05/08/2008 - (DAE 113)

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley 24.065 por el siguiente:

Artículo 58: Los miembros del directorio serán seleccionados y designados tres de ellos a propuesta del Poder Ejecutivo nacional y dos a propuesta de Consejo Federal de Energía. La selección de candidatos para la cobertura de las vacantes del directorio realizada por el Poder Ejecutivo nacional y el Consejo Federal se publicará en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de las otras personas que se encuentran en consideración su vacancia.

En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial del Ministerio de Infraestructura y Secretaría de Energía. Su cargo durará cinco años y podrá ser renovado. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas de finalización del mandato de cada miembro para permitir el escalonamiento.

Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge y/o los del conviviente, las que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos y condiciones que establece la Ley de Etica de la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º y su reglamentación).

Deberán ejecutar otra declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos dos años, los estudios o consultoras vinculados al sector energético a los que pertenecen o pertenecieron la nómina de clientes o contratistas de por lo menos dos años.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065 por el siguiente:

Artículo 59: Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán, en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 58 del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.

Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político, a los fines de su valoración.

Se recabará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16) miembros que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado respectivo.

Artículo 59 bis: En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.

En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación el nombramiento respectivo, comunicando los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo.

Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su publicación.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Presidencia de la Nación con nuevo jefe de Estado, electo a través de comicios populares, y un nuevo gabinete de ministros, en el marco de las decisiones de gobierno, a través de la Secretaría de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en un todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines de asegurar la transparencia y justicia de la selección, la citada secretaría procedió a designar jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.

El mismo aclaraba que para el caso del ENRE el llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario 1.393/92.

El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político como de la empresas reguladas, gestándose a través de concursos que legitiman la libre concurrencia de los participantes el principio de igualdad en la selección garantizando la independencia de los elegidos.

Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados sus extremos, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de cada postulante seleccionado, que reunía las condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar para el caso del ENRE, a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos concursados.

No obstante se desconocen las decisiones adoptadas, esto es, si el tribunal del concurso elevó las pertinentes recomendaciones al señor secretario de Energía de la Nación y si éste elevó tal selección a la consideración ministerial para su propuesta de designación, a los fines de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por la Ley Marco Regulatorio Eléctrico, ley 24.065.

Sin embargo con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos regulatorios a personas que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.

Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo nacional del marco regulatorio eléctrico al mecanismo de designación de autoridades del ente, y con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del ente, promuevo la modificación de la ley 24.065 en sus artículos 58 y 59 y su decreto reglamentario.

Por otra parte, debo mencionar que el actual mecanismo de selección de representantes en los directorios de los entes provinciales de servicios públicos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza es criticado por las autoridades legislativas del Partido Justicialista y en alguna medida coincide con las modificaciones que propondré a los artículos antes mencionados.

He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto 222/03 promulgado por este gobierno en cuanto al procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Suprema Corte, que en sus considerandos establece que “…corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir.

”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta reglamentación busca instrumentar.”

Por lo tanto esta propuesta de modificación a la selección de candidatos del directorio del ENRE establece un procedimiento similar de candidatos de miembros de la Corte Suprema ya que ella exige dar a conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a la comisión específica al Congreso Nacional.

En la actualidad se habría violado el artículo: 58 del Marco Regulatorio Eléctrico a saber: “…Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”.

“Previa a la designación, el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación […] Esta Comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones.”

Todo el procedimiento es condición necesaria para habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual nulidad de las decisiones que un directorio integrado de manera irregular según la ley pudiere adoptar.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas que me acompañen en esta propuesta de modificación.

–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 54: Los miembros del directorio serán seleccionados y designados a propuesta del Poder Ejecutivo nacional. La selección de candidatos para la cobertura de las vacantes del directorio realizada por el Poder Ejecutivo nacional se publicará en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días, con el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentran en consideración su vacancia.

En simultáneo con tal publicación se difundirá la convocatoria en la página oficial del Ministerio de Infraestructura y Secretaría de Energía. Su cargo durará cinco años y podrá ser renovado. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las fechas de finalización del mandato de cada miembro para permitir el escalonamiento.

Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge y/o los del conviviente, las que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos y condiciones que establece la Ley de Etica de la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su reglamentación.

Deberán ejecutar otra declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos dos años, los estudios o consultoras vinculados al sector energético a los que pertenecen o pertenecieron la nómina de clientes o contratistas de por lo menos dos años.

Art. 2º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076 por el siguiente:

Artículo 55: Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán, en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 54 del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.

Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político a los fines de su valoración.

Se recabará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.

Artículo 55 bis: en un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.

En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento respectivo y/o la remoción, comunicando los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por dieciséis (16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Esta comisión deberá emitir opinión vinculante dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo.

Art. 3º – Esta ley rige desde el momento de su publicación.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Presidencia de la Nación con nuevo jefe de Estado, electo a través de comicios populares, y un nuevo Gabinete de Ministros, en el marco de las decisiones de gobierno, a través de la Secretaría de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en un todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines de asegurar la transparencia y justicia de la selección la citada Secretaría procedió a designar jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.

El mismo aclaraba que para el caso del ENARGAS el llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.079 y decreto reglamentario 1.738/92 anexo I, capítulo X artículo 54 al 57.

El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político como de la empresas reguladas, gestándose a través de concursos que legitiman la libre concurrencia de los participantes el principio de igualdad en la selección garantizando la independencia de los elegidos.

Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados sus extremos, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de cada postulante seleccionado, que reunía las condiciones previstas por la Ley, se arribó a determinar para el caso del ENARGAS, a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos concursados.

No obstante se desconocen las decisiones adoptadas, esto es, si el tribunal del concurso elevó las pertinentes recomendaciones al señor secretario de Energía de la Nación y si éste elevó tal selección a la consideración ministerial para su propuesta de designación, a los fines de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.

Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en el directorio del Enargas a personas que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.

Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo nacional del marco regulatorio del gas al mecanismo de designación de autoridades del ente, y con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y transparentes en la designación de autoridades que faciliten la tarea de gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del Ente, promuevo la modificación de la ley 24.076 en sus artículos 54 y 55 y su decreto reglamentario.

