El Senado de la Nación

Su adhesión al 99º aniversario de la presencia argentina en la Antártida, que se cumplió el pasado 22 de febrero de 2003, por ser ésta la más antigua y permanente del continente antártico y contribuir la misma a reafirmar nuestra soberanía nacional.

Señor presidente:

La presencia argentina es la más antigua y permanente del continente antártico, siendo la misma un ejemplo para el mundo entero de reivindicación de soberanía nacional, cooperación internacional en la investigación científica y cuidado en la preservación del medio ambiente.

El pasado 22 de febrero de 2003 se cumplieron 99 años de la ocupación permanente e ininterrumpida en la Antártida Argentina y desde que se izara por primera vez el pabellón nacional en las islas Orcadas, con motivo de la fundación del Destacamento Naval Orcadas y la creación de la primera oficina de correo antártica. Este hecho, sin lugar a dudas, es de vital importancia, ya que durante más de 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente del continente blanco, y constituye el mejor aval al momento de reclamar los legítimos derechos de soberanía sobre el mismo.

En realidad, la presencia argentina en la Antártida tiene prácticamente dos siglos, ya que como antecedente lejano podemos remontarnos a principios de nuestra independencia nacional, cuando antes de 1820 buques foqueros de Buenos Aires y la Patagonia operaban en aguas antárticas. Fueron varios los actos de gobierno y administrativos en relación con las actividades desarrolladas allí, y en defensa de los irrenunciables derechos de soberanía, que nuestro país ha emitido a lo largo de todos estos años. Entre las disposiciones legales de mayor importancia pueden citarse el decreto del presidente Julio Argentino Roca, de 1904, por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino; el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino; el decreto ley 2.191 que fija los límites del sector antártico y la ley 18.513 de 1969, que crea la Dirección Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse sin lugar a dudas la firma en el año 1959 del Tratado Antártico y las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas, entre otras.

Señor presidente, el continente antártico se localiza en la gran región circumpolar, limitada por la convergencia antártica que se dispone irregularmente entre los 50º latitud Sur y 60º latitud Sur respectivamente. El continente está rodeado totalmente por agua, constituyendo el llamado Océano Antártico, que reúne el 22 % de las aguas oceánicas, es decir 77 millones de km², dividido en tres cuencas: índica, pacífica y atlántica, que se encuentran separadas a su vez por cadenas montañosas sumergidas. En este ámbito natural, y único en toda la faz de la tierra, es que el Estado argentino viene desde hace años desarrollando una política antártica nacional con el objetivo de reforzar ante el mundo sus derechos soberanos sobre el continente y respetar los objetivos y principios establecidos en el Preámbulo del Tratado Antártico, suscrito en la ciudad de Washington el 1º de diciembre de 1959.

En el marco de dicho tratado internacional la República Argentina, en conjunto con otros países del mundo, reconoció que es de interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos, y que nunca llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional; asimismo se reconoció la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica y que el establecimiento de una base sólida para la continuación de la misma concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad.

Por los motivos expuestos y teniendo como fin y objetivo primordial el de adherir al 99º aniversario de la presencia argentina en la Antártida por ser ésta la más antigua y permanente del continente antártico y contribuir la misma a reafirmar nuestra soberanía nacional, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, de manera perentoria, tenga bien disponer una rebaja del 50 % sobre los aranceles vigentes en concepto de derecho a la exportación de frutas pomáceas, de carozo y de la uva de mesa.

Señor presidente:

La obstinada decisión del Poder Ejecutivo nacional de mantener en un 10 % los derechos a las exportaciones de frutas pomáceas, de carozo y de la uva de mesa está poniendo en serias dificultades de supervivencia al sector productivo nacional y, muy especialmente, a los productores de la cuenca del valle del Río Negro.

El argumento oficial brindado para sostener el monto de los aranceles es que un gobierno de transición no puede tomar decisiones que vayan a afectar o condicionar al gobierno siguiente. Esta es una excusa inaceptable que no contempla la urgencia de un sector que viene realizando denodados esfuerzos para producir de acuerdo a estándares internacionales de calidad y a precios competitivos que dejen mínimos y aceptables márgenes de ganancia.

La voracidad del Estado por mantener niveles de recaudación funcionales a las metas que se ha propuesto no está contemplando el nivel de asfixia sobre las actividades productivas que ello genera. La resultante puede ser la progresiva pérdida de fuentes de ingreso y el desaliento a la generación de proyectos productivos que, impulsados por la ventaja relativa que ofrece el nuevo tipo de cambio, han venido floreciendo en los últimos tiempos.

Necesitamos un Estado que genere políticas de impulso e incentivo a la producción en lugar de medidas orientadas a recaudar sobre aquellos sectores que se están reactivando sin medir los efectos negativos de la presión fiscal ejercida.

Si los derechos de exportación se rebajaran en un 50 %, el sector productivo frutícola rionegrino vería el reingreso con destino a inversión de 12 millones de dólares anuales. Esta cifra no iría necesariamente al bolsillo de los productores de la zona para alimentar su gasto corriente o su beneficio, sino que podría volcarse en mejoras que permitan producir más y mejor de acuerdo a los más exigentes estándares de la demanda internacional para la exportación. Esto redundará en mayor productividad, más volumen de ventas, más empleo para la gente del sector y mayor recaudación fiscal con menos presión impositiva y más aliciente a la productividad.

