20/05/2004 - (DAE 94)

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación el Consejo Federal de Política Migratoria quien ejercerá sus funciones en el marco de la ley 25.871, de migraciones.

Art. 2º – Es misión del consejo federal coordinar con la Dirección Nacional de Migraciones los criterios particulares de la política migratoria vinculados a las diversas características que presentan los fenómenos demográficos y en especial los migratorios en cada uno de los respectivos estados provinciales fronterizos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 3º – El Consejo Federal de Política Migratoria estará integrado por los representantes de las provincias fronterizas y designados por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 4º – El consejo federal será un organismo de consulta permanente en política migratoria, sin que ello implique interferir en ninguno de los procedimientos en los que la ley 25.871 faculta como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Art. 5º – Serán funciones del Consejo Federal de Política Migratoria:

a)Actuar como organismo de consulta permanente de la Dirección Nacional de Migraciones respecto de la diversas características que presenta el fenómeno migratorio en las distintas provincias;

b)Asegurar el derecho constitucional que posee toda persona de ser admitida como residente en la República Argentina;

c)Contribuir con los objetivos de la política demográfica establecida por el gobierno nacional;

d)Promover la integración a la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes;

e)Colaborar con el intercambio de información en el ámbito internacional a fin de prevenir delitos de carácter transnacional.

Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados al presupuesto asignado al Ministerio del Interior de la Nación.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Guillermo R. Jenefes. – Luis Martinazzo. – Sergio A. Gallia. – Marcelo E. López Arias. – Mabel L. Caparrós.

Señor presidente:

La ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución y que convocó a la Asamblea Constituyente de 1994 sometió a consideración el tema del fortalecimiento del sistema federal por considerarlo de gran trascendencia, así como entendió que se trataba de un régimen debilitado, que afectaba seriamente la vida de la Nación como unidad integral.

De lo expuesto surge que la voluntad del constituyente de 1994 debe expresarse, tanto en las políticas, como en las leyes que se implementaran con posterioridad a la reforma.

Por ello, resulta conveniente la creación del Consejo Federal de Política Migratoria, integrado por representantes de las provincias fronterizas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual, funcionará como organismo de consulta permanente en materia de política migratoria, particularmente vinculada a las características propias que el fenómeno demográfico presenta en cada uno de las zonas fronterizas de nuestro país.

El proyecto no implica de modo alguno una interferencia en las políticas migratorias fijadas en el marco general por la ley 25.781, de migraciones. En tal sentido, el consejo federal tendrá como misión colaborar con las políticas fijadas por el gobierno nacional y no tendrá facultades para intervenir en los procedimientos, en los cuales, la citada norma legal prevé como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Es en este contexto, que el Consejo Federal de Migraciones se desempeñaría, teniendo en cuenta que son las provincias de nuestra frontera las que tienen una cercanía mayor a la cuestión migratoria, y son los territorios provinciales los principales accesos y las regiones habitualmente elegidas por los residentes extranjeros para radicarse.

De tal manera, el asesoramiento que los estados provinciales pueden proveer a la Dirección Nacional de Migraciones es de fundamental importancia, así como también, su colaboración en la prevención de delitos vinculados a organizaciones transnacionales.

La Constitución Nacional y los tratados internacionales, a los cuales la República Argentina ha adherido, reconocen el derecho a la inmigración como inalienable y debe ser garantizado sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Pero, asimismo, la política migratoria debe ajustarse a las objetivos que el Estado nacional se propone alcanzar y ser compatible con la cláusula de prosperidad que nuestra Ley Suprema establece en su artículo 75.

En este último sentido es que resulta preciso compatibilizar las diferentes realidades provinciales con los marcos de la política migratoria nacional a fin de asegurar el bienestar de los ciudadanos argentinos y brindar condiciones dignas de vida a los inmigrantes que deseen permanecer de manera permanente y legal en nuestro país.

En consecuencia, y por los motivos expuestos, con la total convicción de que la creación de este consejo aportará positivamente para la lograr una correcta diagramación de la política migratoria, solicito el voto afirmativo a mis pares.

Guillermo R. Jenefes. – Luis Martinazzo. – Sergio A. Gallia. – Marcelo E. López Arias. – Mabel L. Caparrós.

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto de solicitar información, a través de los organismos responsables, sobre las medidas preparatorias y qué posturas adoptará el Estado argentino con vistas a la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a realizarse en México D.F., los días 10 al 12 de junio de 2004, en la que se verificará el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2000 en la ciudad de Nueva York  –Beijing + 5–, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer –Beijing, 1995–, los compromisos internacionales relacionados con el adelanto de la mujer adoptados por las cumbres mundiales desarrolladas durante la década del 90, y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe adoptado por la VI Conferencia Regional sobre la Mujer –Mar del Plata, 1994–, ratificado por el Consenso de Lima –2000–.

Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller. – Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti. – Liliana Capos. – Nancy Avelín. – Alicia E. Mastandrea.

Señor presidente:

La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, que es convocado regularmente para identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres, formular recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre la mujer, proporcionando un foro debates para los gobiernos, que es generalmente acompañado por un foro previo de las organizaciones no gubernamentales.

Este año se realiza la novena conferencia regional, y atento a lo relevante de la agenda fijada para el encuentro en la que se verificará el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2000 en la ciudad de Nueva York –Beijing + 5–, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer  –Beijing, 1995–, los compromisos internacionales relacionados con el adelanto de la mujer adoptados por las cumbres mundiales desarrolladas durante la década del 90, y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe adoptado por la VI Conferencia Regional sobre la Mujer –Mar del Plata, 1994–, ratificado por el Consenso de Lima –2000–, consideramos de suma importancia contar con información sobre las posturas que los representantes del Estado argentino llevarán adelante en estas relevantes cuestiones.

Hacemos propicia la oportunidad para destacar el relevante contenido de la Declaración de Santiago, aprobada en la reunión preparatoria de la CEPAL en marzo pasado, en la que se “reafirma el compromiso de los países de la región con los principios, objetivos y acciones contenidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo y en Medidas clave para seguir ejecutando el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, documento que resultó del proceso realizado para examinar y evaluar la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo a cinco años de su aprobación, en particular respecto de la inclusión de los temas de población y pobreza en las políticas de desarrollo, los derechos y la salud reproductiva, la igualdad y equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

Por todo lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.

Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. – Marcela F. Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller. – Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti. – Liliana Capos. – Nancy Avelín. – Alicia E. Mastandrea.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo Humano.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios incluya en las obras próximas a realizarse, en virtud del ensanchamiento y repavimentación del corredor vial de la ruta nacional 22 en el tramo Chichinales-Cipolletti de la provincia de Río Negro, la construcción de los derivadores viales a la altura de la ciudad de Allen, sobre los accesos Amadeo Biló y Martín Fierro.

Señor presidente:

A los efectos de ilustrar el interés histórico de la localidad de Allen, en el alto valle de la provincia de Río Negro, en la intención de participar en la integración del corredor vial de la ruta nacional 22, y su próximo ensanchamiento y repavimentación, vasta mencionar la gran cantidad de ordenanzas y declaraciones municipales sancionadas por la comuna a partir de 1990.

La localidad de Allen se encuentra situada en el centro geográfico del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y su actividad frutícola y frutihortícola ocasiona un intenso y continuo tránsito sobre la ruta nacional 22. La proximidad existente con las localidades de General Roca y Neuquén, con existencia de importantes ciudades intermedias que conforman entre sí una sola actividad económica social totalmente interdependiente e inescindible, con constante circulación diaria, desde y hacia una y otra localidad de pobladores, hacen viables el incansable reclamo de toda una región.