Por otra parte, debo mencionar que el actual mecanismo de selección de representantes en los directorios de los entes provinciales de servicios públicos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza es criticado por las autoridades legislativas del Partido Justicialista y en alguna medida coincide con las modificaciones que propondré a los artículos antes mencionados.

He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto 222/03 promulgado por este gobierno en cuanto al procedimiento para el nombramiento de los magistrados de la Suprema Corte, que en sus considerandos establece: “…corresponde también crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de que se trata, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir.

”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos en el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta reglamentación busca instrumentar.”

Por lo tanto esta propuesta de modificación a la selección de candidatos del directorio del ENARGAS establece un procedimiento similar de candidatos de miembros de la Corte Suprema ya que ella exige dar a conocer públicamente el nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular impugnaciones al cabo del cual corresponde al Poder Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las distintas observaciones e impugnaciones y elevarlas a la comisión específica al Congreso Nacional

En la actualidad se habrían violado los artículos: 54 del Marco Regulatorio del Gas a saber: “…Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”, y el artículo 55 de dicha ley: “…Previa a la designación, el Poder Ejecutivo deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación […] Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”.

Todo el procedimiento es condición necesaria para habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual nulidad de las decisiones que un directorio integrado de manera irregular según la Ley pudiere adoptar.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas que me acompañen en esta propuesta de modificación.

–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Minería, Energía y Combustibles.

El Senado de la Nación

De interés legislativo el Proyecto “Construcción de ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos urbanos”, a ejecutarse desde el día 19 de agosto de 2008, desarrollado en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan, en municipios de la provincia de Corrientes.

Señor presidente:

El día 19 de agosto de 2008, se pondrá en ejecución el proyecto “Construcción de ciudadanía a partir de la gestión integral de los residuos urbanos”, desarrollado en forma conjunta por la Organización para la Promoción de Ecoclubes - Argentina, la Fundación Ecoclubes y el Centro de Estudios San Juan, en la ciudad de Corrientes, cuya implementación se ampliará a otros municipios de la provincia de Corrientes.

La situación actual en la Argentina, donde solamente un 10 % de un total de más de 2.200 municipios, implementan programas de recuperación de residuos. Esta falta de iniciativas, sumada a la ineficaz disposición final a la que son sometidos los residuos en la mayoría de los municipios del país, da una idea de lo peligroso del problema y lo urgente de plantear propuestas viables para solucionarlo. La realización por Ecoclubes, en cooperación con UNICEF y la OPS, de una sistematización de experiencias de manejo integral de residuos sólidos en 10 municipios del país en 2007, prevista para publicación para 2008, se constituyó en un paso preliminar importante para identificar oportunidades relevantes de acción a partir de este año.

Con la creciente urbanización que genera cada vez mayor cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos que contaminan el suelo, aire y agua, aumenta la cantidad de personas, fundamentalmente niños, que tratan de ganar su sustento diario en los basurales o manejando los residuos, se multiplica el contagio de enfermedades, aumenta la producción de alimañas y se deteriora la salud de la población. Este impacto negativo al ambiente compromete seriamente la calidad de vida actual y futura, agravado esto por la falta de educación de la población sobre prácticas adecuadas de generación y manipulación de residuos sólidos urbanos y peligrosos en origen también contribuye al aumento del volumen y la dificultad de gestionarlos.

Finalmente la ausencia de políticas nacionales y provinciales tendientes a planificar y controlar el ciclo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos resulta cada día más vital.

La iniciativa propuesta contribuirá en primer lugar, a concientizar a los funcionarios municipales de las regiones seleccionadas, en la urgente necesidad de tomar medidas viables y sustentables para la reducción y reciclaje del volumen de residuos que se genera en las comunidades, de manera de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.

En segunda instancia, permitirá movilizar a las organizaciones de la sociedad civil para que acompañen a sus gobernantes en las modificaciones que se requieran para la gestión de los residuos sólidos urbanos, y ser retransmisores de los mensajes de concienciación de respeto por el ambiente.

En definitiva, todos los actores involucrados en el proyecto están llamados a capacitarse y trabajar coordinadamente para fomentar modos de vida sanos en las localidades donde residan. Por lo tanto, esta iniciativa tiene enorme congruencia con la estrategia de municipios saludables coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación en cooperación con los municipios, que promueve el desarrollo sostenible, la participación social y la promoción de la salud mediante un abordaje integral de las problemáticas comunitarias.

Este proyecto, apunta a integrar a todos los sectores poblacionales a través de una estrategia de gestión integral de los residuos sólidos urbanos que contempla la educación ambiental, la promoción de la salud y la participación ciudadana. Y se priorizan la convocatoria, integración y formación de los niños y jóvenes para evitar la deserción escolar y el trabajo infantil en condiciones de insalubridad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Senado de la Nación

Su profundo repudio por la privación ilegítima de la libertad de la que fue víctima un joven miembro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, el día 24 de julio pasado. Así como manifestamos preocupación por las amenazas de incendiar la obra de la Fundación Pelota de Trapo, proferidas por los secuestradores.

Señor presidente:

El jueves 24 de julio, por la mañana temprano, uno de los chicos del Hogar Juan XXIII de la obra Don Orione en Gerli fue interceptado por un automóvil en el cual iban cuatro personas armadas y con rostros tapados que lo obligaron a subirse al mismo. Lo condujeron con rumbo incierto, amenazando a punta de pistola, que quemarían “la imprenta, la panadería y la Casa de los Niños”, obras que pertenecen a la Fundación Pelota de Trapo.

Tras el recorrido por calles desconocidas, el joven, sumamente asustado por la situación de la que fuera víctima, fue dejado en inmediaciones de la estación Remedios de Escalada, desde donde tuvo que regresar por sus propios medios.

Esta agresión es la segunda que se produce desde el lanzamiento de la campaña “El hambre es un crimen; ni un pibe menos”, impulsada por Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Por lo cual no podemos dejar de relacionar lo ocurrido con la intención de silenciar a las instituciones que mediante su acción denuncian y despiertan la conciencia acerca de los problemas del hambre, la pobreza y la marginalidad de la que son víctimas los niños y jóvenes en nuestra sociedad.

