07/05/2004 - (DAE 80)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación y otros órganos competentes, informe a este honorable cuerpo acerca de la proliferación de algas, en especial de la variedad cianobacteria Microcystis aeruginosa, en las aguas del río Paraná, en las provincias de Misiones y Corrientes.

En particular se solicita informe lo siguiente:

1. Si han registrado el aumento de microcistinas en las aguas del río Paraná.

2. Si se ha estimado la posibilidad de que dicho incremento esté relacionado con los efectos producidos por los diferentes embalses establecidos en la zona.

3. Si se ha estimado el impacto que ocasionaría la construcción de nuevos embalses en el curso del río Paraná.

4. Si se han evaluado las consecuencias que en la población ribereña puede ocasionar el incremento de algas tóxicas.

5. Qué medidas se han adoptado a fin de controlar el fenómeno, atenuar sus efectos y eliminar sus causas.

Señor presidente:

Los pobladores ribereños y otros entes públicos y privados han constatado un incremento de la presencia de algas en las aguas del río Paraná, en especial de la variedad cianobacteria Microcystis aeruginosa.

Como consecuencia de la alta toxicidad de estas algas se han detectado afecciones a la piel entre los pescadores y, presumiblemente, enfermedades hepáticas e incluso de carácter tumoral, que actualmente se encuentran en estudio en diversos centros de alta complejidad en la Argentina.

Algunos científicos, basándose en bibliografía específica, vinculan esta situación con la represa de Yacyretá.

En tanto, el Ente Binacional Yacyretá (EBY) admitió el incremento e informó a las autoridades de Salud Pública, las que no han dado respuesta alguna.

El interventor del Ente Regulador del Agua Corriente, José Alberto Garay, admitió que las algas provienen del lago de la represa, recomendándose a la población ribereña no beber el agua del río.

Este problema no es nuevo, ya que desde hace un tiempo en los ríos embalsados y con la bajante del Paraná se ha notado este incremento en la población de algas.

Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) de Córdoba sobre las muestras tomadas en el lugar constató la presencia de una alta concentración de microcistinas (algas tóxicas) y declaró el nivel de alerta uno, siendo la existencia de aguas quietas, las elevadas temperaturas y la luz solar los factores que facilitan el incremento.

Esta toxina afecta además la vida acuática, ocasionando en muchos casos mortandad de peces.

Por las razones expuestas, siendo palpable el riesgo existente para la salud de la población ribereña, es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Beneplácito por la brillante y detallada exposición realizada ante funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la secretaria de Desarrollo Social de México, Josefina Vázquez Mota, sobre el exitoso sistema bancarizado de otorgamiento de becas y subsidios para el desarrollo social y educativo familiar instituido en el país hermano, el cual contiene a más de 26 millones de mexicanos en situación de pobreza, exhortando a las autoridades competentes a aplicar un sistema similar en nuestro país.

Señor presidente:

La secretaria de Desarrollo Social de México, Josefina Vázquez Mota, detalló al gobierno argentino un sistema de becas para el desarrollo social y educativo familiar que se caracteriza principalmente por estar bancarizado. La funcionaria explicó los beneficios del modelo explicitado, para la gente en grado de pobreza en el mencionado país.

El referido programa atiende tres aspectos –salud, alimentación y educación–, y conforme a su planteamiento es el de mayor cobertura en América latina.

Se prevé que se incluyan más de 5 millones de familias (26 millones de mexicanos) de las cuales 99 % tienen una mujer como jefa de hogar y de ellas 1.300.000 están en el sistema bancario.

La funcionaria detalló el plan que se adoptó en aquel país: básicamente, el sistema de bancarización de las mujeres en situación de pobreza consiste en otorgar becas para educación a chicos de tercer grado hasta el bachillerato mediante transferencia monetaria; inclusive las mujeres reciben una beca mayor que los varones, porque se pretende una mayor perspectiva de género en la política pública, con un resultado muy bueno de reducción de la deserción escolar.

Para esto se le otorga a cada mujer jefa de hogar una cuenta bancaria gratuita, determinando también una corresponsabilidad, ya que para que la familia acceda al beneficio, los chicos deben ir a la escuela y pasar de grado. En salud y alimentación, se les exige que sus hijos aumenten talle y peso.

Vázquez Mota detalló también que mediante este sistema se ha logrado reducir la desnutrición un 26 %, contando además con una doble ventaja, ya que el gobierno mexicano no termina sus funciones depositando los subsidios en cada cuenta bancaria sino también se reeduca a las mujeres mediante el aprendizaje de administrar con responsabilidad ese dinero, en primera medida, para con sus hijos (salud educación y alimentación), pero además, al tener cuentas bancarias a nombre de cada jefa de hogar, pueden retirar el dinero cuando quieran y usarlo como quieran.

También los beneficios de la bancarización para gente humilde son fundamentales, ya que en América latina los pobres tienen limitado el acceso a sistemas sociales y económicos, por lo que el acceso al sistema financiero les da seguridad, ya que es más seguro guardar el dinero ahorrado en el banco que en sus modestas casas (muchas veces de chapa y sin puertas), es decir, que adquieren capacidad de ahorro y por ende también acceso al crédito para lograr con su propio esfuerzo una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos. En la práctica han advertido que hay familias que administran correctamente los subsidios, cumpliendo con las obligaciones que les exige el Estado para su otorgamiento (salud, educación y alimentación para sus hijos), y además dejan resto en las cuentas. Cuando empezamos la bancarización creíamos que las familias iban a retirar casi todo, pero hoy el 70 % deja algo. En el último año el ahorro en estas cuentas ascendió a u$s 10 millones. Ahora tenemos a los bancos de primer nivel interesados. Ellos, que nunca abrieron sus puertas a los pobres, se dieron cuenta de que son un buen negocio, porque, además, se sabe, los pobres son mejores pagadores que los ricos, agregó la funcionaria.

Otro punto problemático que se salvó en el sistema bancarizado mexicano, y que lamentablemente se da aquí en la Argentina, consiste en la entrega de subsidios, convertido hoy y aquí en nuestro país en verdaderos negociados entre empleados municipales y punteros políticos. Para ello en México la garantía de que el dinero llega a la gente se da con un padrón único de beneficiarios, siendo la única manera de inscribirse, personalmente; luego, técnicos y profesionales (no punteros políticos) van, casa por casa, a verificar esos datos, y el resultado va a un comité de evaluación integrado también por técnicos sin vínculos con los partidos o grupos de interés.

Nos es grato escuchar modelos internacionales exitosos de políticas sociales concretas y efectivas. Creemos que nuestro país tiene mucho trabajo por delante, pero el esfuerzo que debemos y deben hacer los funcionarios que se encuentran liderando las carteras competentes en la materia debe ser contundente y enérgico, para dar respuesta inmediata al flagelo de nuestros pobres, ya que cada día que pasa nuestros niños de la pobreza crecen expuestos a carencias básicas como la alimentación y la estimulación de su desarrollo, muchas veces con secuelas irreversibles que cargaremos, seguramente y con razón, sobre nuestras espaldas en años venideros.

