Período:134 Reunion:20 Fecha:2/11/2016 RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN, DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y otras recaído en los proyectos de ley del señor diputado Massa y de la señora diputada Camaño (1879-d-2016), y de la señora diputada Silvia Martínez (7464-d-2016), por los que se instituye el régimen legal de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos. Orden del Día N° 893.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: antes de comenzar a referirme al tema en consideración, quiero tomarme un minuto para responder al señor diputado que hizo mención al funcionamiento de la Comisión de Legislación Penal.
Es mentira lo que dijo. En ningún momento la comisión quiso sesionar sin quórum. Ese día yo pregunté a los diputados presentes si podíamos esperar a los demás diputados, porque era un día complicado para los aviones debido al mal tiempo. No fue como él dijo. Es mentira y falaz lo que señaló.
Voy a pasar ahora a referirme al tema que nos convoca, es decir, el proyecto sobre protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos presentado por los diputados Massa, Camaño, Alejandra Martínez y Petri. Cada uno de ellos ha hecho su aporte y se ha podido trabajar en forma consensuada la iniciativa que traemos hoy a este recinto.
Se trata de algo trabajado y pensado; fue la búsqueda de consenso para poder arribar al proyecto que hoy vamos a votar. Sin lugar a dudas, se trata de poner fin a un paradigma oculto en nuestro país. Hace tiempo que se venía hablando del tema de las víctimas, pero absolutamente nada se había establecido.
El rol de la víctima en el proceso penal parece ser una cuestión compleja que, si bien ha resurgido en la actualidad, ha sido analizado desde hace décadas. Digo que es una cuestión compleja porque es objeto de estudio de diferentes ciencias, entre las que se encuentran la criminología, el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal. Actualmente, se conoce una rama de la criminología que estudia el tema de una manera detallada y específica, denominada “victimología”, que actúa con otras ciencias como la psicología, las ciencias exactas y la sociología.
Diversos autores se han dedicado a esta materia y han enfocado el estudio de este problema dentro del sistema penal en su conjunto por los fines que persigue, las tareas que abarca y los medios para su realización a fin de alcanzar los objetivos y cumplir las tareas a disposición del derecho procesal penal.
En síntesis, se trata de un problema de política criminal común, al que debe dar solución el sistema en su conjunto. Por eso, hablamos de esta confluencia de ciencias que intervienen en forma directa en su determinación.
Según el artículo 1° de la iniciativa, se establece que las disposiciones de esta ley serán de orden público, y podrá optarse por la implementación de una norma especial y modificar el régimen procesal penal en la medida que define el concepto de víctima, ausente del Código Procesal Penal vigente.
Por eso, entendemos que al hablar de los derechos de las víctimas nos estamos remitiendo en forma directa a un derecho de fondo y no de forma, dado que en casos contradictorios estaríamos violentando y vulnerando los principios de la libertad y de la igualdad.
No podíamos dejar librado esto a que solo se incorporara a cada una de las provincias a través de un Código Procesal; por el contrario, consideramos que debía quedar plasmado en el código de fondo, y así lo hicimos.
En cuanto a las finalidades, se reconocen y garantizan los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia y representación; se establecen y coordinan las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el efectivo derecho de las víctimas.
Asimismo, se introduce el concepto dado por la ONU sobre lo que se entiende por “víctima”; algo que no estaba contemplado dentro de nuestro Código Procesal Penal. Se entiende por “víctima” a toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive, lesiones físicas, mentales o que afecten la libre disponibilidad de sus bienes jurídicos, así como también sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de la comisión de un delito. Se considera como tal al cónyuge, conviviente, herederos, hermanos por naturaleza o por adopción, tutores o guardadores, asociaciones o fundaciones en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves lesiones a los derechos humanos, a los pueblos originarios. En fin, se hace una apertura sustancial de lo que se considera víctima.
Por otra parte, en otro artículo se establecen los principios rectores que deben conformar este nuevo régimen, como el principio de la dignidad, de la buena fe, de la debida diligencia y el enfoque diferencial y especializado, según se refiera a distintas personas por su vulnerabilidad, orientación sexual, etnia, condición de discapacidad o mayoría de edad.
También se contempla la gratuidad, la máxima protección, la publicidad y la transparencia; cuestiones fundamentales en las que todas las acciones, los mecanismos y los procedimientos deben ser públicos, siempre que esto no vulnere obviamente los derechos de las víctimas.
También se habla de la rendición de cuentas, algo que por mucho tiempo no se ha considerado.
Asimismo, se mencionan los derechos de las víctimas, y hay una larga nómina. Pero quisimos dejar establecido que los derechos que se expresan en ese artículo no son taxativos, sino que se deja abierta la posibilidad de que se sumen o reconozcan otros derechos que existen en algunos ordenamientos provinciales. De esta forma, en esas provincias no solo se tendrán en consideración los derechos enumerados en este cuerpo normativo, sino también aquellos otros que no están expresamente establecidos.
En primer lugar, se menciona el derecho a recibir un trato digno y respetuoso. También se mencionan, entre otros, el derecho de la víctima a ser informada por parte de la primera autoridad que intervenga respecto de los derechos contenidos en la presente ley y el derecho a constituirse en forma gratuita como querellante o instituto análogo, conforme al artículo 10 de la presente, en los casos de los delitos previstos en el artículo 5° del Estatuto de Roma. Estos últimos son, por ejemplo, los delitos contra la vida, el abandono de persona, los delitos contra la libertad individual, los delitos de secuestro, de trata, homicidios y lesiones en riña y todos aquellos relacionados con la violación de la propiedad privada mediante la utilización del uso de armas de fuego.
Otro derecho de la víctima es el de ser notificada –que en muchas ocasiones, lamentablemente, no se cumple- de las siguientes resoluciones o actos procesales: las que dispongan el desistimiento, archivo o suspensión de las actuaciones; las que dispongan la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen, atenúen o supriman las ya dictadas; las que pongan fin al procedimiento, entre otras. En fin, una larga lista de aquellos derechos que estarán reconocidos a través de este proyecto de ley.
También se mencionan los derechos de la minoridad y del derecho a la memoria, verdad y justicia.
En otro artículo decimos que toda víctima que haya sido reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades competentes inicien de manera inmediata las acciones para lograr su localización y, en su caso, su oportuno rescate. Ese concepto de que había que dejar pasar veinticuatro o cuarenta y ocho horas para iniciar la búsqueda de una persona desaparecida era una mentira, pues no existe ningún cuerpo normativo que así lo disponga.
Ese artículo dice que esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable.
En el artículo 7° se hace referencia a algunas medidas de especial protección. Es imposible hacer una enumeración y formular aquí todas las que hoy en día se están sumando dentro de este proyecto de ley. Por ejemplo, una de ellas es que la declaración sea recibida en su domicilio o en dependencias especialmente cedidas o adaptadas a tal fin. Es lamentable lo que ocurría hasta ahora, en el sentido de que cuando las víctimas iban a hacer sus declaraciones eran recluidas en lugares oscuros; a veces ni siquiera tenían un lugar para poder ir a expresarse. Debemos tener mucho más cuidado en este tema.
Por eso, uno de los derechos -y no en vano lo puse en primer lugar- es el del trato digno a las víctimas.
Por ejemplo, una de las medidas de protección de las víctimas es la de evitar todo tipo de contacto entre la ella y el supuesto autor de los hechos y/o su reiteración, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías que permitan esa finalidad. Hoy en día tenemos que usar la tecnología para evitar la revictimización de aquellas personas que se animan a ir a denunciar.
En el caso de víctimas de delitos contra la integridad sexual, violencia de género y contra la mujer, sin perjuicio de los derechos consagrados en la ley 26.485, tienen derecho a recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia por las instituciones públicas del Estado nacional, provincial o municipal.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.

SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Otro aspecto importantísimo es el de los niveles de protección, mencionados en el artículo 8°. Allí se dice que el órgano de aplicación garantizará a las víctimas asesoramiento, asistencia jurídica y representación letrada, que son medidas tendientes a asegurar la tutela efectiva de las víctimas. Esto es muy importante.
En el artículo 11 se habla de programas de intervención urgente. Dentro de estos programas se tendrán en cuenta los gastos de atención médica, internación, prácticas urgentes, análisis y todos los insumos necesarios incluso, medicamentos si estos son urgentes, gastos de transporte y demás.


SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ) Vaya concluyendo su exposición, señora diputada.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Este proyecto también incluye la creación del Centro de Atención y Protección a la Víctima de Delito, que tendrá un director ejecutivo con rango jerárquico de subsecretario de Estado. Este director ejecutivo creará un Consejo Asesor Interdisciplinario conformado por personas con trayectoria en la materia. Se tendrá especial consideración a los integrantes de asociaciones de víctimas, legalmente constituidas.
Asimismo, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se crea el Consejo de Implementación, integrado por un representante de la Corte Suprema de Justicia; otro, del Ministerio Público Fiscal; otro, del Ministerio Público de la Defensa; dos, del Poder Ejecutivo, y un representante de cada una de las Cámaras.
Se trata de un régimen sancionatorio, ya que aquellos funcionarios que no cumplan con lo establecido en la norma serán pasibles de la aplicación del artículo 248 del Código Penal.
Pido disculpas por haberme extendido en mi exposición.
Sin lugar a dudas, este proyecto viene a zanjar una deuda que se tenía con las víctimas, que por mucho tiempo estuvieron calladas y piden justicia.
Festejo el valor que tuvieron cuando días atrás hicieron la convocatoria. Hoy, las víctimas y sus familiares hablan. Quienes perdieron a un familiar no tendrán resarcimiento, pero pretenden que el Estado, a través de los órganos que corresponde, por lo menos les brinde justicia y un trato digno, equitativo e igualitario. (Aplausos en las bancas.)


SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Señora presidenta: el proyecto en tratamiento responde a un objetivo muy loable, como es proteger a las víctimas del delito en un sentido amplio otorgándoles la centralidad que merecen en el proceso penal. Somos conscientes de que el lugar que se ha asignado a las víctimas de delitos en muchos casos ha sido el abandono por parte del Estado, que ha devenido en una revictimización. Es por ello que esta iniciativa es de suma importancia.
Nuestro sistema penal es asimétrico en cuanto a las garantías que debe proporcionar. Estas alcanzan a los victimarios pero no a las víctimas, y es lo que hoy se pretende cambiar.
Entendemos perfectamente que el hastío que se ha generado en la sociedad ha derivado en reclamos espontáneos. La marcha “Para que no te pase” ha cobrado un gran valor. Si bien es cierto que había iniciativas en consideración, debemos reconocer que le han dado un verdadero impulso.
Es importante que el Ministerio de Seguridad coloque los números sobre la mesa y se entienda que en la actualidad se observan más delitos, aunque en los últimos años se haya pretendido ocultar esa información.
En 2008 se deja de proveer información. En ese momento, había 3.298 delitos cada cien mil habitantes. En 2015, la nueva medición habla de 3.636 delitos cada cien mil habitantes.
Por más que no quieran reconocer lo que pasa, es imposible ocultarlo; más que nunca las víctimas lo pusieron en evidencia. Por ello, consideramos que es positiva esta visibilización que ha hecho el Ministerio de Seguridad al aportar todos esos datos.
Además, hemos escuchado a las víctimas de delitos hablar en primera persona explicándonos las situaciones que debieron vivir en el marco del proceso penal. Todo eso ha resultado muy conmovedor. En lo personal, he podido trabajar durante mucho tiempo con los integrantes de la AVICIM, que es la asociación de víctimas y familiares de víctimas contra la impunidad, en la provincia de Jujuy, quien nos solicitó que se designara un día para poder reflexionar acerca de lo que pasa en la Argentina con las víctimas de delitos.
Sabemos que ellas han sufrido un profundo abandono. Por eso, queremos que tengan derecho a la información, a la dignidad, a la seguridad, a la debida diligencia, a la intimidad y a la gratuidad. Digo esto porque esta ampliación de derechos contempla también el asesoramiento legal gratuito en todos los casos y sin restricciones. Además, es fundamental la representación y el patrocinio en los términos de los artículos 9° y 10 de esta iniciativa. Asimismo, la víctima debe tener derecho a declarar en el domicilio, cuando ello corresponda.
Por otra parte, se prevén varias medidas a aplicar en caso de violencia de género. Básicamente son una serie de garantías que me resulta difícil enumerar en el tiempo que debo compartir con el señor diputado Petri.
Creo que es muy importante el aporte que se ha hecho desde la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y por eso agradezco a cada uno de sus integrantes. También tengo que destacar el trabajo que hemos llevado adelante en conjunto con los miembros de la Comisión de Legislación Penal, ya que eso nos permitió arribar a una buena iniciativa.
Sin duda, aún nos queda un camino por recorrer. En este sentido, hemos propuesto que el Consejo Asesor sea integrado por representantes de las víctimas, pero no “a lo mejor”, sino que debe contar con tales representantes porque nadie mejor que ellos para decir lo que ocurre y qué se necesita. Lo importante es que hemos arribado a un consenso, y vamos por más, porque aun con esta iniciativa quedan deudas pendientes. (Aplausos en las bancas.)


SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señora presidenta: tengo que agradecer a los promotores de esta iniciativa el hecho de que la propuesta hoy se esté tratando en la Cámara de Diputados de la Nación. Me refiero a las víctimas de delitos y a las asociaciones que las agrupan.
En ese sentido, a partir de un muy buen proyecto presentado por el señor diputado Sergio Massa, al cual hemos realizado algunas modificaciones, las víctimas de delitos en la República Argentina contarán con una cobertura integral no solo desde el momento de su participación en el proceso penal, sino también en todo lo atinente al apoyo médico, psicológico, social, económico y jurídico que reclaman una vez que el delito ha ocurrido.
Eso supone un cambio fundamental del paradigma y de la mirada que el Estado tiene a la hora de la ocurrencia de un delito. Todos saben que el delito ocasiona dos traumas: primero, el trauma social, por la pérdida de confianza que se genera a partir de la comisión de un hecho delictivo, ya que algunos entienden que las reglas legítimamente instituidas pueden quebrantarse. Por eso, el proceso penal, la ejecución de la pena y la condena se encargan no solo de restablecer la confianza sino también de reparar el quebrantamiento de las reglas.
Cuando se produce un delito se genera un trauma individual que ya no tiene que ver con el Estado ni con la sociedad: es el trauma de todas y cada una de las personas que son víctimas del delito, quienes tienen que sufrir no solo por la comisión misma del delito sino también por las repercusiones posteriores.
En los últimos tiempos, una vez ingresadas en el proceso penal, esas personas fueron prácticamente olvidadas. El Estado les expropió la posibilidad de participar. Es decir, además de abandono procesal sufrían estigmatización social, etiquetamiento y falta de apoyo. Tenían una mínima intervención en el proceso penal.
Las víctimas del delito prácticamente eran consideradas un objeto de prueba; durante el proceso, concurrían a testimoniar respecto de lo que había ocurrido y tenían mínimos derechos. Invito a los señores diputados a que repasen y lean los artículos que se refieren a la participación de las víctimas en el código de Levene, de 1991; si lo hacen, se darán cuenta de que no solo no define quiénes son víctimas, sino que además reconoce media docena de derechos, entre los cuales la información y el respeto digno son los más trascendentes. En dicho código no se establece la posibilidad de que la víctima participe activamente del proceso penal.
La necesidad de afianzar la justicia, establecida en nuestro Preámbulo, y de promover un proceso justo es un derecho que asiste no solo al imputado sino también a la víctima cuando recurre al Estado al menos bajo la pretensión punitiva de obtener condena.
Estas son las situaciones que creemos estamos reparando, volviendo a colocar en un lugar central a la víctima del delito. Como decía Maier, la víctima prácticamente pasa a ser un convidado de piedra en el proceso penal. Fíjense los señores diputados que la víctima debía resolver la reparación en un conflicto entre privados. No podía solicitarla siquiera en sede penal; ello se consiguió mucho tiempo después. Tenía que ir a buscar la reparación, por los perjuicios sufridos, en sede civil, como si se tratase de un conflicto entre pares, cuando en verdad se trataba de un victimario y de una víctima que había sido despojada de bienes jurídicos imprescindibles como la libertad y la vida.
Lamentablemente, se acaba el tiempo del que dispongo para hacer uso de la palabra, porque me gustaría hablar sobre ciertas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de legislar. Me refiero concretamente a la cantidad de argentinos víctimas del delito.
Tenemos 2.837 homicidios dolosos ocurridos durante 2015. Detrás de esa fría cifra hay personas, familias destrozadas y planes de vida mutilados. Luego, tenemos 3.746 violaciones, 13.500 delitos contra la integridad sexual que no suponen violación y más de 433.000 robos que también implican un fuerte quebranto respecto de los planes de vida.
La Universidad Torcuato Di Tella, que suele realizar encuestas vinculadas con el delito, estima que el 27 por ciento de los hogares en los cuarenta centros urbanos más poblados fueron víctimas de algún delito en el último año. Si bien mejoramos un poco respecto de septiembre de 2015 7,5 por ciento, no alcanza. Debemos mejorar las medidas de prevención para no colocar a más ciudadanos en la condición de víctima; pero si, en definitiva, el delito ocurre debemos actuar con toda la potencia del Estado para lograr la condena de los responsables y, fundamentalmente, la reparación de las víctimas.
Para concluir, quiero destacar que comparto plenamente las declaraciones de Diana Cohen Agrest –quien se encuentra presente de que el desafío de las democracias del siglo XXI pasa por proteger a la víctima frente al delincuente mediante la reformulación del derecho penal y del sistema de justicia.

SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ) Señor diputado: por favor, vaya cerrando su discurso.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Ya termino, señora presidenta.
Cuando en el año 2007, como legislador provincial en Mendoza, presenté un proyecto de fortalecimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal, similar al que presentara en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestaba en su epígrafe: “Las olvidadas de siempre, las abrazadas por la angustia y la desesperación, nuestras víctimas, hijas de una sociedad anómica e individualista, gritan por Justicia. Que escuche quien quiera escuchar”.
Hoy, el Congreso de la Nación está escuchando el reclamo de las víctimas. (Aplausos en las bancas.)


SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): Señora presidenta: hoy es un día en que se trata la protección a la víctima, su reivindicación y devolución frente al conflicto.
No es desde hace poco tiempo que la víctima viene siendo expropiada del proceso penal, sino que históricamente ha sido raleada, con incidencias, con recursos, aun con abogados a su servicio, con formación profesional y asistencia psicológica.
Este es un debate de larga data y, en realidad, el Congreso ha venido a reparar mediante leyes la inacción del Poder Judicial, que normalmente responde a los poderosos de siempre y deja a las víctimas expoliadas en su dolor, pérdida y búsqueda de justicia.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.

SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): El problema se empezó a plantear después de 1991, con la reforma de un Código Procesal Penal muy viejo. Que las víctimas fueran parte del proceso penal, con posibilidad de querellar y teniendo las mismas facultades que un fiscal para apelar, fue motivo de un largo debate. En esa pulseada nosotros estábamos de la mano de Binder y Julio Maier, pero ganó Levene y a la víctima solo se le dio la posibilidad de querellar y no un rol afín a la propuesta fiscal.
La doctrina y la jurisprudencia fueron avanzando. También los poderes políticos fueron creando en sus territorios lugares para asistencia a las víctimas, pero nunca se pudo evitar que fueran revictimizadas por la desidia de los poderes públicos.
Durante el gobierno kirchnerista nos dimos un nuevo Código Procesal Penal elaborado por notorios juristas, que dio a las víctimas un rol central, un lugar de protección, con voz, asistencia, poder de apelación y de pedir que se dicten condenas rápidas, efectivas y eficaces, aun cuando el fiscal no estuviera de acuerdo, pero la víctima, empoderada en su querella, lograra convencer a un tribunal de juicio de que se había cometido un delito grave, leve, de crimen organizado o de cualquier índole.
Pospuesta la implementación de ese Código Procesal Penal, se hace necesario hoy llenar una laguna para dar derechos a estas personas que de víctimas se convirtieron en ciudadanos y ciudadanas, fortalecidos por el dolor, que transformaron en lucha, y en ella se convirtieron en controladores del quehacer público. Por eso están aquí, en ambos palcos bandeja.
Las víctimas no tienen color partidario y este debate no debe tener ni nombre y apellido de un político ni color partidario. Todos juntos debemos dar a las víctimas el instrumento que les sirva para seguir andando en su camino, aunque tampoco con esta ley tendrán resuelta la posibilidad de ejercicio de los derechos que constitucionalmente tienen.
Entonces, que quede claro que haber pospuesto el nuevo Código Procesal Penal, de moderna factura debemos decirlo-, no se debe a un bloque político partidario sino a una puja de poder dentro del Poder Judicial. A algunos jueces les molesta que en lugar de “jueces nacionales” se les llame “jueces de distrito”. ¡Jueces que no pagan impuesto a las ganancias, que no dan la cara a las víctimas!
Con un Poder Judicial lento en aplicar las penas, otra vez corremos el riesgo de caer en la inflación punitiva. Lo que importa no es la magnitud de la pena, sino que esta sea impuesta y no eludida por quien comete un delito. Llamo la atención sobre este tema porque hay una andanada oportunista, en general, de los que van por la avenida ancha –quieren ir, pero les va a quedar muy finita-...(Aplausos en las bancas.)..., y quedan como un poroto al lado de las leyes Blumberg.
Entonces, tienen que saber que por convicción, por disposición, por decisión político partidaria del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, hemos dejado de lado los cuestionamientos técnicos, las falencias que tiene este proyecto de ley, para acompañarlo sin disidencia alguna, en un todo, porque después nuestro camino consistirá en seguir tomando la mano de cualquier víctima y pararnos a su lado, como lo hicimos siempre para pelear todo lo que podemos contra un Poder Judicial enquistado en una matriz aristocrática, vergonzante, subido en un pedestal, que no está en sintonía con las exigencias democráticas de la hora de esta Argentina. (Aplausos en las bancas y en los palcos bandeja.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. LITZA, MONICA EDITH (BUENOS AIRES): Señor presidente: me pone muy contenta escuchar al miembro informante del Frente para la Victoria decir que van a acompañar sin disidencias el dictamen de la mayoría, porque no ha participado de las reuniones de comisión en las que se ha debatido el tema con la presencia de asociaciones de víctimas y muchos familiares, que están presentes hoy y pueden dar fe de lo que estoy diciendo.
Hemos sesionado en las comisiones en forma absolutamente reglamentaria, y por eso no puedo permitir las expresiones del señor diputado Carlotto cuando dice que este dictamen fue emitido en forma antirreglamentaria.
Tuvimos una reunión de la Comisión de Legislación Penal con el quórum reglamentario para emitir el dictamen correspondiente. También hubo dictamen de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con el quórum establecido en el artículo 108.
No obstante, se volvió a realizar la reunión de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde se dictaminó en forma separada; y por si todo esto fuera poco, hay un tercer dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Es una pena echar un cono de sombra justamente hoy que vinimos a echar un cono de luz sobre un sector olvidado, sobre estas personas olvidadas, que son las víctimas. Para nosotros, este proyecto es uno de los más importantes que habrá tratado esta Cámara este año. Tal vez no sea el más importante para todos, pero sí es importante para nosotros porque hace mucho tiempo que venimos acompañando el reclamo de las víctimas.
A pesar de que me pone contenta –como dije- que el Frente para la Victoria acompañe este dictamen, creo que tienen que hacer una autocrítica de por qué no se debatió la cuestión antes, cuando estuvieron doce años en el poder; tuvieron que esperar hasta ahora, con todas las críticas que nos hacen respecto del tratamiento de este asunto, para debatir tanto tiempo después. Para nosotros, esto es muy importante, de la misma forma que consideramos que lo será para las asociaciones de víctimas.
No estoy de acuerdo con lo que escuché recién de la señora diputada preopinante, que habló de actuar en forma oportunista. Lo nuestro no es oportunismo y lo planteamos desde 2013. Hace tiempo que venimos sosteniendo que la balanza de la Justicia está desnivelada. En el sistema penal moderno, es cierto que se ha puesto el foco en el debido proceso y en el resguardo de las garantías del imputado o del procesado; pero en ese debido proceso hay una ausente, que es la víctima. Venimos a equilibrar la balanza porque donde los derechos no pesan no puede haber justicia.
Algunos temas técnicos del proyecto de ley muy bien fueron explicados por los miembros informantes; sin embargo, otros que me parecen centrales no fueron analizados. Tal es el caso de las excarcelaciones y de todas aquellas cuestiones que permiten que los imputados, procesados o condenados puedan volver a la libertad.
Las víctimas aquí presentes lo saben: muchas veces se enteraron de que sus victimarios estaban sueltos, se habían fugado o contaban con libertad condicional. Se los encontraban en la esquina de sus casas o en cualquier lugar del barrio. La víctima nunca fue anoticiada de estas situaciones.
Una de las cuestiones fundamentales se vincula con la participación de la víctima. Por eso, establecimos tres niveles de representación jurídica y de acompañamiento, porque no puede ser que los delincuentes, procesados o condenados dispongan de un abogado o de asesoramiento legal desde el momento cero, cuando la víctima no puede contar con ese beneficio. Es más: las víctimas deben transitar y peregrinar por juzgados y comisarias, donde muchas veces se encuentran cara a cara con sus propios victimarios; y ellas han sido amenazadas y burladas. Incluso, cuando vuelven al barrio, deben esconderse. Entonces, la víctima no pude ser doblemente víctima: del delito y de la ausencia del Estado. Este tiene la obligación de asistirla, porque la víctima no elige ser tal pero el delincuente, sí. Es ahí donde debemos poner el foco.
¿Cuántas veces escuchamos campañas de orden púbico en las que se alienta a las víctimas a denunciar, sobre todo en el tema de la trata o de delitos contra la integridad sexual o la violencia de género? Les damos valor para que se animen, pierdan el miedo y denuncien a los agresores. Pero, ¿qué pasa cuando se animan y denuncian? El Estado no las acompaña.
Todos nos impactamos por hechos de los que a veces tomamos contacto por los medios de comunicación. Nos rasgamos las vestiduras y pensamos en que es terrible lo que está ocurriendo con esas familias; pero una vez que la noticia pasa y nuestra vida retorna a la normalidad, esas familias destrozadas nunca vuelven a vivir de la forma en que lo hacían. Ya nadie se acuerda de esos casos.
Quienes trabajamos con las asociaciones de víctimas aprendimos a conocer las historias individuales de muchas de ellas, que ahora están presentes. Además, hay muchos que no están porque ni siquiera tuvieron la posibilidad de contar con una cámara de televisión para dar a conocer su historia.
Los que vivimos en el conurbano o somos de la provincia de Buenos Aires conocemos la cantidad de delitos que se cometen y el sufrimiento de las familias, que ni siquiera salen en el noticiero.
En conclusión, nosotros venimos a poner un poco de justicia donde hasta ahora nada había. Venimos a decir que no hay que pensar en los expedientes como si fueran solamente papel. Detrás de cada expediente hay un dolor, una víctima, una familia y un nombre. Por eso, una de las cosas que proponemos en este proyecto es cambiar la lógica de que el expediente sea conocido por el nombre del victimario. No puede ser que un familiar vaya a preguntar por la causa de un hijo o de algún otro familiar y tengan que ubicar el expediente por el nombre del victimario. En consecuencia, pedimos que las carátulas de los expedientes lleven los nombres de las víctimas.
También decimos que no todo es igual, ya que hay delitos respecto de los cuales es necesario prestar mayor atención y otorgar medidas más urgentes.
En el caso de las víctimas de delitos contra la integridad sexual o violencia de género hay un tema puntual. Muchas veces, la víctima tiene que volver a la casa en la que convive con su agresor. Por eso, uno de los puntos más relevantes de este proyecto es el retorno seguro al domicilio. A esto debe agregarse la posibilidad de contar con elementos tales como una especie de fondo de ayuda económica focal para poder determinar un domicilio transitorio, a fin de otorgar las medidas inmediatas de resguardo y de carácter médico, con un equipo interdisciplinario que permita la asistencia no solamente en el momento de la comisión del hecho, sino también durante el largo peregrinar que debe llevar adelante la víctima.
Por esa razón, en nuestro proyecto proponemos que las comisarías no sean los lugares habilitados para tomar las denuncias. Las comisarías no están preparadas –las víctimas saben esto- edilicia y funcionalmente para contener a las familias. Está bien que así sea porque son organismos de seguridad. Por ello, debe existir otro tipo de control, que tiene que estar en manos de estos centros de atención que proponemos, respecto de los cuales planteamos la necesidad de que estén abiertos durante las veinticuatro horas del día y en forma centralizada. No es posible que la víctima tenga que ir a la oficina número 40 del tercer piso del edificio de una determinada calle, por ejemplo, cuando eso supone un costo en materia de tiempo y traslado, y cuando muchas veces ni siquiera se sabe dónde está la oficina de atención a las víctimas.
Por ello, para salvaguardar profundamente el sistema federal, pensamos que estos centros de atención deben establecerse en aquellos lugares en que se necesitan, es decir, cerca de la gente. El Estado tiene que estar cerca de la gente en todas las provincias.
Por otra parte, deseo señalar que este proyecto se refiere a una ley de orden público, por lo que invitamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todas las provincias a adherir a ella, ya que esto se debe ir convirtiendo en forma paulatina. En ese sentido, uno de los aspectos que tuvimos en cuenta fue que esto se debe llevar a cabo de manera gradual. Es cierto que nos preguntarán con qué dinero se llevará a cabo la implementación de esta ley, porque si bien su letra es buena, si no contamos con los recursos necesarios terminará siendo letra muerta. Nosotros no queremos que las víctimas sean un número más para las estadísticas del gobierno ni un expediente más para los jueces.
Queremos que esta ley se ponga en funcionamiento en forma efectiva. Por eso se prevé la creación de un centro de implementación, que va a establecer los centros de atención en todo el país a fin de que esto se transforme en una ley de protección nacional.
Por último, quiero decir que la imagen que representa a la Justicia es la de una dama que tiene sus ojos vendados y una balanza en su mano. Hoy, venimos a equilibrar esa balanza poniendo en el platillo de las víctimas los derechos que antes no estaban. En este sentido, como dije anteriormente, no puede haber justicia donde los derechos no pesan. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. DAVID, NESTOR JAVIER (SALTA): Señor presidente: la verdad es que este proyecto de ley de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos contempla en todo su análisis normativo y en sus distintos artículos muchas de las cuestiones que a veces estaban en otras leyes pero que venían siendo postergadas a raíz de esa ausencia que tenía la participación de la víctima en el proceso penal.
Esto ha sido histórico en el ámbito del derecho hasta que hace algunos años empezó a contemplarse la intervención y los derechos de las víctimas dentro del proceso penal que antes estaba monopolizado solamente por la acción pública por parte del Estado y, en su caso, la defensa.
Esa evolución, como ocurre en muchos casos en derecho procesal penal, fue primariamente en las provincias. Muchos de los códigos procesales provinciales receptan, ya desde hace tiempo, derechos y participaciones en el proceso penal por parte de las víctimas.
De hecho, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación también ha establecido una mayor participación y una serie de derechos en lo relativo a la intervención de las víctimas. Me parece que esa evolución tiene en este proyecto de ley un momento muy importante, porque esta iniciativa recopila derechos, agrega facultades y, en definitiva, busca un camino para lograr que ese dolor por el que atraviesan miles y miles de argentinos como víctimas del delito tenga como contrapartida una mejora de nuestro sistema y la posibilidad de transformar una realidad que hoy nos duele.