La campaña “El hambre es un crimen” se enmarca dentro del compromiso del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo por reforzar y consolidar los derechos de nuestros chicos. Derechos básicos como la familia, y el acceso a la salud, la vivienda y la ternura del pan; contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra Constitución Nacional. Es decir, el no cumplimiento de los mismos implica una violación esencial a los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.

Nos solidarizamos con todas las organizaciones que forman parte de este movimiento por los derechos de la niñez y exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se tomen las medidas necesarias que aseguren el normal funcionamiento de estas instituciones así como la vida y la seguridad de las personas que las integran.

Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo la I Conferencia Internacional de Relaciones Públicas organizada por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, en el marco de su 50º aniversario.

Señor presidente:

El próximo 26 de agosto, se llevará a cabo la I Conferencia Internacional de Relaciones Públicas organizada por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, en el marco de su 50º aniversario. La Conferencia llevará como título en esta edición, “Identidad país: el valor estratégico de las relaciones públicas.”

La dinámica del encuentro consistirá en la realización de charlas magistrales y talleres. Los disertantes invitados son prestigiosas personalidades extranjeras y nacionales, cuyas exposiciones se centrarán en teorías y experiencias con la finalidad de aportar diferentes miradas sobre temas complejos, principalmente sobre el rol que cumplen las relaciones públicas en los diferentes países.

La conferencia se dirige a empresarios interesados en la comunicación y la reputación corporativa, ejecutivos de compañías nacionales y extranjeras, profesionales de las relaciones públicas e Institucionales de empresas y de organismos del Estado, consultores y académicos. La finalidad de la conferencia es crear un ámbito de encuentro para interactuar con profesionales de las relaciones públicas de distintos rubros, regiones y países.

Los principales temas que se abordarán en la conferencia serán: ¿Un país es una marca? Las relaciones públicas de los países exitosos; ¿Una marca es un país? Empresas globales que consolidad la imagen del país; Medios y mensajes, los países, los medios y foros internacionales; Las relaciones públicas ¿son públicas? Un análisis sobre la confusión en el uso y denominación de la profesión; ¿Estado público o Estado y público? El lobby: desde que el mundo es mundo; Opinión pública y opinión publicada. Impacto de los medios en la construcción de percepciones. Los medios, las empresas y los valores en juego; Beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en el que ganan todos: conclusiones del 5th World Public Relations Conference & Festival de Londres, junio 2008; Comunicación sectorial, defender intereses en armonía; Relaciones públicas y el mundo global. Las relaciones públicas achican las distancias: la visión de la Global Alliance; Relaciones públicas en el mundo virtual, cómo influyen los que influyen con las nuevas tecnologías.

Creemos que esta conferencia promueve la imagen de una Argentina dinámica, moderna y eficiente, a la vez que afianza la reputación de profesionales de relaciones públicas, abiertos y comprometidos con los nuevos desafíos. Por esto y por los motivos expuestos, pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

El Senado de la Nación

Su beneplácito por la recuperación y restitución de la identidad de la nieta número noventa y uno y el nieto número noventa y dos por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de los derechos humanos, su compromiso con el derecho a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.

Señor presidente:

El pasado miércoles 30 de julio de 2008, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de los nietos números 91 y 92. La joven que recuperó su identidad es la hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos, el 28 de febrero de 1977; y el otro nieto con su identidad restituida es el hijo de María Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya, secuestrados en el año 1980.

La hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, quién nació en el cautiverio de su madre entre fines de abril y principios de mayo del año 1977, recuperó su identidad el pasado viernes 25 de julio, luego de que le comunicaran que en sus componentes genéticos incluía la familia Trotta-Castelli en un 99,99 %.

El hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya desapareció junto a sus padres, y supo que era hijo de desaparecidos el pasado martes 29 de julio, cuando fue informado de su inclusión en un 99,99% en la familia Goya-Martínez Aranda, por el juez federal Ariel Lijo.

María Teresa Trotta nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1950. Sus amigos la apodaron “Tere”, “Teresita” o “La Petisa”. Roberto Castelli nació en el año 1946 en la ciudad de Buenos Aires, sus amistades lo llamaban “Beto” o “Cabezón”. En 1974 tuvieron su primera hija, Verónica. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros y fueron secuestrados el 28 de febrero del año 1977. Roberto desapareció en Merlo y María Teresa, embarazada de seis meses y medio, se presume que fue secuestrada cerca de San Antonio de Padua.

La pareja fue vista por sobrevivientes en el campo clandestino de detención “Sheraton” y en “El Vesubio”. De acuerdo con los testimonios que fueron obtenidos, María Teresa fue llevada al sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde dio a luz. Nadie supo, desde ese momento, sobre la niña que había nacido. Sus familiares junto a las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda.

La asociación y las familias Trotta y Castelli tenían presentada la denuncia ante la Justicia por la desaparición del bebé desde 1983. Verónica, la hija mayor del matrimonio desaparecido, integra la agrupación HIJOS. Ella, junto a otros compañeros, formó la Comisión Hermanos del organismo. Después de casi treinta años de búsqueda, Verónica supo que su hermana había sido dada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano. De este modo, luego de 25 años los familiares supieron del paradero de la niña y la joven pudo conocer su verdadero origen.

María Lourdes Martínez Aranda nació en México en marzo de 1952. Su familia la llamaba “Lupita”. Francisco Goya nació en Resistencia, Chaco, en mayo del año 1949. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos, Juan Manuel en 1972 y Emilio en 1974. Fue militante del Movimiento Nacionalista Tacuara, de la Juventud Peronista y la organización Montoneros. Francisco, exiliado en México, conoció a Lourdes quien en ese momento militaba en el Partido Comunista mexicano. Ambos viajaron a España en marzo del año 1979; ese mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.

Lourdes y Francisco volvieron al país en el marco de la contraofensiva junto a su hijo Jorge Guillermo. La familia fue secuestrada en el año 1980 en la provincia de Mendoza. Se presume, que permanecieron detenidos ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención “Cuevas” en la misma provincia.

La investigación iniciada por Abuelas y los familiares ese mismo año, se encauzó luego de la denuncia de un arrepentido. Con este testimonio se pudo ubicar al joven, quien supo que es hijo de Lourdes y Francisco.

Su hermano Emilio, al igual que Verónica, integra la agrupación HIJOS de Chaco y ha sido un activo investigador en la búsqueda de su hermano.