Asimismo es necesario destacar la gran afluencia y su notorio incremento en el tránsito de turistas, ya sea en vehículos particulares o medios de transporte públicos de pasajeros, que posee dicha localidad, por ser uno de los pasos obligados para quienes se dirigen al sur de la Patagonia argentina.

Señor presidente: en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén comenzó hace más de setenta años la producción de peras y manzanas, iniciándose así una de las actividades más promisorias para la región y el país, en lo atinente a la diversificación económica, la creación de oportunidades de empleo y el desarrollo sustentable de los recursos. Actualmente existen 5.400 productores, en su mayoría pequeños y medianos, trabajando un total de 44.000 hectáreas y produciendo 1.500.000 toneladas anuales, compuestas por manzanas, peras y frutas finas y de carozo, movilizando en total una cifra cercana a los 360 millones de dólares anuales.

A diferencia de las otras regiones del país, ésta, desde sus comienzos, produjo para el mercado internacional, aportando divisas a la economía nacional, dando lugar a agroindustrias y servicios, y creando anualmente veintiún mil empleos en la producción primaria, trece mil en el empaque, ochocientos en los frigoríficos y dos mil en las industrias derivadas, demostrando así su viabilidad y potencial. La localidad de Allen se encuentra justo en el centro de dicha región.

Visto y considerando que las obras de ensanchamiento y repavimentación del corredor vial de la ruta nacional 22 en el tramo Chichinales-Cipolletti de la provincia de Río Negro están próximas a realizarse por parte de Vialidad Provincial, con aportes del presupuesto nacional, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es menester mediante el presente proyecto de comunicación que se incluyan en las mismas la construcción de los derivadores viales a la altura de la ciudad de Allen, sobre los accesos Amadeo Biló y Martín Fierro, posibilitando de esta manera mejores condiciones de infraestructura para toda la región.

Es por ello que las autoridades comunales vienen manifestando desde hace tiempo las consecuencia no sólo ya económicas o de aislamiento que la no realización de las obras acarrean, sino también el gran incremento que se ha producido últimamente en las estadísticas de accidentes de tránsito. El reclamo se justifica en que desde hace tiempo es extremadamente peligrosa la circulación vehicular y se ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos, comerciantes y viajeros, resultando impostergable una inmediata solución.

Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las economías regionales de nuestro país, así como también la seguridad vial de sus habitantes, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Su apoyo y aprobación a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de concluir las obras de la Central Nuclear Atucha II, y así poder integrarla al sistema nacional de generación de energía.

Señor presidente:

Resulta altamente positivo para nuestro país, que desde el gobierno nacional se propicien obras públicas, más aún si tenemos en cuenta que la prosecución de la obra que nos ocupa, Atucha II, y en circunstancias de una profunda crisis energética, acude a aportar, finalmente, mayor generación de energía eléctrica, lo que se traduce en bienestar para la población.

Ya a mediados del 2003, a poco de entrar en funciones el nuevo gobierno, desde la Secretaría de Energía manifestaba su intención de decidir en breve lapso el destino de la obra de la central nuclear Atucha II (CNA II), largamente demorada.

Hoy dicha decisión adquiere carácter de urgente ya que, en el plazo que demandaría la terminación de la obra, si no se incorporaran nuevas centrales se alcanzaría un déficit importante de la potencia eléctrica instalada, aumentando el riesgo de indisponibilidad del sistema.

De contar con el aporte de más de 700 MWe de CNA II y el aumento de potencia por la elevación de la cota de la central hidroeléctrica de Yacyretá, se nivelaría el crecimiento de la demanda sin recurrir a la incorporación de nuevas centrales alimentadas a gas o fuel oil, con lo cual se preservan las reservas de hidrocarburos, se evita más emisión de contaminantes a la atmósfera y se reduce el costo promedio de producción de energía eléctrica.

Para la actividad nuclear argentina, la culminación de CNA II dará lugar a un nuevo impulso, generando condiciones mucho más favorables para reactivar la producción de agua pesada y la minería del uranio, y mejorando la economía de la producción de elementos combustibles y de la gestión de residuos.

Se posibilitará así la activa participación del sector nuclear argentino en un futuro en el cual, como de hecho se manifiesta cada vez con más fuerza en la mayoría de los países avanzados, la nucleoelectricidad conservará o incrementará su participación en la oferta energética.

Un resumen de la historia y del estado actual de la obra, nos permitirá tener una visión lo más aproximada posible de los problemas que deberán superarse para su finalización.

El proyecto se inicia a mediados de 1980 con un acuerdo firmado entre CNEA y Siemens AG. La elección de la empresa alemana como proveedor estuvo condicionada a la provisión, simultáneamente con la central, de una planta de fabricación de agua pesada, que fue construida por Sulzer Bros. El acuerdo comprendía, además de la venta de CNA II, la transferencia a CNEA del knowhow del diseño, de la fabricación y del montaje de este tipo de central, en el transcurso de un plan de construcción de CNA II y de otras tres centrales, en un plazo aproximado de veinte años. Para la ejecución de ese plan se creó la sociedad Enace S.A., cuyos socios eran Siemens KWU (subsidiaria de Siemens AG) con el 75% y CNEA con el 25 por ciento.

Durante muchos años el deficiente manejo y financiación de la obra , y a partir de 1994 la política deliberada de abandono de la misma como parte del proyecto de privatización, han llevado el monto invertido, incluyendo la deuda por capital e intereses, a una cifra aproximada al doble de la originalmente presupuestada. Esta cifra puede ser más dramática si se computa también la pérdida por la energía no facturada desde la fecha inicialmente prevista para el inicio de la operación –julio de 1987– hasta la actualidad.

Es importante considerar cuidadosamente las condiciones y dificultades que ofrece hoy el proyecto.

Es alentador que, a pesar del tiempo transcurrido, los suministros acopiados y la documentación ya elaborada se encuentren muy bien conservados, gracias al excelente trabajo de mantenimiento hecho por personal de la ex Enace, ahora de NASA.

Por otro lado, uno de los problemas principales es la ejecución de la ingeniería aún faltante, buena parte de la cual –que estaba a cargo de la empresa Siemens KWU– debería ser objeto de una renegociación de los contratos. Esta ingeniería, estimada por la propia KWU en 1997 en 270.000 horas hombre, involucra tareas en oficina de diseño y en obra comprendiendo, entre otras, la redacción de procedimientos de puesta en marcha y la supervisión del montaje, en particular del turbogrupo, fabricado por Siemens. NASA ha estimado la posibilidad de reducir costos tomando a su cargo algunas de esas tareas pendientes por unas 50.000 hh.

Pero la empresa Siemens KWU fue disuelta hace varios años y sus activos y compromisos en el área nuclear han sido asumidos por Framatome ANP  –una sociedad de una empresa francesa (ahora AREVA) con Siemens AG– con la excepción de la obra de CNA II.

Una de las cuestiones que más está en discusión, es la forma de organizar a los distintos actores para la gerenciación de la obra, y fundamentalmente cómo se involucrarán las instituciones principales, CNEA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

No cabe duda que debe ser NASA –en representación de la Secretaría de Energía– quien debe ejercer el papel de dueño de CNA II, en cuanto al control de la provisión de fondos, su administración y las gestiones contractuales. Insistimos aquí en la necesidad de asegurar un adecuado flujo de fondos para evitar la historia de demoras y parálisis que en el pasado catapultaron el costo de la obra.

NASA es además el futuro operador de la central y debe velar por la corrección técnica del montaje, puesta en marcha y la operación previa, asegurando el cumplimiento de los requisitos de seguridad para su aprobación por la autoridad regulatoria nuclear. En esta faceta cuenta con el apoyo de CNEA, que es a su vez responsable de la gestión del diseño y tecnología del combustible.