Por eso, creo que hay que destacar el artículo 5° de este proyecto, que enumera los derechos de las víctimas. Se trata de una enumeración esencial, importante y exhaustiva que realmente impide que jueces, fiscales o funcionarios públicos miren hacia otro lado.
Cuando los derechos se establecen en forma genérica muchas veces sucede que en su ejecución práctica quedan en letra muerta. Muchas veces las interpretaciones y la comodidad que generan los procesos judiciales en quienes deben resolver provocan que esos derechos queden sin su correlativa aplicación práctica. Por lo tanto, me parece que esa enumeración que se hace en el artículo 5° es importante en ese sentido.
Lo mismo sucede con la obligatoriedad de las notificaciones a las víctimas. Aquí se ha dicho –no quiero ser reiterativo- que la notificación a la víctima sobre las decisiones importantes dentro de un proceso penal constituye, sin lugar a dudas, uno de los derechos más importantes que debemos resguardar, y esta ley así lo prevé.
Por otra parte, hay que destacar las medidas para garantizar no solo la participación sino también la protección de las víctimas. Efectivamente, cuando hablamos de la realidad concreta, de lo que pasa en cada uno de los delitos y del modo en que vive mucha gente que ha sido víctima del delito, ahí empiezan los miedos, las amenazas, el “no te metas” y un montón de cosas que vivimos en nuestra sociedad pero que todavía no hemos podido mejorar.
Por eso, el sistema de protección que se establece constituye un enorme paso hacia adelante.
Quiero alertar en cuanto a la implicancia tendiente a llevar esta enumeración de derechos y de formas hacia la aplicación práctica. En definitiva, queda excluida la víctima que no cuenta con los recursos necesarios para poder tener una presencia importante en un proceso penal e inclusive controlar a un juez.
Obviamente, aquel que puede pagar a un abogado o tener influencias, a veces -aun siendo víctima- consigue llevar el proceso por los carriles necesarios para condenar a quien ha cometido un delito, pero a quien no conoce los vericuetos técnicos ni judiciales le cuesta muchísimo lograr esa condena, y hacia ese objetivo debemos focalizarnos en este tipo de leyes.
Tenemos que hacer funcionar esta norma de forma tal que todos los argentinos, sin distinción de condición social o lugar donde viven, puedan sentir que realmente la condena penal llega y va a satisfacer ese imperativo de seguridad. Si bien, sin duda, eso no va a reparar el daño en muchos casos, absolutamente irreparable sufrido por el delito al que han sido sometidos, por lo menos esa condena penal servirá para generar la satisfacción del interés general de la Argentina.
Voy a referirme a dos cuestiones puntuales. En primer lugar, quiero hacer una sugerencia. Me parece que esta iniciativa debe tener una amplia difusión. Si bien esto no está establecido, creo que el Poder Ejecutivo debe difundir cuáles son los derechos y garantías que tienen las víctimas a partir de esta norma, cómo deben llevarlos adelante y hacer saber que son titulares de este tipo de derechos. De nada sirve que nos enteremos unos pocos; de nada sirve que la víctima de delito, que existe en cada rincón de nuestro país, desconozca que cuenta con todas estas facultades.
Por otra parte, quiero alertar sobre el siguiente tema. Muchas veces en nuestro país los distintos estamentos públicos asignan recursos y otorgan derechos que se dispersan sin lograr el objetivo final. Digo esto porque la atención a las víctimas existe en muchas provincias. Hay oficinas de atención a las víctimas que dependen de los poderes ejecutivos, otras que dependen de los poderes judiciales, e incluso hay oficinas en algunos ámbitos de los poderes legislativos. Ellas cuentan con asesoramiento gratuito y brindan la posibilidad de instruir, ayudar y acompañar en todas estas instancias de las que estamos hablando. Entonces, de nada sirve que estos centros que prevé este proyecto sean nacionales cuando aplicamos un Código Penal que es para todo el país. Además, para que sea efectivo, ese aporte de recursos debe compatibilizarse con el que hacen las provincias, los municipios y los distintos poderes del Estado.
Me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor porque no sirve que en mi provincia o en mi ciudad –por poner un ejemplo exista un centro de atención a las víctimas nacional, otro provincial, otro municipal, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, cada uno con muy poquitos recursos para poder ayudar a las víctimas. Prefiero que nos pongamos de acuerdo, unifiquemos esas competencias –en ese sentido, el proyecto prevé la posibilidad de realizar convenios y, en definitiva, podamos entre todos poner un granito de arena para que no solo esta sea una buena ley, sino que tenga una real aplicación práctica. Me parece que nos debemos esa transformación.
La Argentina debe empezar a pensar en los derechos de los ciudadanos, de las víctimas y de todos. Hay muchas cosas que hoy nos duelen y muchos delitos que no tienen vuelta atrás, pero por lo menos que en el futuro podamos mirar nuestro sistema jurídico con una mayor esperanza.
Desde el bloque Justicialista apoyamos absolutamente este proyecto porque consideramos que es una buena iniciativa. Creemos que debe llevarse adelante y desde esta múltiple representación haremos todos los esfuerzos para aunar criterios a fin de que se convierta en realidad. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Señor presidente: siento que la mejor respuesta que esta Cámara de Diputados hoy está dando a una demanda muy extendida desde hace tiempo por las víctimas muchas de las cuales están acá, es este gran consenso que existe en torno de esta iniciativa. En la comisión se ha llevado a cabo un gran trabajo tanto por parte de los autores de los proyectos como de quienes han participado para confluir en un dictamen con un apoyo muy contundente.
A nuestro juicio, esto debería ser también una posibilidad de pensarnos a nosotros mismos respecto de cuáles son los papeles que el Congreso debe desempeñar. A veces trato de interpretar de qué manera buscamos especular sobre la base del conflicto permanente en lugar de vanagloriarnos –si puede utilizarse el término de haber encontrado dicho consenso. Creo que es muy importante que el Congreso pueda dar una respuesta tan contundente en estos términos, sobre todo a las víctimas y a sus familiares.
El dictamen que vamos a sancionar en el día de hoy tiene la gran importancia de garantizar el ejercicio efectivo de una cantidad de derechos. Muchas veces hablamos de que es necesario superar lo declarativo que tienen los derechos dentro de un cuerpo normativo como el de nuestro país, para que las personas realmente puedan acceder al ejercicio operativo y efectivo de esos derechos.
La norma, tal cual está redactada, permite justamente eso: avanzar en la especificidad de cuáles son los derechos, de qué manera se ejercen, poniendo en cabeza del Estado, como debe ser siempre cuando se habla de derechos humanos, la garantía de su ejercicio.
Quiero plantear algunas observaciones respecto de ciertas cuestiones. Por ejemplo, en el artículo 2° se habla de “tutela judicial de la víctima en todo proceso penal”. A nosotros, nos gustaría que se hablara de una tutela de tipo integral; el resto del proyecto así lo manifiesta, se refiere a algo más que solamente la tutela judicial. Inclusive, podríamos estar frente a la situación de una víctima que decide no presentarse ante el proceso penal porque advierte que dicho proceso a veces termina volviéndose en contra, con la revictimización, como se ha señalado aquí. Esto no implica quitar al Estado las responsabilidades ni a las víctimas, sus derechos, respecto de lo que podría o debería ser una tutela de tipo integral. Esta será una de nuestras propuestas durante el tratamiento en particular de la iniciativa; es decir, que en lugar de “tutela judicial” se diga “tutela integral”.
Algo importante es reconocer en la redacción de la norma la creación de los organismos y su implementación respecto de las responsabilidades que debe tener el Estado. Una de las ventajas que tiene este dictamen que estamos considerando es la posibilidad de que la víctima pueda examinar las actuaciones y ser informada verbalmente. Esto que tal vez podría no ser algo de gran envergadura, tiene una enorme significación para la persona. Me refiero a quitar la formalidad del proceso escrito, que termina exagerado por burocracias y aspectos formales. En cambio, el proyecto incorpora a la víctima en el sentido no solo de que puede y debe ser informada de manera verbal –lo que torna el proceso más accesible, sino también de que puede y debe ser oída. Así se establece una relación más directa para el ejercicio de sus derechos.
El proyecto toma, por supuesto –aspecto que nosotros destacamos, el fallo reciente de la Justicia nacional de ejecución penal en un caso que realmente provocó conmoción, vinculado con el pedido que formuló la doctora Diana Cohen Agrest, fundadora de la organización Usina de Justicia, junto con su esposo, a efectos de ser escuchados por el tribunal antes de resolver sobre cualquier petición de libertad condicional, salidas transitorias o libertad anticipada que pudiera formular el condenado por el crimen de su hijo. Este fallo ha sido muy específico, y con el dictamen que estamos por sancionar se contemplan todos estos aspectos que tratan de poner a la víctima en ese lugar, dándole una participación activa en el proceso respecto de lo que ocurre no solo en relación con ella sino también respecto del otro involucrado: la persona imputada o condenada por el delito. Este es el primer pronunciamiento judicial que reconoce ese derecho de la víctima en nuestro país, que también ha sido reconocido en el plano internacional.
Además, esto consagra la igualdad de tratamiento que deben tener las partes en el proceso penal. Obviamente, este ha sido uno de los reclamos más importantes. En la actualidad, quien debe tener el ejercicio de un derecho práctico y concreto en el proceso está prácticamente “desprotagonizado”, lo cual marca una desigualdad.
Creo que también es necesario mencionar que existen algunos programas y organismos que ya trabajan en esto –más allá de que uno pueda cuestionar la eficacia que han tenido, como el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos en el Ministerio Público de la Defensa y la Dirección General de Acceso a la Justicia. Señalo esto porque parte de nuestro debate tiene que ver con cuáles son las garantías de eficacia que vamos a dar a los organismos que estamos creando, y deberíamos evitar caer en una suerte de suprainstitucionalidad que atente contra el ejercicio operativo de lo que queremos.
Quiero volver a marcar que cuando hablamos de las víctimas de delitos pesa también sobre el Estado la enorme responsabilidad de no haber sido eficaz en la prevención del delito. Por lo tanto, también el Estado tiene que asumir esto en su condición de responsable frente a la comisión de ese delito, por haber fallado en su responsabilidad primaria de prevenir para evitarlo.
Por otra parte, coincidiendo con el planteo que hace la señora diputada Copes en su disidencia, quiero advertir en cuanto a algo que podría ser contradictorio. Durante el tratamiento en particular pediremos alguna modificación de lo que podría ser una contradicción, dado que en los artículos 5°, 6° y 10 no existe claridad respecto de cuáles son las víctimas que efectivamente pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita o a la representación letrada gratuita. Este es uno de los reclamos más importantes de las personas que se han nucleado para solicitar e impulsar este proyecto.
Cuando se establecen limitaciones, en este caso, determinando las categorías de delitos que van a habilitar a la víctima a contar con la asistencia gratuita del Estado, siempre algunos quedan afuera. Nosotros preferiríamos que la asistencia fuera para todo tipo de delitos, porque es la condición de ofendido, de agraviado o de víctima –que está muy bien definida en el dictamen- lo que permite acceder a ese derecho de representación letrada gratuita.
Nosotros insistiremos con que se debe tratar de una atención y de una tutela de tipo integral. Entre los derechos que se deben reconocer a las víctimas –que, insisto, figuran en el texto-, aparece en primer término el de información. En segundo lugar, figura el derecho de participación dentro del proceso; y el tercer derecho es el de asesoramiento o asistencia. Pero esto último se refiere a una asistencia integral, que tiene que ver con el bienestar general de la persona y de sus familiares. Por supuesto, también está el derecho a la reparación.
Creo que el principal reclamo y la principal garantía que el Estado debe a estas personas es la no repetición. Ya lo dice el cartel: “Para que no te pase”. Siento que a veces nos autolimitamos en nuestra responsabilidad como parte del Estado que tiene que brindar esa respuesta, cuando nos quedamos simplemente con una atención y una asistencia del Estado, siempre caminando por detrás de los acontecimientos. Las víctimas necesitan también una responsabilidad del Estado mucho más integral frente al delito. Necesitan una política eficaz que no sea ir por detrás del delito para reparar.
Necesitamos que no haya más delitos, que no haya más víctimas, que no haya más violencia. Los delitos son el resultado de un Estado ineficaz, impotente; incluso, de un Estado corrupto. Muchos de los familiares de víctimas que se encuentran aquí han perdido a sus seres más queridos como consecuencia de la maraña de relaciones mafiosas que se tejían dentro del propio Estado, con empresarios y grupos sindicales que, desde esas conductas de corrupción, apañaron el desvío de la plata del Estado que debía destinarse a mantener los servicios públicos.
Esto también debe ser incorporado en nuestro debate. El debate sobre el papel del Estado no es discutir solamente qué cosas les damos después de que se han convertido en víctimas, sino cómo hacemos para que efectivamente la Argentina tenga menos víctimas de delitos. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.