Es pertinente mencionar que la organización Abuelas de Plaza de Mayo logró el reconocimiento internacional del derecho a la verdad, y es bajo este principio que lleva adelante cada una de las causas. El derecho a la verdad es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con el derecho a la libertad. Todas las sociedades tienen el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos, sus circunstancias y motivos que llevaron, mediante la violación sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar en el futuro que tales actos no se repitan.

En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta en dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer los acontecimientos y hechos causados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal, como un requisito para el desarrollo de la democracia. Y, por otro lado, una dimensión individual, que consiste en el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados.

Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones”.

Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante labor por defender la justicia y preservar la memoria, las Abuelas consiguieron que se restituya la identidad de estos jóvenes.

La recuperación de esta nieta y nieto tiene su fundamento inmediato en la incansable lucha que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos humanos, contra las impunidades y las injusticias, así como en la labor cotidiana para lograr justicia y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.

Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidosdesaparecidos la posibilidad de reconstruir sus identidades a partir del reencuentro con sus historias personales, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación

Su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Alvarez Guerrero (27/7/08).

Señor presidente:

Osvaldo Alvarez Guerrero fue un demócrata cabal; uno de esos hombres políticos extraordinarios que hicieron de la coherencia una ética del comportamiento. Osvaldo hacía lo que decía y concebía a la política como el espacio adecuado donde poner a prueba, de manera constante, que la acción debe obedecer a valores trascendentes que tengan a la sociedad como destinataria principal de todo designio de progreso.

Con la partida de Osvaldo, el país y la Unión Cívica Radical pierden a uno de los máximos referentes del pensamiento democrático progresista; a un hombre comprometido con lo político desde una óptica siempre preocupada por que la ideología anime el accionar. Osvaldo sostenía siempre que la lucha por el poder jamás debía resumirse en la búsqueda del poder por el poder mismo sino, por el contrario, que el esfuerzo debía estar centrado en incorporar a la ciudadanía a la toma de decisiones para que el poder fuera cada vez más social y, por lo tanto, más democrático.

Fue el primer gobernador de mi provincia luego de la reconquista democrática de 1983. Gobernó con ecuanimidad, metas claras y profundo respeto hacia todo aquel que expresara críticas de manera constructiva. Jamás fue un gobernante ensimismado, siempre mantuvo una actitud abierta, dispuesta a escuchar todo tipo de aportes que sirvieran para mejorar su gestión. En tal sentido, puedo afirmar que fue un verdadero estadista; un gobernante probo. Pero fue, además, un visionario; un adelantado a su época cuando pregonó la necesidad de que la sede del gobierno federal se trasladara a Viedma para darle impulso al crecimiento demográfico de la Patagonia y fijar así un simbólico mojón que ayudara a reflexionar sobre la necesidad de revisar el concepto de federalismo.

No quisiera aquí hacer ni una síntesis ni una exégesis de su dilatada trayectoria partidaria, sino más bien rendir homenaje a un ser extraordinario que supo conjugar ideario con acción en todos los cargos que tuvo el honor de desempeñar.

Osvaldo dejó un legado inmenso en cada una de sus alocuciones públicas y sus escritos. Fue director de diversas publicaciones partidarias y un ideólogo formidable comprometido con los avances de la sociología y la ciencia política; un político lleno de inquietudes intelectuales con una gran vocación docente.

Cuando los demócratas de cualquier tiempo o signo político –y muy especialmente los radicales– necesiten encontrar fuentes para su reafirmación doctrinaria o para repensar la realidad a la luz del cambio de los paradigmas ideológicos imperantes, allí estarán los escritos de Osvaldo para enseñarnos el camino con sencillez y claridad.

Recuerdo vívidamente el orgullo entusiasta con el que asumió la Presidencia de la Convención Nacional de mi partido. Para Osvaldo, ése era el máximo honor al que cualquier radical podía aspirar junto al de llegar a ser presidente de la República. Desde ese sitial de importancia, predicó sobre la necesidad de modernizar el partido en diferentes aspectos absolutamente novedosos e incomprendidos a mediados de la década del 90. Entre sus preocupaciones de aquel entonces estaban las de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos aprovechando las nuevas tecnologías de la información; las de atender a la formación ideológica juvenil; las de fomentar la participación activa de la mujer para evitar la “oxidación partidaria”; las de incorporar a nuestro ideario la defensa a ultranza de los recursos naturales y el medio ambiente; y las de concebir a los medios de comunicación como factores de poder relevantes.

Sostuvo Osvaldo en un pasaje del libro UCR: tiempo de cambio (publicado por el Instituto de Documentación e Información Política, 1993): “Un partido que no tenga propuestas con respecto a la democratización de los medios, a las estrategias que hay que utilizar para que ese poder sirva a un proyecto nacional y pluralista, es un partido que no se adecua a las circunstancias. Creo, en ese sentido, que el radicalismo tiene que incorporar esta preocupación como uno de sus elementos centrales. Otro aspecto que creo merece especial atención es el tema del movimiento de la mujer, específicamente dentro de los movimientos sociales. El análisis de la incorporación de la mujer a la actividad partidaria, a la actividad política, en igualdad de condiciones que el varón, es de sustantiva importancia. Finalmente, el otro tema que hay que incorporar como uno de los temas centrales de propuestas y análisis ideológico es la cuestión de los recursos naturales y el medio ambiente. Este es un problema que hace a los propios modelos de desarrollo y de crecimiento económico. No lo consideremos exclusivamente desde el punto de vista del ‘ecologismo verde’ romántico: veamos que la preservación y adecuada explotación de los recursos naturales está intrínsecamente vinculada a los modelos de crecimiento económico”.

