principal
»
Discursos
Período:134 Reunion:18 Fecha:26/10/2016 EJERCICIO DE LA ABOGACÍA ANTE LA JUSTICIA FEDERAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda Orden del Día N° 748 recaídos en el proyecto de ley de los señores diputados Raúl Pérez, Alonso y Grandinetti por el que se establece un régimen para el ejercicio de la abogacía ante la justicia federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (expediente 3424-d-2016 ).
aquí orden del día n° 748
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en general
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA):
Señor presidente: seré muy breve porque seguramente los autores del proyecto de ley –los señores diputados Raúl Pérez, Alonso y Grandinetti- se explayarán sobre los argumentos que motivan este proyecto. Solamente quiero destacar la importancia que tiene para todos los abogados de la República Argentina poder avanzar en la matrícula federal única. Para los abogados que litigamos en el interior del país, en las distintas provincias, es necesario hacer un trámite ante las cámaras federales para poder actuar ante los distintos tribunales federales, y si uno debe litigar en otra provincia, se ve obligado a hacer otro trámite. Esta situación se terminará con la matrícula federal única, y en definitiva, podemos afirmar que esta es la respuesta que la Cámara está dando frente a un reclamo que la abogacía viene efectuando en los últimos veinte o treinta años. Los colegios públicos seguirán otorgando las matrículas, en coordinación con la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Quiero destacar los cambios que hemos podido introducir en la Comisión de Justicia al texto originario del proyecto presentado por el señor diputado Raúl Pérez y otros señores diputados. Uno de ellos consiste en aclarar que el trámite es gratuito para los abogados que ya están inscritos en las respectivas cámaras federales, quienes no tendrán que abonar nuevamente, sino que deberán concurrir, con el carné otorgado por la cámara federal, al colegio donde tienen su matrícula profesional, donde le otorgarán la matrícula federal.
En el artículo 24 se deja aclarado que el bono es equivalente al 0,5 por ciento de la remuneración básica de un juez federal de primera instancia, algo que no figuraba en el proyecto originario. Hoy, la remuneración básica de un juez federal es de 69.000 pesos, y a partir del mes que viene, con el aumento otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasará a 79.800 pesos.
Entre las modificaciones, también es importante remarcar la exclusión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en cuanto al sistema de distribución del bono, que será administrado directamente por esa institución, que no está adherida a la FACA ni tiene obligación de hacerlo.
En cuanto a la distribución del bono, el proyecto originario establecía un 50 por ciento para los colegios y el 50 por ciento restante para la FACA. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que expresaba anteriormente, en el sentido de que la mayor tarea sigue recayendo en los colegios públicos, creímos apropiado –y así lo entendió la comisión distribuir el bono en un 80 por ciento para los colegios y el 20 por ciento restante para la FACA, la que tendrá bajo su responsabilidad llevar un registro con todas las sanciones –como por ejemplo, las inhabilitaciones, de modo de comunicarlas a la Corte, a las cámaras federales, a los tribunales orales y a los distintos colegios públicos del interior del país.
Otro de los importantes cambios introducidos al proyecto originario consiste en que se ha exceptuado de estos aportes federales cuando se actúe por la parte actora en juicios laborales y previsionales.
Quiero destacar el consenso al que hemos podido arribar en la Comisión de Justicia sobre la base del diálogo que nos permitió llegar a este dictamen, para dar respuestas de una vez por todas al reclamo de los abogados que litigan en los tribunales federales de nuestro país.
Quiero destacar los cambios que hemos podido introducir en la Comisión de Justicia al texto originario del proyecto presentado por el señor diputado Raúl Pérez y otros señores diputados. Uno de ellos consiste en aclarar que el trámite es gratuito para los abogados que ya están inscritos en las respectivas cámaras federales, quienes no tendrán que abonar nuevamente, sino que deberán concurrir, con el carné otorgado por la cámara federal, al colegio donde tienen su matrícula profesional, donde le otorgarán la matrícula federal.
En el artículo 24 se deja aclarado que el bono es equivalente al 0,5 por ciento de la remuneración básica de un juez federal de primera instancia, algo que no figuraba en el proyecto originario. Hoy, la remuneración básica de un juez federal es de 69.000 pesos, y a partir del mes que viene, con el aumento otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasará a 79.800 pesos.
Entre las modificaciones, también es importante remarcar la exclusión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en cuanto al sistema de distribución del bono, que será administrado directamente por esa institución, que no está adherida a la FACA ni tiene obligación de hacerlo.
En cuanto a la distribución del bono, el proyecto originario establecía un 50 por ciento para los colegios y el 50 por ciento restante para la FACA. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que expresaba anteriormente, en el sentido de que la mayor tarea sigue recayendo en los colegios públicos, creímos apropiado –y así lo entendió la comisión distribuir el bono en un 80 por ciento para los colegios y el 20 por ciento restante para la FACA, la que tendrá bajo su responsabilidad llevar un registro con todas las sanciones –como por ejemplo, las inhabilitaciones, de modo de comunicarlas a la Corte, a las cámaras federales, a los tribunales orales y a los distintos colegios públicos del interior del país.
Otro de los importantes cambios introducidos al proyecto originario consiste en que se ha exceptuado de estos aportes federales cuando se actúe por la parte actora en juicios laborales y previsionales.
Quiero destacar el consenso al que hemos podido arribar en la Comisión de Justicia sobre la base del diálogo que nos permitió llegar a este dictamen, para dar respuestas de una vez por todas al reclamo de los abogados que litigan en los tribunales federales de nuestro país.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
SRA. SORIA, MARIA EMILIA (RIO NEGRO):
Señor presidente: evidentemente, existe la necesidad de regular la matrícula federal para los abogados otorgándole un orden y una estructura que permita la federalización.
El ejercicio de la profesión de abogado es sumamente dinámico, ya que en una misma jurisdicción conviven los fueros provinciales y federal. Sin embargo, no compartimos la forma en que fue tratado este proyecto. Creemos que al debate le faltó profundidad, y además, no fueron escuchados los colegios públicos provinciales. Es cierto que en la Comisión de Justicia, de la cual soy vicepresidenta, ni una sola nota ha circulado sobre la supuesta adhesión de todos los colegios de abogados del interior del país. Entonces, me permito dudar de este hecho.
El proyecto fue incluido de un día para el otro en la Comisión de Justicia; luego, una reunión fracasó, y después, su tratamiento fue introducido el mismo día en sesión.
No queremos prestarnos a una pantomima de debate ni llegar a la sesión con una discusión inmadura, porque recordemos que solo fue tenida en cuenta la opinión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Es innecesario tratar este tema con tanta urgencia. Nos hubiera gustado tener más debate y reflexión, poder escuchar a todas las partes interesadas. Un tratamiento ordenado hubiese permitido llegar a este recinto con los consensos necesarios para dar una respuesta seria a la necesidad de los litigantes provinciales, sobre todo en el fuero federal, contribuyendo así con un proyecto de todos y no solo de un sector.
Entendemos que el gobierno de la matrícula federal debería ser ordenado por un ente de derecho público no estatal y no por una ONG o la Federación Argentina de Colegios de Abogados como se propone en el artículo 3°, que es una persona jurídica de derecho privado. Creemos que la entidad debería realizar operaciones públicas, con fines públicos, dentro de los principios y las formas de derecho público, especialmente cuando va a manejar dinero.
Esta jerarquización implica, por un lado, el grado de injerencia y el control del Estado en sus actividades, y por el otro, tener como meta la máxima utilidad general.
Seguidamente, haré referencia a una cuestión personal. Soy abogada, tengo la matrícula federal y no me costó nada. Ni un peso tuve que pagar por la matrícula federal, a diferencia de lo que propone el proyecto en consideración. Estamos diciendo a todos los abogados que quieran litigar ante la Justicia federal que de ahora en más tendrán que pagar por esta matrícula. Esto encarece el servicio de Justicia porque ese costo se trasladará a nuestros representados.
Hago esta aclaración porque muchos dicen defender a las víctimas y se llenan la boca con palabras hermosas. Sin embargo, con esta medida, están encareciendo el servicio de Justicia.
Por otro lado, el artículo 27 del proyecto –me llama la atención que quienes son legisladores del interior no digan nada establece que el Colegio de Abogados de la Capital Federal no deberá redistribuir los ingresos a la FACA. Esto es completamente injusto con los colegios de abogados del interior del país.
El artículo 27 dispone cómo se distribuirán los ingresos provenientes del derecho fijo: el 20 por ciento se transferirá a la FACA y el 80 por ciento restante será retenido por los colegios públicos. Sin embargo, se excluye de esta distribución al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que administrará con exclusividad el ciento por ciento de estos recursos. Creemos que este es un trato discriminatorio para con los colegios del interior del país. Sin lugar a dudas, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debería colaborar de la misma manera con el resto de los colegios públicos del interior.