– La decisión de terminar la central de CNA II es de crucial importancia, en un momento difícil para el sector de energía eléctrica.

– La puesta en operación de CNA II marcará para la actividad nuclear la apertura de una nueva etapa, puesto que con ella:

– Se amplía y se hace más económica la producción de elementos combustibles;

– Se afianza el proyecto de reactivar la minería del uranio en el país;

– Se da continuidad a la fábrica de agua pesada;

– Se mejora la economía de la gestión de residuos;

– Se incorporan nuevos profesionales y técnicos y se amplían las perspectivas de desarrollo de toda la actividad nuclear y de su proyección internacional.

La obra de CNA II en esta etapa, debe ser encarada por los estamentos de gobierno, las instituciones de la actividad nuclear y sus trabajadores, con la responsabilidad que emana de una historia de dificultades y desaciertos, y dispuestos a remozar su misión al servicio de la sociedad. Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares votar afirmativamente el presente proyecto.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien elevar a este honorable cuerpo un informe en el que consten los términos del acuerdo alcanzado con las principales compañías petroleras el pasado 19 de mayo, por el que ellas se han comprometido a no aumentar el precio de los combustibles por tiempo indeterminado. De existir acuerdo formal escrito, sírvase remitir copia fiel.

Señor presidente:

El jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunciaron un acuerdo con las principales compañías petroleras según el cual las mismas se comprometen a “no aplicar ningún aumento en los precios de los combustibles, tanto del gasoil como de las naftas” por tiempo indeterminado.

El anuncio logró frenar un inminente aumento que el sector petrolero pretendía aplicar de manera inminente en un marco signado por la crisis energética, la llegada del invierno y el extraordinario incremento internacional del precio del barril de petróleo crudo.

Este acuerdo al que según trascendió se llegó “de palabra” fue alcanzado el pasado 19 de mayo cuando, horas antes, el barril había cerrado por quinto día consecutivo a 40,54 dólares y empresas como Shell y Esso ya habían producido un aumento del 4 % en el precio del gasoil.

Según manifestó Alberto Fernández “por un acuerdo en el sector, las empresas que no aplicaron aumentos, no los van a aplicar, y las que sí los aplicaron mantendrán sus precios, pero sin nuevas subas”.

Los ministros estuvieron flanqueados por el vicepresidente de Repsol YPF, Miguel Angel Remón Gil, y por el director de la empresa, Alejandro Macfarlane. El directivo de la compañía española afirmó que “esta medida no tiene plazo y la vocación es que sea ilimitado”. Incluso llegó a manifestar que el precio del crudo “alcanzó su máximo histórico” y que de ahora en más tendería a “estabilizarse o a tener una presión a la baja”, por lo que no descartó “que se pueda hablar de bajas más que de subas”.

Señor presidente: un acuerdo de semejante envergadura no puede haberse concretado “de palabra”. Es preciso que exista algún tipo de documentación suscrita que certifique el compromiso real.

En tal sentido, como representantes del pueblo de las provincias argentinas, quisiéramos tener acceso al texto de este acuerdo o que se nos explique pormenorizadamente su alcance y sus implicaciones.

Cuesta creer que compañías petroleras de la magnitud de las comprometidas en el acuerdo hayan accedido a él de manera graciosa tan sólo para transmitirle al pueblo argentino su generosa vocación solidaria y su magnánimo compromiso social.

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto de comunicación con su voto por la afirmativa.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través de los organismos o dependencias correspondientes, cuales son las medidas, medios y personal con el que cuenta para la efectiva realización de la protección y conservación de las especies animales y ecosistemas en peligro de extinción de nuestro país.

Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera. – Mercedes M. Oviedo.

Señor presidente:

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) es la mayor alianza internacional para la gestión de la naturaleza y la relación de los seres humanos con ella.

Esta organización fue fundada en 1948 y reúne a setenta y nueve estados, ciento doce dependencias gubernamentales, setecientas treinta y ocho organizaciones no gubernamentales, treinta y cinco afiliados y alrededor de diez mil científicos y expertos de ciento ochenta y un países, teniendo como misión influenciar, alentar y asistir a las sociedades alrededor del mundo a conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que cualquier uso de recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible, siempre considerando al hombre como eje central de su accionar.

Como fruto de sus tareas ha desarrollado un listado de especies en distintos grados de posible extinción si los países depositarios de semejante riqueza no hacen algo al respecto.

En nuestro país se encuentran en la categoría “Peligro Crítico”, que corren peligro inminente de extinción, la chinchilla de cola corta, el pájaro chorlo polar, el guacamayo violáceo, entre otros.

Bajo la categoría “Peligro”, en peligro de extinción pero no inmediatamente, están el armadillo, la ballena azul, la nutria de mar, el tatú carreta, el cardenal amarillo, el lince, el huemul y la ranita de Somuncurá (especie endémica única en el mundo).

También nuestro país tiene especies “Vulnerables” (en riesgo de extinción a mediano plazo como el águila de Azara o el ratón del Chaco) y “De bajo riesgo” (como la ballena franca o el delfín manchado).

Desgraciadamente la acción del hombre es una de las causas principales de este deterioro de nuestro patrimonio genético. Un ejemplo es el caso del huemul en el que se suman la caza furtiva, la introducción del ciervo colorado (para su caza comercial) que compite por su territorio, los incendios forestales, el turismo sin control. O también el solo hecho de abandonar perros domésticos en la zona de San Clemente del Tuyú, los que se juntan en jaurías y son la principal causa de la muerte del venado de las pampas.

Lamentablemente, los especialistas coinciden, la principal causa es la expansión descontrolada de la frontera agrícola sin tomar en cuenta la pérdida de la biodiversidad, por lo que ya no se plantea el peligro de extinción de especies sino de ecosistemas y regiones.

Todo esto forma parte de la herencia que legaremos a las generaciones futuras. Es deber del Estado proteger esta parte de nuestro patrimonio nacional. Nuestra Constitución Nacional dice:

“Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

”Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales…”

Para ello debemos conocer con qué medios contamos para, si en necesario, colaborar en salvaguardar estos recursos.

Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera. – Mercedes M. Oviedo.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, tome las medidas inmediatas para que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados solucione los problemas de sus afiliados en la provincia del Neuquén eliminando la relación contractual con las gerenciadoras y prestadores, si ello es necesario.

Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

Señor presidente:

Las deficiencias en la atención a los afiliados del PAMI no es, por lo cotidiano, un problema que escape del conocimiento de este cuerpo.

Todos nosotros recibimos cuando retornamos a nuestras provincias innumerables quejas, denuncias, comentarios sobre lo catastrófico de la situación que diariamente deben padecer nuestros mayores.

Pero lo que es más grave aún es que la propia funcionaria designada por el Poder Ejecutivo nacional declare su impotencia, no ya de solucionar los graves problemas de fondo, como puede ser un nuevo modelo prestacional, sino las más elementales urgencias y emergencias.

En recientes declaraciones, la licenciada en ciencias políticas Graciela Ocaña, actual directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), realizadas al matutino “La Nación” en su edición del 11 de mayo pasado expresa que ella y su equipo sólo pueden poner “…paños fríos a las urgencias…”, reconoce que muchos (en mi opinión debería decir casi todos) los beneficiarios padecen “…serias deficiencias en los servicios…” y muy especialmente en el interior del país.

Asimismo expresa: “…Las demoras en los turnos, los problemas con los estudios y los análisis el cobro de plus y las irregularidades en la atención de los especialistas responden al modelo en el que las gerenciadoras tienen el control y no son sancionadas…”.

