26/02/2003 - (DAE 348)

El Senado de la Nación

Su conformidad y reconocimiento al gobierno de Brasil ante su decisión de ofrecerle a la Argentina la posibilidad de utilizar sus laboratorios e instalaciones destinadas a la investigación para el desarrollo conjunto de proyectos científico-tecnológicos.

Que concuerda con las expresiones del señor ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Roberto Amaral, quien sostuvo en su reciente visita a la Argentina que “nuestros países deben producir y exportar cada vez más productos tecnológicos de alto valor agregado”.

Que espera que el gobierno nacional corresponda a tal iniciativa generando políticas y acciones concretas de colaboración destinadas a afianzar el tipo de vinculación madura que Brasil propone para el desarrollo bilateral de proyectos científico-tecnológicos.

Que el fomento, la promoción y el apoyo a la actividad científicotecnológica así como el incentivo a la creación de fuentes de empleo relacionadas y de infraestructura para el estudio y el trabajo de nuestros hombres de ciencia constituyen obligaciones indelegables del Estado que no deben ser consideradas como gasto sino como inversión.

Señor presidente:

Nuestro país recibió la visita del señor ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Roberto Amaral, durante la tercera semana del mes de febrero (19 al 21 de febrero).

Esta visita oficial resultó muy significativa porque fue especialmente concebida en atención al objetivo de fortalecer los vínculos que nos unen con ese país en materia de apoyo y promoción a la investigación científico-tecnológica. En efecto: el ministro Amaral anunció públicamente que su país ofrecía a los hombres de ciencia argentinos la apertura irrestricta de sus laboratorios, centros de estudio e instituciones académicas dedicadas a la investigación científico-tecnológica para que se realicen trabajos de interés común. Se ratificaron, además, todos los convenios de investigación científica suscritos en conjunto y los proyectos bilaterales en marcha (Centro Brasileño-Argentino de Biotecnología - Proyecto Pierre Auger - Proyecto Sabia3 - Proyecto SAC3 - Trabajos conjuntos en el área nuclear - Programa PROSUL - Estudios compartidos en ciencias del mar - Interconexión de redes de investigación).

Es éste un reconocimiento importantísimo que Brasil le hace a la capacidad intelectual argentina y al potencial de sus hombres de ciencia. Reconocimiento que debe ser correspondido no sólo empleando las instalaciones ofrecidas sino generando políticas que profundicen las condiciones de este intercambio creativo que, de cara al futuro, se yergue como una posibilidad cierta de obtener mayor bienestar económico para nuestros pueblos. Es que, como bien dijo el funcionario visitante, necesitamos venderle al mundo productos de gran valor agregado, que sólo puede generar la adecuada aplicación científico-tecnológica.

Un país que invierte en desarrollo científico adelanta el futuro y evita el retraso relativo al que lo someten a diario los países más aventajados en la materia. La decisión estratégica de Brasil de duplicar el gasto público en investigación científico-tecnológica es un saludable indicador que muestra un camino que deberíamos imitar; he presentado el año pasado un proyecto de ley aumentando la inversión presupuestaria a más del 1 % de nuestro PBI.

La Argentina se ha destacado siempre por la capacidad y la calidad intelectual y creativa de sus hombres de ciencia; pero muchos de ellos –sobre todos jóvenes formados en nuestras universidades públicas– han tenido que emigrar para continuar sus carreras y triunfar en el exterior.

Es menester que nuestro país les brinde a nuestros hombres de ciencia todas las posibilidades y facilidades que suelen encontrar en aquellos países a los que emigran. Y esto no debe ser visto solamente desde una perspectiva romántica o meramente humanitaria sino, fundamentalmente, como parte de una visión estratégica decidida a dotar al país de un potencial científico soberano que supere al bueno existente, pero por sobre todo que se incorpore a la ciencia y la tecnología como razón de Estado.

Promover la actividad científico-tecnológica en todos sus aspectos (educativos, laborales y productivos) es apuntalar el desarrollo económico y fortalecer a la Nación.

Apoyar a nuestros hombres de ciencia y generar políticas específicas para el desarrollo de determinados sectores de nuestra economía que involucren labor científica es fundamental para crecer con mayor autonomía relativa.

El esfuerzo de integración científico-tecnológica que Brasil propone debe ser bienvenido y correspondido con entusiasta madurez. Semejante ofrecimiento, que supone una suerte de alianza estratégica regional en la materia, no puede caer en saco roto ni quedar en el historial de las declaraciones bienintencionadas desaprovechadas por desidia.

Terminar con la precariedad en que se desenvuelven los jóvenes argentinos que deciden entregarle su vida a la investigación científica es una deuda impostergable que el gobierno nacional debe saldar con decisión a la brevedad.

Tenemos que entender de una vez por todas que la “fuga de cerebros” es fuga de talento y de futuro capital. Expulsar a nuestros jóvenes científicos resultará, a largo plazo, mucho más oneroso que mejorar la infraestructura necesaria para que se queden y beneficien directamente al país con el fruto de su valioso trabajo.

Brasil parece haber comprendido que tener una balanza comercial deficitaria de 8.000 millones de dólares en bienes de electrónica no le hace ningún bien a su pueblo. Es hora de que también lo comprendamos nosotros.

