01/03/2001 - (DAE 1)

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 257 del 28 de febrero de 2001 que en copia autenticada se acompaña.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 258

Chrystian G. Colombo. – José Luis Machinea.

Visto el expediente 750-000884/2001 del registro del Ministerio de Economía, la ley 25.155 y decreto 186 de fecha 2 de marzo de 2000, y

Considerando:

Que con fecha 25 de agosto de 1999 se sancionó la ley 25.155 estableciendo como hora oficial en todo el territorio nacional la correspondiente al huso horario cuatro (4) al oeste de Greenwich, en concordancia con la que corresponde a la República Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios.

Que la mencionada ley estipula, en su artículo 2º, que a partir de octubre de cada año se deberá adoptar la hora correspondiente al huso horario tres (3) como horario de verano.

Que el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 186 de fecha 2 de marzo de 2000, dispuso la suspensión de la aplicación de la mencionada ley a los efectos de llevar adelante estudios que permitiesen evaluar con mayor profundidad los impactos tanto en lo atinente a los consumos energéticos, como en los aspectos relacionados con la contaminación ambiental y calidad de vida de la población.

Que el citado decreto instruyó a la entonces Secretaría de Energía, actual Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía, para coordinar los estudios de carácter técnico, económico y ambiental, invitando a las comisiones competentes del Poder Legislativo nacional y a todos los sectores que pudiesen considerarse afectados por el cambio de huso horario.

Que conforme a lo ordenado por el decreto 186/2000 la entonces Secretaría de Energía, actual Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía, en conjunto con representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ha elaborado un plan de acción tendiente a encontrar las mejores soluciones para el conjunto social de la Nación y la calidad de vida de sus habitantes.

Que el mencionado plan incluye la realización de encuestas de carácter institucional e internacional, la recopilación y preparación de información de base, el relevamiento de opiniones y experiencias nacionales e internacionales, el diseño de una estrategia de comunicación a la población y la ejecución de estudios tendientes a evaluar las ventajas y desventajas del cambio de hora oficial, considerando los aspectos técnicos, económicos, ambientales, y externalidades como efectos sobre la salud, la seguridad y biorritmo.

Que se diseñaron, con apoyo del personal competente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se cursaron alrededor de cuatrocientas (400) encuestas a organismos oficiales del sector público nacional, instituciones del mercado energético nacional, organismos no gubernamentales y universidades nacionales, regionales y privadas.

Que con recursos financieros del Banco Mundial se contrataron los servicios de consultoría del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) para ejecutar el “Estudio de cambio de la hora oficial”.

Que el contrato con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) contempla diversas etapas en su desarrollo a los efectos de proporcionar los elementos de juicio adecuados que permitan a 1a secretaría elaborar alternativas, adaptaciones o recomendaciones objetivas y representativas para la aplicación y/o modificación de la ley 25.155.

Que la complejidad propia del plan impidió cumplir con las pautas temporales estipuladas en el decreto 186/2000, hallándose el estudio técnico contratado bajo las normas del Banco Mundial, que contempla el análisis de las encuestas recibidas de acuerdo al citado plan de acción y el estudio de la estrategia a seguir en materia de comunicación social, en vías de ejecución

Que corresponde considerar el tiempo necesario para difundir ampliamente eventuales cambios del huso horario con antelación, a fin de que ciertas actividades económicas y sociales que necesitan de la coordinación horaria, no se vean sorprendidas en forma intempestiva por los cambios propuestos, pudiendo así planificar con la debida antelación las adaptaciones a realizar en sus sistemas operativos.

Que en función de lo expuesto precedentemente resulta necesario prorrogar la vigencia del decreto 186/2000, por el cual se suspendió la aplicación de la ley 25.155, a fin de que la Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía complete la ejecución de los estudios tendientes a resolver la situación creada a nivel institucional en cuanto a la selección de las modalidades de aplicación de los husos horarios en nuestro país, juntamente con las comisiones competentes del Poder Legislativo nacional.

Que el inminente vencimiento del plazo estipulado en el decreto 186/2000 y la necesidad de finalizar los estudios pendientes configuran una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, resultando imperioso el dictado del presente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía ha tomado la correspondiente intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

Artículo 1º – Prorrógase, a partir del 1º de marzo del corriente año, la suspensión de la aplicación de la ley 25.155 dispuesta por el decreto 186 del 2 de marzo de 2000, con el fin de completar los estudios de carácter técnico, económico y ambientales, y concluir el proceso de consultas.

Art. 2º – Instrúyese a la Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía a continuar con la coordinación de los estudios de carácter técnico, económico y ambiental conducentes al mejor logro de los objetivos contemplados en la ley citada o en aquella que resulte de los estudios en ejecución y del proceso de debate institucional.

Art. 3º – La Secretaría de Energía y Minería del Ministerio de Economía continuará trabajando con las comisiones competentes del Poder Legislativo nacional e invitará a todos aquellos sectores que pudieran considerarse afectados por el cambio de la hora oficial a participar en el análisis de los resultados y proceso de difusión de las soluciones a adoptar.

Art. 4º – En caso de resultar necesaria la modificación a la ley 25.155 la Secretaría de Energía y Minería elaborará el correspondiente proyecto de ley que el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Honorable Congreso de la Nación antes del 30 de mayo de 2001, de no ser así regirá la ley citada.

Art. 5º – Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Decreto 257

Chrystian G. Colombo. – Federico T. M. Storani. – Adalberto Rodríguez Giavarini. – José L. Machinea. – Hugo J. Fernández. – Patricia Bullrich. – Héctor J. Lombardo. – Rosa G. C. de Fernández Meijide.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Recomendar a los señores legisladores y a sus comisiones de asesoramiento la adopción de las siguientes reglas de técnica legislativa, como pautas mínimas para la redacción de sus proyectos de ley y dictámenes de comisión.

1. El texto debe ser introducido por un título general que precise el objeto de la ley.

2. El título debe ser breve, concreto y reflejar objetivamente el contenido de la ley.

3. Es recomendable otorgar un segundo título, más breve y sencillo, cuando el título principal es extenso o difícil de recordar. El título abreviado debe indicarse expresamente en el articulado de la ley, preferentemente entre las disposiciones preliminares.

4. Se evitará dar a una ley un título ya asignado a otra ley anterior que continúa en vigor.

5. Frente a las sucesivas modificaciones de una ley puede ser necesario modificar su título.

6. Las normas deben organizarse temáticamente a fin de contribuir a la claridad del texto y a facilitar la identificación de sus disposiciones.

7. En el orden temático se suceden:

–Disposiciones preliminares.

–Definiciones.

–Disposiciones generales.

–Disposiciones especiales.

–Disposiciones orgánicas.

–Disposiciones procedimentales.

–Disposiciones sancionatorias.

–Disposiciones finales.

8. Las excepciones, limitaciones o condiciones para la aplicación de la ley deben ubicarse al comienzo del texto o, en su defecto, encabezando la parte, sección, título o capítulo al que corresponden.

9. El orden temático debe ir de lo general a lo particular y de lo sustantivo a lo procesal.

10. Todas las normas deben formar parte del texto de la ley y ninguna debe insertarse en los fundamentos.

11. Disposiciones preliminares. Las disposiciones preliminares incluyen:

–El ámbito de aplicación material, el objeto de la ley.

–El ámbito de aplicación territorial.

