14/03/2008 - (DAE 24)

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-3.856/06 sobre regulación del sistema de franquicia comercial.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi más distinguida consideración.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de franquicia comercial.

Art. 2º – Concepto. Se denomina franquicia comercial al conjunto de derechos de propiedad intelectual o industrial relativo a marcas, nombres comerciales, enseñas, imagen, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, knowhow, incluyendo conocimientos específicos, estén o no patentados que deberán explotarse para la comercialización de productos o prestación de servicios.

Art. 3º – Knowhow. Se entiende por knowhow o saber hacer, el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia comercial de franquiciante. Incluyendo toda información necesaria para la comercialización de los productos o la prestación de los servicios, así como también el modo de presentación de los productos, el trato con los clientes, la gestión administrativa y financiera. El knowhow deberá instrumentarse en el manual de operaciones.

Art. 4° – Manual de operaciones. El franquiciante deberá hacer entrega de un manual de operaciones, en el mismo, deberá encontrarse detallado el giro comercial objeto de la franquicia. El manual de operaciones deberá:

a)Ser redactado de manera clara y precisa, explicando cómo debe actuar el franquiciado y las normas de funcionamiento de la cadena;

b)Sistematizar el knowhow o saber hacer, detallando paso a paso todos los aspectos que hacen al funcionamiento del negocio;

c)Definir los estándares de la cadena, para que todos los establecimientos de la red brinden la misma calidad y gama de productos o servicios;

d)Describir de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y en cuánto tiempo se hacen, señalando el personal responsable de llevarlas a cabo;

e)Contener una lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de productos o prestación de servicios;

f)Describir los requerimientos de control de calidad;

g)Fijar los horarios de apertura y cierre del local, determinando los cambios, de ser necesario, en las distintas estaciones del año;

h)Fijar la cantidad de empleados mínima para operar el negocio, determinando las funciones de cada uno;

i)Establecer los límites y el alcance del uso de las patentes y las marcas propiedad del franquiciante;

j)Informar sobre los libros de comercio, habilitaciones necesarias y demás documentación que el franquiciado debe cumplimentar;

k)Detallar de manera precisa las condiciones de compras de insumos y maquinarias así como también quiénes son los proveedores de los mismos.

El franquiciado deberá realizar su operatoria comercial de acuerdo a lo establecido en el manual de operaciones. La enumeración del presente artículo no es taxativa sino de contenido mínimo de todo manual de operaciones.

Art. 5º – Contrato de franquicia comercial. Habrá contrato de franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante, cede a otra denominada franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinado tipo de productos y/o servicios por un plazo determinado y en un territorio delimitado y exclusivo.

El contrato de franquicia comercial comprende por lo menos:

a)El uso de una denominación o rótulo común y una prestación uniforme de los locales objeto del contrato;

b)La provisión por el franquiciante del knowhow;

c)Prestación continua por el franquiciante al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato;

d)Derechos y obligaciones de las partes;

e)Condiciones de utilización por el franquiciado de símbolos pertenecientes al franquiciante;

f)Cláusulas de confidencialidad.

Art. 6º – Inscripción. Todos los derechos inherentes a la franquicia comercial enunciados en el artículo 2º, con excepción del knowhow, deberán estar debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 7º – Modalidades. La franquicia comercial puede ser:

a)Franquicia maestra. El franquiciante transmite al franquiciado principal los derechos de su franquicia para que la desarrolle dentro de un área geográfica de magnitud, a cambio de una contraprestación económica. El franquiciado principal deberá desarrollar y en su caso adaptar la franquicia dentro del territorio asignado, debe establecer un local piloto. Tendrá el derecho de subfranquiciar el negocio, debiendo cumplir con la obligación de inscribirse en el registro de franquiciantes del artículo 15;

b)Franquicia individual o formato de negocio. El franquiciante otorgará el derecho al franquiciado para que desarrolle un negocio que ha sido estandarizado y reducido a manuales, de tal forma que en conjunto con la asistencia del franquiciante, le permiten al franquiciado operar un negocio de manera exacta a como lo hace el franquiciante;

c)Franquicia córner. El propietario de un negocio destinará parte de su local, de manera exclusiva a una determinada marca. En la zona destinada sólo deberá haber productos con la imagen y la marca franquiciada. En este espacio, se venden los productos o se prestan los servicios objeto de la franquicia, según los métodos y las especificaciones del franquiciante.

Art. 8º – Plazo. El contrato de franquicia comercial deberá celebrarse por un plazo mínimo de tres años, renovable por iguales períodos.

Resolución anticipada. El franquiciado podrá, transcurridos los seis primeros meses de la relación contractual con el franquiciante, rescindir el contrato, debiendo notificar su decisión en forma fehaciente al franquiciante con una antelación mínima de sesenta días. El franquiciado, de hacer uso de esta opción, deberá abonar al franquiciante, en concepto de indemnización, la suma equivalente al 10 % de la suma abonada en concepto de canon de ingreso.

Art. 9º – Forma. El contrato de franquicia comercial deberá formalizarse mediante instrumento privado con firmas certificadas ante escribano público.

Art. 10. – Circular de oferta de franquicia (COF). Con una anticipación no menor a 20 días previos a la celebración del contrato de franquicia, el franquiciante deberá poner a disposición del potencial franquiciado con quien desee contratar, una circular de oferta de franquicia, la que deberá contener además de la fecha en la que se hace entrega y la firma del franquiciante o su representante, la siguiente información:

a)Identificación de la empresa franquiciante. De ser persona física, su apellido y nombre completo, nacionalidad, documento nacional de identidad, código único de identificación tributaria, domicilio comercial y teléfono. De ser persona jurídica, su denominación o razón social, tipo societario, fecha de constitución de la sociedad, número de inscripción en la Inspección General de Justicia, domicilio social y comercial y teléfono;

b)Nombre comercial del negocio objeto de franquicia;

c)Objeto comercial y actividad franquiciada;

d)Indicación de todas las franquicias concedidas y vigentes y los datos de los franquiciados necesarios para poder contactarlos;

e)Indicación precisa de juicios pendientes con franquiciados;

f)Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas, nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos y todo otro elemento registrable objeto de la franquicia comercial;

g)Copia certificada del certificado extendido por el Registro de Franquiciantes;

h)Balances, estados de resultados y memoriales de los últimos 3 años del franquiciante y de uno o más franquiciados en caso existir;

i)Especificaciones en cuanto a:

1.Inversión estimada para la adquisición y puesta en funcionamiento del sistema.

2.Monto del derecho de ingreso al sistema.

3.Monto estimado de la inversión en instalaciones, equipamiento y stock de mercaderías y bajo qué condiciones deberán realizarse;

j)El pago de regalías periódicas, con el respectivo detalle de bases de cálculos sobre las que se realizará;

k)El detalle de otras contribuciones, como montos de publicidad u otras especificaciones convenidas contractualmente;

l)Seguros mínimos exigidos;

m)Especificaciones en relación al territorio donde se desarrollará la franquicia, básicamente.

1.Si existe exclusividad y en su caso la delimitación de la misma.

2.Condiciones bajo las cuales el franquiciante y los franquiciados pueden o no realizar ventas telefónicas o por Internet, cuyo destino es en el territorio de exclusividad concedido al franquiciado:

n)Si existe exclusividad de aprovisionamiento por el franquiciante o por terceros y sus condiciones;

o)Duración y alcance de la capacitación. Detalle de la asistencia técnica, sistemas de supervisación de la franquicia y alcance de los controles;

p)Especificaciones sobre la situación del franquiciado luego de expirado el contrato en lo relativo a la confidencialidad y al deber de no competencia;

q)Modelo del contrato de franquicia comercial que regulará las relaciones entre las partes;

r)Plazo de duración del contrato y condiciones de renovación.

Art. 11. – Incumplimiento. El incumplimiento del franquiciante de la obligación consagrada en el artículo 10, sea en cuanto a la entrega de la COF, o a la inclusión o veracidad del contenido de la misma, dará el derecho al franquiciado a rescindir unilateralmente el contrato y a exigir la devolución pagada por todo concepto más una suma igual a las inversiones realizadas en cumplimiento del contrato, quedando subrogado el franquiciante en los derechos emergidos de tales inversiones. Deberá notificar al franquiciante de manera fehaciente su voluntad de rescindir dentro de los 30 días de verificado el incumplimiento.

Art. 12. – Principales obligaciones del franquiciante:

a)Adjudicar el derecho de explotar una unidad negocial u operativa en franquicia, transmitiendo al franquiciado cuando corresponda según la modalidad de franquicia pactada, la marca, signos distintivos, el knowhow, las técnicas e instrucciones y el sistema para operar;

b)Mantener al franquiciado en el uso pacífico de los elementos mencionados. Esta obligación se refiere tanto a las perturbaciones provenientes de terceros como del propio franquiciante;

c)Proporcionarle los manuales que contengan un detalle de los sistemas y procedimientos de operaciones de la franquicia de que se trate;

d)Proveer de asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia del contrato;

e)Proporcionarle especificaciones de relaciones con terceros, clientes, publicidad, promoción, diseño y equipamiento del local o locales, pautas contables, cursos de capacitación del personal, seguro de los bienes, atención al público;

f) En caso de imposibilidad de cumplir, por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, en tiempo y forma con los abastecimientos a los cuales se comprometió, deberá permitir –al franquiciado– comprar los productos en el mercado local previa autorización de la franquiciante, a condición de que mantenga las normas de imagen y calidad propias;

g)No podrá ceder el derecho a explotar la franquicia o parte de ella a terceros, en la zona geográfica estipulada contractualmente con el franquiciado;

h)Cobrar una regalía periódica razonable, calculada en función de la venta bruta del negocio franquiciado;

i)Actualización permanente del knowhow y las exigencias y tendencias del mercado.