SRA. ABDALA DE MATARAZZO, NORMA AMANDA (SANTIAGO DEL ESTERO): Señor presidente: celebro que estemos reunidos en este recinto para tratar este proyecto, que es sumamente importante tanto para las víctimas de delitos como para todos los argentinos.
Se trata de dar respuesta a una demanda social que ha crecido sobre todo en estos últimos tiempos y que ha afectado inconmensurablemente a las víctimas del delito y la inseguridad, así como a la sociedad toda en su conjunto.
Con este proyecto se quiere dar respuesta y tranquilidad a aquellas personas que están sufriendo y muchas veces no comprenden la intrincada burocracia de nuestro sistema judicial penal.
Hoy queremos poner a disposición de la víctima una nueva herramienta que no solo facilite la realización de una denuncia, sino que también dé contención a esa persona que ha tenido un fuerte trastorno emocional.
También veo con esperanza la inclusión de las tecnologías que permitan allanar el camino y hacer más sencilla la comparecencia de los denunciantes ante un juez, evitando la revictimización. Utilizamos la tecnología en un sinfín de aplicaciones en nuestra vida diaria; es bueno que el Estado también lo haga para dar mayor celeridad y bienestar a los ciudadanos.
En la ciudadanía se observa una fuerte inquietud con respecto al funcionamiento de la Justicia en su conjunto, desde el rol de los jueces y fiscales hasta el desempeño del sistema penitenciario. Muchas veces, cuando escuchamos las demandas de las personas con respecto a este tema, nos señalan con preocupación las distancias que deben recorrer y el desamparo que ocasiona la dilación de las respuestas esperadas. Por ello, creo firmemente que hoy estamos trabajando en acortar distancias, tender puentes, hacer que el ciudadano común que ha sufrido una desgracia personal o familiar tenga confianza y contención institucional.
Asimismo, debemos tener en cuenta lo prolongadas que suelen ser las instancias procesales y cómo, con el paso del tiempo, las personas comienzan a desesperarse y a pensar que la sociedad se ha olvidado de ellas. Las víctimas sienten que no pueden continuar con sus vidas porque en forma paralela llevan adelante un proceso interno que intentan reparar. Con esta iniciativa estamos brindando un marco más transparente que dará esperanza a las víctimas que han perdido la confianza en el sistema judicial.
Queremos que haya canales de comunicación permeables en los cuales las víctimas de delitos puedan ver en detalle los procesos de los que son parte y tener la debida asistencia que merecen por su condición.
Pienso en esto cuando escucho los testimonios de víctimas y denunciantes. Imagino la desesperación de esa persona que se encuentra con su casa profanada o, peor aún, de esa familia que es víctima de una “entradera”, o de esa mujer que fue violada y no sabe qué hacer ni a quién acudir, e incluso por una cuestión de género tiene terror de volver a recordar la horrible situación que ha vivido, o en el más extremo de los casos, imagino la desesperación de aquella persona que fue privada de su vida en un hecho delictivo.
Espero que nadie tenga que seguir pasando por esas situaciones. Por eso, intentamos dar respuestas a las personas que sí las han sufrido, para que en el futuro las víctimas sientan que sus derechos son respetados.
Desgraciadamente, no podemos reparar la confianza perdida de las víctimas ni restituirles la calma, devolverles la salud, o en muchos casos, la vida; pero sí podemos restablecer la confianza de ellas en la Justicia y en el resto de las instituciones del Estado.
Por todas estas razone, los integrantes del Frente Cívico por Santiago vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CAVIGLIA, FRANCO AGUSTIN (BUENOS AIRES): Señor presidente: no voy a hacer referencia a la parte hermenéutica o de derecho positivo de esta propuesta porque ya se han expresado ampliamente al respecto las señoras diputadas Burgos, Conti, Litza y Stolbizer. Solo deseo dejar asentada mi satisfacción por el consenso al cual hemos arribado en torno de un proyecto de ley que nos debíamos no quiero achacarle esa deuda al gobierno anterior desde la recuperación de la democracia.
El cambio de paradigma se produjo a partir de la aprobación de una resolución por parte de la ONU, en 1985, que es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito. Por lo tanto, la Argentina está en deuda desde ese momento, porque nada hicimos desde el punto de vista del derecho positivo en relación con esta cuestión.
Hoy venimos a reparar esa situación. Venimos a dar la palabra a la víctima. Queremos que ella sea visible, que recupere confianza y pierda ese estado de ausencia por no estar debidamente contemplada dentro del derecho penal.
Sin duda, hoy la víctima va a recuperar un rol central dentro del proceso penal. Esto es auspicioso, porque hasta ahora, con el código vigente, se encuentra totalmente aislada. Tal como señaló la señora diputada Conti, el “Código Levene” prácticamente las introdujo en el proceso a través de la ventana, mediante la figura del querellante particular, pero nada más se hizo al respecto.
Con esta propuesta generamos una suerte de equilibrio en esa asimetría que existe –espero que no exista más entre el victimario y la víctima. Hasta este momento, el victimario gozaba –como corresponde de todos los derechos y garantías, pero no así las víctimas.
Por ello, venimos a restablecer dos axiomas fundamentales: el derecho a la igualdad y el derecho a la verdad.
En relación con el principio de igualdad, durante el proceso penal la víctima tiene que contar con las mismas armas de las que dispone el victimario. En todo este tiempo se puso el acento en el victimario y en el estudio de la violencia, pero hubo un gran silencio respecto de la víctima.
Por eso, quiero rendir homenaje a una persona que se ocupó mucho de las víctimas y de sus derechos en nuestro país: el doctor Elías Neuman, a quien probablemente conozca la gente de derecho pero no así muchos legisladores. Fui su discípulo y también su adjunto en la Cátedra de Victimología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1995 trabajamos juntos en forma sistemática en relación con este tema.
Asimismo, me dediqué al estudio de estas cuestiones en la Legislatura provincial cuando creé un observatorio y la Comisión Especial de Violentología para trabajar respecto de esta problemática, porque siempre se estudió fuertemente al victimario con la criminología. Si bien la violencia fue analizada desde varios aspectos y los diferentes marcos teóricos que proveen las distintas disciplinas, no existía un espacio que estudiara claramente la victimología. A mi entender, esta tiene un carácter autónomo; incluso, así lo viene sosteniendo la legislación positiva. Ya no es más un apéndice de la criminología.
Trabajamos durante cuatro años respecto de esta problemática y elaboramos un informe para la provincia de Buenos Aires que realmente ha tenido una importancia fundamental desde el punto de vista de su divulgación en los distintos ministerios, que contaban con programas sobre protección de los derechos de las víctimas y en materia de género. Creemos que debemos brindar una cobertura integral a la víctima, a lo que debemos agregar cuestiones que considero sustantivas.
Esto no debe ser un asunto meramente coyuntural, sino que tiene que ser una política de Estado. Sabemos que esta es una expresión muy repetida y desgastada, pero sin duda es lo que corresponde hacer. Hoy, en esta sesión, no estamos dando una solución definitiva al problema: fijamos un punto de partida, un inicio para generar a partir de allí una política de Estado.
Las políticas de Estado no se elaboran de un día para otro, sino que van surgiendo en forma gradual y a medida que se avanza hacia una mayor protección a las víctimas.
Además, es preciso un abordaje sistémico tanto en lo estructural como en lo funcional. En lo estructural, debemos hacerlo en el derecho penal, en el procesal penal y en el penitenciario; en lo funcional, respecto de las fuerzas de seguridad y de los jueces, y también en el derecho penitenciario.
Por otro lado, pienso que con miras al futuro deberíamos crear un programa de seguimiento y un registro de víctimas, así como existe un registro de delincuentes.
Por último, entiendo que el Estado se debería hacer cargo, mediante el pago de una indemnización a quienes son víctimas de delitos. Si el árbol de una plaza cae arriba de un auto, el Estado debe pagar por los daños producidos; sin embargo, si un delincuente asesina a una persona, el Estado se desentiende.
Por eso digo que todavía hay muchas situaciones que debemos mejorar. Entre ellas, repito, que el Estado se haga cargo del pago de una indemnización a quienes son víctimas del delito.
Por las razones expuestas, el bloque Juntos por Argentina apoyará en forma total y sin disidencias el proyecto en consideración. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Para información de los presidentes de bloque, la Presidencia hace saber que se votará en veinte minutos, aproximadamente.
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA): Señor presidente: antes de entrar en el tema en discusión quiero hacer un reclamo: seguimos con sesiones especiales y temarios cerrados postergando una vasta agenda que incluya, por ejemplo, la iniciativa que se trató ayer a favor de los jubilados en la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Yendo al tema que nos ocupa, es claro que estamos discutiendo este proyecto de ley en el marco de una enorme cantidad de luchas por justicia que recorren nuestro país a lo largo y a lo ancho. No estamos hablando simplemente de ineficiencia de la Justicia o de falta de apoyo del Estado sino de impunidad, porque muchos de los victimarios encuentran alguna vinculación ya sea en el poder político, en las fuerzas de seguridad o en la propia Justicia.
Por suerte, muchas de las comisiones de familiares que se han organizado en el país han tomado como denominación propia la de “familiares de víctimas de la impunidad”, tomando esta cuestión que para nosotros es clave. Hay muchos casos que así lo demuestran. No nos alcanzaría esta sesión para enumerarlos, pero voy a nombrar algunos.
Tenemos el caso de Paulina Lebbos, en Tucumán, donde todo el régimen político estaba involucrado en el encubrimiento. También, el de Lucía Pérez, que conmovió al país y provocó el paro de mujeres; el municipio de Mar del Plata puso un abogado a uno de los acusados.
Tenemos los casos de mi provincia, Salta; a raíz de ello, esta semana la comisión de familiares va a realizar la marcha número 300, pero el gobernador le ha dado la espalda y tiene a la policía involucrada en el narcotráfico. En este mes ha habido cinco o seis casos de “narcopolicías”, mientras el gobernador se pasea por el país hablando de su política de combate al microtráfico.
Tenemos en Córdoba denuncias de abusos contra niños en el centro educativo Collegium, donde trece de las dieciséis denuncias han sido ya cerradas, lo que pronostica inexorablemente una impunidad en este tema.
Recuerdo también el asesinato de Mariano Ferreyra y la masacre de Once, donde estuvieron involucrados la burocracia sindical, los funcionarios del Estado, las fuerzas de seguridad, la Justicia y los empresarios.
Desde nuestro bloque hemos venido impulsando audiencias públicas, dos de las cuales hemos realizado en Tucumán con víctimas de todo el NOA, a las que se han sumado víctimas de otros lugares del país que plantean una situación en común: los casos no avanzan porque hay un encubrimiento por parte del régimen de impunidad que gobierna el país.
No podemos dejar de mencionar que aquí se quiere reforzar la impunidad con la prisión domiciliaria a los genocidas y a Pedraza. Esta semana, en Mendoza los mismos bloques políticos que integran esta Cámara han designado a José Valerio para que conforme la Suprema Corte de Justicia de la provincia, a pesar de que tiene seiscientas impugnaciones por sus fallos aberrantes contra las mujeres. También en Salta tenemos en la Corte a uno de los responsables de muertes por represión a la pueblada del Norte.
Asimismo, está el caso emblemático de los jueces Piombo y Sal Llargués, de la provincia de Buenos Aires, que rebajaron la pena a un pedófilo y el gobierno de Scioli les aceptó la renuncia.
Hemos visto pasar por este recinto una larga cantidad de leyes que no buscaban atender a las víctimas ni resolver los problemas de impunidad sino reforzar el aparato represivo contra la población para su control social, incluso de quienes luchan contra la impunidad y están organizados en estas comisiones de familiares en todo el país.
Queremos dar un mensaje a esos familiares, muchos de los cuales están aquí. Detrás de esta ley hay un propósito político, que es aplacar las luchas, cooptar a quienes luchan contra la impunidad porque han cobrado una enorme importancia en este país. Podemos recordar el caso de María Soledad Morales, que volteó al gobierno de Catamarca, o el de Liliana Ledesma, en Salta, que luego de denunciar a un diputado vinculado al narcotráfico apareció asesinada; ese fue el principio del fin del gobierno de Romero.
Quedará en manos de esas propias organizaciones nosotros colaboraremos que no se cumpla ese propósito de cooptación ni ningún otro de ese tipo.
Nuestro voto a este proyecto va en línea para que estas comisiones y estos familiares organizados usen la norma como un punto de apoyo y refuerzo de sus luchas con el objeto de acabar con la impunidad.
Desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, seguiremos luchando por una transformación social que cambie la naturaleza de los intereses sociales que defiende este Estado, haciendo un gobierno de los trabajadores que pondrá fin a la impunidad.
Para el camino planteamos un programa de transición: elección popular de jueces y fiscales y control popular de las comisarías para acabar con los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el delito organizado. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en primer término, quiero plantear la importancia de un proyecto de estas características con respecto a los derechos de las víctimas.
Yo provengo de la lucha de organizaciones de víctimas, como fueron las organizaciones que buscaron justicia, memoria y verdad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, y sin ninguna duda los derechos que deben garantizarse a las víctimas en nuestro ordenamiento constituyen una deuda importante que debe ser saldada.
Esto no obsta a que tengamos observaciones respecto del proyecto fundamentalmente en algo que aquí se ha expresado, que es la limitación en la interpretación de la víctima, en cuanto a su mirada integral. Nosotros consideramos que ella está observada en forma restrictiva.