–El ámbito de aplicación personal, los sujetos de la ley.

–El ámbito de aplicación temporal, las disposiciones sobre vigencia de la ley.

12. Las definiciones que sean indispensables para la interpretación de la ley pueden situarse entre las disposiciones preliminares o en un anexo.

13. Si sólo fuesen necesarias para la interpretación de algunas normas, deben ubicarse en el inicio de la parte, sección o capítulo que contiene esas normas o en los correspondientes artículos.

14. Disposiciones orgánicas. Si el texto normativo determina la creación de órganos, las normas de creación deben ubicarse antes del procedimiento que se les establezca.

15. Disposiciones procedimentales. Deben describir el procedimiento cronológicamente.

16. Disposiciones sancionatorias. Cuando las disposiciones sancionatorias son pocas es aconsejable ubicarlas como un artículo a continuación de la norma cuyo incumplimiento deviene en esa sanción.

17. Disposiciones finales. Estas contienen las disposiciones que ordenan la derogación o modificación de otras normas, las disposiciones transitorias que rigen el paso de un régimen legal a otro y las provisorias, que tienen una aplicación temporal limitada. (Ver reglas sobre dinámica.)

18. Es costumbre aceptada ubicar entre las disposiciones finales las normas que se refieren a la entrada en vigencia de la ley, en discrepancia con lo expresado en la regla 11.

19. Si se trata de un cuerpo normativo referido a otro de jerarquía superior (por ejemplo, el decreto reglamentario de una ley), es conveniente, a fin de brindar mayor claridad al texto, respetar estrictamente la estructura del texto de jerarquía superior y la numeración de sus artículos, aun cuando esto produzca artículos plurinormativos (que contienen más de una norma) o artículos “vacíos” (por ejemplo, “Art. 3º – Sin reglamentar.”).

20. Remisiones internas. La ley puede contener remisiones internas, es decir, de una de sus normas a otras, siendo aconsejable que dicho reenvío se realice respecto de artículos precedentes.

21. La remisión interna debe ser expresa e indicar con precisión el número de la norma a la que se remite, evitando utilizar frases como “el siguiente capitulo” o “el capítulo anterior”, etcétera. Remisiones externas. Las remisiones a otras leyes deben limitarse a los casos estrictamente necesarios, identificando con exactitud la norma a la que se remite.

22. La ley debe ordenarse sistemáticamente.

23. El desglose de las normas y su agrupamiento en distintos niveles dependen de la extensión del texto de la ley y de su complejidad.

24. Cada redactor legislativo puede optar por el ordenamiento sistemático que juzgue más apropiado para brindar claridad al texto de la ley. Como ejemplos de agrupamientos más comunes pueden indicarse:

–Partes / secciones / títulos / capítulos.

–Partes / títulos / secciones / capítulos.

–Partes / títulos / capítulos / secciones.

25. La división en libros está reservada para las leyes voluminosas o los códigos.

26. Cuando se opta por un determinado agrupamiento, éste debe mantenerse a lo largo de toda la ley.

27. Cada división debe tener su número y una denominación que englobe el contenido de todos los artículos que agrupa.

28. La numeración puede ser ordinal o cardinal, en números romanos o arábigos, y recomienza en cada división. Debe seguirse el mismo criterio en todo el texto de la ley.

29. El texto de la ley se divide en artículos. Ninguna parte del texto puede ser excluida de la división en artículos.

30. Cada artículo debe contener una sola norma y cada norma debe estar contenida íntegramente en el artículo.

31. Es aconsejable dotar a los artículos de una denominación, a la que llamamos epígrafe (“Art. 2º – Derechos del locador. Son derechos del locador:…”).

32. Los epígrafes deben ser construcciones breves, claras, y tienen que expresar el objeto principal de la norma.

33. Los epígrafes no integran la disposición normativa.

34. Los epígrafes no pueden repetirse.

35. No deben epigrafiarse algunos artículos sí y otros no.

36. Los artículos deben ser numerados y la numeración debe ser continua, desde el principio hasta el fin del texto legal, independientemente de las divisiones que pueda tener el texto en partes, títulos, capítulos, etcétera. La numeración cardinal facilita la lectura.

37. Cuando se introducen nuevos artículos a textos legales tradicionales y extensos, por ejemplo los códigos, en lo posible debe respetarse la numeración y utilizarse los bis, ter, quáter. (Ver reglas sobre dinámica.)

38. En los demás casos, cuando se intercala una disposición en el articulado de la ley vigente, pueden reordenarse los números de los artículos a partir de la disposición intercalada.

39. Un texto autónomo no puede incluir artículos bis, ter, etcétera; éstos deben reservarse para los artículos que pudieran agregarse con posterioridad.

40. El artículo puede dividirse en párrafos y en incisos.

41. Los incisos pueden contener una enumeración taxativa o meramente enunciativa.

42. Asimismo, los incisos pueden ser acumulativos (es decir, deben cumplirse todos ellos) o simplemente alternativos (al menos uno cualquiera de ellos).

43. Los incisos se numeran o indican con letras minúsculas a), b), c), etcétera.

44. Debe indicarse en el cuerpo principal de la norma si los anexos que ésta incluye forman parte de la ley o no.

45. Los anexos se identifican con números o letras y deben llevar título.

46. En los anexos se incluyen los cuadros, tablas, diagramas, planos, descripciones y listados.

47. En algunos casos, el anexo constituye el núcleo central del dispositivo normativo. Por ejemplo, el Código Civil, anexo de la ley 340, o la Ley de Contrato de Trabajo, anexo de la ley 20.744. (Ver también regla 121.)

48. Emplear la palabra exacta.

49. El mismo concepto debe expresarse siempre con el mismo término o giro. No usar sinónimos.

50. Si se usa un término en un sentido que no es el habitual se lo debe definir, aunque es recomendable no alejarse demasiado del sentido habitual.

51. Evitar sustituir los sustantivos por pronombres.

52. En un texto legal reglamentario, la terminología no debe apartarse de la empleada en el texto legal de base.

53. Las modificaciones introducidas a una ley deben respetar su redacción, estilo y terminología.

54. Evitar el uso de términos extranjeros, salvo cuando posean un significado técnico o sean de uso corriente y no tengan traducción.

55. No utilizar abreviaturas, salvo “Art.”, “CN” (Constitución Nacional) y la denominación de los códigos (ej.: “CC” por Código Civil).

56. Al referirse a organismos oficiales, reparticiones, entidades, etcétera, citar la primera vez su nombre oficial completo y la sigla entre paréntesis. En artículos posteriores referirse a ellos sólo con su sigla.

57. Evitar el uso de arcaísmos.

58. La norma debe estar relacionada con el tiempo en que se la lee y aplica, no con aquel en que se la elabora y dicta.

59. Preferir el modo indicativo al modo subjuntivo.

60. Preferir el presente al futuro.

61. Emplear el futuro sólo cuando es irremplazable por el presente.

62. Emplear el pretérito sólo cuando se trata de actos anteriores a la ley.

63. Utilizar el gerundio sólo para enunciar una acción simultánea o anterior a la del verbo principal.

64. Sustituir el futuro imperfecto de subjuntivo por el presente de indicativo o subjuntivo (por ejemplo, en lugar de “dispusiere” –futuro imperfecto de subjuntivo– se escribirá “dispone” –presente de indicativo– o “disponga” –presente de subjuntivo–).