Por estas razones, presentamos esta iniciativa que ponemos a consideración de nuestros pares, y les solicitamos su pronta aprobación.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Senado de la Nación

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, para el caso de desatarse una conflagración bélica internacional como la que se prevé contra Irak, se abstenga de enviar tropas nacionales o personal militar de cualquier naturaleza al teatro de operaciones, aun bajo el concepto de “ayuda humanitaria”, mientras no cuente con la autorización pertinente que debe otorgarle el Congreso de la Nación en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le son propias.

Señor presidente:

La segura guerra de Estados Unidos contra Irak no debe afectarnos más que de forma indirecta. Nada que pueda perjudicar al pueblo o poner en riesgo la seguridad nacional o la vida de compatriotas debe ser hecho por el gobierno argentino; máxime cuando se trata de un conflicto totalmente ajeno a nuestros intereses inmediatos, en una zona remota del planeta que no afecta al país en términos geopolíticos.

Enviar personal militar de cualquier naturaleza a un conflicto de semejantes características, sólo por el mero hecho de que el “mundo libre” tome nota de nuestro alineamiento con la principal potencia del mundo, sería de una torpeza supina; máxime si se lo hiciere desconociendo las prerrogativas que la Constitución Nacional le confiere al Congreso de la Nación.

En efecto, el artículo 75, incisos 25 a 28 de nuestra Carta Magna, prescribe claramente las potestades del Congreso de la Nación con respecto al movimiento de tropas nacionales o extranjeras, reservando para esta institución el derecho a autorizar su egreso o ingreso al territorio nacional.

El propio presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostuvieron públicamente que no se enviarían tropas a Irak. Estas declaraciones no concuerdan con el proyecto existente de remitir a la región un hospital militar de campaña, cuyo emplazamiento y mantenimiento le costaría al Estado la suma de 30 millones de pesos.

Por más que el argumento para su remisión sea el de brindar “ayuda humanitaria”, el personal que se enviado sería sin lugar a dudas de naturaleza militar e involucraría al país en un conflicto armado, aunque nuestros soldados no efectúen un solo disparo.

La Constitución Nacional es clara: el envío de tropas debe ser autorizado por el Congreso de la Nación. Y la noción de “tropas” se aplica aquí de manera genérica y no hace distinción de la función que ellas vayan a desempeñar.

Es por ello que mediante este proyecto de resolución, ante la posibilidad concreta de una decisión de tal naturaleza por parte del Poder Ejecutivo, nos vemos en la obligación de recordarle cuáles son las atribuciones que en la materia son exclusivas del Congreso y le solicitamos que se abstenga de tomarla sin la autorización pertinente.

Por estas simples y contundentes razones, solicito a mis pares la aprobación de la iniciativa que pongo a su consideración.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, gestione la urgente reconstrucción de la ruta nacional 40, entre el paraje El Sosneado y Las Salinas, en el departamento San Rafael.

Señor presidente:

Ya en oportunidades anteriores nos hemos preocupado por el estado de la red vial nacional, particularmente la que comunica a la provincia de Mendoza con el resto del país, y de la trascendencia que, para la recuperación de su economía, tiene el adecuado mantenimiento de la misma.

En este sentido, y una vez más, corresponde que recordemos que el camino hacia la competitividad de la producción argentina, con vistas a su inserción en los mercados mundiales, no puede sustentarse únicamente en un tipo de cambio que hoy resulta favorable sino que, entre otros aspectos, una red vial adecuadamente diseñada y en buen estado de conservación de la misma constituye un presupuesto básico para lograrla.

En este orden de ideas es que, por medio del presente proyecto, queremos dirigirnos al Poder Ejecutivo nacional a fin de que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga las tareas pertinentes a fin de reparar –con carácter urgente– la ruta nacional 40, entre el paraje El Sosneado y Las Salinas, en el departamento San Rafael.

Por las razones expresadas y por las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

Su rechazo ante la singular proscripción de que está siendo objeto el senador Luis Barrionuevo, candidato a gobernador por el Partido Justicialista en la provincia de Catamarca, y manifiesta su profunda preocupación por la situación de incertidumbre institucional que vive actualmente el pueblo de esa provincia al encontrarse en vilo a escasos días de las elecciones provinciales, la principal candidatura del partido opositor.

Jorge R. Yoma. – Miguel A. Pichetto. – José L. Gioja.

Señor presidente:

La dirigencia política argentina enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de la historia. El pueblo encara las próximas elecciones con escaso interés y poca confianza en nuestro sistema electoral.

La situación descrita no puede menos que preocupar a toda la clase política y por extensión a todos los poderes del Estado, habida cuenta del enorme esfuerzo que permitió la reconstrucción del sistema democrático y representativo de gobierno.

