíe la protección, debido al gran número de casos registrados en todo el país que superan el monto establecido en la ley, ya que los plazos de pago otorgados hicieron que los precios pactados por los lotes superen ampliamente a los de mercado.

Cabe destacar que los compradores que se pretende alcanzar con esta modificación confiaron en la estabilidad económica, y para hacer realidad el derecho a la vivienda, planificaron la economía familiar de tal manera que les permitía afrontar sus obligaciones. Pero desde la devaluación de la moneda hasta el presente sufrieron la pérdida del trabajo o la reducción del poder adquisitivo del salario en forma significativa.

A su vez, las cuotas que pactaron aumentaron considerablemente debido a la aplicación del CER, de tal manera que hoy se encuentran con serios atrasos en los pagos, y con el riesgo de perder el lote y la vivienda construida como consecuencia de las condiciones contractuales establecidas.

Por otra parte, resulta injusto que en la misma ley se contemple el caso de créditos hipotecarios de hasta doscientos cincuenta mil dólares, mientras que las personas que se encontraban en peores condiciones económicas y no calificaban para un crédito hipotecario, debieron recurrir a la operatoria de compraventa a plazo, deben soportar la aplicación del CER en sus cuotas.

Asimismo cabe señalar que, estos deudores no han sido incluidos en el procedimiento de conciliación voluntaria y gratuita que a través de las unidades de emergencia legal dispusiera el Poder Ejecutivo a través del decreto 204/03, con el fin de frenar las ejecuciones previstas por deudas hipotecarias.

Por todo lo expuesto, y considerando que el Congreso Nacional debe actuar rápidamente en estos casos, a efectos de mitigar las iniquidades generadas por el brusco cambio económico del país, solicito que me acompañen en la presente iniciativa.

Julio Accavallo. – Margarita Jarque. – Alejandro Filomeno. – Rodolfo Rodil. – Marcela Bordenave. – Darío Alessandro.

–A las comisiones de Legislación General, de Vivienda…, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.

Artículo 1º – En los centros urbanos o localidades no comprendidas en el anexo I de la resolución 206/95 de la Superintendencia Nacional de Fronteras, quedan exceptuados del régimen de previa conformidad establecido en los artículos 4º y 9º del decreto ley 15.385/44 (ley 12.913) para la adquisición de inmuebles cuya superficie total no exceda los cinco mil metros cuadrados (5.000 m²), las personas físicas extranjeras que acrediten los siguientes requisitos:

a)Los originarios de países no limítrofes deberán contar con dos (2) años de residencia permanente en el país;

b)Los originarios de países limítrofes no colindantes al inmueble que se pretende adquirir deberán contar con dos (2) años de residencia permanente en el país;

c)Los originarios de países limítrofes y colindantes al inmueble que se pretende adquirir deberán contar con dos (2) años de residencia permanente en el país.

Art. 2º – Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Julio Accavallo. – Alfredo Martínez. – Alejandro Filomeno. – Rodolfo Rodil. – Marcela Bordenave. – Darío Alessandro.

Señor presidente:

El decreto ley 15.385 data del año 1944, no obstante en forma posterior fue ratificado por una ley en sentido formal la 12.903; vale decir que por un lado se trata de una ley de facto y por el otro, la misma fue ratificada y se encuentra vigente.

La referida norma aborda la cuestión de las tierras ubicadas en las zonas de fronteras desde el punto de vista de la defensa nacional, es decir que la misma se basa conforme la fecha de su aprobación, en principios rectores relacionados con promover la no ocupación de nuestro territorio por parte de población proveniente de países limítrofes colindantes, habida cuenta de las hipótesis de conflicto planteadas en ese momento.

Cabe manifestar que, la citada ley crea la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad estableciendo que a dicha estructura compete el ejercicio del poder de policía de radicación en relación a las transmisiones de dominio o cualquier otra forma de derechos reales o personales, en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles en zonas rurales a cuyo efecto otorgará o denegará las autorizaciones correspondientes. Esta autorización se conoce como solicitud de previa conformidad.

La ley 15.385/41 se dictó en un contexto geopolítico absolutamente diferente al actual ya que no existía la noción de integración regional con las implicancias que la misma ha adquirido desde el punto de vista económico y social, sobre todo teniendo en cuenta las políticas de integración que debemos adoptar conforme las obligaciones asumidas en el ámbito del Mercosur.

La Superintendencia Nacional de Fronteras y la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad concentraban un fuerte nivel de decisiones, por ello dictaron una serie de resoluciones que complementan al decreto ley 15.385/44 y, cuyas exigencias en algunos casos están desactualizadas.

En este sentido cabe destacar que, la resolución 205/95 de la Superintendencia Nacional de Fronteras establece cuáles son los requisitos que deben acreditar los ciudadanos extranjeros que pretendan adquirir inmuebles en zonas rurales, entre ellos es posible citar la exigencia de veinte años de residencia permanente en el país.

Asimismo, la superintendencia dictó la resolución 206/95 que excluye los centros urbanos establecidos en su anexo I del régimen de previa conformidad.

Por otra parte, la resolución 206/95 también exceptúa del régimen de previa conformidad para la adquisición de inmuebles a centros urbanos no incluidos en su anexo y, en tanto la adquisición no exceda la superficie de 5.000 metros cuadrados, a las personas físicas extranjeras provenientes de países no limítrofes o limítrofes no colindantes al inmueble que pretenden adquirir.

En tal sentido vale destacar que la resolución 206/95 no incluye a los extranjeros originarios de países limítrofes y colindantes en las excepciones antes referidas, lo cual no sólo no se condice con las obligaciones asumidas por medio de tratados internacionales sino que a su vez, detenta un alto grado de arbitrariedad e incongruencia, otorgando un tratamiento discriminatorio a los extranjeros originarios de países colindantes al inmueble que pretenden adquirir.

Cabe destacar que, una persona nacida en la vecina República de Chile requiere veinte años de residencia permanente en el país para poder acceder a un inmueble que se encuentre emplazado en San Carlos de Bariloche.