Art. 13. – Principales obligaciones del franquiciado:

a)Aplicar los métodos comerciales elaborados por el franquiciante, así como sus sucesivas modificaciones y utilizar los derechos de propiedad industrial o intelectual concedidos;

b)Desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumpliendo las especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber de asistencia técnica;

c)Proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones que se hayan pactado o que sean adecuadas al objeto de la franquicia;

d)Permitir al franquiciante, que éste efectúe controles en sus locales objeto del contrato, incluyendo los productos comercializados y los servicios prestados, así como los inventarios y cuentas del franquiciado;

e)Comercializar productos o prestar servicios que exclusivamente cumplan con las especificaciones técnicas mínimas de calidad establecidas por el franquiciante en el manual de operaciones;

f)No fabricar, vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que sean objeto de la franquicia;

g)No utilizar el knowhow concedido por el franquiciante para otros fines que la explotación de la franquicia; el franquiciado podrá ser mantenido bajo esta obligación con posterioridad a la expiración del acuerdo;

h)No ejercer, ni directa ni indirectamente, un comercio similar en un territorio donde pudiera competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el franquiciante; el franquiciado podrá ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del contrato, por un período razonable no superior a un año, en el territorio donde haya explotado la franquicia;

i)Abonar los derechos de franquicia, regalías o canon de franquicia, contribuciones a fondo de publicidad y demás obligaciones económicas pactadas con el franquiciante;

j)No podrá ceder los derechos y obligaciones resultantes del contrato de franquicia, sin consentimiento expreso del franquiciante;

k)No adquirir participaciones financieras en el capital de una empresa competidora que daría al franquiciado el poder de influir la conducta económica y de mercado de dicha empresa.

Art. 14. – Responsabilidad ante los consumidores y usuarios por daños ocasionados por productos elaborados. El consumidor o usuario podrá exigir la totalidad del resarcimiento al franquiciante o al franquiciado, sin perjuicio de las respectivas acciones de repetición que hayan convenido las partes.

Art. 15. – Responsabilidad ante los consumidores y usuarios por daños derivados de la prestación de servicios. Franquiciante y franquiciado serán solidariamente responsables por los daños que ocasionen a los usuarios en la prestación de servicios.

Art. 16. – Registro. Créase el Registro de Franquiciantes (RF) en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, el cual resolverá en todo lo atinente a su organización y funcionamiento.

Art. 17. – Inscripción. Todas las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial bajo el sistema de franquicia comercial, deberán inscribirse en el Registro de Franquiciantes.

Art. 18. – Vigencia de la inscripción. La vigencia de la inscripción en el Registro de Franquiciantes será de 5 años, renovable por iguales períodos.

Art. 19. – Requisitos. Para inscribirse en el Registro de Franquiciantes, el interesado deberá presentar una solicitud, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)Establecer domicilio o representación legal dentro del territorio nacional;

b)Tipo societario, denominación o razón social. Estatuto legalizado con constancia de su inscripción ante la Inspección General de Justicia en caso de tratarse de una sociedad o matrícula de comerciante si se trata de una persona física;

c)Indicación precisa de juicios pendientes;

d)Descripción detallada del sistema franquiciado así como también de productos y/o servicios que franquicia, detallando si es elaborador, proveedor, importador, fabricante, distribuidor;

e)Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas, nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos y todo otro elemento registrable objeto de la franquicia comercial.

Art. 20. – Certificado de registro. Cumplidos los requisitos del artículo precedente, la autoridad de aplicación, extenderá el correspondiente certificado de registro de franquiciante.

Art. 21. – Conclusión del contrato:

a)Por acuerdo de los contratantes;

b)Por expiración del plazo contractual estipulado;

c)Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra del franquiciado;

d)Por decisión firme de autoridad competente que considere que el contrato incurre en prácticas restrictivas de la competencia;

e)Por las causales específicamente previstas en el contrato.

Art. 22. – La presente ley se aplica a los contratos de franquicia comercial y a los que, habiendo sido denominados de otro modo, presenten inequívocamente las características previstas en esta ley.

Art. 23. – Los actuales franquiciantes tienen el plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley para inscribirse en el Registro de Franquiciantes.

Art. 24. – El incumplimiento de las obligaciones que nacen de la relación contractual se regulará conforme al régimen de responsabilidad de los contratos que establecen el Código Civil y el Código de Comercio de la Nación. Asimismo, serán de aplicación según el tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente legislación: ley 24.240 de defensa del consumidor; ley 22.802 de lealtad comercial; ley 22.262 de defensa de la competencia; ley 24.481 de patentes; ley 22.362 de marcas y ley 11.723 de propiedad intelectual.

Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Consideraciones en general. En la necesidad encontrar nuevos canales de distribución de productos y servicios, los comerciantes fueron ensayando diferentes modalidades para llegar de una manera más directa a los consumidores finales de bienes y servicios. De este modo, los sistemas de distribución en general y las franquicias comerciales en particular, fueron el vehículo para concretar la expansión de un negocio exitoso y con ello llegar sin limitaciones a millones de consumidores. La franquicia comercial, entendida como el sistema a través del cual, el franquiciante elabora y aprueba un procedimiento comercial específico, ya sea para la distribución de bienes o la prestación de servicios, que después procede a otorgar el derecho de uso a los franquiciados, y que se materializa en función de un contrato de franquicia comercial entre dos empresas independientes, por el cual una, el franquiciante, a cambio de una compensación generalmente bajo la forma de una cuota inicial y/o cuotas periódicas otorga a la otra, el franquiciado, el derecho a comercializar bienes o prestar servicios bajo su marca y/o nombre comercial siguiendo el método comercial o los procedimientos que ha elaborado y probado de manera exitosa. Para que el franquiciado pueda actuar así, el franquiciante proporciona al franquiciado el saber hacer o knowhow requerido y la formación necesaria para emplearlo.

Este sistema, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1862, cuando la compañía Singer & Co. o Singer Sewing Machine Company, dedicada a la fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial para solventar las necesidades de distribución y cobertura de sus productos, y que además fue rápidamente imitada por empresas de diferentes rubros, especialmente en el área automotriz, hotelera y gastronómica.

El contrato de franquicia comercial, se ha desarrollado a lo largo de los últimos 40 años con creciente pujanza.

En nuestro país comenzó a desarrollarse a comienzos de la década de 1980 y en los últimos quince años su desarrollo ha sido incipiente. En 2005, el sistema de franquicias, generó ingresos por 7.872 millones de pesos, monto equivalente aproximado al 1,5 % del producto bruto interno y con una proyección creciente a 8.344 millones de pesos para el año 2006.¹

En otro orden de ideas, y para afirmar la importancia que tiene el sistema en las economías locales, en la Argentina, los sistemas de franquicias comerciales habrán generado para finales de 2006 la creación aproximada de 133.725 puestos de trabajo genuino.²

Como se puede advertir, las franquicias de distribución y de servicios generan crecimiento económico, aportan ventajas a los consumidores o usuarios de bienes o servicios, y contribuyen a mejorar la producción, comercialización y distribución de bienes y la prestación de servicios, así como a promover el progreso técnico o económico.

Sin embargo, el crecimiento de las franquicias comerciales, no ha sido acompañado por el derecho positivo, careciendo hasta el momento de un marco normativo que brinde seguridad jurídica tanto a las partes integrantes del sistema como a los consumidores finales de productos y servicios. Razón suficiente que amerita el dictado de una ley que brinde equilibrio y certidumbre a la relación.

En el proyecto se incluye la creación de un registro de franquiciantes (RF) donde se deberán inscribir aquellas personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado un modelo exitoso de negocio y que deseen franquiciarlo, debiendo cumplir los requisitos necesarios para obtener el certificado de franquiciante. Este certificado brinda al potencial franquiciado un marco de seguridad que su cedente es el verdadero titular de la marca, evitando la posible comisión de fraudes.

También se incluye la Circular de Oferta de Franquicia (COF), tomada como referencia de la legislación brasileña, las leyes españolas y normas federales de los Estados Unidos. La citada circular, permitirá al franquiciado conocer toda la información relevante de carácter legal y económica con suficiente antelación a la suscripción del contrato, con lo cual, podrá reflexionar su decisión de ser parte de la red de franquicia con todos los elementos a su alcance.

Este elemento es de vital importancia para el desarrollo de la relación dado que la veracidad y completitud de la información evitará posibles diferencias entre las partes, construyendo desde el comienzo una relación honesta y transparente. El incumplimiento del franquiciante dará lugar a la rescisión unilateral del franquiciado y la consecuente exigencia de la devolución de toda suma de dinero abonada así como también de las inversiones realizadas en el marco del contrato de franquicia suscrito.