Gracias al efecto práctico del apoyo a este sector podremos acometer un proceso selectivo de sustitución de importaciones que abarate costos y cree genuinas fuentes de empleo para nuestra gente. Debemos atrevernos no sólo a exportar commodities sino también a ofrecerle al mundo productos con el valor agregado de nuestra propia inteligencia.

Por estas razones agradecemos la propuesta del ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, ratificamos la necesidad de continuar profundizando las excelentes relaciones conjuntas y le encomendamos al gobierno el trazado y la ejecución de políticas consistentes que se inscriban en tal sentido.

De esta manera y con estos fundamentos elevamos la presente iniciativa a consideración de nuestros pares solicitándoles su voto afirmativo para su aprobación.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por el órgano que corresponda, y en atención al conflicto internacional relacionado con la República de Irak, disponga:

1. Actuar en un todo de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, absteniéndose de tomar cualquier decisión fuera de ese marco de legitimidad internacional, rechazando, particularmente, aquellas acciones que cualquier país verifique unilateralmente.

2. Rechazar enfática y permanentemente, como parte de la política internacional de nuestro país, el terrorismo internacional en cualquiera de sus formas.

Señor presidente:

Quiero reiterar los fundamentos que, en otros proyectos, he sustentado a raíz de diferentes conflictos internacionales.

La actual situación mundial atraviesa crisis de diferentes tipos e intensidades. Crisis de paradigmas ideológicos, de justicia distributiva, de enfrentamientos culturales, de hegemonías políticas y predominios económicos, etcétera.

Nada nuevo digo al afirmar que debemos reconstruir la actual convivencia humana con metas equitativas y libres, sin las cuales las perspectivas aparecen trágicas.

En este marco, el conflicto de intereses suscitados entre Estados Unidos de Norteamérica y la República de Irak amenaza a toda la humanidad. No es sólo la disputa energética en torno al petróleo lo que está en juego. Es la escalada de la guerra –el ascenso a los extremos de Clausewitz– lo que pone en peligro el actual orden internacional, sin contar las víctimas, todo lo cual configura un retroceso bárbaro –aunque con tecnologías avanzadas– hacia situaciones que los hombres creíamos moral y políticamente superadas.

Ni el terrorismo internacional ni la maquinaria bélica de USA constituyen la forma de solución de los conflictos internacionales.

Existen para eso procedimientos que se deben respetar a toda costa, y el apoyo a la funcionalidad de los mismos constituye la base de la política internacional autónoma para nuestro país.

Es en el marco de las Naciones Unidas donde se deben dilucidar las contradicciones entre países, no en forma unilateral, y es en ese marco donde la República Argentina debe actuar, condenando no sólo el accionar del terrorismo internacional, sino también las ambiciones hegemónicas que se viabilizan por medio de ese accionar unilateral.

De esta manera, nuestra política internacional no sólo se ubica en el plano ético que corresponde, sino que continúa la mejor tradición que la República Argentina ha seguido a través de su historia en relación a los conflictos armados que se han producido en el mundo.

Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito su urgente aprobación.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Su adhesión al acto que se realizará el martes 4 de marzo de 2003, en la provincia de Córdoba, por el Día Internacional de la Mujer, organizado por Cemucal (Centro de Acción de la Mujer y la Calidad de Vida).

Señor presidente:

Históricamente, la mujer en estas últimas décadas ha conseguido ocupar un lugar dentro de lo que es la vida pública de la Nación. Pero ello ha sido posible gracias a la acción tesonera de muchas argentinas que, a veces individualmente y otras reunidas a través de distintas formas, han unido sus esfuerzos para que lo que se consigue en la letra no se desvirtúe en la práctica. Una de ellas es Cemucal: se trata de una organización no gubernamental sin fines de lucro, integrada por mujeres y hombres autoconvocados por la preocupación de la situación social en general y de las mujeres en particular, con la idea de formar grupos estables capaces de establecer acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El acto a realizar es de suma importancia para que la comunidad tome conciencia y al mismo tiempo sepa cuáles son las acciones a realizar en un futuro para consolidar los derechos de la mujer. El panel que abordará la temática es de gran relevancia, ya que en el mismo se conjugan mujeres de distintos sectores del quehacer social, universitario, empresarial y sindical.

En virtud de la magnitud del acto, ya que es el octavo año en que la organización viene realizando el evento –al último asistieron 1.500 mujeres y los medios de prensa–, es que solicito el apoyo al presente proyecto, puesto que esta Honorable Cámara no puede ser ajena, por ser un poder político, a actos de esta naturaleza.

–A las comisiones de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

1. Asegurar el cumplimiento efectivo respecto al personal dependiente de esta Cámara del artículo 8º de la ley 22.431, modificada por la ley 25.689.

2. Facúltase al señor presidente de esta Honorable Cámara a disponer de todos los actos necesarios, durante el presente año de 2003, para que en forma urgente se arribe a lo prescrito por la mencionada norma.

3. A los fines de completar el cupo previsto en el mencionado artículo, esta Cámara dará preeminencia, al personal que en carácter de pasantes se viene desenvolviendo en esta casa, según convenio 6/96, de acuerdo al decreto 340/92, firmado entre la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oportunamente.

Señor presidente:

La discapacidad es un problema social, tal es el título que encabeza un libro de la investigadora chilena Liliana Pantano, en el que alude a la responsabilidad sobre el tema, visión que compartimos plenamente.

