Se dirige al Poder Ejecutivo a los efectos de solicitar informe, a través del organismo de su competencia, las razones que se encuentran demorando el depósito en la Organización de las Naciones Unidas del instrumento de ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la CEDAW, aprobado por este Congreso en 2006.

Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

Señor presidente:

La ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la CEDAW fue saludada en oportunidad de su aprobación, como un sustantivo avance en los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres, en nuestro país.

La ratificación, inexplicablemente postergada desde el año 2002, fue aprobada con amplio consenso por este Congreso en 2006. Resta para hacerla efectiva, formalizar el depósito del instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas, de forma tal de producir el paso administrativo necesario para que nuestro país ingrese al concierto mayoritario de naciones que lo han ratificado.

Recientemente, versiones periodísticas nos han advertido sobre la demora en la tramitación final de la ratificación por parte de la República Argentina, que estaría en manos de nuestra cancillería.

Consideramos prudente solicitar información sobre los motivos que han generado la demora, instando a agilizar el depósito de la ratificación ante las Naciones Unidas a la mayor brevedad posible.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, informe en relación a las actividades culturales desarrolladas por el mencionado organismo, en cuanto a:

1. Asignación de la secretaría per cápita, por provincia, correspondiente al ejercicio 2006.

2. Ejecución presupuestaria de la Secretaría, correspondiente al ejercicio 2006.

3. Asignación de la Secretaría per cápita, por provincia, a aplicarse durante el ejercicio 2007.

4. Cronograma de las actividades a desarrollar por la Secretaría durante el ejercicio 2007, por provincia.

Señor presidente:

El derecho a la cultura es una prerrogativa de carácter constitucional, y es el Estado quien debe garantizar que la misma se encuentre a disposición, de manera equitativa, de todos los habitantes de la Nación.

Días atrás, el secretario de Cultura de la Nación, doctor José Nun, destacó “la distribución irregular de las actividades culturales en nuestro país”, situación que no debería sorprendernos, por cuanto es absolutamente coherente con la política centralista de asignación de recursos que los gobiernos de turno vienen aplicando durante décadas, derivando en un país dual, con regiones desarrolladas y regiones marginales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 26, que “los Estados deben adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional… para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.

En idéntico sentido se pronuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando en su artículo 27 enuncia que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Por lo expuesto y a los efectos de conocer con precisión la actuación del gobierno nacional en lo que se refiere al fomento de la cultura en todo el territorio de nuestro país, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, informe en relación al Plan de Turismo Social, lo siguiente:

1. Fondos asignados a la ejecución del plan.

2. Cantidad de personas beneficiadas, indicando las provincias a las que pertenecen.

3. Destinos turísticos cubiertos.

4. Beneficios ofrecidos.

5. Agentes turísticos contratados.

1. Fondos asignados a la ejecución del plan.

2. Cantidad de personas beneficiadas indicando las provincias a las que pertenecen.

3. Destinos turísticos cubiertos.

4. Beneficios ofrecidos.

5. Agentes turísticos contratados.

6. Detalle de actividades pendientes de ejecución.

Señor presidente:

La Ley Nacional de Turismo, 25.997, en su artículo 2°, dispone: “…el turismo es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades”.

Razones sociales, económicas y de salud impiden que amplios sectores de la población puedan ejercer el derecho de acceder a las infraestructuras y servicios turísticos del país.

Esta situación dio origen al concepto de “turismo social”, término reconocido por la Organización Mundial del Turismo, entendiéndose como tal a las acciones tendientes a garantizar el uso y disfrute del turismo a las personas que padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial y a aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

La ley 25.997, en su artículo 39, ordena a la autoridad de aplicación la elaboración de un Plan de Turismo Social, destinado a “promover la prestación de servicios accesibles a la población, privilegiando a los sectores vulnerables…”.

A los efectos de conocer los alcances y resultados obtenidos, y los planes existentes para el ejercicio en curso, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Turismo.

Su beneplácito por el Premio Mujer de Coraje, otorgado a Susana Trimarco de Verón, por su lucha contra la trata de mujeres, iniciada a raíz del secuestro de su hija Marita Verón en 2002, galardón que fue instituido por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, destinado a mujeres líderes en la promoción de la libertad, la justicia, la paz y la igualdad, siendo Trimarco la única representante de América Latina, en esta oportunidad.

Señor presidente:

María de los Angeles “Marita” Verón era una chica tucumana que a los 23 años de edad encaraba la vida con decisión y muchas esperanzas alimentadas desde su formación cristiana, y la mira puesta en un futuro de plena realización personal y familiar. Pero un día salió de su casa para una consulta ginecológica y nunca regresó.

Sus padres comenzaron una búsqueda empecinada y sin descanso, pero sin resultado positivo, hasta hoy. Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado la existencia de una red de secuestro de jóvenes y su posterior sometimiento a la explotación sexual.

A raíz de la investigación se ha rescatado en La Rioja a diecinueve jovencitas que eran mantenidas prisioneras y se las obligaba a prostituirse en whiskerías que no son otra cosa que prostíbulos. No obstante ser todo esto de conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema. Es más, cuando un funcionario puso crudamente el tema a la consideración pública, fue echado del gobierno provincial, mientras los regentes de los lupanares eran recibidos en los despachos oficiales para buscar una solución al “grave problema social” que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su “fuente de trabajo”.

Susana Trimarco, madre de Marita, inició una búsqueda incansable que la llevó a investigar por su cuenta la red de prostitución que enlaza muchas provincias del NOA, luego de verificar el quietismo de las fuerzas de seguridad y de la Justicia tucumanas, que en un principio, demoraron la investigación del secuestro de la joven, con diversas excusas.

Su tenacidad y empuje la llevó a atravesar Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja detrás de las pistas de la red de trata de personas que se llevó a su hija, y que la mantiene cautiva, como a tantas otras jovencitas, en lupanares de toda la república.

Trimarco se creyó en una pesadilla cuando comenzó la odisea de Marita. “Yo tampoco podía creer que una mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que hace años están en el circuito a la fuerza, porque después de haber crecido entre golpes, torturas y abusos, no conocen otra manera de vivir”, explica a todo quien quiera escuchar su drama, que obró descorriendo el velo de un horror organizado: el secuestro y trata de personas.

Organizaciones de derechos humanos de toda América Latina sostienen que este flagelo, la trata de personas, invisibilizado por oscuros intereses, moviliza hoy más dinero que el tráfico de armas.

La distinción que ha recibido Susana Trimarco en EE.UU. contribuye a dar mayor relevancia a su lucha incansable, interpelándonos sobre el compromiso del Estado en la erradicación de la trata de personas, a través de políticas públicas que permitan su persecución y castigo efectivos.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Artículo 1° – Dispónese la ampliación en la suma de pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000) del importe máximo de colocación de bonos de consolidación de deudas, en las series autorizadas al efecto, para el pago del crédito consolidado a favor de la Municipalidad de Coronel Moldes de la provincia de Salta, originado en el expediente caratulado “Municipalidad de Coronel Moldes c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal” expediente judicial 668/1990 en trámite ante el Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Salta, autorizado por el artículo 54 de la ley 26.198 de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2007.