65. Sustituir el futuro perfecto de subjuntivo por el pretérito perfecto de indicativo o el pretérito perfecto de subjuntivo (por ejemplo, en lugar de “hubiere presentado en término” –futuro perfecto de subjuntivo–, se escribirá “ha presentado en término” –pretérito perfecto de indicativo– o “haya presentado en término” –pretérito perfecto de subjuntivo–).

66. En la construcción sintáctica preferir el orden lógico.

67. Deben evitarse las oraciones con sujeto tácito.

68. Evitar construcciones ambiguas.

69. Usar construcciones simples, evitar giros rebuscados y sobreabundantes (por ejemplo, en lugar de “efectuar una presentación” se escribirá “presentará”, en lugar de “se tendrá por caducada” se escribirá “caducará”).

70. Usar formas verbales conjugadas en lugar de frases verbales (por ejemplo, se escribirá “presentará” en lugar de “deberá presentar”).

71. Preferir la formulación positiva a la negativa.

72. Preferir la formulación refleja a la pasiva. Limitar el uso de la voz pasiva a los casos en que el interés debe enfocarse en el objeto de la acción y no en el sujeto.

73. Cuando legalmente hay dos posibilidades referirse a una de ellas positivamente, en vez de negativamente a la otra.

74. La formulación de la norma debe ir antes de las circunstancias de su aplicación.

75. Las circunstancias o condiciones se encabezan con las conjunciones “si” o “cuando” y no con el relativo “que”.

76. Evitar el uso de proposiciones subordinadas relativas, si pueden sustituirse por un participio en función adjetiva (en lugar de “la institución que demande” referirse a “la institución demandante”).

77. Evitar oraciones complicadas y confusas, que son generalmente el resultado de referencias y excepciones interminables.

78. Escribir párrafos breves.

79. Evitar el uso de palabras innecesarias.

80. Usar correctamente los signos de puntuación:

Separar con coma:

– Los elementos de una enumeración.

–El nombre y el número de una ley.

Utilizar dos puntos:

– Antes de una enumeración.

–Cuando la frase siguiente especifique lo propuesto.

81. Evitar colocar el verbo al final de la frase (latinismo o germanismo).

82. Antecedente y pronombre relativo deben colocarse cerca en la oración, para que surja con claridad la relación entre ambos.

83. Evitar toda estructura arcaizante.

84. En el texto legal deben omitirse disposiciones que sólo constituyen motivación del texto, son recomendaciones o enuncian intenciones.

85. Fechas: escribirlas completas y fuera de paréntesis.

86. Números: escribir con letras: edades, espacios de tiempo o duración, dígitos de cero a nueve que establezcan cantidad.

87. Los decretos, leyes, resoluciones, ordenanzas, se indican con mayúsculas seguidas de su número.

88. La Constitución Nacional y los códigos se mencionan con su nombre completo y las letras iniciales con mayúsculas o abreviados y entre paréntesis.

89. En las remisiones internas no debe repetirse la referencia “de la presente ley”, salvo que sea imprescindible para la claridad de la norma.

90. En las referencias externas se debe citar el número de la ley y la ley que la modifica. Si la norma fue modificada por varias leyes, se indicará sólo la última. Si la referencia es a textos ordenados, se remitirá sólo a ellos y no a las leyes originales.

91. En la redacción de incisos debe resultar claro si la enumeración es taxativa o no (ver regla 42) y si los mismos son acumulativos o simplemente alternativos (ver regla 43).

92. Uso de mayúsculas.

La mayúsculas se usan en:

–Nombres propios.

–Títulos que indican autoridad o cargo importante.

–Nombres de días festivos (ej.: Día de la Raza).

– Los sustantivos y adjetivos del nombre de una institución, tratado, ley o convenio.

– Las siglas.

– Las palabras gobierno, estado, república, etc., cuando equivalen a nombres propios.

93. Evitar el uso de la forma “y/o” porque está constituida por una conjunción que une (y) y otra que separa (o). Su utilización genera contradicciones.

94. Por el artículo 2º del Código Civil, si nada se dice expresamente, las leyes entran en vigor en todo el país 8 días después de su publicación oficial.

95. Si se quiere que la ley entre en vigor en una fecha distinta, debe incluirse en la ley una cláusula que expresamente así lo establezca.

96. La entrada en vigor de la ley puede fijarse en una fecha determinada con toda precisión, con día, mes y año; pero hay otras alternativas.

97. La entrada en vigor de la ley puede fijarse para una fecha determinable, como la fecha de promulgación o un plazo a contarse a partir de la fecha de sanción o de promulgación. No es aconsejable tomar como referencia temporal la fecha de publicación oficial, porque eso permitiría al Poder Ejecutivo manejar la entrada en vigor de la ley, y eventual- mente hasta impedirla.

98. Distintas disposiciones de una misma ley pueden tener distintas fechas de entrada en vigor. Si se quiere usar esta posibilidad, es necesario preverlo expresamente y con toda claridad.

99. La entrada en vigor de una ley puede estar sujeta al cumplimiento de una condición, es decir, un hecho futuro que puede ocurrir o no. No conviene poner como condición una reglamentación u otro acto a dictar por el Poder Ejecutivo, porque ello le permitiría al Poder Ejecutivo impedir la entrada en vigor de la ley.

100. Las leyes se extinguen por caducidad cuando desde su creación, por su propio texto, estaban sujetas a un plazo o a una condición, y ese plazo o condición se cumple.

101. Cuando es posible, el plazo de vigencia de una ley debe ser cierto, por haber sido fijado con toda precisión, con día, mes y año; o bien de otra manera suficientemente precisa.

102. No conviene, salvo casos muy excepcionales, sujetar la vigencia de una ley a un plazo incierto, o sea aquel referido a un hecho futuro que necesariamente alguna vez ha de ocurrir, pero no se puede saber cuándo.

103. La vigencia de una ley puede estar sujeta al cumplimiento de una condición resolutoria. Si se elige esta posibilidad, el hecho cuya ocurrencia cumple la condición debe estar descripto con la mayor claridad posible. Si por la naturaleza del hecho su ocurrencia puede ser discutida, es conveniente establecer que tal ocurrencia será constatada por determinado órgano estatal, el cual estará obligado a emitir un acto expreso y a publicarlo en el Boletín Oficial.

104. La ley también puede caducar por cumplimiento de su objeto, si el objeto es susceptible del agotamiento de las situaciones jurídicas que la ley regula. Como estos casos se parecen a un plazo no determinado expresamente por la ley, si es posible conviene establecer de manera expresa un plazo máximo de vigencia de la ley.

105. La derogación total o parcial de las leyes debe ser expresa.

106. La derogación debe establecerse en la ley mediante el uso del término “Derógase” seguido de la mención de las normas a derogar. No deben usarse otros términos porque pueden dar lugar a confusión, por ejemplo “Queda sin efecto”.

107. Cuando se establece un nuevo régimen legal en reemplazo de otro, este último debe ser derogado expresamente.

108. La derogación de las leyes debe ser hecha con toda precisión, identificando con certeza las leyes o disposiciones legales que se derogan. Las leyes a derogar deben ser identificadas por su número, excepto los códigos, que deben ser identificados por su nombre completo. Los artículos deben ser identificados por su número, y los incisos por la letra o número correspondiente. (En relación con la derogación de artículos, ver también la regla 121).