Desde un tiempo a esta parte mucho se ha hecho en materia de normas para tratar de equiparar e integrar a la persona con otras capacidades al ámbito laboral del mundo actual. Pero la incorporación sucesiva de esta normativa compuesta por leyes, decretos y ordenanzas ha sido fruto de una larga y dura lucha por parte de quienes padecen este tipo de discriminaciones, tanto en el orden social, como en el orden estatal; tampoco está ausente la indiferencia, al igual que la voluntad de comprensión hacia lo diferente y la búsqueda de soluciones dignas a la problemática.

La primera ley que trata de avizorar el tema en forma global fue la 22.431; luego vinieron las leyes 25.504, 24.901 y 25.689, pero el incumplimiento en la práctica de aspectos fundamentales contemplados en las mismas es un hecho que llevó a que el año pasado se planteara una reforma que estableciera sanciones en caso de incumplimientos, y así se hizo mediante ley 25.689; ella establece penalidades para los funcionarios de los entes allí mencionados que no cumplan con el cupo del 4 % de ocupación de personas con discapacidad, deducidas del total de su planta permanente y/o contratados.

Señor presidente, no queremos torpemente formar parte de aquellos organismos o personas, sean éstas públicas o privadas, que no cumplen con las leyes, más aún si somos quienes tenemos la difícil y sagrada responsabilidad de hacerlas y sancionarlas.

Cada vez que obtenemos un logro equitativo es un paso adelante para que la comunidad internacional pueda tener una opinión favorable o un concepto de país desarrollado en donde se respetan los derechos más elementales de la persona humana, aunque ellas sean minoría o diferentes; es un adelanto que debemos consolidar y no destruir en la práctica.

Lo solicitado en el presente proyecto es de estricta justicia, sobre todo por la situación de vulnerabilidad del sector al que se dirige, y porque el Senado, luego de formar gente en estas condiciones, no puede de ninguna manera desentenderse y mandar al mercado laboral sin una protección adecuada; ello no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero por sobre todo si existe con antelación una legislación que prevé lo contrario y no se cumple.

Para finalizar deseo que reflexionemos profundamente todos juntos sobre una frase que dice: “Una sociedad que no incorpora a todos su actores, es una sociedad empobrecida”.

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.

El Senado de la Nación

1. Expresar la profunda preocupación del Honorable Senado de la Nación frente a la posibilidad de un conflicto bélico entre los Estados Unidos de Norteamérica y países aliados e Irak, rechazando el uso unilateral de la fuerza como forma de dirimir los conflictos internacionales, ratificando en ese sentido la vigencia y afirmación de los principios y el ideal de paz universal contenido en la Carta de las Naciones Unidas.

2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que realice todos los esfuerzos y gestiones a favor de la paz, acordando posiciones comunes con los otros países latinoamericanos para el logro de ese fin.

3. Apoyar públicamente las gestiones en favor de la paz que realiza el papa Juan Pablo II.

4. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que en las cuestiones relacionadas con este conflicto tenga en cuenta las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Señor presidente:

Existe un estado de profunda preocupación por parte de la comunidad internacional ante la posibilidad cierta de un conflicto bélico que involucre a los Estados Unidos de Norteamérica, junto a un grupo de países aliados, e Irak, que algunos analistas advierten como inevitable.

El informe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre el relevamiento efectuado en Irak no fue elemento suficiente para distender la relación entre ambos países, que con sus posiciones irreductibles colocan a la humanidad frente al riesgo de una nueva guerra que, como tal, tiene consecuencias impredecibles.

Es imprescindible hacer oír al mundo la voz de profunda preocupación de la República Argentina ante este conflicto, rechazando enérgicamente el uso de la fuerza como método para dirimir conflictos. En esta difícil hora es necesario reinstalar en la conciencia colectiva de la humanidad los principios de paz universal que inspiraron la Carta de las Naciones Unidas y que deben se la única guía de las relaciones internacionales.

En ese sentido debemos instar al Poder Ejecutivo nacional, como encargado de las relaciones exteriores de nuestro país, para que realice todas los esfuerzos a su alcance para tratar de evitar ese conflicto, aunando esfuerzos y acordando posiciones a dicho efecto con los países latinoamericanos. Asimismo es necesario apoyar calurosamente todos las gestiones que se realizan en ese sentido, debiéndose destacar la actitud decidida de Su Santidad el papa Juan Pablo II al intervenir personalmente celebrando audiencias privadas con altos funcionarios iraquíes y el primer ministro británico, junto con el envío de un representante personal a Irak.

Por último es imprescindible reafirmar que la República Argentina, en todo lo que hace a este conflicto, sólo debe considerar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, evitando cualquier toma de posición o eventual participación unilateral que no sea a favor decidido de la paz.

Por las razones expuestas solicito la aprobación de la presente resolución.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el local de la Sociedad Yugoeslava Durmitor ubicada en Colonia José Mármol, departamento de Napalpí, provincia del Chaco.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas que fueran procedentes en el marco de la ley 12.665 y su modificatoria 24.252.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El local de la Sociedad Yugoeslava Durmitor es caro a los sentimientos, no sólo de sus descendientes, sino de todos los habitantes de la Colonia La Montenegrina de la provincia del Chaco. Este año, en que se cumplen las bodas de diamante –75 años– de su creación, consideramos imprescindible rescatarlo no sólo por su valor histórico sino también por su valor arquitectónico, y además darle la utilidad que soñaron sus fundadores: contribuir a la cultura.