El mismo día se publica, referido a la provincia del Neuquén, que “…el principal problema de los afiliados del PAMI es conseguir camas para internación en hospitales y clínicas y prótesis de cadera y hombro, que demoran entre cuatro y seis meses. Las prótesis las compran en Bahía Blanca, Córdoba o Buenos Aires…”.

Los afiliados suelen esperar hasta un día en la guardia de los establecimientos hospitalarios, hasta conseguir cama. “…A los abuelos les retacean las camas por los altos costos que les representa a los sanatorios…”, expresa Alicia Chiacharini, titular del Parlamento de la Tercera Edad.

Esta situación es culpa, según los mismos funcionarios, del régimen de “gerenciadoras”, meras sociedades comerciales que en definitiva merman, por los costos de sus estructuras, el monto que llega a los reales prestadores.

La licenciada Ocaña denuncia también las amenazas de corte de servicios y evacuación de pacientes de clínicas, geriátricos y centros psiquiátricos, siendo siempre el jubilado el rehén de esta disputa.

Considerando toda esta situación, es que estimo que se ha llegado a un momento donde no debemos esperar más soluciones, sino que debemos tener respuestas concretas de los funcionarios correspondientes, que debemos exigir soluciones colaborando si es necesario en la búsqueda de soluciones que, si llegado el caso es necesario, contemple la rescisión de contratos, establezca nuevas modalidades para contratos u otros caminos que lleven a brindar a nuestros jubilados y pensionados las prestaciones que después de toda una vida de trabajo se merecen.

Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Expresar su beneplácito y reconocimiento a la brillante labor desempeñada por la Selección nacional de hóckey femenino, por la clasificación para la disputa de la Copa del Mundo en el año 2006.

Sergio A. Gallia. – Luis E. Martinazzo. – Mercedes M. Oviedo.

Señor presidente:

En los últimos años se ha hecho ya una costumbre que el conjunto argentino de hóckey femenino, regrese triunfador a nuestro país después de un evento internacional.

Figuras indiscutibles en los últimos torneos internacionales han logrado un segundo puesto en Holanda y un tercer puesto en Pakistán, y han honrado a nuestro país al obtener la Medalla de Plata en las Olimpíadas de Sydney en el 2000.

Ahora han obtenido en Bridgetown, Barbados, el primer puesto habiendo vencido al seleccionado de los Estados Unidos por un aplastante 3 a 0, consiguiendo de esa forma el único pasaje disponible para la próxima copa del mundo a disputarse en el 2006 en Madrid, España.

Esta conquista se plasmó luego de derrotar a los seleccionados de Canadá, Chile, Antillas Holandesas y Uruguay, pero el próximo y más ansiado esfuerzo lo harán este mismo año al jugar para obtener la tan preciada Medalla de Oro en las Olimpíadas de Atenas.

Para ello tendrán que superarse con mucho esfuerzo y tenacidad, en un deporte en donde todo se logra sobre la base del esfuerzo mancomunado de todos los integrantes del equipo, no bastando la genialidad individual.

Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sergio A. Gallia. – Luis E. Martinazzo. – Mercedes M. Oviedo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

De interés parlamentario el lanzamiento del proyecto binacional en la frontera argentinoparaguaya, a realizarse el día 21 de mayo de 2004, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el aporte de Cascos Blancos en la lucha regional contra la fiebre aftosa.

Señor presidente:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevará a cabo, el día 21 de mayo del corriente año, el lanzamiento del proyecto binacional en la frontera argentinoparaguaya, con la participación de la Comisión Permanente del Mercosur, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Ministerio de Ganadería y de la Cancillería de la República del Uruguay, de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Relaciones Exteriores y la Comisión Bicameral del Mercosur del Congreso Nacional de la Argentina, del INTA, la provincia de Formosa y representantes de las asociaciones rurales de la Argentina y Paraguay.

El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en su segunda reunión de ministros realizada en Montevideo, en octubre del 2003, aprobó la propuesta presentada por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina de utilizar el mecanismo de cooperación de Cascos Blancos para la ejecución del Programa Regional de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

En noviembre, en su encuentro de Panamá, el organismo internacional acordó apoyar esta iniciativa para el desarrollo de las acciones previstas en el programa regional citado en su etapa inmediata de vacunación en Bolivia.

Los representantes de los servicios de sanidad animal y agroalimentaria del Paraguay y de la Argentina y el presidente de Cascos Blancos acordaron en febrero un mecanismo de participación y cooperación de la iniciativa Cascos Blancos en el marco del Programa Regional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, desarrollado por el Consejo Agropecuario del Sur (CAS).

Las actividades conjuntas incluyen el fortalecimiento del sistema de comunicación de frontera entre los servicios veterinarios oficiales de ambos países a través de un mecanismo mixto destinado a transparentar las acciones para la erradicación de la fiebre aftosa y fortalecer la integración de los sistemas sanitarios de la Argentina y Paraguay.

El primer paso de esta iniciativa que tiene como fundamento el fortalecimiento de los lazos entre ambos países y la articulación de los recursos existentes para combatir los problemas comunes, seguramente estimulará su réplica en otros países de la región.

Por todo ello, señor presidente, es que pongo a consideración de mis pares esta iniciativa, en la seguridad de que la misma constituye un apoyo serio y responsable para el futuro de las provincias que representamos.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Salud, disponga la creación de la Dirección Nacional de Salud para Atención de los Pueblos Indígenas, con el fin de:

– Promover la transformación de los sistemas de salud y apoyar el desarrollo de modelos alternativos de atención de la población indígena incluyendo la medicina tradicional y la investigación sobre su calidad y seguridad.

– Identificar estrategias que dentro de un marco, conceptual y operativo, permitan el desarrollo de modelos alternativos de atención a las poblaciones multiculturales que tomen en cuenta los recursos y las potencialidades del conocimiento ancestral.

Señor presidente:

Los pueblos indígenas y étnicos del mundo como parte de sus luchas han venido logrando el reconocimiento de sus valores y el de sus derechos ancestrales por distintos organismos e instituciones internacionales, tales como:

– Reconocimiento de la medicina tradicional (OPS/OMS, 1978).

– Reconocimiento a los indígenas como pueblos (OIT, revisión del Convenio 107 y aprobación del 169).

– Aprobación de una agenda ambiental y la creación de los corredores biológicos (Cumbre de la Tierra).

– La firma de jefes de Estado y de gobiernos de Iberoamérica del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas… (26 julio/92).

– La Declaración del Año de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994).

– La Declaración del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004) - Asamblea General de la ONU.

Los resultados en materia de salud son más concluyentes en la aprobación de la resolución V, de los gobiernos miembros de promover la iniciativa “Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas”, el 28 de septiembre de 1993, en la XXXVII Reunión del Consejo Directivo de la OEA y la promoción del acceso equitativo a servicios básicos de salud y el propósito de reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna.

Esto implicaba el compromiso de desarrollar reformas, entre otras para alcanzar las metas de acceso, equidad, no discriminación a servicios básicos a grupos tales como los pobres, discapacitados e indígenas, a través de infraestructura, financiamiento, garantía de calidad en los servicios, y mayor participación de los actores sociales y los organismos no gubernamentales (1994, marco de la Cumbre de las Américas).

Dentro de este contexto la Iniciativa de Salud para los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA) es una guía a seguir, tomando en cuenta que el proceso histórico ha determinado una desigualdad en la atención de la salud a los indígenas y que las acciones puramente médicas no son capaces de resolver el perfil epidemiológico, por lo que se hace necesario un abordaje integral, más allá de la prestación de servicios de salud, incluyendo el conocimiento y prácticas tradicionales, cuando sea posible y pertinente, organizando un “sistema local de atención”, propio de las comunidades indígenas, integral y holístico.

