28/02/2006 - (DAE 208)

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, instrumente a la brevedad los mecanismos que considere necesarios para fiscalizar la atención a usuarios y consumidores por parte de las asociaciones de consumidores o usuarios registradas en el registro nacional creado a tal fin.

Señor presidente:

La ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en septiembre de 1993 y posteriormente actualizada, tiene por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.

En la misma, quedan legitimadas las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, que pueden accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, sin perjuicio de la intervención del usuario o consumidor prevista en la misma ley.

Las mismas, cuya finalidad será la defensa, información y educación del consumidor, deben requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Luego de detallar los fines de las mismas, se enumeran los requisitos necesarios para obtener dicho reconocimiento y el procedimiento para la promoción de reclamos.

Sin embargo en algún aspecto la legislación vigente queda demorada en algunos aspectos que hoy día se pueden observar: algunas de estas asociaciones civiles, entre las más de doscientas que se encuentran registradas, no estarían cumpliendo con los fines para los que fueron creadas.

Existen sospechas públicas de que en algunos casos estarían jugando a favor de algunas empresas más que defender a usuarios, mientras que en otros estarían funcionando como “cáscaras vacías” en las que no hay un verdadero trabajo de defensa del consumidor, sino un aprovechamiento de los mismos para luego cobrar juicios y recibir subsidios estatales.

Las denuncias no sólo son dadas a conocer por parte de otras asociaciones o de usuarios en sí, sino por algunos funcionarios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que torna al escenario más preocupante aún.

El presente proyecto pretende que la autoridad de aplicación nacional de esta ley, que es quien cuenta con los recursos necesarios, evalúe y lleve a la práctica todo accionar que permita controlar más de cerca a las asociaciones civiles, ya que su mano hoy día llega sólo hasta los balances, pero no posee las herramientas para fiscalizar si cumplen acabadamente con sus fines.

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con la empresa Molinos Río de la Plata (23/1/06) para mantener durante un año los valores de nueve (9) productos de almacén.

Señor presidente:

El gobierno nacional está implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores ligados a la producción, fundamentalmente, de alimentos. En tal sentido, trascendió ayer (23/1/06) que ha suscrito un acuerdo con la empresa Molinos Río de la Plata que, a la sazón, es una de las principales productoras de alimentos del país.

El acuerdo rubricado importa el virtual congelamiento por un año del precio de nueve productos de almacén entre los que se encuentran aceites, salchichas, arroz, fideos, harina y pan rallado.

La mayoría de estos alimentos componen la canasta básica alimentaria de los sectores más necesitados de la población; por lo tanto, el acuerdo alcanzado, se proyecta como de supuesta importancia estratégica para detener el impacto inflacionario sobre los bolsillos de los que menos tienen.

Esta medida tiene como contrapartida la organización de un sistema para el monitoreo bimestral de la variación de los costos de producción. Ello supone que si tales costos aumentan, los precios podrían ser proporcionalmente ajustados. Si esto ocurriera, quedaría trunca la promesa de detener los incrementos y se pondría en duda la capacidad gubernamental para frenar la inflación por la vía de la política económica.

Personalmente, creo en la capacidad del Estado para intervenir en la economía, pero me parece que tal accionar debería limitarse a direccionar la producción estimulando diversas actividades estratégicas o bien a sectores determinados, desalentando determinadas prácticas. Tengo serias dudas sobre la capacidad del Estado para contener un rebrote inflacionario mediante el despliegue de acuerdos puntuales, transitorios y sujetos a revisiones constantes. Si existen tales revisiones es porque, en realidad, el compromiso alcanzado es de carácter precario.

Por tal sentido y para conocer en detalle los alcances del acuerdo firmado con la empresa mencionada, presento este proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.

–A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con la empresa Procter & Gamble (23/1/06) para mantener durante un año los valores de treinta y un (31) productos.

Señor presidente:

El gobierno nacional está implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores ligados a la producción de artículos de primera necesidad. En tal sentido, trascendió ayer (23/1/06) que ha suscrito un acuerdo con la firma Procter & Gamble. Esta compañía es una de las principales productoras de artículos de limpieza, tocador y cuidado personal del mundo con filial en la Argentina.

El acuerdo rubricado importa el virtual congelamiento por un año del precio de 31 artículos entre los que se encuentran: cremas humectantes, lociones, pañales, jabones, detergentes, champú, afeitadoras descartables, pasta dental, cepillos de dientes y desodorantes, entre otros.

Esta medida, tal como se acordó con otras compañías, tiene como contrapartida la organización de un sistema para el monitoreo periódico de la variación de los costos de producción. Ello supone que si los costos aumentan, los precios podrían ser proporcionalmente ajustados, con lo que quedaría trunca la promesa de detener los incrementos y se pondría en duda la capacidad gubernamental para contener la inflación por la vía de la política económica.

Según el máximo responsable de la empresa, Raúl Lamús, Procter & Gamble apuesta mediante este acuerdo a la estabilización de precios y a vender mayor volumen a mediano plazo.

