Período:132 Reunion:6 Fecha:21/05/2014 LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL Y PACTO FEDERAL DE TRABAJO RATIFICADO POR LA LEY 25.212 (CONTINUACIÓN)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.
Habiendo finalizado la lista de oradores por los dictámenes, comenzaremos con la lista de oradores por bloque.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, Oscar Romero, quien comparte su tiempo con los señores diputados Gdansky, Contrera y Kosiner, quienes disponen de 20 minutos.


SR. ROMERO, OSCAR ALBERTO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que intenta plasmar en normas concretas la defensa del derecho del trabajo. Y digo “estamos debatiendo” porque el proyecto viene con reformas introducidas en el Senado.
Este derecho, universalmente conocido como derecho de “segunda generación”, irrumpió en nuestra legislación gracias al movimiento obrero y a la conducción del general Juan Domingo Perón.
Queremos que cada hombre pueda exhibir su recibo de sueldo, y recordar que bajo el gobierno del general Juan Domingo Perón un recibo de sueldo podía ser más importante que un documento de identidad, ya que acreditaba su más importante identidad, que es la de ser trabajador, y por lo tanto, integrante de esa gran familia que son todos los trabajadores de la patria. Solo el trabajo de todos asegura el desarrollo y la grandeza de nuestra Nación. El recibo de sueldo es el testimonio que acredita y permite sentir el orgullo de pertenencia.
Señora presidenta: este proyecto también forma parte del legado de nuestro querido presidente Néstor Kirchner, que ya en 2003 decía que empezaría el combate contra el trabajo no registrado. Él era consciente de que el país crecería gracias a las políticas económicas basadas en la implementación de un sistema eficiente de control, y también implementando programas de prevención.
No dejan de sorprenderme los mensajes del papa Francisco sobre la situación del trabajo, exhortando al empresariado nacional a ser más solidario. Dice el papa Francisco: “Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos”.
Los derechos sociales surgen después de la Revolución Industrial como límite al capital deshumanizado y al industrialismo, que abusaron de la libertad, igualdad y fraternidad, como una necesidad de frenar los inhumanos abusos, tanto del liberalismo, primero, como del comunismo, luego. Este desarrollo teórico tuvo grandes defensores dentro del socialismo, pero la verdad es que solo el Partido Justicialista pudo llevarlos a la práctica en nuestro país y produjo la mayor revolución pacífica que haya conocido la historia.
En nuestro país, el reconocimiento de los derechos sociales, gracias al justicialismo, tuvo su momento de gloria en la Constitución de 1949, lamentablemente derogada por la denominada Revolución Libertadora.
Recordemos que es atribución del Congreso Nacional no solo la reglamentación de las normas programáticas del artículo 14 bis sino también proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación de los trabajadores.
Me pregunto lo siguiente: ¿se puede lograr terminar con la explotación del trabajador no registrado? ¿Todo es cuestión de costos y mercados? ¿Está mal soñar con el pleno empleo aunque científicamente nos digan que es una utopía?
Como dirigente sindical, me siento orgulloso de defender la calidad del empleo, con la visión de la doctrina justicialista, que además coincide con lo que dicen la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos profesionales.
También como dirigente sindical obtuve esta banca que me hace representante del pueblo de la Nación Argentina y que me obliga con mi ciudad, con mi provincia y con mi Nación. Pero mi desafío es ser, además, un digno representante de todos los trabajadores.
Y vuelvo a citar al general Perón, quien allá por 1944 decía: “La organización obrera es para nosotros la base de nuestros procedimientos, pues no podemos ir a preguntar a cada uno de nuestros obreros cuáles son sus necesidades y cuál es la obra que nosotros debemos realizar. Para ello necesitamos la organización obrera. Y que estas organizaciones obreras estén representadas por auténticos trabajadores.”
Por eso, al defender esta propuesta lo hago con el convencimiento de defender a todos los derechos de todos los trabajadores y a todos los que quieren ingresar al sistema laboral.
Nuestra propuesta, señora presidenta, es que cada trabajador tenga un trabajo digno, que permita su realización integral y la de su familia, para que a partir de ella pueda formar parte de las asociaciones intermedias y transformar así una gran comunidad organizada. Por eso intentamos ayudar, sobre todo, a las microempresas.
Queremos que cada hombre pueda sentir el orgullo de ser parte de un sistema que contribuya a su desarrollo y al de su patria, gozando plenamente de los derechos que garantiza la registración; me refiero concretamente a los beneficios de la seguridad social, a tener una jubilación, a acceder a la salud y a una vivienda digna.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia recuerda al señor diputado que comparte el tiempo de exposición con otros oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. ROMERO, OSCAR ALBERTO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: se ha afirmado que este proyecto de ley apunta a fomentar el empleo y que puede desfinanciar el sistema de previsión social. En realidad, el objetivo de esta iniciativa es terminar con una situación que ya se planteó durante el debate: la división entre los trabajadores en negro y en blanco, términos que me parecen absolutamente racistas porque no hay trabajadores de distintos colores. Hay trabajadores que están dentro del sistema y otros que se encuentran fuera de él, y lo que intentaremos con la futura ley es que estos últimos –cuya cantidad reconocemos que es importante- se incorporen al trabajo registrado y puedan gozar de beneficios sociales, representatividad gremial, aportes previsionales y una vivienda digna. En suma, de todos los derechos que tienen los demás.
Finalmente, me parece importante recordar que cuando nuestro presidente Néstor Kirchner inició la construcción de un modelo argentino con crecimiento e inclusión a partir de la creación de trabajo digno, quería plasmar un modelo donde el pueblo argentino fuese el principal actor y beneficiario. Lo hizo sin copiar recetas enlatadas y poniendo de pie nuestra capacidad para actuar colectivamente. También recuerdo cuando nos decía: ¡Fuerza Argentina, a recuperar nuestra estima que realmente podemos!


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. GDANSKY, CARLOS ENRIQUE (BUENOS AIRES): Señora presidenta: creo que muchos diputados que están en este recinto, y también muchos de los que no están, en algún momento de su vida debieron sufrir el trabajo no registrado y aceptar sus injusticias: no tener obra social, no ser defendidos, etcétera.
En 1943, cuando el general Perón llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión elaboró nuevos instrumentos de estrategia política basados en el reconocimiento de la clase trabajadora. No sólo ayudó a la creación de nuevos sindicatos sino que realizó asambleas políticas, mejoró los salarios de los obreros, estableció el diálogo con los trabajadores e instituyó medidas innovadoras para la época, como las vacaciones pagas, el aguinaldo, el seguro social y el Estatuto del Peón.
Si bien solicito autorización a la Presidencia para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones, quiero hacer una reflexión breve, fundamentalmente para los compañeros diputados del movimiento obrero. Concretamente deseo decirles, por un lado, que cuando tenemos un tema en particular como el que estamos tratando, referido al trabajo no registrado, terminamos apartándonos de la cuestión que estamos planteando y, de repente, algunos en el recinto y otros en los canales de televisión terminan hablando o queriendo hablar del significado de la democracia sindical.
Creo que debemos tener cuidado en esto, sobre todo cuando se habla desde un bloque en particular en defensa de los trabajadores, los pobres o los más necesitados de los años 90.
Afortunadamente en la Argentina somos muchos los que hemos peleado. No solamente lo hicimos en los años 90, porque en ocasiones también se incurre en el error de creer que sólo se lo hizo en ese tiempo. En muchas épocas de la Argentina se han registrado crisis políticas, con asesinatos, maltratos, secuestros y fusilamientos. Por suerte fuimos muchos los que peleamos contra eso y a favor de la democracia.
Pero tratar de discriminar a algún compañero de un sindicato respecto de otras organizaciones gremiales constituye un grave error, porque lo mejor que le puede ocurrir a la Argentina –y esto lo saben los compañeros- es lograr la unidad del movimiento obrero, ya que muchas veces la necesidad de nuestra patria logró que esos dirigentes serios y responsables, como decía el general Perón, alcanzaran la unidad en defensa de las necesidades del pueblo.
Pero se incurre en un error muy grave que consiste en concurrir a un canal de televisión para formular estas críticas, hablar de la democracia sindical y, de repente, hablar mal del ministro de Trabajo, que es un hombre que forma parte de este proyecto nacional y popular.
Hablan mal del ministro de Trabajo en ese momento pero hablan bien de él cuando, de pronto, inventan listas sábanas en los estatutos. Entonces allí, cuando hay que efectuar la homologación correspondiente, el ministro de Trabajo pasa a ser Gardel.
No, señores, la democracia sindical es algo general, tal como lo expresó el señor diputado Roberti. Insisto en que hay algunos que en la televisión hablan de la democracia sindical pero que a la hora de armar sus estatutos trabajan sobre una lista completa donde es imposible que alguno de los jóvenes trabajadores y delegados de fábrica tengan una ubicación para poder participar.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia informa al señor diputado que ha finalizado el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita que redondee su exposición.


SR. GDANSKY, CARLOS ENRIQUE (BUENOS AIRES): Para finalizar quiero pedir a los compañeros que tomen el ejemplo de lo que dijo el señor diputado Roberti: a cada uno de los sindicatos los votan los trabajadores que los integran, y cuando hay que modificar algo en ellos también lo hacen los propios trabajadores y delegados.
Los compañeros del movimiento obrero no deben olvidarse de quiénes éramos y cómo estábamos en diciembre de 2001, al tiempo que deben pensar lo que ocurrió en los últimos diez años, cuando recuperamos la dignidad que tuvimos en aquellos diez felices años del gobierno de Juan Perón y de Eva Perón. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.


SRA. CONTRERA, MONICA GRACIELA (CHUBUT): Señora presidenta: nos encontramos en este recinto para dar un paso más adelante en la tutela de los derechos de los trabajadores y en la lógica del trabajo como factor de inclusión y movilidad social, a través de la aprobación de medidas conducentes y necesarias para la promoción del trabajo registrado y la profundización de la lucha contra el fraude laboral.
En este sentido me interesa destacar que desde 2003 este gobierno ha llevado adelante numerosas iniciativas a fin de garantizar los derechos de los trabajadores, como por ejemplo la modificación del régimen de trabajo agrario, el régimen especial de contrato de trabajo para casas particulares, la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, entre otros.
Recordemos que durante el período comprendido entre los años 2003 y 2013 se crearon alrededor de 6 millones de puestos de trabajo; que la tasa de desocupación sufrió un acelerado descenso, alcanzando el 6,8 por ciento en 2013, siendo de las más bajas desde el año 1992; que la cantidad de trabajadores declarados en el sistema de seguridad social creció un 92 por ciento entre los años 2002 y 2012, alcanzando en la actualidad el nivel más elevado de los últimos treinta y ocho años y que la tasa de empleo no registrado en los últimos diez años pasó de un 49 por ciento, en 2003, a un 34 por ciento, en 2013.
Más allá de la claridad manifiesta de los números entiendo que aún nos resta mucho camino por andar. Resulta innegable que el trabajo registrado e irregular aún presenta dimensiones que afectan las condiciones de inclusión y equidad en nuestra sociedad.
Este es un paso más, un paso necesario y complementario de los que aún nos restan dar hacia la consagración de la protección de los derechos de los trabajadores y de la garantía de su tutela.
Sobre ese particular, no puedo dejar de mencionar el conflicto que están sufriendo los compañeros de TV Fuego, en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, a quienes la patronal, de manera salvaje e impune, vulnera sus derechos. Los encuadran convencionalmente en un convenio que establece inferiores remuneraciones y diferentes condiciones de trabajo y los priva de sus derechos sindicales; los persiguen.
Como manifesté en un proyecto de resolución de mi autoría, el conflicto que se desarrolla en Río Grande es uno de los más extensos que ha afectado al sector, y al día de la fecha no tiene solución.
En el caso de TV Fuego, en lo que respecta a su planta de personal técnico de cuarenta y tres trabajadores, para sorpresa de todos sólo dos estaban registrados bajo relación de dependencia; el resto cumplían las mismas tareas en el mismo lugar, pero figuraban bajo relación de dependencia de una SRL, en claro fraude a la ley.
Aclaro que hablo en pasado porque la empresa, en flagrante violación a las normas, durante la conciliación obligatoria suspendió a un grupo de trabajadores y, finalizada la conciliación, despidió al 85 por ciento de los “laburantes” que reclamaban sus derechos.
Por todos esos atropellos que está llevando adelante la patronal, el sindicato del cual formo parte Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos-, ha formulado denuncias ante el Ministerio de Trabajo y el AFSCA, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que en su artículo 44, inciso e), establece la prohibición de delegar la distribución de los servicios de comunicación audiovisual y, luego, en el artículo 106 determina esta conducta como “falta grave”, correspondiendo como sanción multas, suspensión de publicidad y/o caducidad de licencias.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia recuerda a la señora diputada que comparte el tiempo con otro orador.


SRA. CONTRERA, MONICA GRACIELA (CHUBUT): Ya finalizo, señora presidenta.
Así, resulta que nos queda por dar aún una gran batalla; la madre de las batallas. Me refiero a la tercerización laboral. Esta es la dirección que debemos seguir: ¡Basta de trabajadores de primera y de segunda! Tenemos que terminar con estos resabios del neoliberalismo que tanto daño hicieron a la clase trabajadora y a la sociedad en su conjunto. Recordemos que en la década del 90 de cada cien puestos de trabajo, noventa eran no registrados.
Lo que sucede en Río Grande no es aislado. En provincias como Formosa, San Luis, La Pampa y La Rioja también hay conflictos. Las condiciones irregulares de contratación, las desigualdades salariales existen en las emisoras provinciales, con el agravante de que en estos casos el empleador es el Estado, justamente quien debería tutelar los derechos de nuestros compañeros.
Para cerrar, como dije anteriormente, la aprobación de esta medida es sólo un paso más de los que nos restan dar, y como la medida propuesta tiene la direccionalidad de la tutela de los derechos de los trabajadores es que adelanto mi voto positivo. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. KOSINER, PABLO FRANCISCO JUAN (SALTA): Señora presidenta: quiero hacer referencia a la legitimidad de este proyecto. El miembro informante del dictamen de mayoría, compañero Recalde, habló claramente sobre el contenido y yo quiero referirme a la participación que han tenido las provincias.
Un diputado preopinante planteó que el debate de este proyecto había sido insuficiente, pero yo quiero señalar que no sólo hubo discusión en el marco parlamentario sino también en el Consejo Federal del Trabajo.
El artículo 2° del Pacto Federal que crea ese Consejo dice que una de sus misiones y funciones, además de impulsar políticas generales y fortalecer la administración del trabajo, es formular propuestas ante los cuerpos legislativos.
El 16 de mayo pasado, en la reunión plenaria número 85, celebrada en la provincia de Salta, ese Consejo Federal emitió una resolución en la cual plantea la adhesión en general al proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral elaborado por el Poder Ejecutivo nacional y además solicita a la Cámara de Diputados de la Nación su pronto tratamiento y aprobación.
En los fundamentos el Consejo Federal del Trabajo se reconoce como herramienta clave para la articulación de los respectivos roles del Estado nacional y los estados locales, y destaca que la política de trabajo que viene teniendo el gobierno nacional ha permitido la recuperación de cerca de 6 millones de puestos de trabajo, la sensible disminución de la siniestralidad laboral, las tareas conjuntas de prevención en materia de salud y seguridad del trabajo y la lucha frontal por la erradicación del trabajo infantil, entre otros significativos resultados obtenidos.
Pero lo más interesante de esta resolución del Consejo Federal del Trabajo que apoya el proyecto que hoy tratamos y que habla de las consideraciones de la política laboral que han permitido recuperar trabajo en Argentina, erradicar el trabajo infantil y demás conceptos que mencioné, es que está firmada no sólo por los ministros de Trabajo de los gobiernos que pertenecen a nuestro signo político sino también por los de la provincia de Santa Fe de signo socialista-, San Luis que sabemos que es disidente del gobierno nacional-, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que administra el PRO-, y de Corrientes que administra la Unión Cívica Radical-, entre otros.
En consecuencia, además del trámite parlamentario, esta iniciativa con sus consideraciones políticas ha tenido el apoyo de quienes administran las políticas laborales en cada provincia.
Entonces, el proyecto en consideración es una política de Estado que está siendo avalada por los representantes de las provincias que, como aquí se ha dicho y defendido, tienen la facultad de ejecutar la política de policía del trabajo, entre otros.
Estamos convencidos de que este proyecto ayuda a las economías regionales, dinamiza la actividad y posibilita la regularización del empleo en las pymes -en los últimos años, más de 210 mil pymes generaron 2.800.000 puestos de trabajo en la Argentina- y fortalece el proceso de fiscalización del Estado.
Por eso desde las provincias debemos acompañar fuertemente esta iniciativa del gobierno nacional, que genera una mejor calidad de empleo en la Argentina e incorpora a miles de trabajadores a la protección del Estado. Varios organismos internacionales han reconocido la actividad de protección del Estado, por ejemplo, en materia de seguridad social. Hoy, a nivel de política de seguridad social, la Argentina es el país del mundo con mayor contención y cobertura y ocupa el primer lugar en América Latina.
Dentro de este contexto revalorizamos el rol del Estado, que ha generado un modelo que permitió dejar atrás la flexibilización laboral, la precarización del contrato de trabajo y el subsidio al empleador, los contratos “basura”, el fraccionamiento de las vacaciones y el aguinaldo y la parte de la Ley de Concursos y Quiebras que impedía la aplicación de los convenios colectivos.
Ese es el modelo que ha dado origen a importantes reformas laborales desde el año 2003. Se trata de un cambio rotundo que impacta positivamente en la dinámica económica y social de nuestro país.
Por estas razones estamos convencidos de que estos proyectos mantienen las facultades de las provincias. Así, ellas y el Estado nacional podrán mejorar la calidad del trabajo en la República.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado Giubergia, quien comparte su término con el señor diputado Pastori.


SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY): Señora presidenta: ya que hoy está tolerante, espero que no nos corte el micrófono. De todas formas, trataremos de adecuarnos al reglamento.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Gracias, señor diputado.


SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY): Previamente al análisis particular del proyecto en debate, que acompañaremos en general pues consideramos que debemos tomar algunas medidas para preservar el trabajo registrado, tenemos ciertas objeciones respecto de lo establecido en algunos de sus artículos.
Es menester manifestar que si bien la reducción de las contribuciones puede constituir un aporte para lograr que se registren algunas relaciones laborales, ello no es más que una dosis de aspirina para una enfermedad grave.
Así, cada día observamos con preocupación el cierre de pequeñas unidades comerciales que se desarrollan en talleres, fábricas, etcétera; esto, sin dejar de mencionar la situación de muchas empresas que se encuentran suspendiendo personal, y en algunos casos, despidiéndolo. En ese contexto, los empleadores suspenden o despiden a trabajadores que tenían registrados y respecto de los cuales efectuaban todos los aportes y contribuciones fijados por ley.
Asimismo, también podemos observar que las empresas o comercios de mayor importancia no están generando nuevos empleos y tampoco renuevan el puesto de quien se jubila o renuncia. Todo esto nos indica con elocuencia que la solución a cuestiones de tanta importancia es mucho más compleja que ampliar multas por el trabajo no registrado.
También es importante destacar que las economías regionales se vienen desangrando paulatinamente como consecuencia de distintas medidas económicas que les han hecho perder competitividad; además, esta merma repercutió en la pérdida de mercado. Tampoco podemos dejar de mencionar que ante la suba de los combustibles el precio de los fletes se torna preocupante, aun mucho más si tenemos en consideración las distancias que se recorren en nuestro gran territorio nacional.
Un párrafo aparte merece la inflación, cuyo índice es poco creíble. Se trata de una cuestión que pareciera no tener solución al menos de manera cercana; es más, se retroalimenta. Si tomáramos las mediciones del INDEC que indican que en Resistencia hay pleno empleo y que en Formosa existe un 2 por ciento de desocupación, entendería que esta norma no fuese aplicable a esas regiones, pero todos sabemos que absolutamente nada tiene que ver eso con la realidad.
No podemos dejar de mencionar que en el proyecto presentado, que estamos tratando, se intenta crear un sistema para permitir que más cantidad de trabajadores cuenten con una relación de trabajo registrado, a los fines del pleno ejercicio de la totalidad de los derechos que las leyes laborales les otorgan. Esa intención es buena, pero observamos que a los trabajadores que ya están registrados se los agobia con una carga impositiva excesiva, agregando además el pago de un impuesto al trabajo, aunque muchos no quieran ver de esta manera el pago por ganancias.
Reiteraremos hasta el cansancio que el impuesto a las ganancias es un impuesto al trabajo porque los trabajadores deben meter la mano en sus bolsillos y sacar de su sueldo, que no es más que su medio de subsistencia, el monto necesario para cumplir con este tributo.
No son pocas las dificultades que atraviesan tanto los empleadores como los trabajadores, y en medio de este panorama aparece este proyecto que hoy tratamos. Así entonces creemos que está bien que se intente fomentar la inscripción de trabajadores, pero no estamos de acuerdo con criterios excluyentes, que traen aparejada confusión y que al momento de tratar el artículo 18 desarrollaré.
En cuanto al proyecto, una de nuestras disidencias se destaca en los artículos 13 y 14. Entendemos que en el artículo 13 se establece un vínculo entre una ley de promoción de empleo y una política sancionatoria para las pequeñas empresas y/o establecimientos comerciales, como sucede al procederse a al inscripción en el REPSAL, lo que posiblemente las llevaría a perder el acceso al crédito.
De esta forma, la empresa sancionada por la autoridad de control se ve ante a una duplicidad de penas, lo que traerá aparejadas situaciones complejas y litigiosas. Creemos que lo correcto sería que en el artículo 13 se estableciera como obligación del Registro el incluir y publicar las sanciones firmes a los empleadores que violaron la ley, otorgando un plazo de 90 días a partir de su vigencia.
Asimismo en los artículos recién mencionados observamos que las sanciones establecidas se encuentran ya en la ley 25.212, de ratificación del Pacto Federal del Trabajo, Anexo II, Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. Allí están correctamente tipificadas tanto las infracciones como sus respectivas multas para los supuestos en que se incurra en la violación de las leyes y reglamentos del trabajo, salud, higiene y seguridad. Es por ello que en caso de prosperar las penalidades establecidas en este proyecto los empleadores infractores serían aparentemente víctimas de dos penas diferentes por el mismo hecho.
Por otra parte, en el último párrafo del artículo 14 se establece lo siguiente: “En los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso concreto la aplicación de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la presente ley”. Esto nos resulta a todas luces una injusta solución, porque convengamos que dejar al arbitrio del poder de turno la determinación de a quién corresponde la emergencia y a quién no, es al menos arbitrario.
Debemos ser serios. Cuando una inundación afecta una región o un pueblo determinado, la catástrofe afecta a todos y no a unos pocos elegidos por los gobernantes. Es lamentable subordinar al poder político los beneficios de promoción de una ley para empresas, y por ello la Unión Cívica Radical propone que se quite del proyecto ese vínculo entre Estado y beneficiado para que si buscamos beneficiar a alguien, que sea a la totalidad; no queremos que se haga un uso clientelar de esta situación.
Tampoco acompañamos el artículo 18 porque excluye a las sociedades anónimas y a otras sociedades de personas afectando directamente a las economías regionales, que sabemos hoy se encuentran en una situación de total falta de competividad.
También en relación con el artículo 18 nos parece que los beneficios establecidos en ese capítulo deberían ampliarse en su número. Consideramos que se debería aplicar a todos los empleadores comprendidos entre cinco trabajadores y hasta un total de ochenta.
Tampoco estamos de acuerdo con lo reglado en el artículo 21, ya que quien tiene pocos empleados es porque los necesita a todos y si se produce un despido lo más seguro es que ese despido se produzca por justa causa. Por ende, hacer perder al empleador el beneficio de esta ley sin esperar a que éste pueda demostrar que existe justa causa, nos parece injusto.
Por lo expuesto, cabe señalar que no estamos de acuerdo con la redacción de los artículos 28 y 29. Concretamente, proponemos que el artículo 28 quede redactado de la siguiente manera: “Quedarán excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 20 los empleadores que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación. La exclusión se producirá de forma automática desde el mismo momento del hecho.”
Durante el tratamiento en particular de la iniciativa haremos la propuesta de modificación del artículo 29.
Existe un aspecto que nos preocupa doblemente y que surgió en la reunión de comisión en la que preguntamos al señor ministro de Trabajo cuál era el costo fiscal de esta medida. Nos dijo que el costo fiscal ascendía a la suma de 3.100 millones de pesos. Sabemos perfectamente que esto afecta e impacta negativamente en los haberes de nuestros jubilados. Estos aportes van a la ANSES; se trata de 3.100 millones de pesos menos que tendrá la ANSES.
Debemos recordar que para llevar adelante la actualización de los haberes de los jubilados una de las variables que se tiene en cuenta es la recaudación de la ANSES. Entonces, cuando se transfieren 3.100 millones de pesos al sector empresarial, ello impacta negativamente en los haberes de los jubilados en el momento en que dichos haberes tengan que ser actualizados de acuerdo con la fórmula, más allá de que el señor ministro haya manifestado que tratarán de solucionar en la reglamentación este inconveniente que se ha planteado. En este sentido, al hacerse la pregunta en la comisión, no tuvimos las respuestas necesarias.
Atender estas políticas de desgravaciones impositivas considerando que las contribuciones y los aportes patronales son impuestos, es un argumento que no acompañamos. Recordemos que en la época de Cavallo hubo distintas experiencias que quisieron llevarse a cabo en esta materia, es decir, bajar los aportes y las contribuciones patronales para sostener y promover el empleo. Todas las experiencias existentes en la República Argentina llevaron lisa y concretamente al fracaso. No obstante, desde la Unión Cívica Radical no pondremos trabas al Poder Ejecutivo, y por lo tanto acompañaremos en general este proyecto de ley, planteando durante la discusión en particular las observaciones que he mencionado.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.


SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES): Señora presidenta: como bien dijo mi compañero de bancada el señor diputado Giubergia, estamos en presencia de uno de esos típicos proyectos de ley que bajo un título ampuloso y grandilocuente no permiten saber a ciencia cierta cuáles serán sus resultados, que en gran medida dependerán de cómo se instrumente, reglamente y aplique la norma que en un rato seguramente sancionaremos.
Por eso decía que acompañamos en general la iniciativa. Compartimos el objetivo y la idea propuesta por el Poder Ejecutivo en este proyecto de ley, aunque nos parece que quedamos a mitad de camino.
Leía la versión taquigráfica de la discusión en el Senado de esta iniciativa y allí se decía que no debe entenderse que esta es una ley de blanqueo, que no lo es.
Entonces, ¿a qué apunta? El ministro Tomada, en la reunión de comisiones, aquí en Diputados, decía ante una intervención del señor diputado Santín, de nuestro bloque, lo siguiente, según la versión taquigráfica: “Este proyecto tiene otro objetivo, ayudar a emerger a los trabajadores del sector más dinámico de la economía en la generación de empleo y de menor rentabilidad.” También decía el ministro Tomada: “La verdad es que si alguien piensa que se creará empleo es porque está mirando otro canal”. Textuales palabras del ministro Tomada.
Entonces, si no es una ley de blanqueo, si no es una ley que va a generar nuevos empleos, ¿qué busca esta ley? Es una ley que termina a mitad de camino, que no es ni chicha ni limonada.
Decía el señor diputado Giubergia que una de las cuestiones centrales de nuestra divergencia o de nuestras disidencias parciales radica en que se asocia una ley de promoción o de incentivo con un régimen sancionatorio. Por un lado, tratamos de promover, pero por otro, estamos aplicando severas sanciones.
Una empresa que ya ha sido sancionada por no tener empleados registrados o no estar inscripta, por el Ministerio de Trabajo o por la AFIP, según el caso, ahora recibe otra sanción, que es figurar en el REPSAL y excluirla de todos los beneficios que pretende instrumentar este proyecto. Entre estos están, por ejemplo, conseguir préstamos a tasas subsidiadas en bancos oficiales, concretamente en el Banco de la Nación Argentina.
Quiere decir que en vez de promoverlas, incentivarlas, vamos a castigarlas y tal vez darles un golpe de gracia a su situación crítica. Esta cuestión no cierra.
Por eso es que no vamos a acompañar, por lo menos en su actual redacción, los artículos 13, 14 y 15 del proyecto.
El diputado de mi bloque hablaba también del insuficiente alcance del proyecto, al limitarse en el caso de los microempleadores, a beneficiar solamente a los que tienen 5 empleados hasta un total de 7, pero para los empleados números 6 y 7 se deberán ingresar las contribuciones patronales previstas en el régimen general de la seguridad social.
Se podría dar el caso, lo cual también se expresó de alguna manera en la discusión en el Senado, de una microempresa con sede en Buenos Aires; por ejemplo, una agencia de turismo que tenga 5 empleados y esté alcanzada por los beneficios de esta ley en cuanto al capítulo que expresamente se refiere a los microemprendimientos, que es un régimen permanente, y se le ocurra abrir una sucursal en la provincia de Misiones con 3 empleados. Entonces, teniendo 8 empleados, quedarían todos fuera de ese capítulo especial.
Por eso lo que en realidad estamos haciendo es desincentivar el crecimiento normal de una empresa que pueda llegar a tener 8 empleados; si bien va a seguir siendo una microempresa, va a perder el incentivo que otorga este proyecto.
También se habló del alcance en cuanto al tipo societario. Habla de personas físicas y de personas jurídicas que sean sociedades de hecho y de responsabilidad limitada, dejando afuera a todos los demás tipos societarios, como las sociedades de personas, de capital e industria, y sociedades en comandita simple; las propias sociedades irregulares que son diferentes a las de hecho quedan afuera, así como se mencionó el caso de las asociaciones civiles.
Por eso vamos a proponer en particular que el texto del artículo 18 quede redactado de la siguiente manera: “Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, sociedades comerciales y las asociaciones civiles que empleen hasta 5 trabajadores siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.” De tal manera que la limitación estará dada por los montos de facturación anual y no por esta limitación del tipo societario.
Todos conocemos que en una economía regional puede haber una sociedad anónima que haya tomado esa tipificación societaria por alguna cuestión de conveniencia, pero sigue siendo una microempresa que puede tener 3, 4 ó 5 trabajadores. ¿Por qué la vamos a excluir desde el inicio? Más vale que la exclusión esté dada por la facturación anual y no por el tipo societario.
Estas son algunas de las razones complementando las expresadas por el señor diputado Giubergia por las cuales el bloque de la Unión Cívica Radical votará afirmativamente este proyecto de ley en general. En el tratamiento en particular expresaremos nuestras disidencias y haremos las propuestas para cambiar el articulado. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. DAER, HECTOR RICARDO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: llegar al día de hoy y plantear la resolución de un tema tan importante, en el marco de un país con el 40 por ciento de trabajadores no registrados creo que es un avance satisfactorio para todos los que componemos este cuerpo y para todos los argentinos.
Tampoco podemos plantear la sanción desde el marco legal si no empezamos a reflexionar sobre temas políticos y sobre por qué llegamos a esta instancia.
Lo primero que tenemos que hacer como sociedad, como sociedad política, es realizarnos una autocrítica que determine por qué estamos así. ¿Por qué no hubo voluntad política en muchos casos? ¿Por qué no perseguimos un eje conductor hacia la formalización del empleo y por qué muchos a veces negamos que este sea un problema de la sociedad y del país al que no le encontramos solución en la política?
No todos tuvimos los mismos roles en las últimas décadas. Algunos nos planteamos desde sectores como el que me toca a mí, desde el movimiento obrero, que era una necesidad imperiosa abordarlo.
Nos encontramos con este proyecto y con este texto que verdaderamente no podemos debatir, pero también voy a adelantar que nuestro bloque lo va a acompañar con una disidencia que voy a explicar más adelante. Tampoco tuvimos condiciones en nuestro país que miraran hacia una sociedad con trabajo registrado en pleno.
No me puedo olvidar que tuvimos como emblema el paraíso del trabajo informal, que es La Salada, y que quien dirige ese espacio a la vera del Riachuelo se sentó formalmente a la mesa para conmemorar el Día de la Industria, y para peor, fue llevado como emblema y embajador nuestro a un país africano, formando parte de una representación de una jerarquía tal que la presidía nuestra presidenta de la Nación.
Pero aquí no se trata solamente de informalidad, sino que muchas veces detrás de esto hay trabajo esclavo, y esto no sólo se da con las grandes marcas sino con la falsificación de las prendas de las grandes marcas en nuestro país.
Por eso, cuando planteo la voluntad política estoy hablando precisamente de estos temas. Como bien se dijo acá, es verdad que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha incrementado la cantidad de inspectores, pero también es cierto que no es efectivamente federal la inspección que tienen los lugares de trabajo. Y perdónenme la digresión, pero les quiero contar –porque es algo que atañe a quien les habla y a los trabajadores de la sanidad de la Ciudad de Buenos Aires que hemos tomado la decisión de no hacer más denuncias ante la autoridad competente en la Ciudad porque no sólo no obteníamos respuesta por los vaivenes burocráticos sino que, lo que es peor, después de hacer la denuncia como organización sindical, nunca más teníamos noticias ni se hacía un seguimiento de esa denuncia. Y para peor, los denunciados eran citados sin la presencia de la organización sindical. Me refiero a la Ciudad de Buenos Aires para poner un ejemplo, pero eso seguramente se debe repetir en muchas latitudes de nuestro país.
Por eso creo algo que se ha manifestado: que no podemos vulnerar la actitud federal que tiene el Consejo Federal del Trabajo, donde participan todos los ministros. Creo que es fundamental que la Nación tome la inspección de los lugares de trabajo en este tipo de problemáticas, porque tiene las facultades que le da el hecho de haber ratificado los convenios de la OIT, que así lo marcan.
Pero en esto también tiene que ver otro tema: muchas veces tiene que ver la ideología y el prisma desde donde se fiscaliza. Algunos, para no perder relaciones con determinados empresarios o entendiendo que es mejor tener un trabajador no registrado que tener una empresa cerrada, no actúan debidamente cuando van a fiscalizar.
Por eso vuelvo a insistir en que este es un tema que la Nación debe tomar como propio. De lo contrario, en materia de inspección se va a seguir cometiendo la misma injusticia que tenemos hoy. Y no hablo precisamente de un tema coyuntural de uno u otro gobierno sino que me refiero al momento actual y también al futuro.
Para dar muestra de ello, me gustaría que cada provincia o circunscripción haga públicas las sanciones a los empresarios que actúan fuera de la ley, porque entonces podremos decir si efectivamente existió voluntad política al aplicarlas.
Por otra parte, quiero referirme a una situación para la que todavía no se encontró respuesta: las organizaciones sindicales no tienen potestad de inspección y lo único que pueden hacer es descubrir casos de empleo no registrado, aunque muchas veces se encuentran con que no les abren las puertas, denunciarlos y hacer un seguimiento.
Cuando hablo de organizaciones sindicales, me refiero a aquellas que mencionaron los señores diputados Gdansky y Roberti. Es decir, no a cuando tres personas se juntan por ahí y arman un sindicato en nombre de la democracia sindical sino a organizaciones que validan su historia de lucha cada vez que acompañan al Estado en la tarea de combatir el trabajo informal.
Cuando digo que decidimos no presentar más denuncias, estoy hablando de que vamos por el camino que menos nos gusta pero que es la única herramienta con que contamos los trabajadores. Al no encontrar soluciones por esa vía y tampoco en el Estado, optamos por la acción sindical y es ahí donde se generan los conflictos.
Me pregunto qué pasará no ya con el trabajo precario en la órbita estatal sino con el trabajo informal en su conjunto. Hay ejemplos en todas las provincias; en la de Buenos Aires, por ejemplo, empleados tercerizados de los hospitales y muchos establecimientos públicos han sido transformados en trabajadores que, en realidad, no son tales. Se trata de los llamados becarios, que no son monotributistas ni miembros de cooperativa alguna o empresa tercerizada sino que se encuentran en una situación peor: tienen relación con el Estado pero son becarios. Cuando el Estado o alguna dependencia paraestatal contrata por debajo de los costos y las variables de ajuste, porque muchas veces no se puede alcanzar el salario básico, los trabajadores terminan siendo no registrados.
Esperamos que este disparador, que vemos bien que haya tenido su origen en el Poder Ejecutivo nacional –por eso lo vamos a acompañar con alguna disidencia-, tenga un cumplimiento integral. El costo fiscal del que habló el diputado preopinante es verdad que lo cumplimos registrando a cien mil trabajadores. Esto también denota que el costo por cada trabajador no es tan grande como el que nos planteamos o imaginamos. Asimismo esto nos sirve para reflexionar acerca de que esto no va a generar empleo y de que debemos seguir debatiendo condiciones para continuar creando puestos de trabajo en nuestro país.
En cuanto a los efectos de la ley, los veremos. Estos son temas empíricos; no hay posibilidad de prejuzgarlos. Por eso veo bien que estemos discutiendo, pero creo no tenemos que ponernos alegres sino decir, simplemente, que estamos avanzando.
Pero hay un tema del proyecto de ley que fue objetado por nuestro bloque en la reunión celebrada por la comisión. Es cierto que el señor ministro planteó que se podía resolver por vía de la reglamentación, aunque creemos que eso no es posible. Consideramos que solamente tendríamos que modificar un párrafo del artículo 34 del proyecto, porque los aportes que efectuaría el Estado para compensar la baja de los aportes que dejarían de hacerse en el caso de esas empresas que tienen menos de cinco trabajadores provocaría una disminución del coeficiente “r” de la fórmula del índice del RIPTE, lo que traería como consecuencia una baja en los porcentuales de la movilidad jubilatoria.
Por eso nos gustaría efectuar un agregado en el penúltimo párrafo del artículo 34 del proyecto, para que podamos aclarar que esta misma compensación será tomada en el coeficiente “r” de la fórmula del índice del RIPTE.
Por último, también en relación con este artículo, solicito que se modifique el anexo de la ley 26.417 que especifica cómo se compone el coeficiente “r” de la fórmula del índice del RIPTE, permitiendo incorporar a dicho cálculo los aportes del Estado.
Con esta salvedad nuestro bloque va a acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo, en el convencimiento de que estamos en este recinto para abordar todos aquellos temas que nos permitan ir hacia adelante y consagrar una sociedad más justa.
Pero también debo decir que lamenté mucho cuando el miércoles pasado no pudimos seguir debatiendo en este recinto un tema tan complejo como el del impuesto al trabajo, que no es precisamente el de los aportes de que estamos hablando, que para todos nosotros es salario diferido. En este sentido, no voy a coincidir con lo expresado por un señor diputado preopinante, pero sí voy a señalar que sería bueno que en esta Honorable Cámara consideremos un proyecto relacionado con el tributo al trabajo, establecido en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) A continuación hará uso de la palabra el señor diputado Pinedo, quien compartirá su tiempo de veinte minutos con los señores diputados Baldassi y Gribaudo.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: nuestro bloque quiere, con su voto, dar un mensaje en el sentido de que, en primer lugar, estamos de acuerdo con la disminución de los impuestos al trabajo y, en segundo término, con combatir el “trabajo en negro”. Con respecto a esta última expresión hoy nos hemos apercibido de que es discriminatoria, así que vamos a hablar de trabajo no registrado.
A pesar de ello, desde este bloque hemos presentado un dictamen propio, elaborado por el señor diputado Sturzenegger, que intentaré explicar brevemente.
Entendemos que es mejor la solución que proponemos que la que impulsa el oficialismo en esta Cámara, pero a pesar de ello, vamos a votar en general en forma afirmativa, a fin de dar un mensaje claro de que queremos combatir el trabajo no registrado.
La propuesta bajo análisis tiene dos partes. Una, relativa a la disminución de las contribuciones patronales y, la otra, vinculada con las inspecciones y sanciones al trabajo en negro y sobre quién las debe aplicar.
Respecto del primer punto, la propuesta del oficialismo nos parece escasa. Creemos que no habilita un ámbito para que se generen nuevas fuentes de trabajo y tampoco protege a los más necesitados. En cambio, la iniciativa contenida en el dictamen de minoría presentado por nuestro bloque está claramente orientada a beneficiar a los trabajadores que reciben salarios más bajos, al empleo joven y al primer empleo, a fin de paliar con estas medidas una situación que es socialmente dramática.
Digo esto porque en la República Argentina hay entre 900 mil y un millón de chicos menores de 25 años que no estudian ni trabajan. A ellos debemos generarles oportunidades de trabajo.
Además, la situación social de nuestro país indica que la mitad de los chicos no terminan el colegio secundario. Esto es de extrema gravedad.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) El señor diputado Cabandié le solicita una interrupción. ¿La concede?