Este pensamiento se ha visto fortalecido con la integración en la década de los 60 de la historia social (iniciada en los años 30) y un nuevo enfoque de la salud pública, que considera el que hacer de los entes colectivos, el hombre común, etcétera. Y a problemas de grupos sociales, de género, de grupos minoritarios, el medio ambiente, entre otros.

Este contexto internacional, dista mucho de nuestra realidad.

No existen ni estadísticas ni cifras que nos permitan saber qué porcentaje de indígenas padece una u otra enfermedad. Como lo vamos a saber, si aún no conocemos cuántos indígenas habitan nuestro país.

Lo que sí conozco, por mi relación permanente con las comunidades, es que muchos de sus niños están desnutridos y entre los factores que incide en la problemática nutricional de los pequeños están: ser indígena, vivir en hogares lejos de los establecimientos de salud, el no estar vacunados, la baja escolaridad de las madres, embarazos muy seguidos, bajos ingresos y ubicación geográfica.

Pocas de sus viviendas cuenta con material durable, suministro de agua, e instalación sanitaria, concentrando más personas que en los hogares no indígenas. La carencia, en la mayoría de los casos, de títulos legales, los aleja de la posibilidad del crédito. Muy pocas viviendas tratan o potabilizan el agua que viene de quebradas o ríos, los servicios de recolección de basura son inexistentes, y la mayoría no tienen acceso a electricidad.

Las poblaciones indígenas tienen una alta tasa de crecimiento poblacional, pero su esperanza de vida es menor, lo que sumado a la desaparición de los modelos tradicionales de organización para la producción, pérdida de valores culturales y agotamiento del recurso tierra, incide en el alto grado de desnutrición indígena.

El acceso a la salud de los indígenas, en la Argentina, es insuficiente; está basado en un modelo no indígena de atención, que genera baja aceptación; el personal de salud idóneo es escaso; existe una limitada promoción de salud, de personal indígena en los servicios de salud y poca orientación específica para el personal que labora con esta población. La red de atención de servicios medios existentes en las poblaciones tiene dificultad en mantener la infraestructura de servicios, y no poseen condiciones para dar la atención debida en cuanto a consultas y hospitalización, pues escasean insumos, tecnología y equipos.

Para recibir la mínima atención, las comunidades deben desplazarse a largas distancias, con escasos recursos económicos y confrontando dificultades en cuanto a la calidad de atención de los servicios médicos.

Salvo algunos esfuerzos aislados, no ha existido una política del Estado argentino en la promoción y conservación de los conocimientos de los pueblos indígenas en esta materia. Ellos utilizan las plantas medicinales y cantos terapéuticos para la prevención y curación de las enfermedades. El concepto de salud y enfermedad es otro, pues está ligado al concepto de equilibrio o desequilibrio con las fuerzas de la naturaleza. La medicina, en nuestro país, no ha reconocido debidamente el aporte de la medicina tradicional indígena.

Es por lo tanto urgente el apoyo institucional y financiero, destinado a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población originaria, a través del desarrollo de políticas y estrategias dirigidas a la promoción de la salud con un enfoque intercultural, entendida, según lo define el sociólogo y escritor panameño Raúl Leis, como “las interrelaciones equitativas respetuosas de las diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, lingüística, de género y generacionales, establecidas en un espacio determinado entre las diferentes culturas (pueblos, etnias) para construir una sociedad justa”.

Para solucionar esta urgencia y comenzar a desandar el camino de injusticias y iniquidades, es menester solicitarle al Poder Ejecutivo que dentro de la organización institucional del Ministerio de Salud, proceda a crear la Dirección Nacional de Salud para la Atención de los Pueblos Indígenas, con el objeto de promover la transformación de los sistemas de salud y apoyar el desarrollo de modelos alternativos de atención de la población indígena, incluyendo la medicina tradicional y la investigación sobre su calidad y seguridad. Identificar estrategias que dentro de un marco conceptual y operativo permita el desarrollo de modelos de atención a poblaciones multiculturales que tomen en cuenta los recursos y las potencialidades del conocimiento ancestral.

A mis pares les solicito que me acompañen en la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

De interés cultural las actividades que se desarrollarán al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta entre Pampa y Monroe, Capital Federal, el día 19 de junio de 2004, con motivo de conmemorarse el día 17 del mismo mes el 183^er aniversario de su muerte.

Señor presidente:

Orgullosamente podemos decir que la historia argentina abunda en hechos y protagonistas que de distinto modo pero siempre relevante han signado los destinos de la patria. Al conmemorarse el 17 de junio próximo, el 183^er aniversario de la muerte del general don Martín Miguel de Güemes, es un honor desde este ámbito parlamentario interesarnos y formar parte de todos los actos que se lleven a cabo, en recordación de este ilustre prócer y sus gloriosas hazañas.

Para realizar una semblanza sobre el perfil de este gran luchador que llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la gesta nacional, no es ocioso recordar sus virtudes de hombre y de soldado. Habiendo ingresado en su infancia como cadete en la compañía del regimiento fijo acantonada en la ciudad de Salta, con tan sólo 21 años intervino en la lucha contra las fuerzas británicas que atacaron Buenos Aires en 1806 y 1807, donde tras su valerosa intervención fue ascendido al grado de teniente.

En 1810, al producirse la revolución y estando en su tierra natal, se incorporó al movimiento patriota. Al frente de una partida de sesenta hombres se hizo cargo de la defensa avanzada de la quebrada de Humahuaca. Posteriormente reunió un cuerpo de voluntarios con el cual intervino en la batalla de Suipacha donde, como señaló más tarde el Cabildo de Salta “se cubrió de gloria”.

Más tarde intervino en el primer sitio de Montevideo, donde comenzó a ser conocida, en el ejército realista, la actuación de las primeras guerrillas gauchas que –con entrega total y sin planes estratégicos ni logísticos– sobresalían a su paso por su valor y osadía.

Recordar a Güemes es también homenajear al gaucho.

Los militares de escuela se han sentido siempre superiores a las tropas irregulares o de voluntarios y si se recuerda que los gauchos orientales no gozaban de buena fama ni entre españoles ni entre criollos, ni en la oficialidad de ambos bandos, es razonable pensar que los españoles para acentuar su desprecio hacia el ejército patriota no encontraran mejor calificativo que el de “ejército de gauchos” o “tropas de gauchos”.

Pero ante el agravio, Güemes y su oficialidad, que conocían bien su significado reaccionaron de manera inesperada, recogieron como un elogio el vocablo que se les había lanzado como un insulto y le dieron popularidad y sentido elogioso. Cabe recordar que hasta ese momento la palabra “gaucho” era asociada con malvivientes, ladrones y desertores, razón por la cual en la “Gaceta Ministerial” al transcribir los partes de San Martín se reemplazaba la palabra “gauchos” por “patriotas campesinos”; sin embargo, don Martín Miguel de Güemes se refería siempre como “mis gauchos”.

En 1814, al mando de San Martín, fue enviado a reforzar el Ejército del Norte y le fue confiada la organización y conducción de las partidas gauchas encargadas de hostilizar y contener a las fuerzas realistas, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Así, en su oficio del 23 de marzo del mismo año San Martín dice: “Los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terribles lo que han obligado a desprender una división con el solo objeto de extraer mulas y ganados”.

A partir de ese momento, Güemes y sus gauchos se convirtieron en la barrera infranqueable que impidió a los españoles concretar su irrupción por la frontera norte.