En su carácter de órgano federal, en el cual se encuentran reunidos en igualdad de condiciones todos los estados que integran nuestra República, este Senado no puede menos que advertir con cierta alarma sobre las condiciones en que se está desarrollando el proceso electoral en la provincia de Catamarca. No es razonable que, a menos de una semana de la elección provincial, el principal líder de la oposición se encuentre virtualmente proscrito. Los ciudadanos catamarqueños tienen derecho a que se respete su decisión de que el Partido Justicialista presente como candidato a Luis Barrionuevo, porque así lo han manifestado mayoritariamente. No corresponde que una interpretación arbitraria y restrictiva de las normas electorales locales se utilice para desconocer la voluntad genuina del electorado catamarqueño justicialista y ponga en peligro la legitimidad de las próximas elecciones y del título de quien –en tales condiciones– resulte electo gobernador.

Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del presente proyecto.

Jorge R. Yoma. – Miguel A. Pichetto. – José L. Gioja.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado de la Nación

1. Declarar de interés cultural el Catálogo de joyas bibliográficas. Publicaciones siglos XVI y XVII, perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca Pública “General San Martín” de la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza.

2. Disponer la edición de dicha obra.

3. Autorizar a la Secretaría Parlamentaria –Dirección de Publicaciones– la impresión de quinientos (500) ejemplares de la misma.

4. Afectar la erogación que demande la impresión solicitada a las partidas específicas del presupuesto del Honorable Senado de la Nación.

María C. Perceval. – Jorge A. Pardal. – Raúl E. Baglini.

Señor presidente:

La Biblioteca Pública “General San Martín”, de Mendoza, atesora en su fondo bibliográfico las denominadas “Joyas bibliográficas” correspondientes a publicaciones de los siglos XVI y XVII. Las mismas forman parte del patrimonio de la provincia de Mendoza, de acuerdo con el decreto 1.422, del 28 de agosto de 1998, en los términos de la ley provincial 3.064 y de su modificatoria, la ley provincial 6.133.

Joyas bibliográficas. Siglos XVI y XVII, viejo anhelo de la Biblioteca Pública “General San Martín”, comenzó a concretarse con la contratación de la doctora Cristina Moretti, bióloga especializada en papel, a quien se le encomendó la limpieza y restauración de los libros, mientras se procedía a acondicionar un espacio físico con equipos de control de aire y humedad.

La biblioteca mencionada tiene ciento ochenta años de vida y dispone de ediciones muy antiguas que ya figuraban en el primer inventario de la institución, realizado en 1833. Al respecto, es muy probable que las mismas hayan sido donadas por el general San Martín con la finalidad de crear una biblioteca.

La catalogación para la cual solicito sea declarada de interés cultural y dispuesta su publicación se llevó a cabo contando con el apoyo de los inventarios de 1871, 1910 y 1976.

Cabe destacar que esta obra, por sus características, fue presentada en el I Simposio Nacional de Bibliografía y Cultura Colonial en el Actual Territorio Argentino “El libro en el protopaís” (1536-1810), realizado en la Biblioteca Nacional durante el mes de noviembre próximo pasado.

En dicho evento participaron, como los autores de la catalogación el profesor Ignacio Ciordia –encargado de la sección Joyas Bibliográficas de la Biblioteca Pública “General San Martín”– y la bibliotecaria Silvia Pro –directora de la Biblioteca de la Facultad de Educación Elemental y Especial de la Universidad Nacional de Cuyo–.

Una de las conclusiones del simposio observó la necesidad de difundir la obra mencionada. En efecto, la publicación de este y de otros registros que se encuentran en diferentes bibliotecas del país permitirá su difusión entre investigadores, docentes, historiadores, restauradores y especialistas de otras disciplinas, argentinos y extranjeros.

Asimismo, y dado que se trata de una obra completa, el Catálogo de joyas bibliográficas. Siglos XVI y XVII será la primera contribución que se incorporará a la iniciativa de la Biblioteca Nacional denominada Catálogo nacional unificado de libros editados antes de 1800, actualmente existentes en el territorio argentino.

Señor presidente: la publicación del Catálogo de joyas bibliográficas. Siglos XVI y XVII, de la Biblioteca Pública “General San Martín”, de Mendoza, era un paso fundamental por su información tan valiosa para nuestro acervo histórico y cultural, por lo cual solicito a mis pares que den su voto favorable al presente proyecto de resolución.

María C. Perceval. – Jorge A. Pardal. – Raúl E. Baglini.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

De interés parlamentario el Programa sobre Voto Informado, Responsable y Valorado impulsado por la Mesa Ampliada del Diálogo Argentino para el fortalecimiento de la democracia argentina.

Señor presidente:

La Mesa del Diálogo Argentino comenzó como un proceso de diálogo nacional entre los distintos sectores que conforman nuestro país, convocado por el gobierno nacional, bajo la responsabilidad y la voluntad política de alcanzar acuerdos sustantivos que aseguren soluciones estables y sustentables a mediano y largo plazo. Los mismos tuvieron por finalidad, durante la profunda crisis que vivió nuestro país tras la renuncia de un presidente constitucional, garantizar la paz social, retomar la senda del crecimiento y posibilitar la construcción de un proyecto nacional.

El Diálogo Argentino pudo concretarse con el apoyo de la Iglesia Católica, que ofreció su ámbito para rehacer los vínculos sociales de los argentinos, y la experiencia técnica y profesional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, fue fundamental la participación de diversos actores (políticos, económicos, sociales, culturales, científicos) y de un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil (ONG) que presentaron propuestas y reclamos, pero fundamentalmente indagaron sobre los propios aportes que cada sector estaría dispuesto a realizar, contribuyendo así al bienestar nacional.