En estos casos, las personas físicas extranjeras originarias de países limítrofes y colindantes no sólo deben realizar la solicitud de previa conformidad por vía de excepción sino que además al regir supletoriamente la resolución 205/95 de la Superintendencia Nacional de Fronteras, se ven impedidos de escriturar lotes en los cuales han construido sus viviendas por la exigencia de veinte años de residencia que establece dicha resolución.

En síntesis, la iniciativa se orienta a corregir la problemática descrita, que afecta a pobladores extranjeros que residen desde hace muchos años en centros urbanos que no se encuentran exentos del régimen de previa conformidad, dejando sin efecto requisitos que no se condicen con las actuales necesidades de integración regional.

Por las razones expuestas, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley.

Julio Accavallo. – Alfredo Martínez. – Alejandro Filomeno. – Rodolfo Rodil. – Marcela Bordenave. – Darío Alessandro.

–A la Comisión de Legislación General.

Declarar de interés parlamentario la 117º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que, organizada por la Sociedad Rural Argentina, habrá de realizarse en el predio de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 25 de julio al 8 de agosto del año en curso.

Señor presidente:

Destacar la importancia de esta más que centenaria muestra, puede resultar reiterativo cuando tantos años de exitosa continuidad avalan su realización y su instalación en la agenda nacional, con proyección internacional.

Las transformaciones que el país y nuestro agro han experimentado a través del tiempo no han sido ajenas al accionar de la entidad organizadora. La muestra se ha posicionado como un centro de información, contactos y negocios para los distintos integrantes de la cadena de valor del sector agropecuario.

Al acto oficial de la inauguración asisten el señor presidente de la Nación y el señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos para examinar a través de sus disertaciones, la actualidad económica y principalmente la vinculada al sector agropecuario, así como las políticas a implementarse en estas áreas.

Esta vidriera de la producción del campo y de los sectores industriales y comerciales que lo abastecen, se instala en plena ciudad de Buenos Aires para ser visitada, no sólo por quienes están directamente relacionados con su temática, sino también, y posiblemente éste sea uno de los puntos más destacados, por los habitantes de la ciudad que toman conocimiento de todos los aspectos de la vida y el trabajo rural.

La exposición contará con la tradicional exhibición, juzgamiento y venta de ejemplares de pedigree de todas las especies, cuya dispersión contribuye al mejoramiento de la calidad y rendimiento en sus respectivas explotaciones.

La industria proveedora del sector agropecuario acudirá con la presentación de sus innovaciones en bienes y servicios para potenciales consumidores nacionales y extranjeros y la industria procesadora de las materias primas de origen agropecuario también estará presente, orientando a la producción en cuanto a las necesidades concretas de la demanda.

En la era del conocimiento, el recinto de Palermo contará con espacios múltiples para aumentar la capacitación del productor. Conferencias, foros, rondas de negocios, servirán para informar, intercambiar ideas y perfeccionar tecnologías, enriqueciendo los conocimientos de todos los interesados en la producción agropecuaria, generándose un ámbito especial para el fluido contacto entre productores, industriales, técnicos y empresarios relacionados con la actividad.

Por lo expuesto, invito a mis pares a acompañarme la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Su más enérgico repudio a la invasión de la República de Irak por parte de las tropas de la coalición que lideran los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña y España, y condena el sometimiento de su población a brutales bombardeos.

A su vez exige el inmediato retiro de las tropas, el cese de los ataques de cualquier naturaleza y la indemnización de todos los daños morales y materiales causados por la injustificada agresión a esa nación soberana.

Por último solicita al Poder Ejecutivo nacional que promueva en las Naciones Unidas la condena de la agresión y el pedido de sometimiento de sus responsables, señores George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar a la recientemente creada Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos contra la población civil de la República de Irak.

Héctor T. Polino. – Alfredo Bravo. – Eduardo G. Macaluse. – Marcela Bordenave. – Jorge Rivas. – Ariel Basteiro. – Rubén H. Giustiniani. – Atilio P. Tazzioli. – María A. González. – Mario H. Bonacina. – Graciela Ocaña. – Irma Parentella. – Oscar R. González.

Señor presidente:

La invasión de la República de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y España, y el sometimiento de su población a una lluvia de fuego nunca vista en la historia del género humano, con más de mil misiles arrojados en un solo día sobre la ciudad de Bagdad, constituye un crimen de lesa humanidad que no puede ser tolerado de modo alguno por la Nación Argentina.

A fin de justificar su brutal agresión los Estados Unidos han acusado al régimen de Bagdad de poseer armas de destrucción masiva que ponen en riesgo a sus vecinos y de dar apoyo a la organización terrorista Al Qaeda, responsable del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo nada de eso ha podido ser probado. Por el contrario, el cuerpo de inspectores de las Naciones Unidas no halló evidencias de ningún tipo de la existencia de armas de destrucción masiva, ya sea atómicas o biológicas. La supuesta conexión con la organización de Bin Laden no ha pasado de ser una acusación unilateral sin grado alguno de veracidad.

Pese a eso, los Estados Unidos continuó con su política de agresión hasta consumar su invasión, la que vino precedida de un brutal ataque masivo desde el aire a varias ciudades iraquíes, arrojando una interminable cantidad de misiles que han impactado sobre la población causando innumerables muertos, sin que a la fecha se pueda conocer en toda su extensión todo el daño ocasionado.

Con esta conducta los Estados Unidos han puesto en práctica la doctrina del “ataque preventivo”, la que les permite atacar a cualquier país del mundo sospechado de ser peligroso para sus intereses. Resultan por demás ridículas las justificaciones que ha ensayado el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, invocando el carácter dictatorial y despótico del régimen de Saddam Hussein, cuando tanto su país como los Estados Unidos han sido los promotores y sostenedores de sangrientas dictaduras en distintos países del mundo. Aún lo hacen en la actualidad, con regímenes como el gobierno militar de Pakistán, el que sí posee armas de destrucción masiva como la bomba atómica, pero es un fuerte sostén de sus intereses en la zona. También, con la dictadura que gobierna Egipto y las monarquías feudales de Arabia Saudita, Jordania y los emiratos del Golfo Pérsico.