Personalmente, creo en la capacidad del Estado para intervenir en la economía, pero me parece que tal accionar debería limitarse a direccionar la producción estimulando diversas actividades estratégicas o sectores determinados, desalentando prácticas nocivas en función de determinado proyecto de desarrollo. Tengo serias dudas sobre la capacidad del Estado para contener un rebrote inflacionario mediante el despliegue de acuerdos puntuales, transitorios y sujetos a revisiones constantes. Si las cláusulas de revisión existen podríamos colegir que el compromiso suscrito mantiene carácter precario.

Por tal sentido y para conocer en detalle los alcances del acuerdo firmado con la empresa mencionada, presento este proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.

–A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Animal Plant and Health Inspection Service (APHIS) de los Estados Unidos por el que queda sin efecto la obligación de realizar tratamientos preventivos en las frutas frescas de la Patagonia que se exportan al mencionado país. Asimismo, se solicita la remisión del plan de trabajo acordado el pasado 13 de enero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las autoridades de ambas instituciones y el Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas para Estados Unidos (Copexeu), a fin de definir los requisitos para la exportación de frutas de pepita y agilizar la nueva operatoria.

Señor presidente:

El 8 de diciembre de 2005 el Animal Plant and Health Inspection Service (APHIS) de Estados Unidos de América reconoció a la Patagonia argentina como área libre de mosca de los frutos. A consecuencia de este hecho, que elimina el tratamiento preventivo en las frutas frescas de la Patagonia para exportar a EUA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) acordó con el APHIS un nuevo plan de trabajo sobre la base de la enmienda 13 del APHIS, que reconoce a la Patagonia como área libre de mosca de los frutos.

El nuevo plan de trabajo fue acordado por el coordinador de Puertos y Aeropuertos del SENASA, el representante del APHIS y el titular del Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas para Estados Unidos (Copexeu), durante una reunión realizada en la sede central del SENASA el pasado 13 de enero.

A partir de ahora, las cajas y pallets con frutas frescas con destino al mercado estadounidense serán identificados con marbetes de colores que permitirán certificar la procedencia del cargamento desde un área libre de mosca de los frutos.

Asimismo, el acuerdo incorpora nuevas leyendas en los certificados fitosanitarios que emite el SENASA. De esta manera, con la aprobación del control entomológico que realiza el laboratorio del servicio en Villa Regina y con el certificado PPQ 203 emitido por el APHIS, el cargamento ingresará sin inspección en los puertos de EUA al presentar esa documentación.

El acuerdo contempla las exportaciones de frutas frescas en contenedores refrigerados desde puertos chilenos. En estos envíos, las partidas tendrán –además de la identificación en cajas y pallets, el certificado fitosanitario del SENASA y el PPQ 203 del APHIS– un precinto del United States Department of Agriculture (USDA). Las autoridades chilenas controlarán que los cargamentos tengan sus precintos y la documentación establecida en el convenio SENASA-APHIS.

En cuanto a la exportación desde el puerto de Buenos Aires, el acuerdo prevé que los pallets sean cubiertos con una malla antiáfida con su correspondiente identificación.

La firma de este acuerdo supone una noticia trascendental para la Patagonia toda pues se simplicarán los trámites para exportar hacia un mercado inmenso que tenía a Chile y Nueva Zelanda como dos de sus principales abastecedores.

Para conocer a fondo los alcances del convenio suscrito y del plan de trabajo que de él se desprende, presento este proyecto de comunicación para el que solicito el acompañamiento de los señores senadores.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del acuerdo signado entre ENARSA y las compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Señor presidente:

El ministro de Planificación Federal, Inversión  Pública y Servicios anunció el 10 de enero la concreción de un acuerdo marco entre ENARSA y las compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Este convenio prevé el comienzo de los trabajos para la primera quincena de marzo en dos áreas de la Cuenca Colorada Marina, ubicadas a unos 200 kilómetros mar adentro, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.

Según el ministro Julio De Vido “éste es el primer intento argentino por recuperar la renta petrolera” y, en tal sentido, la acción, en principio, debe ser juzgada como positiva. Nuestro país necesita imperiosamente mejorar su poderío energético de modo tal que tendamos a minimizar nuestras compras al exterior y a aumentar nuestra capacidad exportadora. Sólo así estaremos contribuyendo a la construcción de soberanía reduciendo uno de nuestros principales déficits estructurales.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios aseguró que la primera etapa de la prospección demandará un gasto de 15 millones de pesos que estarán a cargo (en carácter de “riesgo exclusivo”) de los inversores privados.

Tal como quedó establecido, la participación de las diversas empresas signatarias del acuerdo se divide de la siguiente manera: ENARSA 35 %, Repsol YPF 35 %, Petrobras 25 % y Petrouruguay 5 %.