Es cierto que un miembro de este bloque, allá por 2014, presentó un proyecto similar al que estamos tratando hoy –contenido en el expediente7143-d-2014 , pero también es verdad –nobleza obliga que jamás fue tratado por la Comisión de Justicia ni llegó al seno de este recinto. Ese proyecto era distinto del que estamos tratando ahora, que no es ni más ni menos que una caja. ¿Será esta la razón de tanto apuro para su tratamiento? Pido disculpas, pero cuando ustedes estaban sentados de este lado del recinto también desconfiaban, así que permítanme desconfiar.
A continuación, compararé esa iniciativa que en algún momento impulsó algún diputado de este bloque con la que estamos tratando.
Aquel proyecto establecía que donde no hubiera una colegiación legal, la matrícula federal la otorgarían las cámaras federales de apelación, tal como funciona actualmente. El proyecto en consideración establece que en las provincias donde no existiese colegiación legal la matrícula federal será otorgada por las entidades locales representativas de los abogados que se encuentren asociados a la FACA, la cual se constituiría a tal fin y por delegación expresa de la presente ley, como colegio legal. Por lo tanto, estamos obligando a todos los colegios del país a asociarse compulsivamente a la FACA. Esto me llama la atención porque el mismísimo Colegio de Abogados de la Capital Federal dijo que la FACA tiene serios problemas económicos.
La nota que ingresó a la Comisión de Justicia, cuyos miembros conocemos, por la que supuestamente todos los colegios públicos de abogados del interior del país se manifiestan a favor de esta iniciativa, misteriosamente no fue circulada. Por lo tanto, permítanme desconfiar.
Reitero que nuestro bloque no participará de esta injusticia en relación con los colegios del interior del país, los abogados, las víctimas y todos aquellos que deben recurrir a la Justicia, porque de ahora en más van a tener que pagar un poco más. (Aplausos en las bancas.)
El ejercicio de la profesión de abogado es sumamente dinámico, ya que en una misma jurisdicción conviven los fueros provinciales y federal. Sin embargo, no compartimos la forma en que fue tratado este proyecto. Creemos que al debate le faltó profundidad, y además, no fueron escuchados los colegios públicos provinciales. Es cierto que en la Comisión de Justicia, de la cual soy vicepresidenta, ni una sola nota ha circulado sobre la supuesta adhesión de todos los colegios de abogados del interior del país. Entonces, me permito dudar de este hecho.
El proyecto fue incluido de un día para el otro en la Comisión de Justicia; luego, una reunión fracasó, y después, su tratamiento fue introducido el mismo día en sesión.
No queremos prestarnos a una pantomima de debate ni llegar a la sesión con una discusión inmadura, porque recordemos que solo fue tenida en cuenta la opinión del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Es innecesario tratar este tema con tanta urgencia. Nos hubiera gustado tener más debate y reflexión, poder escuchar a todas las partes interesadas. Un tratamiento ordenado hubiese permitido llegar a este recinto con los consensos necesarios para dar una respuesta seria a la necesidad de los litigantes provinciales, sobre todo en el fuero federal, contribuyendo así con un proyecto de todos y no solo de un sector.
Entendemos que el gobierno de la matrícula federal debería ser ordenado por un ente de derecho público no estatal y no por una ONG o la Federación Argentina de Colegios de Abogados como se propone en el artículo 3°, que es una persona jurídica de derecho privado. Creemos que la entidad debería realizar operaciones públicas, con fines públicos, dentro de los principios y las formas de derecho público, especialmente cuando va a manejar dinero.
Esta jerarquización implica, por un lado, el grado de injerencia y el control del Estado en sus actividades, y por el otro, tener como meta la máxima utilidad general.
Seguidamente, haré referencia a una cuestión personal. Soy abogada, tengo la matrícula federal y no me costó nada. Ni un peso tuve que pagar por la matrícula federal, a diferencia de lo que propone el proyecto en consideración. Estamos diciendo a todos los abogados que quieran litigar ante la Justicia federal que de ahora en más tendrán que pagar por esta matrícula. Esto encarece el servicio de Justicia porque ese costo se trasladará a nuestros representados.
Hago esta aclaración porque muchos dicen defender a las víctimas y se llenan la boca con palabras hermosas. Sin embargo, con esta medida, están encareciendo el servicio de Justicia.
Por otro lado, el artículo 27 del proyecto –me llama la atención que quienes son legisladores del interior no digan nada establece que el Colegio de Abogados de la Capital Federal no deberá redistribuir los ingresos a la FACA. Esto es completamente injusto con los colegios de abogados del interior del país.
El artículo 27 dispone cómo se distribuirán los ingresos provenientes del derecho fijo: el 20 por ciento se transferirá a la FACA y el 80 por ciento restante será retenido por los colegios públicos. Sin embargo, se excluye de esta distribución al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que administrará con exclusividad el ciento por ciento de estos recursos. Creemos que este es un trato discriminatorio para con los colegios del interior del país. Sin lugar a dudas, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debería colaborar de la misma manera con el resto de los colegios públicos del interior.
Es cierto que un miembro de este bloque, allá por 2014, presentó un proyecto similar al que estamos tratando hoy –contenido en el expediente
A continuación, compararé esa iniciativa que en algún momento impulsó algún diputado de este bloque con la que estamos tratando.
Aquel proyecto establecía que donde no hubiera una colegiación legal, la matrícula federal la otorgarían las cámaras federales de apelación, tal como funciona actualmente. El proyecto en consideración establece que en las provincias donde no existiese colegiación legal la matrícula federal será otorgada por las entidades locales representativas de los abogados que se encuentren asociados a la FACA, la cual se constituiría a tal fin y por delegación expresa de la presente ley, como colegio legal. Por lo tanto, estamos obligando a todos los colegios del país a asociarse compulsivamente a la FACA. Esto me llama la atención porque el mismísimo Colegio de Abogados de la Capital Federal dijo que la FACA tiene serios problemas económicos.
La nota que ingresó a la Comisión de Justicia, cuyos miembros conocemos, por la que supuestamente todos los colegios públicos de abogados del interior del país se manifiestan a favor de esta iniciativa, misteriosamente no fue circulada. Por lo tanto, permítanme desconfiar.
Reitero que nuestro bloque no participará de esta injusticia en relación con los colegios del interior del país, los abogados, las víctimas y todos aquellos que deben recurrir a la Justicia, porque de ahora en más van a tener que pagar un poco más. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. HERS CABRAL, ANABELLA RUTH (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: adelanto que no voy a poder acompañar el proyecto presentado por el Frente Renovador, porque luego de veinticuatro años de ejercicio liberal de la profesión de abogada no encuentro fundamento alguno para que una asociación civil privada tenga injerencia en cuestiones que son absolutamente inherentes a instituciones públicas creadas por ley, como son los colegios públicos de cada una de las provincias. Esto atenta flagrantemente contra los artículos 1°, 5°, 121 y 129 de la Constitución Nacional en lo que hace al federalismo.
Hace treinta años que la matrícula federal es otorgada por las cámaras federales. La cuestión disciplinaria es llevada adelante por tres conjueces, que son electos anualmente.
Si lo que verdaderamente se pretende es resolver el problema de los abogados que vienen del interior del país, que deben hacer un trámite para litigar y obtener la matrícula federal, esto se puede solucionar con un proyecto que he presentado, que en sus tres artículos establece que cada uno de los colegios públicos otorgará en forma exclusiva y excluyente las matrículas federales gratuitamente y de por vida, y las dos provincias que no cuentan con colegios serán instadas a que adhieran a las leyes sobre colegiación. Esto implica “cero pesos” para el Estado y para los profesionales, y de esta manera se resolvería el problema que estamos tratando hoy: la dificultad que tienen los abogados del interior para obtener la matrícula.
Hace treinta años que la matrícula federal es otorgada por las cámaras federales. La cuestión disciplinaria es llevada adelante por tres conjueces, que son electos anualmente.
Si lo que verdaderamente se pretende es resolver el problema de los abogados que vienen del interior del país, que deben hacer un trámite para litigar y obtener la matrícula federal, esto se puede solucionar con un proyecto que he presentado, que en sus tres artículos establece que cada uno de los colegios públicos otorgará en forma exclusiva y excluyente las matrículas federales gratuitamente y de por vida, y las dos provincias que no cuentan con colegios serán instadas a que adhieran a las leyes sobre colegiación. Esto implica “cero pesos” para el Estado y para los profesionales, y de esta manera se resolvería el problema que estamos tratando hoy: la dificultad que tienen los abogados del interior para obtener la matrícula.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. TAILHADE, LUIS RODOLFO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en la última sesión, mientras tratábamos el proyecto de reforma electoral, una jefa de bloque marcó una diferencia respecto de la profunda discusión que se dio en esta Cámara en relación con la última vez que se modificó esa ley, que fue durante el gobierno de Cristina. Hizo una suerte de comparación en el sentido de que aquella sesión había durado cinco horas y la última, en la que se aprobó la boleta electrónica, llevaba hasta ese momento quince horas de debate. También hizo una reflexión acerca de cuán democrático es este momento y cuán autoritario fue aquél.