Esta nueva doctrina resulta peligrosísima, al orden mundial ya que constituye un atentado directo a la paz, en tanto autoriza a cualquier país a iniciar hostilidades con otro por una simple sospecha, destruyendo de ese modo la esperanza de un mundo pacífico que fuera la base de la construcción de las Naciones Unidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Justamente es esta organización, que pese a todas sus limitaciones le ha prestado tantos servicios a la comunidad de naciones en el mantenimiento de la paz mundial, la que ha quedado herida de muerte con el ataque preventivo unilateral de los Estados Unidos y sus aliados, dos de los cuales son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la misma y con derecho a veto de toda resolución que se adopte.

El interés de los Estados Unidos en llevar adelante este ataque no reside exclusivamente en la posibilidad de apropiarse de los pozos petroleros de Irak y debilitar a la OPEP, sino en imponer un nuevo orden mundial, de carácter claramente unilateral, asentado sobre su hegemonía económica, política y militar. Se trataría de una “pax americana” y la actual guerra es una clara advertencia a todos los países a no apartarse de las reglas de juego impuestas por ellos.

Este nuevo orden mundial no se caracterizará desde ya, en caso de imponerse, por la vigencia de la democracia y los derechos humanos, como sostienen sus apologistas, sino por todo lo contrario, a juzgar por el pasado de apoyo a brutales dictaduras por parte de los Estados Unidos; Somoza en Nicaragua, Trujillo en la República Dominicana, Batista en Cuba, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, las diversas juntas militares en nuestro país, Marcos en Filipinas, el Sha de Persia en Irán, el régimen corrupto de Vietnam del Sur, Sukarto en Indonesia y tantos otros que han llenado de sangre el mundo. Es que, como dijo alguna vez Ronald Reagan, refiriéndose a Ferdinando Marcos, “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. A confesión de parte, relevo de prueba.

De allí que se toma más importante que nunca, si todavía aspiramos a ser una Nación soberana, condenar este ataque imperial, solidarizarnos con el pueblo de Irak –no con su régimen–, y afirmar la vigencia de los derechos humanos exigiendo el justo castigo contra los responsables de los crímenes cometidos por George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, pidiendo su juzgamiento por la recientemente creada Corte Penal Internacional, ya que los intensos bombardeos que se vienen llevando a cabo sobre la población civil constituyen un crimen de lesa humanidad y nos ponen ante las puertas de un nuevo genocidio, si es que todavía no se ha producido.

Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.

Héctor T. Polino. – Alfredo Bravo. – Eduardo G. Macaluse. – Marcela Bordenave. – Jorge Rivas. – Ariel Basteiro. – Rubén H. Giustiniani. – Atilio P. Tazzioli. – María A. González. – Mario H. Bonacina. – Graciela Ocaña. – Irma Parentella. – Oscar R. González.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 1º – Créase el Ente Autárquico Nacional Cascos Blancos (EANCB), el que actuará bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional –Presidencia de la Nación– cuyos objetivos, funciones y facultades se regirán bajo las prescripciones de la presente ley.

El ente tendrá personalidad jurídica de derecho público y gozará de autarquía económica y financiera.

El EANCB tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º – El EANCB tiene como objetivo llevar a cabo cometidos humanitarios vinculados a situaciones de emergencia social, hambre e indigencia en el ámbito nacional e internacional.

Art. 3º – Será competencia del EANCB:

a)Coordinar e implementar las acciones relativas a la “iniciativa Cascos Blancos” que se deriven de las decisiones adoptadas por la ONU en el ámbito de la resoluciones 52^a (1997) y 54^a (1999) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

b)Intervenir en la medida de sus posibilidades en las emergencias humanitarias que afecten a otros países y cuya atención sea oportunamente requerida o manifiestamente necesaria;

c)Planificar, organizar y coordinar en el ámbito nacional, las acciones necesarias para atender a las consecuencias más urgentes de la actual crisis social, en particular, el hambre, la desnutrición, la falta de cobertura sanitaria, en beneficio especial de los grupos más vulnerables como las embarazadas, los niños y las madres en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, los ancianos, las personas con discapacidades y los indigentes estructurales y coyunturales;

d)Ejecutar las misiones y cometidos concretos que le asigne el presidente de la Nación a los efectos de atender las situaciones de emergencia o crisis prolongada de orden alimentario o sociosanitario que se produzcan en cualquier tiempo en el territorio de la República Argentina o en el exterior sobre las que la República Argentina resuelva intervenir;

e)Asistir a las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en materias de su competencia, si así lo solicitasen.

Art. 4º – El EANCB será dirigido por un presidente y un vicepresidente, que serán designados por el Poder Ejecutivo nacional. El vice reemplazará al presidente en caso de ausencia de éste, y llevará a cabo todas las acciones delegadas por el presidente.

Art. 5º – El presidente será asistido por un Consejo de Administración y un Consejo de Participación de la Comunidad Organizada.

El presidente tendrá jerarquía de secretario de Estado de la Presidencia de la Nación y rango de embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

Art. 6º – El Consejo de Administración será integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, designados por el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 7º – Los miembros del Consejo de Administración tendrán dedicación exclusiva.

Art. 8º – El Consejo de Participación de la Comunidad Organizada será integrado por diez (10) miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional que deberán ostentar la representatividad de aquellos sectores de la sociedad relacionados al cumplimiento de los cometidos internos del EANCB.

Art. 9º – Serán funciones del presidente del EANCB:

a)Establecer y ejecutar los planes de acción del ente y ejecutar aquellos que le encomiende el Poder Ejecutivo nacional;

b)Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio del cumplimiento de las normas internas vigentes a tal efecto;

c)Dictar normas necesarias para el cumplimiento de sus funciones;

d)Actuar como unidad de coordinación de las actividades a cargo de otros sectores de la administración pública nacional con competencias o cometidos afines;

e)Asistir al Poder Ejecutivo nacional en la implementación de programas sociales afines su objeto;

f)Asistir al Poder Ejecutivo nacional en las relaciones con los organismos internacionales vinculados a su competencia, y participar en la celebración de acuerdos respectivos;

g)Contratar con terceros la prestación de aquellos servicios, suministros y obras necesarios o convenientes para el acabado cumplimiento de sus objetivos;