109. La derogación debe mencionar detalladamente todas las leyes a derogar, inclusive aquellas modificatorias de la ley principal.

110. Debe evitarse la derogación genérica indeterminada, que se suele expresar con fórmulas del estilo “Derógase todo lo que se oponga”. Con mayor razón deben evitarse las fórmulas del estilo “Derógase en todo cuanto se oponga”, que producen muchas más incertidumbres que certezas.

111. No deben usarse el verbo “derogar” ni sus derivados cuando se establece un régimen especial que ha de funcionar como una excepción al régimen general que continúa vigente para los demás casos.

112. No conviene derogar leyes que ya estaban extinguidas, pues se corre el riesgo de que alguien interprete que estaban vigentes. Si se quiere dar certeza a una derogación anterior discutible, se puede usar una fórmula como “Declárase derogada a la ley...”.

113. Cuando se quiere dar por terminado un régimen legal es necesario derogar la ley que lo estableció. No deben usarse fórmulas del estilo “Suprímese el impuesto creado por ley...”, sino directamente “Derógase la ley ...”.

114. Cuando la ley a derogar ha sido objeto de texto ordenado oficialmente aprobado, la derogación debe referirse al texto ordenado más reciente de esa ley; pero conviene mencionar expresamente las leyes modificatorias posteriores al texto ordenado que también han de ser derogadas.

115. La modificación total o parcial de las leyes debe ser expresa.

116. La modificación de la ley debe ser hecha con toda precisión, identificándose de manera certera la ley o disposición legal que se modifica. La ley a modificar debe ser identificada por su número, excepto los códigos, que deben ser identificados por su nombre completo. Los artículos a modificar deben ser identificados por su número, y los incisos por la letra o número correspondiente.

117. La modificación debe mencionar a la ley principal a modificar. No hay que enumerar detalladamente las anteriores leyes modificatorias de la ley principal.

118. Cuando se quiere modificar un régimen legal, es necesario modificar la ley que lo estableció. No deben usarse fórmulas del estilo “Modifícase el impuesto creado por ley...”, sino referirse directamente a la ley.

119. En principio, la modificación de una ley debe hacerse sustituyendo íntegramente una parte del texto de la ley. Esa parte no debe ser menor que un párrafo, inciso o apartado. Aunque se quiera sustituir solamente una palabra o frase, igualmente se le dará forma de sustitución integral de una parte de la escala indicada.

120. La modificación de una ley también puede hacerse mediante el agregado de nuevos artículos, párrafos, incisos o apartados. En este caso debe asignarse a los nuevos textos una identificación por números, letras o de otro modo que sea concordante con el método utilizado por la ley a modificar.

121. Si se quiere modificar algún artículo de un texto legal aprobado como anexo de una ley, debe indicarse con precisión el texto a modificar: no es lo mismo el artículo 3º de la ley 340, aprobatoria del Código Civil, que el artículo 3º del Código Civil. (Ver regla 47.)

122. El agregado de nuevos artículos en una ley anterior debe ser establecido mediante la fórmula “Incorpórase a la ley... el siguiente artículo”, y luego se transcribe el texto a insertar, comenzando por su identificación numérica, alfabética o la que corresponda. Esto vale también para el agregado de párrafos, incisos o apartados.

123. Cuando se agregue a una ley un artículo, párrafo, inciso o apartado en medio de una serie, la identificación asignada se formará tomando la identificación de la unidad del mismo nivel (artículo, párrafo, inciso o apartado) inmediatamente anterior al lugar de inserción, completada con una palabra latina que permita diferenciar. Para la primera unidad agregada la palabra latina será “bis”, para la segunda “ter”, y para las siguientes “quáter”, “quinquies”, “sexies”, “septies”, “octies”, “nonies” y “decies”. Sin embargo, si los agregados pasan de cuatro, sería conveniente buscar otra manera de insertar los nuevos textos. (Ver también reglas sobre estructura.)

124. Cuando se quiere agregar un artículo nuevo antes del artículo 1º de la ley a modificar, conviene asignar al artículo nuevo el número 1º y simultáneamente cambiar el número del anterior artículo 1º, que pasará a ser 1º bis. Con los cambios pertinentes, lo mismo vale para el caso de incisos nuevos antes del primer inciso.

125. La modificación de una ley por supresión de textos es una derogación parcial de la ley, y debe hacerse como las demás derogaciones. Es conveniente derogar íntegramente unidades del nivel artículo, párrafo, inciso o apartado. Si se quiere derogar una parte menor, es preferible sustituir inte- gramente el artículo, párrafo, inciso o apartado.

126. La modificación a una ley debe hacerse utilizando rigurosamente la misma terminología de la ley a modificar. (Ver también reglas sobre redacción.)

127. Al modificar una ley debe respetarse en todo lo posible la estructura formal de la ley a modificar, inclusive el método de epigrafiado. Si es necesario modificar también la estructura de la ley, eso debe hacerse respetando sus lineamientos generales, por ejemplo, si se agrega un nuevo capítulo éste debe tomar una numeración y llevar un título del mismo estilo que los capítulos ya existentes en la ley. (Ver también reglas sobre estructura.)

128. Las modificaciones a una ley que ha sido objeto de texto ordenado oficialmente aprobado, deben referirse al texto ordenado más reciente de esa ley, sin mencionar las leyes modificatorias posteriores al texto ordenado, ni agregar frases del estilo “y sus modificatorias”.

Restablecimiento

129. El restablecimiento de la ley debe ser hecho de manera expresa, pues equivale a volver a crearla. La derogación de la ley derogatoria no produce por sí misma el restablecimiento de la ley anteriormente derogada.

130. Cuando se restablece una ley extinguida, debe incluirse una cláusula que regule la situación jurídica de los hechos y actos producidos en el período intermedio durante el cual no rigió la ley restablecida.

131. Las reglas anteriores valen, mutatis mutandi, para el restablecimiento de una ley que estaba suspendida.

132. Si de un conjunto de casos va a tomarse algún atributo para dar soluciones distintas según que ese atributo exista o no, o que se verifique o no la ocurrencia de determinado hecho, las normas deben redactarse siempre de acuerdo con la existencia de dicho atributo o no, o la ocurrencia de ese hecho o no. No debe buscarse el atributo contrario (por ejemplo, “buena fe vs. mala fe” es incorrecto; lo correcto es “buena fe vs. falta de buena fe”).

133. Cerciorarse de que el conjunto de agrupamientos resulta exhaustivo: cada caso individual debe estar contemplado en algún casillero (ejemplo: “contratos anteriores a 1990 vs. contratos posteriores a 1990” no es exhaustivo: los contratos celebrados durante 1990 no entran en ningún agrupamiento. A alguno de los dos habrá que agregarle “inclusive” o “exclusive”),

134. Cerciorarse asimismo de que el conjunto de agrupamientos resulta excluyente: ningún caso individual debe estar contemplado en más de un casillero (ejemplo: “inmuebles destinados a vivienda vs. inmuebles destinados a local comercial” no es excluyente: existen numerosos inmuebles que son local comercial y también vivienda. A alguno de los dos habrá que agregarle “exclusivamente”).

135. Revisar prolijamente si la solución que ha dado a cada grupo de casos se ajusta al objeto de la ley que ha elaborado.

136. Solucionar todos los agrupamientos de casos individuales, aunque la probabilidad de existencia de situaciones reales en uno de los grupos sea muy pequeña.