Resulta que ese bloque nos quería meter por la ventana este proyecto de ley, sin discusión de ninguna naturaleza, convocándonos de la noche a la mañana para firmar un dictamen sin conocimiento suficiente y sin escuchar la voz de los abogados, de los colegios e incluso de la beneficiaria de ese proyecto, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Entonces, cuando vienen a dar lecciones de qué democrático es el Congreso, que discute tantas horas, en el caso de este proyecto de ley que probablemente a la gente no le cambie la vida, pero sí a muchos abogados, quienes van a estar atentos porque de alguna manera es posible que les modifique su desempeño profesional, en forma irresponsable quieren tratarlo en cuarenta y ocho horas. Así, estamos hoy discutiendo un proyecto que, como decía la señora diputada Soria, es inconstitucional, porque estamos delegando a una ONG, como es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, facultades de control de la matrícula que son públicas e indelegables del Estado.
La FACA solamente tiene dos empleados y es una estructura que representa de manera simbólica los intereses de los colegios profesionales de todo el país. Digo “simbólica” porque muchos colegios de abogados están fuera de esta federación; por ejemplo, por decisión propia, el más grande del mundo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que tiene más de ciento veinticinco mil matriculados activos.
Se trata de una estructura que no es representativa de la matrícula nacional, ya que ese colegio que cuenta con ciento veinticinco mil matriculados solamente tendría un voto, mientras que la provincia de Córdoba, que por sus leyes internas y reglamentaciones tiene nueve colegios de abogados, cuenta con nueve votos.
Ese organismo absolutamente privado será la autoridad de aplicación de esta ley. ¿Qué pasaría Dios no lo permita si la FACA entrara en concurso preventivo o directamente en quiebra? ¿Qué haríamos con esta norma, en ese caso?
Sin embargo, lo que realmente me parece inaceptable es que nos quieran meter por la fuerza este proyecto. Provengo de una militancia gremial de muchos años, soy colegialista y me indigna que ni un abogado ni un colegio de cualquier lugar del país haya concurrido a la Comisión de Justicia a exponer sobre este proyecto. ¿Qué tengo que pensar? Que la FACA no representa debidamente esos intereses, porque no presentó absolutamente a ningún profesional para hablar sobre este tema, como hubiera sido su deber.
Sin embargo, cerraron este tema entre gallos y medianoche, y ahora están planteando una salida al problema de la matrícula federal, que se resuelve de otra manera y no con este proyecto altamente sospechoso; se soluciona mediante la creación de una entidad pública no estatal que administre la matrícula federal, el régimen disciplinario, que sea la junta electoral de cada elección que tengan que hacer los abogados para integrar los órganos de conducción, y fundamentalmente, que sea representativa de los abogados de las provincias, no un juego perverso donde muchos colegios de abogados, con pocos profesionales, suman más que los grandes colegios. Aclaro que no tengo ninguna simpatía por el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En realidad, estoy siendo un poco injusto: no tengo ninguna simpatía por el doctor Rizzo, pero sí afinidad. Tampoco tengo demasiado trato con los integrantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos no están representados en la FACA. Además, no han sido escuchados ni han podido venir a decir a este Parlamento por qué esto va a encarecer el servicio de Justicia, como acaba de señalar la señora diputada Soria.
¿Por qué tenemos el derecho de sospechar que acá hay algo más que el reconocimiento histórico de la necesidad de regular la matrícula federal? Porque la discusión de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados nos llevó veinticinco horas de debate y no sirvió para nada. Tampoco sirvió la ley de pago a los fondos buitre: otras veinticinco horas discutiendo y los buitres ni un peso trajeron a este país. (Aplausos en las bancas.)
Arreglar con los fondos buitre no significó que se trajera algún peso a este país ni la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados posibilitó una ventaja para algún integrante de la clase pasiva. Ayer estuvo el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y reconoció lo que acabo de expresar. Acá nos vanagloriamos de ser democráticos porque nos pasamos varias horas debatiendo, pero lo cierto es que no sirve para nada.
En cuanto a la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados debo decir que existe una trampa. Entiendo que esto ya vienen preparándolo de antes, porque se exige que el jubilado firme un acuerdo transaccional con la ANSES, con la presencia de un abogado que posea matrícula federal. Este proyecto de ley complementará esa exigencia al obligar al abogado a presentar el bono que está regulado en alguno de los artículos de esta norma. ¿Saben cuánto cuesta el bono? El 0,5 por ciento del sueldo básico de un juez, que ronda los 78.000 pesos. Moneda más, moneda menos, estamos hablando de un bono de alrededor de 400 pesos. Esto es absolutamente oneroso para cualquier persona, pero lo peor del caso –me hago cargo porque soy abogado- es que esa suma no va a pagarla los abogados sino los clientes, en este caso, los jubilados. Seguramente, ese bono se llevará el primer mes de reajuste, porque con la mentira de la reparación histórica estamos viendo que los promedios de reajuste varían entre los 400 y 500 pesos.
Eso no es lo peor. Vamos a suponer que el gobierno nacional no nos mintió cuando dijo que la reparación histórica iba a resolver dos millones de posibles litigios a similar cantidad de jubilados. Es decir que tendríamos dos millones de jubilados yendo a la ANSES a efectuar un acuerdo transaccional, lo que implicaría tener que pagar dos millones de bonos que, multiplicados por 400 pesos, da un total de 800 millones de pesos en ese concepto para la supuesta reparación histórica.
La señora diputada Soria dijo que acá se está discutiendo en torno de una caja, yo estoy poniendo los números sobre la mesa. De entrada, son 800 millones de pesos, sin hablar del tema de la matrícula ni de otro bono que se pueda presentar en otro lado.
Por eso, exigimos la discusión de este proyecto de ley sin que pretendan meterlo por la fuerza. Deben ser transparentes con los verdaderos objetivos, porque si queremos fortalecer los colegios de abogados, permitámosles que den la matrícula, sin necesidad de crear esta locura.
Además, si el objetivo es fortalecer la abogacía en general y la matrícula federal, creemos una entidad pública no estatal que administre todo esto.
Por lo tanto, como ha dicho la señora diputada Soria, adelantamos el rechazo al proyecto en consideración. Esperemos que reflexionen los que tienen la iniciativa, que la sensatez prevalezca y nos pongamos a discutir un proyecto en serio para la abogacía. (Aplausos en las bancas.)
Resulta que ese bloque nos quería meter por la ventana este proyecto de ley, sin discusión de ninguna naturaleza, convocándonos de la noche a la mañana para firmar un dictamen sin conocimiento suficiente y sin escuchar la voz de los abogados, de los colegios e incluso de la beneficiaria de ese proyecto, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Entonces, cuando vienen a dar lecciones de qué democrático es el Congreso, que discute tantas horas, en el caso de este proyecto de ley que probablemente a la gente no le cambie la vida, pero sí a muchos abogados, quienes van a estar atentos porque de alguna manera es posible que les modifique su desempeño profesional, en forma irresponsable quieren tratarlo en cuarenta y ocho horas. Así, estamos hoy discutiendo un proyecto que, como decía la señora diputada Soria, es inconstitucional, porque estamos delegando a una ONG, como es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, facultades de control de la matrícula que son públicas e indelegables del Estado.
La FACA solamente tiene dos empleados y es una estructura que representa de manera simbólica los intereses de los colegios profesionales de todo el país. Digo “simbólica” porque muchos colegios de abogados están fuera de esta federación; por ejemplo, por decisión propia, el más grande del mundo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que tiene más de ciento veinticinco mil matriculados activos.
Se trata de una estructura que no es representativa de la matrícula nacional, ya que ese colegio que cuenta con ciento veinticinco mil matriculados solamente tendría un voto, mientras que la provincia de Córdoba, que por sus leyes internas y reglamentaciones tiene nueve colegios de abogados, cuenta con nueve votos.
Ese organismo absolutamente privado será la autoridad de aplicación de esta ley. ¿Qué pasaría Dios no lo permita si la FACA entrara en concurso preventivo o directamente en quiebra? ¿Qué haríamos con esta norma, en ese caso?