h)Celebrar los contratos de trabajo que resulten necesarios, según el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias, sin perjuicio de la adscripción de personal de otras reparticiones de la administración pública nacional, según las normas vigentes en la materia;

i)Promover ante los tribunales competentes acciones legales tendientes a asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y de sus normas complementarias;

j)Elevar al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación el reglamento de contrataciones del Ente, acorde a la naturaleza de sus cometidos y con arreglo a los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, publicidad, competencia e igualdad, de manera tal de asegurar, con la urgencia que las circunstancias exijan, la transparencia, regularidad y oportunidad en el cumplimiento de sus finalidades, dentro de los treinta (30) días de su constitución;

k)Elevar al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación, la estructura organizativa y demás normas reglamentarias del Ente dentro de los treinta (30) días de haber quedado constituido;

l)Aceptar donaciones, legados, subvenciones y contribuciones sin cargo que le fueran ofrecidas al Ente;

m)Dictar normas aclaratorias o complementarias de los planes de acción en materias afines, centralizando el control operativo de los mismos.

Art. 10. – Serán funciones del Consejo de Administración:

a)Aprobar el presupuesto anual del organismo, memoria y balance;

b)Dictar su reglamento interno de funcionamiento;

c)Realizar el control de gestión del Ente, en orden a los cometidos asignados en la presente ley y a los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Art. 11. – Serán funciones del Consejo de Participación de la Comunidad Organizada:

a)Asesorar al presidente del Ente en todo lo relativo a las acciones necesarias para la consecución de sus finalidades;

b)Proveer toda información que resulte de utilidad para la formulación de los planes y programas de incumbencia del Ente;

c)Ejecutar todas aquellas acciones que le encomiende el presidente, que coadyuven al logro de los objetivos establecidos.

Art. 12. – El patrimonio y los recursos del EANCB se integrarán con:

a)Los bienes y recursos que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título;

b)Las partidas presupuestarias que sean oportunamente asignadas;

c)Los subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que reciba el Ente o el Poder Ejecutivo nacional a través de sus distintas jurisdicciones, con el destino de ser aplicados directa o indirectamente a las finalidades del Ente;

d)La reasignación de créditos o préstamos internacionales;

e)Las líneas de créditos o asignaciones no reembolsables que perciba de terceros a efectos del cumplimiento de sus funciones;

f)La asignación de fondos, por cualquier título, que provenga de instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, destinadas a financiar programas específicos, que se encuentren comprendidos dentro de la competencia del Ente;

g)En particular, déjase establecido que el EANCB será recipiendario de los bienes que sean decomisados en razón de lo establecido por el artículo 122 y concordantes de la ley 22.415 y sus normas reglamentarias, que resulten aptos y necesarios a los efectos del cumplimiento de sus cometidos.

Art. 13. – Exclúyese al EANCB del régimen de cuotas presupuestarias y de Cuenta Unica del Tesoro (CUT) durante todo el tiempo que demande la ejecución del Plan Nacional de Emergencia de Lucha Contra el Hambre, la Desnutrición y las Carencias Sociosanitarias o Programa Cascos Blancos aprobado por ley, sin perjuicio del cumplimiento de las demás normas relativas al sistema presupuestario y de control vigentes para la administración pública nacional.

Art. 14. – El EANCB elevará a los organismos con competencia en la materia, los estados de ejecución presupuestaria y demás estados contables con una frecuencia trimestral dentro de los treinta (30) días contados a partir del último día hábil de cada trimestre.

Art. 15. – Créase el Cuerpo de Voluntarios Cascos Blancos en el ámbito del EANCB, según la regulación que deberá aprobar el presidente del mismo dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de su designación, sin perjuicio de las siguientes condiciones generales que todo aspirante a integrar el cuerpo de referencia deberá acreditar, a saber:

a)Mayoría de edad legal;

b)Vocación solidaria orientada a tareas sociales y humanitarias;

c)Aptitud psíquica y física;

d)Aptitud específica conforme la índole de cada misión.

Art. 16. – Durante el plazo del operativo humanitario, el voluntario gozará de la protección de un seguro de vida y accidentes cuya implementación estará a cargo del EANCB.

Art. 17. – Mesa de situación y coordinación interadministrativa. El jefe de Gabinete de Ministros podrá convocar a reuniones ad hoc a los representantes de organismos vinculados materialmente al cumplimiento de los cometidos asignados mediante la presente y sus normas reglamentarias, con el propósito de analizar y coordinar aspectos relacionados al cabal cumplimiento de los objetivos del EANCB.

Art. 18. – Delégase en el Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, a los efectos del cumplimiento de las finalidades y objetivos de la presente ley y por el término de dos (2) años, disponer la transferencia al EANCB de la ejecución de los programas de asistencia sociosanitaria, alimentaria u otros afines con las competencias del EANCB, que hubiesen sido creados por ley del Congreso de la Nación.

La norma delegada deberá establecer las adaptaciones necesarias y restantes condiciones de cumplimiento, de acuerdo con la respectiva intención original del Congreso.

Art. 19. – A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, transfiérese al EANCB la Comisión Cascos Blancos dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Art. 20. – El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será atendido con cargo a los créditos previstos para la Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación.

Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Griselda N. Herrera. – Adrián Menem. – Olijela del Valle Rivas. – Jorge L. Bucco. – Alberto Herrera. – Pablo H. Walter. – Carlos A. Larreguy. – Teresa H. Ferrari. – Juan C. López. – Lisandro M. Sejas. – Oscar F. González. – Arnoldo Lamisovsky.

Señor presidente:

El retroceso vertiginoso del país iniciado en 2000 se sufre en todas las expresiones de la vida comunitaria: en el achicamiento de la producción y de la economía, en la temible falta de seguridad personal, en el descalabro educativo, en la quiebra del orden jurídico, en el desprestigio internacional. Pero de todas, la más grave de las herencias que tocará remontar al próximo gobierno es, sin duda, la crisis social.

El saldo doloroso de los últimos tres años es que 21 millones de nuestros compatriotas –casi el 60 %– han sido empujados a vivir en la pobreza y, de entre ellos, 10 millones directamente en la indigencia.

Esta última cifra tiene un significado muy concreto: en la Argentina de hoy hay diez millones de personas que comen mal y salteado, que están desnutridas y que carecen de la asistencia médica y de los remedios que necesitan.

