El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, promueva la conformación de un conglomerado (cluster) empresarial de la madera en la provincia de Misiones, en el marco del Programa de los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, creado por la resolución 148/03 de dicha secretaría, con el propósito de incrementar la agregación de valor a la oferta exportable de productos de la industria forestal y acrecentar su competencia en los mercados internacionales.

Señor presidente:

Un especialista de la Universidad de Vigo, España, expuso recientemente en Misiones sobre la experiencia exitosa lograda en el proceso de constitución del cluster de la madera en Galicia, cuyo proyecto original fue impulsado por el Estado.

Corresponde tener en cuenta que la industria de transformación de la madera de Galicia factura al año alrededor de 1.325 millones de euros, con un número aproximado de 17.000 empleos directos. Galicia es la principal exportadora española y sus ventas en el exterior se aproximan a los 180 millones de euros.

Entre las potencialidades que proporciona el entorno para el desarrollo de las actividades de transformación de la madera y los puntos fuertes que caracterizan este entramado industrial se pueden destacar el fuerte dominio del mercado local y regional, una determinada gama de productos de alta calidad y prestigio en el mercado, y una mejor posición competitiva en funciones empresariales tan determinantes como la producción o la distribución. Asimismo, se viene produciendo un importante esfuerzo en la modernización de equipamiento y de instalaciones, y cada vez es más extendida la implantación de sistemas de cogeneración, que permiten reincorporar los subproductos para la generación de energía calorífica y eléctrica, lo que redunda en la mejora de la eficiencia energética de las plantas de producción.

La Consellería de Industria y Comercio, dentro de su política de potenciación competitiva de clusters empresariales, impulsó el desarrollo del cluster de la madera de Galicia, que se constituyó en 2001. Esta asociación empresarial tiene como objeto procurar la cooperación e integración del conjunto de empresas de la cadena principal y colaterales de la madera, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad, establecer las bases de actuaciones conjuntas y constituir un foro de debate y de acciones, con especial incidencia en la mejora de la cualificación y formación de los asociados, e incrementar la capacidad tecnológica y el nivel de calidad productiva de los mismos. En la actualidad, este cluster cuenta con 119 empresas asociadas, que representan casi el 75 % de la facturación total del sector.

Al término de la exposición, se conformó un taller de trabajo que llegó a las siguientes conclusiones:

–En Misiones es necesario generar espacios para que los temas vinculados a la asociatividad, sus ventajas, tratamiento de experiencias, lleguen con mayor fuerza a los empresarios, a fin de lograr un mayor conocimiento y facilitar el surgimiento de iniciativas.

–Cada empresario debe desarrollar la actividad para la que se siente más capaz o tiene mayor inclinación, y desde el Estado deben generar las herramientas para afianzarlo en esta posición.

–Al formar un cluster es conveniente la constitución formal de una entidad que vincule a los integrantes del mismo, a fin de afirmar el compromiso y evitar la inclusión de quienes simplemente quieren indagar o especular.

–Generar un marco de previsibilidad, obtenido a partir de políticas productivas enmarcadas en acuerdos institucionales perdurables.

–Las iniciativas deberían tener una alta participación privada generando mecanismos que las independicen de los vaivenes políticos.

–La explicación de las dificultades del sector forestoindustrial es compleja, y se requeriría un análisis profundo de la situación y sus causas.

–Fomentar la enseñanza media a nivel técnico (operarios, educación media).

En la conformación del conglomerado empresarial español y en las conclusiones del encuentro mencionado, puede verse el rol fuertemente promotor que el Estado debería asumir para comenzar una experiencia similar en Misiones.

Algo parecido sucede, aunque se trata de un producto distinto, con el cluster minero de Chile, que ha sido promovido por el Estado a través de una notable inversión de recursos económicos.

En nuestro país, la resolución 148/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, apoyándose en la facultades conferidas por el decreto 25, del 27 de mayo de 2003, creó el Programa de los Foros Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas, surgido de la necesidad de otorgar prioritaria importancia a las políticas que incentiven la inversión, la capacidad competitiva externa e interna y la generación de empleos.

La cadena productiva identificada con el apartado a), de dicha resolución, se refiere específicamente a madera y muebles.

La evidente concordancia entre los objetivos de este programa y los enunciados para la conformación de conglomerados empresariales por rama de actividad, las conclusiones a que se llegó en el taller de trabajo en Misiones y las exitosas experiencia española y chilena apoyadas por el Estado, nos inducen a requerir lo expuesto en este proyecto, por lo cual solicitamos su aprobación.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

03/06/2004 - (DAE 106)

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración, un proyecto de ley referido a la constitución de una persona jurídica bajo el régimen que establece la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias, tipificada como sociedad anónima, dedicada a explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar local e internacionalmente, bienes energéticos, cuyo capital social será mayoritariamente integrado por el Estado nacional. Asimismo podrá prestar el servicio público de transporte y distribución de gas natural. En este proyecto, se entiende por bienes energéticos, además de los hidrocarburos, al carbón, a otros minerales, al hidrógeno, a la energía atómica y, en general, a cualquier otro bien que pueda ser utilizado como combustible.

Dicha persona jurídica, que se denominará Energía Argentina Sociedad Anónima, tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

La sociedad que se crea podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los energéticos en forma integrada o independiente y asimismo podrá evitar situaciones de abuso de posición dominante, interviniendo en el mercado.

Energía Argentina Sociedad Anónima cumplirá con todos los requisitos necesarios para transformarse en una sociedad de oferta pública que cotiza en las bolsas de valores nacionales e internacionales.

En la mencionada sociedad tendrán participación todas las jurisdicciones provinciales que deseen suscribir las correspondientes acciones.

Las provincias podrán participar en este nuevo emprendimiento como accionistas, concretando una idea muchas veces declamada pero no llevada a la práctica.

Queremos construir una Argentina equilibrada en lo social y en lo territorial. Para ello, un Estado inteligente tiene que tender a igualar oportunidades.