Llegados a este punto, vale la pena recordar que la estatal ENARSA, creada por el gobierno en 2004, aún no ha logrado generar ganancias registrando durante 2005 una pérdida operativa del orden de 1,61 millón de pesos. Este pasivo documentado, sumado al proyectado en el presupuesto nacional para 2006, no deja de generar cierta desconfianza sobre la capacidad de la empresa nacional para estar a la altura de las circunstancias en el caso de que el emprendimiento llegase a requerir cuantiosas inversiones.

Como la información que ha trascendido sobre el particular es escasa y de carácter meramente fragmentario y superficial, presento este proyecto de comunicación a efecto de solicitar copia del acuerdo por el que se ha conformado esta suerte de consorcio empresario para la exploración conjunta de la plataforma submarina correspondiente a la Cuenca Colorada Marina.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación de esta iniciativa mediante la emisión de su voto por la positiva.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara la planificación de trabajo oportunamente elevada a las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina por parte de la empresa Líneas Aéreas del Estado. Interesa, sobre el particular, que explique las razones por las cuales determinadas frecuencias de vuelos a destinos patagónicos han sido interrumpidas o momentáneamente suspendidas.

Señor presidente:

La empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE) remitió la semana pasada a la Fuerza Aérea el diagrama de planificación de trabajo que pretende desarrollar a lo largo del próximo mes de marzo. Según trascendió se suspenderían diversos vuelos que unen a la ciudad de Buenos Aires con ciudades patagónicas entre las que se cuenta Ushuaia. De este modo, la capital fueguina volvería a perder una de las frecuencias aéreas que la mantenía conectada con varios de los principales destinos turísticos del país.

La decisión de levantar este vuelo se conoció así de manera sorpresiva y causó gran impacto en el extremo sur del país que, desde hace más de un año viene soportando los avatares de la severa crisis aerocomercial.

El diagrama propuesto por LADE sólo contemplaría vuelos que unirían a las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn y El Calafate.

La medida de suspender al parecer temporalmente la ruta a Ushuaia es sorprendente ya que los motivos esgrimidos tendrían que ver con la cercanía del fin de la temporada estival y un pronóstico (a nuestro criterio erróneo) de que mermará la demanda.

LADE ha venido prestando un servicio que, escapando a las razones meramente comerciales, es de naturaleza social. Por eso llama poderosamente la atención que se levanten vuelos bajo argumentos estrictamente económicos cuando cualquier habitante de la Patagonia sabe a ciencia cierta que los vuelos escasean, que la demanda continúa firme y en aumento, y que el medio aéreo resulta ideal para mantener la interconexión de una región tan inhóspita como dilatada.

Vale la pena recordar que en la última reunión del Foro de Concejales Patagónicos, celebrada el 19/11/2005, más de 300 ediles reunidos en la ciudad de Neuquén, emitieron un comunicado exhortando a las autoridades del Ministerio del Interior a encontrarle una solución a esta problemática que afecta gravemente a toda la región. Los integrantes del foro solicitaron entonces “incrementar rutas y frecuencias de acuerdo con las necesidades de la región”, pidiendo “la aplicación del boleto aéreo patagónico”. Asimismo, manifestaron “su beneplácito por la asignación de fondos provinciales para lograr nuevos servicios de transporte aéreo en la región, considerándose que dicha metodología es el camino a seguir”.

Por esta razón y habida cuenta de la perentoria necesidad patagónica de intensificar los vuelos en lugar de recortarlos, presento este proyecto de comunicación para el que solicito el voto afirmativo de los señores senadores a efecto de lograr su aprobación.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del convenio suscrito entre ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol para la exploración de la cuenca austral en la jurisdicción correspondiente a la ciudad de Río Gallegos y la zona norte de la provincia de Tierra del Fuego, junto a toda otra información ampliatoria que sea de utilidad para conocer cuáles son las condiciones acordadas para la explotación a futuro de los hidrocarburos que eventualmente sean localizados y qué participación tendrá ENARSA sobre los potenciales beneficios.

Señor presidente:

Las empresas ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol conformaron el 9 de febrero de 2006 un consorcio para explorar la cuenca austral en la zona norte de Tierra del Fuego. La firma del convenio se llevó a cabo entre los titulares de esas empresas en presencia del señor presidente de la Nación, del ministro de Planificación Federal y del secretario de Energía.

El consorcio también realizará exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos al sur de la provincia de Santa Cruz y en parte de jurisdicción de Río Gallegos.

Según informó la prensa, la exploración conjunta de las tres empresas se hará sobre 14.000 kilómetros cuadrados al sur de la provincia de Santa Cruz, sobre la ciudad de Río Gallegos y norte de Tierra del Fuego, sobre el Mar Argentino. El convenio fue firmado por las autoridades de las empresas participantes: Exequiel Espinosa (titular de ENARSA), Enrique Locutura (Repsol YPF) y Nelson Muñoz (Sipetrol).

Informes de las empresas involucradas sostienen que el potencial de la zona se basa en la “continuidad geológica” de la cuenca austral, que ha probado ser un sector “interesante” como productor de petróleo y gas, tanto en el continente como fuera de la costa.