El compromiso político y la militancia tenían para él que desplegarse en un marco institucional que necesariamente propiciara la libertad: “A los cuadros hay que darles flexibilidad, mayor dinamismo, mayor libertad a la propia capacidad de creación. No tiene que existir esa estructura casi militar, que proviene de formas de militancia viejas, posiblemente derivadas del marxismo –que sin duda ha tenido bastante más influencia de la que nosotros pensamos en la organización partidaria–. En síntesis hay que darle una mayor capacidad de gestión individual al militante. Creo que lo que está impidiendo el desarrollo de esta flexibilidad es la existencia de una determinada cultura radical, nada fácil de modificar. Se puede ayudar a cambiarla con reformas en la Carta Orgánica y en las estructuras de conducción del partido. Pero el cambio de cultura va a llevar su tiempo. La cultura del militante, la del formador de cuadros, de los líderes locales, es antigua y con ciertas dosis de autoritarismo. Eso trae como consecuencia que muchas veces los aparatos se burocratizan, se corrompen, o buscan simplemente el poder por el poder mismo, sin saber después qué hacer con él”.

Para Osvaldo no valía la pena partir sin saber adónde ir. No tenía sentido articular un partido sin tener en claro sus objetivos. Y así como fue consecuente con la necesidad de que el pluralismo infundiera salud a la democracia, consideraba que los partidos tenían que hacerse cada vez “más sociales”, es decir, permitir representaciones sectoriales en su seno que –a su criterio– no necesariamente implicarían darles a las instituciones un sesgo corporativo.

Férreo opositor al reeleccionismo, a la concentración económica, al manejo discrecional del poder y al autoritarismo; gran partidario del parlamentarismo, del desarrollo de las economías regionales, de la libertad de expresión, de la efectiva distribución del ingreso y del respeto irrestricto por los derechos humanos, Osvaldo Alvarez Guerrero ha ganado un lugar destacado en la historia política argentina por mérito propio.

Quienes lo conocimos ya lo extrañamos.

Quienes no han tenido mi suerte encontrarán en su obra uno de los espejos más dignos donde reflejarse.

Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.

–Tratado sobre tablas el 06-08-08.

El Senado de la Nación

Artículo 1º – Creación. Crear una comisión investigadora de presuntas irregularidades en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios.

Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio de la presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras irregulares relacionadas con presentaciones anticipadas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios sin que se haya acreditado la tenencia y/o adquisición de dicha mercadería, lo que generaría un importante perjuicio fiscal.

Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada por seis (6) senadores, los que serán designados de acuerdo al criterio establecido en el primer párrafo del artículo 91 del Reglamento de este Honorable Senado de la Nación.

Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario. Asimismo, deberán designar un secretario administrativo.

Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la comisión será de 180 días, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período.

Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión se realizarán de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable Senado de la Nación.

Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º de la presente serán las siguientes:

a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos investigados, tanto del sector público como privado;

b) Requerir y recibir testimonios de personas. El testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo;

c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujeto a su oportuna valoración;

d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental a las personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar libros de comercio, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con los fines de la investigación;

e) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de que se trate;

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública.

La comisión deberá requerir autorización judicial previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f) del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso que lo considere pertinente.

Art. 8º – Recursos. La comisión requerirá a la Presidencia de este cuerpo los recursos que sean necesarios para el logro del objeto establecido en el artículo 2º de la presente.

Art. 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo establecido en el artículo 5º de la presente, la comisión deberá elevar a esta Cámara un informe, que contendrá sus conclusiones finales.

Art. 10. – Comuníquese.

Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – José B. Pampuro. – María C. Perceval.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que existen graves sospechas en torno a la operatoria relacionada con las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de los exportadores de productos agropecuarios.

En ese sentido, han sido ampliamente difundidas por la prensa las denuncias de un presunto accionar irregular por parte de distintas empresas exportadoras, que perjudicarían considerablemente al fisco nacional. Incluso algunas estimaciones sostienen que el nivel de evasión se situaría entre los 1.700 y 1.800 millones de dólares.

Las maniobras denunciadas consistirían en presentar anticipadamente Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de productos agropecuarios, sin haber acreditado la tenencia o adquisición de dicha mercadería. Dicho accionar estaría motivado en el objetivo de eludir un futuro incremento en la alícuota de los derechos de exportación.

Asimismo, ha trascendido que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario se encuentra realizando un pormenorizado análisis de la situación aquí planteada.

Sin perjuicio de ello, estamos convencidos de que resulta necesario crear en el ámbito de este Honorable Senado de la Nación una comisión investigadora, con el objeto de esclarecer si realmente existieron irregularidades en las liquidaciones de las ventas al exterior de granos y/o cereales, y si hubo un perjuicio para el erario.

Creemos que la gravedad de la situación nos exime de mayores comentarios, por lo que, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares el apoyo a la presente iniciativa.

Miguel A. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – José B. Pampuro. – María C. Perceval.

–Tratado sobre tablas el 06-08-08.

El Senado de la Nación

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de agosto un nuevo aniversario del Día de San Cayetano.

Señor presidente:

Nació en Vicenza (Venecia) en el año 1480 en el seno de una familia noble, su padre era el Conde Gaspar de Thiene y su madre María di Porto, su padre fallece cuando sus hijos eran pequeños.

Estudió Teología y Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Padua en 1504 y en 1506 se trasladó a Roma para realizar estudios sacerdotales, siendo nombrado secretario privado del papa Julio II, quien muere en 1513, lo que decide a Cayetano abandonar el cargo y estudiar durante tres años para ser sacerdote.

Funda en Roma una asociación de clérigos denominada Cofradía del Amor Divino y posteriormente regresa a Vicenza, donde ingresa al oratorio de San Jerónimo para trabajar con las personas menos favorecidas, como los pobres y enfermos incurables del hospital. Lo mismo realizó en Venecia, a la que se traslada en 1520, donde debido a que era un hombre de fortuna, la cual compartía con los pobres, fue considerado fundador del hospital.

Debido al momento histórico que el pueblo cristiano estaba atravesando, como eran la corrupción en el seno de la Iglesia y la posterior aparición del protestantismo y la Reforma, Cayetano se dirige a Roma junto con el Obispo de Teato, Giampietro Caraffa, Bonifacio Colli y Pablo Consiglieri, con quienes funda una orden de clérigos regulares llamada la “Ordo Regularium Theatinorum” o Congregación de los Teatinos (el nombre de padres teatinos que se da a los miembros de esa congregación, viene de Chieti, la teate Marrucinorum de los latinos, uno de los episcopados de Giampietro Caraffa), que tenía como finalidad principal la renovación del clero, la predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la restauración del uso frecuente de los Sacramentos, siendo aprobada la creación de la Orden por Clemente VII.