Fundamentalmente, planteamos que varios instrumentos no están incorporados plenamente en el tratamiento de este proyecto, Por ejemplo, la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, sobre “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”; las “Cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana; las “Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos; la “Carta Iberoamericana de Derecho de las Víctimas” incluso, muchos de sus principios, previsiones y estrategias, y la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de Poder”, de la ONU, de 1985.
Nos parece que estos son instrumentos centrales y fundamentales para determinar, desde un lugar absolutamente abarcador, a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos alusión a los derechos de las víctimas.
Fundamentalmente, vemos con preocupación la mirada restrictiva con respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la ley de su protección integral, sancionada por el Congreso de la Nación.
Vemos los contenidos restrictivos con respecto a la Carta Iberoamericana, fundamentalmente el derecho de la víctima de entender y ser entendida, el tema de los traductores, de los intérpretes para sistema Braille y otras interpretaciones que no están contempladas en el proyecto.
Nosotros observamos en el tratamiento de esta iniciativa la intención de dar respuesta efectiva a las demandas de organizaciones de víctimas, pero vemos que la forma en que está estructurado el proyecto genera un proceso que, para nosotros, debe ser motivo de preocupación y que tiene que ver con las recomendaciones internacionales que reciben los Estados en cuanto a la progresividad de derechos, y no a su regresividad.
También observamos algunas incongruencias de ordenamiento legislativo, ya que en el artículo 1° se establece que esta es una ley de orden público, y en el artículo 34 se hace referencia a la adhesión de las provincias. De la misma manera, vemos con preocupación la superposición que existe en las modificaciones en relación con el Código Procesal Penal vigente y el Código Procesal Penal que está suspendido. Allí se modifican derechos y garantías de las víctimas, que desde nuestra expectativa generan incongruencias.
En relación con el capítulo relacionado con los crímenes de lesa humanidad y los casos de memoria, verdad y justicia, nos parece que existe una mirada de carácter restrictivo que se proyecta solamente sobre el acceso a la verdad. De ninguna manera se toma en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas, de Naciones Unidas. Tenemos las observaciones del caso Perú de 2015, que para nosotros tienen un sentido de pertenencia con el proyecto que se está tratando.
Hace unos minutos formulamos observaciones al momento de plantear una cuestión de privilegio por la forma en que fue tratado este proyecto en el plenario de las comisiones. En una de esas reuniones se dijo que se iba dar curso favorable a la introducción de algunas modificaciones durante el tratamiento del proyecto en particular. Nosotros queremos proponer modificaciones a algunos artículos, por lo que solicitamos que durante la consideración en particular se nos dé la palabra para plantearlas.
Desde nuestra perspectiva, es de vital importancia atender en forma integral los derechos de las víctimas, cuestión que consideramos que en este proyecto no está siendo considerada.
Existe un principio fundamental que fue planteado aquí del que también se ha hecho eco el Ordenamiento Internacional de Derechos Humanos. Me refiero al principio de no repetición. Se trata de la forma en que nosotros garantizamos que en realidad existirán menos víctimas en nuestra sociedad, con correctas políticas de prevención. Observamos que esta iniciativa tiene limitaciones en relación con la responsabilidad del Estado, cuando este comete delitos. También bregamos por las garantías de las víctimas en cada uno de esos procesos.
Por eso, solicitaremos nuestra participación en el tratamiento en particular para efectuar modificaciones. Nos parece importante que, antes de la votación en general, la señora miembro informante o los autores del proyecto nos digan si vamos a poder realizar esas modificaciones o si la idea es votar todo esto como un paquete cerrado. Ello es de vital importancia en el momento de la votación en general. Si se nos permitiese hacer modificaciones que beneficien a las organizaciones que nos están acompañando, nosotros votaríamos favorablemente el proyecto en general. En cambio, si esas sugerencias que queremos hacer no fueran escuchadas, veremos qué posición habremos de tomar al respecto. De ahí que es importante que nos den una respuesta el pedido que hemos formulado, antes de la votación en general.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. COPES, ANA ISABEL (SANTA FE): Señor presidente: este proyecto es una respuesta a un reclamo legítimo efectuado en distintos momentos en diferentes lugares del país.
Es cierto que la Justicia penal tiene una deuda con las víctimas en la región. Históricamente, estas no han sido tenidas en cuenta. Esta forma de proceder fomentó una cultura que significa una brecha entre el Ministerio Público Fiscal y las propias víctimas. Ello no ha ocurrido en otros países. Si hoy estamos hablando de las víctimas es porque el Ministerio Público Fiscal no se está ocupando de ello.
Entonces, es necesario que se implemente el nuevo Código Procesal Penal, que reconoce un nuevo lugar para la víctima. Esto se recoge en el dictamen en distintos artículos que se modifican, por ejemplo, 12, 79, 218, 219 y 237.
Es más; celebro que el dictamen complemente y corrija el artículo 325 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación dando a la víctima el derecho a ser informada de todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma de liberación anticipada del condenado, o la extinción de la pena o la medida de seguridad, más allá de que lo haya solicitado o no. Me parece que eso es muy correcto.
No voy a hacer alusión a los artículos 5º y 6º en su relación con el artículo 10, porque la señora diputada Stolbizer ha hecho referencia a nuestra disidencia. En consecuencia, obviaré ese pasaje.
Esta consideración también es válida respecto del artículo 8º, relativo a la equiparación entre “patrocinio letrado” y “representación letrada gratuita”, lo que a nuestro juicio podría tener una mayor claridad.
Voy a detenerme en el análisis del artículo 18. Si bien estamos de acuerdo con el establecimiento de los centros de atención a las víctimas, lo cierto es que no vemos por qué un profesional del derecho tiene que estar a la cabeza como director.
Estamos hablando de la necesidad de una atención integral de la víctima. No vemos por qué el director debe ser un abogado y no un profesional de probada trayectoria y afinidad con el tema. Esto lo plantearemos en oportunidad del tratamiento en particular.
En relación con el artículo 22, referido a la integración del consejo asesor, quiero aclarar que cuando en el dictamen se habla de “personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas” y se dice que “se tendrá especial consideración a los integrantes de asociaciones de víctimas legalmente constituidas”, no significa que se esté garantizando la participación de las asociaciones que actúan en la defensa de los derechos de las víctimas.
Nosotros proponemos que ese consejo asesor esté integrado de modo tal que verdaderamente se dé participación a las asociaciones de defensa de los derechos de las víctimas, tal como se hace en la ley de trata de personas asegurando intervención y rotatividad en el caso de las organizaciones.
En cuanto al artículo 27, quiero decir que en él se ha omitido –creo que ha sido una cuestión involuntaria- copiar lo que establece el artículo 79, inciso j), del Código Procesal Penal. Voy a dar lectura de su contenido porque es importante y considero que debería incorporarse al proyecto en consideración. Dicho artículo establece los derechos que tiene la víctima. En tal sentido, el inciso j) del artículo 79 dice que la víctima tiene derecho “a requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aun si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante”.
Esta es una cuestión verdaderamente clave y nos obliga a pensar nuevamente en la organización institucional del Ministerio Público Fiscal, a fin de rediseñarla para que no exista más esa brecha y haya un lazo entre la Justicia, el citado ministerio y las víctimas. Esto, en virtud de que la defensa de la víctima es competencia de dicho ministerio.
Hoy estamos considerando este aspecto de atender integralmente a las víctimas y lo hacemos en tres direcciones o niveles. No obstante, este es solo el comienzo de una ardua tarea que, como dije, obedece a una larga deuda con la Constitución Nacional y con nuestros sistemas de investigación y enjuiciamiento. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA.(SCHMIDT-LIERMANN) Señor presidente: en primer término, quiero decir que este es uno de esos proyectos por los cuales una se reconforta de ser diputada de la Nación.
En segundo lugar, deseo expresar mi agradecimiento a las organizaciones de bien común por el gran trabajo que han hecho. Ellas, junto con muchos periodistas, nos demostraron la importancia de la vida civil en la Argentina, porque hace unos meses han logrado consensuar un documento muy importante que ha sido sumamente valioso para arribar al proyecto que hoy estamos considerando.
De todos modos, se debe dejar muy en claro que, si bien es importante que el Estado actúe, también se necesita contar con una sociedad compenetrada en la ayuda a la víctima. Esto implica, asimismo, la existencia de una sociedad con medios periodísticos responsables que no incurran en revictimización. A veces, me duele mucho ver en los medios que se hurga en el morbo para tratar de descubrir lo que no existe en relación con alguna víctima o sus familiares. Espero que los medios o periodistas que buscan lucrar con el sensacionalismo dejen de hacerlo y se trate a las víctimas y a sus familiares con el respeto que merecen.
Luego de escuchar a muchos de mis colegas preopinantes, creo que efectivamente estamos saldando una deuda. Este proyecto va a ayudar a la reconciliación de los argentinos. Es necesario que las víctimas sepan que tienen su lugar y que seguiremos acompañándolas.
Teniendo en cuenta que estamos en el mes de noviembre, quiero recordar que el 20 se conmemora el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Hechos Viales. Entonces, personalmente me voy a permitir mandar un abrazo muy muy fuerte y mi apoyo a Viviam Perrone, y asimismo recordar a su hijo Kevin. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. MASSA, SERGIO TOMAS (BUENOS AIRES): Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a todos los bloques políticos. Me toca ser el autor de este proyecto de ley, junto con la señora diputada Camaño, pero creo que su redacción es el mérito del esfuerzo, el trabajo y el consenso de gran parte de los bloques políticos de esta casa. Me refiero a aquellos que en algún momento tuvieron dudas y más allá de ellas entendieron que era importante dar un mensaje a la sociedad en el sentido de que el Congreso no solamente discute las cuestiones del poder económico y de los lobbies interesados, sino que también analiza centralmente las situaciones de los ciudadanos de a pie.
También quiero agradecer al equipo que hace más de dos años y medio viene trabajando con nosotros en la modificación del Código Penal y en la redacción de un nuevo Código Procesal. Se trata de normas que pretenden equilibrar la balanza, que en definitiva es lo que debe hacer nuestra Justicia.
Por sobre todas las cosas, agradezco a las víctimas y a las distintas asociaciones que hoy nos acompañan. Hace algunas semanas se llevó a cabo una marcha con la consigna “Para que no te pase”, donde miles de personas en toda la Argentina nos gritaban y nos pedían que diéramos respuesta al desequilibrio que existe en nuestro sistema penal en materia de derechos y garantías.
Es cierto que tenemos la obligación de establecer los derechos, las garantías y el debido proceso para el delincuente que comete un delito, pero no es menos cierto que los derechos, las garantías y el debido proceso constituyen un paraguas que también debe proteger a la víctima, porque la Justicia debe reparar el daño que sufrió.
Señor presidente: con esta ley pretendemos equilibrar la balanza y que el derecho a la defensa implique asistencia jurídica y presencia del Estado no solo para quien delinque sino también para aquel que en algún caso perdió todo -o una parte- y en definitiva siente que el Estado fracasó varias veces.
Las víctimas de la inseguridad, de Cromañón o de los distintos hechos que fueron marcando con luto y tragedia nuestra historia contemporánea, tienen en su grito la marca del fracaso del Estado en lo que hace a brindar seguridad, pero también en lo que se refiere a proteger, contener y reparar, que es la tarea de un sistema de Justicia.
Mediante este proyecto pretendemos que todo el país tome conciencia del rol de protección y cuidado de la víctima.
Sabemos que hay provincias y municipios que cuentan con instrumentos de atención a la víctima. Sin embargo, debe ser una política de Estado y no el esfuerzo aislado de un Estado pequeño o de un Estado provincial.
Sabemos que para el momento de la llegada a la línea de reparación de la Justicia es importante el papel que pueda jugar cada uno de los que fueron víctimas de un delito.
Tenemos la satisfacción de que hoy, con esta iniciativa, empezamos a reparar parte de los daños que el Estado viene produciendo. Obviamente que falta. Para nosotros, es fundamental que el Estado también se haga presente en casos en los que el delito y el dolor vienen acompañados, por ejemplo, de la pérdida de trabajo, como le pasó a María Luján, que por seguir adelante con su pelea quedó sin empleo.
Sabemos que es central escuchar y sumar las propuestas sobre unificación de la representación y de los derechos. En ese sentido, estamos abiertos a que en la discusión en particular podamos mejorar el proyecto. No somos los dueños de esta iniciativa. Simplemente, nos tocó ser el vehículo del reclamo de miles y miles de argentinos, pero tenemos la madurez y la integridad de saber que el aporte de muchos bloques se hace desde la buena fe para que el Estado cumpla con su rol.
Pretendemos que, en Carolina, en María Luján, en Gladys, en Matías y en cada uno de quienes no bajaron los brazos reconozcamos el haber llegado hasta acá y asumamos que debemos tomar esa posta.
En definitiva, debemos construir un sistema en el que delincuentes y víctimas tengan los mismos derechos, para que la Justicia cumpla con su tarea de reparar el daño y hacer cumplir la pena. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar en general en forma nominal el dictamen de las comisiones de Legislación Penal, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley por el que se establece el régimen de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos. Orden del Día N° 893.