El mayor anhelo de centenares de descendientes es ver resurgir en todo su esplendor a este coloso, fiel exponente del espíritu de unión, laboriosidad, tenacidad y esperanza, virtudes, éstas, con las que fue gestado por nuestros ancestros.

Entre las diversas corrientes migratorias europeas pobladoras del Chaco, y particularmente de Presidencia Roque Sáenz Peña, se contaron los yugoeslavos y, entre ellos, los montenegrinos provenientes de suelo eslavo, que fundaron la colonia rural La Montenegrina, a un lustro del nacimiento del kilómetro 173 –creado por el militar Carlos Domínguez Fernández en el centro del territorio del Chaco y que posteriormente, por decreto nacional, pasaría a llevar el nombre del ex presidente– y a pocos kilómetros de la citada terma y Capital Nacional del Algodón.

El 27 de marzo de 1917, con la llegada de siete inmigrantes de origen montenegrino: Marcos Capitanich, Pedro Capitanich, Lázaro Cosanovich, Mitar Michunovich, Pedro Milovich, Mitar Milovich y Daniel Svorcan, se fundó la primera colonia del sudoeste chaqueño, paraje que enseguida se conoció como La Montenegrina por el origen de sus fundadores.

Alrededor de estos siete primeros –cuyos nombres quedaron estampados en el bronce en un monolito, que en su 80º aniversario evoca su memoria dando el nombre de Los Pioneros a la plaza de la Colonia José Mármol, más conocida como La Montenegrina, 40 kilómetros al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña–, se aglutinaron gran cantidad de connacionales: familiares y amigos que allá en Europa recibían las noticias de las posibilidades de encontrar trabajo.

Así, estos “gringos”, junto a los aborígenes, fueron los únicos pobladores en los comienzos. Luego, con los criollos que fueron llegando de a poco se fue formando un conglomerado humano importante. Dado el rápido crecimiento de esta colonia, donde los patios de las casas se fueron poblando de niños, estos esforzados colonos de inmediato pensaron en un lugar donde funcionara una escuela, además de un punto de encuentro para el necesario esparcimiento. Así surgió la idea: realizaron la primera reunión el 2 de octubre de 1928; nadie faltó a la cita y desde ese momento, en que se formó la Comisión Provisoria, se multiplicaron los brazos solidarios y las colaboraciones de dinero para concretar el anhelado sueño.

Sería largo enumerar todas las actividades que se desarrollaron, pero lo concreto es que en el segundo semestre de 1930, majestuosa e imponente se erigía la Sociedad Yugoeslava Durmitor –le dieron este nombre porque el pico más alto de la República de Montenegro es precisamente Durmitor–.

La apertura de sus amplias puertas dio lugar a todo tipo de eventos culturales y deportivos, además de cumplir con el rol de ayuda mutua.

Pero, lo más importante, fue el inicio de la escuela que comenzó a funcionar en septiembre de 1930 con el Nº 180, en el local de la Sociedad Durmitor. Funcionó por espacio de 22 años. Hoy la escuela Nº 180 lleva el nombre de “Colono Montenegrino”, como una muestra de gratitud hacia quienes se esforzaron por engrandecer esta tierra y no escatimaron esfuerzos para contribuir con la cultura.

Es compartida por las diversas nacionalidades que se fundieron en nuestra identidad argentina la versión de Catalina Milovich, que historia la vida de esa colonia, dando testimonio de la inquebrantable personalidad de los pioneros, comparable con la dureza del quebracho: a cada golpe de la adversidad se hacían más fuertes, a cada tormenta se arraigaban más profundamente y con la sequedad del dolor se erguían más alto aún; concluyendo que así debemos ser sus descendientes: fuertes y animosos, no decaer ante los embates presentados por la vida y, ante eventuales problemas o caídas, levantarnos y proyectarnos hacia cosas mayores, más sublimes incluso, manteniendo en tradiciones los usos y costumbres de raigambre de la patria original adaptadas correctamente al nuevo terruño, sin perder identidad ni desprender el cordón umbilical de amor y unión entre los hombres y pueblos.

Siendo de público y notorio lo apreciable de esta iniciativa para nuestros más caros sentimientos nacionales hacia las más diversas comunidades acrisoladas a todo lo largo y ancho de nuestro solar patrio en el marco de nuestra generosa tradición constitucional, petrificada desde el propio Preámbulo, señor presidente, la alta valoración de este honorable cuerpo no eludirá la necesidad de su pronta aprobación.

–A las comisiones de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología.

EL Senado de la Nación

Vería con agrado que la Secretaría de Deportes de la Nación, a través del organismo que corresponda, solicite el motivo por el cual sólo los abonados a determinadas empresas de comercialización, pueden disfrutar sin inconvenientes y con regularidad de los partidos de fútbol de primera división del campeonato AFA, así como de diversos eventos deportivos.

Beatriz S. Halak. – Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval. – Carmen Gómez de Bertone.