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Sí, señora presidenta.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. CABANDIE, JUAN (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: agradezco al señor diputado Pinedo por concederme la interrupción.
Teniendo en cuenta la reflexión que hizo sobre lo escaso de la iniciativa que impulsa el Frente para la Victoria, considero que sería mejor que le hiciera esas mismas recomendaciones al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el año pasado eliminó la función de los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, que debían controlar el trabajo no registrado.
Por lo tanto, creo que primero debería empezar por casa y recién después hacer sus recomendaciones.


SR. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: observo que el señor diputado Cabandié extraña sus funciones de legislador de la Ciudad de Buenos Aires; nosotros no.
Decía que la situación social es dramática por la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, por el hecho de que la mitad de los jóvenes de nuestro país no termina el colegio secundario y que, por lo tanto, habría que generar oportunidades de trabajo reales para todos ellos y para los que consiguen su primer empleo, ya que esa es la base sobre la cual van a ir construyendo su carrera laboral y desarrollando sus propias personalidades y el futuro de sus familias. Por eso nuestro proyecto es mucho más progresista, si me permite el bloque oficialista, porque claramente se orienta a beneficiar a estos sectores: los más desprotegidos, los jóvenes y quienes buscan su primer empleo.
La propuesta del diputado Sturzenegger consiste en eliminar los aportes patronales y los de los trabajadores cuando los salarios son inferiores a 5 mil pesos. De esta manera nos parece que efectivamente se va a generar una fuerte expansión de la oferta de trabajo en esos segmentos.
Esta es nuestra diferencia, que no es destructiva sino propositiva y claramente superadora.
Otro tema que tenemos que afrontar es si vamos a respetar la Constitución Nacional o no. La propuesta oficialista nos sugiere que no lo hagamos, que por una ley o una resolución de la OIT podemos cambiar la Constitución.
La Constitución Nacional es absolutamente clara en cuanto a que el poder de reglamentación, de inspección y de sanción en materia laboral corresponde a las provincias. La iniciativa en consideración propone eliminar esas facultades de las provincias y pasárselas al Ministerio de Trabajo de la Nación.
Afortunadamente, nuestro sistema institucional no permite que las mayorías circunstanciales del Congreso priven a las provincias de sus derechos, deberes y funciones. De acuerdo con la Constitución Nacional, todos los poderes que no han sido delegados por las provincias a la Nación siguen siendo de ellas y no hay ninguna decisión del Congreso Nacional que pueda privarlas de las facultades que ellas tienen y no han delegado. Lo que no han delegado las provincias es de las provincias y no de la Nación, y la Nación no puede decir que hay provincias malas que tienen mucho trabajo en negro y no controlan bien para apropiarse de sus atribuciones.
Este es un sistema federal y las propuestas de que las provincias, en lugar de tener las facultades constitucionales que tienen, sean sujetos con los cuales el ministro de Trabajo de la Nación tiene que articular, carecen de seriedad, legalidad y constitucionalidad.
En ese sentido, rechazamos frontalmente la propuesta que se hace. Creemos que hay que seguir trabajando donde corresponde, en el Consejo Federal del Trabajo, entre todos los ministros de Trabajo en forma coordinada con la Nación.
Con estas salvedades, que las vamos a hacer notar en particular, es que vamos a votar este proyecto.
Pido que se otorgue el uso de la palabra al señor diputado Baldassi.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
El señor diputado Kosiner solicita hacer una aclaración. ¿Le concede la interrupción, señor diputado Baldassi?


SR. BALDASSI, HECTOR (CORDOBA): Sí, señora presidenta.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. KOSINER, PABLO FRANCISCO JUAN (SALTA): Señora presidenta: quiero aclarar que la expectativa del diputado Pinedo fue cumplida por el secretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que hace tres días en la provincia de Salta, en el marco del Consejo Federal del Trabajo, firmó la adhesión a este proyecto, por lo cual debe haber estudiado el tema y evidentemente no comparte el criterio de la inconstitucionalidad. Le puedo acercar el documento con la firma al señor diputado. El tema fue debatido en el marco del Consejo Federal y la máxima autoridad de empleo de la Ciudad de Buenos Aires firmó el apoyo a este proyecto.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) El señor diputado Pinedo solicita hacer una aclaración. ¿Le concede la interrupción, señor diputado Baldassi?