Ser noble y de principios, su fuerza y su bravura quedaron impresas en contestaciones firmes como la respuesta dirigida a los jefes de la vanguardia del Ejército de Lima, don Pedro de Olañeta y el coronel Guillermo Marquiegui, que proponían seducirlo para conseguir su apoyo: “Estoy persuadido de que usted delira y por esta razón no acrimino, como debía el atentado escandaloso de seducirme con embustes, patraña y espantajos…” y en otro párrafo concreta: “Yo tengo más que gauchos honrados y valientes […] Con éstos lo espero a usted, a su ejército y a cuántos mande la España […] Yo no aspiro a premios ni recompensas, trabajo por la libertad del país y estoy convencido, por principios, de que la causa que sostengo es justa y santa”.

Desde su muerte y hasta el presente, se repite anualmente el ritual de las exequias. Los gauchos, sus gauchos, en emotiva ceremonia velan por su memoria.

Destacar el interés cultural que conllevan las actividades que se desarrollarán al pie del monumento situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es contribuir a dar a conocer, en forma más profunda, a este prócer por excelencia, a exaltar la memoria de este héroe de la historia argentina “tan sagrada y tan digna de ser transmitida a las futuras generaciones”.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

1. Rendir un merecido homenaje a la actriz Concepción “China” Zorrilla, en mérito de su invalorable aporte al arte y la cultura rioplatense.

2. Declarar de interés cultural de este cuerpo el tributo que se realizará en su honor el día 7 de septiembre de este año, en dependencias de este Honorable Senado de la Nación.

Señor presidente:

Este proyecto tiene por objeto rendir un merecido homenaje a la señora actriz Concepción “China” Zorrilla, quien a lo largo de más de sesenta años de carrera, ha enriquecido el arte y la cultura de nuestro país, convirtiéndose en una figura entrañable de la escena nacional. Este tributo ha de ser rendido no sólo a la profesional que supo dedicar su vida al teatro como su vocación más profunda, sino a una mujer excepcional que desde otros ámbitos supo ser una verdadera embajadora del sentir y la realidad rioplatense.

Nacida en Montevideo en el seno de una familia de artistas, nieta del eximio poeta Juan Zorrilla de San Martín, hija de padre uruguayo y de madre argentina, es hoy motivo de orgullo para ambos pueblos que la quieren y la sienten propia, más allá de cualquier frontera que intente imponérsele a su inquieto temperamento. Dueña de un carácter arrollador y siempre cerca de la gente, hablar de China Zorrilla es mucho más que hacer un racconto de su espléndida carrera en cine, teatro y televisión. Por el contrario, sus excepcionales dotes actorales compiten en el sentir popular con su calidez, su categoría de persona, su solidaridad, su talento y su pasión a lo que ama y a lo que odia. Incansable defensora de los derechos humanos, de la justicia social y de las libertades civiles y políticas, supo de proscripciones y luchas, de plateas repletas de uruguayos y argentinos asilados del horror, que buscaban en sus textos una palabra de solidaridad y reencuentro. Fiel a sus convicciones, recientemente declaró a un matutino: “La pobreza y la desigualdad son sinónimo de incultura”.

Sin lugar a dudas, estamos ante una de las grandes figuras del teatro nacional, una mujer cuya presencia en los escenarios difícilmente pueda pasar inadvertida. Comediante de fino registro e impecable noción del tiempo; actriz dramática de considerable fuerza expresiva, que ha podido pasearse con soltura incólume a través de un repertorio que abarca una infinidad de autores, y en cada una de esas interpretaciones ha dejado una marca personal.

Inicia sus actuaciones teatrales en Uruguay, en el teatro independiente con La Anunciación de María y La zapatera prodigiosa, espectáculos que también representó en Buenos Aires. En 1946 gana una beca del Consejo Británico para estudiar en Londres en la Royal Academy of Dramatic Art. En una nota la actriz cuenta con su estilo particular anécdotas sobre su estancia en Inglaterra. “Estuve del 46 al 48. Yo tenía mi vocación de actriz totalmente firme, en Montevideo hacía cosas independientes. Un día vi en el diario que había becas del Consejo Británico para estudiar en Londres. Creo que era la única que quería ir porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando, entonces salí de una casa de familia burguesa con mamá, papá, cuatro hermanas mujeres, elegí un barco de carga que llevaba tropas durante la guerra y que en vez de camarote tenía dormitorios con sesenta cuchetas. Llegué a ese Londres helado del 46, sin calefacción, sin poder prender las estufas porque no había leña, te morías de frío, la comida racionada. Iba siempre al teatro con una bolsa de agua caliente y en el intervalo como te daban té pedía que me la llenaran de nuevo porque a veces creía estar sentada arriba del Perito Moreno.”

Sin embargo esa experiencia dura le permitió conocer a prominentes personajes de la época. “En la embajada uruguaya me habían dado un calentador a alcohol, con el que me hacía un té caliente… Cuando llegaba la noche y quería tomar algo más sólido, ponía cebolla picada y un cubito de carne, que era lo único que podíamos conseguir en el almacén y tomaba ese brebaje que me quemaba las entrañas. Así viví dos años durante los cuales también me pasaron cosas buenas. Una vez me invitaron a una fiesta en el Palacio de Buckingham y fui. Era como Mi bella dama, y yo, por la impunidad y por la inconsciencia de mis 24 de antes, me acerqué a uno de los invitados para conversar. Ese hombre era Winston Churchill.” Sin duda, uno de los placeres que todos tenemos es el escuchar y disfrutar a la señora China Zorrilla cuando narra sus experiencias, cuando nos cuenta cómo ha sido su vida.

China Zorrilla, que es como se la conoce en el mundo entero, se ha destacado por ser ella misma; tal vez ése es su mayor mérito. Ha hecho destacar con su calidad artística a su querido Uruguay que la vio nacer y a su querida Argentina que la vio crecer y le abrió sus brazos entre aplausos y reconocimiento popular. Dueña de una sencillez, una calidez y un humanismo que detesta la arrogancia, la actriz ha creado el guión perfecto para su propia vida: divirtió, entretuvo y amó al prójimo, lo cual es un valor que enaltece aún más su figura.

Ya de regreso a Montevideo, desde 1948 y hasta 1958, integra la Comedia Nacional Uruguaya y protagoniza grandes títulos del teatro universal, tales como La celestina, Romeo y Julieta, Sueño de una noche de verano, y Macbeth, de Shakespeare; Tartufo, de Molière; Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina; Nuestro pueblo y tantos otros clásicos, cubriendo un total de ochenta obras. En 1961 funda junto a Antonio Larreta y Enrique Guarnero el Teatro de la Ciudad de Montevideo presentando Ejercicio para cinco dedos, La gaviota, La pulga en la oreja, entre otras. Con esta compañía se presenta en 1972 en Buenos Aires, París y Madrid. Ese año presenta en el Teatro Español (Madrid) las obras En familia y mano santa, Porfiar hasta morir, ganando ésta el Premio de la Crítica.