Porque sabemos la ineficacia que existe en torno de la entrega de subsidios para nuestra gente, y vemos que a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Nación se detectan a diario escandalosas irregularidades en torno de los planes sociales, sin que el Poder Ejecutivo nacional dé respuesta efectiva, malgastando fondos públicos y el dinero que con tanto sacrificio aportamos a las arcas nacionales, sin que vaya al destino altruista proclamado como bandera benefactora y de asistencia social que proponen las políticas ministeriales actuales.

Porque hemos denunciado al órgano máximo de control y aplicación del Programa Jefes de Hogar las importantes anomalías en torno de la asignación de los mismos, encontrándose empadronados y cobrando dicho beneficio distintos jefes comunales de nuestra querida Tucumán y de muchas otras provincias argentinas.

Porque ésta es la radiografía exacta de la Argentina de hoy; desde que aparecieron los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados se mezclan en los diarios con palabras como “asistencialismo ideológico”, como parte de una realidad, no ya social sino de tinte político, siendo hoy los desocupados y sus hijos “rehenes políticos”.

Solicitamos entonces, señor presidente, al Poder Ejecutivo nacional dé respuesta efectiva a los reclamos de la gente humilde, contando por supuesto con nuestra mayor colaboración y esfuerzo, porque todos nosotros, como representantes del pueblo argentino, estamos en función y al servicio de esa misma gente.

Exhortando a los funcionarios de la cartera competente a que analicen el caso mexicano, sobre todo en el tema de la bancarización de la red de mujeres más pobre a fin de transparentar de manera urgente e inmediata la entrega de los subsidios contenidos en los Planes Jefas y Jefes de Hogar esperando que por fin se tomen las medidas enérgicas y definitivas, que los más necesitados nos exigen.

Por las razones expuestas solicito sea aprobado el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, modifique las bases del modelo prestacional, en el marco del Programa Federal de Salud (PROFE), establecido en el territorio de Tucumán por un convenio interjurisdiccional Naciónprovincia, en los siguientes puntos:

– Aumentar la cápita por beneficiario que impone la base prestacional del actual convenio.

– Establecer oficinas de atención al afiliado en la mayor cantidad de ciudades o pueblos del interior de la provincia.

– Incrementar la cantidad de profesionales médicos en el territorio de la provincia para una atención más eficiente.

– Incrementar la oferta de sanatorios privados para el cumplimiento del programa en el interior de la provincia.

– Incrementar la oferta de prestaciones odontológicas, de farmacias y de servicios fúnebres en toda la provincia, para la atención de los beneficiarios.

En definitiva, modificar o corregir todas las anomalías detectadas a raíz de la implementación del programa.

Señor presidente:

No es necesario explayarnos y reiterar que desde nuestro lugar pretendemos realizar una oposición constructiva, principalmente porque en este caso se trata de política sanitaria, y porque su cumplimiento, o no, radicará la diferencia entre la vida y la muerte de miles de argentinos.

No somos ajenos a interpretar que todo plan de salud está vinculado con la coyuntura en la cual se desenvolverá, pero es menester luego de varias evaluaciones que realiza, por su competencia habitual, la cartera nacional respectiva, tomar en cuenta como factor principal la variable de la realidad social, a efectos de perfeccionar dichos programas.

Pretendemos mediante la presentación del presente proyecto colaborar con el señor ministro, quien como autoridad de control posee amplias facultades para que los objetivos que el Poder Ejecutivo nacional se propuso mediante la implementación del Programa Federal de Salud (PROFE) en las provincias se concreten, ya que las políticas sanitarias son exitosas, si a la hora de someterlas a la realidad donde se aplican se ven resultados positivos.

Mediante informe solicitado a las autoridades provinciales en la materia, más específicamente al Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, en cuanto a la puesta en práctica del PROFE (Programa Federal de Salud), se hicieron evidentes ciertas anomalías que afectan considerablemente su eficiencia y aplicación equitativa en todo el territorio; por ejemplo:

– La única oficina de atención al afiliado está situada en la capital de la provincia, condenando a quienes viven lejos de allí a peregrinar desde antes del alba para ser escuchados en sus necesidades y reclamos con la consiguiente erogación económica que el traslado implica, a pesar de las carencias que aquejan a muchos de estos afiliados.

– La cápita por beneficiario que impone la base prestacional del convenio Naciónprovincia es ínfima, no cubriendo las necesidades básicas de salud de la población que se pretende proteger.

– A nuestro entender, existe una incorrecta política de distribución de profesionales médicos en el territorio en proporción a la población que debe hacer consultas de salud.

– Existen carencias considerables en cuanto a la oferta de sanatorios privados fuera de la capital tucumana.

– Existen carencias considerables en cuanto a la oferta de las prestaciones odontológicas, de farmacia o de servicios fúnebres.

Mediante respuesta del responsable administrativo del PROFE en la provincia, surge en líneas generales que a los efectos de mejorar la atención y la calidad de la prestación del Plan Federal de Salud en la provincia de Tucumán, así como también en otras provincias argentinas, será necesario modificar la base del modelo prestacional establecido en el convenio interjurisdiccional Naciónprovincia para llevar adelante el Programa Federal de Salud (PROFE) en Tucumán en cuanto a la capacidad financiera de las UGP (unidades de gestión provincial), así como también a la cápita mensual por beneficiario, dadas las marcadas ineficiencias que aún existen en torno de la ejecución del mismo.

Sabemos que esto es sólo el principio, porque creemos que debe existir un mayor control y evaluación de la Nación hacia los sistemas de salud que se imparten en las provincias.

Mencionaremos como ejemplo de falencias elementales el tema de las oficinas de atención al afiliado del programa que nos ocupa, las que en la provincia de Tucumán únicamente se hallan situadas en el distrito capital. Los afiliados a este sistema prestacional federal no viven todos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por lo que por una cuestión de razonabilidad y aplicación eficiente del programa, desde el Estado nacional se deberían determinar las pautas para que se tome como iniciativa colocar oficinas de atención en varios hospitales y/u otros centros sanitarios de los diferentes distritos de la provincia.

Se hace evidente, entonces, que las soluciones no son sólo de carácter financiero, sino de mayor control, empeño y voluntad para alcanzar los objetivos propuestos.

Sabiendo entonces que son más de 13.000 afiliados tucumanos los que quedan afectados por tan paupérrima prestación de salud, y siendo prioritario que pongamos en conocimiento de las autoridades nacionales tales dificultades a efectos de que se tomen las medidas urgentes que la salud de esos argentinos amerita, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Su beneplácito por el fallo preliminar de la Organización Mundial de Comercio, que obliga a los Estados Unidos de América a rever el actual sistema de subsidios a su producción algodonera.