Se fija como plazo mínimo de duración del contrato tres años, en compatibilidad con la Ley de Locaciones Urbanas, con la opción de resolución anticipada luego de transcurridos los primeros seis meses.

La onerosidad propia del contrato de franquicia comercial, impone al franquiciado las obligaciones pecuniarias a su cargo. Estas son, generalmente, la de abonar una suma fija en concepto de canon de ingreso al sistema y una regalía periódica sobre ingresos u otras bases de cálculos. Dichas formas de pago y cálculo de los montos a pagar deberán estar claramente fijadas en la Circular de Oferta de Franquicia y en el contrato.

Finalmente, como se puede advertir, podemos afirmar que la interrelación entre economía y derecho es claramente palpable. Y en esta sintonía, la transformación de nuestro sistema jurídico se encuentra en pleno desarrollo. Es por ello que si bien hasta nuestros días el sistema de franquicias ha adquirido tipicidad social, se impone la necesidad de darle consagración legislativa expresa y de este modo acompañar con previsibilidad y seguridad jurídica a las nuevas y cambiantes relaciones contractuales.

Consideraciones en particular. En el proyecto se incorpora, en el artículo 2°, el concepto legal de franquicia comercial a los fines de determinar de manera clara cuándo estamos frente a la misma, más allá de la denominación que utilicen las partes. Esto es de suma importancia, en virtud de que en la doctrina se han dado diversas definiciones, que si bien en general coinciden en su esencia, difieren en su alcance y contenido. De este modo queda fijado un concepto, evitando cualquier duda en cuanto si se está o no frente a una franquicia comercial. Además para seguridad del franquiciado, los derechos de propiedad industrial o intelectual deberán estar debidamente inscritos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (artículo 6°).

En el artículo 3° se conceptualiza el knowhow o saber hacer, elemento esencial de toda franquicia comercial, dado que allí se encuentra la fórmula del éxito comercial del negocio y que precisamente el franquiciante debe transmitir de manera completa, clara y precisa al franquiciado. Para la transmisión del mismo es de vital importancia el Manual de operaciones (artículo 4°) ya que es el lugar donde se hace tangible el saber hacer o knowhow. En el proyecto se realiza una enumeración mínima de los elementos que debe contener el Manual de operaciones; la misma es a los fines de garantizar al franquiciado la adquisición de un procedimiento exitoso y no una simple licencia de marca.

En el artículo 5° se declara expresamente cuándo habrá contrato de franquicia comercial, y las partes integrantes del mismo; se revela la onerosidad del contrato y la exclusividad y delimitación del territorio. Estos elementos garantizan al franquiciado la no competencia por parte del franquiciante o de otros franquiciados integrantes de la red.

Si bien esta obligación de no competencia se encuentra explícita dentro de las obligaciones del franquiciante en el artículo 12, se consideró elemental que quede dentro del concepto de contrato de franquicia, logrando de este modo que los franquiciados gocen de la seguridad, que por el plazo que dure la relación contractual que vincula a las partes, no sufrirán la competencia por integrantes de la misma red. Además, a los fines de brindar mayor claridad y calidad al sistema, se hace una enumeración de los requisitos indispensables que debe contener el contrato, asegurándose al franquiciado el uso de la marca y al franquiciante la garantía que sólo será utilizada bajo las condiciones por él impuestas, la provisión del saber hacer o knowhow y la asistencia técnica y comercial para que el franquiciado desarrolle con éxito la franquicia. Finalmente el deber de confidencialidad, es decir la obligación de secreto que debe guardar quien ha tomado conocimiento de una fórmula exitosa para realizar un negocio determinado. Esta obligación tiene en miras garantizar al franquiciante que su fórmula no sea utilizada ni divulgada una vez finalizado el contrato. Las partes regularán el alcance de la misma en función a las especiales características del negocio franquiciado.

En el capítulo II siguiendo la calificada doctrina, que en este punto es prácticamente unánime, se decidió enumerar las diferentes modalidades de franquicias. De esta forma se establece de un modo preciso cuáles son las variantes de franquicias por las que puede optar el titular de un negocio que desea utilizar el sistema de franquicias comerciales como vehículo para expandir su negocio.

El capítulo III contiene las condiciones de plazo y forma que deberá cumplir todo contrato de franquicia comercial. En el artículo 7° del proyecto, se establece como plazo mínimo del contrato de franquicia comercial el término de tres años. Esto obedece a compatibilizar el presente proyecto de ley con la Ley de Locaciones Urbanas, 23.091, en razón de que en general el franquiciado al momento de adquirir una franquicia comercial, opta por alquilar un local en una zona y con las características técnicas especificadas por el franquiciante. Es decir que se pretendió sintonizar los plazos mínimos y la opción a una resolución anticipada en función de que la locación del inmueble y la franquicia forman un conjunto generalmente inseparable. La opción de una resolución anticipada de la franquicia, responde a la necesidad que puede tener un franquiciado, que no ha logrado desarrollar con éxito la franquicia; además de nada serviría condenarlo al cumplimiento del plazo mínimo por el perjuicio económico que sufriría y el riesgo de desprestigio que podría provocar a la marca por una deficiente gestión, que en definitiva perjudicaría a la red en general y al franquiciante en particular.

Sin embargo, tendrá la obligación de notificar de manera fehaciente y con una antelación de sesenta días al franquiciante su decisión de resolver el contrato. Este deber de notificación permite al franquiciante prever con un tiempo prudencial las estrategias comerciales a seguir.

Se consideró esencial la incorporación al proyecto de ley, en su artículo 10, de una circular de oferta de franquicia (COF), la que debe ser entregada al franquiciado con una antelación no inferior de 20 días a la firma del contrato. Se fijó este plazo para que el franquiciado pueda evaluar y constatar la información otorgada por el franquiciante; en función de la misma podrá evaluar su decisión de incorporarse a la red. Se ha realizado una enumeración de contenido mínimo no taxativo de requisitos que debe contener la COF. Los datos que debe brindar el franquiciante al potencial franquiciado tiene como finalidad presentar, por un lado, de un modo formal la trayectoria y antecedentes del titular del negocio exitoso. Pero también es de suma importancia que el interesado en incorporarse a la red comercial conozca, con la mayor certeza posible, cuáles son las condiciones comerciales y económicas que lo vincularán con el franquiciante. En la COF no se incluye información relacionada con el giro del negocio, knowhow o saber hacer porque podría ser perjudicial, para el franquiciante, revelar detalles de un procedimiento exitoso y que posteriormente el interesado no concrete la operatoria.

En el artículo siguiente, se regula lo referente al incumplimiento de la entrega o la deficiente o falaz información contenida en la COF. Esta circunstancia otorga el derecho al franquiciado a rescindir el contrato de franquicia y a exigir la devolución del dinero pagado por todo concepto. El proyecto pretende otorgar un marco de seguridad al franquiciado que realiza una importante inversión, en la convicción de la veracidad de la información otorgada por el franquiciante. De este modo, indudablemente, se proyecta mejorar la seriedad y calidad del sistema.

Como se establece en el artículo 5°, es elemental en el contrato de franquicia comercial establecer los derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo se considera fundamental establecerlas, prima facie legalmente, sin perjuicio de su ampliación y desarrollo por las partes. Esto es así en miras a desalentar abusos por parte del franquiciante y además que el franquiciado sepa que la ley otorga derechos y deberes esenciales que no podrán ser alterados.

En sintonía con la Ley de Defensa del Consumidor se establece en el capítulo VI que el usuario o consumidor que sufra un daño por el uso o consumo de bienes o servicios objeto de un contrato de franquicia podrá ejercer la totalidad de su reclamo al franquiciante o al franquiciado, sin perjuicio de las acciones de repetición que se hayan acordado contractualmente. En este sentido, se aspira a que el franquiciante integre a su cadena franquiciados solventes que ofrezcan garantías suficientes para hacer frente a posibles litigios. Es recomendable además que se exija un seguro de responsabilidad civil para que se cubran potenciales eventualidades. Con esta incorporación se intenta otorgar claridad desde un comienzo a la relación y advertir cuáles son los riesgos de integrar un sistema de franquicias para anticipar mecanismos de prevención.

Con la finalidad de evitar que comerciantes oportunistas ofrezcan bajo la modalidad de franquicias comerciales negocios que no cumplen con los requisitos elementales de la figura previstos en el presente proyecto, se propone en el artículo 16 la creación de un registro de franquiciantes (RF) con el objeto de que aquellas personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar un sistema de franquicias se inscriban en el mencionado registro. El registro expedirá un certificado que tendrá una duración de cinco años y podrá ser renovado. Será obligación del franquiciante adjuntar copia del mismo en la COF.

La finalidad perseguida es asegurar a potenciales inversores que aquella franquicia en la que pretenden invertir, se encuentre debidamente registrada, proporcionando mayor seguridad y garantía de que está en frente de una verdadera franquicia y no de algún comerciante especulador que sólo pretende acrecentar sus activos a costa, muchas veces, de pequeños inversores.