Art. 2° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la presente ley.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Por el presente proyecto de ley solicitamos la ampliación de la partida que prevé el artículo 54 de la ley 26.198 de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2007, en seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000) para afrontar el pago de esta deuda en particular, que a raíz de sucesivas demoras administrativas en el trámite de consolidación, éste lleva aproximadamente tres años, y diez con sentencia firme.

El crédito a favor del municipio se origina en los autos caratulados “Municipalidad de Coronel Moldes c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal” expediente judicial 668/1990 en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Salta.

En el año 1990 el municipio inicia juicio de ejecución fiscal en contra de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado por determinación de deudas originadas en el tributo a las actividades económicas correspondiente a los años 1983 al 1988, adeudadas por Agua y Energía Eléctrica S.E.

El municipio obtiene sentencia favorable de primera instancia en el año 1993, quedando firme en el año 1997 (con recurso extraordinario denegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), es decir que la deuda del Estado nacional con el municipio lleva diez años.

Actualmente el municipio afronta una situación financiera y económica crítica a raíz de la demora en la resolución de este pago, que se vería nuevamente demorado ante la falta de partidas previstas en el artículo 54 para cubrir este crédito consolidado.

Téngase en cuenta, además, que desde el año 1995 la población del municipio creció un cien por cien y la política de viviendas llevada a cabo por el gobierno nacional y provincial, no llega a cubrir las necesidades de toda la población, por lo que uno de los graves problemas que afronta, es la falta de infraestructura en vivienda y fuentes de trabajo, que esta intendencia tiene previsto paliar con estos importes. Hace poco esta situación se agravó a raíz de la expulsión de la Finca Ampascachi situada en el municipio, de 200 familias, que quedaron sin vivienda y sin fuentes de trabajo, que justifican la medida que solicitamos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo aniversario de su nacimiento.

Señor presidente:

La señora María Eva Duarte de Perón nace en Los Toldos el 7 de mayo de 1919, al fallecer su padre, la familia se muda a Junín en donde permanece hasta el año 1935.

Con tan sólo 15 años, María Eva decide trasladarse a Buenos Aires, siguiendo su vocación de actriz, y buscando otros horizontes llegando a protagonizar programas radiales muy escuchados por entonces y varias obras teatrales y películas.

En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan Domingo Perón con motivo de un festival que se realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan. Contrayendo matrimonio en el año 1945.

Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante su corta vida una febril actividad tanto en el campo político como social, así la vemos trabajando intensamente para la sanción de la Ley del Voto Femenino como también como fundadora y organizadora de la “Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón” usina de soluciones y asistencia para todos los argentinos necesitados, junto con la fundación de la rama femenina del peronismo que fue definido por ella misma como “un Movimiento popular surgido de la unión de millares y millares de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casa, en los talleres”

En lo social desarrolló una intensa actividad creando hospitales, hogares para madres solteras, policlínicos, hogares escuela, lugares de esparcimiento a fin de que los niños y ancianos tuvieran un plan turístico y pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.

La señora Eva Perón escribió La razón de mi vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.

Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación, en el año 1951 renuncia a la misma y luego de una triste larga y dolorosa enfermedad fallece el 26 de julio de 1952. A su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló ante su féretro durante catorce días.

Nuestra Evita merece este homenaje por su capacidad inclaudicable de lucha por su defensa y entrega por los derechos de los pobres y desprotegidos y la coherencia de su pensamiento y su obrar.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio, y solicita al Poder Ejecutivo nacional el dictado de una norma invitando a todos los argentinos a lucir una escarapela en homenaje de los héroes que lucharon por reafirmar esos derechos.

Señor presidente:

La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no es un capricho ni una mera cuestión geográfica, sino que tiene su origen en el derecho español sobre los territorios americanos, y se hereda con nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo puede argumentar como derecho sobre estos territorios el adquirido por medio del uso de la fuerza. Así lo demuestran los diversos hechos.

Durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América, las bulas papales establecían los derechos de España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras firmes, encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se descubran, hacia el occidente y hacia el mediodía”, imaginando y trazando una línea que se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las Azores. Como las islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita, “España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de ello, es igualmente un español quien las descubre en el año 1520, cuando una de las naves de la expedición de Magallanes, comandada por Don Esteban Gómez, las avista de regreso a España.

Recién 72 años después un marino inglés (John Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la época no las registra.

En 1670, por medio del Tratado de Madrid se acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en América del Norte, mientras que en contrapartida los súbditos de Gran Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o lugares que el rey católico tenía en América del Sur, ni comerciarían con ellos.

Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero de 1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que divide las islas. El fue quien por primera vez las llamó “Falkland”.

Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que daba fin a la guerra de Sucesión entre Inglaterra y España, los británicos se comprometieron a restituir al rey católico Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer capítulo de discordia. Pero algunas décadas después, todo vuelve a empezar: en 1748, Inglaterra decide enviar una expedición a las islas Malvinas, a lo que España lógicamente se opone. Gran Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un reconocimiento tácito pero categórico de los derechos de España sobre las islas.

En 1764 acontece otro episodio que reafirma el derecho español sobre las Malvinas: el rey francés Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual creó el Puerto San Luis en la Malvina oriental. Las islas fueron llamadas “Maluines” (de los habitantes del puerto Saint-Maló), y luego los españoles le otorgaron su actual denominación. España protestó y obtuvo el reconocimiento de sus derechos de dominio, por lo que el rey Luis XV ordenó la entrega de Puerto San Luis, pero exigiendo el previo pago de todos los gastos en que se había incurrido.

En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expedición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada España de esta usurpación, expulsó a los ingleses y destruyó el fuerte que habían creado.

De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y administración de las Islas. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre de España (entre 1776 y 1810) por designación del Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto de Mtolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor (1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José de Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791), Juan José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796), Luis de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de Viana (1800), Ramón Fernández de Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavía (1806), J. C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo Guillén (1810).

En 1820, Londres reconoció la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y hasta firmó con Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico de la nueva República Argentina, la cual a partir del 10 de junio de 1820 hizo efectivo el control político sobre las Islas Malvinas y otros territorios insulares en el Atlántico Sur. El 6 de noviembre de 1820 fue izada por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a las anteriores posesiones españolas.

Luis Vernet fue el primer gobernador argentino: ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana “Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó con tomar represalias y apoyó su decisión con un navío de guerra (el USS “Lexington”) que en ese momento estaba en la zona del Río de la Plata. El USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría de los habitantes y se retiró, declarando que las islas carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresoluto: el 10 de septiembre de 1832, Buenos Aires designó un nuevo comandante militar en las Malvinas y envió la cañonera ARA “Sarandí”, para reparar los daños y restablecer el orden. Así fue que desembarcó el segundo gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la “Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada para consolidar la soberanía británica en las islas aprovechando la desorganización provocada por el incidente de la USS “Lexington”. El capitán de la “Clio” informó al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera británica remplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3 de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, pero no pudo resistir ante la fuerza superior. No hubo disparos, y dos días después la “Sarandí” abandonó las islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y algunos (no la totalidad) de los pobladores argentinos.