SR. BALDASSI, HECTOR (CORDOBA): Sí, señora presidenta, pero solicito que se sume un minuto a mi tiempo.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: conozco perfectamente lo que dice el señor diputado Kosiner. El funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con autoridades colegas provinciales, ha firmado un documento en materia laboral por el que se nos pide que apoyemos este proyecto. Por supuesto, no vamos a hacerle caso; creemos que está equivocado y que ningún funcionario se halla en condiciones de modificar la Constitución.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. BALDASSI, HECTOR (CORDOBA): Señora presidenta: espero que adicione un par de minutos al término del que dispongo para hacer uso de la palabra.
El trabajo es el arma más poderosa para combatir la pobreza y la desigualdad, pero además –por sobre cualquier definición técnica es un bien social, que lamentablemente, por políticas equivocadas del gobierno nacional se ha tornado escaso en estos últimos tiempos.
La pérdida de competitividad de los sectores de la construcción, la industria y el comercio –sumada a la inflación, la inestabilidad del mercado y la fuerte caída del consumo viene generando un combo muy peligroso que requiere medidas urgentes para evitar que sigamos expulsando a muchos compatriotas del mercado laboral.
La mayoría de las terminales automotrices han comunicado su estado de crisis y progresivamente han comenzado con miles de suspensiones; lo mismo sucede con la industria autopartista y otros sectores que sufren los mismos problemas.
El tratamiento del presente proyecto de ley constituye una oportunidad para transmitirle al gobierno el clima de zozobra en el que viven muchos trabajadores de nuestro país, especialmente en mi provincia. Esta situación no puede ocultarse creando índices sino que debemos instrumentar políticas que brinden soluciones inmediatas para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo, que muchos años costará recuperar.
Esta realidad no sólo es advertida por economistas sino también por los sectores sindicales, políticos y de diferentes organizaciones sociales. No se trata de hacer oposición por el mero hecho de oponerse; resulta imprescindible comprender la enorme vulnerabilidad en la que han caído muchos sectores de la economía que son generadores de recursos y de fuentes de trabajo genuinos.
Este proyecto viene tarde y aun es insuficiente. Valoramos toda iniciativa que tienda a mejorar las posibilidades, las condiciones y la transparencia del empleo.
El trabajo, junto a otros bienes sociales como la educación y la salud, constituyen el componente fundamental para la realización individual y colectiva de toda comunidad. Por eso, nuestro bloque planteará sus diferencias en el tratamiento en particular de este proyecto de ley.
La creación de un registro de empleadores que no cumplan con la ley debería plantearse no como un instrumento persecutorio sino como una herramienta de análisis ordenadora de conductas perjudiciales para los trabajadores. Este punto me genera dos preguntas.
Por un lado, el Estado como empleador ¿será parte de este registro? Se sabe que el Estado es el principal empleador de monotributistas para tareas permanentes y que estos trabajadores prestan servicios en condiciones de desigualdad respecto de los empleados designados.
Señora presidenta, en los últimos años el número de empleados públicos ha tenido un crecimiento exponencial en nuestro país: de dos millones trescientos mil pasaron a cuatro millones. Por eso, resulta fundamental que el espíritu de este proyecto se refleje ante todo en la actitud que debe asumir el propio Estado.
Y la segunda pregunta es consecuencia de los datos difundidos por el INDEC en el último trimestre de 2013, que reflejan que el 44 por ciento de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es asalariado registrado, mientras que en el Norte de nuestro país esa condición sólo la tienen el 18 por ciento de los empleados. En razón de ello quisiera saber si el Estado nacional está dispuesto a trabajar para resolver esta situación de profunda desigualdad laboral.
Finalmente debo manifestar que avalamos el incentivo que significa la reducción de los aportes patronales, y quiero dejar en claro que estamos convencidos de que todos los incentivos que promueva el Estado son instrumentos de progreso siempre y cuando no se transformen en herramientas de especulación. Al respecto, solicito a la Honorable Cámara que valore el dictamen de minoría redactado por el diputado Sturzenegger en el que se promueve la reducción de las cargas y los aportes patronales sobre aquellos salarios de menor monto con el fin de estimular el primer empleo y por supuesto el empleo joven.
Registrar al trabajador, señora presidenta, constituye un enorme avance para todos aquellos que pensamos construir una sociedad más equitativa y justa donde realmente exista una igualdad de oportunidades.
Para finalizar, es bueno recordar aunque pareciera estar de más en este recinto que el trabajo es un derecho garantizado por los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Por ello, deseamos profundamente que el gobierno se decida a avanzar con rigor institucional sobre el respeto por éste y otros derechos garantizados por nuestra Constitución. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. GRIBAUDO, CHRISTIAN ALEJANDRO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: al debatir los proyectos vinculados con el empleo muchos de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra perdieron la oportunidad de hablar del presente y el futuro y de ligar el empleo a la generación de mano de obra genuina. Muchos prefieren perder el tiempo discutiendo lo que sucedió en los noventa –o incluso antes o en la crisis de 2001, uno de los momentos más duros por los que atravesó nuestro país, y yo creo que hoy se da una oportunidad fenomenal para pensar no sólo en el presente sino también en el futuro.
Lo cierto es que algunos datos del presente son preocupantes. Por supuesto nos preocupa lo que pasó en los noventa, pero también lo que sucede ahora. El INDEC señala un crecimiento de un punto en el último trimestre en materia de desempleo, con una tendencia que se mantiene en los últimos años, y una subocupación del 8 por ciento, todo lo cual involucra a 2.600.000 personas con problemas de empleo en el país.
Hay que sumar a esto lo que señalaba el diputado Baldassi sobre los problemas de las industrias automotriz, metalúrgica y de la construcción, como asimismo la retracción del consumo y la inflación que se come al salario. El diputado Pinedo señalaba muy bien el problema que hoy tenemos ligado al empleo, por el cual quien tiene la oportunidad de contar con un sueldo ve que éste va a parar al pago del impuesto a las ganancias o se lo lleva la inflación.
¿Cómo hacer que el Congreso entienda que frente a esta situación la Argentina necesita reglas de juego? Los diputados del oficialismo deben pensar que el Estado es generador genuino de empleo en muchas provincias, donde sostiene y motoriza el empleo público, pero también que los privados, los empresarios, las pymes, los emprendedores, a veces a costa de no tener ganancias sostienen a sus empleados, les pagan el aguinaldo y los mantienen en blanco para tratar de proteger a esas familias.
Frente a esta situación nos encontramos con un proyecto que propone la creación de un registro más. Digo esto porque para los productores agropecuarios o las pymes siempre hay un registro en la Argentina que les dice lo que tienen que hacer, y tal vez los persigue en vez de acompañarlos. En lugar de levantarles la mano, empujarlos, abrirles la puerta al mundo, fomentar que produzcan más y puedan exportar, les dice: “Cuidado, los estoy observando y estoy viendo que están infringiendo la ley.” ¿Quiénes lo hacían antes? Las provincias, el federalismo. ¿Quién lo hace ahora? Un gobierno, la discrecionalidad.
Como muy bien lo ha planteado el diputado Sturzenegger, es un serio error la creación de este registro que dará incertidumbre al empresario y al empleado y acarreará dudas en la generación de empleo genuino. Muchos diputados del oficialismo incurren en una confusión en sus discursos: el Estado está para proteger y controlar, no para perseguir. No se trata solamente de un Estado policíaco que deja que el productor pierda ganas de invertir, pierda ganas de incentivarse en la producción. Necesitamos un Estado mucho más presente en el día a día de la gente y que haga que el productor invierta más en el país.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. CABANDIE, JUAN (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: en relación con la preocupación vertida por el señor diputado, estaría bien que puedan plantear lo mismo en una industria o en algunas actividades muy pujantes en la Argentina como es la industria de la indumentaria o textil. En ese caso, sería bueno recuperar los talleres clandestinos que fabrican sin derechos y con total precariedad. De esos mismos elementos de producción se nutre la marca Awada, emparentada con el oficialismo, que trabaja con total precariedad y es generadora de trabajo en negro.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Señora presidenta: está muy bien que los colegas del oficialismo defiendan su gobierno y quieran volver a intentar una fórmula repetida y fracasada.
Me llama la atención escuchar enfervorizados discursos invocando y reivindicando la vieja doctrina de los gobiernos del peronismo en el mismo momento en que deciden transferir recursos que desfinancian el sistema de la seguridad social, sin duda una de las banderas históricas del movimiento que representan.
También me llama la atención el enfervorizado discurso detrás de un proyecto que no es otra cosa que el reconocimiento del propio fracaso después de más de diez años de gobierno durante los cuales, habiendo tenido todas las herramientas políticas, económicas, legales y administrativas, no les han servido para modificar el estado de situación sobre el que quieren incidir en este momento.
Como lo manifestamos en la reunión de comisión a través de nuestra firma en el dictamen, el interbloque del Frente Amplio Progresista va a apoyar este proyecto de ley en general, aunque tiene discrepancias muy profundas respecto de sus contenidos.
Por momentos siento que apoyamos un título. El oficialismo nos envuelve cada vez más detrás de grandes títulos. Los títulos de los proyectos son cada vez más largos, contienen más palabras; así, el Congreso aprobó los grandes títulos de las estatizaciones, la soberanía monetaria detrás de la que escondieron las huellas en el caso de Ciccone. También tenemos una ley que habla de la equidad en la competencia electoral, entre otras cosas. Son títulos rimbombantes que poco tienen que ver con los instrumentos que se crean y mucho menos con la eficacia de la que el Estado dota a dichos instrumentos. Ahora vamos a tener esta ley con un título fantástico.
Siento que estamos apoyando buenas intenciones, y seguramente eso es lo que nos moviliza; pero da la impresión de que repetimos medidas que ya fracasaron. Entonces, el resultado no va a ser otro que reincidir en el fracaso. Sin embargo, queremos volver a dar el apoyo, porque compartimos que es necesario discutir seriamente, poniendo en el centro de la agenda pública, de la agenda de la política, un tema como es el trabajo informal.
Está claro que se trata de una discusión y una medida insuficiente, porque estamos en un escenario de alta inflación, de suba de tasas de interés y de devaluación, que impactan en el trabajo. Ello sumado a la persistente negativa del oficialismo de discutir la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que también impacta sobre los salarios y el poder adquisitivo.
A través de este proyecto de ley el Poder Ejecutivo quiere explicar que la informalidad laboral se debe a los altos costos laborales; error de diagnóstico. Es muy difícil llegar a un buen resultado cuando uno parte de un diagnóstico equivocado. De lo que no se habla es del impacto negativo que producen justamente en el mercado de trabajo las medidas económicas, fiscales y devaluatorias, así como la carencia de políticas de mediano plazo que permitan dar previsibilidad a la economía, porque ahí es donde está el punto de conflicto.
El problema en la Argentina es la falta de inversión, previsibilidad y confiabilidad, sobre todo por la inestabilidad de las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones me refiero a la moneda, que es una de las instituciones del Estado, que tiene como característica la inestabilidad por la falta de políticas vinculadas con esta cuestión.
Las medidas que se proponen no crean empleo ni van a reducir la informalidad laboral; ya tenemos otras leyes exactamente iguales que están en vigencia y que no dieron resultado por la inexistencia de condiciones económicas o, a veces, por los errores que se cometen desde la propia política económica. Esto se suma a la ausencia de un Estado que cumpla eficazmente con su tarea de control y fiscalización.
La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni mucho menos de la disminución de los aportes a la seguridad social; depende de las condiciones macroeconómicas. Hay que entender también que muchas veces en las pymes la informalidad es una salida para poder subsistir frente a la altísima presión fiscal, la más alta del mundo, que tiene la Argentina.
El empresario contrata y registra trabajadores no cuando le dan exenciones sino cuando tiene mercados, un horizonte productivo que le permita mirar hacia adelante y saber entonces que lo que está haciendo lo va a favorecer de manera directa y también indirecta porque está creando condiciones sociales diferentes.
Para modificar la situación del empleo en el sector laboral dependemos más de políticas económicas que de políticas de empleo. El problema es que no tenemos ni política ni estrategia económica, y cuando el barco va a la deriva es muy difícil poder encontrar un puerto que nos defina un resultado diferente.
En diciembre de 2008 se aprobó la ley de blanqueo, la 26.474. Ya teníamos la 25.877, con las mismas buenas intenciones: baja de aportes. Y acuérdense de esa publicidad que decía “Tudo bem, tudo legal”. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Sin embargo, después de esa publicidad los empleos formales disminuyeron en los meses siguientes por impacto de la crisis y el aumento que hubo después no fue significativo.
Desde ahí hasta 2013 la Argentina creó menos de 80 mil puestos de trabajo formal en el sector privado; esto es inferior al crecimiento de la población económicamente activa. Es interesante, y nosotros lo destacamos, el régimen para las micro y pequeñas empresas. Para esas empresas se necesitan otro tipo de herramientas que les permitan formalizarse no sólo en lo laboral sino también en lo legal, en lo tributario, es decir, darles otras posibilidades de existencia.
Vamos a acompañar el proyecto por sus buenos objetivos, por sus buenas intenciones, aun cuando tenemos disidencias y reservas sobre todo con la eficacia que este instrumento va a tener.
Cuando se debate la informalidad laboral hay que entender que no se habla de una actividad económica marginal en nuestro país sino más bien de un tercio de la población económicamente activa que está inserta por fuera de los marcos legales de protección laboral. Además, hay que advertir que muchas veces la informalidad laboral no está escindida de los sectores formales sino que forma parte de ellos.
Recién el señor diputado Cabandié hacía referencia a esto, y creo que son los casos más claros que necesitamos advertir, donde la economía informal forma parte de una economía formal dentro del mercado de trabajo, como se da en la industria textil.
Justamente las organizaciones y las empresas internacionales que sostienen empleo precario en condiciones de explotación son la muestra de este sistema heterogéneo donde lo que ha faltado durante todo este tiempo es una política de Estado.
A pesar de todos los pronósticos que siempre se han hecho con respecto al impacto positivo que iba a tener el crecimiento económico para absorber la informalidad laboral, hemos sido testigos durante todos estos años de altísimos porcentajes todavía de trabajo informal en nuestra economía.
Esa informalidad tiene consecuencias realmente negativas para los trabajadores, para sus familiares y para la sociedad en su conjunto; dificulta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos laborales, algo que planteó con claridad el señor diputado Recalde.
Los trabajadores no carecen de derechos sino que tienen dificultad para hacerlos operativos, y la informalidad laboral tiene justamente ese defecto: la dificultad para que los derechos que les sean reconocidos y poder ser ejercidos operativamente.
La informalidad laboral está asociada irremediablemente a la pobreza, a la de falta protección frente a riesgos sociales como el desempleo o los accidentes en el trabajo y afecta también a la capacidad y a la equidad del Estado en su posibilidad de recaudar recursos.
Las definiciones siempre son insuficientes, pero sí está claro que cuando hablamos de trabajadores informales nos referimos a una cantidad de categorías diferenciadas me animaría a decir que ni siquiera están todas enumeradas, como cuentapropistas, empleo asalariado no registrado y autónomos sin registro.
A pesar del crecimiento económico y de las políticas que de hecho como decían se han intentado implementar durante todo este tiempo el empleo informal sigue teniendo niveles muy alarmantes.
A pesar de la evidencia de que existe una mayor informalidad en trabajadores por cuenta propia, aquí hablamos del 50 por ciento, el empleo asalariado también registra un gran nivel de informalidad porque llega al 34 por ciento. Por lo tanto, el empleo no registrado entonces afecta a 3,5 de cada 10 trabajadores en la Argentina.
Hay una consecuencia o un elemento muy grave que tenemos que reconocer: la mayoría de los que no están registrados se encuentra en esa condición porque le fue impuesta por sus propios empleadores.
Creo que también es necesario advertir que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de obtener un trabajo formal. Justamente son las mujeres, los jóvenes y aquellos trabajadores con menores niveles de calificación –o sea, los grupos más vulnerables los que tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo formal, a un trabajo protegido por la ley.
La cuestión es preguntarnos por qué a pesar del crecimiento económico y de las tasas extraordinarias de crecimiento la Argentina sigue teniendo tasas tan elevadas de informalidad laboral. Nosotros queremos avanzar en esta discusión. Queremos dar las herramientas para que se pueda controlar y sancionar.
Este proyecto avanza en dos sentidos. Por un lado, en controlar y sancionar a aquellas empresas que pretenden aumentar su propio margen de ganancia a costa de los trabajadores, y por otro, tal vez más importante, en aliviar la carga en aquellas unidades productivas que presentan bajos niveles de productividad y donde el empleo no registrado está claramente vinculado a la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones debido a sus propias condiciones de vulnerabilidad. Me estoy refiriendo a los sectores empresarios más pequeños.
Sin embargo necesitamos seguir profundizando el debate en torno a las causas de un mercado laboral segmentado que excluye a una gran parte de trabajadores de la oportunidad de un empleo estable.
Aquí vuelvo a insistir entonces con uno de los fenómenos de nuestro tiempo que es la feminización de la informalidad. Se trata de una feminización que también está vinculada a las situaciones de pobreza, porque la mujer que comenzó a insertarse en el mercado laboral no lo hace en condiciones de protección: la mujer se inserta en el mercado laboral asumiendo una doble carga. Y muchas veces factores como la edad, las responsabilidades domésticas, el estado civil, el hecho de tener o no tener hijos o los niveles de educación limitan en una gran medida, a las mujeres, sus posibilidades de ingreso en el empleo informal.
Quiero tocar este punto de manera especial porque considero que estas cuestiones no se resuelven solamente creando registros para ver si podemos escrachar a algunos empleadores, y ni siquiera con la promoción de beneficios impositivos, sino que es necesario instalar en la agenda pública la perspectiva de género. En este tema este Congreso tiene demasiadas deudas, porque aquí duermen muchísimos proyectos destinados, entre otras cosas, a sancionar una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo en relación con las licencias que permitan asumir en condiciones de paridad las responsabilidades domésticas a mujeres y a varones.
Este esquema de reforma estructural tiene que ver con lo económico pero fundamentalmente con esos cambios que la ley debe operar y que también tendrán consecuencias de tipo social y cultural. Entre otros cambios deberíamos sancionar una ley que establezca y garantice los lugares de cuidados infantiles y fundamentalmente –como dije las responsabilidades domésticas compartidas.
Como dijimos, la informalidad produce dos tipos de empresas: aquellas en las que la no regularización laboral está vinculada con el beneficio empresarial, y por supuesto, con la posibilidad de recibir sanciones y el monto de esas sanciones, y aquellas empresas en las que la regularización laboral es un costo que está fuera del alcance de sus posibilidades, porque las pone en el riesgo de salir del mercado de trabajo.
En el caso del primer tipo de empresas, los controles y las sanciones son fundamentales, aun cuando el Estado argentino ha demostrado su propia ineficiencia en la persecución de los evasores. Nosotros aquí tenemos diferencias sobre el planteo que hace el proyecto. Se está castigando dos veces por la misma situación. Por eso no lo acompañaremos en particular. Para nosotros, el blanqueo de las relaciones laborales como puerta de ingreso a un sistema de protección social debe ser mucho más abierto y permanente.
Con respecto al segundo tipo de empresas, que son las unidades económicas de baja productividad y vinculadas al mercado informal, quiero decir lo siguiente. La CEPAL ha dicho que el 38 por ciento de los ocupados en el país son de baja productividad. En este sentido, la creación del régimen especial de los microempleadores es una propuesta que beneficia a este grupo. Ahora bien, la mayoría de quienes trabajan en esta situación lo hacen porque no tienen otra alternativa; y en muchos casos, esto se asocia a la supervivencia más que a un objetivo de realización personal o profesional.
La informalidad se reduce también por nivel educativo: el 63,5 por ciento de quienes tienen nivel primario incompleto está dentro de esos registros, mientras que en los sectores que tienen su educación superior completa, el porcentaje se reduce al 11,9 por ciento. Sin embargo, tenemos una escuela expulsiva, niveles altísimos de repitencia y deserción escolar, con una currícula escolar que atrasa y que está absolutamente divorciada de un proyecto de desarrollo económico, productivo, social y sustentable para la Argentina.
En los jóvenes de 14 a 24 años la informalidad laboral trepa al 59 por ciento aquí hablamos, entonces, de esos sectores especialmente vulnerables, mientras que el 81 por ciento de los trabajadores no registrados está en los 5 deciles de ingreso más bajos, entre los asalariados registrados lo está solamente el 31 por ciento.
También es necesario hacer una referencia a la situación del Estado, que incumple con sus propias obligaciones como empleador, disfrazando el empleo público de monotributistas, contratados o socios de cooperativas.
Se propone, además, la baja de los aportes patronales. Lo propuesto beneficia a las pequeñas empresas, pero nosotros creemos que más allá de la justicia que pueda tener esta norma particular, el sistema es injusto en su conjunto y es ineficaz. La cuestión de fondo es cuáles son las consecuencias, después de la vigencia de las leyes que tenemos, respecto de la ineficacia.
Esto nos lleva, entonces, a otra cuestión principal que no se puede ignorar, que es discutir un proyecto contra la economía informal cuando al mismo tiempo se impulsa una política económica de ajuste ortodoxo por parte de este gobierno, ya que es la política económica la que afecta la evolución del empleo y, sobre todo, el tipo de trabajo.
También es necesario discutir sobre las tasas de inversión. En Chile equivale al 23 por ciento del PBI; en Ecuador es del 24 por ciento y en la Argentina –de acuerdo con la serie publicada por el INDEC durante 2013- se invirtió en valores corrientes apenas un 17 por ciento del PBI. Es decir que nuestro país se encuentra por debajo del promedio registrado en América Latina. Sin inversión pública y privada no hay solución para problemas estructurales de la economía como los que estamos considerando.
Celebramos este debate. Coincidimos con el objetivo pero tenemos algunas reservas respecto de los instrumentos. No hay fundamentos para sostener que la disminución de las contribuciones patronales impacte en el empleo no registrado. Los sectores con baja productividad que forman parte de la economía informal siempre pueden modificar su situación si encuentran condiciones propicias para desarrollarse. El impacto será marginal, ya que la reducción de las contribuciones patronales no genera empleo.
El trabajador informal pertenece a una economía que es sobre la que deberíamos estar discutiendo, ya que es preciso debatir acerca de un proyecto que cambie la matriz productiva de la Argentina. Esa es la manera de generar empleo.
Para demostrar de qué forma las decisiones equivocadas en materia de política económica inciden en el empleo, basta mirar dos errores cometidos recientemente por el gobierno.
Uno es el aumento de los impuestos a los automotores, aprobado en esta Cámara hacia fines del año pasado, que trajo como consecuencia directa un grosero incremento en los precios, caída en las ventas, suspensiones y despidos en la industria del sector.
Otro es la prohibición a los frigoríficos de exportar carne, con la esperable pérdida de mercados internacionales y de puestos de trabajo.
En síntesis, la creación de empleo productivo y formal no depende de normas laborales sino fundamentalmente de políticas y condiciones macroeconómicas que favorezcan la inversión y el crecimiento. Reitero que estamos de acuerdo con los objetivos y las intenciones del proyecto de ley en consideración, pero que desde luego no creemos en las herramientas. A nuestro juicio, la clave en la Argentina es debatir acerca del empleo para atender los problemas presentes y abrir una luz sobre el futuro. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS): Señora presidenta: para quienes muchas veces nos tocó la difícil pero hermosa tarea de luchar y defender los derechos de los trabajadores, es importante esta herramienta con la que podremos contar a partir de hoy.
Quiero hacer propias las aseveraciones de los señores diputados Gdansky, Daer y Roberti de que en varias ocasiones fuimos los sindicatos –no las grandes estructuras que se fortalecieron con la presencia del Estado sino los delegados en soledad, con sus propias herramientas en los lugares más lejanos del país- los que luchamos contra este flagelo.
Estamos parcialmente de acuerdo porque creemos que este instrumento legal ayudará a combatir este problema que sufre la Argentina. La informalidad laboral no es algo nuevo; el último estudio del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina indica que el trabajo no registrado aumenta desde 1974. Las estadísticas son dispares, pero hay analistas que aseveran que alcanza a más del 40 por ciento de los trabajadores.
Esta iniciativa es importante porque a través de ella el gobierno reconoce parcialmente los síntomas de la enfermedad. En el propio texto acepta que con crecimiento económico y mayores controles no es suficiente para revertir la informalidad.
El proyecto en tratamiento persigue dos objetivos: la creación de un registro público de empleadores sancionados y la generación de beneficios para el trabajo registrado.
A fin de combatir el fraude laboral, es muy importante la publicación en el registro indicado de los empleadores que han sido sancionados por haber incumplido con las obligaciones a su cargo en perjuicio de los trabajadores, ya que ello les impedirá contratar con el Estado y acceder a subsidios y créditos otorgados por bancos públicos. Además, en caso de reincidencia en los incumplimientos, perderán beneficios impositivos.
Esto llevará a que los empleadores piensen seriamente antes de tener un trabajador no registrado, pues no son menores los impedimentos que tendrán como consecuencia de su conducta fraudulenta.
Por otro lado, el beneficio para quienes opten por el empleo registrado o por contratar nuevos trabajadores bajo este régimen será la reducción de las contribuciones patronales.
En el primer supuesto el beneficio es permanente y se aplica a las microempresas, ya sean personas físicas, sociedades de hecho o de responsabilidad limitada, con un máximo de cinco trabajadores, que pueden extenderse a siete si aumentan su plantel al momento de adhesión al régimen.
Lamentablemente, en este proyecto de ley se ha omitido la inclusión de las sociedades anónimas que tienen esa misma cantidad de trabajadores, pues si bien jurídicamente este tipo de sociedades están concebidas para las grandes empresas, no podemos negar la existencia de empresas pequeñas o familiares constituidas como sociedades anónimas.
En esos casos sus trabajadores se verán discriminados por una mera cuestión de tipología societaria a la que son ajenos. Vale aclarar que ello vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Solicito que esa situación sea revisada cuando se realice la reglamentación de esta ley.
Por otra parte, a los efectos de combatir el fraude laboral es fundamental el rol que cumplirá el Estado.
En materia de inspección del trabajo se introduce una modificación sustancial al procedimiento sancionatorio dispuesto por el Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, que fuera suscripto por el Poder Ejecutivo nacional y las provincias.
Mediante esta novedad se centraliza la fiscalización en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Con ello se deroga el Pacto Federal del Trabajo, vulnerando las atribuciones de las provincias en esa materia.
La Constitución Nacional en su artículo 121 dispone que las provincias conservan todo el poder no delegado por la propia Ley Fundamental.
A su vez, el artículo 61 de la Constitución de la provincia de San Luis, a la que represento, establece que el control o policía del trabajo es indelegable.
Así lo ha determinado también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando en varios fallos que “el poder de policía es un poder de las provincias que no admite el control o revisión de las autoridades nacionales”. El poder de policía es exclusivo de las provincias.
Además, el artículo 8° de la Constitución de la provincia de San Luis dispone que ningún funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades constitucionales, bajo pena de nulidad. Esta es una consideración que le quiero hacer a un señor diputado del oficialismo que ha manifestado la existencia de una firma por parte de un funcionario de mi provincia.
En consecuencia, un documento suscripto en el Consejo Federal del Trabajo no tiene validez alguna respecto de la delegación del poder de policía que se pretende instaurar, ya que es nula de acuerdo con lo establecido en la Constitución provincial.
Además, la modificación realizada por el Honorable Senado, a través de la cual se consignó que las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral serán ejercidas en todo el territorio nacional por el Ministerio de Trabajo de la Nación, articulando con las administraciones de trabajo provinciales, no soluciona la cuestión. El término “articular” permite actuar con independencia, lo que resulta inadmisible sobre la base de los antecedentes constitucionales citados.
Por las razones expuestas, adelanto que vamos a acompañar este proyecto en general, pero votaremos en forma negativa el artículo 36 y concordantes, es decir, los artículos 37, 38 y 39.
Por otro lado, debo manifestar que es una herramienta muy importante la que vamos a sancionar en lo atinente a la actualización de las sanciones establecidas en el Pacto Federal de Trabajo. En este sentido, cabe destacar que no se establecen montos fijos sino porcentajes con relación al valor del salario mínimo, vital y móvil. O sea que los montos de las sanciones se actualizarán automáticamente.