Luego de mucho esfuerzo y trabajo, Cayetano cae enfermo en el verano de 1547. Los médicos le aconsejan poner un colchón sobre su cama de tablas, el respondió: “Mi salvador murió en la cruz; dejadme pues, morir también sobre un madero”.

Murió en Nápoles a la edad de 77 años, el domingo 7 de agosto de 1547.

Fue canonizado en 1671 después que la comisión encargada terminara de examinar rigurosamente los numerosos milagros.

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación

Su adhesión al conmemorarse el 9 de agosto un nuevo aniversario del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Señor presidente:

El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo brinda la oportunidad de reconocer el importante lugar que ocupan las culturas indígenas en el paisaje cultural del planeta, así como su importante contribución a nuestra rica diversidad cultural, constitutiva del patrimonio común de la humanidad, como viene definido en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001).

Las culturas indígenas, en efecto, encierran un gran valor para las generaciones futuras y constituyen, en potencia, una fuente de regeneración. Al subrayar los fuertes vínculos que existen entre cultura y naturaleza, y entre tradición y modernidad, proporcionan una cosmovisión integradora y realmente global.

A las Naciones Unidas y especialmente a la UNESCO, como organismo especializado en la cultura, la educación y la comunicación, incumbe la responsabilidad de garantizar que dicho mensaje goce de amplia difusión y llegue a calar en el transcurso del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) que gira en torno al lema “Alianza para la acción y la dignidad”.

En el Programa de Acción para el Decenio Internacional se describen a grandes líneas las medidas que deben adoptar los Estados miembros y los diversos organismos de las Naciones Unidas, en particular la UNESCO, así como los organismos de financiación y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En él se establece, entre otros, el objetivo de promover, proteger y favorecer aún más las culturas de las poblaciones indígenas, poniendo el acento en los nexos que vinculan esas culturas con la diversidad biológica y en la crucial importancia de elaborar políticas y programas educativos para promover los derechos de las poblaciones indígenas teniendo en cuenta su idiosincrasia cultural y lingüística.

Como guardianes que son de la diversidad cultural y biológica, cuya expresión física es el patrimonio natural y cultural (tanto material como inmaterial), las poblaciones indígenas, y en especial las mujeres, deben sentirse orgullosas.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–Tratado sobre tablas el 06-08-08.

El Senado de la Nación

1. Su beneplácito al conmemorarse el próximo 4 de agosto un nuevo aniversario de la Escuela Polimodal “Pte. Dr. Arturo Umberto Illia”, de la provincia de Corrientes.

2. Su compromiso de confeccionar una placa elaborada en bronce, de veinte centímetros de altura por treinta de ancho, que contenga la fecha de sus 25 años de aniversario.

Señor presidente:

La Escuela Polimodal “Pte. Dr. Arturo Humberto Illia” fue creada por decreto provincial 530 del año 1983, para dar respuesta a la demanda del Barrio República de Venezuela en la zona conocida como Laguna Seca. El dictado de las clases en el comienzo de su actividad se llevo a cabo en la Escuela Primaria N° 146, en su planta alta; luego de confirmada la imperiosa necesidad de un nuevo ámbito educativo en dicha zona, logra a 2 años de su creación su propio edificio y recibe el nombre del por entonces fallecido doctor Arturo Humberto Illia, quien fue presidente de la Nación entre los años 1963-1966; éste fue un hombre democrático, respetuoso de la Constitución, que sufrió el derrocamiento de su mandato por militares.

Una vez instalada la institución educativa, marcó su presencia en el barrio a través de su acción educativa y social, participativo y solidaria, se adaptó a los cambios propuestos por la Nación con la llamada “Ley Federal de Educación” y pasó de Escuela Comercial a Escuela Polimodal, brindando a la comunidad lo que estos tiempos proponían por medio de las conocidas microemprendimiento, que hasta la fecha se llevan adelante y que fueron para muchos de sus alumnos un paliativo durante la crisis institucional, política económica del país y la provincia.

Los microemprendimientos son de panadería, utilización de la soja, pañalería, bijouterie, tejido y porcelana fría.

El establecimiento cuenta con una estructura muy amplia con 11 salones en planta baja y 12 en planta alta.

Con motivo de la celebración se llevara a cabo una Plantación de árboles en conmemoración a todas las personas (alumnos y docentes) que han fallecido y que pertenecieron al colegio, el acto central tendrá lugar el 4 de agosto con una misa y posteriormente un desfile con los alumnos egresados del establecimiento, en todo mes de agosto se llevará a cabo eventos para conmemorar los 25 años de vida de esta honorable institución.

Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con el objeto de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, ingresado como S.-1.377/05, sobre régimen provisional de los trabajadores en relación de dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Se adjunta copia.

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

El Senado y la Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy, cuya desvinculación definitiva, cualquiera fuera la forma del distracto, se hubiera producido hasta los seis años posteriores a la fecha de la ley provincial 4.879 y sus derechohabientes, se regirán por la ley previsional vigente a la fecha de la mencionada ley provincial en todo lo que no sea modificado por la presente.

Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1° de la presente ley deberán acreditar a efectos de acceder a los beneficios previsionales los siguientes requisitos:

a) Veinte años de aportes;

b) Cuarenta y cinco años de edad;

c) Domicilio real en la provincia de Jujuy.

Estos requisitos deberán ser acreditados al momento de solicitud del beneficio.

Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del artículo 2° los años trabajados en la Dirección de Energía de Jujuy serán considerados a razón de un año igual a uno punto tres años de aportes (1 año = 1,3 años).

Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que acrediten su incapacidad al momento de la solicitud y se regirán por la ley y el baremo vigente a la fecha de sanción de la ley provincial 4.879, para todos sus efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación posterior.

Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido resolución judicial o administrativa firmes y denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos de la presente ley.

Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La Dirección de Energía de Jujuy fue sometida a un proceso de privatización en el año 1995, mediante la ley provincial 4879, ello derivó en la creación de diversas empresas: Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A.), Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.), GENOA y TRASNOA. Dichas empresas no lograron dar respuesta a la demanda de empleo sostenida antes de la privatización, generando una deuda social que aún hoy no ha obtenido respuesta, y constituye por tanto la razón del presente proyecto de ley.