Fue así como que las islas fueron declaradas colonia de la Corona Británica en 1840, y el primer gobernador británico, el teniente Richard Moody, partió desde el Reino Unido en 1841. Después, se desarrolló una pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo la ocupación.

Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito), lo cual se detalla por separado en la conmemoración del 2 de abril. La legitimidad de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar en sus deseos de recuperación, pero dejando de lado el camino de las armas y apelando al entendimiento entre los hombres.

Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo 4 de junio el 136º aniversario de su fallecimiento.

Señor presidente:

Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.

Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840, contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente encontrándose en Chile se incorporó al ejército chileno y luego en 1852 regresa a la Argentina y se une al Ejército de la Confederación.

Bajo las órdenes de Justo José de Urquiza luchó en la batalla de Pavón y en 1862 se unió con Chacho Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.

Felipe Varela se había convertido en un federal convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos Aires, entonces en manos del presidente Bartolomé Mitre, y de la Constitución reformada en 1853.

Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.

Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la provincia de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de las provincias vecinas en especial en Salta y Jujuy.

Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de cuatro mil hombres al incorporar cientos de gauchos de San Juan, La Rioja, Catamarca, incluso de Tucumán y Santiago del Estero por lo que fue proclamado como “El Quijote de Los Andes”.

Los historiadores argentinos modernos suelen considerar a Varela un líder político, el último del grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga, Peñaloza, quienes se opusieron a que la organización política de la Nación se hiciera desde la Capital Federal.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Su firme adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar el próximo 1º de junio del corriente año, como asimismo su férreo apoyo al UNICEF –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia– que se creó en el año 1946 y se convirtió en órgano permanente de Naciones Unidas en 1953.

Señor presidente:

Declaro mi adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia que tiene lugar el día 1° de junio de este año.

Motiva el presente proyecto mi firme apoyo a todo emprendimiento que se realice o pueda realizarse en favor de la niñez. Para ello, podemos contar con instituciones como el UNICEF en el ámbito internacional y la Conaeti, Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, creada por decreto presidencial 719/2000, la Secretaría del Menor y la Familia, el Consejo de la Minoridad, entre otros, en el plano nacional.

Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el Día Internacional de la Infancia uno de los problemas que más me preocupa; es el trabajo y la prostitución infantil. La Conaeti, tiene a su cargo la coordinación, evaluación y el seguimiento de los esfuerzos a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como también, la implementación de un plan nacional, diseñado con el fin de constituirse en el marco referencial de los programas y proyectos nacionales, regionales, provinciales o locales, que se vinculen directa o indirectamente con la prevención y erradicación del trabajo infantil en la República Argentina. A partir de la resolución del MTEySS N° 141 del 15 de agosto de 2003, la Conaeti, pasa a depender de la Secretaría de Trabajo.

El marco de acción en que se desarrolla este plan se encuadra dentro de las obligaciones que le competen al Estado nacional, de acuerdo con el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por ley nacional 23.849, con jerarquía constitucional, a partir de la Reforma de 1994, y los instrumentos normativos de la OIT, tales como el Convenio 138, ratificado por ley 24.650, que establece que “Todo miembro para el cual esté en vigor este convenio, se compromete a seguir una política nacional, que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños”.

Asimismo, la ley 25.212, aprueba el Pacto Federal del Trabajo cuyo Anexo IV es el Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil.

Entre sus objetivos se encuentran:

“Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural

”Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano.

Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural, podemos decir que el mismo es uno de los objetivos del plan nacional; éste comprende a niños y niñas menores de 14 años, que trabajen en el medio rural o sean considerados como muy vulnerables a esta problemática. Apunta a fortalecer a familias rurales, que incluyan en su núcleo a niños y niñas trabajadores, con adecuadas medidas de compensación y capacitación que permita a los jefes y jefas de hogar ampliar sus niveles económicos y retirar a esos niños y niñas del circuito laboral. El propósito, asimismo, es asegurar la incorporación y permanencia de los niños y niñas sujetos de intervención, dentro del sistema escolar formal.

En cuanto al otro gran objetivo, que es el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano en la República Argentina, creo que debe existir una política de Estado, que a nivel federal apoye con recursos materiales y humanos, las acciones de gobierno y debo exponer en este proyecto que, respecto de este punto señores legisladores, nos queda preguntarnos si las medidas de carácter social, implementadas hasta la fecha, y que ya llevan en su ejecución un tiempo considerable para apreciar resultados, aunque sean parciales, hicieron que se cumpliera fundamentalmente con el propósito para dejar de utilizar mano de obra infantil en las zonas rurales o urbanas, yo creo que no.

Señor presidente: es necesario decir que, está a la vista de todos, que los esfuerzos de los funcionarios competentes todavía y después de transcurrido tiempo suficiente, no pudieron arrojar óptimos resultados. Esto es evidente por lo que muestra la realidad, ya que a diario vemos niños de todas las edades, sometidos a diferentes tipos de trabajo, siendo muy común, en variados casos, que ni siquiera sean susceptibles de alguna compensación o reconocimiento, o sea, terminen explotados por gente inescrupulosa y carente de todo tipo de sensibilidad, y lo que es peor, que además están privados de educación. No podemos dejar de hacer alusión a los niños que recolectan residuos de todo tipo en zonas urbanas, en las bolsas de desperdicios domiciliarios, en basurales o en lugares inhóspitos y abandonados, a veces junto a familiares o no, con el peligro que conlleva esto, de contraer cualquier enfermedad o alcanzar la propia muerte; por estar carentes de todo resguardo. Esto lo constatamos con sólo mirar los periódicos y noticieros.

Es deber del Estado afrontar políticas no dilatorias para formar mentes y cuerpos sanos, brindar condiciones para que los niños de todas las edades, estén acogidos en un ámbito de debida contención asistencial, psicológica y afectiva, sin padecimientos nefastos para esa etapa temprana de la vida, y no, como sucede en la actualidad que se pretende imponer un prototipo de empresa familiar, no acorde a los cánones de un “deber ser”, parámetro infalible para los primeros pasos del aprendizaje, donde el Estado nacional debiera contemplar la escala de prioridades. En la “niñez”, está la grandeza de nuestro pueblo, pregonaba el general Perón, y va de suyo que no se equivocaba. Los países del Primer Mundo y superdesarrollados tienen la educación y la preservación de la infancia como una de las políticas de mayor inversión y seguimiento estratégico para su futuro.

La inestabilidad e inseguridad social crecientes en nuestro pueblo son datos de una realidad que todos percibimos, y que surgen inexorables como consecuencia de la fragmentación y la desaparición de las redes de contención social, con su secuela de abandono de la vejez, desprotección de la niñez y aumento permanente de la disgregación familiar, ingredientes todos potencialmente explosivos.