Roberto D. Urquía. – Jorge M. Capitanich. – Haide Giri. – Roxana Latorre. – Carlos A. Reutemann. – Elva A. Paz. – Alicia E. Mastandrea.

Señor presidente:

La Organización Mundial de Comercio produjo un fallo muy importante relativo a la revisión de los subsidios que el gobierno de los Estados Unidos le otorga a la industria algodonera local.

El fallo antes mencionado es una primera instancia, pero si el mismo queda en firme traería como consecuencia una mejora en la cotización del algodón a nivel mundial, con el consiguiente beneficio para los productores locales, ya que Estados Unidos es el mayor exportador mundial, y por ende uno de los formadores de precios internacionales.

Esta resolución de la OMC fija un precedente importante para la discusión sobre la justicia del proteccionismo agrícola que Estados Unidos, Japón y Europa, entre otros, brindan a sus producciones agropecuarias. Además de abrir una interesante posibilidad a las producciones regionales de nuestro país, como las lácteas o la azucarera, por nombrar algunas actualmente perjudicadas por los subsidios a producciones locales, para competir a escala global en un pie de igualdad.

Por lo expuesto solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roberto D. Urquía. – Jorge M. Capitanich. – Haide Giri. – Roxana Latorre. – Carlos A. Reutemann. – Elva A. Paz. – Alicia E. Mastandrea.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

De interés parlamentario la constitución de la asociación civil Sociedad Argentina de la Soja, con domicilio legal en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, cuyo objetivo principal es promover la participación de todos los integrantes de la cadena de soja para planificar su evolución, atendiendo las demandas innovadoras de la producción y los mercados.

Roberto D. Urquía. – Silvia E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Laura Martínez Pass de Cresto. – Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. – Roxana Latorre. – Rubén H. Marín. – Haide Giri. – Graciela Y. Bar. – María E. Castro. – Antonio Cafiero. – Mario R. Mera. – Jorge M. A. Mayans.

Señor presidente:

La constitución de la Sociedad Argentina de la Soja se inscribe dentro de un marco superador, con el fin de obtener un mayor grado de excelencia en la potencialidad del cultivo y atender las demandas de los mercados.

Específicamente, la sociedad alentará la producción sustentable del cultivo, aunará esfuerzos para el desempeño de los sectores de la cadena de soja para hacer más eficiente el uso de los recursos y su preservación, promocionará el incremento del valor agregado de la producción, el desarrollo de nuevos usos, mercados y productos, y propenderá a la integración del sector productor de soja en el Mercosur.

Informes obrantes afirman que “la soja es el cultivo de más rápida adopción y expansión en la historia de la agricultura argentina. De una producción nacional de 59.000 toneladas, durante la campaña 1970/71, llegó en 32 años a 35.270.000. De esta forma se convirtió, por su participación en el valor total de la producción y la exportación agrícola, en el principal producto de la agricultura nacional.

”La superficie de siembra evolucionó en igual período de 37.000 a 12.800.000 ha. En la campaña 2001/02 la superficie sembrada aumentó en 1,6 millón de ha, representando el mayor incremento de superficie en la historia agrícola de nuestro país.”

Cabe agregar, complementariamente a lo expuesto, que los rindes obtenidos en la década del 70 rondaban 1.724 kg/ha, mientras los actuales se encuentran en los 2.800 kg/ha, y se espera llegar a las 3.200 kg/ha en los próximos años, para una producción total de 100 millones de toneladas.

Actualmente, la producción de soja y sus derivados es la principal fuente de ingresos de divisas a la economía nacional, destacando este hecho la importancia estratégica del cultivo para paliar, en corto plazo, la grave crisis social que atraviesa nuestro país y servir, en el mediano y largo plazo, como elemento que potencie políticas destinadas a ampliar mercados de nuevos productos, tanto de origen agropecuario como industrial.

La Sociedad Argentina de la Soja integrará a todos los participantes de la cadena soja, representados éstos por el sector estatal, producción, comercialización, industrial, de ciencia y tecnología, provisión de insumos y servicios financieros y seguros.

Esto, necesariamente, facilitará el desarrollo de esfuerzos mancomunados y políticas innovadoras, para dar cumplimiento a los objetivos de su creación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Roberto D. Urquía. – Silvia E. Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Laura Martínez Pass de Cresto. – Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich. – Roxana Latorre. – Rubén H. Marín. – Haide Giri. – Graciela Y. Bar. – María E. Castro. – Antonio Cafiero. – Mario R. Mera. – Jorge M. A. Mayans.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre diversas cuestiones relacionadas con el sector calzado:

a) Estado actual de las negociaciones con la República Federativa del Brasil, con respecto al conflicto suscitado a raíz del flujo comercial entre empresarios brasileños y argentinos.

b) Si se ha realizado algún estudio económico sobre la estructura de costos y precio final de venta, a los efectos de saber fehacientemente cuáles son las diferencias de competitividad que enfrentan el sector y los consumidores en ambos países.

c) Si se ha dimensionado el impacto socioeconómico que tendría en nuestro país el pretendido ingreso de 25 millones de pares de calzado anuales por parte de los empresarios brasileños.

d) Cuál es la posición del gobierno argentino sobre este conflicto y qué medidas se están tomando o habrán de tomarse para lograr un acuerdo.

Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez Pass de Cresto.

Señor presidente:

La industria nacional del calzado enfrenta una considerable amenaza, dada la posible exportación desde Brasil hacia la Argentina de 25 millones de pares. Si bien es cierto que muchas plantas actualmente están trabajando al máximo de su capacidad instalada y que algunas marcas no tendrían más remedio que importar ya que se han quedado sin proveedores (por ejemplo, Gatic S.A. proveía al mercado interno alrededor de 3 millones de pares de calzado vulcanizado y aún no hay empresa que lo produzca), según lo expresó el secretario de Industria de la Nación, Alberto Dumont, una importación de esta magnitud podría generar un grave deterioro a un sector de la industria nacional que se encuentra en franca expansión.

Es público que en la reunión mantenida el pasado 26 de marzo, en Brasil, los empresarios no lograron arribar a un acuerdo, ya que los argentinos ofrecieron comprar 6 millones de pares y la contraoferta fue de 25 millones de pares, mucho más que los 21 millones que las empresas brasileñas colocaron en nuestro mercado durante 2001, cuando la industria local estuvo a punto de desaparecer. En 2001 los productos brasileños ocuparon el 41 % del mercado interno local.

Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado local, las ventas brasileñas crecieron un 170 %, apoyadas tanto en nuestra recuperación como en la crisis de consumo brasileña. La caída de las importaciones de 2002 con respecto a 2001 (alrededor del 86,3 %) se revirtió en 2003, cuando las compras al exterior aumentaron un 106 % debido a la estabilización (hacia la baja) en el valor de la divisa.