137. Comprobar que los atributos que se han previsto son efectivamente relevantes al momento de decidir una solución determinada. Muchas veces, al ir tomando las decisiones parciales, determinado atributo termina por no utilizarse.

138. Como consecuencia de lo anterior, verificar que se ha utilizado la menor cantidad posible de normas (ejemplo: un sistema de dos normas que establezca que los perros de menos de dos años deben tener collar y también que los perros de dos años o más deben tener collar, puede reemplazarse sin alterar el resultado, por una sola norma que diga: “Todos los perros deben tener collar”).

139. Si al revisar el proyecto se encuentra algún problema lógico (lagunas, contradicciones o redundancias normativas), analizar si ello proviene de una decisión política errónea o si es producto de una redacción o una estructura defectuosas.

140. Analizar cuidadosamente cada grupo de casos, buscando hipótesis posibles de existencia de casos individuales para los cuales la solución es injusta.

141. Tener en cuenta que las redundancias y las contradicciones de la ley necesariamente se trasladan al orden jurídico; no así las lagunas.

142. No desesperar tratando de evitar todas las lagunas en la elaboración de una ley. Cerciorarse previamente sobre si alguna o algunas de ellas no se solucionan al incorporar la ley al orden jurídico.

143. El hecho de que la ley no tenga contradicciones ni redundancias, no garantiza que éstas no aparezcan al incorporar la ley al orden jurídico. Puede suceder que alguna de las normas que se han incorporado a la ley, ya estaban en el orden jurídico.

Horacio D. Usandizaga. – Augusto Alasino. – Pedro G. Villarroel. – Raúl A. Galván. – Pedro del Piero. – José L. Gioja. – Omar M. Vaquir. – Mario A. Losada.

Señor presidente:

El proyecto de resolución que se eleva a consideración de esta Cámara no pretende imponer reglas de técnica legislativa de acatamiento obligatorio para quienes redactan leyes, ni menos aún se propone homogeneizar la redacción de proyectos en las Cámaras que componen el Congreso de la Nación.

Las reglas que se formulan no son inmutables ni exhaustivas, tienen su valor como material de consulta y de apoyo técnico.

El proyecto trata de aportar pautas para mejorar la elaboración de las normas, en su estructura, redacción, lógica interna de sus disposiciones y aspectos de dinámica legislativa.

Se buscan la claridad y simplicidad de la ley y con ello favorecer la comprensión por parte de su destinatario final, sea éste profesional o lego.

Según nos enseña Alberto Castells, “un buen texto legislativo, en cuanto a la forma y al estilo, se caracteriza, a su vez, por la claridad y la concisión. Debe destacarse el eje que domina cada construcción, debe desestimarse toda idea ajena a su unidad, debe desecharse toda palabra superflua. El correcto manejo de la sintaxis; la elección cuidadosa del lugar que ocupan las palabras claves; la necesidad que cada estructura se conforme a un esquema de apertura, continuación y cierre, contribuirá a reforzar la expresión de la idea”.

En el sentido expresado se favorecen la interpretación judicial y la correcta aplicación de las leyes, y con ello se alcanza un mayor nivel de seguridad jurídica.

Las reglas que se enuncian en este proyecto han sido elaboradas por Héctor Pérez Bourbon, Beatriz Marina Grosso, María Alejandra Svetaz y Fermín Pedro Ubertone, profesionales dedicados al estudio e investigación de temas de derecho parlamentario y técnica legislativa, con muchos años de experiencia en el trabajo legislativo. Su trabajo ha sido publicado bajo el título Reglas prácticas de técnica legislativa por la Editorial de Belgrano, Buenos Aires, julio de 2000.

En la preparación de las reglas los citados profesionales han sistematizado su propia experiencia y recogido el valioso aporte de numerosos trabajos doctrinarios y material legislativo nacional y extranjero.

La existencia de reglas o pautas para la redacción de normas es común en países como los Estados Unidos, Alemania e Italia.

En algunos casos han sido elaboradas y difundidas por especialistas en la materia –doctrinarios o personas muy experimentadas en la labor legislativa–, y constituyen pautas guías, no obligatorias.

En otros, se trata de disposiciones obligatorias contenidas en resoluciones aprobadas por los propios cuerpos legislativos. La verificación del cumplimiento de estas directivas es concedida a un cuerpo técnico especialmente designado para esa función, cuya actuación puede ser previa a la presentación del proyecto o posterior.

En general, en el derecho comparado, es común hallar estas reglas presentadas en forma de checklists, es decir como una serie de preguntas que orientan la tarea del redactor legislativo en cada caso concreto de diseño de disposiciones legales.

También pueden consistir en mandatos generales o reglas precisas. Estas directivas comprenden temas referidos a la estructura y redacción de normas y también enfocan cuestiones referidas a la conveniencia y oportunidad social en que se encara la reforma o se crea la nueva norma, así como la posibilidad de la efectiva implementación de sus soluciones o de los procedimientos seleccionados.

En la legislación argentina vigente son muy pocas las normas que contienen disposiciones sobre redacción y estructura de los textos normativos.

En la Constitución Nacional, el artículo 84 determina que: “En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula:‘El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso... decretan o sancionan con fuerza de ley’ ”.

Por su parte, los reglamentos de las Cámaras son también escuetos en el tema.

El Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación establece en su capítulo X normas sobre la presentación de proyectos. Su artículo 115 dispone que todo asunto promovido por un diputado deberá presentarse a la Cámara en forma de proyecto de ley, de resolución o de declaración, con excepción de las mociones a que se refiere el capítulo XII.

Asimismo, el artículo 116 determina que se presentará en forma de proyecto de ley toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes.

Según el artículo 117, se presentará en forma de proyecto de resolución toda proposición que tenga por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u organización interna de la Cámara, y en general toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar el cuerpo por sí o juntamente con el Senado.

En el artículo 118 se aclara que se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición que tenga por objeto expresar una opinión de la Cámara sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, no siendo incidental al curso ordinario del debate, o de adoptar reglas generales referentes a sus procedimientos.

Seguidamente el artículo 119 estipula que todo proyecto se presentará escrito y firmado por su autor y coautores, en un número que no sobrepase en total a los quince diputados.

Una regla importante de técnica legislativa establece el artículo 121, al prescribir que los proyectos de ley o de resolución no deberán contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán ser de un carácter rigurosamente preceptivo, y el artículo 123 obliga a que los proyectos se presenten fundados por escrito.

El Reglamento del Senado de la Nación contiene normas similares en sus artículos 115 a 122 inclusive.

Los reglamentos de Legislaturas provinciales también incluyen reglas como las mencionadas. Por ejemplo, los reglamentos de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, Mendoza, Santa Fe, y la Legislatura de Río Negro. Otros avanzan un poco más, como el Reglamento de la Legislatura de La Rioja, que establece en su artículo 89: “Se procurará reducir todo artículo a una proposición simple o tal que no pueda ser admitido en una parte o repelido en otra”.

En particular es preciso indicar que el proyecto reserva el término “norma” para la unidad normativa, el término “ley” para el conjunto de normas que se aprueban en un mismo cuerpo normativo, mediante un mismo acto legislativo, y los términos “orden jurídico” o “legislación” para el conjunto de todas las normas que integran el plexo normativo del país.

En cuanto a las reglas en sí, se agrupan en cuatro módulos: estructura del dispositivo normativo, redacción normativa, dinámica legislativa y lógica de los sistemas normativos.