Otro punto importante para la preservación de la infancia que nuestro líder Juan D. Perón aludía, era la protección de la familia. Esto responde a un natural designio del individuo, desde que en ella se generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente al bienestar que debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales, que constituyen la esencia de la convivencia social. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, debe ser objeto de preferente protección por parte del Estado, el que debe conocer sus derechos en lo que respeta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La patria, no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos en nuestros hijos como en nuestras obras. En consecuencia, debemos aspirar a proporcionar a las generaciones de mañana una vida más plena, más fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el cumplimiento de sus deberes.

Decía el mentor de nuestra doctrina “que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia… Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera, no puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos, los hombres de este gobierno, por que vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida, seguros del porvenir. De ese porvenir sin sombra que se os habrá de entregar en custodia mañana: y del que tendréis que responder ante vuestros hijos, como nosotros respondemos ahora”.

Más allá de la ideología que cada uno de nosotros sostengamos, es nuestro deber amparar en todas sus formas: física, psíquica y socialmente a este importante sector de la población, y revertir a la brevedad las estadísticas que arrojan el terrible resultado al mostrar los abusos y pesares que soportan los menores. No se cumplen concretamente las leyes que los protegen señores legisladores.

Todos nosotros somos responsables de brindar este contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo nacional a través de sus planes sociales debe poner prioridad en este aspecto para fomentar una nación sana ahora y con cara al futuro.

En cuanto a la mención que me interesa hacer en el plano internacional, es menester destacar la función del UNICEF, organismo integrante de la ONU, que tuvo su origen en la posguerra por el año 1946, cuando les prestó socorro de emergencia a los niños de Europa, amenazados por el hambre y las enfermedades. Luego por su leal y eficiente cometido, el UNICEF se convierte en un organismo permanente de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU reafirma y amplía indefinidamente su mandato, el organismo pone en marcha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la “frambesía”, que es una enfermedad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños, que se puede curar con penicilina.

En años posteriores la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que se concentra en los derechos del niño a la educación, la atención de la salud y la nutrición adecuada.

En 1979 se celebra el Año Internacional del Niño, durante todo el año se llevan a cabo celebraciones en todo el mundo, y los pueblos y las organizaciones reiteran su compromiso con los derechos de los niños.

En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño; que entra en vigencia en septiembre de 1990. La Convención se convierte en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia.

En 1990 La Cumbre Mundial en favor de la Infancia una reunión cumbre sin precedentes que se lleva a cabo en la sede de la Naciones Unidas, en Nueva York, y en la que participan jefes de Estado y gobierno de todo el mundo, establece metas para el decenio en materia de salud, nutrición y educación de los niños.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado más ampliamente ratificado en la historia. En él se establece una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su protección.

La convención contiene varios “principios fundamentales” que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño.

La no discriminación significa que todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial, todos, en todas las situaciones, todo el tiempo y en todas partes.

El interés superior del niño debe ser “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier confusión entre los diferentes derechos.

El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya la importancia fundamental que significa asegurar el acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas logren alcanzar un desarrollo completo.

Los puntos de vista de los niños y niñas es un tema que se refiere a la importancia de escuchar y respetar su opinión, en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. Los países deben promover una participación activa, libre y significativa de la infancia en las deliberaciones para tomar decisiones que les afecten.

La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por 192 países desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de manera unánime, en noviembre de 1989. Mediante la ratificación, los países se comprometen a cumplir con un código de obligaciones vinculantes en favor de la infancia. Gracias a la convención, los derechos de la infancia se encuentran en el primer plano de la batalla internacional, en pro de los derechos humanos, y la sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo moral y una prioridad en materia de desarrollo.

Los años que siguieron a la aprobación de la convención se han producido grandes avances en favor de la infancia. Sin embargo, los derechos de la niñez están íntimamente relacionados con los derechos de la mujer. Lograr el cumplimiento de los derechos de la mujer y su igualdad, no es solamente una meta de desarrollo fundamental en sí misma, sino que también es una de las claves para la supervivencia y el desarrollo de la niñez y para fomentar la existencia de familias, comunidades y naciones sanas. La discriminación contra la mujer, no solamente le perjudica a ella, sino también a la próxima generación de niños, incluso antes del nacimiento, las posibilidades de salud y desarrollo que tienen los niños, están estrechamente vinculadas con la situación sanitaria y socioeconómica de la madre. Además, las mujeres son las principales cuidadoras de los niños. La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (enlace externo), trata sobre las obligaciones que tienen los países de promulgar leyes y medidas administrativas y de otro tipo, para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, inclusive la familia.

Las dos convenciones forman parte del sistema de la legislación internacional sobre derechos humanos. Otros documentos importantes en esta esfera son (enlaces externos) la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de remitirle adjunto a la presente copia del proyecto de ley, expediente S.-982/05, sobre establecimiento del marco jurídico y las condiciones básicas para desarrollar la actividad comercial del régimen de franquicia de nuestra autoría y el correspondiente soporte magnético para ser reproducido ante la comisión correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente y reiterarle que nos encontramos a vuestra disposición.

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico general y las condiciones básicas para desarrollar la actividad comercial del régimen de franquicia.

Art. 2° – A los fines de la presente ley se definen los siguientes conceptos:

a)Franquicia: Sistema de colaboración entre dos empresas o personas distintas y jurídicamente independientes, ligadas por un contrato a través del cual una de ellas, el franquiciante, concede a otra, el franquiciado, el derecho de explotar en unas condiciones preestablecidas y bien determinadas, un negocio concreto (marca, fórmula comercial, producción, etcétera) materializado con un emblema específico, con carácter exclusivo dentro de un determinado ámbito geográfico y asegurando la prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios para llevar a cabo la explotación;

b)Franquiciante: Empresa que, bajo el sistema de franquicia, concede a otra empresa un derecho de explotación de un negocio concreto, materializado con un emblema específico y con carácter exclusivo dentro de un determinado ámbito geográfico;

c)Franquiciado: Persona física o jurídica que ejerce, bajo el sistema de franquicia, el derecho de explotación de un negocio concreto, cedido por el franquiciante;

d)Actividad comercial en régimen de franquicia: Contrato por el cual la empresa franquiciante cede al franquiciado el derecho de explotación de un negocio concreto bajo el sistema de franquicia, a cambio de una contraprestación;

e)Acuerdo de franquicia: Contrato por el cual la franquiciante cede a la franquiciada, a cambio de una contraprestación, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar y/o producir determinados tipos de productos y/o servicios;

f)Productos de la franquicia: Productos o servicios pertenecientes a la franquiciante, desarrollados por ésta o por terceros para ésta, que llevan su marca;

g)Locales objeto del contrato: Locales destinados a la explotación de la franquicia otorgada;

h)Know how o experiencia: Es el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivado de la experiencia del franquiciante, que ha sido debidamente probado. En este sentido, el know how será:

A.Secreto: Cuando en su conjunto o en la configuración o ensamblaje de sus componentes no es generalmente conocido o fácilmente accesible.

B.Sustancial: Cuando la información que contiene es importante para la venta y/o prestación de servicios, mejorando la situación competitiva del franquiciado.

C.Identificado: Cuando su descripción permite verificar si es secreto y sustancial;

i)Paquete de la franquicia: Conjunto de documentos que debe entregar la franquiciante a su franquiciada desde el inicio de la negociación hasta la firma del contrato.