Teniendo en cuenta que en la industria del calzado en la Argentina predominan las pequeñas y medianas empresas, y que actualmente existen aproximadamente 750 fábricas que –en conjunto– emplean a 26.000 personas en forma directa y a más de 14.000 en forma indirecta, resulta imprescindible que el gobierno intervenga para lograr el consenso entre las partes involucradas.

Al mismo tiempo, considero que además de atender el reclamo de los empresarios, el gobierno debe contemplar el interés y las necesidades que tenemos los consumidores; en otras palabras, buscar un mecanismo que estimule la inversión y una política proindustrial sostenida que favorezca al sector pero que a la vez no torne inalcanzable el producto para el mercado interno.

Sabemos que todo proceso de integración trae aparejados períodos de adaptación, de reestructuración y relocalización; y también que es necesario llevar adelante debates, dando mayor participación a los sectores sociales. En virtud de ello, resulta esencial un comportamiento proactivo en función de una integración positiva, que históricamente está proyectada a ser algo más que una integración económica.

La capacidad de consolidar y trascender que tiene el Mercosur también está ligada al pleno entendimiento de sus ciudadanos, y al cumplimiento de los principios y reglas comunes que lo inspiraron, tales como:

– Reciprocidad: la integración reposa en la mutua correspondencia de los Estados.

– Equidad: todos los Estados deben asegurar a los restantes las mismas condiciones, sin condiciones de preferencia para ninguno.

– Solidaridad: cada Estado debe ayudar al crecimiento de sus aliados.

Finalmente, diremos que no hay desarrollo posible si no se tiende a un desarrollo integral, igualitario, en un marco de justicia y equidad. En este proceso de integración, ser socios implica tener la capacidad de contribuir al porvenir de esta empresa común denominada Mercosur, y la grandeza consiste en lograr mejorar la calidad de vida de quienes habitan en los países que lo componen.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Luis E. Martinazzo. – Laura Martínez Pass de Cresto.

–A la Comisión de Industria y Comercio.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, le asignen a Vialidad Nacional los recursos financieros necesarios para iniciar la ejecución de las obras priorizadas para el corto plazo dentro del Ediviar (2003-2013), para el 12° distrito –Neuquén– de la Dirección Nacional de Vialidad.

La provincia del Neuquén viene sufriendo una situación de larga data de desinversión nacional en el sector vial; por el otro lado, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ha autorizado la ejecución de obras viales de importancia en otras provincias a través del financiamiento de las mismas con fondos provenientes del Sisvial o de los organismos multilaterales de crédito.

Es por tal motivo que se reclama que se revea dicha situación, particularmente teniendo en cuenta el estado crítico de la infraestructura vial nacional en la provincia del Neuquén, que afecta además la normal comunicación dentro de toda la región norpatagónica, y con las provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y la vecina República de Chile.

A continuación destacamos las primeras doce obras de corto plazo priorizadas en el Ediviar para su ejecución por parte de Vialidad Nacional, correspondientes al 12° distrito Neuquén.

12º distrito

PrioridadProvincia Ruta NºTramoLongitud Motivo

Nºtotal (km)

C01Neuquén40 (s)Zapala - Rinconada177,7Corredor bioceánico X - Prod.Turístico

C02Neuquén234Rinconada [Emp. R.N. 40(s)]70,04Corredor bioceánico X - - San Martín de los Andes Turístico

C03Neuquén237Arroyito - Piedra del Aguila176,0Corredor Latino - Mov. Productivo - Turístico

C04Neuquén22Arroyito - Zapala132,6Corredor bioceánico VI - Prod.Turístico

C05Neuquén40 (s)Rinconada - Emp. R.N. 237 61,50Corredor bioceánico X - Prod.(Collon Curá)Turístico

C06Neuquén237Piedra del Aguila - 200,0Corredor Latino - Mov. Productivo Lte. con Río Negro- Turístico

C07Neuquén22Las Lajas - Pino Hachado59,34Corredor bioceánico VI - Prod.-Turístico

C08Neuquén22Reubicación de la ruta nac. 22: 20,00Corredor bioceánico VI - Prod.-Neuquén - PlottierTurístico

C09Neuquén40 (s)Chos Malal - El Salado 100,3Mov. Productivo - Seguridad

(km 685,62 - Tr. Nueva)

C10Neuquén231Emp. R N Nº: 237 - Lago Espejo74,28Corredor bioceánico VII - Prod. - Turístico

C11Neuquén234S. M. de los Andes - Emp. R.N. 231 25,78Corredor bioceánico X - Turístico

Sección III Lº Villarino

-Acc. a Villa Traful

C12Neuquén234S. M. Andes - Emp. R.N. 231 21,51Corredor bioceánico X - Turístico

- Sección IV

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez.

Señor presidente:

La presente comunicación al Poder Ejecutivo nacional tiene por objeto reclamar la ejecución de las obras viales programadas en el corto plazo e incorporadas por la Dirección General de Vialidad Nacional dentro del Esquema Director Vial Argentino (Ediviar) para el período 2003-2013, correspondientes al 12° distrito (Neuquén).

Al respecto, en nuestra provincia se ha producido una desinversión en materia vial por parte de la administración nacional, circunstancia que se arrastra por más de 20 años y que sólo fue suplida por parte del gobierno provincial que realizó numerosas obras de pavimentación y mejoramiento de las rutas nacionales 22, 40, 234, etcétera, a fin de no dejar a la provincia y a la región aisladas.

Ahora bien, al presente nos encontramos con un plan nacional (Ediviar), perfectamente consensuado entre Vialidad Nacional y las vialidades provinciales y aprobado por asamblea extraordinaria del Consejo Vial Federal el pasado 17 de marzo de 2004.

En dicho plan o esquema director, Vialidad Nacional tiene perfectamente definidas las obras de corto, mediano y largo plazo que debe ejecutar, así como cada provincia tiene determinadas las obras que le corresponde ejecutar dentro de su jurisdicción; por lo tanto, se hace imposible para las provincias atender las necesidades de infraestructura vial nacional.

Desde el punto de vista del financiamiento de las obras públicas correspondientes a Vialidad Nacional, la Nación cuenta con recursos provenientes del Tesoro nacional, del Sisvial (Tasa del gasoil), y de organismos multilaterales de crédito.

Actualmente, la Nación ya ha definido el inicio de la ejecución de determinadas obras viales recurriendo a la utilización del Sisvial para su financiamiento, debiendo aclarar que dicho fondo no está coparticipado con las provincias y su afectación al financiamiento de obras determinadas depende exclusivamente de la decisión del Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Inversión Pública y Servicios.