La transformación del sector eléctrico de la provincia de Jujuy produjo la frustración de acceso a una justa jubilación, el cercenamiento de fuentes laborales y la inseguridad y desprotección de las familias de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy.

Dichos trabajadores por la rama propia de su especialidad laboral se han visto expuestos a tareas riesgosas e insalubres, las consecuencias de ellas, en gran medida, y la edad avanzada para acceder a otro tipo de especialización en un mercado laboral por demás precario, como el que padece la provincia, se percibe en la realidad. La crítica situación que atraviesan es notoria y los ha llevado a agruparse en la Asociación Civil de Energéticos de Jujuy, quienes nos han hecho escuchar sus justos e urgentes reclamos.

Los desocupados, otrora empleados públicos, destinados a desempeñar funciones esenciales del Estado, como son los servicios públicos, y que por tanto tienen una protección especial en nuestro texto constitucional, se encuentran hoy en la dificultad propia de aquellos que penden de su subsistencia y reconocimiento de quien otrora se sirvió de ellos. Es justo por tanto que el Estado dé respuesta a los reclamos que sus propias decisiones han generado.

La situación de indigencia, la subsistencia de algunos que penden de planes sociales, la desocupación, el desamparo de viudas e huérfanos que no acceden a beneficios sociales por la falta de edad de dichos ex empleados, tornan imperioso reparar una situación de injusticia que no puede resolverse por otros caminos.

Las previsiones de la privatización para dar respuesta ante la posible falta de contención social, la cual efectivamente se produjo, como la oportunidad de establecer un régimen de jubilación anticipada y otorgar el beneficio de la propiedad participada, no se llevaron a cabo.

Por lo tanto, el presente proyecto de ley es especial, no necesariamente responde a antecedentes generales sobre las privatizaciones operadas en otras áreas o a las realidades de desocupación imperante en otras provincias, entre las cuales Jujuy se cuenta lamentablemente entre las primeras.

En suma, la condición de ex empleados públicos de una actividad donde se realizaban tareas calificadas de riesgosas e insalubles, su incapacidad de inserción en otras actividades como consecuencia de lo anterior y por la edad y especialización que no cuenta por respuesta en el mercado laboral por demás saturado, la situación de precaria subsistencia y la falta de respuestas a la propiedad participada o otros beneficios previstos, conduce a una única respuesta, la obtención de beneficios previsionales mediante un régimen de excepción, acorde con su propia situación.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares el urgente tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien arbitrar las medidas necesarias a fin de establecer nuevas rutas y frecuencias aéreas regulares en el territorio de la provincia de Río Negro, entre las ciudades de San Antonio Oeste, Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande y San Carlos de Bariloche, por medio de Líneas Aéreas del Estado (LADE).

Asimismo, vería con agrado que, a través de las autoridades del Ministerio de Defensa, remitiera un informe en el que se consigne cuándo se estima que llegarán al país las cuatro (4) aeronaves usadas de transporte mediano SAAB-340, adquiridas a la empresa sueca SAAB para LADE en noviembre del año 2007 mediante licitación internacional, y cuál ha sido el precio final abonado por ellas.

Señor presidente:

No es nueva la preocupación de los legisladores rionegrinos ante la insuficiencia de vuelos regulares que unan distintas localidades de mi provincia.

Esta legítima inquietud no hace más que traducir la demanda de la ciudadanía que reclama mayor conectividad entre ciudades distantes y que, asimismo, concibe al transporte aéreo no sólo como una alternativa veloz para viajar, sino también como una herramienta de vital importancia para potenciar el desarrollo de las economías regionales.

LADE (Líneas Aéreas del Estado) depende de la Fuerza Aérea Argentina y tuvo su origen en el deseo y en la necesidad de emprender una acción estatal rectora que uniese los centros de mayor densidad poblacional con los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de medios rápidos y regulares de comunicación.

De este modo, LADE se transformó en el único organismo estatal de transporte aéreo de fomento, articulando, desde hace 68 años, una red que sirvió para integrar a la Patagonia cubriendo rutas no demasiado atractivas desde el punto de vista comercial, pero ciertamente imprescindibles desde la perspectiva social.

En 1998 LADE comenzó a padecer una profunda crisis, producto de la falta de visión estratégica gubernamental y del debido apoyo estatal. Esta circunstancia determinó la cancelación de rutas, el abandono de aeródromos y la falta de adecuado mantenimiento para sus aeronaves. Como es sabido, el resultado de este lamentable proceso de deterioro fue calamitoso para nuestra Patagonia y, muy especialmente, para la provincia de Río Negro.

De 2002 en adelante ha habido tenues intentos de reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos destinos. Pero, desde entonces, sus vuelos se mantienen de forma irregular, sin estar a la altura de un nivel de demanda que crece. Y esto sucede en el contexto de un país que comienza a generar las condiciones que permitan recuperar el impulso federal e integrador que animó la creación de este organismo de fomento.

Es por ello que, como representante de la provincia de Río Negro, solicito por este medio a las autoridades de la Secretaría de Transporte que implementen las acciones necesarias tendientes a establecer frecuencias aéreas regulares entre las ciudades de San Antonio Oeste, Viedma, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande y San Carlos de Bariloche.

Pero esta solicitud no obedece únicamente a la necesidad imperiosa de mejorar nuestra integración para crecer, sino también a que a principios del año pasado el Ministerio de Defensa emitió una resolución destinada a la compra de aeronaves para reforzar la flota de LADE.

En efecto, la resolución 266/07, suscrita el 27/2/07 por la ministra Nilda Garré, autorizó a la Fuerza Aérea Argentina a dar inicio a un proceso de licitación pública internacional para la compra de 5 aviones “a fin de fortalecer el transporte aéreo de fomento en el sur del país”.

La resolución establecía que el monto total de la operación alcanzaría 54 millones de pesos en el trienio 2007-2009.

La licitación preveía la adquisición de 5 aeronaves “del mismo tipo, modelo y cantidad de asientos (segmento de 30 a 39 plazas), usadas y reacondicionadas, con idéntica configuración, en condiciones de aeronavegabilidad en el país de origen o con más de un (1) año de preservación, con todo su soporte logístico asociado”.