Con el presente proyecto se pretende potenciar al máximo los aspectos positivos de esta modalidad de comercialización, que necesita hoy para su eficaz funcionamiento de una normativa que garantice el adecuado comportamiento de todos los agentes del sector y cuya consecuencia directa será un mejor funcionamiento del sistema. Es además objetivo del presente proyecto, proporcionar reglas de juego equilibradas y transparentes entre grandes y pequeños comerciantes que se enmarcan dentro de un contrato de franquicia comercial.

Para concluir, afirmamos que el Estado debe intervenir necesariamente en la regulación de ciertas actividades comerciales que por sus especiales características han quedado al margen del derecho positivo. Esto ha sucedido con el régimen de franquicias comerciales, por esta razón surge la necesidad de regular específicamente dicho sistema, otorgando un marco de equidad y equilibrio en las relaciones de las partes integrantes. Para esto se busca adecuar la legislación a la realidad de los mercados actuales.

–A las comisiones de Legislación General y de Industria y Comercio.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.509, por el siguiente texto:

Artículo 1º: Créase el derecho real de superficie forestal, constituido a favor de terceros superficiarios, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura y fruticultura, de conformidad a lo establecido por la presente ley.

El derecho real de superficie forestal y frutícola se proyecta en el subsuelo o sobresuelo, quedando a salvo los derechos constituidos o a constituirse a favor de otros terceros en estos espacios, siempre que los mismos estén regidos por leyes o regímenes especiales.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.509, por el siguiente texto:

Artículo 2º: El derecho real de superficie forestal y frutícola es un derecho real autónomo y temporario sobre cosa propia, que otorga el derecho de usar, gozar –ya sea por sí o por otro– gravar y disponer ampliamente de las plantaciones resultantes de la actividad forestal o frutícola, realizada en relación con los inmuebles mencionados en el artículo 1º, los que no podrán tener otro destino mientras se encuentre vigente el derecho real de superficie que se hubiere constituido.

A los fines de la presente ley, las plantaciones, en su sentido más amplio, son consideradas cosas muebles, aplicándose a las mismas las normas previstas en el libro tercero, título I del Código Civil.

Los inmuebles gravados con el derecho real de superficie forestal –dentro del área afectada– no podrán tener otro destino que el de la forestación o silvicultura mientras se encuentre constituido y vigente el mencionado derecho real de superficie.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.509 por el siguiente texto:

Artículo 3º: El propietario del inmueble en relación al cual se ha constituido el derecho real creado por la presente ley conserva el derecho de disponer de él en cualquiera de sus formas, debiendo el adquirente respetar el derecho real de superficie establecido con arreglo a la misma el que es también oponible a los acreedores del propietario a los del nuevo adquirente, según el caso.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.509 por el siguiente texto:

Artículo 4º: El propietario del inmueble sobre el que haya constituido el derecho real de superficie no podrá constituir sobre los terrenos o espacios alcanzados por la propiedad superficiaria, total o parcialmente, ningún otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del superficiario; si lo hace el superficiario puede exigir el cese de esa perturbación.

Si el derecho real de superficie se refiere solamente a una parte del inmueble, el propietario podrá ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto del mismo, en la medida que ello no signifique una perturbación al superficiario.

Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley 25.509 el siguiente:

Artículo 4º bis: El derecho real de superficie puede tener una extensión mayor que la que sea necesaria para la forestación, silvicultura o fruticultura de que se trate, siempre que la misma sea de utilidad para el mejor aprovechamiento de este derecho real.

Art. 6º – Incorpórase como artículo 4º ter de la ley 25.509 el siguiente:

Artículo 4º ter: Si el inmueble del propietario que constituye el mencionado derecho real fuera un inmueble encerrado, nacerá para el superficiario una servidumbre de tránsito de carácter legal, que podrá ser aparente o no y que gravará los inmuebles vecinos con salida a la vía pública, en beneficio del fundo encerrado. El superficiario y el propietario acordarán la forma y demás detalles de la mencionada servidumbre, pudiendo aplicarse supletoriamente las normas específicas del Código Civil.

Art. 7º – Modifíquese el artículo 5º de la ley citada en los artículos anteriores, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5°: El derecho real de superficie forestal se constituye por contrato, oneroso o gratuito y también por disposición de última voluntad. En todos los casos será instrumentado por escritura pública.

Cuando el terreno apto para el desarrollo de las actividades previstas en la presente ley se encuentre libre de plantaciones, el propietario podrá atribuir a terceros el derecho de plantar en el mismo y hacer suyo lo que allí crezca, mediante un contrato elevado a escritura pública donde se contemple la posterior e inmediata constitución del derecho real de superficie cuando las plantaciones se hayan logrado.

En todos los casos, los derechos reales de superficie deberán ser inscritos a los efectos de su oponibilidad a terceros interesados, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un nuevo folio correlacionado con la inscripción dominial antecedente.

Art. 8º – Incorpórese como artículo 5º bis de la ley 25.509, el siguiente texto:

Artículo 5º bis: No es requisito constitutivo de la adquisición del derecho real de superficie forestal y frutícola la tradición del inmueble sobre el cual existen o existirán las plantaciones, el que continúa en posesión y dominio del propietario constituyente de dicho derecho real.

Art. 9º – Reemplázase el texto del artículo 6º de la ley 25.509 por el siguiente texto:

Artículo 6°: El derecho real de superficie forestal y frutícola tendrá un plazo máximo de duración de cincuenta (50) años, renovable por los contratantes o sus herederos al cabo de dicho período o el plazo resultante de los proyectos forestales, silviculturales o frutícolas, en función de aquel que sea requerido por las especies arbóreas o arbustivas objeto de los mismos.

Art. 10. – Modifíquese el artículo 7º de la ley 25.509 por el siguiente texto:

Artículo 7°: El derecho real de superficie forestal no se extingue por la destrucción total o parcial de lo plantado, cualquiera fuere su causa, siempre que el superficiario realice nuevas plantaciones dentro del plazo de tres años, contados desde la destrucción total o parcial, salvo convención en contrario.

Art. 11. – Modifíquese el artículo 8º de la precitada ley, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 8°: El derecho real de superficie forestal se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo contractual, cumplimiento de una condición resolutoria pactada, consolidación en una misma persona de las calidades de propietario y superficiario, o por el no uso durante tres años, salvo estipulación en contrario.

En estos supuestos se aplicarán a las propiedades superficiarias de plantaciones existentes las normas previstas en el libro tercero, capítulo VII del Código Civil, relativas al dominio revocable sobre inmuebles, en tanto no sean incompatibles con las de la presente ley.

Art. 12. – Incorpórase como párrafo segundo (2º ) del artículo 11 de la ley 25.509, el siguiente:

En caso que la extinción se produzca por dolo del propietario o sus herederos, éstos deberán abonar al superficiario una indemnización, la que se regirá por las normas del Código Civil, y se fijará no sólo en la medida del daño causado sino también del enriquecimiento que se hubiere operado a favor de los mismos.

Art. 13. – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley mencionada en los artículos anteriores el siguiente:

Artículo 11 bis: En caso de extinción por cualquiera de las causales previstas en la presente ley, bastará para la cancelación registral de la inscripción del derecho real de superficie y a los efectos de la consolidación del dominio en cabeza del propietario, la simple presentación de éste ante el registro de la propiedad correspondiente, siempre que la causal invocada resultare del instrumento que se acompañe ante el organismo registral, no siendo necesaria en este caso la intervención judicial para hacer cesar la inscripción originaria.

Art. 14. – Incorpórase como artículo 11 ter de la ley 25.509, el siguiente:

Artículo 11 ter: Los superficiarios podrán defender el derecho del que son titulares y la relación real que tengan sobre las plantaciones del ataque de terceros o del propietario, mediante el ejercicio de la acción real reivindicatoria, las acciones posesorias y los interdictos, según el caso, a cuyos efectos se aplicarán las normas del Código Civil y de los códigos procesales respectivos.

Art. 15. – Incorpórase el artículo 11 quáter de la precitada ley, conforme el siguiente texto:

Artículo 11 quáter: En caso de daños ocasionados a la propiedad superficiaria por la acción del propietario o de terceros se aplicarán las normas del Código Civil relativas al derecho de daños, siempre que en el primer supuesto no se ocasione la extinción de derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Art. 16. – Incorpórase a la ley 25.509 el artículo 11 quinquies, según el siguiente texto:

Artículo 11 quinquies: Será inaplicable el instituto de la prescripción adquisitiva a la adquisición del derecho real de superficie y sobre el inmueble de propiedad del constituyente, mientras subsistan las plantaciones y dicho derecho real se encuentre vigente.

Art. 17. – Modifíquese el artículo 12 de la ley precitada, según el siguiente texto:

Artículo 12: Deróguese a los fines de la presente ley el artículo 2.614 del Código Civil, en lo que respecta a la prohibición de la constitución del derecho real de superficie allí prevista.

Art. 18. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.509.

Art. 19. – Modifíquese el artículo 14 de la ley 25.509 según el siguiente texto:

Artículo 14: La presente ley es complementaria del Código Civil y de la Ley de Inversiones en Bosques Cultivados 25.080 y/o de la ley que la sustituya o prorrogue.