Sin embargo, lo que realmente me parece inaceptable es que nos quieran meter por la fuerza este proyecto. Provengo de una militancia gremial de muchos años, soy colegialista y me indigna que ni un abogado ni un colegio de cualquier lugar del país haya concurrido a la Comisión de Justicia a exponer sobre este proyecto. ¿Qué tengo que pensar? Que la FACA no representa debidamente esos intereses, porque no presentó absolutamente a ningún profesional para hablar sobre este tema, como hubiera sido su deber.
Sin embargo, cerraron este tema entre gallos y medianoche, y ahora están planteando una salida al problema de la matrícula federal, que se resuelve de otra manera y no con este proyecto altamente sospechoso; se soluciona mediante la creación de una entidad pública no estatal que administre la matrícula federal, el régimen disciplinario, que sea la junta electoral de cada elección que tengan que hacer los abogados para integrar los órganos de conducción, y fundamentalmente, que sea representativa de los abogados de las provincias, no un juego perverso donde muchos colegios de abogados, con pocos profesionales, suman más que los grandes colegios. Aclaro que no tengo ninguna simpatía por el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En realidad, estoy siendo un poco injusto: no tengo ninguna simpatía por el doctor Rizzo, pero sí afinidad. Tampoco tengo demasiado trato con los integrantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos no están representados en la FACA. Además, no han sido escuchados ni han podido venir a decir a este Parlamento por qué esto va a encarecer el servicio de Justicia, como acaba de señalar la señora diputada Soria.
¿Por qué tenemos el derecho de sospechar que acá hay algo más que el reconocimiento histórico de la necesidad de regular la matrícula federal? Porque la discusión de la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados nos llevó veinticinco horas de debate y no sirvió para nada. Tampoco sirvió la ley de pago a los fondos buitre: otras veinticinco horas discutiendo y los buitres ni un peso trajeron a este país. (Aplausos en las bancas.)
Arreglar con los fondos buitre no significó que se trajera algún peso a este país ni la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados posibilitó una ventaja para algún integrante de la clase pasiva. Ayer estuvo el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y reconoció lo que acabo de expresar. Acá nos vanagloriamos de ser democráticos porque nos pasamos varias horas debatiendo, pero lo cierto es que no sirve para nada.
En cuanto a la Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados debo decir que existe una trampa. Entiendo que esto ya vienen preparándolo de antes, porque se exige que el jubilado firme un acuerdo transaccional con la ANSES, con la presencia de un abogado que posea matrícula federal. Este proyecto de ley complementará esa exigencia al obligar al abogado a presentar el bono que está regulado en alguno de los artículos de esta norma. ¿Saben cuánto cuesta el bono? El 0,5 por ciento del sueldo básico de un juez, que ronda los 78.000 pesos. Moneda más, moneda menos, estamos hablando de un bono de alrededor de 400 pesos. Esto es absolutamente oneroso para cualquier persona, pero lo peor del caso –me hago cargo porque soy abogado- es que esa suma no va a pagarla los abogados sino los clientes, en este caso, los jubilados. Seguramente, ese bono se llevará el primer mes de reajuste, porque con la mentira de la reparación histórica estamos viendo que los promedios de reajuste varían entre los 400 y 500 pesos.
Eso no es lo peor. Vamos a suponer que el gobierno nacional no nos mintió cuando dijo que la reparación histórica iba a resolver dos millones de posibles litigios a similar cantidad de jubilados. Es decir que tendríamos dos millones de jubilados yendo a la ANSES a efectuar un acuerdo transaccional, lo que implicaría tener que pagar dos millones de bonos que, multiplicados por 400 pesos, da un total de 800 millones de pesos en ese concepto para la supuesta reparación histórica.
La señora diputada Soria dijo que acá se está discutiendo en torno de una caja, yo estoy poniendo los números sobre la mesa. De entrada, son 800 millones de pesos, sin hablar del tema de la matrícula ni de otro bono que se pueda presentar en otro lado.
Por eso, exigimos la discusión de este proyecto de ley sin que pretendan meterlo por la fuerza. Deben ser transparentes con los verdaderos objetivos, porque si queremos fortalecer los colegios de abogados, permitámosles que den la matrícula, sin necesidad de crear esta locura.
Además, si el objetivo es fortalecer la abogacía en general y la matrícula federal, creemos una entidad pública no estatal que administre todo esto.
Por lo tanto, como ha dicho la señora diputada Soria, adelantamos el rechazo al proyecto en consideración. Esperemos que reflexionen los que tienen la iniciativa, que la sensatez prevalezca y nos pongamos a discutir un proyecto en serio para la abogacía. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, RAUL JOAQUIN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero agradecer a los diputados de la Comisión de Justicia, aun a quienes tienen posturas con las que no coincido, en primer lugar, por la paciencia, y en segundo término, por el aporte de muchas ideas que cambiaron el proyecto original. Agradezco especialmente al señor diputado Mestre, quien nos tuvo muchísima paciencia.
Probablemente, mi poca experiencia en estos diez meses de estar en la Cámara hizo que no acercara como información a los señores diputados –debería haberlo hecho como uno de los autores del proyecto las resoluciones sobre este tema y las copias de los sesenta y cinco correos electrónicos de ochenta y un colegios de abogados de todo el país.
No creo en la mala fe de ningún señor diputado; puedo coincidir o disentir, pero la verdad es que no coincido en absoluto con lo que dijo la señora diputada Soria, por razones que voy a exponer, y mucho menos con el señor diputado Tailhade, aunque no creo que sus posiciones obedezcan a mala fe. Sí me preocupa el nivel de desinformación, incluyendo la lectura del proyecto, porque se habla de cosas que no dice la norma.
Por otra parte, se hacen manifestaciones desconociendo otras leyes aplicadas básicamente después de 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional.
Entiendo a la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tiene una posición tomada, como también la tiene el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y lo comprendo; pero como abogado del interior quiero aclarar tres o cuatro números porque me sorprende el nivel de desinformación, no ya de error, en los conceptos vertidos por los dos diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Ni siquiera los abogados inscriptos saben que la ciudad de Buenos Aires tiene más de ciento veinticinco mil matriculados y que apenas un tercio es local. Los abogados del interior, que ya estamos matriculados en nuestras provincias, tenemos que volver a matricularnos en la Ciudad de Buenos Aires para litigar en el fuero federal. Esta es la discusión.
Creo que insistiendo en el error o en conceptos que no se están en discusión, se trata de evitar lo que se está debatiendo.
Si el diputado Tailhade dice que esto será más costoso para los jubilados, cuando el articulado no solamente de este proyecto sino de todas las leyes los exime de los costos del litigio así como también sucede respecto de los trabajadores en los juicios laborales y los abogados en los amparos por la libertad de personas, está demostrando desconocimiento.
Repito: no desconfío de la buena fe, pero hay una desinformación supina. Entiendo que la señora diputada Soria esté matriculada para ejercer en el fuero federal y que manifieste que no ha tenido ningún problema. Evidentemente, no ha litigado en la Ciudad de Buenos Aires, porque siendo de Río Negro debe saber que tampoco es gratuito matricularse en cada una de nuestras provincias. Además, como esto es diferenciado, para litigar, una cámara pone un bono, y otra, uno diferente. Las matrículas son por leyes provinciales, no provienen de una asociación civil o de una ONG. Es una falta de respeto, porque estamos hablando de ochenta y un colegios que funcionan por veintidós leyes provinciales.
Entonces, hay desconocimiento o un supino error. No quiero hablar de mala intención porque, con tantos años de legislador en la provincia y en otros ámbitos, siempre los parlamentarios me generan muchísimo respeto para poder mantener aún el diálogo en las profundas diferencias, pero decir aquello termina siendo faltar a la verdad. Porque si la diputada Soria hubiera intentado litigar en la Ciudad de Buenos Aires, además del bono -respecto del cual tiene una gran confusión porque es algo que establecen las cámaras y que además es diferenciado porque cada provincia determina una cosa distinta-, se tiene que matricular nuevamente.
Esto lo sabemos nosotros, los de Buenos Aires, los de Salta y los porteños. ¿Por qué? Porque hay una ley que se encuentra plenamente vigente, que es legítima, que estableció la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lo cual está bien. A nadie se le ocurrió derogar esa norma legal, que otorga atribuciones al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el sentido de que cuando nosotros, que venimos de otra ciudad –por ejemplo, Bahía Blanca, Salta o Jujuy-, queremos llegar a la Corte, no solamente debemos pagar el bono, sino que también tenemos que matricularnos en la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, pareciera haber mala fe en la discusión. No hay cien mil y pico de abogados en la Ciudad de Buenos Aires, sino un poco más de treinta y ocho mil profesionales. Los demás abogados pertenecemos al resto del país.