En primera instancia esa licitación quedó desierta por no presentarse ningún oferente. Ello impulsó la confección de nuevos pliegos, con menos exigencias técnicas y solicitando cuatro aeronaves en lugar de cinco.

Así fue como hacia fines del mes de agosto de 2007 fueron formalmente presentadas tres propuestas. La primera de ellas, correspondiente a la empresa ATC Technology, de Estados Unidos, en representación de Embrear (Brasil), para ofrecer unidades usadas ERJ 135 a u$s 11 millones cada una. La segunda, que terminó por transformarse en la adjudicataria, correspondió a la empresa sueca Saab que ofreció 4 Saab 340 B de 34 plazas y toda la asistencia y apoyo que requería el pliego por u$s 30,9 millones. La última oferta, por casi u$s 32 millones correspondió a la empresa estadounidense proveedora de partes, repuestos y aviones Worthington.

En el mes de noviembre, el Ministerio de Defensa del gobierno argentino dio por concluida la adjudicación al fabricante sueco Saab. Y, según fuentes periodísticas, el total de la inversión a realizarse en tres tramos hasta 2009 alcanzaría los u$s 17 millones, en tanto que una partida adicional por otros u$s 12,6 millones serían desembolsados por el ministerio entre 2008 y 2009 como soporte logístico en cursos al personal, repuestos, accesorios y combustibles.

Vale la pena consignar que el monto original previsto para la compra de 5 aviones que la Cartera de Defensa había autorizado mediante la resolución 266/07 que dio lugar al primer llamado a licitación, ascendía a 54 millones de pesos (unos 18 millones de dólares). Es por ello que resulta llamativo que el precio ofertado por las empresas que participaron del segundo llamado haya prácticamente duplicado las previsiones oficiales.

Nadie pone en duda la legalidad de esta compra pero es claro que quienes elaboraron los primeros pliegos no lo hicieron seriamente al punto que hemos perdido precioso tiempo y se ha debido que recurrir a financiamiento extra para poder concretar la compra.

Así es como requiero por este medio que se brinden precisiones al respecto y se informe también cuándo está previsto el arribo de estas aeronaves que fortalecerán la flota de nuestra línea aérea de fomento.

El regreso pujante de LADE se espera con ansias en Río Negro y en toda la Patagonia. La incorporación de nuevos aviones a su flota implicará un fuerte incentivo al desarrollo económico y la conexión rápida de las distintas regiones productivas con los grandes centros de consumo y las terminales de salida para la exportación.

Por estas razones, y porque creo fundamentalmente en el rol promotor del Estado para la integración de las economías regionales por la vía del fomento del transporte aéreo, presento este proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación

De interés legislativo el Encuentro Extraordinario de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) Asia Pacífico, que se desarrolló los días 4 y 5 de agosto de 2008 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.

Señor presidente:

El gobierno de la provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Producción y Medio Ambiente, organizó el Encuentro Extraordinario de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur) Asia Pacífico, el que se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto del presente año en las instalaciones del Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy. El encuentro convocó a representantes institucionales, ONG y empresarios de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y las provincias argentinas del NOA y NEA.

El programa incluyó, entre otras actividades, el acto de apertura con el discurso del presidente de la Zicosur, intendente de la región de Antofagasta, don Cristian Rodríguez Salas, y del gobernador de la provincia de Jujuy, doctor Walter Barrionuevo. A continuación se conformaron las comisiones de Infraestructura y Servicios Conexos Producción y Comercio; Agropecuaria y Alimentaria; Asuntos Institucionales y Legales; Turismo; Educación; Cultura; Energía y Medio Ambiente.

El Zicosur tiene como objetivo central lograr la inserción de la subregión en el contexto internacional desde el punto de vista competitivo, desarrollando el comercio exterior con los mercados internacionales mediante la articulación de ejes de comunicación, así como también promover la integración social y cultural, como mecanismo para lograr el desarrollo económicosocial de las regiones que la integran.

En ese sentido y como consecuencia de los sucesivos encuentros, Zicosur se plantea una serie de objetivos específicos vinculados a coordinar los esfuerzos productivos, de transporte y distribución para optimizar la capacidad de producción del Norte Argentino, Paraguay, Sur de Bolivia, Sudoeste de Brasil, y Norte de Chile, especialmente a través de los corredores bioceánicos y aprovechando los puertos de las regiones de Chile, para conducirla hacia los mercados del Asia-Pacífico, difundiendo la oferta exportable de la sub región.

Asimismo, apunta a incorporar valor agregado a los recursos naturales disponibles, promoviendo la expansión y diversificación del comercio y facilitando los contactos entre los productores y comercializadores de la Zicosur con potenciales compradores internacionales, especialmente de países ribereños del océano Pacífico.

En este orden de ideas, busca canalizar y facilitar los intercambios comerciales entre esos mercados y el Mercosur a través de los corredores bioceánicos y procura la radicación de inversiones productivas y nuevas tecnologías en el área de centrooeste sudamericano para incrementar la potencialidad agropecuaria, agroindustrial, energética y de hidrocarburos, armonizando la aplicación de normas y estrategias fito y zoosanitarias comunes en la subregión.

En materia de infraestructura y servicios se apunta a promover la interconexión de las hidrovías como arterias principales de comunicación, desarrollando esquemas de transporte multimodales, potenciando el ferroviario inmerso en el trazado y la utilización del Corredor Bioceánico Norte-Pacífico-Atlántico, a través del desarrollo de proyectos y su financiamiento.

Por otro parte apunta a la progresiva integración energética promoviendo inversiones en complejos energéticos y gasíferos de la región integrada por Bolivia, Argentina y Brasil; a la optimización de los pasos fronterizos, desburocratizando y agilizando los organismos de control fronterizo en los países integrantes de la subregión.

En materia de turismo y medio ambiente se busca promover la integración turística a través de la difusión de itinerarios regionales, facilitando el libre tránsito e ingreso de turistas a las regiones que integran Zicosur, en los puestos aduaneros y en las rutas internas, incrementando el conocimiento geográfico, político, histórico, social, y promoviendo la utilización y difusión de recursos científicos y tecnológicos de la subregión.

Por los motivos expuesto y convencido de la importancia de este evento para todo el norte de nuestro país, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

–Tratado sobre tablas el 06-08-08.