Más grave aún, esos diez millones están integrados en cantidad mucho más que proporcional por los grupos de mayor vulnerabilidad social, que son los niños, incluyendo los que se encuentran en el vientre de su madre, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dar respuesta a este drama social, a esta crisis absurda e inexplicable, que heredaremos, deberá ser la primera prioridad del gobierno que asumirá el 25 de mayo. Una prioridad que exigirá concentrar todos los recursos presupuestarios disponibles, para combatir el hambre, la desnutrición y la carencia de la indispensable protección sanitaria. Pero la realidad de un Estado desmantelado determina que esos recursos presupuestarios van a ser totalmente insuficientes. Se deberá, por eso, gestionar los fondos externos que sean necesarios para afrontar esta enorme tarea de solidaridad social indispensable.

Es posible contar, afortunadamente, con la acendrada vocación solidaria del pueblo argentino que, entre otras expresiones, se manifiesta en las múltiples acciones de servicio organizadas por la sociedad civil, o en la oferta caudalosa y permanente de trabajo social voluntario. Estos recursos serán invalorables para afrontar la emergencia y deberán ser respaldados, promovidos y, eventualmente, asociados a las acciones estatales.

Por otro lado, la experiencia muestra que la ejecución centralizada de las acciones de asistencia, a veces justificada en supuestas ventajas de economía de escala, estuvieron siempre sospechadas de prácticas corruptas, mostraron serios problemas de distribución, dieron pie a manejos clientelísticos, no garantizaron el acceso a la totalidad de los destinatarios ni una distribución equitativa, desaprovecharon la oportunidad de reactivar las economías locales y, diseñadas según normas uniformes, no respetaron la cultura alimentaria de las regiones y grupos sociales involucrados, disminuyendo el impacto real.

No habrá mejor demostración de la eficacia de la política económica de la próxima administración, que la celeridad con que las acciones de asistencia social que proponemos vayan exhibiéndose como progresivamente innecesarias. Esto ocurrirá cuando el empleo productivo desplace la necesidad del asistencialismo, y el Estado recupere su aptitud de contención social. Hasta tanto, las necesidades a atender son impostergables y exigen procedimientos contundentes, expeditivos y veloces. Hemos concluido, por eso, que la respuesta a la crisis debe ser tarea de una agencia del Estado ad hoc, de índole transitoria y de emergencia, dependiente directamente del presidente de la República que, por un lapso predeterminado que no debería prorrogarse, concentre funciones que, en circunstancias normales, volverán a corresponder a los organismos estatales con competencia permanente en materia social.

Los conceptos precedentes, que enmarcan la propuesta legislativa que presentamos a través de estos dos proyectos, aconsejaron asignar la responsabilidad de la acción de gobierno prevista a los Cascos Blancos. Estos, creados a propuesta argentina para la asistencia humanitaria internacional, dieron lugar a que en noviembre de 1999 las Naciones Unidas, con la aprobación, participación y reconocimiento de los países que la integran, incorporaran la iniciativa como instrumento permanente para la acción humanitaria multilateral. Aquellos mismos Cascos Blancos, con las atribuciones adicionales que estas leyes les confieren, deberán ahora atender la emergencia humanitaria dentro de nuestras fronteras. Estamos seguros de que lo harán con el mismo éxito, con que antes representaron con honor a la Argentina. Y que sabrán, además, canalizar la solidaridad de los países amigos, que en el pasado supieron de la nuestra y ahora nos ayudarán a superar cuanto antes esta etapa oscura de nuestra historia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Griselda N. Herrera. – Adrián Menem. – Olijela del Valle Rivas. – Jorge L. Bucco. – Alberto Herrera. – Pablo H. Walter. – Carlos A. Larreguy. – Teresa H. Ferrari. – Juan C. López. – Lisandro M. Sejas. – Oscar F. González. – Arnoldo Lamisovsky.

–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Cooperativos…, de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 1º – Institúyese el Plan Nacional de Emergencia de Lucha Contra el Hambre, la Desnutrición y las Carencias Sociosanitarias o Programa Cascos Blancos, con los objetivos definidos en los artículos 2º y 3º de la ley de creación del Ente Autárquico Nacional Cascos Blancos (EANCB).

Art. 2º – La ejecución del Programa Cascos Blancos estará a cargo del EANCB, de acuerdo con las disposiciones de su ley de creación y la reglamentación e instrucciones que disponga el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 3º – El Programa Cascos Blancos deberá ser ejecutado de acuerdo con los principios de la centralización normativa, en materia de planificación, control y auditorías específicas, y una efectiva descentralización operativa que asegure la participación social a través de sus instituciones naturales.

Art. 4º – El EANCB diseñará las estrategias y planes para su inmediata implementación. Deberá, a ese efecto, definir metas y objetivos puntuales, sistemas de monitoreo y evaluación de su marcha e indicadores de resultados e impacto. Definirá, asimismo, procedimientos metodológicos para proceder al control sanitario y nutricional de los beneficiarios.

Para el cumplimiento de esos cometidos el EANCB podrá efectuar convenios con todos aquellos actores del sector público y del sector privado que considere posibles efectores eficientes de los objetivos del plan. En particular, podrá plantear tales convenios con organizaciones no gubernamentales del país y del exterior debidamente acreditadas y con antecedentes de desempeño en el campo de la acción humanitaria, fuerzas armadas y de seguridad, municipios, entidades representativas de credos religiosos y entidades educativas públicas y privadas, en quienes podrá delegar la responsabilidad de la ejecución supervisada de las acciones.

El Ente resolverá cuáles de estas acciones son las más oportunas y convenientes, luego de evaluar la situación de carencia alimentaria y sanitaria de cada grupo poblacional y etario sobre los que se trabajará en las distintas áreas geográficas del país.

Art. 5º – El Ente fomentará y apoyará la vocación de servicio de la comunidad, a través de la participación del voluntariado y el respaldo a las diversas iniciativas solidarias de la sociedad civil.