Energía Argentina Sociedad Anónima será una empresa testigo en el mercado energético y constituirá en su interior diversas unidades de negocios que en forma descentralizada generarán iniciativas que puedan, en forma diferencial, captar necesidades de inversión en el sector energético y ofrecimientos financieros de cada zona en particular.

Esto es así, ya que emprendedores locales y/o regionales, están dispuestos a apostar con más intensidad, en los proyectos que impactan con más fuerza en su zona de influencia.

En síntesis, cada unidad de negocio, en el marco de una administración unificada, funcionará como proyecto de inversión descentralizado.

La creación de esta sociedad, incentivará la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país, asignando recursos fundamentales para aumentar la productividad de nuestra sociedad.

Esto es necesario ya que hoy observamos que existen países que, sin tener abundantes recursos energéticos, han desarrollado un complejo sistema científico-tecnológico, basados en los mismos, y otros como el nuestro, que poseyendo una razonable dotación de recursos energéticos, no lo han hecho.

La sociedad permitirá reconstruir toda la red de proveedores locales que, por el alto componente de insumos y mano de obra que involucra, multiplicará la actividad económica de un sector altamente dinámico.

La persona jurídica definitivamente constituida, tendrá una participación del cincuenta y tres por ciento (53 %) de acciones ordinarias, clase A, correspondientes al Estado nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, del doce por ciento (12 %) de acciones ordinarias clases B y C, a través de los estados provinciales y el treinta y cinco por ciento (35 %) de acciones que serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto, clase D, que cotizarán en las bolsas de valores nacionales e internacionales. Las acciones clase D podrán ser transformadas en clase E, las que serán ordinarias y sin derecho a voto y de oferta pública. Asimismo, se contempla la posibilidad de emisión por parte de la sociedad de obligaciones negociables, las que podrán transformarse en acciones clase E.

Estará conducida por un directorio de siete (7) miembros, cinco (5) de los cuales corresponderán al Estado nacional y dos (2) a los estados provinciales. Uno (1) de los directores pertenecientes al Estado nacional deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales.

Respecto del personal de la sociedad, se prevé la selección del mismo con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal.

En la forma que ha quedado definida la participación accionaria de las partes, se evidencia el propósito de reservar para el Estado nacional, la mayoría absoluta de las acciones ordinarias emitidas, lo que le permitirá tomar decisiones de política empresarial, que orienten la dotación energética en función de las necesidades de desarrollo de la economía nacional.

Con criterio federal, se ha dado participación en la conformación del capital social a las provincias, quienes tendrán de este modo debida participación en el destino del recurso energético.

Cabe destacar que los inversionistas privados podrán participar en el emprendimiento, a través de la oferta pública del treinta y cinco por ciento (35 %) del capital social, situación que habilita el contralor externo del Estado nacional, y otorga una efectiva transparencia a la actividad societaria.

Por otra parte debe tenerse presente que se propone la creación de una base de datos integral de los hidrocarburos a los efectos de que el Estado nacional cuente con la información necesaria brindada por las empresas del sector a fin de alcanzar un mercado transparente y en continuo desarrollo.

Atento la particular importancia de la medida que se somete a su consideración, se solicita la sanción de la misma dentro del plazo más breve posible.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 707

Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Créase Energía Argentina Sociedad Anónima bajo el régimen de la ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, la que tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Asimismo, la sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La sociedad podrá realizar actividades de comercio exterior vinculadas con bienes energéticos y podrá desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto tanto en el país como en el extranjero.

Art. 2º – Energía Argentina Sociedad Anónima tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 3º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas. En su actividad propenderá a promover la innovación tecnológica.

Art. 4º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios.

Art. 5º – El estatuto de la sociedad que se crea por el artículo 1º, contendrá los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales, con sujeción a las siguientes pautas:

a)Razón social: Energía Argentina Sociedad Anónima;

b)El capital social estará representado por acciones de titularidad del Estado nacional:

I.Acciones clase A: Serán ordinarias, de un (1) voto por acción, intransferibles, y representarán el cincuenta y tres por ciento (53 %) del capital societario. Se requerirá: El voto de la totalidad de ellas en las asambleas para que se resuelva válidamente en los siguientes temas:

i)Presentación en concurso o quiebra.

ii)Modificación del estatuto y/o el aumento de capital.

iii)Disolución anticipada de la sociedad.

iv)Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio social y/o la prosecución del objeto principal de esta sociedad.

v)Cambio de domicilio y/o jurisdicción.

II.Acciones clases B y C: Serán ordinarias escriturales, con derecho a un (1) voto por clase, representarán hasta el doce por ciento (12 %) del capital social y serán de titularidad de las jurisdicciones provinciales que las suscriban.

III.Acciones clase D: Se autoriza la oferta pública de esta clase de acciones, que representan un total del treinta y cinco por ciento (35 %) del capital social. Dichas acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto.

La preferencia patrimonial consiste en la antelación del reembolso de su valor nominal, en el caso de liquidación y en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el pago de estos pari passu con las acciones ordinarias, más una proporción del cinco por ciento (5 %) por cada unidad.

IV.Acciones clase E: La sociedad podrá transformar acciones clase D en acciones clase E. Las acciones clase E serán ordinarias y sin derecho a voto y de oferta pública.

La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán transformarse en acciones clase E.

Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o por el funcionario que éste designe, debiendo dicha atribución estar expresamente conferida en el acto constitutivo.

c)La dirección y administración estarán a cargo de un directorio integrado por cinco (5) directores titulares y cinco (5) suplentes, por las acciones clase A y dos (2) directores titulares y dos (2) suplentes por las acciones clase B y C, en forma conjunta. Uno (1) de los directores por las acciones clase A, deberá poseer reconocida trayectoria en el mercado de capitales.

d) El órgano de fiscalización estará integrado por una comisión fiscalizadora compuesta por cinco (5) síndicos titulares y cinco (5) síndicos suplentes elegidos por la asamblea de accionistas.