Señor presidente:

El presente proyecto de comunicación tiene por objeto determinar por qué una gran cantidad de operadores de TV por cable, ante el inicio de una nueva temporada de fútbol oficial de la AFA, se ven obligados a prescindir de las señales que comercializan Tele Red Imagen S.A. (TRI S.A.) y Televisión Satelital Codificada S.A. (TSC S.A.) bajo los nombres T&C Sports y T&C Max.

Un evento deportivo que acapara la pasión de los argentinos debe llegar a una audiencia masiva y sin excesivas restricciones; es por eso que se hace imperioso precisar los intereses que persiguen los que comercializan dichos eventos y si dicha comercialización se realiza con criterios razonables y sin presiones monopólicas.

Según estadísticas de las cámaras y asociaciones que representan al sector, hace 5 años el 25 % de los abonados contrataba las transmisiones de fútbol por TV; hoy ese porcentaje ha caído por debajo del 10 %, es decir que más de 700.000 abonados han dejado de tener en su oferta el canal deportivo denominado Torneos y Competencias, el cual a su vez detenta la exclusividad de los derechos de transmisión de esos eventos por contrato oportunamente celebrado con la AFA.

Por todo lo expuesto, hacemos partícipe nuestra preocupación a todas las partes involucradas en esta cuestión, bregando por que arriben a un justo y claro acuerdo comercial en beneficio de los televidentes, que tienen derecho a gozar de una plena libertad de información y acceso a los bienes culturales.

Beatriz S. Halak. – Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval. – Carmen Gómez de Bertone.

–A las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Salud y Deporte.

EL Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía disponga la inmediata suspensión de la resolución Secretaría de Energía 126/02 y la prórroga del régimen dispuesto mediante resolución Secretaría de Energía 246/02 en los aspectos inherentes a la distribución solidaria de los sobrecostos por generación forzada provocados por restricciones en el sistema de transporte de energía eléctrica en el área NOA Norte, que afecta especialmente a las provincias de Salta y Jujuy.

Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.

Señor presidente:

Por resolución de la Secretaría de Energía 246/02 se dispuso que los sobrecostos originados en la generación forzada destinada exclusivamente a evitar limitaciones al normal abastecimiento de la demanda, que acarrearía cortes de suministro a los usuarios finales debido a las restricciones del transporte y distribución de electricidad, serían distribuidos solidariamente (debitados de la subcuenta de sobrecostos transitorios de despacho). Posteriormente, la resolución de la Secretaría de Energía 126 estableció que dichos sobrecostos serán abonados por los causantes de las restricciones que originan dicha operación forzada.

Señor presidente, el dictado de la resolución 246/02 tuvo como causa principal el diseño y puesta en práctica de una política en energía eléctrica consecuente con el actual contexto de emergencia económica y financiera. Por ello, se estimó conveniente establecer un régimen excepcional y transitorio hasta la readecuación del mercado. Para el caso particular del NOA Norte, esta decisión –debido a la particular configuración del sistema de transporte que lo abastece– posibilitó a la región amortiguar el impacto del despacho forzado de la Central Térmica Güemes, la cual debe inexorablemente ser puesta en funcionamiento tanto para abastecer la demanda cuanto para mantener los niveles de tensión. Las razones de emergencia que motivaron la resolución 246/02 no cesaron.

Sabido es que Cammesa, que tiene a su cargo el despacho de generación, decide cuáles centrales aportarán su energía en cada momento del día para satisfacer la demanda en base a los costos declarados por dichos operadores. Si los costos declarados por algunos generadores superan un nivel predeterminado, dichas centrales se consideran no económicas y no son tenidas en cuenta para el despacho normal.

En el caso del NOA Norte, esto es, las provincias de Salta y Jujuy, las centrales disponibles son “no económicas”, por lo cual no deberían ser despachadas y, en consecuencia, la demanda debería ser satisfecha con energía de centrales económicas extrazona, que se canalizaría mediante el sistema de transporte eléctrico de alta tensión. Ello no resulta factible porque el sistema de transporte para el NOA Norte carece de la capacidad necesaria como para transportar desde las centrales eléctricas del sur del país la totalidad de la demanda. Dicha restricción impone la necesidad de despachar energía forzada.

Esta deficiencia del sistema de transporte no resulta imputable a las provincias de Salta y Jujuy, afectadas por la falta de inversión en el sistema eléctrico y la inviabilidad actual de construcción de la línea de 500 kV (entre El Bracho y Güemes), que en las actuales circunstancias no podría ser afrontada ni por los usuarios finales ni por las distribuidoras de la región.

Como el sistema de transporte no es apto, la región no puede adquirir su energía tomando como referencia el precio en el mercado spot y, al despachar generación forzada, surge un sobrecosto que con la resolución 246 se socializaba entre todos los usuarios del país, evitando de esa manera que repercutieran sobre una región en particular, lo cual respondía a criterios de estricta equidad y justicia, toda vez que el resto del país se benefició con las obras e inversiones previstas para la zona y que finalmente no se hicieron.

En el caso de Salta, este sobrecosto rondará entre los $ 200 y $ 300 mil pesos por mes, que terminarán siendo transferidos mediante tarifa a los usuarios finales. En definitiva, esto se convierte en una verdadera penalización para los usuarios del NOA Norte, en desventaja tarifaria con el resto del país, atento a que el equilibrio que aseguraba la resolución referida vino a ser fracturado por la resolución 126, dando lugar a una ruptura irrazonable del equilibrio equitativo.