- Se practica la votación nominal.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 214 señores diputados presentes, 211 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa. No se ha computado el voto de 1 señor diputado.

SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI)) Han votado 211 señores diputados por la afirmativa y uno por la negativa. No se han registrado abstenciones.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES): Señor presidente: humildemente, voy a aceptar mi error al apretar la tecla. Quiero que conste mi voto afirmativo.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. LITZA, MONICA EDITH (BUENOS AIRES): Señor presidente: pido que quede constancia de mi voto afirmativo, porque me parece que no fue registrado.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Así se hará, señora diputada. Entonces, el proyecto de ley ha sido aprobado en general por unanimidad. (Aplausos en las bancas.)
En consideración en particular el artículo 1°.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.


SRA. GIMENEZ, PATRICIA VIVIANA (MENDOZA): Señor presidente: solicito autorización para insertar los fundamentos de mi disidencia parcial en el Diario de Sesiones.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Así se hará, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA): Señor presidente: como me levanté y no pude votar en general, quiero dejar constancia de mi voto afirmativo, si cupiera.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se ha tomado debida nota, señor diputado.
En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Señor presidente: tal como adelanté en mi discurso en la consideración en general, la propuesta consiste en reemplazar el término “judicial” por “integral”, de manera que el primer párrafo del mencionado artículo quede redactado de la siguiente manera: “Finalidad. La presente ley tiene como fin la tutela integral de la víctima en todo proceso penal.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: en esta iniciativa se hace una reparación. De modo que se tiene en cuenta el aspecto integral de la víctima...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) La Presidencia solicita a los señores diputados que no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: vamos a aceptar la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 2°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Señor presidente: en relación con el artículo 3º del proyecto de ley, propongo que, dentro del apartado “Enfoque diferencial y especializado”, se agregue el siguiente párrafo: “En aquellos casos en los que la víctima sea una persona menor, se dará cumplimiento a las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos aprobadas por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas por resolución 2.005/20.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: entiendo que la propuesta consiste en agregar el citado párrafo en ese apartado.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Así es, señor presidente.




SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con la modificación propuesta y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 3°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Señor presidente: según lo conversado con los integrantes de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación Penal, nos parece que habría que cambiar la expresión “análoga relación de afectividad” porque no remite a conceptos que estén dentro del derecho argentino. Entendemos que debería utilizarse la fórmula ya introducida en el artículo 80, inciso 1), del Código Penal mediante la ley 26.791.
La redacción que proponemos es la siguiente: “Al ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge de la víctima de un delito o a la persona con quien aquélla mantiene una relación de pareja, mediare o no convivencia, como así también a los tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte o la desaparición de la persona con la que tuvieren tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos”.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: si bien la expresión a la que alude el señor diputado no es utilizada dentro de nuestra legislación, entendemos apunta a aquellas relaciones en que las personas mantienen afectividad pero no conviven. Por eso se usó la expresión “análoga relación”. El Código Penal no abarca todos los aspectos que han sido descriptos en este inciso.
Se podría suprimir la expresión “análoga relación”, reconozco que es un concepto no utilizado dentro de nuestra legislación, pero tiene su fundamento en aquellas relaciones en las que las personas no son convivientes, por ejemplo, novios que no conviven. Por eso se habla de “análoga relación de afectividad”.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): Señor presidente: este proyecto contiene treinta y cuatro artículos. Hasta ahora están debatiendo las presidentas de las comisiones que incluso son del mismo bloque político cuando deberían haberlo hecho en el plenario de comisiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Imagino que, como presidentas de comisión, habrán mantenido un diálogo interinstitucional de interbloque que alivie la tarea de discutir palabra por palabra en el recinto. Si no, pediría que se pasara a cuarto intermedio para que analicen estas cuestiones y luego vengan y nos digan qué modificaciones se aceptan y cuáles no. De lo contrario, parece un diálogo entre sordos. (Aplausos en las bancas.)


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que este es el lugar del debate parlamentario y que hubo muchísimas sesiones en las que los presidentes de comisión hemos discutido y hemos hecho agregados o modificaciones, porque ese es el trabajo de este cuerpo. Quizás la doctora Conti lo ha olvidado, pues durante doce años esto no se pudo hacer; pero este es el Parlamento nacional, donde se debate y se corrige. (Aplausos en las bancas.)
En segundo término, comparto la opinión de la señora diputada Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, porque en realidad hay víctimas que tienen relaciones de afectividad análogas a las de pareja, como pueden ser familiares que no tengan una relación directa, o incluso de convivencia, que no tengan que ver con una pareja, que generalmente pueden resultar mucho más afectadas que parientes directos, por el mismo delito.
De manera que creo que no se debe cambiar el concepto. Además, la innovación jurídica no viene mal a nadie. El problema es no proteger a quienes debemos tutelar.


SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): Señor presidente: pido la palabra por haber sido aludida.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) ¿Acepta las modificaciones propuestas, señora diputada Burgos?


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): No, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 4° del proyecto aprobado en general.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 5°.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: el artículo 5° establece los derechos de las víctimas. Proponemos algunas enmiendas, que se reiterarán en los artículos 27 y 30, ya que ellos modifican el Código Procesal Penal de la Nación.
En el inciso k), se establece que la víctima tiene derecho “A ser notificada de las siguientes resoluciones o actos procesales:”. En lugar de la citada redacción, proponemos la siguiente: “A ser notificada y a requerir la revisión de las siguientes resoluciones o actos procesales:”.
En el apartado k.1), en lugar de la actual redacción sugerimos la siguiente: “Los que dispongan el desistimiento, archivo, suspensión, la aplicación del principio de oportunidad o el sobreseimiento de las actuaciones.” Así, daríamos respuesta a lo que en su momento planteó la señora diputada Copes respecto de la omisión de la incorporación del inciso j).
Asimismo, como inciso r) propondremos el siguiente texto: “A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda, según las disposiciones de este Código. El reintegro se efectuará sin costo alguno.” Sugerimos esto porque el proyecto prevé el reintegro del cadáver, pero no el reintegro inmediato de los objetos sustraídos, sin costo alguno para las víctimas.
Como inciso s) proponemos que la víctima tenga derecho “A recusar al juez, fiscal y/o miembros del tribunal en los casos permitidos para el imputado.” Esto tiene que ver con lo que decía el diputado Massa con respecto a equilibrar los derechos que asisten a los imputados y a las víctimas dentro del proceso.
Por último, proponemos como inciso t) que la víctima tenga derecho “A solicitar que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección. En tal caso, éste se consignará por separado en Secretaría, pudiendo tener acceso a tal información las partes solo cuando el derecho de defensa lo hiciere imprescindible.” El proyecto contempla la reserva de identidad, pero no la reserva de domicilio, y creíamos trascendental que se estableciera cuando las circunstancias del caso lo hicieran imprescindible para su protección.
Estas son las modificaciones que proponemos introducir tanto en el artículo 5° como en los artículos 27 y 30.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: aclaro que cuando emitimos dictamen dijimos que era posible que se siguieran introduciendo modificaciones porque se continuaría hablando con organizaciones de víctimas, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Dónde podríamos hacerlo si no es en este recinto? En consecuencia, bienvenidas sean las modificaciones que busquen mejorar este proyecto que tiende a la protección de las víctimas.
La comisión acepta las propuestas del señor diputado Petri.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Señor presidente: reitero que este es el ámbito natural de debate. Además, en nuestro interbloque existe pluralidad de pensamiento y fijamos posición en el lugar que creemos más conveniente, que sin duda es el recinto de esta Honorable Cámara.
En cuanto al artículo 5°, propongo una modificación en el inciso o.1.b), que también tendría que ser contemplada en los artículos 7°, inciso 1); 27, inciso o.1.b) y 30, inciso o.1.b). Donde dice “menores de edad” tendría que decir “personas menores de edad”. Esta es la denominación que enfatiza la condición de titular de derechos de las niñas, niños y adolescentes, que son las personas cuyo interés superior debe protegerse.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) ¿Acepta la modificación la comisión?


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Sí, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en cuanto a la propuesta efectuada por el señor diputado Petri que acordamos, compartimos el principio de preservación de la identidad y del domicilio. Al respecto, creo que ese concepto no solo tendría que abarcar el domicilio físico de residencia sino también todas aquellas otras cuestiones que puedan develar la identidad o poner en riesgo la vida de la víctima.
Existen muchos ejemplos de personas víctimas de acoso a través de las redes sociales o de otros elementos tecnológicos, que las colocan en una posición más vulnerable que la del propio domicilio en el que viven.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: no tenemos inconvenientes en incorporar esa modificación, pero por su intermedio solicito al señor diputado por Buenos Aires que especifique cómo quedaría la redacción.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: si estuviera de acuerdo, me podría acercar a las bancas del señor diputado Petri y de la señora diputada Burgos para acordar la redacción.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Eso nos obligaría a pasar a un breve cuarto intermedio.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: como bien me apunta la señora diputada Carrió, el texto podría quedar redactado de la siguiente manera: “...el domicilio y todo otro dato que revele la ubicación o paradero de la víctima.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) ¿Está de acuerdo, señor diputado Giustozzi?


SR. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO (BUENOS AIRES): Sí, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en el inciso p) del artículo 5° proponemos que se incluya a las niñas, niños y adolescentes entre los facultados a cumplimentar el acto procesal en el lugar de su residencia, en virtud del interés superior del niño.
El texto original señala: “Si se tratare de persona mayor de 70 años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia...” A este texto habría que agregar a los niños, niñas y adolescentes, si es considerado el interés superior de los niños.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) ¿La comisión acepta la modificación propuesta?