Art. 20. – Incorpórese como artículo 14 bis de la ley antes mencionada, el siguiente texto:

Artículo 14 bis: Queda derogado a los fines de la presente ley el artículo 2.519 del Código Civil en todo lo que hace a las plantaciones que existieran en un inmueble apto para el desarrollo forestales, silviculturales y frutícolas, si su propietario constituyó a favor de terceros el derecho real de superficie de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Este proyecto no pretende introducir un tema nuevo en el debate parlamentario: se trata de una reforma a la ley 25.509 que creara el derecho real de superficie forestal con el objetivo de contribuir  –mediante este instituto jurídico– al régimen instituido por la ley 25.080, que promueve las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes; y mejorar –con la experiencia habida en los años de su aplicación– algunas de sus disposiciones.

Asimismo, busca la extensión del campo de aplicación de la ley hacia la actividad frutícola, actividad productiva que presenta ciclos extendidos, a semejanza de la forestal, pero que no se encuentra prevista en esta ley hasta el presente. Y tiene un gran impacto sobre las economías regionales extrapampeanas, como la de mi provincia, San Juan.

Paso a citar el largo trayecto legislativo de esta propuesta, según los siguientes antecedentes:

– Proyecto S.-1.406-2005: Nélida Martín/Sonia Escudero, que a la vez, reprodujera los proyectos de ley S.-1.868/02 sobre Derecho Real de Superficie Frutícola, de los senadores Nélida Martín y José Luis Gioja (San Juan); y del S.-1.477/02 de la senadora Sonia Margarita Escudero (Salta). Estos fueron refundidos en un dictamen final de la comisión que tuvo sanción del Honorable Senado de la Nación el 4 de diciembre de 2003, pasando a la Honorable Cámara de Diputados para su revisión con el número C.D.-360/03.

– A su turno, este proyecto caducó en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento en término; pero, finalmente, su texto fue aprobado el 7 de julio de 2005 con ligeras modificaciones como proyecto de ley de la diputada Narducci. Ingresó a esta Honorable Cámara de Senadores bajo el número C.D.- 36/2005, pero finalmente caducó el pasado 28 de febrero de 2008.

– Por su parte, la senadora Escudero ha reproducido el citado proyecto S.-1.406/2005 que tiene estado parlamentario bajo expediente S.-1.615/07.

– Entre el año 2006 y 2007 he presentado por lo menos cuatro notas a la Comisión de Legislación General solicitando el tratamiento del tema, sin haber tenido mayores respuestas.

– Toda vez que resulta un tema que debe ser analizado en comisión, dado que modifica un derecho real, no quise solicitar su tratamiento sobre tablas.

Los extensos antecedentes me eximen de una explicación detallada de este proyecto, que en definitiva recoge la media sanción que enviara la Honorable Cámara de Diputados bajo expediente C.D.-36/2005, cuyo texto considero que ha sido el resultado de amplios debates en comisión, con el aporte de relevantes especialistas en la materia. Finalmente, se pretende que los ajustes realizados en el texto legal, contribuyan a un mayor y mejor uso de este instituto, y que a su vez ello contribuya a la diversificación de la producción forestal y frutícola.

La relevancia que el tema presenta para una provincia como la que represento y otras que comparten, por ejemplo, la dedicación a una intensa actividad en el sector frutícola –con sus agroindustrias derivadas– me permito insistir en su tratamiento, con la expectativa de que este honorable cuerpo pueda acompañar y sostener esta propuesta hasta su sanción.

–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que se realizará el martes 8 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En dicha oportunidad, se distinguirán a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de la cultura cuyana: Jorge Marziali, de Mendoza, y Viviana Castro, de San Juan.

María C. Perceval.– Ernesto R. Sanz. – Mónica R. Troadello. – Roberto G. Basualdo. – Marina R. Riofrio.

Señor presidente:

La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y turísticos, merece tener una presencia destacada en el ámbito nacional. Por ello, es necesario propiciar la mayor divulgación de las manifestaciones culturales y artísticas cuyanas. En ese contexto, se inscribe la realización del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, que tendrá lugar el próximo 8 de abril, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El reconocimiento y difusión de la cultura popular implica un compromiso con nuestra identidad. La distinción de reconocidos y reconocidas representantes de los diversos ámbitos –como, en este caso, de la música y las letras– constituye, en este sentido, un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta parte de la historia de todas y todos los argentinos.

En esta oportunidad, serán distinguidos Jorge Marziali, de la provincia de Mendoza, y Viviana Castro, de la provincia de San Juan.

Jorge Marziali es juglar, poeta y compositor. Su primer trabajo discográfico apareció en 1983 bajo el título de Como un gran viento que sopla y desde ese momento ha recorrido todo el país, alternando sus recitales con charlas y conferencias en diversas universidades, escuelas y centros culturales.

En 1986 el disco Marziali cerca nuestro le permite afianzar definitivamente un espacio dentro de la nueva canción argentina. Obras como Los obreros de Morón, Cebollita y huevo, Este Manuel que yo canto o Coplas de la libertad ganan el gusto popular tanto en nuestro país como también en Chile, Uruguay, México y Venezuela.

Marziali de diario, su tercer trabajo discográfico (con portada de Hermenegildo Sábat) contó con la presentación de María Elena Walsh quien dijo: “Yo elijo a Marziali, porque nos devuelve una partecita de lo expropiado, que es casi todo…”. Haciendo alusión a esa capacidad para hacer un compás de espera cuando los tiempos políticos enrarecen el aire sobre el que vuela la cultura popular. Corría el año 1990.

En 1994 Jorge Marziali es llamado para componer las canciones del largometraje El general y la fiebre, del director Jorge Coscia, donde además, debuta como actor.

En noviembre de 1997 obtuvo el primer premio para el rubro Canción en el certamen organizado por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Multisectorial de Apoyo a Cuba, sobre el tema Treinta años del Che Guevara. En esa oportunidad hizo una presentación en La Habana.

En 1999 edita Miradas, su cuarto álbum de estudio, y es declarado “Maestro del Alma” por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras de sus obras son ¿Y por qué?, disco presentado en el año 2000, y Conurbanos.

Asimismo, la reconocida intérprete cuyana, Viviana Castro, considerada una de las leyendas vivientes del folklore de Cuyo, quien ha compartido escenario con los mejores cantores y ha interpretado la música de grandes compositores del folklore argentino, será distinguida en este edición del ciclo “Para el tiempo de cosecha”.

Cabe señalar que con la realización de este acto se le otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de cosecha” iniciado en marzo de 2006, en el Salón Manuel Belgrano y que se repitió en abril del año 2007 en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Este ciclo contribuye a la difusión de la cultura cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, estrechamente unidas histórica y culturalmente.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

María C. Perceval.– Ernesto R. Sanz. – Mónica R. Troadello. – Roberto G. Basualdo. – Marina R. Riofrio.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas y Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios a los efectos de proceder a la ejecución urgente de trabajos de mantenimiento y conservación de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre Campo Quijano y el Paso de Sico de la provincia de Salta, límite con la República de Chile.

Señor presidente:

La ruta nacional 51 en su recorrido de 296 km une la ruta nacional 68 desde la rotonda de Limache en Salta ciudad hasta el Paso de Sico, en el límite con la República de Chile. Es ocioso, en consecuencia, enfatizar la importancia de este tramo de carretera en el orden nacional y el interés que debe existir por proceder a la ejecución urgente de los trabajos de mantenimiento y conservación de esta vía, en el sentido de asegurar a los automovilistas que viajar por este trayecto no signifique poner en peligro su integridad física o destrozar su unidad.

La intransitabilidad de varios tramos de la ruta nacional 51 ha llegado a un punto tal de gravedad que su condición ya ha tomado estado público. En efecto, los medios de comunicación han registrado una protesta espontánea de 200 camioneros, los que con sus respectivos vehículos cortaron esta ruta nacional en el paraje Río Blanco de la localidad de Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta.

Es válido señalar que los manifestantes de esa queja no responden a ningún sindicato, ni organización gremial o política; son trabajadores que cumplen sus funciones de choferes y que pertenecen a quince empresas que trabajan en la región de la puna salteña en el rubro minero. Asimismo, resulta legítimo y conveniente aclarar que –ante el estado deplorable de la ruta–, los conductores de los transportes no demandaban mejoras por el daño que sufren los vehículos, porque temían poner constantemente en riesgo sus vidas.

De todos modos y aunque no se han manifestado en la protesta, la obligación del Estado nacional es garantizarles transitabilidad segura a las compañías que están invirtiendo sus recursos y esfuerzos en este país, las que en la actualidad se sienten perjudicadas sensiblemente en su patrimonio e intereses, por el deterioro que se produce en las unidades automotor.

Asimismo, esta región cuenta con una gran afluencia de visitantes, por lo cual también se siente altamente afectada la actividad turística que, como todos sabemos, se ha convertido en los últimos años en una constante fuente de ingresos genuinos. No tener acceso libre en esta zona por la dificultad de transitar de forma segura, hace que se vean limitadas sus posibilidades de desarrollo.