Las provincias perciben recursos para vialidad, provenientes del Fondo Nacional de los Combustibles, donde sólo ingresa el impuesto sobre las naftas y no lo hacen gravámenes sobre el gasoil o el GNC; dicho fondo, que está coparticipado entre las 24 provincias, asciende a aproximadamente 250 millones de pesos anuales, mientras que el gobierno nacional dispone de aproximadamente 1.800 millones de pesos anuales del Sisvial (tasa sobre el gas- oil y tasa vial), no habiendo aún definido los planes de inversión ni consensuado con las provincias un esquema distributivo que permita definir las inversiones en obras viales nacionales.

Entendemos por lo tanto que es imprescindible que el Estado nacional tenga conocimiento de la situación que nos aqueja y proceda lo antes posible a lograr definiciones respecto del financiamiento en particular de las obras prioritarias para el corto plazo a ser ejecutadas por Vialidad Nacional, en la provincia del Neuquén, a los efectos de no correr el riesgo de dejar incomunicadas vastas zonas comprendidas dentro de los corredores bioceánicos VI y X, y el corredor Latino, lo que afectaría no solamente a la provincia del Neuquén, sino también a las provincias vecinas y la vinculación con la República de Chile.

Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de la presente comunicación.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo Gómez Diez.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Instar al Banco Central de la República Argentina a iniciar una campaña de comunicación masiva para todos los interesados respecto de las características de utilizar la vivienda única y familiar como garantía de préstamos hipotecarios.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo Gómez Diez.

Señor presidente:

En medio de la última fase, el recupero del crédito en nuestra economía, a implementarse para la definitiva normalización del sistema financiero, creo conveniente instar al Banco Central de la República Argentina a iniciar una campaña comunicacional respecto de los riesgos y beneficios potenciales por parte de los particulares de utilizar la vivienda única y familiar como garantía para solicitar financiación para emprendimientos diversos.

Bien vale recordar el descalabro para los prestatarios que significó la crisis financiera de 2001/02 y sus efectos rezagados: la inflación y el ajuste por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) o el coeficiente de variación salarial (CVS). Tal fue el impacto de la crisis financiera que, en lo que respecta a los préstamos hipotecarios, nos vimos en la necesidad de sancionar leyes tendientes a preservar la vivienda familiar, puesto que de no hacerlo la situación de empobrecimiento general que vivió el país hubiera sido mucho mayor.

Por otra parte, es propósito de las autoridades del Banco Central y una aspiración de todos nosotros, que éste sea el año de recupero del crédito; el continuo crecimiento de los pasivos monetarios y la normalización del estado de situación patrimonial de la mayoría de las entidades financieras hacen propicio un clima para el otorgamiento de créditos de alto impacto en el bienestar de la ciudadanía, como son los préstamos hipotecarios. Con el fin de contribuir a que las partes tengan un mayor conocimiento de los requisitos exigibles al momento de concertar operaciones de créditos es que solicitamos el inicio de esta campaña comunicacional para toda la ciudadanía.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo Gómez Diez.

–A la Comisión de Legislación General.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central de la República Argentina, informe lo siguiente:

– Si con fecha 31 de marzo de 2004, el Banco Central ha otorgado adelantos transitorios al gobierno nacional por hasta un monto equivalente al 12 % (doce por ciento) de la base monetaria y a cuánto asciende dicho monto en pesos.

– Si con fecha 31 de marzo de 2004, el Banco Central ha otorgado adelantos transitorios al gobierno nacional por hasta un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) de los recursos en efectivo que el gobierno ha obtenido en los doce meses anteriores a la fecha solicitada y a cuánto asciende dicho monto en pesos.

– Si el gobierno nacional puede solicitarle al Banco Central adelantos por hasta un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) de los recursos en efectivo de los últimos doce meses exclusivamente para cancelar obligaciones con organismos multilaterales de crédito, o puede, a los efectos de dicha cancelación, solicitar adelantos utilizando el parámetro del 12 % (doce por ciento) de la base monetaria indistintamente.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo Gómez Diez.

Señor presidente:

Es propósito de este proyecto solicitarle al Banco Central de la República Argentina que informe con claridad las pautas que aquél utiliza para asistir al Tesoro nacional conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Carta Orgánica –ley 24.144–.

A manera de síntesis, la modificación al artículo mencionado en el párrafo anterior tras la sanción de la ley 25.780 en el año 2003, estableció dos coeficientes que actúan como límite a las necesidades de financiamiento del Tesoro nacional. En primer lugar, el Banco Central puede otorgar adelantos por hasta una cantidad equivalente al 12 % de la base monetaria y en segundo lugar, otorgar adelantos por hasta un valor máximo del 10 % de los recursos en efectivo que el gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce meses.

La inquietud surge aquí, por ejemplo en el caso en que se le otorgue al Tesoro nacional adelantos por montos que no excedan el 12 % de la base monetaria en un momento determinado y, en un momento posterior, nuevamente el Tesoro solicite adelantos, sobre qué monto se aplicará el porcentaje remanente: ¿sobre el monto de la base monetaria del primer momento o sobre la del momento posterior? En caso de que el valor de la base monetaria sea distinto en los dos momentos ejemplificados, podríamos estar ante una situación de incumplimiento de la ley. Análogamente hacemos extensivo el razonamiento para el caso de que se le otorguen al Tesoro nacional adelantos, en distintos momentos, por montos que no superen el 10 % de los ingresos en efectivo establecidos en el artículo 20 de la Carta Orgánica.

Bien aquí nuestra vocación para generar la transparencia en el accionar del Banco Central respecto a su relación con el Tesoro para que, tanto la ciudadanía, legisladores, investigadores y demás interesados, cuenten con un mayor y mejor conocimiento de las operaciones del ente rector del sistema financiero; iniciativa que se encuentra en concordancia con medidas que éste y otros bancos centrales del mundo están adoptando hoy en día a través del denominado proceso de aprendizaje de política monetaria monetary policy and learning¹ como paso previo a la implementación de programas monetarios basados en metas de inflación inflation targets².

A los efectos de una breve descripción, en la literatura económica reciente se ha introducido el concepto de “aprendizaje de política monetaria” por parte del Banco Central y de los agentes económicos; así, mientras los ejecutores de política se encuentran bajo una constante aprehensión del funcionamiento del sistema económico, los agentes económicos comprenden la implementación del programa monetario.

Uno de los tópicos que se exigen para la implementación de este aprendizaje es la comunicación efectiva y transparente al público respecto al accionar del Banco Central. En nuestro país, respecto a la comunicación efectiva durante las disertaciones del presidente de la autoridad monetaria no han quedado dudas sobre la disponibilidad de informes de la política en curso, inflación y de entidades financieras, así como los datos de variables monetarias y financieras que cualquier ciudadano puede encontrar en la página de Internet del Banco Central. Respecto a la transparencia sobre la ejecución de la política monetaria, quienes ejercen la conducción del Banco Central hoy en día han realizado una constante exposición en ámbitos académicos nacionales y del exterior, así como en las instituciones republicanas, por caso este Honorable Senado; y, señor presidente, con el propósito de contribuir a otorgar una mayor transparencia en la comunicación de las operaciones del Banco Central, principalmente en la comprensión de los mecanismos y los límites de financiación al gobierno nacional, es que solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo este proyecto.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo Gómez Diez.