Cada uno de ellos apunta a un aspecto específico en la correcta formulación de un texto legal.

El objeto de la estructura es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y de las normas en ella contenidas. Una buena estructura permite construir un índice de la ley, mediante el cual el usuario, sea profesional o no, puede encontrar rápidamente la norma o el grupo de normas que necesita.

La redacción, por su parte, tiende a asegurar que el texto de la ley será interpretado del mismo modo por todos aquellos que deban utilizarlo.

La dinámica legislativa apunta a asegurar la correcta inserción en el orden jurídico de la ley que estamos elaborando. La sanción de una nueva ley implicará, necesariamente, una adecuación en el orden jurídico vigente a ese momento: deberán modificarse o derogarse otras normas. Un correcto manejo de las reglas referidas a la dinámica legislativa permite una mayor certeza en cuanto a cuáles son las normas que mantienen su vigencia y cuáles las que la han perdido.

Finalmente, las reglas referidas a la lógica de los sistemas normativos procuran evitar las lagunas, contradicciones y redundancias en el orden jurídico.

Entre la bibliografía citada por los autores para la elaboración de su trabajo, podemos mencionar:

1. Javier Clavell Borrás: Introducción a la técnica legislativa, Fundación Banco de Boston, 1984.

2. Alberto Castells: Selección de fórmulas, reglas y estilos requeridos para una correcta presentación de preceptos normativos.

3. M. Alejandra Svetaz, Beatriz M. Grosso, Héctor Pérez Boubon, Fermín P. Ubertone: Técnica legislativa, Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1999.

4. Héctor Pérez Bourbon: Técnica legislativa y política legislativa, Primeras Jornadas de Perfeccionamiento y Actualización Parlamentaria. Mendoza, 1990, Centro de Capacitación Superior de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, Mendoza, 1990.

5. Alfred Menard: Legislative Bill Drafting, Checklist for the Drafter, 26 Rocky Mountain Law Review 368/373, 1954.

6. Jack Davis: Legislative Law and Process in a nut shell, capítulo 6, Bill Drafting, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1986.

7. William Eskridge Jr., Philip P. Frickey: Cases and Materials on Legislation Statutes and the Creation of Public Policy, American Casebook Series, capítulo 2, “Legislative Drafting”, West Publishing Co. St. Paul Minnesota, 1995.

8. Charles Harris: An Overview of the Bill Drafting Process, Indiana Legislative Services Agency, mayo 1986.

9. Decreto Poder Ejecutivo nacional de la República Argentina 333/85 sobre “Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativos”.

10. Resolución de la provincia de Santa Fe, número 2 del 13 de abril de 1984, Subsecretaría de Asuntos Legislativos, sobre “Reglas de técnica legislativa”.

11. Osvaldo Rodrigo y Jorge Gentile: proyectos de ley presentados ante la Cámara Diputados de la Nación Argentina, expedientes 2.382-D.-88 y 1.301-D.-90 respectivamente.

12. Manuales de técnica legislativa de los Estados de Maryland y Pennsylvania, Estados Unidos de América.

13. Handbook of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1968, pp. 318-23, “Drafting Rules for Writing Uniform or Model Acts”, en Materials on Legislation, Fourth Edition by Horace Read, John MacDonald, Jefferson Fordham y William Pierce, Mineola New York, The Foundation Press, 1982.

14. Cuestionario de la República Federal de Alemania o “cuestionario azul”, resolución del 11 de diciembre de 1984 y catálogo desarrollado por los ministros de Justicia y del Interior, 1986. Versión de Hugo Alfonso Muñoz Quesada, Costa Rica, 1998.

15. Ley del 11 de diciembre de 1984 número 839: “Normas sobre la recopilación oficial de los actos normativos de la República Italiana y la Gaceta Oficial de la República Italiana”.

Circular 1.1.26/8143 del 19 de diciembre de 1984 dirigida por la presidencia del Consejo de Ministros a todos los ministerios.

16. Circular del presidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana del 19 de febrero de 1986 en materia de formulación técnica de textos legislativos.

17. Augusto C. Belluscio: Reglas gramaticales para la redacción de sentencias.

18. “Checklist para la redacción de los textos normativos”, Cámara de Diputados de Italia, 1991.

19. Hugo Alfonso Muñoz Quesada: Reglas para mejorar la técnica legislativa, Costa Rica, 1995.

20. Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación, editorial La Ley, Buenos Aires, 1998.

Finalmente cabe señalar que no es posible otorgar una forma perfecta a una ley de contenido imperfecto. La tarea del redactor legislativo no se reduce a la aplicación de un número determinado de reglas de técnica legislativa. Se trata de una labor compleja que exige el estudio de antecedentes legislativos, parlamentarios y doctrinarios, la evaluación de la oportunidad y conveniencia de la ley que se proyecta, su perfecta inserción en el orden jurídico vigente y el cuidado extremo de reflejar en el texto normativo la decisión política.

Conforme lo señala Meehan, el acto legislativo debe reunir los caracteres de: a) integralidad: acto legislativo completo que contiene todas las normas pertinentes y que no presenta lagunas técnicas que requieran de otros actos legislativos; b) irreduci- bilidad: acto legislativo que no expresa más de lo necesario, evitando reiteraciones y excesos legislativos; c) coherencia: acto legislativo sin contradicciones o inarmonías, o soluciones diferentes para iguales supuestos; d) correspondencia: el acto legislativo debe tener en cuenta otras normas vigentes, no debe ignorar el resto del ordenamiento jurídico y debe expresar con claridad las derogaciones y la correcta inserción de la nueva norma.

Un texto normativo que cumpla los requisitos mencionados en el punto anterior contribuye a lograr el estado de seguridad jurídica al que todo sistema político aspira.

Un régimen caracterizado por la seguridad jurídica supone que en él existe un orden normativo preciso y por todos conocido, así como un sistema de justicia capaz de garantizar su cumplimiento.

Desde la actividad legislativa se contribuye a alcanzar ese ideal por medio del cumplimiento acabado de las normas constitucionales y reglamentarias, el respeto a las reglas de la mejor técnica legislativa y la publicidad del trámite parlamentario de formación y sanción de las leyes.

Horacio D. Usandizaga. – Augusto Alasino. – Pedro G. Villarroel. – Raúl A. Galván. – Pedro Del Piero. – José L. Gioja. – Omar M. Vaquir. – Mario A. Losada.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

1. Declarar de interés legislativo el IV Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares a realizarse en San Javier, provincia de Santa Fe, el 27 y 28 de octubre de 2001.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de quien corresponda, declare de interés nacional el IV Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares a realizarse en San Javier, provincia de Santa Fe, el 27 y 28 de octubre de 2001.

Señor presidente:

El IV Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares se realizará en el mes de octubre de 2001 en San Javier, provincia de Santa Fe, sucediendo a los realizados en Chaco, Santa Fe y Córdoba, respectivamente.

Los encuentros nacionales de consejos de administración de cooperativas escolares tienen por objeto implementar un espacio de encuentro e intercambio de experiencias en educación cooperativa; movilizar los valores cooperativos de niños y jóvenes como medio de lograr cambios sociales positivos y significativos; brindar capacitación a los docentes de todo el país sobre los valores del cooperativismo y la implementación de esta doctrina en la escuela y a los consejeros en el manejo de la cooperativa. En definitiva lograr una comunidad democrática y comprometida con el accionar cooperativo conjugando los principios que establece la Ley Federal de Educación y los de la cooperación.