Art. 6º – La sociedad ejercerá todas las atribuciones de las personas jurídicas de su tipo y estará facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social.

Art. 7º – Energía Argentina Sociedad Anónima seleccionará su personal con un criterio de excelencia, pudiendo convocar a empleados de las administraciones públicas nacional, provincial o municipal.

Art. 8º – Energía Argentina Sociedad Anónima podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos. Los concesionarios y permisionarios deberán suministrar toda la información que les sea requerida.

Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social.

Art. 10. – En un plazo no mayor de treinta (30) días de sancionada la presente, el Poder Ejecutivo nacional, deberá aprobar el estatuto social con sujeción a las pautas previstas en el artículo 6º y realizar todos los actos necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad, pudiendo delegar expresamente esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

–A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – La presente ley establece normas de protección ambiental para la conservación y gestión adecuada de las áreas protegidas sujetas a la jurisdicción nacional.

Art. 2º – Se entiende por área protegida aquella zona, región o porción de territorio con límites definidos, en la que se desarrollen sistemas ecológicos significativos y representativos, sean éstos continentales, marinos o una combinación de los mismos, y esté dedicada a la conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos, la preservación del patrimonio natural y cultural, el paisaje y la protección y recomposición de los recursos naturales.

Art. 3º – Son objetivos de la presente ley los siguientes:

1.Conservar los ambientes naturales y culturales en las diferentes regiones biogeográficas y los ecosistemas significativos.

2.Asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

3.Conservar la diversidad biológica.

4.Evitar la pérdida de recursos genéticos del patrimonio natural del país.

5.Mantener las comunidades bióticas naturales existentes, preservando su carácter de bancos genéticos, de reguladores ambientales y de fuentes de materias primas a perpetuidad.

6.Proteger la flora y fauna silvestres.

7.Promover los lineamientos del desarrollo sustentable en la gestión de las áreas protegidas.

8.Promover la implementación de programas de educación ambiental que impliquen la conservación del patrimonio natural y cultural.

Art. 4º – Las áreas protegidas se clasifican en las siguientes categorías, conforme las modalidades de conservación y utilización:

1.Parque nacional.

2.Monumento natural.

3.Reserva natural.

4.Reserva natural estricta.

5.Reserva natural de uso múltiple.

6.Reserva natural educativa.

7.Reserva natural silvestre.

Las actividades que se desarrollen en las diferentes áreas protegidas de jurisdicción nacional, quedaran sujetas a las disposiciones de esta ley y a las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación.

Art. 5º – Desígnase parque nacional a aquella área que deba ser conservada en su estado natural, en virtud de ser representativa de las regiones biogeográficas del país, contener uno o más ecosistemas, tener importantes poblaciones de especies animales o vegetales autóctonas o contar con sitios geomorfológicos de singular interés para la conservación de la diversidad biológica, el desarrollo de la ciencia, el fomento de la educación ambiental, la recreación en la naturaleza o el disfrute de paisajes de singular belleza.

Art. 6º – La gestión de los parques nacionales deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Proteger y mantener los procesos naturales en un estado inalterable.

2.Conservar la diversidad biológica y mantener los procesos biológicos y ecológicos esenciales en su interior.

3.Conservar muestras representativas de sus principales ecosistemas de las regiones biogeográficas u otros de singular interés para la Nación.

4.Preservar sus principales rasgos geomorfológicos y sus paisajes.

Art. 7º – A los fines de su administración y gestión, en los parques nacionales deberán distinguirse dos tipos de zonas:

1.Zona intangible.

2.Zona restringida.

Se entenderá por zona intangible aquella área de escasa afectación por la actividad humana, que contiene ecosistemas y especies vivientes autóctonas de valor científico, actual o potencial, en las cuales los procesos ecológicos han podido seguir su curso espontáneo o con un mínimo de interferencias. En la designación de esta área el valor científico prevalecerá respecto de las bellezas escénicas.

Se entenderá por zona restringida aquella área adyacente con las zonas intangibles, actuando como protectora de la influencia externa. Su estado natural sólo podrá ser alterado para la implementación de aquellas acciones que resultaren indispensables para la gestión del área, o bien cuando fuere necesario para la investigación, observación o interpretación por parte de los visitantes.

Art. 8º – Desígnase monumento natural a aquella área, cosa, elementos del paisaje o especie, animal o vegetal, que sea de interés estético o de valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta.

Art. 9º – La gestión de los monumentos naturales deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Preservar a perpetuidad los rasgos que motivaron su designación, así como también la de cualquier otro aspecto de su flora, fauna o de sus características geomorfológicas.

2.Promover la apreciación de sus bellezas naturales para los visitantes y el desarrollo de la educación ambiental.

Art. 10. – Desígnase reserva natural a aquella área adyacente a las demás áreas protegidas, que funcione como zona protectora de los impactos generados por la actividad humana. En la misma podrá permitirse el uso sustentable de los recursos naturales, garantizando la conservación de su diversidad biológica, la protección de sus principales características geomorfológicas, la preservación de sus bellezas escénicas, el mantenimiento de sus ecosistemas, y la protección de las especies animales y vegetales autóctonas.

Art. 11. – La gestión de las reservas naturales deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Conservar la diversidad biológica.

2.Preservar sus principales rasgos geomorfológicos y sus paisajes.

Art. 12. – La explotación agropecuaria, el aprovechamiento de bosques, la forestación, los asentamientos y las actividades humanas dentro del área, deberán reglamentarse con carácter restrictivo, de manera tal que el uso de los recursos naturales sea de modo sustentable.

Art. 13. – Desígnase reserva natural estricta a aquella área que contenga ecosistemas o formas de vida frágiles y de especial importancia por los recursos genéticos que albergan, en los cuales los procesos naturales se desarrollan sin interferencia humana directa.