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Sí, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 5°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) La Presidencia solicita a la señora diputada Burgos que indique los artículos en los que la comisión aceptará modificaciones.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: algunos diputados acercaron sus observaciones pero lamentablemente otros no, y ahora las están manifestando en voz alta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 6°.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Señor diputado: si se anota antes en la lista de oradores, facilita la tarea de esta Presidencia. El artículo 6° ya fue votado.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Permítame hacer una aclaración, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: en el artículo 6°, que hace referencia a las medidas de especial protección en general y en particular, se ha omitido mencionar el acceso a la medicación para HIV, toda prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la implementación del protocolo para abortos no punibles. Lo mismo vale para el artículo 7°.
No es mi intención polemizar, pero prácticamente hemos constituido a la Cámara en comisión porque no hubo posibilidad alguna de que los miembros informantes pudieran analizar nuestras observaciones al proyecto. Ayer se terminó de firmar el dictamen y, como hemos planteado, no fue prolijo el mecanismo de tratamiento de esta iniciativa.
Por eso, pido al señor presidente que tenga paciencia porque queremos hacer nuestros aportes. Hemos votado afirmativamente en general porque algunas de las modificaciones propuestas coinciden con nuestras observaciones; entonces, solicito nuevamente al señor presidente que hagamos un esfuerzo para que podamos acercar todas nuestras sugerencias.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tendré mucha paciencia, señor diputado. Solo le pido que informe los artículos en los que quiere plantear modificaciones porque ello facilitará mucho la tarea de esta Presidencia.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: la comisión no acepta la propuesta del señor diputado, no porque no quiera que a la víctima se la asista sino porque el proyecto ya prevé un sistema de protección.
El artículo 11 establece programas de intervención urgente. Su inciso 1, dispone: “Gastos de atención médica, internación y prácticas de urgencia, análisis, insumos y medicamentos.” Esto tiene que ver justamente con lo que reclama el señor diputado Carlotto; sucede que no está incorporado en los artículos 5°, 27 y 30 porque, en este caso, se habla de la intervención de la víctima en el proceso penal; pero el proyecto en consideración no se agota en la intervención de la víctima en el proceso penal, sino que como bien decía la señora diputada Stolbizer, busca la actuación y protección integral de las víctimas. Es por ello que encontraremos derechos de las víctimas reconocidos en otros artículos.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) La Presidencia reitera que el artículo 6° ya fue votado.
En consideración el artículo 7°.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 8°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CAVIGLIA, FRANCO AGUSTIN (BUENOS AIRES): Señor presidente: en mi exposición, durante el tratamiento en general, dije que cuando cae un árbol arriba de un auto el Estado tiene que hacerse cargo. Lo mismo ocurre cuando hay una baldosa floja y alguien se lastima. En cambio, no está previsto el pago de una indemnización en caso de delitos graves.
Por eso, en el artículo 8°, referido a los niveles de protección, propongo que luego de los incisos relativos al asesoramiento, la asistencia jurídica y la representación letrada, se agregue uno nuevo –sería el inciso d) que trate sobre la indemnización, y diga: “1. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes civiles de resarcimiento, el Estado procurará indemnizar financieramente:
“a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo a su salud física o mental como consecuencia de los delitos graves.
“b) A la familia, en particular, a las personas a cargo de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.
“2. Se fomentará el establecimiento de un fondo nacional para la indemnización a las víctimas.
“3. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos con este propósito, que abarquen daños emergentes, lucro cesante o daño moral.
“4. Queda sujeto a la reglamentación de la autoridad de aplicación.”
Si no se tomara en cuenta todo el inciso nuevo aunque me parecería justo que así fuera, pido que al menos se incorpore el punto 2, que dice: “Se fomentará el establecimiento de un fondo nacional para la indemnización a las víctimas.”
Entonces, en primer lugar, propongo que se incorpore todo el inciso al proyecto y, en segundo término, si el miembro informante de la comisión no aceptara el inciso completo, solicito que se incorpore solamente: “Se fomentará el establecimiento de un fondo nacional para la indemnización a las víctimas.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: esa propuesta estaba contemplada en el proyecto de la señora diputada Martínez, y en su momento se explicó que podría ser presentada mediante un proyecto de ley para la conformación del fondo. Por lo tanto, no vamos a aceptar ninguno de los dos agregados.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.


SRA. FERREYRA, ARACELI (CORRIENTES): Señor presidente: propongo un agregado al inciso c) –o tal vez la señora miembro informante piense que puede ser en otro lugar-, que se refiere a la representación letrada. Tal inciso dice así: “A la constitución como parte querellante o instituto análogo en los casos previstos en el artículo 10 de la presente ley con representación letrada gratuita”. Mi propuesta consiste en agregar lo siguiente: “La víctima podrá solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos directamente por una asociación de protección o ayuda a las víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos, de defensa de los derechos humanos o especializada en acciones de interés público, cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): No se acepta la propuesta, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 8° del proyecto aprobado en general.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 9°.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: más allá de que estamos de acuerdo con la propuesta que hizo la señora diputada Stolbizer en representación del interbloque para que todas las víctimas puedan acudir a la asistencia jurídica y patrocinio gratuitos, comprendemos la dificultad de poder formular la modificación en este momento. Sin embargo, vamos a hacer una propuesta porque entendemos que deben agregarse expresamente los delitos de torturas, vejaciones, apremios ilegales y similares delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.
En concreto, proponemos que se incorpore la siguiente oración al final del artículo: “todos los delitos contenidos en el libro II, título I, capítulo II, y en los cuales las víctimas resulten mujeres”. De esta forma, garantizamos que cuando las víctimas sean mujeres puedan ser asistidas de forma gratuita por el Estado.
A continuación, a los fines de dar herramientas a las víctimas de violencia institucional y que también puedan acceder a este beneficio, proponemos agregar lo siguiente: “y los del libro II, título V, capítulo I”, contra la libertad.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Se acepta la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 9° con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 10 a 13.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 14.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: este artículo se refiere a los procedimientos para las personas desaparecidas y plantea la protocolización con respecto a los casos de exhumación de restos. Considero que queda confuso lo que significa la búsqueda del paradero de personas con la identificación de restos de víctimas.
Proponemos que en el texto se agregue un párrafo que plantee que los protocolos deben contemplar las obligaciones para realizar las exhumaciones, y otro que establezca que los protocolos deben contemplar la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Aceptamos la propuesta, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 14.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 15.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

observaciones, se votan y aprueban los artículos 16 y 17.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 18.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. COPES, ANA ISABEL (SANTA FE): Señor presidente: el artículo 18 dice que “El director ejecutivo del Centro de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito será designado por el Poder Ejecutivo nacional, deberá ser abogado con al menos ocho años de ejercicio profesional y al menos 30 años de edad.” No vemos cuál es la competencia específica y excluyente para que tenga que ser abogado. Considero que después de “deberá ser” tendría que decir “un profesional con reconocida trayectoria en el tema”.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Se acepta la modificación, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 18.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 19.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: el artículo 19 dice que el director ejecutivo del Centro de Asistencia y Protección de Víctimas de Delito tiene que establecer protocolos de primera intervención mediante convenios de colaboración.
El inciso i), dice lo siguiente: “Establecer las reglas de actuación para los organismos del Estado y funcionarios que reciban, asistan o tengan contacto profesional con las víctimas de delitos”. Desde nuestra perspectiva, con esta redacción se está afectando la independencia de poderes en cuanto a las atribuciones que se otorgan.
También el inciso m) reconoce en el director ejecutivo la facultad de pedir al juez la colaboración y asistencia de las fuerzas de seguridad, pero creemos que debería ser más específico porque si no se estarían reconociendo facultades que ni siquiera tiene el Ministerio Público Fiscal, que son estrictamente de carácter judicial.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): No aceptamos la propuesta, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 19.

- Resulta afirmativa.

Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 20 y 21.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 22.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. COPES, ANA ISABEL (SANTA FE): Señor presidente: como ya señalé en la consideración en general, esta redacción, que dice que “Los miembros de este consejo deberán ser personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas. Se tendrá especial consideración a los integrantes de asociaciones de víctimas legalmente constituidas”, no garantiza que efectiva y obligatoriamente estén las organizaciones. Por eso, proponemos la siguiente redacción: “El director ejecutivo del Centro de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito conformará un consejo asesor interdisciplinario para el abordaje integral de la evolución del delito y las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la presente ley. El consejo asesor estará integrado por personas de reconocida trayectoria y por al menos tres organizaciones o asociaciones de víctimas. La reglamentación dispondrá el modo que de manera rotativa y por períodos iguales y no superiores a un año las organizaciones integrarán el consejo.” Tal como he dicho en la intervención en general, es una réplica de lo que se previó en la ley de trata.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: no aceptamos la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. MARTINEZ, SILVIA ALEJANDRA (JUJUY): Señor presidente: nos parece muy completa la propuesta formulada por la señora diputada Copes, pero tenemos otra redacción, que dice así: “Los miembros de este consejo deberán ser personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las víctimas, garantizándose la participación de integrantes de asociaciones de víctimas.”


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: no aceptamos la modificación.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 22 del proyecto aprobado en general.

- Resulta afirmativa.

Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 23 a 26.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 27.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: solicito que en este artículo se replique lo que propusiera respecto del artículo 5°.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. COPES, ANA ISABEL (SANTA FE): Señor presidente: en realidad, pedí intervenir porque requerí la revisión de la desestimación, el archivo y la aplicación del criterio de oportunidad en el sobreseimiento, pero como el señor diputado Petri introdujo esto en dos incisos del artículo 5°, entiendo que si se replican en este artículo 27 la cuestión está cubierta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 27.

- Resulta afirmativa.

Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 28 y 29.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 30.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: al igual que en el artículo 27, en este artículo se replican las modificaciones que propusiera en la redacción del artículo 5°.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 30.

Resulta afirmativa.

Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 31.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 32.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: las observaciones planteadas en los instrumentos y protocolos que se mencionan deberían ser especificadas. Hecha esta salvedad, debo decir que en el primer párrafo de este artículo se habla de “Los funcionarios, profesionales y auxiliares que tengan contacto con la víctima deberán...”, y el segundo párrafo, dice: “Dichas entidades...” Si no especificamos de qué entidades estamos hablando, no queda claro. A no ser que la redacción expresara “Dichos funcionarios...” Es confuso, no sabemos de qué estamos hablando.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: el artículo debería decir: “Dichos funcionarios, profesionales y auxiliares...” Acepto las modificaciones.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 32, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 33.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CARLOTTO, REMO GERARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: entiendo que la composición del Consejo de Implementación de la ley carece de una integración federal de género y representación de grupos vulnerables. Me parece que hay que incorporarlos, como ocurrió en cada uno de los consejos, a partir de una interpretación que genera los equilibrios necesarios en el tratamiento de temáticas como esta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: la comisión acepta la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA): Señor presidente: quiero efectuar una aclaración respecto del artículo 33. Resulta claro que no se aceptarán los cambios cuya introducción proponemos. No obstante, creemos que tanto el director de la oficina de ayuda a las víctimas como su consejo asesor o, en este caso, el Consejo de Implementación, deberían tener la característica de ser completamente independientes del Estado. Ello debería ser así porque muchas de las personas son víctimas del propio Estado. En consecuencia, esos órganos tendrían que estar integrados por las propias víctimas del Estado, que deberían elegir a sus miembros, ya que son las que luchan contra la impunidad.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Se va a votar el artículo 33 con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración el artículo 34.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. LITZA, MONICA EDITH (BUENOS AIRES): Señor presidente: formulo moción de reconsideración del artículo 5º, específicamente con lo dispuesto en su inciso p), porque creo que la propuesta efectuada por el señor diputado Carlotto fue aceptada. El fundamento de la moción de reconsideración está dado por el hecho de que no se puede incluir a las personas menores de edad para que realicen la declaración en el domicilio, pues deben hacerlo bajo cámara Gesell.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. BURGOS, MARIA GABRIELA (JUJUY): Señor presidente: es cierto lo que plantea la señora diputada preopinante. Los menores de edad no pueden declarar en su domicilio, sino que deben hacerlo bajo cámara Gesell.
En consecuencia, la moción de reconsideración formulada por la señora diputada es pertinente.


SR. PRESIDENTE(MONZÓ) En consideración la moción de reconsideración del artículo 5º formulada por la señora diputada por Buenos Aires.
Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Corresponde considerar nuevamente el artículo 5º.
Se va a votar el artículo 5° de acuerdo con la propuesta formulada por la señora diputada por Buenos Aires respecto del inciso p).

- Resulta afirmativa. - El artículo 35 es de forma.

SR. PRESIDENTE(MONZÓ) Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Se comunicará al Honorable Senado.



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