Art. 3º – La actividad comercial en régimen de franquicia se plasmará a través de un contrato o acuerdo de franquicia por el que la denominada franquiciante cederá, a la denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios, a cambio de una retribución establecida en el contrato mencionado.

Art. 4º – Créase el Registro de Empresas Franquiciantes (REF) en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial en régimen de franquicia.

Art. 5º – El REF será desarrollado en el ámbito de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación o el organismo que lo sustituya, el cual resolverá en todo lo atinente a su organización y funcionamiento.

Art. 6º – La franquiciante deberá entregar a la futura franquiciada, con una antelación mínima de veinte (20) días a la firma de cualquier contrato o precontrato de franquicia o a la entrega –por parte de la futura franquiciada a la franquiciante– de cualquier pago, el paquete de la franquicia que abarcará la información necesaria para que pueda decidir libremente, y con conocimiento de causa, su incorporación a la red de franquicia. El paquete de franquicia contendrá, como mínimo:

a)Los datos principales de identificación de la franquiciante;

b)La descripción del sector de actividad del negocio;

c)El objeto de franquicia;

d)El contenido y características de la franquicia y de su explotación;

e)La estructura y extensión de la red; y

f)La documentación de los elementos esenciales del acuerdo de franquicia.

Art. 7º – Los elementos esenciales del acuerdo de franquicia comercial, serán los siguientes:

a)Licencia de marca: Documenta el carácter de la franquiciante, como titular de una marca sobre un producto o servicio, cuyo renombre y prestigio ante los clientes hacen al valor de la franquicia. La licencia del uso de la marca incluye el uso de sus signos y símbolos distintivos, y las normas con relación a la forma de actuar en la actividad y la administración a desarrollar;

b)Transferencia de know how: Documenta la forma en que la franquiciante pondrá en práctica a la marca franquiciada con respecto a la conducción, estructura y organización del negocio y las instrucciones que ésta deberá seguir estrictamente para lograr uniformidad en el producto y en su presentación;

c)Regalías o canon: Documenta la forma de retribución de la franquiciada a la franquiciante, en contraprestación a las licencias, productos y servicios, durante la vigencia del contrato;

d)Territorio: Delimitación precisa del ámbito territorial a favor de la franquiciada, en donde desarrollará las actividades acordadas en el contrato;

e)Asistencia de la franquiciante a la franquiciada: Documenta las modalidades de asistencia, que incluirán manuales operativos, así como también un centro de asistencia y servicio para las franquiciadas que componen la red;

f)Limitaciones: Comprende el compromiso de no competencia, que impedirá, en forma expresa, la posibilidad de que la franquiciante realice negocios competitivos y la explicitación sobre las posibilidades o no de subfranquiciar, prohibiendo o condicionando la potestad de subcontratar.

g)Confidencialidad: Documenta la obligación de secreto a que se sujetará la franquiciada por el acceso a información confidencial de la franquiciante y el plazo en el que dicha obligación subsistirá, posterior a la conclusión del contrato;

h)Plazo y rescisión del acuerdo: Documenta el plazo de duración acordado para la franquicia y las cláusulas establecidas para una eventual rescisión anticipada del contrato.

Art. 8º – Se establecen los siguientes derechos y obligaciones de las partes:

1.De la parte franquiciante:

a)Adjudicar el derecho de explotar una unidad de negocios u operativa en franquicia;

b)Suministrar a la franquiciada el know how, las técnicas e instrucciones y el sistema para operar;

c)Otorgar a la franquiciada licencia para la utilización de sus nombres, marcas, emblemas, y todo otro material distintivo;

d)Otorgar a la franquiciada un territorio para la explotación de la franquicia;

e)Establecer a la franquiciada especificaciones de relaciones con terceros, clientes, publicidad, promoción, diseño y equipamiento del local o locales, pautas contables, cursos de capacitación del personal, seguro de los bienes, atención al público;

f)No conceder otra franquicia, dentro del territorio establecido, a un tercero ni explotar en el mismo un negocio de iguales o similares características, aun con otra marca, ni comercializar allí –en forma directa o indirecta– sus productos o servicios;

g)Suministrar a la franquiciada productos y/o servicios;

h)Limitar o vetar la elección de los lo- cales;

i)Ejecutar actos de fiscalización o control del cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de franquicia;

j)Establecer condiciones específicas sobre las cláusulas de rescisión del contrato;

k)La franquiciante deberá ser propietaria de la marca que franquicia ante el Instituto Nacional de Patentes Industriales (INPI);

l)En caso de imposibilidad de cumplir, por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, en tiempo y forma con los abastecimientos a los cuales se comprometió, se deberá permitir –a la franquiciada– comprar los productos en el mercado local previa autorización de la franquiciante, a condición de que mantenga las normas de imagen y calidad propias;

m)Asistir a la franquiciada y a su personal a través de cursos de formación u otras actividades de capacitación, de acuerdo con la modalidad establecida en los manuales operativos;

n)Entregar a la futura franquiciada, antes de cualquier traspaso de dinero entre las partes, el paquete de la franquicia.

2.De la parte franquiciada:

a)Pagar a la franquiciante el canon y/o las regalías por el derecho de uso de la franquicia, las licencias y los productos y servicios a recibir;

b)Ajustarse a todas las instrucciones de comercialización y técnicas de la franquiciante;

c)Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por la franquiciante;

d)Respetar estrictamente la obligación de confidencialidad;

e)Realizar los aportes porcentuales contractualmente convenidos para las campañas publicitarias;

f)Dar intervención a la franquiciante en la elección del local o de los locales en donde se va a establecer la franquicia;

g)Ajustar el sistema informático y contable a los requerimientos de la franquiciante;

h)Dar cumplimiento a la normativa vigente que regule los distintos aspectos que hacen a la operatividad de la franquicia;

i)Respetar el esquema de atención al público determinado por la franquiciante;

j)Respetar las limitaciones o condiciones para subfranquiciar;

k)Abstenerse de seguir utilizando el nombre y/o la marca una vez concluida la relación contractual;

l)Vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas por la franquiciante;

m)No fabricar, vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que sean objeto de la franquicia;

n)Una vez finalizado el acuerdo con la franquiciante, no ejercer por el plazo mínimo de dos (2) años –ni directa ni indirectamente, como empleado, asesor o mediante interpósita persona– un comercio similar, en el territorio objeto de la franquicia o en donde hubiese operado una franquicia de la red a la que pertenecía;

o)No adquirir participaciones financieras en el capital de una empresa competidora que daría a la franquiciada el poder de influir la conducta económica y de mercado de dicha empresa;

p)Comunicar y hacer saber su calidad de comerciante independiente sin interferir la identificación uniforme de la red derivada en particular del nombre o rótulo comunes y de la presentación uniforme de los locales, personas y/o medios de transportes y todos aquellos aspectos que hacen a la imagen corporativa de la cadena.