Según la escueta información trascendida, “Sipetrol y Repsol YPF serán responsables de aportar los fondos necesarios para financiar la inversión correspondiente a ENARSA en la etapa de exploración del área”. En este marco, si se produce un descubrimiento comercial, ENARSA reintegraría a sus dos socios los fondos aportados en la etapa.

Pese la escasa información dada a conocer públicamente sobre este acuerdo, vuelve a llamar poderosamente la atención la enigmática participación de ENARSA. En efecto, la empresa nacional (recordemos, deficitaria) no aportaría un peso en la etapa de exploración siendo sus socias quienes financiarán su participación. Me pregunto cuál es el beneficio prometido a futuro para Sipetrol y Repsol YPF por aceptar en sociedad a una empresa deficitaria cuya capacidad operativa es prácticamente nula. ¿Cuál es el negocio de fondo para estas dos empresas?

Para conocer detalles sobre el convenio suscrito y para despejar este último interrogante, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, tenga a bien informar sobre los resultados de las investigaciones cursadas a fin de establecer las causas del último brote de fiebre aftosa, detectado durante la primera semana del mes de febrero en el departamento de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes. Importa sobre el particular que se detallen:

1. Las acciones de emergencia implementadas para evitar la propagación en el área perifoco.

2. El resultado de las acciones de rastreo de movimiento de hacienda, muy especialmente, las que han tenido como objetivo la detección de movimientos clandestinos desde países vecinos.

3. Razones fundadas por las cuales se sospechó inmediatamente de la probidad de los productores argentinos haciendo pública la versión de que la infección se habría propagado por la introducción clandestina de ganado enfermo proveniente de países vecinos.

4. Las acciones de prevención llevadas a cabo durante el segundo semestre del año en la provincia de Corrientes.

5. Las medidas de seguridad que observa el SENASA para garantizar la cadena de frío de la vacuna antiaftosa en la provincia de Corrientes.

Señor presidente:

El pasado 8 de febrero el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que detectó un foco de fiebre aftosa en un campo ubicado en la provincia de Corrientes.

Así lo confirmaron los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras tomadas por el SENASA a bovinos con signos clínicos de la enfermedad del establecimiento San Juan, ubicado en el departamento de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes.

Según se informó, la entidad adoptó urgentes medidas de emergencia para circunscribir el brote al área del perifoco de la explotación ganadera donde se confirmó el brote aftósico.

La población de animales susceptibles es de 3.067 y los casos que presentan signos clínicos son 70. La edad de los bovinos afectados oscila entre los 18 y 24 meses y son animales de la raza Braford.

Una vez confirmada la infección el SENASA declaró por vía resolutiva el alerta sanitario y decidió emplear el rifle sanitario para sacrificar el ganado del área afectada (más de 3.500 cabezas). Así fue como se comunicó a los organismos internacionales pertinentes la desgracia padecida, se lanzaron una serie de medidas preventivas, comenzaron investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de la infección y de rastreo de movimientos de animales desde y hacia zonas fronterizas a fin de establecer si hubo contrabando.

La resolución 35/2006, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y dispuso interdictar al departamento de San Luis del Palmar y las siete localidades circundantes, lo cual implica prohibir todos los movimientos de egreso e ingreso en la zona de animales susceptibles a la fiebre aftosa.

Los departamentos afectados son: San Cosme, Itatí, Berón de Astrada, General Paz, Mburucuyá, Empedrado y Corrientes Capital. La medida incluye la prohibición de exportar productos y subproductos de origen animal elaborados en el área interdicta que pudieran vehiculizar el virus de la aftosa.

José Buongiorno, el veterinario del establecimiento San Juan quien personalmente denunció la aparición de la aftosa, comentó con respecto a esta última medida que “acá hay algo raro. Nuestras vacas están documentadas y vacunadas. Además, la aftosa no aparece porque sí. Algo la trae, y yo pregunto: ¿cómo pueden tenerla vacas que están encerradas kilómetros campo adentro, que no circulan por las rutas? A mí me suena a que acá la aftosa está desde antes, pero alguien lo ocultó”.

Buongiorno declaró al diario “La Nación” que “el virus está en el aire. No puede aparecer porque sí. Nosotros vimos terneros enfermos en el campo de al lado de donde encontramos el foco. Pero cuando le dijimos al SENASA que debían investigar los campos linderos para que no se propague más, nos contestaron que la resolución sólo permitía hacer operativos acá”.

Para aclarar el tenor de semejante sospecha, presento este proyecto de comunicación a fin de que se aporte la información pertinente que sirva para aclarar la situación y contar con información oficial al respecto. El daño causado a la economía por este repentino brote es inmenso y la recuperación de la confianza de los mercados internacionales podría llegar a costar años. Por este motivo, resulta imprescindible establecer de dónde ha provenido el virus extremando, al mismo tiempo, los controles sanitarios correspondientes.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Cultura y Comunicación, tenga a bien informar a este honorable cuerpo sobre la marcha, estado de ejecución y perspectivas del plan trienal para la actualización del equipamiento tecnológico de Canal 7 que impulsa la intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado.