Art. 6º – El Programa Cascos Blancos tendrá una duración de hasta 24 meses a partir de la vigencia de la presente ley y de la ley de creación del EANCB. El jefe de Gabinete de la Nación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, y el presidente del Ente deberán informar en forma conjunta y semestralmente al Congreso, en las comisiones con competencia en la materia, acerca de la ejecución del programa y de las medidas de fondo tomadas por el gobierno nacional a los fines de eliminar la situación de emergencia que justifica la existencia del Programa Cascos Blancos. Será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional declarar la finalización de la situación de emergencia.

Art. 7º – El Programa Cascos Blancos será atendido con los fondos que disponga el EANCB de acuerdo con el artículo 12 de su ley de creación.

A estos efectos, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a transferir en favor del EANCB los fondos de cualquier naturaleza asignados al cumplimiento de programas afines, que resulten absorbidos por éste de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de su ley de creación.

Art. 8º – Sin perjuicio de la competencia de la Auditoría General de la Nación, en los términos de la ley 24.156, la ejecución del Programa Cascos Blancos será auditado por las auditorías externas que resulten de los respectivos acuerdos de financiación, otros organismos multilaterales, así como también por las que puedan establecerse al efecto en conjunto con instituciones representativas de la comunidad.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Griselda N. Herrera. – Adrián Menem. – Olijela del Valle Rivas. – Jorge L. Bucco. – Alberto Herrera. – Pablo H. Walter. – Carlos A. Larreguy. – Teresa H. Ferrari. – Juan C. López. – Lisandro M. Sejas. – Oscar F. González. – Arnoldo Lamisovsky.

Señor presidente:

El retroceso vertiginoso del país iniciado en 2000 se sufre en todas las expresiones de la vida comunitaria: en el achicamiento de la producción y de la economía, en la temible falta de seguridad personal, en el descalabro educativo, en la quiebra del orden jurídico, en el desprestigio internacional. Pero de todas, la más grave de las herencias que tocará remontar al próximo gobierno es, sin duda, la crisis social.

El saldo doloroso de los últimos tres años es que 21 millones de nuestros compatriotas –casi el 60 %– han sido empujados a vivir en la pobreza y, de entre ellos, 10 millones directamente en la indigencia.

Esta última cifra tiene un significado muy concreto: en la Argentina de hoy hay diez millones de personas que comen mal y salteado, que están desnutridas y que carecen de la asistencia médica y de los remedios que necesitan.

Más grave aún, esos diez millones están integrados en cantidad mucho más que proporcional por los grupos de mayor vulnerabilidad social, que son los niños, incluyendo los que se encuentran en el vientre de su madre, los ancianos y las personas con discapacidad.

Dar respuesta a este drama social, a esta crisis absurda e inexplicable que heredaremos, deberá ser la primera prioridad del gobierno que asumirá el 25 de mayo. Una prioridad que exigirá concentrar todos los recursos presupuestarios disponibles, para combatir el hambre, la desnutrición y la carencia, de la indispensable protección sanitaria. Pero la realidad de un Estado desmantelado determina que esos recursos presupuestados van a ser totalmente insuficientes. Se deberá, por eso, gestionar los fondos externos que sean necesarios para afrontar esta enorme tarea de solidaridad social indispensable.

Es posible contar, afortunadamente, con la acendrada vocación solidaria del pueblo argentino que, entre otras expresiones, se manifiesta en las múltiples acciones de servicio organizadas por la sociedad civil, o en la oferta caudalosa y permanente de trabajo social voluntario. Estos recursos serán invalorables para afrontar la emergencia y deberán ser respaldados, promovidos y, eventualmente, asociados a las acciones estatales.

Por otro lado, la experiencia muestra que la ejecución centralizada de las acciones de asistencia, a veces justificada en supuestas ventajas de economía de escala, estuvieron siempre sospechadas de prácticas corruptas, mostraron serios problemas de distribución, dieron pie a manejos clientelísticos, no garantizaron el acceso a la totalidad de los destinatarios ni una distribución equitativa, desaprovecharon la oportunidad de reactivar las economías locales y, diseñadas según normas uniformes, no respetaron la cultura alimentaria de las regiones y grupos sociales involucrados, disminuyendo el impacto real.

No habrá mejor demostración de la eficacia de la política económica de la próxima administración, que la celeridad con que las acciones de asistencia social que proponemos vayan exhibiéndose como progresivamente innecesarias. Esto ocurrirá cuando el empleo productivo desplace la necesidad del asistencialismo y el Estado recupere su aptitud de contención social. Hasta tanto, las necesidades a atender son impostergables y exigen procedimientos contundentes, expeditivos y veloces. Hemos concluido, por eso, que la respuesta a la crisis debe ser tarea de una agencia del Estado ad hoc, de índole transitoria y de emergencia, dependiente directamente del presidente de la República que, por un lapso predeterminado que no debería prorrogarse, concentre funciones que, en circunstancias normales, volverán a corresponder a los organismos estatales con competencia permanente en materia social.

Los conceptos precedentes, que enmarcan la propuesta legislativa que presentamos a través de estos dos proyectos, aconsejaron asignar la responsabilidad de la acción de gobierno prevista a los Cascos Blancos. Estos, creados a propuesta argentina para la asistencia humanitaria internacional, dieron lugar a que en noviembre de 1999 las Naciones Unidas, con la aprobación, participación y reconocimiento de los países que la integran, incorporaran la iniciativa como instrumento permanente para la acción humanitaria multilateral. Aquellos mismos Cascos Blancos, con las atribuciones adicionales que estas leyes les confieren, deberán ahora atender la emergencia humanitaria dentro de nuestras fronteras. Estamos seguros de que lo harán con el mismo éxito con que antes representaron con honor a la Argentina. Y que sabrán, además, canalizar la solidaridad de los países amigos, que en el pasado supieron de la nuestra y ahora nos ayudarán a superar cuanto antes esta etapa oscura de nuestra historia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Griselda N. Herrera. – Adrián Menem. – Olijela del Valle Rivas. – Jorge L. Bucco. – Alberto Herrera. – Pablo H. Walter. – Carlos A. Larreguy. – Teresa H. Ferrari. – Juan C. López. – Lisandro M. Sejas. – Oscar F. González. – Arnoldo Lamisovsky.