Sinceramente, sería muy bueno que se utilizara un mecanismo similar para la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más allá de que en nuestra opinión –así lo hemos manifestado- ese tributo tendría que ser eliminado y así dejar de gravar el salario y las jubilaciones. De todos modos, la actualización automática sería un avance.
Volviendo al tema en discusión, la actualización de las sanciones laborales ayudará a cumplir con la normativa internacional en la materia, en especial los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido ratificados por nuestro país. Al respecto, cabe recordar que los convenios citados disponen que las sanciones deben ser adecuadas a la gravedad del hecho.
Además, ambos convenios señalan como misión, en forma general, la necesidad de velar por el mantenimiento de la paz social mediante el sistema de fiscalización y sanción.
Entonces, la actualización automática dotará de mayor eficacia a la sanción, pues de lo contrario se podría tornar irrisoria al momento de su aplicación, lo que desalentaría el cumplimiento de las normas laborales.
Es importante destacar que algo es eficaz cuando se logra el cumplimiento de un fin propuesto previamente, para lo cual debe existir concordancia entre la conducta que se quiere lograr y la que efectivamente desarrollen las personas. Es aquí donde la inspección del trabajo juega un rol fundamental, ya que debe lograr que se respete el cumplimiento de la legislación laboral, pues a mayor cumplimiento mayor será su eficacia.
La eficacia tiene que ver con resultado; está relacionada con el logro de los objetivos. Entonces, en la medida que el orden jurídico sea eficaz, será válido y duradero; de lo contrario, carecerá de sentido.
La ejemplaridad de las sanciones y su efectiva aplicación debe ser una de las preocupaciones del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de mantener el preciado bien jurídico vinculado con la paz laboral, que tanto necesitamos los argentinos para lograr el crecimiento de nuestro país a través del pleno empleo.
Por todo lo expuesto, adelanto que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.


SRA. ARENAS, BERTA HORTENSIA (SAN LUIS): Señora presidenta: quisiera hacer algunas consideraciones en general, que es importante que las tengamos presentes.
En ese sentido, debo decir que el trabajo constituye un verdadero derecho humano, por lo que, como tal, el ser humano es el único que lo puede ejercer.
También es la base sobre la cual el hombre puede edificar su familia, ya que a través del trabajo puede hacer frente a las necesidades que ella le demande.
La iglesia católica, a través del papa Juan Pablo II, también se ocupó de este tema al señalar que el trabajo dignifica, justamente por las razones que acabo de mencionar.
Además, el trabajo contribuye, junto al esfuerzo de todos los trabajadores, a construir una sociedad.
Desde el punto de vista constitucional, el trabajo es reconocido desde la Constitución de 1853, que lo considera entre los derechos y garantías, pero es con el advenimiento del gobierno del general Perón y con la Constitución de 1949 cuando realmente el trabajo se consagra a través de todos los derechos y garantías que constituyen un verdadero “decálogo del trabajador”, como lo llamamos los peronistas.
Después del golpe de 1955 algunos de estos derechos fueron quitados y nunca más se recuperaron, a pesar de que los diferentes gobiernos democráticos han trabajado por mejorarlos.
Hoy estamos aquí para hablar del trabajo no registrado, trabajo informal o trabajo en negro, que son todos sinónimos y constituyen una verdadera situación compleja, que es difícil de resolver.
Si lo vemos desde el punto de vista económico, probablemente se trata de un empresario que quiere abaratar los costos frente a un ser humano que se constituye en trabajador por la necesidad.
Pero en esta situación influyen numerosas causas, que van más allá de esta ley y no están descriptas, como es la pobreza en sí, y que hacen que haya una variable de este trabajo informal que llegue a situaciones indignas, como el “trabajo esclavo”, que genera preocupación sobre todo en la Iglesia y en aquellos que tienen sensibilidad social. Para ellos debemos trabajar en un plan integral de lucha contra el “trabajo esclavo”.
Quiero reiterar lo que ha manifestado el diputado Aguilar con respecto al avasallamiento desde el Poder Ejecutivo de las autonomías de las provincias con respecto al poder de policía, que es indelegable y único para las provincias, pero en esta ley no está claro. Por ello, coincido en que vamos a rechazar los artículos 36, 37, 38, 39 y 43, porque atentan contra las autonomías provinciales. Las provincias son las titulares indiscutibles del derecho constitucional del poder de policía laboral, merced a las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional.
Hacemos un pedido formal para que el Poder Ejecutivo fortalezca a las provincias en este poder de policía, proveyendo los fondos suficientes para que puedan llevar adelante este control y tener así un verdadero federalismo, como corresponde a todas las provincias argentinas. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. LOUSTEAU, MARTIN (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: saludamos un proyecto que apunta a resolver, aunque sea parcialmente y con algunos defectos, un problema tan grave como es la informalidad laboral en nuestro país, y por ese motivo vamos a acompañarlo en general.
En la Argentina el problema de la informalidad laboral es extremadamente grande, ya que abarca a alrededor de un tercio de los asalariados, pero además hay un número muy importante de cuentapropistas en esta misma situación, con lo cual la cifra total es cercana al 43 por ciento.
La informalidad no afecta a todos por igual. El 57 por ciento de los trabajadores de entre 18 y 25 años de edad son informales. El 56 por ciento de quienes están en la informalidad no tienen estudios secundarios. Entre aquellos en situación de informalidad laboral la pobreza es cuatro veces más que entre quienes tienen la suerte de tener un trabajo con todos los beneficios y ventajas de la ley. Esto refleja algo que muchos pensamos: una sociedad es el reflejo de lo que ocurre en su mercado laboral, porque de acuerdo con la estructura de ese mercado se conforma finalmente el tejido social. Si hay desempleo, concentración excesiva de empresas, poco valor agregado en la cadena productiva, si la matriz no está muy diversificada o hay mucho trabajo informal, tendremos una estructura social mucho menos igualitaria y dinámica, que a la larga se resiente cada vez más.
A raíz de esta compleja relación entre el tejido social y el mercado laboral, como explicaba la señora diputada Stolbizer, el problema no solo se resuelve con legislación laboral. Un proyecto de ley no puede torcer el rumbo de una política económica que camina en dirección contraria. Deberíamos preguntarnos cómo se genera más trabajo formal.
Ello se relaciona con condiciones que todos conocemos. En primer término, se genera más trabajo formal cuando hay mayor crecimiento, mayor actividad y mayor cantidad de trabajadores requeridos en cada una de las empresas. En segundo lugar –más importante aún, se genera trabajo formal cuando hay más estabilidad.
No solo se trata de crecer rápidamente. Si un año se crece al 9 por ciento pero al otro se cae un 3 por ciento, luego se registra un crecimiento del 7 por ciento y a continuación una recesión del 2 por ciento, eso genera condiciones que llevan a que el empleador no quiera incorporar trabajadores; quizá en los años buenos pague horas extras, pero no se comprometerá a una relación de más largo plazo.
Ello es importante si en los momentos de crisis dejo de pagar para financiarme, y encima después viene una moratoria. Así, se genera un contexto que propende a una informalidad estructural, que constituye uno de los problemas de la Argentina. Más del 40 por ciento de los últimos treinta y siete años la Argentina estuvo en recesión y registró siete crisis a las que hemos puesto nombre y apellido.
El crecimiento continuo y previsible es fundamental para conseguir un aumento del trabajo con todos los derechos y ventajas que prevé la ley. Si no hay crisis ni urgencias ni moratorias las empresas no quieren perder su participación en el proceso de crecimiento y contratan más gente; y el Estado, si en vez de salir a apagar incendios planifica su acción, tarde o temprano tocará una inspección a cada una de las empresas.
Esa es la manera como se construye otro tipo de mercado laboral definitivamente en la Argentina, y no solo con legislación laboral. Esto es precisamente lo que pasó en los primeros años, desde 2003, cuando el 50 por ciento de los asalariados era informal. En 2010 llegamos al 33 por ciento, que es el mismo porcentaje que tenemos hoy. A pesar de que los inspectores se multiplicaron por veinte, hoy tenemos veinte veces más inspectores que en aquel momento, y se genera menos trabajo formal. Además, hemos tenido moratorias. Es decir que perdimos las condiciones que generan trabajo formal.
Entre 2003 y 2008 el trabajo formal creció anualmente el 9,7 por ciento, y desde 2008 solo aumentó el 1,2 por ciento en el sector privado, es decir, el mismo porcentaje que corresponde al crecimiento vegetativo de nuestra población. ¿Por qué es posible diferenciar tanto entre períodos?
También debemos considerar que en medio de eso ocurrió la aceleración del proceso inflacionario, algo de lo que el gobierno se desentendió absolutamente, y sigue haciéndolo. Ello implicó pérdida de reservas y de competitividad, cepos, crisis autoinfligida de balanza de pagos, déficit fiscal y una manera de financiar el Estado que en el tiempo es insostenible.
Evidentemente, tal situación genera preocupación y volatilidad, y revierte las condiciones originales por las que el empleo formal venía creciendo tan fuertemente.
Estoy de acuerdo con lo dicho por el miembro informante del dictamen de mayoría y el señor diputado Sánchez, pero no comparto la acusación de que esto se parece mucho a las políticas que tuvieron lugar en los 90. Sin embargo, no podemos dejar de notar que este tipo de medidas, que surgen de la preocupación de cómo se rebajan contribuciones patronales, suele aparecer en momentos de crisis económicas y de baja competitividad. Ejemplo actual de ello es lo que sucede en la zona Euro. Uno advierte que lo que el Fondo Monetario Internacional y algunas empresas intentan hacer con Italia, España o Grecia es flexibilización laboral más rebaja de contribuciones. En países en crisis el Fondo propone exactamente lo mismo, y si uno mira la Argentina de los noventa es exactamente lo mismo.
Considerando la urgencia frente a una cuestión y lo que es más profundo, nos parece importante distinguir algunas cosas. El beneficio propuesto para las microempresas que tienen hasta cinco empleados nos parece una buena herramienta de carácter permanente. En adelante habría que analizar cómo incentivar aún más el acogimiento a este régimen por parte de estas empresas. En verdad lo celebramos.
Para aquellas empresas de mayor porte se prevé un beneficio por dos años que se va degradando y que apunta mucho más a blanquear empleos que hoy ya existen. Dada la coyuntura es una herramienta que tendría muchísimo más impacto si no se adoptara con un contexto económico adverso, es decir, si se hiciera cuando esto está rebotando y no cuando está decayendo, con las incertidumbres que existen hacia adelante. Considero que esto se parece más a una medida paliativa que a otra cosa.
Con respecto a la sanción, si Locke dijo que el hombre es bueno por naturaleza y Hobbes pensó que el hombre es malo por naturaleza, el diputado Recalde nos recordó que Perón se paró en un justo medio y sostuvo que el hombre es bueno por naturaleza, pero es mejor si se lo vigila. Yo estoy de acuerdo con eso, así es como se construyen las sociedades, y me parece particularmente bueno que a aquel que no está cumpliendo con la ley el Estado no le otorgue beneficios que corresponden a quienes están cumpliendo. Me refiero a créditos subsidiados, asistencia tecnológica y de gestión, la capacidad de acceder a ferias de exportación. Eso nos parece positivo pero no creemos que para ello se requiera una ley. Si el Estado tuviera esa voluntad cada vez que dispusiera de esos beneficios podría decir que no corresponden a nadie que se encuentre infringiendo la ley; sería mucho más sencillo.
Digo esto porque hago mía la preocupación expresada por el diputado Sánchez con respecto al impacto que algunas de las sanciones previstas pueden tener en un contexto en el cual se está perdiendo empleo, como ya reflejan las cifras del INDEC.
Asimismo entiendo que hay algunos problemas de calibración relativa de las sanciones. Por ejemplo, considero que no inscribir a un trabajador no puede estar tan cercano en su sanción a lo que puede ser tipificado como trata o trabajo esclavo.
Creo que las sanciones tienen un potencial complicado por parte de un gobierno que ya nos demostró que ejerce la discrecionalidad de manera abusiva, y muchas veces utiliza la información de la que dispone de la misma forma.
Adicionalmente, considero que las potestades que esta norma otorga al gobierno nacional, que colisionan con las facultades que nuestra Constitución Nacional reserva a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen un potencial conflicto que puede generar mayor litigiosidad a futuro. Cuando en una provincia un inspector de la Nación adopte una sanción contra una empresa imagino que ésta puede decir que tal sanción tiene algún problema legal o de constitucionalidad.
Observamos que en este proyecto se propone pagar un costo fiscal significativo para compensar todas aquellas cosas que dejó de hacer una mala gestión en materia de política económica. Esta es la realidad, sobre todo si uno compara las cifras que mencioné de 2003, 2008 y 2010 con lo que sucedió desde entonces hasta el presente.
Quiero alertar sobre una última cosa que es tangencial pero me parece absolutamente significativa. El sistema previsional constituye la principal política redistributiva de cualquier Estado moderno. Como existe hace mucho, desde la Alemania de Bismarck, no lo tomamos en cuenta, pero es una política de redistribución enorme entre aquellos que antes trabajaron y contribuyeron y los que hoy están trabajando y contribuyendo. Es el principal gasto social. En el caso de nuestro país es el 77 por ciento del gasto social y el 37 por ciento del gasto primario nacional.
Digo esto porque un sistema vivo como el previsional que tiene impacto a lo largo de muchos años –la decisión que se toma hoy se puede ver cómo resulta mucho tiempo después no puede ser toqueteado todo el tiempo.
En 1993 hubo una privatización de nuestro sistema de seguridad social. Después tuvimos –y ya fue mencionado, una rebaja de las contribuciones que persiste. En el año 2001 hubo una crisis de competitividad y de crecimiento, y una rebaja de aportes personales que se revirtió recién siete años después. En 2007 tuvimos una moratoria previsional y después una reestatización del sistema; luego dotamos de movilidad a los beneficios previsionales, y ahora nuevamente estamos acudiendo a una baja de las contribuciones.
El sistema previsional es extremadamente importante como para meterle mano todo el tiempo. La historia, sobre todo la argentina, demuestra que algunas de estas medidas pueden ser buenas, otras malas y otras pésimas. Si seguimos molestando al sistema previsional, tarde o temprano el Estado lo paga, y lo que es peor, lo paga la sociedad. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén, que comparte su tiempo con la señora diputada Comelli.