Señor presidente:

La actual intervención del Sistema Nacional de Medios Públicos, organismo del cual depende Canal 7, comenzó a implementar durante 2005 un plan para actualizar el equipamiento tecnológico de la emisora estatal. La inversión total será de 60 millones de pesos que se irán destinando, durante tres años, a razón de 20 millones de pesos por período, a comprar equipos de última generación, realizar mejoras edilicias y capacitar al personal para poner a la emisora al mismo nivel de capacidad operativa con el que trabajan los canales y las productoras privadas en nuestro país.

Este plan de recuperación tecnológica de la emisora pretendía llevarse a cabo desde 2001, pero la falta de presupuesto y la crisis desatada en aquel año lo impidieron. Así fue como la actual intervención rescató aquella idea y consiguió que se incluyera dentro del Plan de Inversiones del Estado.

Según informó la prensa en el mes de enero, la primera fase del plan “está dirigida a aquellos sectores del canal que sufren mayor desgaste y mayor atraso tecnológico: los estudios y las cámaras”.

Siempre según información periodística proporcionada por el diario “La Nación” (29/12/05) la lista de material adquirido empieza con “17 cámaras nuevas de última generación, de las cuales 9 se destinarán para el área de noticias y las restantes 8 para el área de producción artística”.

Según consta en un informe producido por la Subgerencia de Relaciones Institucionales del canal, “en 2006 se comprarán otras 8 cámaras para completar la dotación del noticiero, que pasará a contar con un total de 17 cámaras de exteriores. Además se adquirirán 30 cámaras de estudio”.

En la segunda fase del plan se prevé la terminación de la remodelación de los estudios y la reconversión de dos de los cuatro móviles de exteriores, con los que trabaja actualmente el canal. Finalmente, en la tercera etapa se completarán aquellas adquisiciones a las que los técnicos llaman “elementos periféricos” y que requieren inversiones menores.

La puesta en valor y mejora tecnológica de Canal 7 es una vieja deuda que mantiene el Estado nacional con los argentinos. Desde 1978, año de su creación, jamás se había destinado a la emisora una partida presupuestaria semejante para su modernización.

Luego de sucesivos años de desmanejo, corrupción y política de comunicación oficial desacertada que conllevaron el vaciamiento del canal, parece que las actuales autoridades han decidido aplicar un plan sistemático de mejoras. Sería deseable que el mismo fuera administrado con rigor y transparencia para que Canal 7 deje de ser fuente de sospechas permanentes y se convierta definitivamente en vehículo de comunicación informativa plural, de promoción artística nacional y fuente de cultura para todos los argentinos.

Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe en el que se detallen los acuerdos alcanzados con Bolivia para la compra de gas durante 2006. Asimismo, sírvase responder si ha quedado garantizado un volumen de suministro suficiente a un precio tal que asegure la construcción del proyectado Gasoducto Nordeste.

Señor presidente:

Una luz de alerta para el sistema de provisión de energía argentino se encendió a pocas horas del triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia. El anuncio del vicepresidente electo, Alvaro García Linera, de que no habría más precio solidario para las exportaciones del fluido hacia nuestro país, generó gran inquietud en el gobierno y disparó una serie de negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos que satisfagan a ambas partes.

Según trascendió, la intención del presidente Morales es que se vuelvan a discutir los convenios de exportación de gas firmados por el presidente Néstor Kirchner con los gobiernos interinos de Carlos Mesa (entre 2003 y mediados de 2005) y de Eduardo Rodríguez (en los últimos meses del año último).

Durante el año pasado Bolivia vendió a la Argentina 4,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y, en el último acuerdo, se pactó una ampliación del suministro hasta 7 millones de metros cúbicos.

El precio de venta del gas boliviano puesto en la frontera ronda los 3,18 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas) habida cuenta de que, en el mercado internacional, el valor promedia entre 10 y 12 dólares. Por esta razón, las autoridades bolivianas hablan de “precio solidario” al referirse a los tratados suscritos en los últimos años.

Uno de los principales problemas que plantearía un alza del precio del gas boliviano sería la dificultad que afrontaría el gobierno nacional para concretar la tan ansiada obra del Gasoducto Noreste que, atravesando siete provincias argentinas, llevaría el fluido hacia Brasil y Uruguay. Para que esta obra sea posible hace falta un volumen diario de importación 20 millones de metros cúbicos mayor y un precio que mantenga al gas por debajo de lo que cuesta conseguir energía empleando carbón.

Como es de público conocimiento, el negocio de la exportación de gas está en manos de las empresas Repsol YPF y Petrobras y el gobierno boliviano es el encargado legalmente de gestionar mercados y precios, ya que recibe el 50 por ciento de las ventas brutas por regalías e impuestos.

En este marco, ambos gobiernos entablaron negociaciones durante el mes de enero para destrabar el conflicto y arribar a acuerdos positivos.