Dichos encuentros y reflexiones permitieron arribar a acuerdos básicos para conformar una agenda de Estado agrupados en cuatro temáticas: “construir una sociedad más equitativa”, “reconstruir un Estado al servicio de los ciudadanos y fortalecer la democracia”, “promover una economía al servicio de la persona humana e integrada al mundo” y “definir los instrumentos de la transición”. Todos ellos contenidos en el documento Bases para las reformas.

Podemos destacar varias propuestas, surgidas de dicho ámbito, que han sido plasmadas en políticas concretas, como el derecho familiar de inclusión social - Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, por medio del cual aproximadamente 2 millones de familias están recibiendo un ingreso mínimo. Asimismo se legisló sobre jubilaciones de privilegio y financiamiento de los partidos políticos.

Luego de los acuerdos alcanzados continuó el trabajo en la Mesa Ampliada del Diálogo Argentino, procurando concretar los consensos logrados, como los vinculados al fortalecimiento de la democracia. En tal sentido, consideramos positiva la campaña para impulsar un voto informado, responsable y valorado que garantice elecciones legítimas y transparentes. Dicha campaña abarcará, por un lado, un trabajo con los candidatos presidenciales, acercándoles los consensos alcanzados y una agenda de la gobernabilidad y promoviendo una campaña sobre la base de propuestas y sin sospechas de fraude y, por el otro, con la sociedad, apuntando hacia la capacitación cívica de la ciudadanía, la valorización del voto y la instrucción de los ciudadanos que se desempeñarán como autoridades de mesa en el acto electoral.

Esperamos y creemos que dicha iniciativa contribuirá decididamente al fortalecimiento de la democracia argentina.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que implemente las medidas necesarias a fin de reglamentar la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, asegurando su efectivo cumplimiento.

Amanda M. Isidori. – Luis A. Falcó. – Marta E. Raso. – Fabiana M. Lescano. – Mario J. Colazo.

Señor presidente:

La ley 23.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, representa la culminación de una larga lucha por parte de las mujeres argentinas Sería redundante señalar que las mujeres de todo el mundo han tenido que trabajar arduamente para que les sean reconocidos los derechos más elementales.

En nuestro país, es el Estado el que debe garantizar el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, poniendo énfasis en los temas de salud y educación.

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, fue creado con el sentido de garantizar el efectivo cumplimiento de una ley de salud.

La salud reproductiva es, según la Conferencia Internacional sobre Desarrollo de la Población celebrada en El Cairo, en 1994, “…un estado general de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad, en todas las cuestiones relativas al sistema reproductivo y a sus funciones y procesos. La salud reproductiva implica por tanto que la gente sea capaz de tener una vida sexual satisfactoria y segura y que pueda procrear y tenga la libertad para decidir si hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”.

Implica el derecho del hombre y la mujer a obtener información y a la planificación de la familia y el acceso a métodos seguros y aceptables, dentro de la legalidad; el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y posibiliten hijos sanos.

No se trata de aceptar el control de la natalidad, sino de respetar los derechos humanos básicos. Lejos de implicar promiscuidad, acentúa el respeto de la persona humana. El objetivo es proteger a los más expuestos y desvalidos, mediante la información, prevención y planificación responsable.

La problemática involucra fundamentalmente a las mujeres, para las cuales siempre parece subyacer el concepto de que respetar sus derechos es optativo y no obligatorio.

Esto lo podemos afirmar, en base a las estadísticas de embarazos no deseados, en la población de niñas, adolescentes y mujeres adultas, que culminan de manera desgraciada para una gran cantidad de mujeres.

Estadísticas alarmantes sobre embarazos prematuros ligados a la baja escolaridad de las madres y a sus carencias socioeconómicas, abortos ilegales y sus consecuencias traumáticas físicas y psíquicas, mortalidad materna, abortos ilegales, enfermedades de transmisión sexual, niveles persistentes de violencia contra las mujeres, etcétera, dejan al descubierto la desprotección que padecen miles de mujeres, sobre todo las más pobres.

No existe ninguna colisión entre el derecho a la vida y el derecho contemplado en la ley sobre salud reproductiva. La Ley Nacional de Salud Reproductiva es una garantía instrumental de un derecho fundamental y abarca a toda la población sin ninguna clase de discriminación.

Sin embargo, como la salud reproductiva involucra conjuntamente el género, la falta de información y la pobreza, todavía existen intentos de generar espacios por donde se filtre la posibilidad de un no cumplimiento de la ley. Es suficiente con tener acceso a los medios informativos de los últimos tiempos para enterarnos de padres que, ante la sanción de una ley de salud reproductiva que respetó la libertad de intimidad y la familia, no obstante recurren a la Justicia para cumplir con lo que entienden su rol, y que como consecuencia final obtienen diferentes interpretaciones de la ley.

Parafraseando a Rudolf Von Ihering, podemos decir que “gozar de un derecho sin disponer de él, puede concebirse; disponer de él sin gozarlo, es imposible”. La salud reproductiva está contemplada en nuestro derecho y específicamente en la ley 25.673. No tenerla en cuenta sería retroceder muchos años y camino andado.