–A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo del artículo 38 de la ley 24.144 el siguiente texto:

Cuando el Banco Central de la República Argentina transfiera las utilidades mencionadas en el párrafo anterior, deberá descontar los adelantos otorgados al gobierno nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de esta ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso.

Señor presidente:

La sanción de la ley 25.780 que modificó la Carta Orgánica del Banco Central –ley 24.144– y la Ley de Entidades Financieras –21.526– que bien creemos conveniente ya que se adecua al nuevo escenario al que la economía nacional observa cierto margen de discrecionalidad innecesario que a través de esta iniciativa pretendemos subsanar a los efectos de otorgarle al Banco Central una mayor credibilidad en su accionar, fundamentalmente en su relación con el gobierno nacional.

El Banco Central puede asistir al gobierno a través de adelantos transitorios, hasta un máximo del diez por ciento (10 %) de los ingresos en efectivo de los últimos doce meses por parte de éste y hasta un máximo del doce por ciento (12 %) de la base monetaria.

A su vez, la autoridad monetaria debe girar, conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley 24.144, las utilidades no capitalizadas una vez cumplimentados los parámetros técnicos allí establecidos.

Bien vale mencionar, señor presidente, que la combinación de ambos artículos le permiten al Banco Central asistir al gobierno federal excesivamente –más teniendo en cuenta los favorables resultados recientes del sector público nacional no financiero– y aunque quizás hoy no sea necesario, se deja abierta la puerta hacia una emisión monetaria que podría ser contraproducente para el país –la emisión que no acompañe el desenvolvimiento de la actividad real nos llevaría ante escenarios de persistente inflación–.

Con la presente iniciativa parlamentaria, las obligaciones del Banco Central para con el gobierno se realizan bajo reglas de juego claras, consolidando la independencia de la autoridad monetaria en materia de estabilidad de precios, mejorando su credibilidad ante todos los agentes económicos.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo, el presente proyecto.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

Artículo 1º – Incorpórese como inciso g) del artículo 2º de la ley 25.152 el siguiente texto:

g)La tasa nominal de incremento en el saldo de la deuda neta directa del sector público nacional no financiero no podrá superar la tasa de aumento nominal del producto bruto interno del año anterior.

Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea nula o negativa, el saldo de la deuda neta directa del sector público nacional no financiero no podrá incrementarse hasta el año siguiente.

A los efectos del cálculo de la deuda neta directa del sector público nacional no financiero, no se incluirán los préstamos concertados con organismos multilaterales de crédito.

Art. 2º – La presente ley tendrá una vigencia de cinco (5) años.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso.

Señor presidente:

Es propósito de este proyecto de ley contribuir a reestablecer la credibilidad respecto a la gestión y administración del sector público nacional no financiero en un contexto de normalización económica luego de finalizada la reestructuración de la deuda soberana.

Como bien todos conocemos en materia legislativa, sostener el régimen de convertibilidad en su etapa de agotamiento, nos exigió sancionar leyes que a posteriori –y a la luz de los hechos– no produjeron los resultados esperados, por ejemplo, la Ley de Intangibilidad de los Depósitos; normativas que realizadas con la mayor racionalidad en aquel entonces, fallaron en un concepto primario: el excesivo compromiso a priori asumido por el Estado no garantiza la formación de expectativas favorables respecto a la política económica, por caso creer que era suficiente esta normativa para sostener el régimen de convertibilidad del austral.

Aprendiendo de experiencias pasadas que nos permitan legislar en materia económica con mayor claridad es que presentamos esta iniciativa.

Aun con el mayor esfuerzo que ha realizado el país tras la abrupta salida de la convertibilidad: disminución de los ingresos, crisis financieras, sobrerreacción –overshooting– del tipo de cambio y colapso del sistema de pagos, el país debe de manera continua esforzarse por recuperar la credibilidad institucional tanto local como externa. Eso sólo lo conseguiremos dando señales de que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario en materia de administración pública no una sola vez, sino de aquí en adelante.

Creemos conveniente establecer un límite a nivel de endeudamiento condicionándolo a la evolución de la actividad económica. Así, el sector público nacional no financiero sólo podrá endeudarse por hasta un porcentaje equivalente al de la actividad económica, manteniendo estable nuestro nivel de solvencia y capacidad de pago, limitando la discrecionalidad del gasto público adecuándolo a los niveles de recursos tributarios y evitando crisis de balance de pagos –como las acontecidas en la Argentina a principio y fines de los 80 y en 2001–.

Señor presidente, hace ya más de dos años que este honorable cuerpo ha acompañado al Poder Ejecutivo en momentos de crisis y transiciones institucionales y económicas –incluso a tenido una mayor cooperación comparada con la crisis de 1890– así como de recuperación. Continuemos esta vez, generando una mayor credibilidad ante nuestros conciudadanos y la comunidad internacional.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores senadores acompañen con su voto afirmativo este proyecto.

Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre de Alonso.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

De interés del Honorable Senado de la Nación, la I Jornada de Organización Metodológica para el Puerto de Buques y Grandes Cruceros Turísticos de la Ciudad de Mar del Plata a llevarse a cabo los días 27 y 28 de mayo de 2004, en la ciudad de Mar del Plata provincia de Buenos Aires, organizadas por la comisiones de Turismo del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Señor presidente:

Entre los días 27 y 28 de mayo del corriente año se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata las Primeras Jornadas de Organización Metodológica para el Puerto de Buques y Grandes Cruceros Turísticos que consideramos de una significativa importancia para el sector turístico.

La celebración de esta jornada, organizada por la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y que cuenta con el apoyo y participación de la Comisión de Turismo del Honorable Senado, viene a poner de manifiesto el interés y la preocupación de las autoridades del Poder Legislativo, para impulsar y fortalecer la ejecución del Convenio entre el Estado Nacional Argentino - Armada Argentina y el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata para el Uso Compartido de la Escollera Norte, Futuro Puerto de Grandes Cruceros.

Sin lugar a dudas, la pronta ejecución de las obras para un puerto de buques cruceros de pasajeros, embarcaciones turísticas y de recreo que propende al desarrollo del turismo internacional en la Ciudad de Mar del Plata, resulta una necesidad imperiosa y urgente, ya que la misma constituirá no sólo una herramienta de singular importancia para el crecimiento de la actividad turística en esta zona, sino que también, contribuirá, entre otras cuestiones, al progreso de la ciudad de Mar del Plata, atento a lo que implica el arribo de estas verdaderas ciudades flotantes. Así como también, dejar en claro la firme voluntad de las autoridades nacionales, de considerar las cuestiones turísticas, como este emprendimiento, como una verdadera política de Estado.