Es cierto que el trámite debe ser gratuito en las cámaras, pero el bono que se paga en todo el país también debe ser igualitario y repartirse de esa forma.
Por otra parte, la señora diputada Soria desconoce que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene otra ley propia. Todas las asociaciones profesionales tienen otras normas legales. No es que existe una entidad sin fines de lucro u organización no gubernamental. Por el contrario, todas las asociaciones o colegios que nuclean a los arquitectos, ingenieros, contadores y otros profesionales tienen leyes que regulan sus actividades. En algunos casos se trata de asociaciones de primer grado. En cambio, en provincias que son muy grandes, como por ejemplo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las hay de primero y de segundo grado. Hay ciudades muy grandes que tienen colegios propios autorizados por ley y, además, colegios provinciales.
Esto representa la existencia de ochenta y un colegios profesionales en el país, la totalidad de los cuales integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Voy a explicar por qué. La razón es que ello obedece a un mandato constitucional de 1994. Entonces, omitieron la ley o no lo dicen deliberadamente.
En 1994 se crearon muchos institutos nuevos, entre ellos, el Consejo de la Magistratura; pero ese año también se estableció un nuevo estatus para la ciudad de Buenos Aires, lo cual está bien que haya ocurrido. Esto lo digo como provinciano. Así como en mi provincia manifesté que las capitales deben ser jerarquizadas, también digo que fue sensato lo que se realizó con la ciudad de Buenos Aires en el sentido de jerarquizarla. No era una dependencia del Poder Ejecutivo.
Además, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consecuentemente, esta ciudad empezó a tener sus propias leyes y, entre otras cosas, su propio Consejo de la Magistratura.
¿Qué es lo que nos otorgó este Parlamento en 1995, luego de haberlo aprobado por unanimidad? La opción de representación en el Consejo de la Magistratura nacional, entre otras cosas.
¿Qué estableció la ley de creación del Consejo de la Magistratura nacional? Que la representación de los abogados del país correspondía, en la ciudad de Buenos Aires, al Colegio Público de Abogados, que era la entidad reconocida por ley y en la cual tenían que efectuarse las elecciones internas de los candidatos a desempeñarse en ese organismo. Esto tuvo lugar en 1995.
También se otorgó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por pedido de los profesionales y del propio colegio, la representación para elegir, en ese momento, a los otros tres.
Independientemente de la discusión respecto del número de miembros, quiero señalar que el interior del país se maneja de una manera, entre otras razones, porque cada dos o cuatro años los abogados debemos concurrir a elecciones en virtud de que nos regimos por una ley. A esto debemos agregar el hecho de que en cada provincia también se aplica a nuestra actividad una ley de ética. Cada provincia se la otorga a quien quiere, por ejemplo, a un colegio de abogados.
Estuve hablando con los representantes del colegio de abogados de la provincia y con los presidentes de los respectivos colegios de varias ciudades, como por ejemplo San Isidro, La Plata y Lomas de Zamora. Como resultado de esa conversación puedo decir que semanalmente se resuelven, en la provincia de Buenos Aires, ochenta denuncias de particulares a abogados.
Entonces, ¿quieren hablar del Colegio de Abogados más grande del país? Hablemos de una provincia que tiene quince millones de habitantes.
Probablemente, mi poca experiencia en estos diez meses de estar en la Cámara hizo que no acercara como información a los señores diputados –debería haberlo hecho como uno de los autores del proyecto las resoluciones sobre este tema y las copias de los sesenta y cinco correos electrónicos de ochenta y un colegios de abogados de todo el país.
No creo en la mala fe de ningún señor diputado; puedo coincidir o disentir, pero la verdad es que no coincido en absoluto con lo que dijo la señora diputada Soria, por razones que voy a exponer, y mucho menos con el señor diputado Tailhade, aunque no creo que sus posiciones obedezcan a mala fe. Sí me preocupa el nivel de desinformación, incluyendo la lectura del proyecto, porque se habla de cosas que no dice la norma.
Por otra parte, se hacen manifestaciones desconociendo otras leyes aplicadas básicamente después de 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional.
Entiendo a la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tiene una posición tomada, como también la tiene el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y lo comprendo; pero como abogado del interior quiero aclarar tres o cuatro números porque me sorprende el nivel de desinformación, no ya de error, en los conceptos vertidos por los dos diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Ni siquiera los abogados inscriptos saben que la ciudad de Buenos Aires tiene más de ciento veinticinco mil matriculados y que apenas un tercio es local. Los abogados del interior, que ya estamos matriculados en nuestras provincias, tenemos que volver a matricularnos en la Ciudad de Buenos Aires para litigar en el fuero federal. Esta es la discusión.
Creo que insistiendo en el error o en conceptos que no se están en discusión, se trata de evitar lo que se está debatiendo.
Si el diputado Tailhade dice que esto será más costoso para los jubilados, cuando el articulado no solamente de este proyecto sino de todas las leyes los exime de los costos del litigio así como también sucede respecto de los trabajadores en los juicios laborales y los abogados en los amparos por la libertad de personas, está demostrando desconocimiento.
Repito: no desconfío de la buena fe, pero hay una desinformación supina. Entiendo que la señora diputada Soria esté matriculada para ejercer en el fuero federal y que manifieste que no ha tenido ningún problema. Evidentemente, no ha litigado en la Ciudad de Buenos Aires, porque siendo de Río Negro debe saber que tampoco es gratuito matricularse en cada una de nuestras provincias. Además, como esto es diferenciado, para litigar, una cámara pone un bono, y otra, uno diferente. Las matrículas son por leyes provinciales, no provienen de una asociación civil o de una ONG. Es una falta de respeto, porque estamos hablando de ochenta y un colegios que funcionan por veintidós leyes provinciales.
Entonces, hay desconocimiento o un supino error. No quiero hablar de mala intención porque, con tantos años de legislador en la provincia y en otros ámbitos, siempre los parlamentarios me generan muchísimo respeto para poder mantener aún el diálogo en las profundas diferencias, pero decir aquello termina siendo faltar a la verdad. Porque si la diputada Soria hubiera intentado litigar en la Ciudad de Buenos Aires, además del bono -respecto del cual tiene una gran confusión porque es algo que establecen las cámaras y que además es diferenciado porque cada provincia determina una cosa distinta-, se tiene que matricular nuevamente.
Esto lo sabemos nosotros, los de Buenos Aires, los de Salta y los porteños. ¿Por qué? Porque hay una ley que se encuentra plenamente vigente, que es legítima, que estableció la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, lo cual está bien. A nadie se le ocurrió derogar esa norma legal, que otorga atribuciones al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el sentido de que cuando nosotros, que venimos de otra ciudad –por ejemplo, Bahía Blanca, Salta o Jujuy-, queremos llegar a la Corte, no solamente debemos pagar el bono, sino que también tenemos que matricularnos en la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, pareciera haber mala fe en la discusión. No hay cien mil y pico de abogados en la Ciudad de Buenos Aires, sino un poco más de treinta y ocho mil profesionales. Los demás abogados pertenecemos al resto del país.
Es cierto que el trámite debe ser gratuito en las cámaras, pero el bono que se paga en todo el país también debe ser igualitario y repartirse de esa forma.
Por otra parte, la señora diputada Soria desconoce que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene otra ley propia. Todas las asociaciones profesionales tienen otras normas legales. No es que existe una entidad sin fines de lucro u organización no gubernamental. Por el contrario, todas las asociaciones o colegios que nuclean a los arquitectos, ingenieros, contadores y otros profesionales tienen leyes que regulan sus actividades. En algunos casos se trata de asociaciones de primer grado. En cambio, en provincias que son muy grandes, como por ejemplo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las hay de primero y de segundo grado. Hay ciudades muy grandes que tienen colegios propios autorizados por ley y, además, colegios provinciales.
Esto representa la existencia de ochenta y un colegios profesionales en el país, la totalidad de los cuales integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Voy a explicar por qué. La razón es que ello obedece a un mandato constitucional de 1994. Entonces, omitieron la ley o no lo dicen deliberadamente.
En 1994 se crearon muchos institutos nuevos, entre ellos, el Consejo de la Magistratura; pero ese año también se estableció un nuevo estatus para la ciudad de Buenos Aires, lo cual está bien que haya ocurrido. Esto lo digo como provinciano. Así como en mi provincia manifesté que las capitales deben ser jerarquizadas, también digo que fue sensato lo que se realizó con la ciudad de Buenos Aires en el sentido de jerarquizarla. No era una dependencia del Poder Ejecutivo.
Además, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consecuentemente, esta ciudad empezó a tener sus propias leyes y, entre otras cosas, su propio Consejo de la Magistratura.