Por lo expuesto, consideramos que es necesaria su rápida reglamentación, tal como lo establecen los procedimientos legales y su efectivo cumplimiento.

A tal efecto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Amanda M. Isidori. – Luis A. Falcó. – Marta E. Raso. – Fabiana M. Lescano. – Mario J. Colazo.

–A las comisiones de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano.

28/02/2003 - (DAE 349)

El Senado de la Nación

1. Que la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos creada en el marco de la ley 25.561 de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y por los decretos 293/2002 y 370/2002, durante el proceso de renegociación de los contratos con las empresas prestadoras de servicios telefónicos intime a las mismas a dar cumplimiento a la resolución SC 4.269/99.

2. Que la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos calcule si se ha producido algún perjuicio en los consumidores y en el Estado nacional como consecuencia de la no aplicación de la rebaja en las tarifas telefónicas dispuesta por la resolución SC 4.269/99.

3. En el caso de confirmarse perjuicios tanto a los consumidores como al Estado nacional que se tomen las medidas resarcitorias correspondientes.

Señor presidente:

El 31 de enero de 1997 el Poder Ejecutivo nacional dispuso mediante el decreto 92/97 una modificación a la estructura general de tarifas del servicio básico telefónico la cual debía dar un resultado neutro para las empresas telefónicas. Luego de estudios realizados por la Secretaría de Comunicaciones surge que existió un resultado económico positivo para las empresas telefónicas por lo cual se dicta la resolución SC 4.269/99 que intima a las empresas Telecom y Telefónica de Argentina a realizar una rebaja en las tarifas que neutralice las ganancias indebidamente obtenidas.

A partir de la respuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional del día 4 de febrero de 2003 al pedido de informe S.-221/02 se confirma que las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A. se beneficiaron indebidamente en $ 18.070.242 y en $ 9.487.256 respectivamente.

En este marco y habida cuenta de las pruebas existentes el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos que dé cumplimiento a la resolución SC 4.269/99, lo cual implica una disminución tarifaria que neutralice las ganancias indebidamente obtenidas a causa del rebalanceo telefónico.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A las comisiones de Sistemas, de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación

a) Señalizar la ubicación de los despachos y oficinas existentes en todos los edificios y dependencias del Honorable Senado de la Nación.

b) Colocar, a la salida de cada ascensor, un plano esquemático (encuadrado y enmarcado) de la respectiva planta, donde conste :

1. La ubicación exacta de quien está mirando el cartel.

2. Los pasillos de circulación para el público en general.

3. Las salidas de emergencia.

4. Los sanitarios de mujeres y hombres.

5. Las salas de reuniones públicas.

6. La ubicación de las entradas para acceso al público de los despachos y oficinas del Senado.

7. La circulación más adecuada para los discapacitados y los sanitarios habilitados para ellos, y

8. Otros considerados de interés por la Secretaría Administrativa.

Señor presidente:

Hay cuestiones que parecen de menor orden o importancia, pero que son necesarias para el mejor funcionamiento de esta Honorable Cámara. Nosotros somos servidores públicos y las dependencias donde realizamos nuestras tareas legislativas constituyen edificios públicos. En los mismos tenemos oficinas y despachos que si bien poseen acceso restringido, también están a disposición del público en general previa autorización de ingreso. Pero en muchos casos los visitantes, y hasta el mismo personal de la casa, se pierde entre los pasillos y vericuetos existentes. Para evitar estos problemas debemos tener una correcta señalización de las ubicaciones y acceso a las distintas dependencias.

Tanto en el Palacio del Congreso, como en el edificio de la ex Caja de Ahorro, existe una deficiencia marcada de correcta señalización. Durante todos los años que he trabajado como senador nacional, he tenido diversos despachos y ha venido aconteciendo que muchos de mis visitantes y conciudadanos, la primera vez que concurren, se extraviaban tanto para ingresar, como para egresar del Palacio o de las otras dependencias.

Otro tanto ocurre con las personas que por primera vez concurren a una reunión o audiencia pública organizada o auspiciada por la Cámara. Antes sólo se hacían estas reuniones en la Sala de Lectura, o en el Salón Azul, pero ahora en el edificio de la ex Caja de Ahorro hay otra media docena de salones habilitados. En ambos sitios no están correctamente señalizados ni la ubicación de los salones ni los accesos a los sanitarios. Es habitual encontrar todos los días y especialmente cuando hay eventos, a personas deambulando por los pasillos que se encuentran extraviadas y que llaman en cualquier oficina solicitando ayuda, pero, lamentablemente, el personal del despacho en muchos casos no conoce donde están ubicadas algunas de esas salas, oficinas y otros despachos, porque además no nos informan de los movimientos y nuevas habilitaciones hasta bastante tiempo después. Nosotros mismos tenemos a veces dificultades para ubicar alguna dependencia o despacho de nuestros pares.

Por ello, reitero con el presente proyecto una iniciativa similar de hace unos años (S.-38/98), y propongo algo muy simple, que ya existe en casi todo edificio público, consistente en la colocación de planos esquemáticos a las salidas de los ascensores y escaleras, donde consten claramente dónde se encuentra uno y cuáles son los pasillos, y los accesos públicos a las oficinas (señalizadas por número y nombre), así como de otros sitios de interés (sanitarios, expendedor de bebidas, auditorios, salas de reuniones públicas, etcétera).