Art. 14. – La gestión de las reservas naturales estrictas deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Conservar la diversidad biológica y mantener los procesos biológicos y ecológicos esenciales.

2.Mantener muestras representativas de los principales ecosistemas de las diferentes regiones biogeográficas u otros de singular interés del país.

3.Preservar a perpetuidad las comunidades bióticas existentes en ellas, así como también las características fisiográficas de sus entornos, garantizando el mantenimiento, sin perturbaciones, de los procesos biológicos y ecológicos esenciales.

Art. 15. – Desígnase reserva de uso múltiple a aquella área destinada a conservar especies y comunidades naturales autóctonas o no. En ellas se privilegiarán las experiencias de convivencia armónica entre actividades productivas sustentables y las especies nativas que se quieran preservar.

Art. 16. – La gestión de las reservas de uso múltiple deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Realizar actividades ambientalmente adecuadas que no degraden los ecosistemas o paisajes, y que garanticen la implementación de un desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades de las poblaciones presentes y futuras.

2.Establecer actividades productivas que se generen a través de fuentes de energía alternativas, de modo tal que se protejan los recursos naturales.

Art. 17. – La producción sustentable de la flora y fauna autóctonas deberá desarrollarse en el marco de la preservación de determinadas especies y comunidades autóctonas.

Art. 18. – Desígnase reserva natural silvestre a aquella área que conserve prácticamente inalterada la cualidad silvestre de su ambiente natural, cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa, en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas y de especies animales o vegetales valiosas a dicho fin.

Art. 19. – La gestión de las reservas naturales silvestres deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Mantener en condiciones de mínima alteración antrópica, muestras de los principales ecosistemas de las diferentes regiones biogeográficas u otros de singular interés para el país, proveyendo a las futuras generaciones la oportunidad de conocer áreas que han estado libres de perturbación por causa humana durante un prolongado período de tiempo.

2.Actuar como zona protectora de las reservas naturales estrictas y de los parques nacionales contiguos a ella, aislándolas de posibles causas de perturbación de origen humano.

3.Promover la visita del área con fines de educación y goce de la naturaleza, que permitan un contacto íntimo con la misma, procurando la menor perturbación posible del medio natural.

Art. 20. – Desígnase reserva natural educativa a aquella área que por sus particularidades o por su ubicación contigua o cercana a las reservas naturales estrictas, parques nacionales o reservas naturales silvestres, brinden oportunidades especiales de educación ambiental o de interpretación de la naturaleza.

Art. 21. – La gestión de las reservas naturales educativas deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Promover los valores inherentes a la conservación de la diversidad biológica, el disfrute de paisajes y el mantenimiento de los ecosistemas.

2.Preservar el entorno natural.

3.Propiciar la consolidación del sistema de valores de la educación ambiental de la Nación.

Art. 22. – En las áreas protegidas, la investigación científica y la recolección de material requerirán autorización previa, la que se otorgará sólo en aquellos casos en que fuere imposible de realizar en otras áreas.

El acceso de los visitantes, su permanencia y el desarrollo de actividades será reglamentado con carácter restrictivo, a fin de evitar y minimizar impactos negativos en el ambiente.

Art. 23. – Queda expresamente prohibido en todas las áreas protegidas, la realización de las siguientes actividades:

1.La exploración y explotación minera e hidrocarburífera.

2.La instalación de industrias.

3.La pesca o caza con fines comerciales.

4.La pesca o caza con fines deportivos, salvo expresa autorización de la autoridad de aplicación.

5.La introducción, trasplante o propagación de especies de flora o fauna exóticas, así como la reintroducción de ejemplares de la fauna o flora autóctonas sin los debidos estudios etológicos, ecológicos y sanitarios pertinentes.

6.El uso o dispersión de sustancias o elementos contaminantes o que alteren las condiciones existentes en los ecosistemas.

7.La realización de sobrevuelos en aeronaves, exceptuados los de rutas áreas comerciales, militares o civiles que no cuenten con rutas alternativas, así como los destinados a operaciones de búsqueda y rescate, combate de siniestros, investigaciones científicas o relevamientos técnicos.

8.La enajenación de tierras de áreas protegidas de dominio público o privado del Estado.

Art. 24. – Queda expresamente prohibido en los parques nacionales, monumentos naturales, reservas naturales estrictas, reservas naturales silvestres y en las reservas naturales educativas, la realización de las siguientes actividades:

1.La explotación agropecuaria, forestal y cualquier otro tipo de aprovechamiento económico de los recursos naturales.

2.La construcción de obras de arquitectura, de infraestructura o urbanística, con excepción de aquellas que sean necesarias para la administración y la investigación científica o educativa.

3.El acceso y tránsito de vehículos, con excepción del que fuere necesario para fines científicos, de control, manejo o vigilancia del área.

4.La introducción de animales domésticos con carácter permanente. La introducción con carácter transitorio requerirá de autorización previa, a cuyo fin se implementará un registro de ingreso y egreso.

5.Las concesiones de uso de tierras de dominio público o privado del Estado.

Art. 25. – Queda expresamente prohibido en las zonas intangibles de los parques nacionales y en las reservas naturales estrictas:

1.El acceso del público en general, salvo que medien propósitos científicos o educativos, previa autorización de la autoridad de aplicación.

2.La recolección de flora o cualquier material de interés geológico o biológico, excepto que dicha recolección se encuentre expresamente autorizada con un fin científico o de manejo del área.

Art. 26. – Quedan prohibidas en las reservas naturales y en las reservas de uso múltiple todas las actividades que amenacen, disminuyan o alteren la conservación de la diversidad biológica y sus recursos naturales.

Art. 27. – La Administración de Parques Nacionales será la autoridad de aplicación de esta ley y órgano ejecutor de la política nacional en las áreas protegidas. La Administración de Parques Nacionales será continuador jurídico del organismo creado por ley 12.103 y ratificado por ley 22.351.