Por medio del presente proyecto de comunicación solicito al Poder Ejecutivo nacional que se remita a este honorable cuerpo el detalle de los acuerdos alcanzados y que se responda si la vital obra del Gasoducto Nordeste ha quedado garantizada.

Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Turismo de la Nación, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un informe conteniendo la información que se solicita a continuación relacionada con la construcción de hoteles en la Argentina:

1. Cantidad total de hoteles que se han construido en el país durante 2004 y 2005.

2. Monto total anual estimado de las inversiones realizadas en materia de construcción hotelera (2004-2005).

3. Cantidad total de nuevas camas aportadas para cada uno de los años consignados.

4. Listado completo de hoteles construidos durante 2004 y 2005 clasificados por provincia, localidad de emplazamiento y categoría turística obtenida.

5. Listado completo de albergues y hostales/hostels (edificados o habilitados durante el bienio 2004-2005) para turistas emplazados en la Patagonia, discriminados por provincia y localidad.

6. Cantidad de turistas extranjeros ingresados en el país durante 2004 y 2005, discriminados por nacionalidad.

Señor presidente:

Según datos aportados a la prensa por la Secretaría de Turismo de la Nación, para este año se esperan inversiones en la construcción de hoteles por $ 1.400 millones. Esto significa más que duplicar los $ 456 millones invertidos en 2005. De la información se desprende que “están edificándose más de 200 nuevos alojamientos en todo el país, con una distribución pareja en las diferentes regiones, entre las que se destacan la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Salta y la Patagonia. La cifra impacta si se tiene en cuenta que entre 1991 y 2001 se inauguraron en el país sólo 45 hoteles”.

En realidad –y como he sostenido en diversos proyectos presentados con anterioridad– la explosión del turismo receptivo viene dándose desde 2002 con cifras en constante aumento. Estas cifras, no sólo informan sobre la cantidad de turistas extranjeros que eligen como destino al país, sino también sobre cuantiosas inversiones que particulares, empresas y grupos del exterior están realizando en materia de infraestructura turística. De este modo, la Argentina ya no es sólo un atractivo destino turístico; es también un polo receptor de proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo del sector, al impulso de la construcción, a la promoción del empleo en diversas regiones y –en definitiva– a la dinamización de la economía.

Según datos propios de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina (FEHGRA), en 2005 creció un 13 % más que en 2004 la llegada de turistas al país. Estos visitantes habrían gastado 2.600 millones de dólares (un 9 % más que en 2004).

Vale la pena recordar que, como bien puntualizan los especialistas, el turismo representa un 7,5 % de nuestro producto bruto interno (PBI) generando un millón y medio de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos (lo que equivale al 8 % de la ocupación total del país).

La Patagonia viene experimentando una expansión extraordinaria de la oferta hotelera. Localidades como Bariloche, Puerto Madryn, Esquel, Villa La Angostura, El Bolsón, Ushuaia y El Calafate, han sido literalmente invadidos por visitantes que quedan maravillados no sólo por las bellezas naturales sino también por la calidad humana de los lugareños. Todas estas localidades han protagonizado un boom de construcción hotelera y remodelaciones de viejas casonas que se ofrecen como hosterías o hostels para extranjeros con niveles de ocupación impensados hace apenas tres años.

La información que por este medio solicito al Poder Ejecutivo nacional servirá para dimensionar este fenómeno en su justa medida y evaluar cuáles son las regiones del país más naturalmente favorecidas por las inversiones y la nueva oferta hotelera. Estos datos servirán también para proponer iniciativas que promuevan el desarrollo turístico en aquellas zonas más relegadas y que, sin embargo, poseen la suficiente belleza natural, oferta cultural y calidad humana como para abrirse definitivamente al turismo.

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto aprobatorio en el recinto.

–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo toda la información disponible sobre las presuntas maniobras de contrabando de armas que un grupo de oficiales del Ejército Argentino habría realizado hacia Brasil según consta en un informe parlamentario del país vecino. Importa, fundamentalmente, que se consigne el nombre y rango de los implicados; el tipo y la magnitud de la operatoria; el armamento involucrado y su origen; y una síntesis de las actuaciones realizadas por el ministerio a fin de obtener información y esclarecer el caso frente a organismos oficiales brasileños así como de todas las diligencias dispuestas a nivel interno a fin de determinar la veracidad del caso y establecer responsabilidades.

Asimismo, se solicita que se adjunte al informe un detalle de las actuaciones internas que el ministerio ha sustanciado para determinar la veracidad de la especie y, si la misma fuera confirmada, sírvase informar cuál ha sido la ruta de las armas.

Señor presidente:

El diario “Jornal do Brasil”, uno de los medios gráficos más prestigiosos del país vecino, informó en los últimos días sobre la existencia de un dossier parlamentario en el que se consignaría que 6 oficiales del Ejército Argentino (y otros militares pertenecientes a las fuerzas armadas de Paraguay, Uruguay y Surinam) estarían implicados en presuntas maniobras de “contrabando de armas destinadas al crimen organizado brasileño”.