No es necesario, ni sería pertinente por cuestiones de seguridad, que el plano contenga los detalles de la configuración interior de los mismos.

Considerando que el personal técnico de la casa posee la capacidad necesaria para realizar dicha tarea, con prontitud y claridad, y que la respectiva implementación no implica erogación onerosa alguna, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

l. Adherir al Día Mundial de la Salud 2003 que bajo el lema “Preparemos el futuro de la vida: ambientes saludables para los niños”, se celebra el próximo 7 de abril, y

2. Propiciar el desarrollo en la República Argentina del programa auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), cuya finalidad es la prevención y el tratamiento de la neumonía, la diarrea, el paludismo, el sarampión y las verminosis.

Señor presidente:

Este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su día (DMS: Día Mundial de la Salud) bajo el lema “Preparemos el futuro de la vida: ambientes saludables para los niños”. De esta manera auspicia y pretende concientizar a los pueblos de las necesidades prioritarias, que en cuestiones de salud, deben encarar todos los gobiernos. El DMS ha servido para poner en marcha programas de promoción a largo plazo, con financiamiento y apoyo técnico. Así ha acontecido con los anteriores, por ejemplo: “Por tu salud: muévete” (DMS 2002), “Salud mental: sí a la atención, no a la exclusión” (DMS 2001), “La seguridad de la sangre depende de mí” (DMS 2000), “Seguir activos para envejecer bien” (DMS 1999), etcétera.

La doctora Gro Harlem Brundtland, directora general de la OMS, ratificó que como bien se indica en la Convención por los Derechos del Niño, todos los niños tienen el derecho a crecer en hogares, escuelas y comunidades saludables, el desarrollo futuro de nuestros niños (y de su mundo) dependen de que hoy gocen de buena salud, pero los mayores peligros contra la salud de los niños se encuentran justamente en esos lugares donde deberían estar más a salvo : su hogar, su escuela y su vecindario. Las estadísticas indican que cada año más de cinco millones de niños menores de 14 años mueren a causa de enfermedades relacionadas con su minúsculo ambiente, esto es, el entorno en el que viven, estudian y juegan; y entre las enfermedades más comunes que conducen a la mortandad están: la diarrea, el paludismo, las enfermedades transmitidas por vectores, las infecciones respiratorias agudas y los traumatismos no intencionales (más conocidos como accidentes hogareños).

Por lo anterior, es que la OMS puso en marcha la iniciativa “Ambientes saludables para los niños” en septiembre del 2002. Basada en ella los países parte están iniciando y/o desarrollando programas como:

A. El de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), que puede salvar millones de vidas con prácticas simples (lavado de manos, eliminación segura de las heces, reducción de contaminación es sitios pequeños o donde existe hacinamiento, alimentación adecuada de lactantes, extensión temporal de la lactancia materna; etcétera).

B. La iniciativa para concretar los recursos en pro de una salud escolar eficaz (FRESH son sus siglas en inglés), para la provisión de agua potable y saneamiento en las escuelas, educación curricular en materia de salud e higiene, nutrición y alimentación, prevención y combate de enfermedades endémicas, etcétera.

C. El manejo integrado del embarazo y el parto para reducir la mortalidad de madre/hijo en las pariciones.

D. Implementar el Protocolo Sobre el Agua y la Salud, de la Convención sobre Protección y Utilización de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales (de 1992, firmado por 36 Estados miembros europeos que son parte de la OMS) con el objetivo de reforzar, entre otras cuestiones, la lucha contra las enfermedades relacionadas con el agua.

E. Cumplimentar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que aborda entre otras cuestiones el tabaquismo pasivo que padecen los niños, mediante un tratado internacional jurídicamente vinculante; y

F. La estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, como política de Estado para disminuir las enfermedades y aumentar la protección contra ellas por parte de los más pequeños.

Señor presidente, todos sabemos que en Argentina y en el resto del mundo, un ambiente degradado es el caldo de cultivo de gérmenes, gusanos, lombrices e insectos que transmiten enfermedades como la esquistosomiasis, el paludismo, la fiebre del dengue y el cólera, entre otros; se considera que unos quinientos millones de niños están siendo afectados en todo el planeta. Miles de muertos hay en nuestro país por dichas enfermedades. Porque debemos reconocer que a pesar de que se puedan curar, algunas de las enfermedades generadas por ambientes contaminados y/o degradados causan discapacidades a largo plazo, otras tienen efectos inmediatos o a corto plazo, y otras provocan cegueras, enfermedades invalidantes y retraso mental; estos niños así afectados por enfermedades crónicas o por discapacidades no pueden asistir normalmente a las escuelas, viendo disminuido su desarrollo intelectual y social, que puede afectar su futuro desempeño como persona integrada a una sociedad cada vez más exigente y con menos oportunidades de desarrollo.

Por lo expuesto, conociendo y teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de nuestro país, considero que adherir al Día Mundial de la Salud 2003 es nuestra obligación, como asimismo dar a difusión y apoyar el programa Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) para que se implemente en todo el territorio nacional. Por ello solicito a mis pares apoyen esta iniciativa.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación

Comunica al Poder Ejecutivo, la imperiosa necesidad que se tome posición frente al conflicto entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Arabe de Irak, definiendo claramente nuestra opción por la paz.