Art. 28. – La Administración de Parques Nacionales funcionará como ente autárquico, tendrá su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y se vinculará con el Poder Ejecutivo nacional a través del órgano de mayor jerarquía con competencia ambiental.

La Administración de Parques Nacionales se regirá en su gestión administrativa, financiera, patrimonial y contable, por las disposiciones de la ley 24.156 y sus normas complementarías, en la medida que no resulten modificadas por la presente ley.

Art. 29. – El Estado nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales, tendrá derecho preferente de adquisición, en igualdad de condiciones, de todos aquellos inmuebles que fuesen puestos a la venta y se hallaren ubicados en áreas protegidas.

Art. 30. – La autoridad de aplicación para la gestión de las áreas protegidas deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1.Asegurar la conservación de las áreas protegidas y sus recursos naturales.

2.Realizar el control y fiscalización adecuado.

3.Promover la educación ambiental en todos los niveles educativos, con respecto a las áreas protegidas.

4.Favorecer toda colaboración recíproca necesaria con las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de Buenos Aires y organismos privados y no gubernamentales, para el mejor cumplimiento de sus respectivos fines.

5.Propiciar la articulación y desarrollo de un sistema federal de áreas protegidas integradas por todas las áreas protegidas de la Nación.

6.Promover la capacitación de los recursos humanos en la materia de su competencia.

7.Promover una política sustentable de protección de las áreas protegidas.

Art. 31. – La autoridad de aplicación será conducida por un directorio ejecutivo integrado por un (1) presidente, un (1) vicepresidente y tres (3) directores.

Art. 32. – El directorio ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo. El presidente y el vicepresidente del directorio ejecutivo serán designados a propuesta del organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental de la Nación. Los tres (3) directores restantes serán propuestos por el mismo organismo, de conformidad con las siguientes disposiciones:

1.Un (1) director, entre una terna vinculante propuesta por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

2.Un (1) director, entre una terna vinculante propuesta por las organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria y antecedentes en conservación de la naturaleza.

3.Un (1) director, por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición.

Art. 33. – Los miembros del directorio ejecutivo durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser designados sólo por un período más. Tendrán dedicación de tiempo exclusivo y no podrán participar en ningún organismo o entidad publica o privada vinculado con el objeto de esta ley.

Art. 34. – El directorio ejecutivo deliberará con más de la mitad de los miembros designados, incluidos el presidente y vicepresidente. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los miembros presentes, teniendo el presidente voz y voto en las decisiones y definiendo las mismas en caso de empate. El vicepresidente asumirá las funciones y atribuciones del presidente en caso de ausencia, impedimento o vacancia del titular de la presidencia. El directorio ejecutivo deberá reunirse como mínimo una (1) vez al mes.

Art. 35. – Los miembros del directorio ejecutivo serán personal y solidariamente responsables por las medidas que adopten y los actos que ejecuten, salvo constancia en acta del desacuerdo. El miembro ausente deberá dejar constancia de su desacuerdo, por cualquier medio fehaciente, dentro de los diez (10) días subsiguientes en que se adoptó la medida.

Art. 36. – Todas las facultades del directorio ejecutivo serán llevadas a cabo por el presidente, excepto que las mismas fueran expresamente delegadas por el presidente a otro miembro del directorio ejecutivo.

Art. 37. – La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires u organizaciones no gubernamentales, a efectos de llevar a cabo auditorías externas sobre aspectos técnicos y administrativos de las áreas protegidas de jurisdicción nacional.

Art. 38. – El directorio ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

1.Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del organismo.

2.Proponer la declaración o desafectación de áreas protegidas de jurisdicción nacional cuando lo estimare conveniente.

3.Elaborar la propuesta del presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos del organismo, a efectos de ser presentado ante el Poder Ejecutivo.

4.Asesorar a través de las autoridades competentes al Poder Ejecutivo nacional, en las materias de su competencia.

5.Conceder becas y subsidios.

6.Administrar áreas protegidas de otras jurisdicciones previa suscripción de convenios de colaboración con las autoridades competentes.

7.Elaborar y ejecutar los planes de gestión de las áreas protegidas sujetas a su jurisdicción.

8.Dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

9.Celebrar convenios con las provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires, organismos no gubernamentales o entidades públicas o privadas.

10.Celebrar convenios internacionales con organismos o entidades extranjeras.

11.Elaborar los reglamentos internos de la Administración de Parques Nacionales.

12.Celebrar contratos necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley, aceptar subvenciones, legados, usufructos y donaciones sin cargo, constituir y cancelar servidumbres e hipotecas por saldo de precio.

13.Otorgar y revocar permisos precarios de uso gratuito o comodato de muebles o inmuebles, cuando le sean requeridos por organismos públicos o privados, o por organismos no gubernamentales sin fines de lucro legalmente constituidos en el país, para el desarrollo de actividades de bien común.

14.Ceder sin cargo materiales y elementos que estuvieren declarados sin uso, a organismos o entidades de bien público.

15.Administrar el régimen de personal de conformidad con las normas legales y reglamentarias que se establezcan y, supletoriamente, por las vigentes para los agentes de la administración pública nacional.

16.Ordenar y realizar las investigaciones y sumarios administrativos que correspondieren.

17.Impartir cursos de capacitación o convenir su dictado con otras instituciones educativas.

18.Proponer el establecimiento de cánones, tasas, contribuciones de mejoras, patentes y aforos.

19.Fijar derechos de pesca y caza deportivas, de construcción, de explotación, de entrada al área protegida y en general de toda otra actividad relativa a la competencia conferida al organismo, que se desarrolle en áreas bajo su jurisdicción.

20.Realizar todos los actos que hagan al mejor cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, y en especial a la administración del patrimonio y los recursos económicos del organismo, pudiendo delegar parcialmente sus funciones conforme se establezca por vía reglamentaria.

21.Reglamentar y autorizar la caza y pesca deportivas en el marco de los planes de gestión respectivos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, inciso 4.