La información fue confirmada a los periodistas por el presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora, el diputado Moroni Torgan.

El diputado brasileño señaló al “Jornal do Brasil” que “la información que tenemos indica que son todos militares de los ejércitos de esos países. De la misma forma que trafican armas para Brasil, están traficando también para los bandidos de sus países”.

Siempre de acuerdo con la publicación del diario brasileño, según las denuncias que obran en poder de la comisión parlamentaria, los militares argentinos estarían ayudando a traficar armamento pesado, que incluye hasta granadas y lanzacohetes.

Según la nota publicada en la página de Internet del “Jornal do Brasil”, el informe final de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), que aún se mantiene en reserva, indica que militares de los países citados “están ayudando a abastecer el mercado de armas pesadas clandestinas de Río de Janeiro y de San Pablo”.

En la nota, el diputado agregó que también se verificaron desvíos de armas de las fuerzas armadas de la Argentina y Paraguay, que no tendrían control riguroso. Según Torgan, en la Argentina las propias fábricas de armas ayudan a los oficiales a traficarlas. “Las informaciones que recibimos muestran dónde actúan estos oficiales y cómo hacen para transportar las armas a Brasil”, dijo al diario brasileño.

Por su parte, el diputado responsable del informe final de la comisión, Paulo Pimenta, le dijo a la agencia ANSA que “los indicios son muy fuertes”. Según el legislador, la comisión cuenta con grabaciones telefónicas, autorizadas por la Justicia, de conversaciones mantenidas por intermediarios brasileños. “En esas grabaciones aparecen criminales brasileños conversando sobre la venta de armas, citando nombres de personas, de altos oficiales de las fuerzas armadas de esos países”.

Esta denuncia, máxime cuando proviene del Parlamento de un país hermano, reviste una gravedad institucional inusitada y merece una enérgica y rápida actuación por parte del Ministerio de Defensa argentino a fin de llegar al esclarecimiento.

Por tal motivo, presento este proyecto de comunicación a fin de solicitarles a las autoridades competentes que tengan a bien informar en detalle sobre todas sus actuaciones orientadas a investigar este supuesto hecho delictivo. Importa, fundamentalmente, que se enumeren todas las actuaciones realizadas ante organismos oficiales brasileños, se detallen las investigaciones internas comenzadas y se informe sobre diversos aspectos que habrían conformado la ilegal operatoria.

Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto por la afirmativa para su pronta aprobación.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Turismo, tenga a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe estadístico que refleje la evolución del turismo receptivo en la Patagonia durante el período estival 2005 (21 de diciembre al 21 de marzo). Interesa fundamentalmente:

a) Que se consigne el total de turistas extranjeros ingresados en el país durante cada uno de los períodos de referencia.

b) Que se consigne la nacionalidad o país de origen de los visitantes.

c) Que se consigne una estimación de su gasto diario per cápita.

d) Que se indique, para cada período, la cantidad de extranjeros que visitaron la Patagonia discriminados por país de origen o nacionalidad.

e) Que se acompañe la información precedente con un listado de los destinos más visitados por turistas extranjeros en la Patagonia consignando cifras.

f) La evolución de la oferta de alojamiento (establecimientos hoteleros y parahoteleros) en la Patagonia para cada uno de los períodos de referencia.

g) La evolución de la cantidad de habitaciones y plazas disponibles en la Patagonia para los mismos períodos.

h) Proyecciones evolutivas generales (crecimiento del turismo receptivo internacional y de la oferta turística patagónica en particular) para la temporada estival 2005.

Señor presidente:

El aumento del turismo receptivo constituye una auspiciosa novedad palpable y mensurable. Turistas extranjeros de las más diversas nacionalidades están eligiendo visitar la Argentina atraídos por su variada oferta turística al calor de un nivel tarifario accesible y un contexto político cada vez más estable.

Este fenómeno se advierte particularmente al llegar la temporada estival (21 de diciembre al 21 de marzo). Durante esta época del año el flujo receptivo aumenta y los turistas, como hace años no se veía, se vuelcan a las calles con entusiasmo y avidez.

Pero la mayoría de los visitantes, fundamentalmente los provenientes de América del Norte y Europa, no optan por Buenos Aires como destino final y utilizan a la ciudad como base obligada para lanzarse a conocer diversas plazas del interior del país. Entre ellas, la Patagonia, recibe orgullosa cada vez a mayor cantidad de visitantes.

Destinos como Bariloche, Puerto Madryn, Esquel, Villa La Angostura, El Bolsón, Ushuaia y El Calafate, han sido literalmente invadidos por visitantes que quedan maravillados no sólo por las bellezas naturales sino también por la calidad humana de los lugareños.

Resulta a todas luces evidente que el turismo receptivo viene incrementándose de manera progresiva a partir de 2002 a un ritmo incesante.