A partir de una dinámica de talleres y exposiciones más una conclusión final, el IV encuentro propone el análisis de diferentes temas de interés, tales como:

– ¿Cómo se cumplen los roles en la organización cooperativa? Asambleas, consejeros y síndicos; funciones del consejo de administración y sindicatura.

– ¿Cómo se organiza la contabilidad cooperativa? Balances, excedente.

– ¿Cuáles son los derechos y deberes de los asociados en una cooperativa escolar?

Asimismo, se examinarán contenidos referidos a “La democracia y el trabajo en la cooperativa escolar”, “Las cooperativas escolares como generadoras de la cultura del trabajo solidario” y “La cooperativa escolar como espacio para la autocapacitación organizacional”, entre otros.

El encuentro también contará con paneles sobre “Liderazgo y autoridad”, “Adolescencia y posmodernidad” y “La cooperativa como comunidad de vida”.

Durante el encuentro se invitará a las delegaciones escolares participantes a presentar stands o videos sobre las actividades que realizan y se organizarán reuniones recreativas, deportivas y artísticas.

La organización del IV Encuentro en San Javier, será producto del esfuerzo conjunto de profesores, profesionales y personas capacitadas para planificar y poner en práctica la metodología de los talleres, bajo la coordinación de una comisión integrada por representantes de la Municipalidad, la Cooperativa de Servicios Públicos de San Javier y la Escuela de Enseñanza Media 242, principalmente.

Realizar encuentros de esta naturaleza implica para la provincia de Santa Fe un motivo de orgullo y satisfacción y un reconocimiento para la localidad de San Javier, que a través de Escuela de Enseñanza Media 242 viene participando ininterrumpidamente en los encuentros nacionales.

Sin más fundamentos elevo el presente a consideración de mis pares solicitando su aprobación.

–A la Comisión de Educación.

Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador Mario Losada.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se dé por reproducido el expediente 1.089/99, proyecto de resolución de mi autoría por el que se implementa un sistema de consulta pública en Internet para las contrataciones administrativas hechas por el Estado.

El proyecto fue publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 60 del 2 de julio de 1999 y girado a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Artículo 1º – Toda la información referida a licitaciones públicas o privadas, concurso de precios o compras directas que se realicen para la adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas por parte del gobierno nacional, sus organismos descentralizados y entes autárquicos, deben publicarse, además de por todos los medios previstos en la legislación vigente, en un sitio de consulta pública y gratuita en Internet. Dicha publicación se efectuará cumpliendo los plazos, requisitos y exigencias de las disposiciones vigentes sobre la materia.

Art. 2º – Deben publicarse en el referido sitio, los resultados de las adjudicaciones una vez acontecidas con el detalle del ganador de la compulsa y los valores parciales y totales adjudicados.

Art. 3º – A efectos de facilitar y simplificar los trámites previos a la presentación de ofertas se implementará un sistema informático que permita:

a)Presentar toda la documentación relativa a la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, exceptuando aquella que se refiera a trámites personales o que requiera formalidades especiales;

b)Efectuar la venta de pliegos de bases y condiciones de la contratación, y

c)Consultar las disposiciones legales que regulan el sistema de contrataciones del Estado nacional.

Art. 4º – Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo llamará a licitación pública para la provisión del diseño del sistema que se implementa.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo podrá delegar en terceros particulares, previa licitación pública, la operación del sistema informático y la incorporación al mismo de los datos necesarios para su funcionamiento y de la información a que aluden los artículos precedentes.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Siendo la corrupción uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía, resulta necesario aportar a la lucha contra este flagelo elementos idóneos para la consecución de tal fin.

La transparencia de los actos de gobierno es fundamental para alcanzar el objetivo propuesto. Incorporar a la administración pública herramientas informáticas de vanguardia significará un adelanto sustantivo que permitirá a la población en general tener un control de lo que compra el Estado, a quién compra y a qué precios.

Con el procedimiento propuesto todos los ciudadanos de la Nación podrán consultar sobre las compras oficiales y acceder a sus resultados como asimismo se facilita el ingreso en calidad de oferentes de bienes y servicios sin necesidad de trasladarse de su lugar. Esto extenderá en gran número la cantidad de oferentes con lo cual el Estado tendrá mayor cantidad de ofertas para poder seleccionar sus compras.

La publicidad es esencial en las licitaciones ya que cuanto mayor sea la misma, mayor será la concurrencia de interesados en competir. Con esto se trata de conseguir que “haga oferta todo aquél que, hallándose en condiciones legales, desee presentarse formulando su proposición" (Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, tomo III-A, páginas 201/2). Es que mientras mayor sea la competencia entre los oferentes, mayores serán las ventajas (en cuanto a precios, plazos, calidad) a obtener por la administración pública (Diez, Derecho administrativo, tomo III, página 87).

En igual sentido Casella, Chojkier y Dubinsky señalan que “Si bien los distintos reglamentos de contrataciones determinan la obligatoriedad de la publicación en el Boletín Oficial de la jurisdicción, es sumamente conveniente el anuncio en diarios y otros órganos de difusión, previstos como facultativos en las respectivas disposiciones a fin de obtener la máxima concurrencia posible de los oferentes”. (Régimen de compras del Estado, página 34).

Por su parte Dromi expresa que “La administración no puede elegir individualmente a sus proponentes; si así fuere, la concurrencia no sería libre. Por tanto, la publicidad del llamado a licitación es una consecuencia obligada del principio jurídico de la libre concurrencia. La norma positiva exige siempre que los anuncios de licitación se publiquen en boletines oficiales y en otros periódicos de mayor circulación, pero cumplimentado esto la administración puede elegir discrecionalmente cualquier otro modo técnico de publicación que asegure la mayor difusión entre los eventuales interesados y el respeto al principio de igualdad entre ellos, verbigracia, anuncios de radiotelefonía, televisión, afiches, carteles, volantes, invitaciones personales o comunicaciones directas, etcétera”. (La licitación pública, pág. 136).

El artículo 10 de la ley de obras públicas establece que “La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Nación y en el órgano análogo del gobierno provincial o del territorio donde la obra haya de construirse, sin perjuicio de anunciarla en órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma, en el país o en el extranjero, si así se estimare oportuno”.

Es decir que la ley que proponemos, no sólo complementará y ampliará el artículo transcrito sino que también redundará en un fortalecimiento de los principios de publicidad y concurrencia.

Con el procedimiento propuesto todos los ciudadanos de la Nación podrán consultar sobre las compras oficiales y acceder a sus resultados como, asimismo, se facilitará su ingreso en calidad de oferentes de bienes y servicios sin necesidad de trasladarse de su lugar de residencia. Esto extenderá en gran número la cantidad de oferentes con lo cual el Estado tendrá mayor cantidad de ofertas para poder seleccionar sus compras.

También se prevé que por medio electrónico se pueda adquirir el pliego respectivo e inscribirse como proveedor cuando así lo requiera la ley.

La implementación de este sistema transformará, sin duda, y para beneficio de la comunidad el proceso de compras que seguramente ganará en transparencia y mejor precio.

Por último, señalamos como antecedentes de este proyecto la iniciativa en igual sentido presentada en el Senado de la provincia de Santa Fe, por el senador Alberto Beccani, la ley mexicana de 1997, que implementó un sistema de estas características denominado Compranet.