22. Controlar y erradicar especies exóticas cuando fuese estrictamente necesario.

23.Reglamentar, autorizar y fiscalizar el uso sustentable de los recursos naturales, con ajuste a las disposiciones de la presente ley.

24.Aplicar técnicas y equipamientos adecuados para la prevención y lucha contra incendios, pudiendo a tal fin requerir los medios y servicios personales necesarios, de conformidad con lo establecido en la ley 13.273 y sus normas complementarias.

25.Aplicar las sanciones correspondientes por infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias.

26.Intervenir obligatoriamente en el estudio, programación y autorización de cualquier obra o actividad pública o privada que se realice dentro de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades competentes en la materia, cumpliendo las disposiciones establecidas en los capítulos IV y VIII de la presente ley.

27.Designar como asesores a organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones de comprobada trayectoria en la conservación de la naturaleza con carácter ad honórem, conforme se establezca por vía reglamentaria.

28.Dictar normas generales para la planificación y ejecución de aquella infraestructura considerada indispensable para las áreas protegidas, cuidando de no alterar el mantenimiento de los ecosistemas, sus paisajes y los objetivos de conservación.

29.Otorgar y aprobar las concesiones para la explotación de los servicios previstos en la ley, conforme al plan de gestión y por el plazo máximo de treinta (30) años. Asimismo podrá determinar la caducidad de las concesiones cuando el incumplimiento del concesionario o motivos de interés público manifiesto, lo hicieren conveniente.

30.Contratar científicos o técnicos, previo concurso de antecedentes u oposición, cuando por su especialidad resulte necesario utilizar sus servicios para el cumplimiento de los fines de esta ley. Sólo en casos excepcionales podrán contratarse en forma directa, según se establezca por vía reglamentaria.

31.Establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y desarrollo de actividades de los visitantes en las áreas protegidas bajo su jurisdicción, así como también ejercer el efectivo control de su cumplimiento.

32.Proceder a la expulsión de intrusos y ocupantes que se encontraren en las áreas protegidas, en infracción a la presente ley.

33.Procurar adquirir el dominio de aquellas tierras que se encuentren bajo propiedad privada de los particulares dentro de las áreas protegidas de jurisdicción nacional.

34.Toda otra que se le asigne por vía reglamentaria o por leyes complementarias.

Art. 39. – Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, serán atribuciones del presidente de la Administración de Parques Nacionales:

1.Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y normas complementarias, así como también las resoluciones del organismo.

2.Ejercer la representación legal del organismo.

3.Ejercer la dirección del cuerpo de guardaparques establecida en la presente ley.

4.Convocar y presidir las reuniones del directorio ejecutivo e informarle las cuestiones que puedan interesar al organismo, proponiendo los acuerdos y resoluciones que estime convenientes para el normal y eficiente funcionamiento del mismo.

5.Delegar en otro miembro del directorio las atribuciones que estime convenientes, cuando lo considere necesario para el mejor desenvolvimiento del desarrollo de sus funciones.

6.Toda otra atribución que se le asigne por leyes complementarias o vía reglamentaria.

Art. 40. – Créase el Consejo Asesor Federal, organismo dependiente de la Administración de Parques Nacionales.

Art. 41. – El Consejo Asesor Federal estará integrado por representantes de todas aquellas provincias en donde se hallaren áreas protegidas de jurisdicción nacional, de las universidades nacionales y provinciales, de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria y antecedentes en conservación de la naturaleza, instituciones de investigación de gran prestigio, organismos públicos, y los que se establezcan por vía reglamentaria.

Art. 42. – El Consejo Asesor Federal dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual será ratificado por la autoridad de aplicación.

Art. 43. – Los integrantes del Consejo Asesor Federal no percibirán remuneración alguna del Estado nacional por el cumplimiento de sus funciones.

Art. 44. – El Consejo Asesor Federal tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1.Asesorar a la autoridad de aplicación en la definición de políticas en materia de conservación y gestión adecuada de las áreas protegidas.

2.Elaborar dictámenes técnicos para los planes de gestión de cada área protegida de jurisdicción nacional.

3.Colaborar como enlace entre el directorio ejecutivo y las distintas jurisdicciones locales.

4.Brindar apoyo técnico a los organismos que se lo requieran.

Art. 45. – No podrán integrar el Consejo Asesor Federal:

1.Los propietarios, directores, gerentes o administradores de empresas hoteleras o de servicios turísticos.

2.Aquellos que efectúen cualquier tipo de explotación económica dentro de las áreas protegidas.

3.Los integrantes del directorio ejecutivo de la Administración de Parques Nacionales.

Art. 46. – Los planes de gestión de las áreas protegidas serán elaborados y ejecutados por la autoridad de aplicación. El Consejo Asesor Federal tomará intervención y elevará sus propuestas a consideración del directorio ejecutivo.

Art. 47. – El plan de gestión de cada área protegida deberá elaborarse en función de su ubicación geográfica, de sus dimensiones, de la diversidad biológica que posea, del patrimonio natural y cultural que contenga y de todos aquellos otros factores que la autoridad de aplicación estime convenientes.

Art. 48. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el plan de gestión deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

1.Definición de los límites del área protegida.

2.Descripción e interpretación de sus características geográficas y biológicas.

3.Diagnóstico del estado de conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales, y previsión de la evolución futura de éstos.

4.Acciones necesarias para la conservación de la diversidad biológica, la recomposición, mejora y uso sustentable de los recursos naturales y culturales.

5.Planes y programas que regulen las actividades públicas o privadas que se desarrollen o que vayan a desarrollarse en las áreas protegidas.

6.Planes y programas de conservación de la diversidad biológica y del uso sustentable de los recursos naturales, existentes en zonas contiguas o adyacentes de las áreas protegidas.

Art. 49. – Créase el Fondo de Gestión y Desarrollo de las Areas Protegidas que será administrado por la autoridad de aplicación y que estará integrado con:

1.El producido de la venta, arrendamiento o concesión de inmuebles, instalaciones y bienes muebles.