Como dato ilustrativo, y a los efectos de dar una imagen sobre el escenario del que estamos hablando, es dable mencionar que la zona de La Encrucijada fue azotada hace un año por un alud que la devastó; sin embargo, al día de la fecha los guardarails siguen estando sueltos y al aire, sin reposición ni arreglo alguno. El socavón sobre el pavimento dejó muchas grietas y las lluvias amenazan con hacer sucumbir ese tramo de la ruta. Lo mismo ocurre en el tramo comprendido desde Salta ciudad, San Luis, La Silleta hasta Campo Quijano, donde la ruta está muy deteriorada.

Para finalizar, señor presidente, no existe un fundamento más explícito para acompañar una iniciativa parlamentaria, que el pedido de prevenir accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de las personas. En función de ello, insto a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto, a fin de que esta Honorable Cámara comunique al Poder Ejecutivo que vería con agrado la ejecución urgente de las obras de mantenimiento y conservación de esta importante vía nacional.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación del bambú.

Art. 2º – Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo del Bambú (Probambú).

Art. 3º – El Probambú tendrá como objetivos básicos, no excluyentes de otros que pudieren surgir en el curso de su desarrollo, los siguientes:

1.Difundir las características y beneficios del cultivo del bambú.

2.Entender en todo lo referente a la investigación relacionada con los aspectos biotecnológicos, agronómicos y sanitarios de dicha planta, especialmente las especies autóctonas.

3.Realizar estudios censales de las diferentes especies de bambú nativas existentes y las exóticas a implantar en la Argentina.

4.Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional en tecnologías agronómicas e industriales basadas en la utilización del bambú.

5.Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en el desarrollo de emprendimientos productivos a través del empleo del bambú como materia prima.

6.Establecer convenios de cooperación con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.

7.Coordinar con las autoridades jurisdiccionales las normas y recomendaciones fitosanitarias y de bioseguridad que se requieran para el cuidado y la protección de las personas, de los ecosistemas y del medio ambiente con relación a estos cultivos.

8.Actuar como organismo de asesoramiento técnico en todo lo referido al aprovechamiento sustentable de las distintas especies y variedades de bambú.

9.Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e internacionales, sobre los avances y desarrollos de la cadena de valor del bambú que se están cumplimentando en la República Argentina, por los distintos medios de difusión o a través de campañas organizadas al efecto.

Art. 4º – El Probambú tendrá como responsable directo de la administración a un/a director/a del programa, asistido por cinco áreas técnicoprofesionales:

1.Biotecnología.

2.Tecnología agrícola.

3.Industrialización y comercialización.

4.Formación, capacitación y difusión.

5.Conservación de la biodiversidad.

El director/a del Probambú será designado/a por el Ministerio de Economía y Producción a propuesta de una terna elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos de responsables coordinadores de las áreas técnicoprofesionales serán cubiertos a través de llamados a concurso de antecedentes, de acuerdo con la normativa vigente que regula la administración pública nacional.

Art. 5º – El Probambú se financiará con las partidas presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y fondos especiales provenientes tanto de instituciones nacionales y provinciales, sean públicas o privadas, como de organismos internacionales.

Art. 6º – El Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, será la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 7º – En lo que es de su competencia, la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, deberá emitir, por escrito, su opinión técnica para las medidas de protección ambiental referidas a las especies y/o variedades autóctonas, y en especial las endémicas, que cuenten con medidas de preservación especial a nivel nacional e internacional y que son objeto de un aprovechamiento comercial sustentable en base a los objetivos de la presente norma legal.

Art. 8° – Probambú podrá prestar asistencia técnica y ayuda económica o financiera a los proyectos que presenten personas físicas o jurídicas, emprendedores cooperativos, comunidades locales u aborígenes, instituciones con personería jurídica, gobiernos municipales o Estados provinciales. Los mencionados proyectos deberán ser previamente evaluados y aprobados de acuerdo con las disposiciones que fije el decreto reglamentario y las posteriores normas complementarias emanadas por las áreas técnicoprofesionales mencionadas en el artículo 4°.

Art. 9º – La autoridad de aplicación coordinará con instituciones oficiales y entidades bancarias públicas o privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de cultivo de bambú. Asimismo, la autoridad de aplicación concentrará información sobre otros programas de fomento, subsidios, promoción, desgravaciones impositivas, asistencia técnica y financiera, etcétera, susceptibles de ser aplicables a los sujetos beneficiarios del artículo 8º de la presente ley, facilitando el acceso a los mismos y asistiendo en los procesos de solicitud y tramitación de los mismos.

Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días a partir de su promulgación.

Art. 11. – Invítase a las provincias a dictar medidas de promoción similares a las estatuidas en la presente ley.

Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

De todos los proyectos que se gestaron entre China y la Argentina, uno tiene suma trascendencia para nuestro país: la producción de bambú. En el año 2005, la Secretaría de Agricultura, a través de la resolución 866/05, lanzó un proyecto para promover aquí la utilización de una especie que en la lejana Asia tiene trece siglos de historia, infinidad de usos y un comercio floreciente, que llega a los 15.000 millones de dólares anuales.

Así se creó en Argentina el Foro Nacional para el Desarrollo Integral del Bambú en el ámbito de la citada secretaría, el que cuenta con la representación de varias provincias.

Más de la mitad de la humanidad utiliza a diario el bambú, debido a que se presenta como una alternativa ante materiales más costosos y tal vez en el futuro su utilización sea en forma masiva, como fuente de energía y reemplazo de madera de árboles, por tratarse de un material fácilmente renovable.

El bambú presenta una amplia gama de aplicaciones que va desde la alimentación, vivienda, trabajo, usos en la agricultura, transporte, caza, música, y usos industriales. Esto demuestra la gran importancia que puede llegar a tener esta especie, aún poco conocida para los occidentales.

Existe una amplia variedad de productos que se han originado a partir del bambú: sólo en China se registra una diversidad que asciende a los 5.000 productos diferentes, muchos de éstos desarrollados a pequeña escala y en algunos casos con fines de autoconsumo; sin embargo la tendencia va enfocada al uso del bambú en productos de consumo masivo, que están incidiendo en forma gravitante en las economías asiáticas.

Algunos ejemplos de importancia, en el uso masivo del bambú son:

– Vivienda y construcción: más de 1 billón de personas habita en casas de bambú, alcanzando en algunas regiones del mundo hasta un 73 % de incidencia (Bangladesh). Asimismo, las propiedades antisísmicas del mismo han contribuido a valorizar este material desde el punto de vista estructural. En el caso de Colombia, después del terremoto del año 1998 en la zona de Armenia, las viviendas que registraron menores daños fueron las construidas con estructuras de bambú, lo que significó un auge para este tipo de construcción. Por otra parte, recientemente en Alemania estudios de normas técnicas de construcción han aceptado, dentro de estrictas normativas, la utilización del bambú como material apto para la construcción.

– Los cortos ciclos de cosecha del bambú –que fluctúan entre 2 y 6 años–, son al menos 15 veces inferiores a los ciclos de rotación de los árboles forestales. Intensivos sistemas silviculturales, la utilización casi integral de la materia prima y la gran cantidad de productos y procesos que se requieren para su transformación son factores preponderantes para ser considerado como un recurso altamente intensivo en la absorción de mano de obra.

– Las bajas inversiones de capital, en consideración a que existe maquinaria especializada para el bambú de bajo costo de adquisición, convierte a la industria del bambú en una opción favorable para la creación de microempresas y para programas de desarrollo en países que tienen altas necesidades de generación de empleos a nivel rural. Este es el caso de China, Filipinas, Indonesia, Tailandia e India.

– El rol ambiental del bambú, la alta tasa de reposición de los bambúes, su gran diversidad y adaptabilidad, hacen de esta especie una atractiva alternativa para impulsar el desarrollo socioeconómico, y disminuir el impacto ambiental al bajar la presión de utilización sobre los bosques, especialmente en áreas rurales tropicales y subtropicales de países en desarrollo.

– Las restricciones a la poda de bosques naturales que se han realizado en China, han generado en estos últimos años un dinámico impulso por crear plantaciones artificiales de bambúes, cubriendo así sectores anteriormente deforestados. De la misma manera, el bambú muestra un gran potencial para detener procesos erosivos, ya que cuenta con un complejo sistema de rizomas con gran capacidad de retención de suelos, es capaz de crecer en fuertes pendientes y además es de rápida cobertura en terrenos deforestados.

Asimismo, las formaciones de bambú cumplen un importante rol en el control de riberas y taludes. Luego del fenómeno climático conocido como “El Niño”, en Ecuador, en el año 1998 se verificó la eficiencia del bambú como vegetación protectora en aquellas riberas cubiertas con cultivos o formaciones naturales de estas especies.

Otro aspecto importante a tener en consideración es la alta tasa de crecimiento de estas especies, lo que implica una dinámica actividad fisiológica. Esto ha llevado a que los bambúes sean considerados como un elemento de notable importancia para el balance de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. Actualmente se desarrollan en Colombia estudios para cuantificar el efecto del bambú como capturador del carbono atmosférico.