Señor presidente:

Desde el 11 de septiembre del 2001, parecería que el fantasma del terrorismo recorre el mundo, olvidando que dicho flagelo está presente desde hace tiempo en naciones como España o Irlanda. Los Estados Unidos han identificado, lamentablemente, terrorismo con países árabes, sin resultados positivos: la intervención en Afganistán no ha solucionado el accionar de las FARC en Colombia, y puedo suponer, sin temor a equivocarme, que una acción militar contra Irak tampoco resolverá la situación de la ETA en España.

Las mismas Naciones Unidas continúan esforzándose en conformar las exigencias de la primera potencia y sus aliados para evitar una innecesaria conflagración.

Nuestro país tiene una larga tradición de amistad con los pueblos árabes, y por las venas de muchos argentinos corre parte de su cultura. Además, nuestra tradición a favor de la paz, se ve reforzada por los reiterados ruegos y acciones concretas del papa Juan Pablo II, llamando a todos los pueblos a que hagamos el 5 de marzo una oración universal por la paz.

Por los motivos expuestos y los que se vertirán al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de quien corresponda, y a fin de mejorar la actual situación de nuestras fuerzas armadas en materia de equipamiento, iniciara las gestiones necesarias para la incorporación de la Argentina a los beneficios del programa DELG (Defense Export Loan Guarantee Program), destinado a garantizar financiamiento para la compra o leasing de sistemas de armas, establecido por la Subsecretaría de Defensa para Programas Internacionales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América.

Señor presidente:

Nuestras fuerzas armadas afrontan desde hace más de 15 años serias limitaciones en materia de equipamiento, derivadas del alto porcentaje del presupuesto de defensa consumido por los gastos en personal, pese a los esfuerzos realizados para limitar la participación de tales erogaciones en el gasto total en defensa.

Dicha situación se ha visto agravada muy sensiblemente en el último año dada la fuerte pérdida de poder adquisitivo del presupuesto de Defensa considerado en dólares estadounidenses, moneda en la que inexcusablemente se deben satisfacer las adquisiciones de armamentos y repuestos que deben efectuarse en el exterior. A ello se ha agravado la situación de default en que se encuentra nuestro país, que torna muy difícil el acceso al crédito externo.

Es en tales condiciones que se hace necesario aguzar el ingenio para buscar fuentes de provisión del material que nuestras fuerzas armadas necesitan.

Cabe recordar en tal sentido que en 1998 nuestro país fue referenciado por el entonces presidente de Estados Unidos de América, William Jefferson Clinton, como importante aliado extra OTAN (Major non-NATO ally).

La circunstancia de que Argentina pasara a constituir el primer (y hasta ahora único) país del hemisferio occidental en alcanzar dicho tratamiento entusiasmó a buena parte de la comunidad local dedicada a estudios sobre defensa y a la vez despertó algún recelo inicial en países vecinos, que suponía que nuestro país se dedicaría a realizar fuertes adquisiciones de armamento al amparo de tal condición.

Es importante señalar que la aludida condición tiene carácter exclusivamente unilateral. La adjudica Estados Unidos de América, sin que se requiera ninguna clase de acuerdo y mucho menos obligaciones en materia de defensa por parte del beneficiario. No otorga –por sí– acceso a armamentos sofisticados ni de última generación, ni brinda al país beneficiario acceso a las facilidades reservadas para los países miembros de la OTAN.

La categoría de importante aliado extra OTAN de Estados Unidos de América apareció por primera vez en 1989 con la incorporación de la sección 2.350^a. (Acuerdos Cooperativos con Aliados) al título 10 del U.S. Code (Código de Estados Unidos). La designación de la mayoría de los países miembros de esta categoría, hoy 8 en total, ocurrió en el período 1989-1991 y fue hecha conforme a criterios políticos muy restrictivos, relacionados con objetivos estratégicos de seguridad nacional. Esto último resulta especialmente evidente en los casos de Israel, Egipto, Corea del Sur, Japón y Australia. Hasta el año 1996 la designación era efectuada por acuerdo del Congreso de Estados Unidos, pero una modificación legislativa de ese año autorizó al presidente a proponer la incorporación de nuevos países, a su discreción. Los países propuestos eran plenamente incorporados a la categoría en cuestión, luego de transcurridos 30 días desde la notificación al Congreso, siempre que éste no se opusiera a la designación.

La Argentina comparte con Jordania la peculiaridad de haber sido los últimos países designados y, además, los únicos en haber sido designados por la referida vía.

En el caso de la Argentina, cabe señalar que si bien el fundamento oficial para su incorporación fue la extraordinaria contribución de Argentina a la paz internacional, a través de la muy activa participación de nuestro país en operaciones multilaterales de paz, parece evidente para diversos analistas que se trató de un gesto que buscó balancear la apertura de gestiones tendientes a proveer a la República de Chile aviones de combate Lockheed Fighting Falcon F- 16.