2.El producido de aforos, de patentes y venta de madera fiscal, frutos, productos y subproductos.

3.Lo recaudado en concepto de derechos de caza y pesca deportiva y de la entrada al área protegida.

4.Lo percibido en concepto de derechos de edificación, construcciones en general, contribuciones de mejoras y tasas.

5.El producido de las concesiones otorgadas.

6.El importe de las multas que se apliquen de acuerdo a la presente ley.

7.Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas.

8.Los intereses y las rentas de los bienes que posea.

9.Los recursos de las leyes especiales.

10.Los recursos no utilizados de los fondos provenientes de los convenios celebrados según las facultades otorgadas por ley.

11.Las sumas que anualmente se le asigne por el presupuesto general de la Nación, y todo otro ingreso que derive de la gestión de la Administración de Parques Nacionales.

12.El cinco por ciento (5 %) de lo recaudado en virtud de la ley 14.574 (Fondo Nacional de Turismo).

13.Todo otro ingreso que perciba la autoridad de aplicación, conforme la normativa vigente.

Art. 50. – El Fondo de Gestión y Desarrollo de las Areas Protegidas se destinará para:

1.La creación de nuevas áreas protegidas.

2.La atención ante catástrofes naturales en las áreas protegidas.

3.La adquisición de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley.

4.La promoción de actividades tendientes a asegurar la mejor difusión y conocimiento de las áreas protegidas y de los principios y técnicas de conservación de las mismas.

5.La realización de cursos, estudios e investigaciones relacionadas con la citada temática.

6.La capacitación del personal del organismo en el país o en el extranjero.

7.El otorgamiento de premios o estímulos en concursos referentes a áreas protegidas.

8.Atender los gastos generales que demande el normal funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales.

9.Todo otro destino que se establezca por vía reglamentaria.

Art. 51. – Facúltase a la autoridad de aplicación a emplear las disponibilidades financieras en la adquisición de títulos de la deuda pública u otras emisiones de valores públicos.

Art. 52. – El Cuerpo de Guardaparques será el servicio civil auxiliar dependiente de la Administración de Parques Nacionales y tendrá las funciones de policía administrativa derivadas de la presente ley.

El Cuerpo de Guardaparques cumplirá su misión sin perjuicio de las funciones de policía de seguridad y judicial que tienen asignadas Gendarmería Nacional, Policía Federal y las policías provinciales con relación a los delitos y contravenciones que son de su competencia.

Hasta tanto la autoridad de aplicación dicte un nuevo reglamento, las atribuciones y deberes del Cuerpo de Guardaparques, así como su estructura orgánica, escalafón y régimen disciplinario, se regirán por las disposiciones vigentes.

Art. 53. – El Cuerpo de Guardaparques podrá ser asistido por un grupo de ayudantes rentados para realizar tareas de vigilancia, atender emergencia, evitar riesgos, combatir catástrofes naturales u otras que determine la autoridad de aplicación en forma extraordinaria. Los mismos deberán ser seleccionados preferentemente entre los pobladores que habitan en las zonas adyacentes de las áreas protegidas y deberán tener formación básica para el cumplimiento de las funciones asignadas.

Art. 54. – Se prohíbe el establecimiento y desarrollo de asentamientos humanos en las áreas protegidas, con excepción de lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la presente ley.

Art. 55. – En todas las áreas protegidas se permitirá el establecimiento de aquellos asentamientos humanos necesarios para la administración, vigilancia y desarrollo de las investigaciones científicas.

Art. 56. – En las reservas naturales y reservas de uso múltiple, la autoridad de aplicación podrá autorizar el establecimiento y desarrollo de asentamientos humanos, debiendo fijar los porcentajes máximos de superficie que podrá ocuparse con relación a la totalidad del área.

Art. 57. – Todos los proyectos de obras o actividades que puedan generar o provocar impactos significativos a desarrollarse en las áreas protegidas, deberán contener un estudio de impacto ambiental. La autoridad de aplicación evaluará dicho estudio y se pronunciará aprobando o rechazando el mismo mediante una declaración de impacto ambiental, estableciendo las condiciones, plazos y demás requisitos que establezca la reglamentación de conformidad con lo previsto en ley 25.675 y normas complementarias.

Art. 58. – Las zonas, regiones o porciones de territorio de propiedad del Estado nacional declaradas áreas protegidas son de dominio público de la Nación.

Art. 59. – La declaración de un área protegida sujeta a jurisdicción nacional será establecida por ley. Si las áreas protegidas a crearse se encontraren en territorio de una provincia o de la Ciudad de Buenos Aires, previamente deberá disponerse la cesión del dominio y jurisdicción de dichos territorios a favor del Estado nacional.

Art. 60. – La fauna silvestre que se encuentre ubicada en áreas protegidas de dominio y jurisdicción del Estado nacional, pertenecen al dominio privado de aquél. Si la fauna silvestre traspasase los límites de las áreas protegidas, adquirirá el estado jurídico que corresponda a la legislación vigente para la misma, siempre que no se hubiese traspasado con dolo, fraude, ardid, fuerza, violencia o mediante apoderamiento ilegítimo.

Art. 61. – La autorización concedida por la autoridad de aplicación para la caza o pesca deportiva de ejemplares de dicha fauna, será título idóneo para la adquisición de su dominio, siempre que las citadas actividades se cumplan conforme a las normas reglamentarias.

Art. 62. – Créase el sistema nacional de áreas protegidas, el que estará integrado por todas las áreas protegidas que se hallen en el anexo de la presente ley. La autoridad de aplicación deberá incorporar al presente anexo aquellas que se creen en el futuro.

Art. 63. – La autoridad de aplicación propiciará la creación de áreas protegidas compartidas, en las que la jurisdicción nacional abarque una zona y la provincia o la ciudad de Buenos Aires otra contigua, siempre que se presenten las siguientes circunstancias:

1.Que el interés nacional y el provincial o de la ciudad de Buenos Aires sean concurrentes.