SRA. VILLAR MOLINA, MARIA INES (NEUQUEN): Señora presidenta: respecto del trabajo no registrado, toda ley que conduzca a combatirlo y erradicarlo es una buena norma, motivo por el cual acompañaré este proyecto de ley.
Asimismo, quiero señalar que estamos viviendo en la Argentina una nueva era, que presenta un problema laboral: el fraude laboral. Me refiero a los monotributistas. No puede ser que empresas con actividad permanente y rentable tengan a sus empleados con una situación de monotributo, que los hagan registrarse y facturar, cuando cumplen con la actividad principal del circuito productivo o comercial. En ese sentido, creo que la creación del REPSAL es muy conveniente. Obviamente, el REPSAL sancionará a las empresas que incumplan y no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados, administrados o implementados por el Estado nacional; tampoco podrán celebrar contratos con el Estado nacional ni acceder a líneas de crédito de ningún banco público. Estoy de acuerdo con este proyecto porque me parece muy bueno que exista el REPSAL y que desaparezca el trabajo no registrado.
En este momento quiero aclarar que en mi provincia tenemos tres pequeñas refinerías que cumplen en todo con la ley, pero no tendrán ninguno de los beneficios que quita el REPSAL ni tampoco ningún otro beneficio, porque quebrarán, cerrarán sus puertas y dejarán en la calle a cerca de 700 familias. Esas pequeñas refinerías están siendo castigadas con el ITC, impuesto a la transferencia de combustibles. Desde nuestro bloque hemos hecho pedidos al Poder Ejecutivo para que libere a estas pequeñas refinerías del 41 por ciento del impuesto a la transferencia de combustibles, pero todavía no hemos tenido respuesta alguna.
Por ello, aprovecho esta oportunidad para reiterar el pedido de que se libere a las pequeñas refinerías del país del 41 por ciento del impuesto a la transferencia de combustibles, a fin de que queden en condiciones de competir con las empresas extranjeras multinacionales.
Este es un caso muy serio en mi provincia. Hoy me encuentro en una situación contradictoria, porque voy a apoyar este proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo dice que estamos haciendo cosas buenas para los trabajadores no registrados; pero a su vez, si no se libera del ITC a las pequeñas refinerías de mi provincia, estaremos dejando en la calle a 700 familias de 700 trabajadores registrados. Las refinerías cumplen con la ley, pero no podrán contar con los beneficios que quita el REPSAL ni con ningún otro. Eso es lo que quería aclarar. Necesito que se sepa que en mi provincia las tres refinerías van a quedar cerradas, van a quebrar.
Entonces, apoyo el proyecto, estoy de acuerdo con el trabajo “en blanco”, pero no estoy de acuerdo con que se cobre el impuesto a la transferencia de combustibles a las pequeñas refinerías, porque con eso estaremos provocando que los trabajadores registrados queden en la calle.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.


SRA. COMELLI, ALICIA MARCELA (NEUQUEN): Señora presidenta: como ya lo anticipó la señora diputada de mi bloque que hizo uso de la palabra, el Movimiento Popular Neuquino va a acompañar la sanción de este proyecto de ley.
Como ya lo ha dicho la Corte en innumerables ocasiones, el trabajo es un valor intrínseco, no es un bien transable o sujeto a estipulaciones entre privados, sino que por el contrario es un derecho sujeto a una protección preferente respecto de los conflictos de intereses entre las patronales.
Quienes hemos participado de las reuniones del Consejo Federal del Trabajo en alguna oportunidad, conocemos la labor a conciencia, muy integrada, muy coordinada, que se lleva adelante con todas las provincias y la Nación.
Nos tocó hacer un profundo trabajo en épocas muy duras: la diputada Camaño estaba por la Nación y yo representaba a una de las provincias en el ámbito del trabajo. Tomo esa experiencia porque es la que tengo, y la verdad es que pudimos trabajar muy bien en materia de inspecciones, sobre todo en algunos ámbitos de trabajo donde la informalidad es muy grande, como puede ser, en el caso de nuestra provincia, el área de la fruta, con los trabajadores golondrina, con el trabajo esclavo que tiene.
Realmente lo rescato como un trabajo muy importante, pero hoy debemos tener en cuenta que la actualización de multas -están desactualizados- y lo que han venido demandando los distintos secretarios de Trabajo de las provincias a través del Consejo Federal del Trabajo, está contemplado en este proyecto de ley, y es por eso que vamos a apoyarlo, y pido autorización para insertar la justificación legal al tema.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Santiago de Estero.


SRA. RUIZ, AIDA DELIA (SANTIAGO DEL ESTERO): Señora presidenta: como representante de los trabajadores de Santiago del Estero, tener que argumentar mi voto favorable a este proyecto es más que gratificante. Esto es parte de un conjunto de medidas implementadas por el proyecto nacional y popular que se ha venido llevando adelante en los últimos diez años.
Haciendo un poco de memoria podemos observar el gran avance que han tenido los trabajadores de nuestro país en materia de igualdad de derechos, con medidas que realmente fueron trascendentes.
La primera decisión que tomó Néstor Kirchner, a los noventa días de haber asumido, fue el lanzamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que consistió en profundizar las inspecciones a los establecimientos, articulando esta tarea con las provincias.
Otra de las decisiones que se tomaron fue derogar la Ley de Flexibilización Laboral, que fue aprobada en este mismo recinto por amplia mayoría; también, la apertura de las paritarias libres, y en esto me quiero detener.
Muchos dirigentes gremiales sabemos lo importante, lo decisivo que es este espacio para discutir las condiciones de la relación laboral de nuestros representados. Sabemos la importancia que tiene este espacio porque es el único donde nos sentamos frente a los empleadores para discutir condiciones laborales.
No creo que sea añorar el pasado, como se dijo en este recinto, hablar de las paritarias. Los dirigentes gremiales, las organizaciones gremiales y todos sabemos que teníamos los convenios colectivos cumplidos, que si no había una decisión política del gobierno nacional de convocar a paritarias, todavía no estaríamos discutiendo ni avanzando en derechos de nuestros representados.
No creo que sea añorar el pasado porque discutir paritarias es el pasado, el presente y el futuro. Cómo no estar de acuerdo si las paritarias no se agotan solamente en discutir un aumento salarial del 20, 30 ó 40 por ciento. Es mucho más que eso, es la defensa plena de los derechos del trabajador.
Cómo no voy a estar de acuerdo con este proyecto si gracias a esa decisión política, por primera vez mi organización gremial se pudo sentar frente al empleador, la cámara empresaria de las universidades privadas de este país, a discutir las condiciones laborales de los auxiliares de la educación.
No creo que sea añorar el pasado haber sancionado la Ley del Personal del Servicio Doméstico impulsada por nuestra señora presidenta. Esta ley ha cambiado y va a cambiar la vida de estas trabajadoras que históricamente fueron postergadas y que según el informe de la Organización Internacional del Trabajo es el sector de mayor informalidad.
No creo que recalcar esto sea añorar el pasado. Estamos hablando del derecho para el futuro desde la mirada de los trabajadores.
Estas acciones realizadas por el gobierno nacional han tenido su correlato en las provincias. En mi provincia en particular, Santiago del Estero, el entonces gobernador Gerardo Zamora acompañó este proyecto con medidas muy valiosas que son dignas de destacar. La cartera laboral se jerarquizó pasando de subsecretaría a ministerio, poniendo al frente de dicha repartición a un representante de los trabajadores.
Cómo no estar de acuerdo con esta medida que es de carácter integral, que tiene premios y castigos, si con mi voto voy a favorecer a los empleados de microempresas como panaderías, kioscos, talleres mecánicos, almacenes de barrio, entre otros.
En honor a la verdad no estoy muy convencida de que esta medida cree muchas fuentes de trabajo, pero sí estoy segura y muy convencida de que esta ley va a bajar el porcentaje de trabajadores no registrados.
Por eso digo que la falta de acompañamiento de este proyecto de ley privará sin duda a los trabajadores de la cobertura médica, vacaciones, días de descanso, entre otros beneficios. Si no acompañamos este proyecto los trabajadores tendrán que seguir esperando a que el empleador -a lo mejor pasan años- se levante con buen ánimo y desee registrarlos como un acto de generosidad y de discrecionalidad.
Para finalizar quiero hacer mi aporte; esto va para los que van a reglamentar el proyecto de ley. Queremos que se garantice la participación de los delegados gremiales que acompañan a los inspectores del Ministerio de Trabajo. Esto se lo pedí oportunamente en la comisión al ministro de Trabajo y al miembro informante. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.


SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO): Señora presidenta: la verdad es una satisfacción poder discutir, abordar y seguramente aprobar estos dos proyectos que ya cuentan con la sanción del Senado, y que no dudamos que representan un avance sustancial en materia laboral en nuestro país, con todo lo que ello implica en otros ámbitos. Me refiero tanto al proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral como al de régimen general de sanciones por infracciones laborales al Pacto Federal del Trabajo.
A lo largo de esta sesión los diferentes bloques se han expresado y adelantado su apoyo en general incluso los de la oposición, lo cual ya es muy importante, por lo que podemos decir, con satisfacción, que respecto de estas iniciativas existe un consenso generalizado.
Intentando no ser reiterativo, dado que ya se han vertido muchos conceptos sobre el tema, quiero hacer algunos aportes.
La Organización Internacional del Trabajo ha generado en los últimos años numerosos estudios y documentos sobre este tema, recomendando a los Estados posibilitar nuevos estándares regulatorios tendientes al amparo de situaciones difícilmente caracterizables dentro de la concepción clásica de lo que es la dependencia, relacionando estas situaciones, a su vez, con las transformaciones en el modo de producir de las empresas, que no supone la desaparición de los esquemas anteriores sino que tiene la coexistencia de una pluralidad de mundos de producción en la que se destacan la importancia y la extensión de los fenómenos de la subcontratación o externalización de las funciones ejecutables, siendo el reto de los ius laboralistas diferenciar los supuestos de simulación y fraude a la ley de aquellos casos de procesos productivos necesarios de estas modalidades.
Está claro que para la OIT la informalidad laboral no se circunscribe a un problema estructural de la economía argentina como se señala en alguna de las disidencias parciales que hemos escuchado de parte de algunos bloques, sino que, por el contrario, es un problema estructural de la economía mundial. Es central traer esto a este debate para clarificar y centralizar la cuestión, y me parece que en este sentido es importante conocer alguna opinión de este organismo.
Por eso me he tomado el trabajo de bajarlo, para que nosotros también tengamos un poco de claridad acerca de cuál es la visión que se tiene respecto de nuestro país, centralmente en materia laboral y en los avances que se han venido experimentando en los últimos tiempos.
En síntesis, la OIT sugiere la conveniencia de ampliar el campo del derecho del trabajo volcando su tutela, con las adaptaciones necesarias, hacia nuevas modalidades de prestación de servicios que no encajan dentro del concepto del trabajo subordinado típico.
Asimismo, el país ha desarrollado una vasta doctrina y jurisprudencia en materia de regulación laboral, como así también innumerables iniciativas en ambas Cámaras con la intención de modificar la Ley de Contrato de Trabajo, la ley 24.013 y la 25.345, a fin de agravar o hacer más efectivas las sanciones a los empleadores fraudulentos. Pero esto no solo con el objeto de mejorar los derechos del trabajo sino de admitir el goce, porque un trabajador sin registración –como bien se ha dicho a lo largo de este debate en definitiva tiene los mismos derechos que los trabajadores registrados, pero siempre encuentra dificultades para poder ejercerlos plenamente por las arbitrariedades que encuentra de parte de los diferentes empleadores.
Por eso valoramos enormemente todas aquellas acciones que tiendan a detectar estas situaciones, con el objeto de radicar y promover la registración permanente de los trabajadores y su correspondiente inclusión dentro del sistema de la seguridad social, a fin de que el trabajador goce plenamente de todos sus derechos.
Me parece que en los últimos tiempos hemos avanzado muchísimo. Los legisladores hemos sido testigos y protagonistas de muchísimas de estas iniciativas que se han trabajado en este Congreso, algunas provenientes del Poder Ejecutivo nacional y otras, de legisladores.
En definitiva, a lo largo de estos años han sido grandes los avances que hemos experimentado y que, en última instancia, representan el reconocimiento de muchos derechos hacia los trabajadores de nuestro país.
También es cierto que debemos seguir avanzando y trabajando mucho porque la lucha contra el empleo informal o no registrado requiere no sólo de un esfuerzo mancomunado sino también de una tarea articulada entre el Estado nacional, los estados provinciales y todos aquellos actores involucrados en esta problemática.
Como dispongo de poco tiempo para hacer uso de la palabra, sólo quiero decir que el régimen promocional especial para los microempleadores, la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y la definición de sanciones específicas, representan un paso más en materia de protección de los derechos laborales en la lucha contra la registración defectuosa, tardía o directamente ausente, fortaleciendo los controles y haciendo efectivas las sanciones para aquellos empleadores que practiquen el fraude laboral.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO): Con la absoluta satisfacción de que la sanción de los dos proyectos de ley en tratamiento constituye un avance fundamental y necesario en nuestro país, y haciendo votos para que sigamos trabajando en la misma línea y reconociendo los derechos de los trabajadores, para que cada día puedan ejercerlos con más plenitud, adelanto mi voto afirmativo tanto en general como en particular. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: comienzo mi exposición recordando el título de la futura norma: Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, y lo traigo a colación porque se vincula con algunas de las cuestiones que voy a explicar a lo largo de mi intervención.
En primer lugar, este tema se comenzó a discutir en el debate realizado en el marco del diálogo social celebrado en Río Gallegos en agosto del año pasado.
En segundo término, creo que sería bueno hacer algunas reflexiones comparativas entre lo que pasa en nuestro país y el resto de la región. Según un informe del BID del año 2012, el promedio de informalidad laboral para el período 2006-2010 supera ligeramente el 50 por ciento para toda la región, con picos en Bolivia y Paraguay cercanos al 70 por ciento, mientras que los niveles más reducidos estarían en Chile, Costa Rica y la Argentina, países que registran niveles por debajo del 40 por ciento, siendo el nuestro el que evidenció la mayor reducción en materia de informalidad laboral.
Me parece importante destacarlo porque advierto que se trata de un problema complejo que, como tal, demanda medidas de todo tipo vinculadas con el desarrollo industrial, las políticas de fomento y, obviamente, los regímenes laborales.
No podemos hablar de esta norma sin vincularla con otras que tratamos en el último tiempo: la Ley de Régimen de Trabajo Agrario, la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente y la ley que instala en el Código Penal la pena de prisión por la utilización de trabajo infantil. Son todas normas enfocadas hacia los sectores de mayor informalidad, de precarización laboral o de ambas; es decir, cuando estas características se dan de manera concurrente.
El proyecto de ley en consideración aspira a regularizar a 650.000 trabajadores en dos años, 300 mil de ellos durante el primero. Con esta evolución, el índice de trabajadores no registrados descendería, si se tiene éxito, al 28 por ciento. Obviamente sigue siendo un número alto, pero si lo comparamos con el 50 por ciento de trabajo precario que había hace poco más de una década podemos señalar que es mucho lo que se ha avanzado. Es cierto que se avanzó rápidamente al principio, que eso luego se amesetó y que a partir de allí fue necesaria la sanción de distintas leyes –eso es lo que estamos haciendo y tratando hoy para destrabar aquellos bolsones de informalidad que por distintas razones todavía resisten.
Creo que en este proyecto de ley hay que distinguir dos cuestiones. He escuchado numerosas intervenciones que, a mi juicio, brindan un enfoque que no se ajusta al contenido del proyecto de ley. Cuando se apunta a las empresas que tienen cinco o menos empleados se está pensando que por su característica se trata de un segmento de empresas en el que existe un alto grado de informalidad laboral. Este proyecto de ley genera una invitación en el sentido de posibilitar que los trabajadores que hoy son informales pasen a ser formales. Además, partiendo de la base de considerar que las microempresas tienen una menor rentabilidad relativa por sus menores niveles de productividad, se establece para ellas una franquicia de carácter permanente por la que se les reduce el aporte patronal al 50 por ciento de lo que establece la ley desde un punto de vista general.
La primera consideración que quiero formular es que se está partiendo del supuesto de que estamos formalizando. Cuando uno habla del costo que tiene esta decisión partiría de la idea de que se trata de todos los trabajadores regularizados respecto de los cuales las empresas, por imperio de esta ley, dejarían de aportar en un 50 por ciento.
Nuestra visión es exactamente la contraria. A partir de ahora, si la ley tiene éxito, el sistema de la seguridad social va a recibir el 50 por ciento de aportes, a los que deben sumarse los de los trabajadores que en este momento no se estaban recibiendo. A esto debe agregarse que el proyecto de ley establece claramente que ello de ninguna manera puede significar una pérdida de derechos para los trabajadores.
Las comparaciones con la reducción de los aportes patronales propiciada por Domingo Felipe Cavallo son absurdas. Aquellas estaban referidas al régimen de capitalización, y si había ingresos individuales menores las jubilaciones de esos trabajadores necesariamente también lo eran.
Esta situación no se da en un régimen solidario y de reparto porque la jubilación no se establece a través de la acumulación que retiene el aporte, sino de otros mecanismos. Al respecto es interesante decir que la señora presidenta de la Nación, cuando planteó este proyecto de ley, brindó una serie de datos bastante interesantes. Sólo el 60 por ciento de los fondos de la ANSES provienen de los aportes y contribuciones. El resto tiene su origen en participaciones de distintos tributos, como por ejemplo los impuestos al valor agregado y a las ganancias, el Fondo Solidario de la Soja y otros respecto de los cuales hay partidas que se asignan a la seguridad social a fin de generar los recursos que la ANSES maneja para atender el sistema previsional y las obligaciones derivadas de ello.
Otro dato interesante es que mientras el 60 por ciento de los ingresos provienen solamente de la seguridad social y el resto de los impuestos, el 77 por ciento de los egresos de la ANSES están destinados al pago de jubilaciones y pensiones.
También hemos escuchado algunas cuestiones que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, hemos escuchado algún dictamen de minoría que pretende legislar por debajo del salario mínimo porque establece un régimen de promociones que premia en función del nivel del salario y no de la dimensión de la empresa. Pero el proyecto que estamos tratando señala que las microempresas van a pagar la mitad para siempre y los que tienen hasta tal número de trabajadores, por los próximos veinticuatro meses van a tener una reducción de tal característica, siempre y cuando estén incorporando empleados a la nómina.
En ese sentido, cabe aclarar que cuando hablamos de incorporar empleados a la nómina nos referimos a la necesidad de formalizar a los trabajadores informales, que hoy no figuran en la nómina justamente por encontrarse en esa situación. Por esta razón, insisto en la idea del título, que es “promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral”.
Establecer un sistema de premios consistente en mayores descuentos para retribuciones que se ubican por debajo del salario mínimo, vital y móvil parece algo absolutamente ilegal e incomprensible, porque nosotros jamás podríamos propiciar la sanción de una norma que reconozca que a alguien se le puede pagar un haber menor al salario mínimo, vital y móvil. En realidad, estamos proponiendo que esos trabajadores sean incorporados con todos sus derechos, formen parte de las convenciones colectivas de trabajo y reciban los salarios mínimos que dichas convenciones establezcan, que en la mayoría de los casos parten de pisos que se ubican una vez y media por encima del salario mínimo, vital y móvil.
También entendemos que el aspecto sancionatorio es absolutamente coherente con esa idea. Hoy muchos legisladores se han referido a este tema.
Al respecto, al leer detenidamente el proyecto contenido en el dictamen de mayoría –que adelanto vamos a acompañar, porque coincidimos con sus fundamentos y objetivos-, se observa con absoluta claridad que lo que se busca a través de la sanción es recortar beneficios que el Estado da por otro lado. Resultaría injusto y absurdo que quien no cumpla con una cuestión fundamental vinculada con el trabajo registrado e incurra en fraude laboral, reciba los beneficios, por ejemplo, de las líneas de crédito subsidiadas que se dan en el marco de la Carta Orgánica del Banco Central u otras promociones que sí tienen un costo fiscal. No sería razonable que aprovecharan esos beneficios quienes no cumplan con otras leyes.
Por lo tanto, el proyecto propone crear un registro de empresas que no cumplen con el trabajo registrado. Sin duda este es un paso adelante en la lucha contra ese flagelo. Todos coincidimos en que hay que combatir el trabajo informal, lo cual se hace, entre otras cosas, aprobando proyectos como el que hoy estamos considerando.
Por lo expuesto, reitero que nuestro bloque va a votar afirmativamente la iniciativa en discusión. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. SCHIARETTI, JUAN (CORDOBA): Señor presidente: no tengo dudas de que el tema que estamos abordando en este debate es uno de los mayores flagelos sociales que sufre nuestro país, ya que alcanza al 35 por ciento de la población, que es la que se encuentra dentro del trabajo informal.
Digo esto porque, como se dice popularmente –en esto no hay ninguna connotación racial-, quien está trabajando en negro no tiene obra social, no realiza aportes jubilatorios y, por lo general, gana la mitad de lo que percibe un trabajador que se encuentra en el circuito formal.
Además de eso, tantos años con porcentajes altos de población trabajando en la informalidad han generado que hoy haya tantos jóvenes con problemas de trabajo, porque como sus padres están en el mercado informal, de los 1.800.000 jóvenes de entre 16 y 30 años que tienen problemas de empleo, alrededor de 500 mil buscan empleo y no lo encuentran, pero más de 1.300.000 no buscan trabajo ni estudian.
Cuando fui gobernador de mi provincia, junto con el ministro de Educación indagamos por qué en las barriadas populares más humildes de la gran ciudad de Córdoba los chicos abandonaban el secundario en su mayoría cuando llegaban a 4° o 5° año. La respuesta fue porque veían que sus padres changueaban como se dice popularmente o trabajaban esporádicamente, y no le encontraban sentido a terminar el secundario porque no veían que ello les pudiera hacer progresar en la vida.
Este es el drama social que sufrimos en la Argentina, y como todo drama social, que cada vez consolida más que el sector excluido de la población esté cada vez más excluido y más lejos de los que tienen un trabajo formal, es un tema que requiere una política de Estado, porque viene empeorando desde que en nuestra patria se destruyó el entramado social.
Es bueno recordar los datos de hace cuarenta años y los de ahora, no para anclarnos en el pasado sino para saber cuáles son las deudas pendientes de la democracia.
En 1974, con sus más y sus menos la Argentina era un país integrado: tenía 6 por ciento de pobreza, 1 por ciento de indigencia, 4 por ciento de desempleo, sólo un 20 por ciento de la población estaba en el mercado informal o tenía trabajo en negro, y el coeficiente de Gini era de 0,367.
Luego de que la dictadura genocida liquida la estructura social integrada –reitero, con sus virtudes y defectos- que tenía la Argentina, nunca más la democracia pudo reconstruirla. No hay duda de que está vinculado al genocidio provocado por el terrorismo de Estado durante la dictadura, con eso de hacer una economía para la mitad del país, que sólo se podía hacer a sangre y fuego.
En estos treinta años de democracia no hemos conseguido recuperar ni de cerca estos índices. Hoy estamos con alrededor de un 28 por ciento de pobreza, como a fines del 80 y del 90. En materia de indigencia estamos en cifras superiores. En lo que respecta a trabajo en negro estamos en la friolera del 34 por ciento, que comenzó a subir durante la dictadura genocida y nunca más conseguimos bajarlo. Y el coeficiente de Gini, luego de tocar niveles de mucha inequidad durante las grandes crisis, hoy está en 0,413, es decir, inferior a 1974.
Más allá de las diferencias políticas que existan, se requiere establecer políticas de Estado para resolver estos grandes temas donde los excluidos tienen como base el trabajo en negro, es decir, el 35 por ciento de la población, que son los padres de los jóvenes que tienen dificultades de empleo.
Por eso me parece importante que en el Congreso de la Nación se debatan estos temas.
Con respecto al tema de las cargas sociales quiero reiterar que ellas, al igual que los aportes personales, son salario diferido de los trabajadores. Hay una tendencia entre las escuelas económicas que dice que se trata de un impuesto. Quienes fuimos delegados sindicales y alguna vez pagamos quincenas sabemos que los empresarios calculan cuánto les cuesta el trabajador sin convalidar si la plata va al bolsillo de éste, a la ANSES, a la obra social o a otro lado. Por lo tanto, es salario.
En esta cuestión de buscar la baja de las cargas sociales no hay una receta universal. Para ello, basta ver lo que sucede aquí, en el Cono Sur, en la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. El país con menores cargas sociales –Chile, con el 3,7 por ciento tiene el 17,7 por ciento de trabajo informal; Uruguay, con un mayor porcentaje de cargas sociales –el 12,5 por ciento, tiene el 16,1 por ciento de trabajo informal, es decir, menos que Chile.
No hay duda de que la baja de las cargas sociales no necesariamente significa mayor trabajo, ni por asomo. Sin embargo, tal reducción termina favoreciendo a muchas grandes empresas que, como ocurre en otros países, mediante mayores cargas sociales solventan las ventajas que se dan a los micro o pequeños emprendimientos. Tampoco está escrito que altas cargas sociales aumenten tanto la informalidad.
Así, si comparamos la Argentina y Brasil, advertimos que nosotros tenemos el 35 por ciento de trabajadores en situación de informalidad, con cargas sociales que representan el 26 por ciento, que teóricamente paga el patrón y son salario diferido. Brasil tiene el 35,6 por ciento de cargas sociales –casi diez puntos más que nosotros y registra el 24,7 por ciento de trabajo informal.
Sucede que en esta cuestión del trabajo informal existe una concurrencia de factores que van desde la historia de los problemas económicos y el subdesarrollo hasta la situación de la economía informal, popularmente denominada “en negro”. De modo que si alguien factura 100 pesos, como tiene 80 pesos de costo declara 70. Dejará de declarar sus gastos y comenzará a echar mano a lo que es más fácil no declarar o pilotear, que es pagar en negro parte del salario de los trabajadores. Esta es una prueba evidente de que la cuestión no solo se refiere al nivel de la carga social.
Creo que existen elementos que los gobiernos pueden poner en marcha, que ayudan a blanquear la situación de los trabajadores. Por ejemplo, Brasil dispone que todos tengan el fondo de garantías por el tiempo del servicio para que las pequeñas empresas no se fundan ante la desgracia de tener que despedir a un trabajador. Sería lógico que a la Argentina no le temblara el pulso y aumentara la carga social para las grandes empresas a fin de crear un fondo, bajo el sistema de reparto, que se hiciera cargo de la indemnización pertinente en el caso de que una micro o pequeña empresa tuviera que despedir a alguien.
En el entendimiento de que estos proyectos importan baja de salarios para los empleados de las microempresas, lo cual es una política correcta porque en los países que tienen el sistema de reparto –Australia es uno de ellos, tales emprendimientos, que ponen un valor de acuerdo a lo facturado, no tienen cargas sociales, no pagan por los trabajadores la carga social y tienen una reducción del costo laboral; y en su caso, cuando son un poco más pagan menos, y las grandes empresas, más.
El sistema cierra totalmente en Australia porque se trata de dar un incentivo a la pequeña empresa a efectos de que pueda competir con las grandes empresas; por ello, el costo salarial es menor; y más allá de que siempre hay riesgos al momento de hacer un corte respecto de las microempresas, estamos en presencia de instrumentos válidos. El riesgo consiste en que se generen divisiones de las empresas que tienen mano de obra intensiva.
Es correcto dar a la micro o pequeña empresa la posibilidad de un costo laboral menor. Así como ello es correcto y por tal razón acompañaremos en general la iniciativa en debate, también es importante que no nos quedemos solo con el 50 por ciento, que da la posibilidad de que las pymes tengan un costo laboral del 8,5 por ciento menor respecto de las grandes empresas, y avancemos hacia la desgravación del 70 por ciento. Cuando se discuta en particular realizaré este planteo, porque eso significaría dar un 12 por ciento de menor costo laboral a la microempresa en relación con la gran empresa.
Por su parte me parece que el incentivo de dos años al blanqueo del trabajo es un tiempo muy exiguo, sobre todo cuando estamos transitando un año en el que el producto bruto, la economía o la generación de riqueza no presentan crecimiento, o un bajísimo crecimiento. Por ello también solicitaré en la consideración en particular del artículo 24 que se duplique el plazo de dos a cuatro años, para dar tiempo a que puedan ser blanqueados los trabajadores que hoy las empresas tienen en negro, como se dice popularmente.
Entiendo además que son justas las observaciones que efectuó el diputado Aguilar sobre la jurisdicción de quienes deben tener el control del trabajo. Apoyo las objeciones formuladas por el diputado por San Luis en relación con los artículos que se refieren a ese tema, ya que no se trata de un poder delegado por las provincias en el gobierno nacional.
Hechas estas consideraciones anticipo el voto positivo de la bancada Unión por Córdoba al proyecto de ley en consideración.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: estoy sorprendido por la profesión de fe de algunos discursos que son muy críticos respecto al proyecto y que luego en un giro medio extraño terminan planteando que acompañan la iniciativa.
Como ya lo adelantó mi compañero de bloque, el diputado De Gennaro, nosotros tenemos una mirada crítica respecto al proyecto de ley en consideración y no lo acompañaremos. Sí apoyaremos la actualización del régimen de sanciones con algunas observaciones.
Ratifico algunos de los puntos planteados por el diputado De Gennaro y puntualizo algunos de los conceptos que nos llevan a esta definición, no sin aclarar primero por cosas que se dijeron que ratificamos que no ha habido debate parlamentario sobre este tema. Sostener como alguien lo hizo que hubo debate parlamentario porque se discutió en el Consejo Federal del Trabajo nada tiene que ver con decir que hubo debate en el Parlamento. Aquí hubo una sola reunión conjunta de dos comisiones que deberían haber trabajado por separado, y con un escueto tiempo para poder conversar con el ministro de Trabajo.
En segundo lugar, vincular esto con una reunión en Río Gallegos, donde se convocó exclusivamente a actores sociales amigos del gobierno, nada tiene que ver con un debate serio ni con una concertación social con la debida participación que de alguna manera se pueda promover. Por lo tanto, no ha habido debate ni hemos abierto el Parlamento a la sociedad para poder discutir como corresponde.
En lo atinente al trabajo no registrado nosotros tenemos objeciones respecto al sistema de inspección, a los estímulos y al contexto en el que esto se aplica.
Desde nuestro punto de vista, incluso sin considerar lo irrisorio de la cantidad de inspectores sobre el total de establecimientos, el sistema de inspección está agujereado. En primer lugar, porque no hemos puesto en marcha ninguna carrera a nivel de la administración central para garantizar el nivel de calificación que deben tener los inspectores. Segundo, de los 538 inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo 300 están contratados; y tercero, opera un proceso de limitación a la libertad y la democracia sindical no resuelto en esta norma para empoderar a los delegados a fin de que sean parte del proceso de inspección en los sectores de trabajo.
Para nosotros tener un sistema de inspección agujereado es un problema, porque lo que viene ocurriendo con este tipo de propuestas y regímenes es que en nombre de los trabajadores se abren ventanillas de subsidios a los patrones, pero en nombre de las pequeñas y medianas empresas se termina abriendo la posibilidad de nuevas ventanillas muchas veces a las grandes firmas.
En este sentido, es bueno dejar en claro que este proyecto de ley tampoco define adecuadamente lo que es un microestablecimiento o una pequeña y mediana empresa, porque la definición por cantidad de ocupados es incorrecta en el contexto de un mundo y de una Argentina donde hay tecnología. Esta es una cuestión absolutamente limitada en un contexto de conglomeración y vigencia de grupos empresarios que bajo una misma denominación y propiedad pueden tener dentro de sí microestablecimientos y pequeños y medianos empresarios. Por lo tanto, no incorporar facturación ni estructura de propiedad abre la puerta a una actitud de discrecionalidad en la asignación de los subsidios.
Por estas razones, decimos que este sistema así como está no resuelve los problemas que debería.
Sobre el tema de los estímulos, creemos que no hay que simplificar el debate. Debemos discutir en serio esta problemática porque son muchos los fracasos que ha habido en diferentes políticas que se han enunciado. En términos generales comparto lo dicho por aquellos que plantean que el empleo es un tema más de política económica que de política de empleo.
Sin embargo, hay algunos aspectos que debemos dejar planteados con total claridad. En primer lugar, el dato dominante del mundo laboral de la Argentina es la precariedad laboral; precariedad por ingresos, precariedad contractual, que tiene como piso, cuando uno suma desocupados, cuentapropistas informales que ganan menos que el salario mínimo, trabajadores no registrados y trabajadores en blanco que cobran por debajo del salario mínimo, un 50 por ciento de la población laboral del país.
No estamos contemplando las diversas formas de precariedad, de mal registro que existe en el interior del mundo formal. Son múltiples los mecanismos que implican tercerización, subcontratación, incorporación de trabajadores en convenios por los que se les paga por debajo de la actividad que llevan adelante. La precariedad tiene como piso en la Argentina el 50 por ciento de su población laboral.
El segundo elemento que también hay que destacar con toda claridad es que la dinámica laboral de la Argentina es ésta; no alcanza con decir “basta con crecer”, depende de qué tipo de crecimiento se hable. Lo que se observa en nuestro país es que a mayor crecimiento del empleo crece el no registrado. Si tomamos el período 2003/2006 de mayor crecimiento del empleo, advertimos que se registra la más alta participación del no registrado. Hay mayor formalización del trabajo en los momentos de menor creación de empleo, como se dio en el período 2007/2010.
¿Qué quiero decir con esto? Si en un contexto económico, cuando crece el empleo domina el no registrado, y cuando no crece, hay formalización, ello significa que nunca terminamos de resolver el problema. Por eso, se transforma en un fenómeno estructural que nada tiene que ver con las pymes ni con los microestablecimientos, más allá de que se manifieste en ellos, sino con el ciclo de acumulación de grandes firmas que por vía de diferentes mecanismos terminan reduciendo el costo laboral. Este es el fenómeno de la subcontratación de las grandes constructoras, de la comercialización tradicional o telefónica, de la reparación y el cableado en las comunicaciones y de los talleres clandestinos y las marcas principales de la industria textil. Esto también ocurre con los servicios de limpieza que contratan las grandes firmas y que en muchos casos implican mano de obra no registrada.
Por estas razones, tenemos 33,5 por ciento de trabajo no registrado asalariado, que ahora se ubica por encima del promedio de la convertibilidad que fue 32,6 por ciento, por esto que contaba: a mayor crecimiento del empleo, mayor crecimiento del no registro. Cuando hay registro, hay poca creación de empleo, y nunca podemos perforar el piso del tercio del cual estamos hablando.
Por esta razón es que los estímulos que se están planteando no sirven, porque no atacan el problema principal. Por si bastara la necesidad de una demostración, desde el año 2008 se puso en marcha desde el Ministerio de Trabajo el régimen de reducción de contribuciones patronales para blanquear trabajadores y crear empleo.
La resultante es que además de haber sido insignificante la creación de empleo registrado, particularmente en las pequeñas y medianas empresas y en los microestablecimientos hubo caída, aun con este estímulo. La comparación 2008-2012 marca que cayó el 1,6 por ciento el empleo registrado en las pymes y el 3,5 por ciento en los microestablecimientos, aun con ese estímulo.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista hay que dar un debate en serio, y esto implica discutir a fondo el control y la regulación sobre el ciclo productivo de las grandes firmas, que haya libertad y democracia sindical y no bajar el costo laboral a las pymes y los microestablecimientos. Hay que asociar el blanqueo con una ley marco para las pymes, los microestablecimientos y las unidades de la economía popular, en la que por la vía del crédito, las compras públicas, el tratamiento especial en materia impositiva, la defensa de la comercialización y el apoyo tecnológico puedan pagar lo que tienen que pagar en términos de salarios de los trabajadores.
Esta es la solución desde la perspectiva del crecimiento, de la productividad y del cambio técnico, y no desde la perspectiva del desfinanciamiento del sistema de seguridad social y de la reducción del costo laboral.
Respecto del proyecto sobre el régimen de sanciones, nosotros estamos de acuerdo, pero creemos que hay que hacer un agregado para tipificar adecuadamente lo que son las infracciones graves. Éstas no tienen que dar lugar a multas sino al corte absoluto de subsidios de toda naturaleza con recursos públicos para la firma que incumple la normativa laboral.
Si incumple la norma pública en materia laboral, no debe tener recursos públicos que la financien; esta es la lógica del aporte que queremos hacer.
Y la cuestión del contexto a la que hacía referencia es que nos preocupa que esto se ponga en marcha en un marco de destrucción de empleo en donde empezamos a tener problemas claros de recesión.
Para nosotros hay que discutir en serio y hay que sancionar en serio porque lo que estamos debatiendo no es un juego: es la vida de millones y millones de trabajadores en nuestro país. De manera dramática eso se expresa en el asesinato a Mariano Ferreyra, pero son muchos asesinatos cotidianos porque no llevamos adelante las regulaciones que necesitamos. Esto se refleja en la lógica de acumulación de las grandes firmas, en la complicidad de un Estado que no interviene como corresponde y en la complicidad de estructuras sindicales que se han transformado en patrones de sus propios trabajadores. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA): Señor presidente: vengo de la provincia de Salta, donde como diputado provincial me había tocado intervenir frente a muchísimas medidas de estas características que se han propuesto allí en nombre de la generación de empleo y su registración, medidas que han fracasado absolutamente.
Si hay una provincia en la que se puede decir que hubo incentivos y promociones a los grandes grupos empresarios ha sido Salta, donde hoy –según los datos del INDEC, que ha intervenido por el gobierno nacional- hay un 46 por ciento de trabajo en negro, que sólo es superado en el NOA por Tucumán y Santiago del Estero.
En nuestra provincia tenemos trabajo esclavo en el campo, que nunca fue detectado por el Ministerio de Trabajo sino que sólo fue revelado por una cuestión impositiva, o sea, por parte de la AFIP.
Aquí se mencionó a Daniel Solano, un trabajador salteño que fue llevado de Tartagal a Río Negro, donde desapareció. Además, un trabajador de Colonia Santa Rosa, provincia de Salta, ha fallecido; ha sido asesinado en la provincia de Río Negro. Es decir que los salteños no son solamente víctimas de la explotación y la esclavitud en nuestra provincia sino también en otras.
Quiero mencionar el caso de los ordenanzas de escuela que están absolutamente en negro, sin ningún tipo de carga social ni ART; no tienen absolutamente nada.
Este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy hay que señalarlo claramente ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, lo cual revela que hay una política de Estado en materia de bajar los aportes patronales como ya se hizo en otros tiempos para beneficiar a las empresas en nombre de la registración del trabajo. Es por eso que muchos bloques, más allá de sus críticas a este proyecto, hoy van a terminar votando aquí a favor para no contradecir el voto de sus bloques en el Senado.
Quiero entrar en un concepto importante: esta ley va a generar dos categorías de trabajadores. Una categoría son los trabajadores anteriores a esta ley, que tienen todas sus cargas patronales cumplidas, y otra, los que van a entrar ahora o los que podrían entrar, que no tendrán todas sus cargas patronales.
Mi compañero el señor diputado Néstor Pitrola le consultó al ministro Tomada en el plenario de comisiones si esto no iba a provocar el despido de trabajadores a los cuales a algunos les gusta llamar “trabajadores caros” porque tienen todas las cargas patronales. El señor ministro Tomada dio una respuesta para nada convincente: señaló que no le consta que en otras oportunidades, en casos anteriores, se hayan producido despidos en relación con una medida de estas características.
Nosotros advertimos que medidas de este tipo, como las que hoy se van a terminar de sancionar en esta Cámara de Diputados, podrían convertirse en una ley de despidos. Por otro lado tal como señaló mi compañero de bancada, nos preguntamos cómo van a controlar esto. ¿Lo van a controlar los cuatrocientos inspectores que deben fiscalizar a 600 mil empresas, muchos de los cuales además como se ha señalado muy bien aquí están en condiciones precarizadas?
Con respecto a los despidos queremos atacar dos frentes muy importantes. Queremos abarcar no sólo el tema del trabajo en negro sino también el de los despidos, que vamos a tratar en una sesión especial posterior a ésta, a la cual invito nuevamente a los diputados oficialistas para poder discutir con ellos este asunto tan relevante. Esto es tan importante porque por ejemplo el día 28 del corriente mes la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba va a realizar un paro ante el hecho de que ciento cincuenta empresas han entrado en situación de crisis. En la provincia de Mendoza se han producido 6 mil despidos; en Tierra del Fuego, 1.500, y en la industria de la carne, 12 mil.
El fin de semana estuve en el Norte de mi provincia, el Norte petrolero, en el departamento de San Martín, donde escuché al secretario general del sindicato petrolero, quien luego de que aquí se hablara de la soberanía energética durante el debate del tema RepsolYPF tuvo que reconocer que los trabajadores petroleros del Norte de Salta se están yendo al Sur. Quiere decir que también hay despidos en la industria petrolera en el Norte de mi provincia.
Lejos de la estabilidad laboral de la que habló el ministro Tomada hay que señalar que en abril de este año aumentaron en un 80 por ciento los despidos en relación con el mismo mes del año pasado. Esto contradice lo que el ministro de Trabajo señaló en los plenarios de comisiones.
Señor presidente: desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores no sólo vamos a rechazar el dictamen de mayoría que plantea esta eliminación de aportes patronales sino que hemos elaborado una propuesta alternativa a esta política que ha fracasado históricamente.
Nuestra propuesta consiste en que sean los propios trabajadores que están en negro o que no están debidamente registrados los que denuncien, por ejemplo a través de una carta documento, la situación por la que están atravesando. También proponemos que se les garantice la estabilidad laboral por treinta y seis meses para evitar que sean despedidos como represalia por la denuncia formulada.
Nuestro proyecto también atiende al trabajo indebidamente registrado, que es el que sufren muchos trabajadores, que incluso en muchos casos cobran una parte del salario en blanco y otra, en negro. Esto ocurre, por ejemplo, con trabajadores muy importantes del Estado en la provincia de Salta como son los docentes. Como todos saben, los docentes salteños acaban de protagonizar una huelga de treinta y seis días, y gracias al acompañamiento que les hemos dado la Legislatura salteña ha conformado una comisión por una cuestión de privilegio planteada por el diputado Claudio Del Plá, miembro del bloque del Partido Obrero, que fue el único bloque que en esa Legislatura presentó propuestas referentes a los docentes hoy están reclamando que se les pague el aguinaldo contabilizando el total del salario de bolsillo. Como son trabajadores que cobran una parte en negro, les pagan el aguinaldo contabilizando el salario básico, con lo cual cobran un aguinaldo miserable. De manera que podríamos decir que dentro del propio Estado tenemos trabajadores indebidamente registrados.
Por supuesto, nuestro dictamen contempla a todos los trabajadores de nuestro país y de algún modo ayuda para que sea la propia clase obrera la que, a partir de su movilización y de las denuncias, acabe con este tema del trabajo en negro y con todas las formas de precarización laboral que sufren los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país.
Consideramos que esta iniciativa que proponemos a través de nuestro dictamen es una contribución extraordinaria para el mejoramiento del financiamiento de la ANSES a fin de que podamos garantizar el 82 por ciento móvil para todos nuestros jubilados y para los trabajadores que en el futuro próximo inmediato se van a jubilar.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. DEL CAÑO, NICOLAS (MENDOZA): Señor presidente: en primer lugar quiero señalar que en este Congreso asistimos nuevamente a un consenso de los bloques más importantes para beneficiar a las empresas. El proyecto en consideración va a premiar a los evasores que no registran a sus trabajadores...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Si el señor diputado me permite, la Presidencia solicita a quienes se encuentran en las galerías que retiren las pancartas que cuelgan de las barandas.