Art. 9º – El incumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación contractual se regularán conforme al régimen de responsabilidad de los contratos que establece el Código Civil y el Código de Comercio de la Nación. Asimismo, serán de aplicación los marcos regulatorios generales de la actividad y la regulación legal específica de los contratos de compraventa, comisión, agencia etcétera, considerándose puntualmente, según el tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente legislación: ley 24.240, de defensa del consumidor; ley 22.802, de lealtad comercial; ley 22.262, de defensa de la competencia; ley 24.481, de patentes; ley 22.362, de marcas y ley 11.723, de propiedad intelectual.

Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La franquicia es un modelo de negocio cuyo propósito primario es la dinamización del riesgo.

Si bien el término franquicia nació durante la Edad Media en Francia, el sistema de franquicia, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos de América, concretamente en el año 1862.

En esta fecha, la compañía Singer & Co., dedicada a la fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial para solventar las necesidades de distribución y cobertura de sus productos.

Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar este concepto y negociaron concesionarios y distribuidores oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles, como Ford o General Motors, y de algunas compañías de refrescos, como 7 Up o Coca-Cola, las cuales se expandieron, en numerosos países, con un sistema y formato equivalentes.

En concreto, en 1929, General Motors recurrió a un contrato que favorecía el asociacionismo entre la central y sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las partes, al tiempo que ambas mantenían niveles razonables de independencia. De esta forma, la reacción ante las leyes antitrust, tendientes a evitar la integración vertical de distribuidores y productores, facilitó el desarrollo efectivo del sistema de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe su actual expansión a prácticamente todos los sectores de la economía en el mundo.

Al tiempo que en los Estados Unidos de América las empresas tomaban conciencia de las ventajas de este sistema, también en Europa muchos empresarios veían, en la franquicia, importantes posibilidades de futuro. Así, en Francia, encontramos el caso de los propietarios de la fábrica de lanas La Lainiere de Roubaix, quienes se aseguraron la salida comercial de sus productos creando la firma Pingouin, a la que asociaron a un gran número de minoristas. Estos, al firmar el contrato con la matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución de los productos Pingouin en su zona geográfica.

Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos de América se desencadenó un desarrollo masivo del sistema de franquicia, al reactivarse la producción civil: las empresas necesitaban una rápida expansión por la totalidad de los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida económica de su país, encontraron, en la franquicia, una buena solución para buscarse un medio de vida.

De esta manera, ante las necesidades de expansión industrial, los empresarios comenzaron a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando comienzo la esencia del verdadero sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes para la obtención de un fin común.

Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron, progresivamente, a sumarse a este método de expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse, ya en 1988, el medio millón de establecimientos, que daban ocupación a unos siete millones de personas, sólo en el país norteamericano.

Del mismo modo, en los años 70, en Europa, debido a la saturación de los mercados, comenzó a desarrollarse –en toda su plenitud– el sistema de franquicia. Ya no bastaba con tener un producto para lograr el acceso a un mercado, hacía falta algo más: una calificación, una marca, un envoltorio personalizado, un emblema, una idea o un formato innovador y atractivo. La franquicia cubría todos estos parámetros.

Así, alrededor de la marca como eje central, se constituye el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a su vez con otros conceptos como el de la transmisión del know how o experiencia, la asistencia permanente y la formación.

En nuestro país, el régimen de franquicias comenzó a funcionar, efectivamente, hacia la década del 80.

En la actualidad, los profundos cambios que ha experimentado la economía en nuestro país, han hecho necesario el desarrollo de técnicas comerciales dinámicas basadas en modalidades de contratación que, por su carácter de materia comercial, se encuentran sujetas al principio de libertad contractual.

Si bien muchas de estas experiencias han sido exitosas para las partes, en algunas ocasiones han acontecido notorios abusos en perjuicio de la parte que en principio resulta más débil, tanto en el plano económico como en la esfera del manejo comercial o los recursos jurídicos.

Es en estos casos cuando el Estado debe intervenir, relevar la casuística y erigirse en una instancia de equidad, implementando los marcos normativos adecuados que canalicen un incentivo equili- brado de esas relaciones entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de la actividad global, que beneficia a toda la sociedad. La corrección de los desajustes naturales a través de normas imperativas y de una eficaz intervención de las administraciones públicas en el control de su buen funcionamiento posibilitan una reformulación eficiente de las relaciones naturales; sobre lo expuesto existen numerosos ejemplos de diferente magnitud, desde la Ley de Alquileres hasta la Ley de Defensa del Consumidor.

Por otra parte, y volviendo al tema estrictamente comercial, la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de venta, así como la ausencia de una normativa específica, obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación a la realidad de los mercados.

En este marco, el régimen de franquicia –si es canalizado adecuadamente– puede representar un aporte sustantivo tanto para las empresas comerciales, en sus diferentes magnitudes, pues el régimen potencia el desarrollo de todas ellas, para los trabajadores que participan de la actividad como para los consumidores, quienes encontraremos expandidas, a lo largo del país, aquellas alternativas comerciales que se han ganado un auténtico prestigio entre los usuarios.

La actividad comercial del país necesita, para su adecuado funcionamiento, sistemas de comercialización eficientes que aseguren el aprovisionamiento de todos los consumidores con el mayor nivel de servicio posible y con el mínimo costo. Para alcanzar este objetivo es preciso contar con normas que garanticen la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de una libre y leal competencia. En este sentido, el establecimiento de un marco de buenas prácticas comerciales producirá un adecuado comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos efectos redundarán en un mejor funcionamiento. Estos efectos se consiguen mediante la creación de un marco legal apropiado.

La presente ley no sólo pretende enmarcar reglas de juego equilibradas en el sector de la comercialización de bienes y servicios –a través de la regulación de nuevas fórmulas contractuales– sino que aspira, también, a aportar un mecanismo importante para la modernización de las estructuras comerciales argentinas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la competitividad independiente.

Posiblemente, dentro una década, las franquicias comprenderán más del 50 % de las economías en las ventas al por menor, emplearán a millones de personas y darán, a centenares de miles de personas, la propiedad de un negocio.

Asimismo, en la medida en que las economías crezcan al ritmo de la población mundial y que los países y regiones se muevan hacia economías de mercado libre, aparecerán nuevos conceptos de franquicias juntamente con la gestión, por parte de mujeres y de sectores minoritarios, de las mismas.

Finalmente, es preciso destacar que los efectos más inmediatos y tangibles de una situación del tipo de competitividad mencionado se materializarán en una mejora continuada de los precios, de la calidad y de todas las condiciones de la oferta y del servicio al público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los consumidores.

Señor presidente, por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Legislación General.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel O. Scioli.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de remitirle adjunto a la presente copia del proyecto de ley, expediente S.-3.654/05, sobre Ley Nacional de Pesca Continental de nuestra autoría y el correspondiente soporte magnético para ser reproducido ante la comisión correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente y reiterarle que nos encontramos a vuestra disposición.

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar el manejo sustentable de los recursos acuáticos de las aguas continentales argentinas, generando el marco adecuado que permita al Estado nacional y a los estados provinciales producir coordinadamente la regulación adecuada para cada jurisdicción con una visión regional y nacional.