Existen actualmente en la República Argentina tres puertos de grandes cruceros turísticos que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madryn (provincia de Chubut) y en Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); la concreción del convenio en cuestión, significaría una mejora en nuestro país en lo que hace a las nuevas y potenciales rutas de estos transatlánticos. Recordemos que este tipo de actividad, atrae anualmente y de manera gradual, en constante aumento, a un fuerte flujo de embarcaciones y por ello de turistas, en su gran mayoría extranjeros y de alto poder adquisitivo.

Basta señalar que en el período 2001/02 arribaron a nuestro país 166.000 pasajeros, que en el período 2001/02 dicha cifra ascendió a 168.000 pasajeros, para llegar al periodo 2002/03 a los 175.000 pasajeros, sumando 257 buques turísticos, en los tres puertos de cruceros existentes y mencionados ut supra, lo que pone de manifiesto y a todas luces, la importancia de contar con un nuevo puerto, a fin de brindar no sólo a los potenciales turistas, sino también a las grandes empresas navieras que manejan los recorridos de estas embarcaciones, una alternativa más para conformar un circuito argentino de grandes cruceros que permitirá diversificar, mejorar, incrementar y enriquecer los destinos de la costa del Atlántico Sur.

Por lo expuesto, no dudo que los señores legisladores me acompañarán con su voto afirmativo en la declaración propuesta.

–A la Comisión de Turismo.

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas Legislativas Antárticas a desarrollarse entre el 8 y el 11 de octubre de 2004 en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en adhesión a los cien años de presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, y la I Exposición Antártida Siglo XXI, a desarrollarse en la ciudad de Ushuaia entre los días 8 y 18 de octubre de 2004, organizada asimismo en adhesión a dicho hito histórico.

Señor presidente:

La importancia estratégica del tema antártico requiere un muy profundo conocimiento del complejo del régimen jurídico y político que rige al sector, que lleve a impulsar acciones coherentes que trasciendan el gastado discurso de oportunidad de corte meramente declamativo y en ciertos casos, acciones de naturaleza demagógica.

Asimismo y sin desconocer los importantes avances que se han registrado en los últimos años en la consideración de Tierra del Fuego como enclave estratégico para articular una política de Estado adecuada para el sistema geopolítico Patagonia - Atlántico Sur - Antártida por parte del Estado nacional, se considera oportuno desarrollar una vigorosa acción por parte del Estado para acelerar al máximo este proceso.

No resulta menos relevante tomar la iniciativa con el objeto de inaugurar un debate jurídico-intelectual, orientado a explorar a fondo la gravitación potencial capaz de aportar la condición de “puerta de entrada” a la Antártida que reporta Ushuaia, en el marco de los intereses del país en esta materia en el corto, mediano y largo plazo, así como en términos de contribución de la Argentina en la tarea de velar por el cumplimiento de las normativas y recomendaciones emanadas del sistema del Tratado Antártico por parte de quienes operan en el cuadrante sudamericano.

La voluntad de Tierra del Fuego de impulsar el debate y diseño de una nueva opción estratégica de la República Argentina en materia antártica para el siglo XXI es de vital importancia y merece el apoyo no sólo de este cuerpo, sino además el de la clase dirigente y los formadores de opinión. De esta manera, estaremos en condiciones de fijar nuevos ejes profundos de la política antártica nacional, luego de cumplidos los objetivos de la extraordinaria opción estratégica desplegada por la República Argentina a partir de la década de 1940, que posibilitó la ocupación espacial del territorio antártico reclamado, la incorporación del primer rompehielos para operar en aguas antárticas y otras serie de acciones que constituyen sólidos fundamentos de la Argentina, cautelados por el artículo IV del Tratado Antártico.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento con el voto positivo al presente proyecto de declaración de interés de las I Jornadas Legislativas Antárticas y la Exposición Antártida Siglo XXI que se detallan a continuación:

Fecha de realización: 8 al 11 de octubre de 2004, articulado con al Simposio de Derecho Internacional organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Se desarrollarán en tres capítulos:

Capítulo 1: Conocimiento elemental y actualización acerca del sistema del Tratado Antártico, orientado a contribuir a la consolidación de un umbral básico de conocimiento y/o actualización en todo dirigente o aspirante a dirigente político, institucional, formador de opinión o líder social, acerca de un tema tan emblemático y a su vez complejo como es el referido a la cuestión antártica.

Capítulo II: Alcances de la condición de “puerta de acceso a la Antártida” en función de los principios y recomendaciones emanados del sistema del Tratado Antártico, cuyo objeto apunta a inaugurar un profundo debate jurídico-académico acerca de la gravitación de Ushuaia, en su calidad de “puerta de acceso internacional a la Antártida”, a fin de contribuir con el espíritu y la letra del Sistema del Tratado Antártico.

Este punto tiene como eje central el análisis y los alcances del artículo 18 de la ley provincial 585/03 y los efectos de su hipotética replicación en otras puertas de entrada.

Capítulo III: Consolidación de Tierra del Fuego, como pieza clave de la política antártica nacional, cuyo objeto se orienta a realzar el valor de la isla como punta de lanza de una acción estratégica para el sistema geopolítico Atlántico Sur - Antártida.

Entre el 8 y el 18 de octubre de 2004 la Legislatura provincial organiza la segunda exposición denominada Antártida Siglo XXI, “En camino al óptimo posicionamiento provincial y nacional”.

La exposición tiene por objetivo contribuir a una comprensión clara y precisa de la situación político-jurisdiccional sector antártico, así como de las oportunidades susceptibles de ser desarrolladas en Tierra del Fuego, en materia económicoproductiva.

A través de una circulación previamente establecida, mediante paneles y gráficos con un lenguaje visual sumamente dinámico, el visitante podrá tomar contacto con una visión objetiva y seguramente mucho más realista y auspiciosa a la que está habituado. Inicialmente, la exposición constaría de tres ejes temáticos:

– Statu quo antártico internacional, actualidad y tendencias.

– Fundamentos y antecedentes de la República Argentina.

– Importancia fundamental del artículo VI del Tratado Antártico.

– Intereses y derechos cautelados por el artículo VI del Tratado Antártico.

– Competencias nacionales y provinciales.

– Marco de acción y contribución de Tierra del Fuego a una política antártica nacional de vanguardia.

– Actividad antártica internacional en el cuadrante sudamericano.

– Demanda potencial de bienes y servicios a desarrollar en Tierra del Fuego.

– Especializaciones susceptibles de desarrollar en Tierra del Fuego.