Por lo manifestado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador Mario Losada.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se dé por reproducido el expediente 819/99, proyecto de resolución de mi autoría por el que se reglamenta la facultad de solicitar modificaciones en los giros que se acuerdan a los proyectos ingresados.

El proyecto fue publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 44 del 2 de junio de 1999 y girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Artículo 1º – El autor del proyecto puede solicitar el cambio del giro otorgado al mismo, desde la fecha de presentación del proyecto y hasta treinta (30) días corridos luego de la sesión en que se dé cuenta de los asuntos entrados en los que conste el ingreso del proyecto en cuestión.

Art. 2º – Las comisiones que se consideren con competencia en el estudio del proyecto y que no hayan sido incluidas en el giro originariamente otorgados, desde la fecha de presentación del proyecto y hasta treinta (30) días corridos luego de la sesión en que se dé cuenta de los asuntos entrados en los que conste el ingreso del proyecto en cuestión.

Art. 3º – Los plazos indicados en los artículos 1º y 2º caducan en caso que las comisiones incluidas en el giro originariamente otorgado produjeren dictamen previo a la petición de cambio o a la resolución que lo acuerde. En caso de ser coincidente la fecha del dictamen con la de la resolución que acuerde el cambio de giro, tiene prioridad el dictamen o anteproyecto de dictamen aprobado, quedando automáticamente sin efecto el cambio de giro acordado.

Art. 4º – Las comisiones incluidas en el giro que otorga la Cámara, durante todo el plazo en que el proyecto se encuentre a estudio de las mismas, pueden solicitar los siguientes cambios de giro:

a) Unificación de giros en expedientes que, referidos a un mismo tema, no hayan tenido igual giro en razón de las particularidades de cada proyecto.

b) Inversión del orden de las comisiones giradas con fundamentación suficiente que la motive.

c) Exclusión de la comisión que se considere no tiene competencia en el estudio del proyecto en cuestión.

En los casos de los incisos a) y b), el pedido de cambio de giro debe ser formulado por la comisión que encabeza el giro, o por cualquiera de las restantes comisiones con el visado de la comisión que encabeza el giro.

En el supuesto del inciso c) el pedido puede ser formulado por la propia comisión que solicita su exclusión o por la comisión que encabeza el giro con la conformidad de la comisión que se pretende excluir.

Art. 5º – Excepcionalmente, cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje, las comisiones incluidas en el giro pueden solicitar durante todo el plazo en que el proyecto se encuentre a estudio en las mismas, la ampliación del giro a otra comisión que se entienda deba tener competencia en el estudio del proyecto en cuestión.

Art. 6º – En caso de modificarse la competencia de alguna de las comisiones permanentes de la Honorable Cámara, o de crearse nuevas comisiones permanentes, la competencia de las mismas regirá para aquellos expedientes que ingresen a la Cámara a partir del día siguiente a la fecha en que fuera aprobada la resolución respectiva.

Señor presidente:

Conforme lo determina el Reglamento de este honorable cuerpo legislativo, su presidente debe dar cuenta de los asuntos entrados en el orden establecido por el artículos 186 y destinar los mismos, (artículo 33 inciso 20).

Los proyectos ingresados, tanto los originados por los propios senadores, como los remitidos por el Poder Ejecutivo o los venidos en revisión de la Cámara de Diputados, deben girarse a las comisiones competentes en razón de la materia.

El Reglamento en su artículo 102 determina que cada proyecto se destina a una sola comisión, aunque la Presidencia puede resolver excepcionalmente que pase a estudio de más de una cuando a su juicio, así lo aconseje la naturaleza del asunto.

La práctica parlamentaria actual se ha apartado de estas premisas. El giro de un proyecto a más de una comisión no reviste hoy el carácter excepcional que la norma le impone, sino por el contrario es decisión habitual y fuente de conflictos en el procedimiento parlamentario, los que suelen derivar en una demora innecesaria en la aprobación de los mismos o en su falta de tratamiento.

A lo expresado se suma un creciente número de decisiones observables en cuanto al giro acordado a los proyectos, producto de lo antes señalado y de la multiplicación de comisiones cuyas competencias no han sido claramente definidas.

Frente a similares circunstancias, la Cámara de Diputados adoptó la resolución del 21 de octubre de 1988, por la que se reglamenta la facultad de solicitar modificaciones en los giros que su Presidencia acuerda a los proyectos ingresados.

Esta reglamentación ha resultado especialmente útil en cuanto al orden que impuso en el tratamiento de los proyectos y en la morigeración de los conflictos de procedimiento surgidos a partir de las competencias superpuestas o inadecuadamente legislada de las comisiones.

En atención a lo expuesto, presentamos este proyecto como un aporte para el estudio de estos temas, que ciertamente originan conflictos en nuestro procedimiento de sanción de los proyectos.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Al señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, senador Mario Losada.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se dé por reproducido el expediente 2.225/99, proyecto de ley de mi autoría por el que se reforma la ley 13.512 de Propiedad Horizontal.

El proyecto fue publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 142 del 21 de diciembre de 1995 y girado a las comisiones de Legislación General y Vivienda.

Sin otro particular, saludo a muy atentamente.

Artículo 1º – Los distintos pisos, departamentos, locales u otros espacios que constituyan unidades independientes de un inmueble o conjunto de inmuebles, que tengan salida a la vía pública, directamente o por medio de un pasaje común, pueden pertenecer a dueños distintos, conforme las disposi- ciones de esta ley. Cada unidad puede ser objeto de condominio. La presente ley se aplica también a los lotes de terrenos, edificados o no, organizados como loteo urbano, barrio jardín, o semejantes, clubes de fin de semana y de recreo, parques industriales, mercados y centros de compras, cementerios privados y similares, que cuenten con infraestructura y servicios comunes, y que se sometan a su régimen.

Art. 2º – Cada propietario es dueño exclusivo de su unidad, y copropietario del terreno y de las partes o cosas de uso común del inmueble, o indispensables para mantener su seguridad.

Art. 3º – Se presumen comunes:

a)Los cimientos, muros maestros, estructuras resistentes, techos, patios solares, pórticos, galerías, pasos de acceso, corredores, vestíbulos, puertas de entrada, jardines;

b)Los locales e instalaciones de servicios centrales y sus accesorios;

c)Las tuberías destinadas a la conducción de agua, gas, electricidad, teléfonos, televisión y demás servicios, inclusive los cables conductores de fluido eléctrico y semejantes, cualquiera sea el lugar que atraviesen, hasta la parte que emerge en cada unidad;

d)Los locales destinados al uso del personal de servicio y la portería;

e)Los tabiques o muros divisorios entre las distintas unidades, o de éstas con las partes comunes;

f)Los ascensores, montacargas, calderas, tanques y, en general, todas las máquinas, artefactos o instalaciones afectadas al servicio común.

Los sótanos y azoteas, revestirán el carácter de comunes, salvo convención en contrario.

La enumeración que antecede no es taxativa

Tampoco es imperativa, cuando se trate de inmuebles en los cuales, dadas sus características, las cosas, servicios o instalaciones enumeradas no sean de uso común de la construcción o indispensables para mantener su seguridad, en cuyo caso podrán incorporarse al dominio exclusivo de las unidades a las cuales estén afectadas.