¿Qué es lo que nos otorgó este Parlamento en 1995, luego de haberlo aprobado por unanimidad? La opción de representación en el Consejo de la Magistratura nacional, entre otras cosas.
¿Qué estableció la ley de creación del Consejo de la Magistratura nacional? Que la representación de los abogados del país correspondía, en la ciudad de Buenos Aires, al Colegio Público de Abogados, que era la entidad reconocida por ley y en la cual tenían que efectuarse las elecciones internas de los candidatos a desempeñarse en ese organismo. Esto tuvo lugar en 1995.
También se otorgó a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por pedido de los profesionales y del propio colegio, la representación para elegir, en ese momento, a los otros tres.
Independientemente de la discusión respecto del número de miembros, quiero señalar que el interior del país se maneja de una manera, entre otras razones, porque cada dos o cuatro años los abogados debemos concurrir a elecciones en virtud de que nos regimos por una ley. A esto debemos agregar el hecho de que en cada provincia también se aplica a nuestra actividad una ley de ética. Cada provincia se la otorga a quien quiere, por ejemplo, a un colegio de abogados.
Estuve hablando con los representantes del colegio de abogados de la provincia y con los presidentes de los respectivos colegios de varias ciudades, como por ejemplo San Isidro, La Plata y Lomas de Zamora. Como resultado de esa conversación puedo decir que semanalmente se resuelven, en la provincia de Buenos Aires, ochenta denuncias de particulares a abogados.
Entonces, ¿quieren hablar del Colegio de Abogados más grande del país? Hablemos de una provincia que tiene quince millones de habitantes.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La Presidencia recuerda al señor diputado que comparte su término con el señor diputado Brügge, por lo que le solicita que redondee su exposición.
SR. PEREZ, RAUL JOAQUIN (BUENOS AIRES):
Para finalizar, agradezco el esfuerzo de los que opinan a favor y también de quienes lo hacen en contra, pero lo que más agradezco es la paciencia, y no dejo de molestarme cuando se falsean datos. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SRA. SORIA, MARIA EMILIA (RIO NEGRO):
¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. BRÜGGE, JUAN FERNANDO (CORDOBA):
Sí, señora diputada.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
SRA. SORIA, MARIA EMILIA (RIO NEGRO):
Simplemente, quiero efectuar una aclaración en virtud de que he sido aludida por el señor diputado Raúl Joaquín Pérez. Me parece que hay una confusión. Yo ni un solo peso pagué por mi matrícula federal. Llevé dos fotos carné, pero no pagué nada. Así que no es cierto lo que dicen acerca de que hay una mala intención y que desconocemos las leyes nacionales y provinciales. Van a encarecer el servicio de Justicia. Repito, porque fui aludida: ni un solo peso pagué por mi matrícula federal. Quiero aclararlo porque yo no es verdad lo que dicen. Lamento que empujen al resto de los abogados del país a empezar a pagar.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. BRÜGGE, JUAN FERNANDO (CORDOBA):
Señor presidente: voy a ser absolutamente breve a los fines de no alterar el normal desenvolvimiento de la sesión conforme a los tiempos acordados. Señalaré algunos aspectos desde el punto de vista constitucional, dado que me parece que hay algún tipo de equívoco en el análisis que se viene haciendo.
En primer lugar, los colegios profesionales de abogados son personas jurídicas de derecho público no estatal porque ejercen funciones que la Constitución, tanto nacional como provincial, les ha delegado a los fines del gobierno de la matrícula. Por lo tanto, acá no estamos hablando de simples asociaciones, como livianamente se dijo. De allí que el órgano que los aglutina, la FACA Federación Argentina de Colegios de Abogados, en consecuencia, tiene la responsabilidad como organización de estas personas jurídicas en un segundo grado, cuya naturaleza es, repito, de derecho público no estatal.
En segundo lugar, en relación con las potestades están los aspectos constitucionales del Congreso. ¿Podemos, desde el Congreso, dictar una normativa al respecto? La respuesta es afirmativa, porque estamos hablando del ejercicio de la profesión en los ámbitos federales y, por lo tanto, podemos regular todo lo atinente a la matrícula federal. De hecho, así venía haciéndolo la ley 22.192, o sea que ya tenemos antecedentes de que el Congreso tiene facultades para ello.
Por otra parte, aquí no está en juego solo el ejercicio profesional, sino también el legítimo derecho del acceso a la Justicia y a la jurisdicción, que es una garantía constitucional para todo aquello justiciable y para todas las personas que quieran acceder al servicio de Justicia.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es lamentable que los abogados del interior, cuando queremos litigar en la Capital Federal, y sobre todo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el órgano superior del Poder Judicial de la Nación en el control de constitucionalidad, tengamos que matricularnos en la Capital Federal. Esto roza lo extorsivo; pareciera que los abogados del interior tuviésemos una calidad y una preparación diferente de los de la CABA. La matrícula federal otorgada en Salta, Córdoba, Tucumán o Santa Cruz tendría que valer –para la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo mismo que para los de la Capital Federal.
Por otra parte, aquí se señaló que se estarían vulnerando las autonomías provinciales. Esto en absoluto es así, porque en función de lo expresado, los colegios profesionales, por las constituciones provinciales, tienen la facultad de regular el gobierno y el aspecto disciplinario de los abogados.
Otro aspecto tiene que ver con la orfandad o vacío de control ético que hoy existe en el ejercicio de la profesión para aquellos que ejercen la matrícula federal en el interior del país. Nadie controla eso; no hay un tribunal de disciplina ni un colegio que ponga el acento sobre la ética de los abogados. Sí recae sobre las Cámaras federales, pero no olvidemos que no todas las provincias tienen Cámaras federales. En la inmensa mayoría de las provincias –salvo dos, como se mencionó recién sí existen los colegios profesionales, que van a poder controlar el ejercicio profesional de la matrícula federal de los abogados y, por lo tanto, aplicar las sanciones que correspondan por el ejercicio no ético.
Este no es un problema económico, como se lo quiere reducir, sino que tiene que ver con que muchas veces, aquellas personas que necesitan del servicio de un abogado se encuentran en un total estado de indefensión en lo que respecta al control sobre la ética de ese profesional en el ejercicio de la matrícula federal, porque no hay nadie que lo controle ni lugar adonde recurrir.
Por lo tanto, está en juego el bienestar general, el derecho de los usuarios y también, como señalé recién, el derecho a la jurisdicción. (Aplausos en las bancas.)
En primer lugar, los colegios profesionales de abogados son personas jurídicas de derecho público no estatal porque ejercen funciones que la Constitución, tanto nacional como provincial, les ha delegado a los fines del gobierno de la matrícula. Por lo tanto, acá no estamos hablando de simples asociaciones, como livianamente se dijo. De allí que el órgano que los aglutina, la FACA Federación Argentina de Colegios de Abogados, en consecuencia, tiene la responsabilidad como organización de estas personas jurídicas en un segundo grado, cuya naturaleza es, repito, de derecho público no estatal.
En segundo lugar, en relación con las potestades están los aspectos constitucionales del Congreso. ¿Podemos, desde el Congreso, dictar una normativa al respecto? La respuesta es afirmativa, porque estamos hablando del ejercicio de la profesión en los ámbitos federales y, por lo tanto, podemos regular todo lo atinente a la matrícula federal. De hecho, así venía haciéndolo la ley 22.192, o sea que ya tenemos antecedentes de que el Congreso tiene facultades para ello.
Por otra parte, aquí no está en juego solo el ejercicio profesional, sino también el legítimo derecho del acceso a la Justicia y a la jurisdicción, que es una garantía constitucional para todo aquello justiciable y para todas las personas que quieran acceder al servicio de Justicia.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es lamentable que los abogados del interior, cuando queremos litigar en la Capital Federal, y sobre todo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el órgano superior del Poder Judicial de la Nación en el control de constitucionalidad, tengamos que matricularnos en la Capital Federal. Esto roza lo extorsivo; pareciera que los abogados del interior tuviésemos una calidad y una preparación diferente de los de la CABA. La matrícula federal otorgada en Salta, Córdoba, Tucumán o Santa Cruz tendría que valer –para la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo mismo que para los de la Capital Federal.
Por otra parte, aquí se señaló que se estarían vulnerando las autonomías provinciales. Esto en absoluto es así, porque en función de lo expresado, los colegios profesionales, por las constituciones provinciales, tienen la facultad de regular el gobierno y el aspecto disciplinario de los abogados.