– Impacto socioeconómico potencial (inyección de recursos, empleos, recurso humano calificado, etcétera).

– Seguridad jurídica y previsibilidad requeridas por la demanda internacional.

– Modelos de Christchurch (Nueva Zelanda) y Hobart (Australia).

– Racionalidad y conveniencia de consolidar la fortaleza que otorga la posición relativa.

C. Nueva política de Estado antártica de Tierra del Fuego

– Programa Global Antártico - otros.

La circulación prevista tiene por objeto establecer un recorrido temático que le permita al visitante comprender no sólo los fundamentos y antecedentes que sustentan los legítimos reclamos argentinos dentro de un complejo contexto global, sino en particular, descubrir múltiples factores y oportunidades que pueden redundar en importantes réditos socioeconómicos para la provincia, a partir de un inteligente aprovechamiento de la actividad antártica internacional en el cuadrante sudamericano.

En el recorrido, los paneles del tramo inicial referirán al eje políticojurisdiccional mediante los cuales se expondrán los antecedentes y argumentos que sustentan la posición argentina en materia de reclamos antárticos, así como la visión conducente al mejor posicionamiento del país frente un posible desenlace de la jurisdicción antártica en el futuro.

Los paneles del tramo final referirán al eje productivo en el que se desarrollará la visión macrointernacional, seguido de las oportunidades que éstas abren a la actividad provincial.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de San Fernando el Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, manteniendo la jurisdicción territorial del juzgado federal de primera instancia ya existente en la misma, con competencia material múltiple, excepto las materias electoral, criminal y correccional.

Art. 2º – El juzgado federal de primera instancia existente al tiempo de promulgarse la presente ley, con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, mantendrá su actual jurisdicción territorial y tendrá competencia en materia electoral, criminal y correccional.

Art. 3º – El juzgado al que se refiere el artículo 1º funcionará con 2 (dos) secretarías –en lo civil y comercial, contencioso administrativo, laboral, y de ejecución tributaria y previsional–. El juzgado al que se refiere el artículo 2º, funcionará con 2 (dos) secretarías –en lo criminal y correccional, y electoral–, debiendo efectuarse las previsiones necesarias para la creación y/o transferencia de cargos y dotación de personal necesarios para el correcto funcionamiento de ambos juzgados.

Art. 4º – El Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Catamarca remitirá al Juzgado Federal Nº 2 creado por el artículo 1º de la presente ley, una vez instalado, las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la competencia asignada.

Art. 5º – El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de la Provincia de Catamarca, constituido en Cámara Federal de la provincia de Catamarca en virtud de la ley 25.269, ejercerá la superintendencia y tendrá jurisdicción apelada sobre los juzgados federales de primera instancia Nº 1 y Nº 2 de la provincia de Catamarca.

Art. 6º – La jurisdicción y competencias asignadas a los juzgados federales citados en los artículos 1º y 2º de la presente ley deberán hacerse efectivas hasta los sesenta (60) días de publicada la presente, debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación adoptar las medidas necesarias para la instalación del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, y para el cumplimiento de los demás efectos causados por su creación.

Art. 7º – El gasto que demandare el cumplimiento de esta ley será atendido de “Rentas generales”, con imputación a la misma, hasta su inclusión en la Ley de Presupuesto, con imputación al Poder Judicial y el Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

“…El presente proyecto de ley que pongo a vuestra consideración persigue la finalidad de efectuar un reordenamiento integral de la justicia federal en la provincia de Catamarca.

”Amén de los problemas que enfrenta la misma desde un tiempo a esta parte por la vacancia del juzgado federal con asiento en San Fernando del Valle de Catamarca ya existente, la complejidad y problemática de los asuntos que en él se tratan y el constante aumento en el caudal de causas, obligan a nuestro entender a concebir la necesidad de instaurar un nuevo juzgado federal con el mismo ámbito jurisdiccional pero desdoblando las competencias, lo que dinamizaría la labor de impartir justicia y haría más específica y por ende especializada, la tarea de quienes se desempeñan en el actual juzgado que tratan no sólo un innumerable número de causas, sino todas ellas de diferente naturaleza.

”Este proyecto, a su vez, recoge el anhelo de todos los profesionales del derecho de la provincia de Catamarca, nucleados en el Colegio de Abogados de Catamarca, quienes han solicitado a todos los representantes legislativos de Catamarca en el Honorable Congreso de la Nación, de viabilizar la posibilidad de erigir un nuevo juzgado federal que reparta sus competencias con el ya existente…”

Hasta aquí hemos transcrito algunos de los fundamentos esgrimidos en oportunidad de presentar un proyecto de idéntico tenor –proyecto S.-3.231/02 ingresado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación el 27 de noviembre de 2002–.

En aquella iniciativa establecíamos además la conformación de una cámara federal con asiento en Catamarca, que permitiera despegar jurisdiccionalmente la labor del actual juzgado federal de primera instancia con asiento en San Fernando del Valle de Catamarca de la Cámara Federal con asiento en Tucumán, más allá de conocer la existencia de la ley 25.269 que corrige esta situación.

De hecho, la sanción de la ley 25.269, promulgada por decreto P.E.-585/00 de fecha 17 de julio de 2000 que transforma –entre otros– al actual Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal que funciona en la provincia de Catamarca en cámara federal de apelación, forma parte del incumplimiento del Poder Judicial de la Nación en cabeza de la Corte Suprema de Justicia que ha infringido esta norma legal no haciéndola operativa y violentado, bajo argumentos estrictamente presupuestarios, la misma Constitución de la Nación que asigna a este Honorable Congreso (artículo 75 inciso 20) la facultad de “…establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia…”, hecho que ha generado en el seno del Senado de la Nación la presentación de un proyecto de comunicación al que he adherido (S.-744/04) instando a la Corte Suprema de Justicia a dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269, ya que a casi cuatro años de su sanción y promulgación no ha podido plasmarse en la realidad funcional del fuero federal de gran parte del país.

Por ello nuestra insistencia bajo las líneas expuestas en el proyecto de ley que se somete a consideración del Honorable Congreso, que en relación con la creación de un nuevo juzgado federal en la provincia de Catamarca y en cuanto al reparto de competencias, sigue las líneas trazadas por aquel proyecto presentado en noviembre de 2002 y al que hacíamos mención en párrafos precedentes.

Ahora bien, y a los fines de forzar la situación creada ante la inobservancia de la ley 25.269 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la presente iniciativa establece que la superintendencia de los juzgados federales –existente y a crearse– con jurisdicción en Catamarca será ejercida por el actual Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional existente en la provincia, transformado por la norma citada ut supra en Cámara Federal.

Por las razones expuestas, y otras que se desprenden de la lectura del articulado del proyecto sometido a vuestra consideración, solicito a los señores legisladores, el acompañamiento a la presente iniciativa.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.