El análisis de los principios que rigen la potestad tarifaria refiere a una serie de particularidades, cuales son la justicia, razonabilidad y equidad de la carga tarifaria. En el caso, se atenta contra este tercer valor en tanto la desproporción de hecho que termina resultando, genera desmejoras inequitativas sólo para un sector. En otras palabras, si se ha querido solucionar distorsiones en el sistema como estaba regulado, lo que debió hacerse es encontrar la forma de sostener aquellos principios básicos de la tarifa sin que sea un solo sector el que pague aquel ficticio equilibrio que la resolución de marras terminara imponiendo.

Más de cuatro millones de usuarios de la zona y los habitantes de la provincia de Salta, que dependen de las deficientes líneas de 132 kv, quedaron a oscuras por la sobrecarga en El Bracho los días 4 y 5 de febrero del corriente.

Salteños, jujeños, tucumanos y chaqueños estamos expuestos al aislamiento eléctrico. Y en estas circunstancias los actores del mercado, frente a la disyuntiva económica, optan por tomar un mayor riesgo en el abastecimiento.

Corresponde a la Secretaría de Energía tomar las medidas para desarrollar y poner en práctica una política en energía eléctrica razonable en el actual contexto de emergencia, propendiendo a satisfacer adecuadamente la demanda, lo que incluye garantizar la seguridad del área NOA Norte frente a colapsos. Si la secretaría decidió dejar sin efecto el régimen transitorio establecido atento a los cambios producidos en el país por la emergencia, debió establecer un régimen que contemple la nueva situación estructural, pero no volver las cosas al estado anterior, completamente superado, por el solo hecho de que se haya producido el vencimiento de un plazo.

Es por lo expuesto que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.

–A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional ponga a disposición del Congreso de la Nación el texto íntegro del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional en el corriente año, incluyendo todas sus cláusulas, anexos y complementos, dentro del término de 5 (cinco) días.

Art. 2º – La comunicación pertinente será dirigida al señor presidente de la Nación por el vicepresidente de este Honorable Senado.

Art. 3º – Comuníquese.

Sonia M. Escudero. – Eduardo Menem. – Carlos A. Verna. – Mario D. Daniele. – Raúl E. Ochoa. – Liliana T. Negre de Alonso. – Mercedes M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Ada M. Maza. – Angel F. Pardo. – Deolide C. Gómez de Bertone. – Marcelo E. López Arias. – María E. Castro. – Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós.

Señor presidente:

El señor ministro de Economía de la Nación anunció, en su momento, la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Respecto de ese acuerdo admitió la existencia de cláusulas o anexos reservados. Así se desprende de las versiones difundidas por los principales medios periodísticos y de las propias manifestaciones del ministro, vertidas en el seno del bloque de senadores del Partido Justicialista.

La circunstancia de que se impida que el pueblo argentino tenga un cabal y completo conocimiento de lo acordado en su nombre, equivale a un ocultamiento impropio de un gobierno constitucional e inimaginable dentro del sistema democrático.

El secreto con que se pretende cubrir parte de lo acordado, permitiría formular conjeturas acerca de la inconveniencia de las cláusulas que se sustraen al dominio público. Además, el procedimiento seguido entraña una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 75, incisos 4, 7 y 22, de la Constitución Nacional.

Con arreglo a las citadas disposiciones de la Carta Magna, lo relativo a la deuda externa de la Nación y los tratados con las organizaciones internacionales constituye atribución exclusiva del Congreso de la Nación. La delegación de tales facultades está prohibida por el artículo 76 de la Constitución. Nótese que, aun cuando la celebración, por el Poder Ejecutivo nacional, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se considerase incluida en la delegación autorizada por la ley 25.561, de emergencia pública, tal delegación no exime de la necesidad de dar cuentas al Congreso.

No es posible que se pretenda mantener al pueblo de la Nación, y a sus representantes, en la ignorancia de lo pactado. Los tapujos no les sirven a los acreedores, ni a los deudores. En la Argentina, se ha devaluado no sólo el peso, sino también la noción de que la seguridad jurídica constituye un elemento fundamental del estado de derecho; pero mal podría reafirmarse el concepto de que hay que respetar lo pactado, si se ignora el contenido íntegro de los acuerdos celebrados.

En consecuencia, corresponde instar al Poder Ejecutivo nacional a que, dentro de un plazo perentorio, ponga en conocimiento del Congreso de la Nación el texto completo de los acuerdos celebrados con el Fondo Monetario Internacional.

Sonia M. Escudero. – Eduardo Menem. – Carlos A. Verna. – Mario D. Daniele. – Raúl E. Ochoa. – Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz. – Ada M. Maza. – Angel F. Pardo. – Deolide C. Gómez de Bertone. – Marcelo E. López Arias. – María E. Castro. – Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós. – Gerardo R. Morales. – Floriana N. Martín. – Guillermo R. Jenefes.

–A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.

El Senado de la Nación

Su adhesión al 99º aniversario de la presencia argentina en la Antártida, que se cumplió el pasado 22 de febrero de 2003, por ser ésta la más antigua y permanente del continente antártico y contribuir la misma a reafirmar nuestra soberanía nacional.

Señor presidente:

La presencia argentina es la más antigua y permanente del continente antártico, siendo la misma un ejemplo para el mundo entero de reivindicación de soberanía nacional, cooperación internacional en la investigación científica y cuidado en la preservación del medio ambiente.