Como dijimos, el bambú tiene variados usos: en muchos casos se come (genera brotes similares a un palmito). O se tala para hacer madera (bien tratado, es más duro que el roble). O para fabricar papel (en India y China es el insumo excluyente). O se lo procesa para obtener fibras textiles, que de tan cotizadas son las preferidas por los jugadores de golf en todo el mundo. O se lo usa para obtener ciertos químicos. O para generar biocombustibles.

Según el coordinador del foro, Carlos Alvarez: “El bambú tiene más de 4.000 usos y se utiliza en más 100 industrias”. Para este funcionario, sin embargo, la función más relevante del bambú es el “servicio ambiental” que genera su plantación. A lo largo de la historia, los asiáticos han comprobado sus virtudes como reparador de los suelos y como sustituto ideal de los diezmados bosques nativos. Por cierto, estas plantas crecen mucho más rápido que cualquier árbol. En 6 meses pueden llegar a 20 metros. Y tienen una vida útil de unos 150 años.

El bambú es el árbol de mayor crecimiento de todo el planeta, quizás la criatura viva que más rápidamente crece, tanto así que en Japón se usa aún hoy en día como materia prima y se le da una importancia aún mayor que al cemento, acero o al silicio de los semiconductores.

El bambú ya es considerado –a nivel mundial– un excelente sustituto de la madera, con mejores propiedades y miles de aplicaciones comerciales (como vimos, casas, pisos, paneles, papel, vinagre, carbón, postes, vigas, tarimas, esterillas, defensas, contención de costas de ríos, cerveza, muebles, ropa, barcos, bicicletas, telas, comida, columnas, etcétera).

En la Secretaría de Agricultura imaginan para dentro de algunos años que una buena porción de las hectáreas forestables de que dispone la Argentina –en especial en zonas áridas o directamente desérticas–, estén cubiertas de bambú, y a su lado florezcan fábricas o talleres artesanales. “Puede ser una alternativa muy interesante para las áreas más marginales, y una de las claves para la inclusión social que persigue el gobierno”, afirmó Alvarez. En la lejana China, de este cultivo viven 7 millones de personas, y otras 27 millones lo hacen en India.

Es por eso que ya hace un tiempo, Agricultura inició los trámites para importar 135 variedades de las 1.300 que existen de bambú en el planeta. La intención es realizar ensayos agronómicos en diferentes zonas, a través del INTA y las universidades. Luego de esa selección, podría generarse la oferta necesaria para encarar los primeros emprendimientos. En Chile, Colombia, Ecuador y Centroamérica hay múltiples experiencias. Y en Brasil, una papelera explota 360 hectáreas.

En diciembre del año pasado, una empresa taiwanesa presentó en el mercado una computadora notebook realizada con bambú. Esto nos da una pauta de que el mercado que el bambú nos ofrece tiene todavía límites desconocidos, pero ciertamente prometedores.

Asimismo, cosechar bambú no daña el medio ambiente como los procesos con madera procedente de árboles. Esto se encuentra muy a tono con la reciente sanción de la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Lo que este proyecto implica es una excelente manera de coadyuvar al cumplimiento de esa ley: mientras conservamos el pulmón de nuestra nación, seguimos obteniendo los producidos de la madera, y recuperamos tierras hoy afectadas por la deforestación.

Un dato muy importante que nos marca una clara diferencia con el aprovechamiento de madera proveniente de los árboles, es que el bambú no se tala, sino que se poda. Esto actúa como un elemento crítico para el equilibrio de oxígeno (O₂) y dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera.

El bambú es la planta de crecimiento más veloz del planeta, ya que crece tres veces más deprisa que la mayor parte de las especies de eucalipto y se puede obtener cuatro cosechas por cada una de eucalipto. La maduración de las especies comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente, se pueden realizar múltiples cosechas cada dos años, hasta un máximo de 120 años en algunas especies e indefinidamente en otras.

El bambú ocupa también un lugar muy destacado en la producción de biomasa, y llega a rendir hasta 40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza su cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y resistencia con bajísima contaminación de azufrados y otros tóxicos (15% sobre las plantas tradicionales).

Por otro lado, se aprovecha íntegramente, desde la raíz hasta las hojas (la laca vegetal por sus múltiples aplicaciones).

Los cortos ciclos de cosecha del bambú (que son varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las tradicionales especies forestales), la gran actividad silvicultural, la utilización casi integral de la materia prima y la gran cantidad de productos y procesos que se requieren para su transformación, son factores preponderantes para ser considerados como un recurso altamente intensivo en la generación de mano de obra, especialmente en áreas marginales del país.

Tengamos en cuenta que algunos productos de bambú comienzan a dar ganancias antes de los 16 meses de la plantación, entre ellos los brotes comestibles y los chips para biomasa y celulosas. Y no necesitan replantarse cada año; producirán por más de 50 años seguidos.

Es precisamente esta versatilidad la que podría beneficiar grandemente las economías locales donde se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región, creando puestos de trabajo junto con oportunidades de fabricación y comercialización del bambú en las regiones más castigadas.

En la convicción de que el bambú se presenta como una solución real y factible para el crecimiento de nuestras comunidades regionales, siendo posible aprovechar este cultivo, preservando por tiempo indefinido las plantaciones sin deterioro del medio natural.

Por todas estas razones, pido a los señores y señoras senadores que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de ley,

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la derogación de la ley 23.681, ingresado con el número 215/06.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Derógase la ley 23.681, sancionada el 15 de junio de 1989, que establece el recargo sobre el precio de venta de electricidad, respecto de las tarifas vigentes en cada período y zona del país aplicadas a los consumidores finales.

Art. 2º – Déjese sin efecto el decreto 1.378 de fecha 1º de noviembre de 2001, mediante el cual se establece que se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, el recargo previsto en el artículo 1º de la ley 23.681.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene por objeto la derogación de la actual ley 23.681 sancionada el 15 de junio de 1989, mediante la cual se establece un recargo sobre el precio de venta de electricidad del seis por mil (6 ‰) de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país, aplicadas a los consumidores finales.

Que el artículo 6º de la ley 23.681 establece que la provincia de Santa Cruz será beneficiada por el gravamen del seis por mil (6 ‰) hasta la interconexión de la misma con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Asimismo, es necesario dejar sin efecto el decreto 1.378 de fecha 1º de noviembre de 2001, mediante el cual se establece que se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, el recargo previsto en el artículo 1º de la ley 23.681.

Es sabido por todos que los mayores costos para el abastecimiento de energía eléctrica a los habitantes de la provincia de Santa Cruz, por no estar vinculados al sistema precedentemente mencionado, son afrontados solidariamente por todos los consumidores de energía eléctrica de nuestro país, siendo hoy reprochable e insostenible la aplicación de esta ley, en virtud a que las provincias más pobres de nuestro país, aportan al fondo de desarrollo de esta provincia, subsidiando los mayores costos y obras de una provincia rica, y sobre todo en mejores condiciones económicas que la mayoría de las provincias de la República Argentina, entre las que podemos enunciar a la provincia de Catamarca.

Esta norma, a pesar de su antigüedad es muy poco conocida en la opinión pública, agrega un costo más a la tarifa que pagan los usuarios del servicio de energía. Es decir, esta decisión asumida por los miembros de este Honorable Congreso en su momento, nos enfrenta hoy ante la siguiente paradoja: Catamarca, una de las provincias más pobres del país, y con uno de los más altos índices de desocupación, pobreza e indigencia, debe subsidiar a una de las jurisdicciones con menos índice de pobreza, desempleo y mayor crecimiento económico.

Más allá de la solidez de los argumentos que se esgrimieron en ocasión de la aprobación de esta ley, considero que hoy resulta perjudicial para el conjunto de la sociedad y representa una carga más para las pequeñas y medianas empresas catamarqueñas y del resto de las provincias en situación semejante, que luchan por sobrevivir en esta profunda crisis.

La situación económica y social por la que atraviesa la República Argentina constituye una problemática sin precedentes en la historia nacional y obliga a las instituciones con responsabilidad política a tomar la iniciativa e impulsar un auténtico saneamiento social, que amortigüe la permanente disminución en los recursos que soportan nuestros ciudadanos. Las profundas urgencias por las que atraviesan vastos sectores de nuestra comunidad, el alto grado de injusticia que se manifiesta en la distribución de ingreso, hace que este Honorable Senado ejecute su compromiso comunitario.

No se trata tan sólo de evaluar el impacto cuantitativo sobre la economía provincial, sino más bien de poner en discusión la legitimidad de este subsidio polémico. Estamos ante una transferencia de riquezas profundamente inequitativa. Si bien la provincia de Santa Cruz comparte con el resto del país las graves consecuencias de la recesión y la posterior devaluación, también es cierto que se ve beneficiada por su riqueza petrolera y su patrimonio turístico explotado a pleno con reconocimiento internacional, generando estas actividades una importante y efectiva fuente de ingreso de divisas. Por otro lado, este concepto agrega un elemento más a la composición distorsiva que presenta la tarifa del servicio eléctrico de nuestra provincia.