2.Que se persigan los mismos objetivos de conservación de la naturaleza, bajo un régimen de gestión acordado por la Administración de Parques Nacionales y la autoridad local.

3.Que se cumpla con lo dispuesto en la presente ley.

Art. 64. – Las infracciones a lo normado en la presente ley, su decreto reglamentario y demás normas que se dicten en consecuencia, serán sancionadas con:

1.Apercibimiento.

2.Multa de uno (1) hasta doscientas (200) veces el sueldo mínimo de la categoría básica inicial de la administración pública nacional.

3.Suspensión de hasta noventa (90) días de las actividades autorizadas por la autoridad de aplicación.

4.Inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años.

5.Decomiso de los efectos involucrados en la infracción.

Las sanciones establecidas se aplicarán previo sumario administrativo que asegure el debido proceso legal, graduándose la sanción de acuerdo con la naturaleza de la infracción.

La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.

Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.

Art. 65. – El cobro judicial de los derechos, tasas, contribuciones de mejoras, cánones, recargos, multas y patentes establecidos por la presente ley, se llevarán a cabo mediante el procedimiento de ejecución fiscal prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda expedida por la autoridad de aplicación.

Art. 66. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, las disposiciones establecidas en la presente ley.

Art. 67. – Las áreas protegidas de jurisdicción nacional creadas con anterioridad a la sanción de la presente ley, quedan recategorizadas de conformidad con lo establecido por el artículo 62.

Art. 68. – Derógase la ley 22.351 y sus decretos reglamentarios.

Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 1. Parque Nacional Iguazú (ley 12.103 y modificatorias: leyes 18.801 y 19.478).

 2. Parque Nacional Lanín (decreto 105.433 de fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios: decreto 125.596 del 16 de febrero de 1938, decreto ley 9.504 de fecha 28 de abril de 1945, leyes 19.292 y 19.301)

 3. Parque Nacional Nahuel Huapi (ley 12.103 y modificatorias, leyes 14.487, 19.292, 20.594, 21.602).

 4. Parque Nacional Los Arrayanes (ley 19.292).

 5. Parque Nacional Los Alerces (decreto 105.433 de fecha 11 de mayo de 1937; decreto ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).

 6. Parque Nacional Lago Puelo (ley 19.292).

 7. Parque Nacional Los Glaciares (decretos 105.433 del 11 de mayo de 1937 y 125.596 de fecha 16 de febrero de 1938; decreto ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).

 8. Parque Nacional Laguna Blanca (decreto 63.691 de fecha 31 de mayo de 1940; decreto ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).

 9. Parque Nacional Perito Moreno (decretos 105.433 del 11 de mayo de 1937; 125.596 de fecha 16 de febrero de 1938 y 118.660 del 30 de abril de 1942; decreto ley 9.504 de fecha 28 de abril de 1945 y ley 19.292).

10. Parque Nacional Río Pilcomayo (ley 14.073 y modificatorias leyes 17.915 y 19.292).

11. Parque Nacional Chaco (ley 14.366).

12. Parque Nacional El Rey (decreto 18.800 del 24 de junio de 1948).

13. Parque Nacional Tierra Del Fuego (ley 15.554).

14. Parque Nacional El Palmar (ley 16.802 y modificatoria; ley 19.689).

15. Parque Nacional Baritú (ley 20.656).

16. Parque Nacional Lihué Calel (decreto 609/77).

17. Parque Nacional Copo (ley 25.366).

18. Parque Nacional Campo de Los Alisos (ley 24.526).

19. Parque Nacional Calilegua (1.733/79).

20. Parque Nacional Los Cardones (ley 24.737).

21. Parque Nacional Mburucuyá (ley 25.447).

22. Parque Nacional Pre-Delta (ley 24.063).

23. Parque Nacional Quebrada del Condorito (ley 24.749).

24. Parque Nacional San Guillermo (ley 25.077).

25. Parque Nacional Sierra de Las Quijadas (ley 24.015).

26. Parque Nacional Talampaya (ley 24.846).

27. Parque Nacional El Leoncito (ley 25.656).

1. Monumento Natural Bosques Petrificados (decreto 7.252/54).

2. Monumento Natural Pantera Onca o Yaguareté, Yaguar, Tigre Overo, Onca Pintada (ley 25.463).

3. Monumento Natural Ballena Franca Austral (ley 23.094).

4. Monumento Natural Las Especies Vivas de Los Ciervos Andinos (ley 24.702).

1. Reserva Nacional Iguazú (ley 18.801).

2. Reserva Natural Formosa (ley 17.916).

3. Reserva Nacional Lanín Zona Lacar (ley 19.292).

4. Reserva Nacional Lanín Zona Ruca Choroi (ley 19.292).

5. Reserva Nacional Lanín Zona Malleo (ley 19.292).

6. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona Centro (ley 19.292).

7. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona Gutiérrez (leyes 19.292 y 21.602).

8. Reserva Nacional Los Alerces (ley 19.292).

9. Reserva Nacional Puelo Zona Turbio (ley 19.292).

10. Reserva Nacional Puelo Zona Norte (ley 19.292).

11. Reserva Nacional Los Glaciares Zona Centro (ley 19.292).

12. Reserva Nacional Los Glaciares Zona Viedma (ley 19.292).

13. Reserva Nacional Los Glaciares Zona Roca (ley 19.292).

14. Reserva Nacional Laguna Blanca (ley 19.292).

15. Reserva Nacional Perito Moreno (ley 19.292).

1. Reserva Natural Estricta Iguazú, abarcando un sector del Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones (decreto 2.149/90).

2. Reserva Natural Estricta San Antonio, abarcando un sector de la Estación Forestal de IFONA ubicada en el departamento de General Belgrano, provincia de Misiones (decreto 2.149/90), administrada por la Administración de Parques Nacionales.