Semejante nivel de visitas implica múltiples mensajes y significados: por un lado descubre el enorme potencial dormido que el turismo puede llegar a representar para la Argentina como actividad económica de carácter dinámico y, por el otro, es sumamente útil para mejorar la autoestima nacional y la imagen del país en el exterior, promoviendo recomendaciones que disparan nuevos ciclos de visitas.

En efecto: el turismo como fuerza económica dinámica y transformadora genera espirales ascendentes, cada vez mayores, que deben ser alentadas no sólo por los directamente interesados en el crecimiento del sector sino también por los funcionarios de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales así como, también, por la sociedad toda. Todos debemos comprender que tratar bien a los turistas redunda en bienestar creciente para los argentinos. Y tratar bien a los turistas no sólo debe significar que se extreme la cortesía sino, también, que se impulse estratégicamente el crecimiento del sector mediante el desarrollo de obras de infraestructura y servicios acorde a sus necesidades.

Más hoteles, más plazas, más oferta gastronómica y cultural en cada uno de los destinos nacionales, más y mejores comunicaciones; mejores redes camineras y de vuelos, son algunos de los aspectos sobre los que los argentinos debemos trabajar.

El turismo crea empleo, genera inversiones, atrae capitales y brinda, además, un sinfín de satisfacciones de carácter espiritual tanto para quien visita como para quien recibe.

Lamentablemente, las estadísticas disponibles sobre la evolución del turismo receptivo en la Argentina al alcance del gran público no incluyen detalle ni desagregados sobre su impacto en la Patagonia. Es por ello que, a fin de obtener información sistematizada, solicito a la Secretaría de Turismo de la Nación datos sobre cada uno de los puntos consignados en la parte dispositiva de la presente iniciativa.

En virtud de ello y para contar con información oficial precisa que permita evaluar el impacto económico de la actividad y su potencial de crecimiento en nuestra Patagonia, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto de comunicación con su voto aprobatorio por la afirmativa.

–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Medios de Comunicación, tenga a bien elevar a esta Honorable Cámara un informe en el que se dé respuesta a los siguientes interrogantes:

1. Razones por las cuales se ha decidido levantar de la programación de Radio Nacional al programa “Esto que pasa” creado y conducido por el periodista José Eliaschev.

2. Razones por las cuales no se le avisó el cese al periodista, ajustándose la decisión de la secretaría a los términos y plazos establecidos contractualmente.

3. Si considera verosímil la explicación pública ofrecida por la directora de la emisora según la cual el levantamiento del programa se había decidido “a partir de la compra de un nuevo transmisor”.

Señor presidente:

La directora de Radio Nacional, Mona Moncalvillo, acaba de anunciar el levantamiento del aire del programa “Esto que pasa”, creado y conducido por el periodista José Eliaschev. Las explicaciones ofrecidas al periodista y a la opinión pública han dejado mucho que desear y revelan una peligrosa propensión hacia la sustanciación de inadmisibles actos de censura por parte del gobierno. Según trascendió, la funcionaria no compartiría la decisión tomada por la Secretaría de Comunicaciones y la habría acatado en función del nefasto principio de la obediencia debida.

Cuesta mucho creer que una periodista emblemática, reconocida por su militancia prodemocrática y a favor de la libertad de expresión, haya acatado sin más una decisión que según sus dichos no comparte. Peor aún: cuesta creer que una profesional emblemática como Mona Moncalvillo, que padeció persecución política en la época más oscura del país, no haya tenido el reflejo ético de renunciar a su cargo ante una decisión arbitraria que –supuestamente– no comparte.

“Esto que pasa” ha sido siempre una tribuna crítica e independiente; un modelo de programa editorialista donde ha primado el juicio, el libre pensamiento y el respeto por las ideas de los demás. Un programa donde la crítica al poder siempre se ejerció en defensa de la salud republicana cualquiera fuera el gobernante de turno.

Es por ello que su levantamiento discrecional, inconsulto y por fuera de lo prescrito contractualmente, no puede menos que ser calificado como un acto de censura. Censura que la misma directora de Radio Nacional se encargó de denunciar con gran valentía durante los años de plomo y que le valieron buena parte del reconocimiento que el público, al menos hasta hoy, le reconocía.

Lo que la Secretaría de Medios de Comunicación le ha hecho al periodista José Eliaschev, nos lo ha hecho a todos. El recorte a su libertad de expresión es un atentado contra la libertad de pensamiento de cada uno de nosotros. La censura ejercida en este caso sienta un precedente de riesgo para las instituciones que es mi deber denunciar.

Cuando un gobierno que se dice campeón de las libertades escruta a la prensa con lupa y blandiendo tijeras, pierde la República y se entroniza la intolerancia.

La artera salida del aire de este programa es un mojón más en el camino hacia el despeñadero; es una nueva herida infringida contra la democracia.

Por estas razones me parece apropiado que el Poder Ejecutivo nacional brinde las explicaciones del caso y reflexione sobre la necesidad de fortalecer su propia acción de gobierno dándole cada vez más aire a la libertad.

Invito a los señores senadores a acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo para su pronta aprobación.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.