Art. 2º – Corresponden al dominio de las provincias los recursos acuáticos continentales existentes en las aguas públicas de sus respectivos territorios, teniendo la atribución de conceder su explotación, reglamentar cada una de las actividades de extracción permitidas y de aplicar sanciones a los permisionarios de pesca comercial, industrial, artesanal, deportiva o de recreación por el incumplimiento o las infracciones de las disposiciones vigentes.

Art. 3º – Los estados provinciales adherentes a esta ley deberán armonizar las disposiciones vigentes de sus respectivas jurisdicciones con los lineamientos de esta ley y con su objeto y deberán proveer los estudios e información estadística, sobre la actividad en su jurisdicción, necesarios para una adecuada coordinación de las políticas.

Art. 4º – En todo proyecto de obra pública o privada que pudiera modificar o alterar cuencas hídricas, será obligatoria la intervención de las autoridades de aplicación determinadas en esta ley, a efectos de la evaluación del impacto ecológico correspondiente, debiendo expedirse en los plazos que determine la reglamentación de la misma, proponiendo las medidas necesarias para la protección de los ecosistemas y la sustentabilidad de los recursos.

Art. 5º – Serán autoridades de aplicación de la presente ley las de las jurisdicciones de las provincias que adhieran. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) coordinará las políticas generales a desarrollarse en todo el país, respetando el federalismo y las características regionales en la materia.

Art. 6º – Las provincias adheridas delegarán en la SAGPyA las siguientes funciones de carácter interjurisdiccional:

a)La coordinación de la política de administración y protección de los recursos acuáticos que se encuentran en aguas continentales del territorio nacional;

b)La declaración de interés nacional, de la extracción de recursos acuáticos considerando fundamentos ecológicos, científicos o económicos;

c)La regulación de la pesca en ríos con poblaciones de peces que posean carácter migratorio;

d)La limitación o veda pesquera de las especies de peces cuando se detectara una apreciable disminución de sus poblaciones o de las tallas de los peces que las componen;

e)La coordinación de los períodos de veda, límites de captura y técnicas y artes de pesca permitidos, entre distintos estados ribereños de una misma zona geográfica;

f)La intervención como mediadora, a fin de laudar en conflictos interprovinciales relativos a disposiciones en materia de pesca, con el objeto de unificar criterios;

g)El establecimiento de objetivos y políticas relativas a investigaciones científicas y tecnológicas, pudiendo apoyar financieramente a las mismas y/o a las instituciones que implementen las recomendaciones resultantes.

Art. 7º – A los efectos de la implementación de esta ley, se establece la conformación de cuatro regiones correspondientes a las siguientes cuencas hídricas:

a)Región de la Cuenca Litoral, que comprende a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de las cuencas hídricas con las repúblicas del Brasil, Uruguay y Paraguay;

b)Región de la Cuenca Noroeste, que comprende a los ríos Pilcomayo, Teuco, Bermejo, Grande de Jujuy, Santa María, Vinchina y Dulce, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de las cuencas hídricas con las repúblicas de Bolivia y Paraguay;

c)Región de la Cuenca Centro, que comprende a los ríos Desaguadero, Tunuyán, Quinto, Tercero, Segundo, Primero, Salado, Quequén, Río de la Plata y la laguna de Mar Chiquita, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de la cuenca del Río de la Plata con la República del Uruguay;

d)Región de la Cuenca Patagónica, que comprende a los ríos Colorado, Limay, Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Deseado, Grande, Chico y al lago Fagnano, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de las cuencas hídricas con la República de Chile.

Las cuestiones vinculadas al aprovechamiento de cuencas compartidas con países vecinos se canalizarán en el marco de las comisiones técnicas mixtas existentes.

Art. 8º – En cada una de estas cuatro regiones se debe constituir un Consejo Regional de Pesca integrado por dos representantes de cada una de las provincias involucradas en cada cuenca hídrica que adhieran a esta ley, uno designado por el Poder Ejecutivo y el otro por el Poder Legislativo de cada provincia, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las jurisdicciones, para la generación de los estudios y trabajos técnicos necesarios para la confección de las normas y regulaciones de cada cuenca hídrica. Los integrantes de los consejos regionales de pesca desempeñarán sus actividades en carácter ad honórem.

Art. 9º – Créase el Consejo Federal de Pesca Continental (Cofepeco), que se integrará de la siguiente manera:

a)Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA);

b)Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;

c)Un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente;

d)Dos representantes regionales por cada una de las cuencas hídricas definidas en esta ley, elegidos por sus correspondientes consejos regionales de pesca.

Los integrantes del Cofepeco desempeñarán sus actividades en carácter ad honórem. La presidencia será ejercida por el representante de la SAGPyA y el Consejo deberá elaborar su propio reglamento de funcionamiento.

Art. 10. – El Cofepeco tendrá las siguientes funciones:

a)Resolución de conflictos interprovinciales, o entre cuencas hídricas, relacionados a la actividad pesquera y al manejo sustentable de los recursos acuáticos de las aguas continentales;

b)Canalización de información y know how entre las distintas cuencas hídricas;

c)Enlace institucional entre los consejos regionales de pesca y otras instituciones nacionales o extranjeras de injerencia en la temática;

d)Aprobación de las normas generadas por cada Consejo Regional de Pesca;

e)Propuesta de pautas regulatorias a los consejos regionales de pesca;

f)Asesoramiento a la SAGPyA en materia de acuerdos internacionales a celebrarse con naciones vecinas en lo referente a la explotación de recursos pesqueros continentales.

Art. 11. – Cada Consejo Regional de Pesca debe planificar las actividades necesarias para la generación de las normas regulatorias de su cuenca hídrica y establecer pautas de control del avance de los trabajos.

Art. 12. – A efectos de la elaboración de los proyectos de las normas y de los estudios operativos necesarios para relevar la información que servirá de base, se constituirá, en cada una de las cuatro regiones definidas por esta ley, un grupo de trabajo técnico, conformado por un experto designado por el Consejo Regional de Pesca y, al menos, un especialista designado por el funcionario competente en la actividad pesquera de cada una de las provincias integrantes de cada cuenca hídrica. Cada grupo de trabajo técnico ajustará sus actividades a la planificación elaborada por el correspondiente Consejo Regional de Pesca.

Art. 13. – Las normas elaboradas por cada grupo de trabajo técnico y aprobadas por el correspondiente Consejo Regional de Pesca, deben ser puestas a consideración de cada una de las provincias involucradas, que las aprobarán en su ámbito jurisdiccional para su entrada en vigencia.

Art. 14. – El Cofepeco establecerá objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos continentales, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la planificación global, en conjunto con las provincias y otras entidades o instituciones provinciales o nacionales y la supervisión del cumplimiento de lo planificado. El INIDEP también cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar situaciones de contaminación en aguas continentales.

Art. 15. – Las autoridades de aplicación de los distintos estados provinciales deberán mantener informado al Cofepeco sobre los datos correspondientes al límite de captura permitida por especie y especificaciones de factores climáticos, ambientales y geográficos, para su consideración y eventual propuesta de las correcciones necesarias cuando surja que se ha producido sobrepesca.