El pasado 22 de febrero de 2003 se cumplieron 99 años de la ocupación permanente e ininterrumpida en la Antártida Argentina y desde que se izara por primera vez el pabellón nacional en las islas Orcadas, con motivo de la fundación del Destacamento Naval Orcadas y la creación de la primera oficina de correo antártica. Este hecho, sin lugar a dudas, es de vital importancia, ya que durante más de 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente del continente blanco, y constituye el mejor aval al momento de reclamar los legítimos derechos de soberanía sobre el mismo.

En realidad, la presencia argentina en la Antártida tiene prácticamente dos siglos, ya que como antecedente lejano podemos remontarnos a principios de nuestra independencia nacional, cuando antes de 1820 buques foqueros de Buenos Aires y la Patagonia operaban en aguas antárticas. Fueron varios los actos de gobierno y administrativos en relación con las actividades desarrolladas allí, y en defensa de los irrenunciables derechos de soberanía, que nuestro país ha emitido a lo largo de todos estos años. Entre las disposiciones legales de mayor importancia pueden citarse el decreto del presidente Julio Argentino Roca, de 1904, por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino; el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino; el decreto ley 2.191 que fija los límites del sector antártico y la ley 18.513 de 1969, que crea la Dirección Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse sin lugar a dudas la firma en el año 1959 del Tratado Antártico y las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas, entre otras.

Señor presidente, el continente antártico se localiza en la gran región circumpolar, limitada por la convergencia antártica que se dispone irregularmente entre los 50º latitud Sur y 60º latitud Sur respectivamente. El continente está rodeado totalmente por agua, constituyendo el llamado Océano Antártico, que reúne el 22 % de las aguas oceánicas, es decir 77 millones de km², dividido en tres cuencas: índica, pacífica y atlántica, que se encuentran separadas a su vez por cadenas montañosas sumergidas. En este ámbito natural, y único en toda la faz de la tierra, es que el Estado argentino viene desde hace años desarrollando una política antártica nacional con el objetivo de reforzar ante el mundo sus derechos soberanos sobre el continente y respetar los objetivos y principios establecidos en el Preámbulo del Tratado Antártico, suscrito en la ciudad de Washington el 1º de diciembre de 1959.

En el marco de dicho tratado internacional la República Argentina, en conjunto con otros países del mundo, reconoció que es de interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos, y que nunca llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional; asimismo se reconoció la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica y que el establecimiento de una base sólida para la continuación de la misma concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad.

Por los motivos expuestos y teniendo como fin y objetivo primordial el de adherir al 99º aniversario de la presencia argentina en la Antártida por ser ésta la más antigua y permanente del continente antártico y contribuir la misma a reafirmar nuestra soberanía nacional, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, de manera perentoria, tenga bien disponer una rebaja del 50 % sobre los aranceles vigentes en concepto de derecho a la exportación de frutas pomáceas, de carozo y de la uva de mesa.

Señor presidente:

La obstinada decisión del Poder Ejecutivo nacional de mantener en un 10 % los derechos a las exportaciones de frutas pomáceas, de carozo y de la uva de mesa está poniendo en serias dificultades de supervivencia al sector productivo nacional y, muy especialmente, a los productores de la cuenca del valle del Río Negro.

El argumento oficial brindado para sostener el monto de los aranceles es que un gobierno de transición no puede tomar decisiones que vayan a afectar o condicionar al gobierno siguiente. Esta es una excusa inaceptable que no contempla la urgencia de un sector que viene realizando denodados esfuerzos para producir de acuerdo a estándares internacionales de calidad y a precios competitivos que dejen mínimos y aceptables márgenes de ganancia.

La voracidad del Estado por mantener niveles de recaudación funcionales a las metas que se ha propuesto no está contemplando el nivel de asfixia sobre las actividades productivas que ello genera. La resultante puede ser la progresiva pérdida de fuentes de ingreso y el desaliento a la generación de proyectos productivos que, impulsados por la ventaja relativa que ofrece el nuevo tipo de cambio, han venido floreciendo en los últimos tiempos.

Necesitamos un Estado que genere políticas de impulso e incentivo a la producción en lugar de medidas orientadas a recaudar sobre aquellos sectores que se están reactivando sin medir los efectos negativos de la presión fiscal ejercida.

Si los derechos de exportación se rebajaran en un 50 %, el sector productivo frutícola rionegrino vería el reingreso con destino a inversión de 12 millones de dólares anuales. Esta cifra no iría necesariamente al bolsillo de los productores de la zona para alimentar su gasto corriente o su beneficio, sino que podría volcarse en mejoras que permitan producir más y mejor de acuerdo a los más exigentes estándares de la demanda internacional para la exportación. Esto redundará en mayor productividad, más volumen de ventas, más empleo para la gente del sector y mayor recaudación fiscal con menos presión impositiva y más aliciente a la productividad.

Por estas razones, presentamos esta iniciativa que ponemos a consideración de nuestros pares, y les solicitamos su pronta aprobación.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Senado de la Nación

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, para el caso de desatarse una conflagración bélica internacional como la que se prevé contra Irak, se abstenga de enviar tropas nacionales o personal militar de cualquier naturaleza al teatro de operaciones, aun bajo el concepto de “ayuda humanitaria”, mientras no cuente con la autorización pertinente que debe otorgarle el Congreso de la Nación en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le son propias.