En 1971 invitada por Lautaro Murúa realiza su primer trabajo cinematográfico en Un guapo del 900. A partir de entonces se radica en Buenos Aires e inicia una intensa actividad teatral (representando Querido mentiroso, Una corona para Benito, Encantada de conocerlo, Emily, Canciones para mirar, El diario de Adán y Eva, Eva y Victoria, esta última durante más de siete años). Su filmografía incluye veinte títulos, entre ellos Los gauchos judíos, Ultimos días de la víctima, Esperando la carroza, Darse cuenta, La mafia, Hola hola 1,2,3, La peste, etcétera. Con la obra Emily realizó giras por países americanos obteniendo gran éxito. Ha traducido muchas obras de teatro y canciones de grandes comedias musicales. En Buenos Aires dirigió Salven al cómico, La mujer invisible, La pulga en la oreja, Doce hombres en pugna y en Montevideo, Ha llegado un inspector y Esquina peligrosa. Asimismo representó durante más de dos años el espectáculo Había una vez… (recuerdos de una vida), con el cual se presentó en Buenos Aires, y en gira por el interior del país y del exterior en Santiago, Montevideo, Tel Aviv, Miami, Washington y Barcelona.

Dueña de un espíritu aventurero e incansable realizó con varias obras (como Emily y Eva y Victoria) extensas giras por la Argentina, países sudamericanos y los Estados Unidos. En la actualidad representa con gran éxito de crítica y de público El camino a La Meca y acaba de estrenar la película Conversaciones con mamá, que protagoniza junto a Ulises Dumont y Alejandro Blanco. Siempre fiel a su Montevideo natal, ella misma relata que su madre cuando le preguntaban cuándo vuelve China, decía: “China no vuelve, porque China nunca se fue; China lleva a Montevideo en la cartera”. Dueña de una energía inagotable, suele expresar su deseo íntimo de volver a su tierra. Recientemente dijo en una nota:

“Lo que quiero es ir a Montevideo; cuando tengo dos días libres, voy. Es mi ciudad; allí viven las dos hermanas que me quedan (tenía cuatro). Están los sobrinos, los nietos que crecen y a los cuales mimo como puedo. Fui y prometí ir la semana que viene; ojalá, tenga un huequito. A veces vienen ellas. O sea que a todo lo que hago le sumo las ganas de estar en Montevideo…”

En un reportaje que le efectuaron, ante una pregunta sobre su legado, China Zorrilla expresó: “Supe desde que tenía uso de razón que quería hacer teatro. No había la menor duda respecto a mi vocación. Después quise ser monja, irme a Africa a llevar el Evangelio, ser enfermera, casarme con Gary Cooper, pero por encima de todo estaba la vocación por el teatro”.

Este proyecto intenta humildemente plasmar la figura de esta mujer cosmopolita y rioplatense y agradecer su aporte al engrandecimiento de nuestra cultura como sociedad. Países como el Uruguay y la Argentina tienen un lugar para ocupar en el mundo en la medida en que desarrollen su inteligencia y su cultura. Otros aspectos, que también hacen a una Nación, obviamente, estarán ligados a aspectos del mercado, o a variables económicas que pueden beneficiar o perjudicar. Pero si nuestro pueblo es culto, si nuestra gente es inteligente y puede desarrollar su inteligencia, siempre tendremos un lugar y podremos desarrollarnos como Nación y, fundamentalmente, podremos trascender en el futuro como tales.

La señora China Zorrilla es una montevideana que tiene la capacidad de ser universal. Es aceptada por todos porque es parte del todo. Querida y respetada en todos los medios, sabe ubicarse y relacionarse fácilmente, sabe integrarse sin distinguirse de lo que la rodea siendo una persona más, a pesar de su extrema calidad artística y humana.

Ha sido también mujer de su tiempo, y no ha rehuido jamás a sus responsabilidades. Ha sido muy respetuosa cuando ha emitido sus ideas, aunque no siempre ha sido respetada por ello y ha pagado como tantos el precio de una posición, de una opinión, de la solidaridad con su país en los años que le ha tocado vivir. En tiempos de totalitarismo y represión supo salir indemne de la agresión oscurantista sin renunciar a sus ideales de justicia social y de libertad del pensamiento. Eso también la convierte en un referente democrático, de convivencia, de cultura para nuestros pueblos. Siempre tuvo la palabra optimista, generosa y solidaria con aquellos que la necesitaban; porque hasta con sólo verla parece que uno empieza a compartir con ella esa especie de actitud vital.

Suele citar siempre una anécdota que la impresionó y que trasunta su pertenencia rioplatense. Cuando le dieron el Premio del Fondo Nacional de las Artes ella agradeció emocionada porque era la primera vez que le daban este premio a un artista que no fuera argentino y entonces recibió una respuesta que aún hoy la conmociona: “Usted no es extranjera; usted es uruguaya”. Desde ese día esta frase que enaltece su figura y trasunta nuestra hermandad con el pueblo uruguayo se ha repetido infinidad de veces.

Innumerables han sido los premios y galardones que ha recibido en su extensa y prolífica carrera, habiendo sido condecorada por los gobiernos de Chile (Orden de Gabriela Mistral) y Argentina (Cóndor de Mayo). En el 2002 recibió el Cóndor de Plata a la trayectoria cinematográfica y por su actuación en Camino a la Meca obtuvo el premios ACE en el rubro de mejor actriz en drama, recibiendo esta talentosa actriz uruguaya el Ace de Oro por su impecable trayectoria. A la hora de exhibir sus distinciones es modesta y no le gusta entrar en detalles. Sólo menciona los más recientes, a sabiendas que Buenos Aires y Montevideo le rinden tributo cotidiano a su figura, a su presencia y a su talento.

China Zorrilla se declara optimista hasta el delirio: “Creo en la terapia de la risa y del buen humor, y este último no lo he perdido, entre otras cosas, porque la vida no me dio razones para ello. Pero yo soy optimista hasta el delirio, y ser optimista no tiene arreglo. Ser optimista es como ser petiso: uno se pone tacos altos, pero sigue siendo un petiso”.

Ese optimismo se plasma en una narración cortita que pronunciaba al final de uno de sus espectáculos y que según sus propias palabras: “Es algo terrible y a la vez maravilloso, porque es lo que a mí me pasa en la vida. He visto tantas veces situaciones que se revirtieron de muy malas a muy buenas, que se justifica que yo diga esto con tanta fe”. Y cuenta con su inefable talento esta historia, síntesis del optimismo, que ojalá tuviéramos todos. “Lo colgaron de los pies. Estaba cubierto de sangre. Tenía frío. Lo golpearon. Un dolor lacerante le atravesó el pecho. Lo golpearon. Se ahogaba. Entonces, casi enseguida lloró y aulló su miedo. No entendió, no sabía de palabras cuando alguien dijo: ‘Es un varón, señora’.”

Por los motivos expuestos y entendiendo que el aporte de esta extraordinaria mujer a la cultura y al arte rioplatense merecen este homenaje sentido por todos, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Artículo 1º – Se establece un régimen especial de tarifa de transporte aerocomercial que beneficiará a todo estudiante universitario o terciario, en las condiciones que establece la presente ley.

El beneficio se aplicará independientemente de los regímenes tarifarios vigentes o que en el futuro establezca la autoridad de transporte aerocomercial, no pudiendo dichos regímenes excluir el beneficio que otorga la presente ley.

Art. 2º – El beneficio consistirá en un descuento del 20% sobre el valor de la tarifa de referencia general vigente que fija la autoridad de transporte.

Dicho descuento se aplicará exclusivamente para viajes de ida o vuelta de estudiantes que justifiquen ser residentes de la zona de influencia del punto de origen o destino de cada vuelo y que el establecimiento educativo al que concurren se encuentra en la zona de influencia del punto de origen o destino.

Art. 3º – Serán condiciones necesarias para acceder al beneficio:

1.Ser argentino nativo o por opción.

2.Residir a más de 1.500 km del asiento de la casa de estudios.

3.Revistar como alumno regular de una carrera universitaria o terciaria en un establecimiento público o privado que otorgue títulos oficiales.