Art. 16. – La administración y protección de los recursos acuáticos continentales, en especial de aquellos que conforman las poblaciones sujetas a la pesca y que se encuentren en cuencas limítrofes internacionales, será coordinada por vía de consulta, utilizando los mecanismos previstos referidos a los acuerdos internacionales vigentes.

Art. 17. – A los efectos de esta ley se considera acto de pesca a toda actividad de persecución, acosamiento, búsqueda y apropiación de recursos pesqueros.

Art. 18. – La pesca doméstica, destinada a autoconsumo personal o familiar, está liberada de restricciones específicas excepto las prohibiciones establecidas en el capítulo VIII de esta ley y las normas que lo reglamenten.

Art. 19. – Para el ejercicio de todo acto de pesca deportiva o comercial el permisionario deberá contar con la correspondiente licencia, expedida por la autoridad competente, y un permiso para los casos de investigación, con notificación de la autoridad de aplicación en materia de seguridad de la navegación y en su caso, de la defensa nacional, debiendo cumplir con todas las condiciones y obligaciones establecidas por las normas vigentes en la jurisdicción y las que emanen del Cofepeco.

Art. 20. – Podrán ejercer la pesca comercial:

a)Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la captura de peces con fines de lucro y que realicen esta operación en forma habitual y como actividad fundamental;

b)Los propietarios, armadores o quienes por cualquier otro título realicen acto de pesca o captura de recursos biológicos del medio acuático con fines de lucro;

c)Los propietarios, arrendatarios, concesionarios, permisionarios o quienes bajo cualquier otra forma jurídica exploten establecimientos que industrialicen recursos pesqueros.

Art. 21. – Las embarcaciones empleadas regularmente en la actividad pesquera necesitarán estar inscritas o en trámite de inscripción en la matrícula nacional y enarbolar el pabellón argentino para poder ser habilitadas en los registros provinciales y además deberán contar con la habilitación correspondiente de la Prefectura Naval Argentina.

Art. 22. – La explotación de los recursos de los cuerpos de agua continentales sólo podrá ser realizada por ciudadanos argentinos, residentes permanentes o personas jurídicas de derecho privado que estén constituidas de acuerdo a las leyes nacionales.

Art. 23. – Los productos de la explotación pesquera deberán ser desembarcados en puertos argentinos que cuenten con la habilitación de la normativa portuaria. Estos puertos deberán contar con una zona de desembarque especialmente acondicionada para la operatoria pesquera, proveyendo la infraestructura necesaria a tal efecto para evitar que se manipulen sustancias contaminadas.

Art. 24. – Será requisito previo para el tránsito y comercialización dentro de una provincia aprobar el control sanitario del organismo competente provincial, el que extenderá la documentación sanitaria incluyendo constancia de origen, sin la cual estará prohibida la circulación de los productos pesqueros en todo el país. El tránsito federal y los controles respectivos para la comercialización del producto pesquero fuera de la provincia de origen o para el tránsito internacional serán controlados por el SENASA a nivel nacional.

Art. 25. – En los puertos pesqueros deberá llevarse un registro de la pesca comercial en el que se controlará con precisión las cantidades, talla y peso de las piezas extraídas no sólo a los efectos del adecuado control de los recursos sino también con el objeto de obtener información estadística para los estudios que permitan fijar las correspondientes limitaciones de explotación cuando se considere necesario.

Art. 26. – Los consejos regionales de pesca coordinarán con las federaciones y clubes de pesca, las modalidades en que se desarrollará la actividad en cada región, considerando las pautas que al respecto emita el Cofepeco y las características particulares de cada cuerpo de agua y respetando los acuerdos ya existentes entre las provincias.

Art. 27. – La aprehensión pesquera que se desarrolle desde las márgenes de los cursos o espejos de agua no tendrá otras limitaciones que las previstas en la normativa y reglamentos que a tal efecto dicten las autoridades de aplicación locales con la supervisión del Cofepeco y la participación de las entidades de pesca deportiva.

Art. 28. – El Cofepeco deberá tomar iniciativas tendientes a impulsar los estudios necesarios en los cuerpos de agua comprendidos dentro de esta ley. Al efecto, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) asesorará al Cofepeco para la coordinación de las investigaciones a través de todas las instituciones nacionales y provinciales que puedan contribuir al conocimiento necesario para garantizar un manejo sustentable de los recursos acuáticos de las aguas continentales argentinas.

Art. 29. – En caso de permisos de investigación a misiones científicas internacionales, la Cancillería solicitará la intervención del Cofepeco, que deberá poder controlar las campañas a realizarse y acceder a los resultados de dichas investigaciones.

Art. 30. – Quedan prohibidos en todo el territorio de la Nación los actos de cualquier naturaleza que impliquen daños sustanciales a los recursos cuyo hábitat natural es el medio acuático continental, y específicamente:

a)La realización de explosiones subacuáticas de cualquier naturaleza;

b)El empleo de equipo de detección acústica o sustancias nocivas, a excepción de que los mismos fueran expresamente permitidos por el Cofepeco a efectos de investigaciones autorizadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional;

c)La construcción o utilización de elementos para interceptar peces en los cursos de agua que impidan su natural migración;

d)La introducción de flora o fauna acuática sin la autorización emanada de la autoridad competente, que sólo la admitirá en los casos en que los estudios específicos solicitados oportunamente hayan demostrado que las especies en cuestión no resultan perjudiciales para los organismos biológicos autóctonos existentes en los sistemas naturales involucrados;

e)La utilización de mallas y/o redes que impidan el paso de los peces, interceptándolos o impidiendo su desplazamiento o cualquier otro procedimiento que atente contra la conservación de los recursos acuáticos continentales nacionales;

f)La utilización de artes de pesca prohibidos por las normas y reglamentos locales;

g)La introducción o vertido de desechos de cualquier índole en los cuerpos de aguas continentales del territorio que alteren las condiciones biológicas, físicas o químicas de las masas de agua, que perjudiquen los recursos hidrobiológicos existentes;

h)La pesca comercial realizada en los canales de navegación, en los accesos de los puertos o en las áreas de protección o seguridad de los puentes o de obras hidroeléctricas;

i)Toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos hidrobiológicos vivos;

j)El ejercicio de las actividades pesqueras sin contar con las licencias o habilitaciones;

k)La captura de ejemplares de especies de talla inferior a las mínimas establecidas por la normativa vigente en cada provincia o declarar volúmenes o cantidades de piezas de captura distintos a los reales, así como falsear declaraciones acerca de las especies capturadas;

l)Las prácticas que atenten contra la sustentabilidad del recurso pesquero continental y contra las actividades de pesca responsable aconsejadas por la FAO a nivel mundial y por la autoridad de aplicación o el Cofepeco.

Art. 31. – En caso de infracciones a la presente ley o a la normativa reglamentaria que se dicte en consecuencia, referente a las épocas de veda, preservación de los recursos, higiene, utilización de artes o métodos prohibidos, los causantes se harán pasibles de las siguientes sanciones:

a)Apercibimiento;

b)Multa de entre cien (100) y diez mil (10.000) pesos;

c)Decomiso de los productos de pesca objetos de la infracción;