Señor presidente:

La segura guerra de Estados Unidos contra Irak no debe afectarnos más que de forma indirecta. Nada que pueda perjudicar al pueblo o poner en riesgo la seguridad nacional o la vida de compatriotas debe ser hecho por el gobierno argentino; máxime cuando se trata de un conflicto totalmente ajeno a nuestros intereses inmediatos, en una zona remota del planeta que no afecta al país en términos geopolíticos.

Enviar personal militar de cualquier naturaleza a un conflicto de semejantes características, sólo por el mero hecho de que el “mundo libre” tome nota de nuestro alineamiento con la principal potencia del mundo, sería de una torpeza supina; máxime si se lo hiciere desconociendo las prerrogativas que la Constitución Nacional le confiere al Congreso de la Nación.

En efecto, el artículo 75, incisos 25 a 28 de nuestra Carta Magna, prescribe claramente las potestades del Congreso de la Nación con respecto al movimiento de tropas nacionales o extranjeras, reservando para esta institución el derecho a autorizar su egreso o ingreso al territorio nacional.

El propio presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostuvieron públicamente que no se enviarían tropas a Irak. Estas declaraciones no concuerdan con el proyecto existente de remitir a la región un hospital militar de campaña, cuyo emplazamiento y mantenimiento le costaría al Estado la suma de 30 millones de pesos.

Por más que el argumento para su remisión sea el de brindar “ayuda humanitaria”, el personal que se enviado sería sin lugar a dudas de naturaleza militar e involucraría al país en un conflicto armado, aunque nuestros soldados no efectúen un solo disparo.

La Constitución Nacional es clara: el envío de tropas debe ser autorizado por el Congreso de la Nación. Y la noción de “tropas” se aplica aquí de manera genérica y no hace distinción de la función que ellas vayan a desempeñar.

Es por ello que mediante este proyecto de resolución, ante la posibilidad concreta de una decisión de tal naturaleza por parte del Poder Ejecutivo, nos vemos en la obligación de recordarle cuáles son las atribuciones que en la materia son exclusivas del Congreso y le solicitamos que se abstenga de tomarla sin la autorización pertinente.

Por estas simples y contundentes razones, solicito a mis pares la aprobación de la iniciativa que pongo a su consideración.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, gestione la urgente reconstrucción de la ruta nacional 40, entre el paraje El Sosneado y Las Salinas, en el departamento San Rafael.

Señor presidente:

Ya en oportunidades anteriores nos hemos preocupado por el estado de la red vial nacional, particularmente la que comunica a la provincia de Mendoza con el resto del país, y de la trascendencia que, para la recuperación de su economía, tiene el adecuado mantenimiento de la misma.

En este sentido, y una vez más, corresponde que recordemos que el camino hacia la competitividad de la producción argentina, con vistas a su inserción en los mercados mundiales, no puede sustentarse únicamente en un tipo de cambio que hoy resulta favorable sino que, entre otros aspectos, una red vial adecuadamente diseñada y en buen estado de conservación de la misma constituye un presupuesto básico para lograrla.

En este orden de ideas es que, por medio del presente proyecto, queremos dirigirnos al Poder Ejecutivo nacional a fin de que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, disponga las tareas pertinentes a fin de reparar –con carácter urgente– la ruta nacional 40, entre el paraje El Sosneado y Las Salinas, en el departamento San Rafael.

Por las razones expresadas y por las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

Su rechazo ante la singular proscripción de que está siendo objeto el senador Luis Barrionuevo, candidato a gobernador por el Partido Justicialista en la provincia de Catamarca, y manifiesta su profunda preocupación por la situación de incertidumbre institucional que vive actualmente el pueblo de esa provincia al encontrarse en vilo a escasos días de las elecciones provinciales, la principal candidatura del partido opositor.

Jorge R. Yoma. – Miguel A. Pichetto. – José L. Gioja.

Señor presidente:

La dirigencia política argentina enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de la historia. El pueblo encara las próximas elecciones con escaso interés y poca confianza en nuestro sistema electoral.

La situación descrita no puede menos que preocupar a toda la clase política y por extensión a todos los poderes del Estado, habida cuenta del enorme esfuerzo que permitió la reconstrucción del sistema democrático y representativo de gobierno.

En su carácter de órgano federal, en el cual se encuentran reunidos en igualdad de condiciones todos los estados que integran nuestra República, este Senado no puede menos que advertir con cierta alarma sobre las condiciones en que se está desarrollando el proceso electoral en la provincia de Catamarca. No es razonable que, a menos de una semana de la elección provincial, el principal líder de la oposición se encuentre virtualmente proscrito. Los ciudadanos catamarqueños tienen derecho a que se respete su decisión de que el Partido Justicialista presente como candidato a Luis Barrionuevo, porque así lo han manifestado mayoritariamente. No corresponde que una interpretación arbitraria y restrictiva de las normas electorales locales se utilice para desconocer la voluntad genuina del electorado catamarqueño justicialista y ponga en peligro la legitimidad de las próximas elecciones y del título de quien –en tales condiciones– resulte electo gobernador.

Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del presente proyecto.

Jorge R. Yoma. – Miguel A. Pichetto. – José L. Gioja.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.