Periodo:134 Reunion:9 Fecha:23/06/2016 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN

SRA. LOSPENNATO,SILVIA GABRIELA (BUENOS AIRES): Sí, señor presidente.
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SRA. LOSPENNATO,SILVIA GABRIELA (BUENOS AIRES): Señor presidente: el dictamen que está considerando esta Honorable Cámara es una deuda que nosotros mismos tenemos como legisladores. En 1998, cuando se sancionó la Ley del Ministerio Público Fiscal, se aprobó la creación de una comisión que este Parlamento debía constituir e integrar, así como también darle funciones. Resulta claro que esa comisión debía ejercer el control externo del Ministerio Público. En aquella ley -luego, ello se repitió en la norma vigente- se imponía la obligación de controlar la ejecución presupuestaria y hacer un seguimiento de gestión de esta institución a través del análisis de un informe anual que el Ministerio Público debía presentar al Congreso Nacional. Si dieciocho años después estamos hoy acá es porque nada de eso ocurrió. Esto no se debe a que hayan faltado proyectos, ya que hubo muchos. En este sentido quiero señalar que hubo iniciativas de las señoras diputadas Carrió, Stolbizer, Argumedo y Conti, así como también de los señores diputados Negri y Massa. A ellos debemos sumar los numerosos proyectos que presentaron ex legisladores. El hecho de no constituir esta comisión bicameral no fue un olvido. En 2015 se impulsó una importante reforma por las que se ampliaron las funciones –a mi gusto, excesivamente- en cabeza del órgano y en detrimento del propio Ministerio Público y sus agentes fiscales. Sin embargo, pese a repetirse la fórmula de que el Congreso Nacional debía constituir esta comisión, eso no se hizo y ella no fue integrada. Resulta claro que faltó una voluntad política de controlar. Sin duda, en las próximas semanas estaremos tratando una modificación más profunda de la ley. Entendemos que esa modificación es necesaria a la luz de los excesos que en el ejercicio de esta función se ha incurrido en los últimos años. Nos preocupan los concursos amañados, como aquel que fuera declarado nulo por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. También nos preocupa la discrecionalidad que hoy tiene el procurador General respecto de los procesos disciplinarios de los magistrados, funcionarios y empleados del organismo, tanto para rechazar sin trámite una denuncia como para abrir una investigación y designar al funcionario acusador, sin tiempos claros para los sumarios administrativos y, además, sin que todas sus decisiones puedan ser sometidas a otra instancia de revisión y control. Esto no nos preocupa por el preciosismo de las formas sino porque en los últimos años fuimos testigos del enjuiciamiento a un fiscal por investigar causas de corrupción e incluso de ensañamiento con sus ex empleados. En igual medida nos preocupa la inacción, por ejemplo, frente al procesamiento de un fiscal por no investigar a ciertos imputados en algunas de las causas más resonantes de estos últimos tiempos. Por otra parte, nos preocupan los traslados de los fiscales y que el gasto se concentre excesivamente en la organización central, sin criterios federales para dotar de recursos por igual a las fiscalías de todo el país. En cierta medida, nosotros somos responsables de todo esto porque este Parlamento otorgó un gran poder sin un órgano de control. Uno debería preguntarse por qué pasó eso y durante tantos años el Congreso Nacional decidió no constituir e integrar esta comisión bicameral. De todos modos, creo que hay algo más importante, que es avanzar a fin de saldar esta deuda y empezar a cambiar las cosas a partir de hoy. Aun sin modificar la ley y hasta que ella se modifique, no debe otorgarse más poder sin control al Ministerio Público Fiscal. El dictamen de mayoría establece que esta comisión estará compuesta por ocho miembros de cada una de las Cámaras. Entre sus funciones se destacan la de actuar como enlace entre el Poder Legislativo, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa; solicitar y recibir el informe anual que la propia ley obliga a estas instituciones a entregar al Congreso Nacional; evaluar dicho informe para poder sugerir recomendaciones sobre cómo mejorar la cuestión de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; controlar la administración general y financiera del organismo; convocar a audiencia pública tanto al procurador como al defensor a fin de que puedan dar cuenta del trabajo que desarrollan todos los días, y expresar la posición de esta Honorable Cámara sobre futuras propuestas de candidatos elegidos por el Poder Ejecutivo para ocupar uno de esos cargos. Por último, tendrá tres funciones que considero fundamentales. La primera es recibir las denuncias, reclamos y propuestas de los ciudadanos, porque en definitiva este organismo tiene que velar por todos ellos; recibir las denuncias de los magistrados que en el ejercicio de sus funciones sufrieren intimidaciones y amenazas. No tenemos que enterarnos por los diarios, sino que deben tener un lugar acá para venir a contarnos, para que todos podamos buscar una solución o enterarnos de esta problemática. Por medio de esta comisión vamos a poder solicitar un informe fundado sobre los traslados y las sanciones disciplinarias, no antes sino después, pero fundados para entender a qué se debieron. A partir de hoy, si este proyecto se aprueba, nos vamos a dar una herramienta muy importante en materia de control, una herramienta que nos debemos como diputados nacionales, así que espero que esta iniciativa cuente con el apoyo necesario. (Aplausos en las bancas.)
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