Art. 4º – El estudiante beneficiario podrá acceder al descuento tarifario no más de dos veces al año calendario, no siendo acumulativo. Los estudiantes pueden sumar el beneficio que le otorga la presente ley con todo otro descuento o beneficio de regímenes tarifarios especiales o generales.

Art. 5º – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a designar la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 6º – Son deberes y facultades de la autoridad de aplicación:

1.Establecer el mecanismo de implementación de la presente ley, dictando las respectivas normativas.

2.Ejercer el correspondiente control y fiscalización tanto sobre las empresas aéreas como sobre los beneficiarios, aplicando las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá aplicar las siguientes sanciones en caso de violación a la normativa de la presente, y a sus normas reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan:

a)A las empresas aéreas, multas entre pesos doscientos ($200) y dos mil ($2.000) por infracción;

b)A los estudiantes, revocación de derecho al beneficio.

Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fuente de financiamiento del beneficio que se establece en la presente ley, pudiendo establecer exenciones impositivas sobre el pasaje, o exenciones al pago de tasas u otras contribuciones.

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele. – Liliana Capos. – Marcelo E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.

Señor presidente:

La presente iniciativa legislativa, tiene como principal objetivo brindar una ayuda a los estudiantes que se ven obligados a irse de su lugar de residencia para poder alcanzar su meta profesional. Hoy un alto porcentaje de jóvenes, se encuentran realizando sus estudios universitarios y terciarios fuera de su lugar de residencia, ya que en sus localidades no cuentan con instituciones educativas para capacitarse profesionalmente y llegar a una óptima inserción y desarrollo laboral.

En este sentido, y con un gran esfuerzo y sacrificio de su núcleo familiar, se instalan en los grandes centros urbanos, donde se encuentran las universidades públicas o privadas que brindan las carreras elegidas.

Ante la situación descrita, estos jóvenes se encuentran imposibilitados de regresar a sus hogares. Considerando los costos reflejados en las tarifas de referencia, los mismos son inaccesibles para los estudiantes, quienes manifiestan la necesidad de mantener sus lazos con familiares, amigos de su localidad de origen.

El servicio de transporte aéreo de pasajeros de cabotaje constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme. Sin perjuicio de ello, toda política sobre prestación de estos servicios puede coordinarse con políticas de incentivo a la educación superior. La deserción en esta franja de estudiantes es evidente por la dificultad económica de sus familias de solventar los gastos que irrogan los estudios en los centros de estudios, transgrediendo la igualdad de posibilidades y acceso a la educación.

El día 4 de septiembre del 2002 fue dictado el decreto nacional 1.654, mediante el cual se declaró el estado de emergencia del transporte aerocomercial en el territorio de la Nación Argentina por operadores nacionales, sujetos a la competencia de la autoridad nacional y por el plazo de vigencia de la ley 25.561. En su anexo I se observan los costos de los vuelos de diferentes puntos del país, allí queda plasmada una tarifa máxima y una tarifa de referencia. Tomando la región patagónica y las provincias que la componen como ejemplo, con distancias de miles de kilómetros, una sola ruta troncal asfaltada que une esas localidades con el resto del país, como es la ruta nacional 3, que por factores climáticos muchas veces se interrumpe por varios días, cortando la comunicación Norte-Sur con el resto del país, el transporte aéreo para los habitantes y en particular para los estudiantes, resulta ser la única vía de transporte estable y permanente. Es importante señalar el temor de los estudiantes de las diferentes regiones del país, a que se deterioren las relaciones personales con su lugar de origen, el miedo a las consecuencias que tendrá la ausencia de lo cotidiano, el desarraigo de los jóvenes con su localidad. Evitarlo y respetar sus orígenes es uno de los objetivo de este proyecto de ley.

En función al esquema tarifario, se hace necesario diferenciar el uso del medio aerocomercial por parte de los estudiantes que utilizan el medio prácticamente como única alternativa de comunicación con el resto del país, por lo que el presente proyecto de ley propicia que el Poder Ejecutivo nacional, haciéndose eco de esta situación, establezca una tarifa especial, con importantes descuentos en relación con las tarifas mínimas o de referencia para los residentes en las regiones que se encuentran a mas de 1.500 km del lugar en donde realizan sus estudios universitarios o terciarios, atendiendo con ello a la situación antes descrita.

La forma de implementar dichas tarifas, debe atender la situación de los estudiantes que residen en forma transitoria en las grandes ciudades, siendo su lugar de origen ciudades que se encuentran alejadas de estos centros, por lo que la tarifa de residentes debería implementarse con la acreditación de habitante de las provincia de origen.

La necesidad de implementación de este proyecto de ley radica en la posibilidad de adecuar los costos de los pasajes a la situación y poder adquisitivo de las familias, que con un alto costo y sacrifico, soportan la crisis actual y envían a sus hijos a realizar sus estudios.

Por los motivos expuestos, solicito a este cuerpo el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.

Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele. – Liliana Capos. – Marcelo E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Artículo 1º – Créase el Programa de Educación General Básica Intracarcelario.

Art. 2º – El Programa de Educación General Básica Intracarcelario se desarrollará en el ámbito de las unidades carcelarias a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

Art. 3º – La implementación del Programa de Educación General Básica Intracarcelario estará a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal.

Art. 4º – Los contenidos de los programas y su control, tanto académica como administrativamente, estarán, exclusivamente, a cargo del Ministerio de Ecuación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente con fin de lograr que las unidades penitenciarias dentro de sus territorios y a cargo de los respectivos servicios penitenciarios provinciales, puedan incorporar el Programa de Educación General Básica Intracarcelario.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Constitución Nacional establece en su artículo 18 que: “…las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas…”; es clara, la intención del constituyente, en cuanto a lograr que el ser humano, luego de pasar detenido el tiempo que un juez competente, a través de un debido proceso, determine, pueda recomenzar su vida en sociedad.

Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo 14, dispone: “Todos los habitantes de la Nación, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: …de enseñar y aprender”.

Según Bidart Campos: “…Todo hombre tiene un derecho elemental a educarse. El mínimo y el máximo de esa educación está dado por factores diversos, como ser la propia capacidad, la propia pretensión, los medios que individual y socialmente dispone y las políticas que la Constitución impone al Estado. Pero ha de haber “igualdad de oportunidades”. (Cfr. Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo II, pág. 40, Ed. Ediar, 1998.)

Es fundamental evaluar las causales motivadoras de actos ilícitos. Si bien no sería correcto generalizar, podemos afirmar que la falta de trabajo, las escasas oportunidades para personas no calificadas, la falta de educación, las necesidades básicas no cubiertas, las condiciones paupérrimas de vida, son algunos de los factores que fomentan la comisión de delitos.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en el capítulo primero, título “Derecho a la educación”, artículo 12, lo siguiente: “…Toda persona tiene derecho a la educación, la que deber estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho a que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recurso que puedan proporcionar la comunidad y el Estado…”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a su vez, dispone, en el inciso 1 del artículo 10, lo siguiente: “…Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”, y en el inciso 3 del mismo artículo plasma claramente cuál es el objetivo del régimen penitenciario: “…El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…”.

El presente proyecto permite a las personas privadas de su libertad acceder libremente a la educación general básica, con el fin de mejorar su calidad de vida, fomentar su capacitación, exaltar la dignidad humana y ampliar sus oportunidades laborales para el bien propio y, sin dudas, el de la sociedad.

Uno de los pilares fundamentales de la prevención de los delitos es la educación. En este caso, educando a las personas que se encuentran privadas de su libertad dentro del sistema carcelario, contribuimos a reducir al mínimo las reincidencias al egresar del mismo y a mejorar su readaptación social.

Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.