Otro aspecto tiene que ver con la orfandad o vacío de control ético que hoy existe en el ejercicio de la profesión para aquellos que ejercen la matrícula federal en el interior del país. Nadie controla eso; no hay un tribunal de disciplina ni un colegio que ponga el acento sobre la ética de los abogados. Sí recae sobre las Cámaras federales, pero no olvidemos que no todas las provincias tienen Cámaras federales. En la inmensa mayoría de las provincias –salvo dos, como se mencionó recién sí existen los colegios profesionales, que van a poder controlar el ejercicio profesional de la matrícula federal de los abogados y, por lo tanto, aplicar las sanciones que correspondan por el ejercicio no ético.
Este no es un problema económico, como se lo quiere reducir, sino que tiene que ver con que muchas veces, aquellas personas que necesitan del servicio de un abogado se encuentran en un total estado de indefensión en lo que respecta al control sobre la ética de ese profesional en el ejercicio de la matrícula federal, porque no hay nadie que lo controle ni lugar adonde recurrir.
Por lo tanto, está en juego el bienestar general, el derecho de los usuarios y también, como señalé recién, el derecho a la jurisdicción. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Pido a los presidentes de bloque que inviten a los diputados a regresar al recinto porque estamos a cinco minutos de votar.
Pido a los presidentes de bloque que inviten a los diputados a regresar al recinto porque estamos a cinco minutos de votar.
SR. ORELLANA, JOSE FERNANDO (TUCUMAN):
Señor presidente: soy un hombre del interior que he tenido la suerte de estudiar y lograr un título profesional –el de abogado-, aunque no ejerzo mi profesión por una cuestión ética y moral, ya que en mi opinión no podemos ocupar un cargo en la función pública y hacer lo que hoy nos están haciendo los porteños, que se están negando a abrir la puerta para que los abogados del interior también puedan pleitear en esta jurisdicción. Este es un tema que se viene discutiendo desde hace más de veinte años, desde la época de Cavallo.
Por otro lado, adelanto mi apoyo al dictamen de mayoría. Ojalá que los abogados bonaerenses y los de la Ciudad de Buenos Aires nos pongan en un pie de igualdad y nos brinden las mismas oportunidades a los profesionales del interior. Con esta propuesta no se va a quitar nada a nadie; simplemente, estamos otorgando derechos. (Aplausos en las bancas.)
Por otro lado, adelanto mi apoyo al dictamen de mayoría. Ojalá que los abogados bonaerenses y los de la Ciudad de Buenos Aires nos pongan en un pie de igualdad y nos brinden las mismas oportunidades a los profesionales del interior. Con esta propuesta no se va a quitar nada a nadie; simplemente, estamos otorgando derechos. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Señor presidente: este proyecto surge a partir de los reclamos de los colegios del interior, principalmente en lo que tiene que ver con el control de la matrícula federal.
En este sentido, sabemos que en casi todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires el control de la matrícula en el ejercicio de nuestra profesión de abogados se realiza a través de los colegios que como bien se dijo acá son entidades públicas no estatales. Sin embargo, estaba pendiente de resolución aquello relacionado con la intervención de los abogados en el fuero federal, que hoy todavía es manejado por las Cámaras federales.
Eso pareciera un contrasentido ya que, si bien los abogados somos auxiliares de la Justicia, no parece correcto que el control de la matrícula lo realicen los propios colegas. Eso tendría que hacerlo el Poder Judicial, dado que no tiene una vinculación directa con el ejercicio de la profesión.
Es importante resolver esta cuestión. Por ello, entendemos que resulta saludable que a partir de la sanción de este proyecto los colegios de cada distrito judicial sean los encargados de realizar el control de la matrícula y reciban el beneficio del aporte del derecho fijo que se establece a través de esta iniciativa.
Más allá de eso, existen cuestiones relativas a la intervención de otros colegios públicos, como el de la Capital Federal, que ya tiene bajo su órbita el control de la matrícula federal. Como en el proyecto original este tema no estaba contemplado, se lo pudo modificar para excluirlo de esa situación.
Por supuesto que nos sigue preocupando lo que tiene que ver con la asignación de recursos a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, dado que no es una entidad creada por ley, como sí lo son los colegios provinciales. Por ende, en algún momento tendremos que pensar cómo controlar los fondos que recibe la FACA.
También estamos interesados en no incrementar el costo de actuación de los abogados en el ejercicio de la profesión. Digo esto porque nuestra profesión está enfrentando una crisis importante desde el punto de vista de los ingresos, sobre todo porque nuestros honorarios todavía son regulados en función de lo que establece una ley de la dictadura, que es la 21.839.
Al respecto, en esta Cámara tenemos en tratamiento varios proyectos sobre regulación de honorarios, sobre todo uno que ha venido en revisión del Honorable Senado, en cuya consideración sería importante que pudiéramos avanzar. Pero mientras no resolvamos el tema de los honorarios y de los ingresos, tenemos que evitar que este tipo de propuestas aumenten los costos de actuación de los abogados, porque en definitiva eso se refleja en el costo de acceso a la Justicia. De alguna manera, debemos sancionar normas que faciliten el acceso a la Justicia y no lo entorpezcan. Por lo tanto, el 0,5 por ciento que está previsto en el dictamen deberíamos disminuirlo; durante el tratamiento en particular de la iniciativa propondré su modificación.
Por otro lado, volviendo a la esfera de la ley del Colegio Público de Abogados 23.187, cabe señalar que dicha norma, mediante la que se crea el mencionado organismo, se dictó en el año 1985, en épocas en las que todavía la Ciudad de Buenos Aires no había adquirido su autonomía, que tuvo lugar a partir de la reforma constitucional de 1994. Luego de la reforma constitucional y la adquisición de autonomía por parte de la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos promover que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantenga no solo la matrícula federal sino también la competencia como colegio público en los tribunales locales.
En ese sentido, también propondremos una modificación que permita generar esta situación de manera que –reitero el Colegio Público de Abogados mantenga no solo el control de la matrícula federal, sino que además se desempeñe como Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aclaro que he sido vicepresidente segundo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Si bien coincido con el espíritu de la iniciativa respecto del fortalecimiento de los colegios del interior, teniendo en cuenta que tal vez se afecte la actuación de dicho colegio público, adelanto mi abstención en la votación de la presente iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
En este sentido, sabemos que en casi todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires el control de la matrícula en el ejercicio de nuestra profesión de abogados se realiza a través de los colegios que como bien se dijo acá son entidades públicas no estatales. Sin embargo, estaba pendiente de resolución aquello relacionado con la intervención de los abogados en el fuero federal, que hoy todavía es manejado por las Cámaras federales.
Eso pareciera un contrasentido ya que, si bien los abogados somos auxiliares de la Justicia, no parece correcto que el control de la matrícula lo realicen los propios colegas. Eso tendría que hacerlo el Poder Judicial, dado que no tiene una vinculación directa con el ejercicio de la profesión.
Es importante resolver esta cuestión. Por ello, entendemos que resulta saludable que a partir de la sanción de este proyecto los colegios de cada distrito judicial sean los encargados de realizar el control de la matrícula y reciban el beneficio del aporte del derecho fijo que se establece a través de esta iniciativa.
Más allá de eso, existen cuestiones relativas a la intervención de otros colegios públicos, como el de la Capital Federal, que ya tiene bajo su órbita el control de la matrícula federal. Como en el proyecto original este tema no estaba contemplado, se lo pudo modificar para excluirlo de esa situación.
Por supuesto que nos sigue preocupando lo que tiene que ver con la asignación de recursos a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, dado que no es una entidad creada por ley, como sí lo son los colegios provinciales. Por ende, en algún momento tendremos que pensar cómo controlar los fondos que recibe la FACA.
También estamos interesados en no incrementar el costo de actuación de los abogados en el ejercicio de la profesión. Digo esto porque nuestra profesión está enfrentando una crisis importante desde el punto de vista de los ingresos, sobre todo porque nuestros honorarios todavía son regulados en función de lo que establece una ley de la dictadura, que es la 21.839.
Al respecto, en esta Cámara tenemos en tratamiento varios proyectos sobre regulación de honorarios, sobre todo uno que ha venido en revisión del Honorable Senado, en cuya consideración sería importante que pudiéramos avanzar. Pero mientras no resolvamos el tema de los honorarios y de los ingresos, tenemos que evitar que este tipo de propuestas aumenten los costos de actuación de los abogados, porque en definitiva eso se refleja en el costo de acceso a la Justicia. De alguna manera, debemos sancionar normas que faciliten el acceso a la Justicia y no lo entorpezcan. Por lo tanto, el 0,5 por ciento que está previsto en el dictamen deberíamos disminuirlo; durante el tratamiento en particular de la iniciativa propondré su modificación.