–A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Asuntos Cooperativos… y de Presupuesto y Hacienda.

Declarar de interés parlamentario la realización de la XXIV edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que tendrá lugar en la Ciudad de Oberá, provincia de Misiones, entre el 6 y el 14 de septiembre de 2003.

Raúl J. Solmoirago. – Celia Isla de Saraceni. – Hernán Damiani. – Marta Palou. – María N. Sodá.

Señor presidente:

La identidad nacional es una construcción cotidiana y permanente. El desarrollo histórico permite a los pueblos delinear un perfil más o menos definido según la mayor o menor dinámica de todos los elementos (sociales, políticos, económicos, religiosos, geográficos, etcétera) que confluyen a su conformación.

La Argentina es una nación cuyo perfil de identidad tiene contornos todavía difusos. Y en ello tiene que ver en grado significativo el aporte inmigratorio que, desde el último cuarto del siglo pasado contribuyó a multiplicar su población y, con ello, a una diversidad cultural que todavía bulle en un caldero del que surgirán las líneas definidas de aquel perfil de identidad.

“Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos”, describió Jorge Luis Borges, con la agudeza e ironía que lo distinguió. Pero también con la precisión de observación propia del poeta.

La provincia de Misiones fue forjada por esfuerzo de miles de inmigrantes y criollos quienes encontraron en la zona centro de la provincia un lugar especial para reconocer el trabajo común.

Cuando los habitantes de otras remotas regiones del mundo llegaron cargados con sus sueños y esperanzas a esta provincia no sabían de la existencia de un dicho que reza “quien se mancha con tierra colorada ya nunca la abandona”, pero lo reafirmaron con su presencia y simiente, con su esfuerzo y su aporte para el desarrollo desde principio del siglo pasado cuando el monte era amo y señor en prácticamente todo el territorio.

Oberá, la segunda ciudad de Misiones en tamaño e importancia, es una conjunción de credos y nacionalidades. Ya antes de su fundación, fue lugar de asentamientos de inmigrantes, los primeros en llegar y convivir con los aborígenes que recorrían esta zona, que recibió primeramente el nombre de Yerbal Viejo, fueron los franceses, noruegos, alemanes y suecos, a quienes siguieron los suizos,  italianos, españoles, japoneses, brasileños, paraguayos, polacos, rusos, ucranianos y más recientemente árabes, entre otras naciones.

En 1980 coincidentemente con el Día del Inmigrante (4 de septiembre), se realizó la primera Fiesta del Inmigrante. A partir de esa fecha se sucedieron las ediciones de la que en la actualidad es la Fiesta Nacional del Inmigrante. Cada año la fiesta se renueva y presenta atractivos, que conllevan a que, en la semana a lo largo de la cual transcurre, sea visitada aproximadamente por 200.000 personas. Este año realiza su edición número XXIV entre el 6 y el 14 de septiembre próximo.

Esta fiesta tiene como finalidad demostrar la cultura, costumbres, tradición y folklore de cada una de las más de 15 colectividades que están asentadas en esta ciudad.

A partir de la primera fiesta, las colectividades se fueron formando y organizando jurídicamente y estrechando lazos. Para canalizar sus objetivos comunes formaron la Federación de Colectividades que es responsable de organizar la fiesta.

A partir de 1997 la Fiesta Nacional del Inmigrante se realiza en el Parque de las Naciones y durante 8 jornadas se llevan a cabo actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas, en un festivo clima de convivencia que reúne una vez más a obereños y visitantes en torno a las mesas degustando exquisitos platos típicos.

Además dentro del predio se puede visitar una feria comercial-artesanal, la cual tiene por finalidad el demostrar el potencial industrial de la zona, como también se exponen en carácter permanente todos los elementos traídos por los inmigrantes o que éstos hubieren fabricado para luego trabajar en esta tierra.

Como cada año, los días de fiesta ofrecen la posibilidad de recorrer las casas típicas que construyeron las colectividades, disfrutar de los más variados platos típicos, disfrutar de la música en vivo y de la cultura de cada país o de asistir al escenario central de la fiesta donde todas las noches los artistas nacionales e internacionales alegran a miles de personas hasta el amanecer; pero la noche más esperada es la de la elección y coronación de la “reina nacional del inmigrante”. Cada colectividad elige una reina, la cual debe ser descendiente de la colectividad que representa, que después, junto con las otras reinas, participa en la elección de la reina nacional del inmigrante.

Raúl J. Solmoirago. – Celia Isla de Saraceni. – Hernán Damiani. – Marta Palou. – María N. Sodá.

–A la Comisión de Población y Recursos Humanos.

1º – Exigir que se acaten los fallos judiciales en los que se ha determinado la existencia de un lock out patronal ofensivo, por parte de los ex dueños de la empresa Cerámica Zanón, ordenándose la continuidad de la actividad industrial del establecimiento con plena ocupación de todos los trabajadores dependientes de la misma.

2º – Repudiar enérgicamente la nueva amenaza de desalojo por la fuerza pública de los trabajadores de la mencionada empresa, expresando nuestra profunda preocupación por la insistencia de la empresa y de algunos funcionarios en desconocer las diversas sentencias judiciales que avalan la legalidad y legitimidad de los casi 300 trabajadores que siguen prestando su fuerza de trabajo.

3º – Dar nuestro apoyo a la continuidad de la empresa con las garantías de preservación de todos los puestos de trabajo, ya que el Estado nacional tiene obligación de mantener el nivel de empleo en condiciones dignas para todos los trabajadores en esta emergencia social, no pudiéndose avalar decisiones empresariales que contraríen la normativa vigente y las sentencias judiciales.

Ariel Basteiro. – Alfredo P. Bravo. – Jorge Rivas. – Rubén H. Giustiniani. – Saúl E. Ubaldini.

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, como consecuencia del cierre ilícito por parte de la parte empresarial de la fábrica de cerámica Zanón, ubicada en la provincia del Neuquén, un grupo de trabajadores impulsó la autogestión de la planta, y a partir de ese emprendimiento la misma viene funcionando desde hace un año.

Gracias a un recurso de amparo laboral presentado por estos trabajadores, la empresa fue condenada por lock out o paro patronal ofensivo, en un fallo que pasó por tribunales de primera y segunda instancia, por el Tribunal Superior de la Provincia y por la Corte Suprema de la Nación.