Es de público conocimiento, y hasta el mismo presidente de la Nación días atrás hizo mención a la diferencia en los salarios entre los habitantes de la provincia de Santa Cruz y el resto del país. En un discurso televisivo de hace unos días, al referirse al lamentable hecho ocurrido en su provincia donde asesinaron a un policía, dijo que los habitantes de Santa Cruz cobraban mucho más que los televidentes que lo estaban mirando en ese momento por televisión.

La realidad de la provincia de Santa Cruz demuestra que es una de las provincias que recibe regalías petroleras, es beneficiada por el precio internacional del crudo, obtiene importantes ingresos por turismo internacional, y se han tomado medidas por las cuales se recompuso el poder de compra de los sueldos públicos. La percepción de regalías petroleras ayudó a una situación fiscal inmejorable, que les permitió recomponer los salarios estatales.

Es que una ley puede ser constitucional en un tiempo y luego dejar de serlo; parece raro que esto sea susceptible de ocurrir, si pensamos que el texto normativo de la ley se mantiene igual a sí mismo durante todo el lapso de su vigencia nomológica, no obstante, cuando se dice que debe ser justa, que vaya encaminada al bien público se considera el momento histórico en que se dicta, lo que nos lleva a que las condiciones, vivencias existentes al momento de su sanción, posteriormente pueden haber variado, cambiado, y esto hace que el órgano legislativo competente las derogue por falta de justicia, razonabilidad, igualdad y equidad.

Surge hoy la insuficiencia en la igualdad ante la ley toda vez que la ley en cuestión recae sobre los habitantes de provincias que hoy están sufriendo la pobreza, indigencia, el desempleo, la falta de recursos necesarios para subsistir, otorgando mediante el recargo establecido por la ley 23.681 un beneficio a los habitantes de esta provincia patagónica, los cuales se encuentran en mejores condiciones como es de público conocimiento, derivando un trato desigual entre los ciudadanos de nuestro país.

Es de señalar que la regla de razonabilidad esta condensada en nuestra constitución en el artículo 28, donde se dice que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. La alteración supone arbitrariedad o irrazonabilidad, y como la ley no puede incurrir en tal alteración –ni tampoco, por supuesto, los otros órganos del poder en el ejercicio de sus funciones– toda actividad estatal, para ser conforme a la constitución, debe ser razonable.

El principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor justicia en el contenido de todo acto de poder, e incluso, de los particulares. Fundamentalmente, la razonabilidad exige que el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin, o que haya razón valedera para fundar tal o cual acto de poder. Por lo que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos derogar esta ley y restablecer la igualdad, razonabilidad, equidad y equilibrio entre los que menos tienen con respecto a los que más poseen.

Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.

–A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, de Presupuesto y Hacienda y de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley instituyendo un régimen de reactivación económica, ingresado con el número 487/04.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Institúyese el presente régimen de reactivación económica destinado a preservar y acrecentar el desarrollo socioeconómico logrado a partir de la radicación de proyectos bajo el régimen de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias 22.702 y 22.793; y de los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

Art. 2º – El régimen de reactivación económica que por esta ley se crea, consiste en la extensión de beneficios a empresas ya radicadas bajo las normas señaladas en el artículo 1º. El otorgamiento de la extensión de beneficios estará destinado a nuevos asentamientos y empresas proveedoras de materias primas y/o productos semielaborados y a empresas prestatarias de servicios directos de producción de las empresas ya radicadas o por radicarse.

Art. 3º – Las empresas promocionadas mencionadas en el artículo anterior deberán contar con radicación definitiva y ser propietarias del local y/o terreno en donde desarrollan su actividad agropecuaria, agrícola, turística o industrial.

Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

–Demostrar fehacientemente, a través de estados contables que estén certificados por el organismo competente, el hecho de haber realizado una mayor inversión en activo fijo que la comprometida en sus respectivas normas particulares de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

–Haber incorporado un mayor número de mano de obra directa o indirecta que la comprometida en las respectivas normas particulares de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

–Mantener las registraciones contables y todo tipo de registraciones relacionadas con la actividad que desarrollan en el punto de localización establecido por la norma particular de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

–No haber tenido un demérito mayor del cuarenta por ciento de acuerdo al criterio utilizado por la DGI en el marco de lo establecido por el decreto nacional 2.054/92.

–Que a la fecha de formulada la solicitud por parte de la empresa, no mantenga pendientes pagos y obligaciones vencidas, que refieran a servicios públicos y/o tributos provinciales y/o municipales, o existiendo las mismas se hayan acogido a un plan de pagos que se encuentre vigente, obteniendo a tal fin la certificación correspondiente de los organismos competentes.

Art. 4º – Las nuevas empresas a radicarse mencionadas en el artículo 2º, deberán cumplimentar la totalidad de los requisitos de incorporación al régimen.

Art. 5º – Las autoridades de aplicación de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.793, podrán reasignar a otros proyectos los montos de los COFITE demeritados por la AFIP-DGI en el marco del decreto nacional 2.054/92 y de los COFITE no utilizados en el marco de los decretos nacionales 1.927/93 y 804/96, sin que ello implique incremento alguno del costo fiscal ya imputado presupuestariamente.

Art. 6º – Los posibles beneficiarios del presente régimen deberán someter su proyecto de inversión a la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, 22.702 y 22.793; la que a su vez deberá efectuar las consultas de viabilidad de dicho proyecto a la/s cámara/s u organismo/s que la nuclean en la zona de asentamiento del proyecto.

Art. 7º – Previo al otorgamiento de los beneficios la autoridad de aplicación deberá efectuar las consultas necesarias a la AFIP-DGI, sobre el grado de cumplimiento que han tenido las empresas radicadas e interesadas en acceder al presente régimen.

Art. 8º – La autoridad de aplicación procederá a la evaluación legal técnicoeconómica de los proyectos presentados y, de corresponder, podrá otorgar la aprobación de los mismos mediante el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo, comunicando a la Dirección General Impositiva los costos fiscales teóricos asignados.

Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva, a través de su Departamento de Normas y Programas de Fiscalización imputará los costos fiscales teóricos asignados por la autoridad de aplicación y notificará de la disponibilidad de los mismos a las empresas.

Art. 10. – No podrán acceder al presente régimen las empresas que no se encuentran al día o con un plan de pagos en las obligaciones previsionales, fiscales nacionales, provinciales y/o municipales.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón E. Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Liliana T. Negre de Alonso. – Luis E. Martinazzo. – Ada M. Maza. – Eduardo Menem. – Oscar A. Castillo.

Señor presidente:

El proyecto que hoy pongo a consideración de mis pares, contribuirá, sin lugar a dudas, a la consolidación de un desarrollo socioeconómico fuerte y sostenido, que surgiera a partir de la aplicación del régimen de promoción instaurado mediante la ley 22.021, sus modificatorias 22.702 y 22.793; y de los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

Son perfectamente conocidos los beneficios que ha deparado el régimen citado, mucho más allá de las deficiencias que pudieron haber ocurrido en determinados casos.

Por ello, a través de la presente norma, se intenta corregir tales deficiencias pero, por sobre todo, se busca aprovechar un medio ya existente, que implica poner en marcha medidas de resultado inmediato.

Los objetivos de esta norma son los siguientes:

a) Consolidar y reactivar los sectores que funcionan bajo el régimen de la ley 22.021, sus modificatorias 22.702 y 22.793; y de los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.

b) Permitir nuevos emprendimientos bajo dicho régimen, provocando horizontalidad y verticalidad en el desarrollo económico de las zonas de localización actual, así como en las regiones de influencia, en donde existen empresas proveedoras y/o prestatarias de servicios de las ya existentes.

c) Poder emplear los cupos fiscales ya asignados y no utilizados en el marco de los decretos Poder Ejecutivo nacional 804/96 y 1.927/93, de los proyectos no ejecutados, y de los cupos fiscales demeritados, en el marco del decreto Poder Ejecutivo nacional 2.054/92.

La viabilidad de esta propuesta se advierte si contemplamos que no se afecta ni altera el presupuesto nacional, por cuanto aquí se trata de montos en pesos ya asignados y no consumidos. Al estar comprometidas presupuestariamente es un deber el destinarlas hacia la finalidad prevista.

Además, debe observarse que las cifras de la cuantificación de los costos fiscales demeritados son recupero de la Nación, de una cuenta ya asignada y cuyo fin es específico.

Como contrapartida, no estaríamos ante una disminución real del ingreso fiscal, por cuanto al no haber actividad productiva y/o comercial, no se generan impuestos a percibir por el fisco.

En cuanto a los aspectos legales debe señalarse que:

1. No se verifica el impedimento de la ley 23.658, en su artículo 11, ya que están implicados beneficios ya otorgados, con lo cual no se estaría otorgando nuevos beneficios.

2. Por ello, no hay barreras normativas para que dichos beneficios sean otorgados a nuevos beneficiarios.

En suma, en las diferentes provincias se generarán nuevos puestos de trabajo.

Con ello estaremos logrando un efecto deseado. Si a ello se agrega el impacto económico, comercial e impositivo que se opera en las zonas de asentamientos de los proyectos agropecuarios, agrícolas, turísticos e industriales involucrados, habremos de dar cabida a un verdadero instrumento de crecimiento, tan necesario como urgente en la Argentina de estos tiempos.

Por esas razones es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.