Por otro lado, volviendo a la esfera de la ley del Colegio Público de Abogados 23.187, cabe señalar que dicha norma, mediante la que se crea el mencionado organismo, se dictó en el año 1985, en épocas en las que todavía la Ciudad de Buenos Aires no había adquirido su autonomía, que tuvo lugar a partir de la reforma constitucional de 1994. Luego de la reforma constitucional y la adquisición de autonomía por parte de la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos promover que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantenga no solo la matrícula federal sino también la competencia como colegio público en los tribunales locales.
En ese sentido, también propondremos una modificación que permita generar esta situación de manera que –reitero el Colegio Público de Abogados mantenga no solo el control de la matrícula federal, sino que además se desempeñe como Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aclaro que he sido vicepresidente segundo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Si bien coincido con el espíritu de la iniciativa respecto del fortalecimiento de los colegios del interior, teniendo en cuenta que tal vez se afecte la actuación de dicho colegio público, adelanto mi abstención en la votación de la presente iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se propicia la inscripción en la matrícula federal para el ejercicio de la abogacía ante la Justicia federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Orden del Día N° 748).
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. TONELLI, PABLO GABRIEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: pido autorización para abstenerme en la presente votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se toma debida constancia, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. MASSO, FEDERICO AUGUSTO (TUCUMAN):
Señor presidente: pido permiso para abstenerme en la votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. ROMERO, OSCAR ALBERTO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en el mismo sentido, adelanto mi abstención en la votación de esta iniciativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BEVILACQUA, GUSTAVO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: también adelanto mi abstención.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Dejo constancia de que me abstendré de votar, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
SR. TORROBA, FRANCISCO JAVIER (LA PAMPA):
Señor presidente: adelanto mi abstención en la presente votación.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. INCICCO, LUCAS CIRIACO (SANTA FE):
Señor presidente: adelanto mi abstención.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se ha tomado debida constancia de las aclaraciones planteadas por los señores diputados.
- Se practica la votación nominal.2016/134OE17_05_R18.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 161 señores diputados presentes, 114 han votado por la afirmativa y 29 por la negativa, registrándose además 17 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Se han registrado 114 votos por la afirmativa, 29 por la negativa y 17 abstenciones.
Aquí votación nominal
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA):
Señor presidente: propongo que la votación en particular se realice por capítulos.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Si no se formulan objeciones, así se hará.
- No se formulan objeciones.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se procederá en la forma indicada.
En consideración el capítulo I, que comprende los artículos 1° y 2°.
Se va a votar.
En consideración el capítulo I, que comprende los artículos 1° y 2°.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el capítulo II, que comprende los artículos 3° a 6°.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 7° a 13.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el título II, que comprende el artículo 14.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el título III, capítulo I, que comprende el artículo 15.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el título III, capítulo II, que comprende los artículos 16 a 23.
Se va a votar.
Se va a votar.
- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración el título IV, que comprende los artículos 24 a 33.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Señor presidente: conforme a lo expuesto durante el tratamiento en general de la iniciativa, nos parece que el porcentaje previsto excede el valor que hoy se paga por el bono de derecho fijo para el ejercicio de la profesión no solamente en el interior, sino también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A fin de no encarecer el costo de acceso a la Justicia a los litigantes ni a quienes ejercen la profesión de abogado, proponemos que se reduzca el porcentaje establecido en el inciso b) del artículo 25, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Este aporte será equivalente al 0,3 por ciento (0,3 %) de la remuneración básica asignada en forma mensual al cargo del juez federal de primera instancia.”
A fin de no encarecer el costo de acceso a la Justicia a los litigantes ni a quienes ejercen la profesión de abogado, proponemos que se reduzca el porcentaje establecido en el inciso b) del artículo 25, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Este aporte será equivalente al 0,3 por ciento (0,3 %) de la remuneración básica asignada en forma mensual al cargo del juez federal de primera instancia.”
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
¿La comisión acepta la propuesta?
SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA):
Sí, señor presidente; compartimos totalmente la propuesta del señor diputado.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. LOSPENNATO, SILVIA GABRIELA (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en verdad, no me queda en claro cómo quedaría redactado el artículo luego de la modificación aceptada por la comisión. Por, si fuera posible, pido que se dé lectura del nuevo texto.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA):
Señor presidente: el artículo 25 quedaría redactado de la siguiente forma: “Los gastos y erogaciones que demande a los colegios de abogados y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la puesta en marcha de las funciones establecidas por la presente ley, serán atendidos con los siguientes recursos:
“a) Con los fondos que el Poder Ejecutivo nacional destine especialmente a los efectos de la presente ley;
“b) Con la contribución del derecho fijo que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional en los organismos indicados en el artículo 1º. Este aporte será equivalente al 0,3 por ciento (0,3 %) de la remuneración básica asignada en forma mensual al cargo del juez federal de primera instancia;
c) Con el producido con la tasa que fije la reglamentación, a propuesta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), para evacuar los informes previstos en los artículos 19 y 20 de la presente ley;
“d) Con otros fondos que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) destine a tal fin.”
“a) Con los fondos que el Poder Ejecutivo nacional destine especialmente a los efectos de la presente ley;
“b) Con la contribución del derecho fijo que deberá abonarse al inicio de cada actuación profesional en los organismos indicados en el artículo 1º. Este aporte será equivalente al 0,3 por ciento (0,3 %) de la remuneración básica asignada en forma mensual al cargo del juez federal de primera instancia;
c) Con el producido con la tasa que fije la reglamentación, a propuesta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), para evacuar los informes previstos en los artículos 19 y 20 de la presente ley;
“d) Con otros fondos que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) destine a tal fin.”
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar el Título IV, que comprende los artículos 24 a 33, con la modificación aceptada por la comisión.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 34 es de forma.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Pido la palabra.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Señor presidente: había quedado pendiente la propuesta para un nuevo artículo 32, que estaríamos incorporando, que sería el siguiente: “Modifícase el artículo 1° de la ley 23.187 el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley y subsidiariamente por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes que no resulten derogadas por ésta. En el marco de las normas que rigen las transferencias de las competencias del derecho común a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las normas dictadas por las autoridades locales en relación a sus potestades de ordenamiento procesal local, del ejercicio profesional y la regulación de honorarios se integrarán a este ordenamiento.
“La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja’.”
Esta sería la propuesta para la redacción del artículo 32, por lo que, de ser aprobado, sería necesario renumerar los que siguen.
“La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja’.”
Esta sería la propuesta para la redacción del artículo 32, por lo que, de ser aprobado, sería necesario renumerar los que siguen.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. BASTERRA, LUIS EUGENIO (FORMOSA):
Señor presidente: justo cuando ingresaba al recinto me pareció escuchar que se votaba el artículo de forma.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
No, señor diputado, el artículo de forma no se vota.
El señor diputado Lipovetzky acaba de formular una propuesta, por lo que corresponde que la Honorable Cámara se expida acerca del pedido de reconsideración.
Se va a votar el pedido de reconsideración. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
El señor diputado Lipovetzky acaba de formular una propuesta, por lo que corresponde que la Honorable Cámara se expida acerca del pedido de reconsideración.
Se va a votar el pedido de reconsideración. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración la propuesta de redacción del artículo 32, de acuerdo con lo solicitado por el señor diputado Lipovetzky.
Se va a votar.
Se va a votar.
-Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Con la modificación introducida, queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Se comunicará al Honorable Senado.
Conforme a lo solicitado por el señor diputado Lipovetzky, la Presidencia queda autorizada a renumerar el articulado del proyecto sancionado.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Se comunicará al Honorable Senado.
Conforme a lo solicitado por el señor diputado Lipovetzky, la Presidencia queda autorizada a renumerar el articulado del proyecto sancionado.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
SR. BASTERRA, LUIS EUGENIO (FORMOSA):
Señor presidente: posteriormente, habremos de solicitar la versión taquigráfica de la propuesta formulada por el señor diputado Lipovetzky a efectos de quedarnos tranquilos y, eventualmente, acompañar el texto modificado.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. PEREZ, RAUL JOAQUIN (BUENOS AIRES):
Señor presidente: en su momento, el señor miembro informante, diputado Mestre, había anticipado que se efectuarían dos modificaciones que estaban consensuadas en la comisión, y quiero ratificarlo. Una de ellas consistía en bajar el valor del bono del 0,5 al 0,3 por ciento, en función del aumento concedido en los sueldos de los jueces federales. La otra, precisamente, era el agregado que efectuó hace instantes el señor diputado Lipovetzky.
De manera que esto estaba claro en su exposición y nosotros lo aceptamos en la comisión. Simplemente, lo aclaro porque el señor diputado Basterra no se encontraba presente en ese momento.
De manera que esto estaba claro en su exposición y nosotros lo aceptamos en la comisión. Simplemente, lo aclaro porque el señor diputado Basterra no se encontraba presente en ese momento.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-0000
Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.