No obstante todo ello, los intereses en juego parecen ser muchos y no se quiere obedecer lo dictado por la Justicia.

En ese sentido y ante una nueva amenaza de desalojo violento de los trabajadores de la empresa Cerámica Zanón, reafirmamos los fundamentos del proyecto de declaración aprobado por la Comisión de Legislación de Trabajo el 16-10-02 (D.-6.660/02), y entendemos que se debe evitar el uso de la fuerza contra los trabajadores –que sólo quieren preservar sus puestos de trabajo–, frente a la amenaza del despido y la marginalidad en la que están sumidos millones de trabajadores desocupados en la Argentina.

Los trabajadores han demostrado el camino al  recuperar la empresa, mantener y aumentar la producción sin recursos ni créditos, y prueba de ello, además, es que han contratado nuevo personal perteneciente a organizaciones de desocupados.

No es admisible que ante ello se pretenda anteponer los intereses de los empleadores o de terceros acreedores, que se verán perjudicados con la intención de la patronal de reducir personal y, en consecuencia, reducir la capacidad de producción y comercialización de esta empresa líder en su actividad.

El lock out patronal ha quedado demostrado en sentencias firmes y consentidas, por lo que se debe respetar la legalidad de estas sentencias que ordenan que se retrotraiga la situación al momento en que comienza el paro ofensivo, es decir, que se deben respetar todos y cada uno de los puestos de trabajo.

Por todo ello, señor presidente, creemos necesario y de la mayor urgencia la aprobación del presente proyecto de resolución.

Ariel Basteiro. – Alfredo P. Bravo. – Jorge Rivas. – Rubén H. Giustiniani. – Saúl E. Ubaldini.

–A las comisiones de Industria, de Legislación del Trabajo y de Justicia.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, promueva las medidas conducentes para establecer una sede de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en la localidad de Oberá, provincia de Misiones.

Señor presidente:

La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales ha sido creada por el decreto 292/95, mediante el cual se transfirieron a partir del 1º de enero de 1996 a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de pensiones no contributivas y las prestaciones médicas de los beneficiarios del sistema, y así como también los bienes muebles e inmuebles, partidas presupuestarias y recursos humanos que pertenecían al ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Sus objetivos son formular las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito de la Nación el otorgamiento de pensiones no contributivas y las emergentes de leyes especiales, así como también la cobertura asistencial médica a la población beneficiaria dependiente de su jurisdicción, dentro del marco de las políticas emanadas de la Secretaría de Desarrollo Social.

La provincia de Misiones cuenta con dos únicas sedes pertenecientes a la CNPA, denominadas Centro de Atención Personalizada (CAP), las cuales se encuentran en las ciudades de Eldorado y Posadas. Las mismas no alcanzan para satisfacer las necesidades de toda la población.

Oberá es la segunda ciudad más grande de la provincia; la misma se encuentra en un lugar estratégico debido a que está ubicada sobre la ruta 14, que comunica a un número importante de localidades.

Por ello, consideramos que es preciso que se establezca una oficina en esta ciudad, para que puedan solucionarse las contrariedades que trae aparejada la falta de dependencias y de personal que atienda a los ciudadanos de Misiones.

Por las consideraciones expuestas solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 33 de la ley 15.336 del régimen de la energía eléctrica que quedará redactado de la siguiente forma:

b)Aportes no reintegrables y préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán Damiani. – María N. Sodá. – Héctor T. Polino.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley es de autoría del diputado nacional (m.c.) Pablo Fernández, quien lo presentó oportunamente en el año 2001 (2.453-D.-01).

La ley 15.336 fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 1960 y modificada, en parte, por la ley 24.065 en el mes de enero de 1992. En el artículo 30 de la ley 15.336 se establece la creación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica con el fin de contribuir a la financiación de los planes de electrificación. Posteriores modificaciones, entre las que se encuentra la ley 23.966, de 1991, donde se aprueba el destino de un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos para el FEDEI, han establecido la forma en la que se integrará el mencionado fondo, administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. El fondo será destinado, tal cual lo establece la ley, en un 60 % a crear el Fondo para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales y el 40 % restante sería para el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.

En su artículo 33, la ley 15.336 establece que el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) será aplicado para aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación; a préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación de centrales, redes de distribución y obras complementarias y, finalmente, a préstamos a empresas privadas de servicios públicos de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000 kilovatios instalados.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica está facultado para reglamentar la aplicación del FEDEI y los criterios de administración, así como para establecer los índices repartidores para distribuir los recursos entre las provincias beneficiarias. Así, según la resolución 314/97 del Consejo Federal se dispone que el 87% se destinará para obras en provincia sin ningún reembolso, el 12% para préstamos a cooperativas, municipios y consorcios de usuarios y el 1% para gastos operativos propios del Consejo Federal.

Este proyecto propone que reciban igual tratamiento las municipalidades, las cooperativas y los consorcios de usuarios al recibido por las propias provincias, en la medida en que hoy los principales actores, impulsores del desarrollo eléctrico, renovación, ampliación de plantas existentes, ejecución de redes de electrificación, obras complementarias, etcétera, son, además de las empresas privadas, las cooperativas y/o consorcios de usuarios, que en su mayoría operan localmente, debiendo recibir, por parte del fondo, el beneficio del aporte no reintegrable en la misma medida que las provincias.

Es necesario, por lo tanto, con la finalidad de que las instituciones sin fines de lucro, que son las principales gestoras de la economía solidaria, continúen con el desarrollo de emprendimientos eléctricos que benefician a sectores mayoritarios de la población, que se equipare el tratamiento que en la actualidad reciben las provincias y que no se vean obligadas a reintegrar los fondos que les han sido otorgados en calidad de préstamo.

Por estos motivos, solicitamos a los señores legisladores la pronta aprobación del presente proyecto de ley.

Raúl J. Solmoirago. – Hernán Damiani. – María N. Sodá. – Héctor T. Polino.

–A las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Municipales, de Asuntos Cooperativos…, de Defensa del Consumidor y de Presupuesto y Hacienda.