Los beneficios que otorga la indicada consideración son fundamentalmente los siguientes:

1. Acceso prioritario al Programa EDA (Excess Defense Articles).

2. Almacenamiento de artículos de defensa pertenecientes a Estados Unidos.

3. Compra de municiones de uranio empobrecido (munición antitanque).

4. Participación en programas de desarrollo e investigación.

5. Participación en el programa DELG (Defense Export Loan Guarantee Program).

Cabe señalar respecto al punto 5, que la participación en el programa DELG (Defense Export Loan Guarantee Program) corresponde exclusivamente, hasta el momento, a aquellos países aliados extra-OTAN cuya designación hubiera sido hecha en fecha anterior a 1996.

El programa DELG fue creado en 1996 a través de la National Defense Authorization Act de ese año, y fue incluido como sección 2.540 del título 10 del U.S. Code. Surgió a los efectos de facilitar la financiación a los países aliados, con la finalidad de que incrementaran la estandarización e interoperabilidad de sus sistemas de defensa, respecto de los estadounidenses.

Dicho programa asegura el financiamiento privado a mediano y largo plazo para la venta o leasing de artículos de defensa y tiene una metodología de funcionamiento muy similar a la que emplea el Eximbank, el que se encuentra casi totalmente inhabilitado para promover exportación de armas apareciendo el programa aludido como un sustitutivo de esta limitación.

Las políticas y procedimientos para este programa son establecidos por la Subsecretaría de Defensa para Programas Internacionales del Ministerio de Defensa.

Las condiciones del programa son razonables en términos de plazos y reducción del costo financiero de los créditos garantizados, resultado atractivo para nuestro país debido a su restringido presupuesto para equipamiento militar.

Hoy, las circunstancias referidas al comienzo de esta motivación restringen aún más el poder adquisitivo de dicho presupuesto en términos de equipamiento, pareciendo por ello de interés explorar todas las alternativas razonables posibles para mejorar esta situación.

De allí que resulte de interés promover gestiones para la inclusión de nuestro país entre aquellos facultados para acceder a esta posibilidad, superando la limitación establecida por su fecha de ingreso al estatus antes referido.

Por los motivos expuestos, pongo a consideración de mis pares este proyecto, solicitando su apoyo.

–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación

De interés cultural de este honorable cuerpo la obra literaria del poeta rionegrino Jorge A. Castañeda.

Miguel A. Pichetto. – Amanda M. Isidori.

Señor presidente:

Jorge A. Castañeda nació en la ciudad de Bahía Blanca el 23 de agosto de 1951 y se encuentra radicado desde el año 1973 en la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro.

Desde su infancia mostraba su afición por la literatura y siendo aún adolescente comenzó a hacer brotar desde su pluma todo su caudal creativo, rescatando las emociones de la historia patagónica.

Publicó diversas obras, entre las cuales podemos mencionar: La ciudad y otros poemas, Poemas breves, Sentir patagónico, 30 poemas, Poemas sureños […]

A lo largo de su extensa trayectoria, ha recibido numerosas distinciones, tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo: primer premio en poesía otorgado por el Ateneo Poético Hispano-Americano de Escritores Argentinos, el Certificate for excelence in poetry otorgado por la Universidad de Colorado, EE.UU., primer premio en el concurso Gonzalo Delfino, de Gaiman (provincia de Chubut), el segundo premio en el concurso Donald Borcella, de Trelew (provincia del Chubut), mención y recomendación en el concurso General San Martín, del Ateneo Cultural de Buenos Aires, primer premio del Concurso Nacional de Cuento Breve “Angela Colombo” de la Casa Mutual y Cultural Universitaria de General San Martín (provincia de Buenos Aires).

Por otra parte ha realizado varios recitales y exposiciones de poemas ilustrados en el país así como también en España, donde fueron traducidos al catalán.

También debemos destacar la importancia que su obra ha tenido para la música regional, ya que muchos músicos populares de la Patagonia han transformado las letras de su poesía en canciones, lo que le ha valido el reconocimiento del público de festivales folklóricos.

Es preciso señalar que es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, socio del Círculo de Poetas de Escritores de la Ciudad de Morón, de la Asociación Cultural Bilakabide de España, del Club de Amigos “El Paisaje” de Vizcaya, titular académico del Centro Cultural, Literario y Artístico “Agustín García Alonso” de España, integrante del Consejo de las Letras Rionegrinas, del grupo cultural “La Marcilla” de España, entre otras instituciones.

Además, es dable destacar que la Legislatura de la provincia de Río Negro ha declarado de interés cultural la obra literaria de este poeta, como reconocimiento al importante aporte al acervo cultural.

La obra de este autor refleja la vida y el amor a la tierra de los postergados pobladores de nuestra querida Patagonia, principalmente de la Línea Sur, transformando sus penurias cotidianas en versos, lo que se ve plasmado en el prólogo de una de sus obras, cuando dice: “He tratado de dar vida y expresión a toda una zona que duerme a la intemperie de una sociedad cada vez más injusta … mi poesía trata de ser la voz de aquellos que nunca pudieron expresarse”.

Así el poeta, a través de sus diferentes versos, transmite la cultura, las costumbres, los sentimientos, las raíces, los oficios, los paisajes, es decir mantiene viva la historia del sur argentino.

Señor presidente, por los motivos expuestos es que solicito la declaración de interés cultural de esta Honorable Cámara para la obra literaria del poeta Jorge A. Castañeda.

Miguel A. Pichetto. – Amanda M. Isidori.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.