- Manifestaciones en las galerías.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. DEL CAÑO, NICOLAS (MENDOZA): Señor presidente: los trabajadores que se manifiestan en las galerías fueron despedidos por Shell. Concretamente, son nueve las personas que fueron despedidas en forma discriminatoria. También están presentes los trabajadores de la compañía CALSA, quienes desde hace varias semanas están en conflicto debido a una serie de despidos, porque necesitan una respuesta a su situación.
Respecto de la iniciativa en tratamiento, adelanto nuestro claro rechazo porque premia a las patronales evasoras, es decir, a aquellas que delinquen no registrando a sus trabajadores. Estas políticas propatronales ya fueron implementadas no sólo en los años 90 sino también en 2008, cuando se sancionó la ley 26.476, que establecía una reducción de los recursos de la seguridad social. Casualmente, aquella norma incluía un capítulo centrado en la promoción y la protección del empleo registrado similar al que hoy propone el gobierno. Entre otras disposiciones contemplaba alivios de hasta el 50 por ciento de los aportes empresariales por dos años, la suspensión de las acciones penales en curso derivadas de la violación de las leyes tributarias y la condonación de deudas por multas, intereses y sanciones originados en la evasión de las empresas. Es decir que no tenía nada que envidiarle a lo que sucedió en los años 90.
El proyecto que hoy consideramos avanza aún más, ya que contempla incentivos que van del 75 por ciento al ciento por ciento de los aportes según la cantidad de empleados que contabilicen las empresas.
Creemos que el fracaso fue muy claro y que pese a ello se pretende volver a las mismas políticas desde el Estado, un Estado totalmente neutral que no beneficia a los distintos sectores y que en momentos de crisis interviene a favor de las patronales; sobre el tema han hablado incluso diputados liberales que junto con el oficialismo apoyan este proyecto.
Esto es lo que hoy intentan aprobar el oficialismo y algunos bloques de la oposición. Nuestro planteo es muy claro; como ya lo adelantaran mis compañeros del Frente de Izquierda, proponemos que los trabajadores tengan la posibilidad de enviar al ministerio, que es quien debe obligar a las patronales a registrarlos, una simple notificación o carta documento.
Asimismo, estamos de acuerdo con que los trabajadores puedan elegir a sus delegados registradores y que éstos tengan el amparo necesario para llevar adelante sus reclamos.
Se trata no sólo del trabajo no registrado, que afecta al 35 o 40 por ciento de la clase trabajadora, sino también de la precarización laboral. Ese es el núcleo central del problema, que se ha mantenido desde los años 90 y ha permitido que la llamada “década ganada” haya sido fundamentalmente para las grandes multinacionales y las patronales que como suele decir la señora presidenta durante diez años se la “llevaron con pala”.
Además de la precarización laboral y el trabajo no registrado conforman ese núcleo central las contrataciones temporarias –bajo la forma de monotributo u otras- efectuadas no sólo en el sector privado sino también dentro del Estado. De acuerdo con información de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante el primer semestre de 2013 hubo 57.263 trabajadores bajo distintas formas de contratación precaria. Es decir que equivale al 56 por ciento del personal total de planta permanente, que asciende a 101.976 trabajadores.
De manera tal que como lo manifestaron algunos señores diputados preopinantes el propio Estado es el que precariza y reproduce esta forma de trabajo no registrado. En ese sentido nuestro planteo es muy claro: solamente la lucha de los trabajadores puede enfrentar estas condiciones para revertir la situación.
Por eso queremos destacar la lucha que dieron los trabajadores del Ferrocarril General Roca, donde la patota de la burocracia sindical de Pedraza, aliado del gobierno, asesinó al compañero Mariano Ferreyra, y la de los trabajadores del subte, que a partir de su gran lucha y de la recuperación de su cuerpo de delegados, desde hace varios años lograron avanzar en el combate a la precarización laboral.
También lo hacen los trabajadores contratistas telefónicos, los compañeros de Aerolíneas Argentinas y los de la comisión interna de Falcon, que están en una tercerizada. Sobre este último aspecto queremos decir que es una de las formas de precarización laboral que se han expandido.
Asimismo, en la provincia de Mendoza, a la que represento, los trabajadores del humilde municipio de Lavalle, gobernado por el Frente para la Victoria, durante un mes realizaron una ocupación pacífica y una huelga contando con nuestro acompañamiento. Finalmente lograron el pase a planta permanente de cuatrocientos trabajadores. Ahora el intendente, en forma despótica, ha despedido a los compañeros que estuvieron al frente de esas manifestaciones, tratando de amedrentar a aquellos que enfrentan esta situación.
En el día de ayer vimos a Sergio Berni bajando del helicóptero y diciendo que todos los que se manifiestan y cortan calles tienen que estar presos. Es decir que los trabajadores que hoy están en negro o bajo alguna forma de contratación precaria y salen a protestar de la única manera en que lo pueden hacer -es decir, mediante huelgas, bloqueos y cortes de calle- tienen que estar presos.
No escuchamos una sola crítica del Frente para la Victoria respecto de las palabras de Berni, como tampoco de algunos sectores de la oposición. A esto debe agregarse lo que manifestó sobre nosotros, es decir, los diputados del Frente de Izquierda, en el sentido de que nos iba a quitar los fueros por participar en piquetes.
Por lo tanto, confiamos en la lucha de los trabajadores como la forma de terminar con el trabajo no registrado y de oponernos a la precarización laboral.
Por supuesto que si estamos hablando del trabajo no registrado y de los problemas que tienen millones de trabajadores de nuestro país también debemos referirnos a las suspensiones y los despidos. Al respecto deseo reiterar lo que ya dijeron otros señores diputados en el sentido de que para el día de hoy también se ha convocado a una sesión especial de esta Honorable Cámara a efectos de abordar este tema, que es muy importante para los trabajadores y que también impulsamos desde el Frente de Izquierda.
Hay miles de despidos, y los primeros que actualmente los sufren son los sectores más vulnerables, es decir, los trabajadores contratados y precarizados. A ellos deben agregarse los jóvenes de mi provincia, que en rubros tales como la gastronomía y el comercio registran una precarización laboral superior al 70 por ciento.
En relación con este tema quiero expresar que se dice que en esta década los jóvenes son los que también han ganado y han sido incluidos. Sin embargo la realidad muestra otra cosa. Hoy la mayoría de los jóvenes no tiene derecho a un trabajo en blanco y está precarizada.
Por eso estamos planteando este tema relacionado con las suspensiones y los despidos que consideramos que es fundamental.
Los compañeros que se encuentran aquí presentes son también la expresión de miles de trabajadores que hoy están sufriendo las consecuencias de esta crisis que una vez más se descarga sobre ellos. Así, por ejemplo, tenemos a los trabajadores de Gestamp, de la ciudad de Escobar, que fueron despedidos por efectuar un reclamo ante la empresa por suspensiones que se habían realizado. Setenta familias recibieron telegramas de despido luego de manifestar su disconformidad ante las suspensiones. El señor diputado Romero, del Frente para la Victoria, integra la conducción del SMATA, un sindicato que defendió los despidos en la empresa Gestamp. La verdad es que no nos extraña de una conducción que viene avalando las suspensiones y los despidos.
Por ello hoy planteamos nuestro apoyo incondicional a los compañeros que están peleando y ante esta crisis creemos que este Congreso, en el que como se dice están los representantes del pueblo, no puede soslayar un tema que afecta a miles de trabajadores.
Por lo tanto nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos frente a la crisis que golpea a la clase trabajadora. Nos comprometemos también a apoyar cada una de las luchas que llevan adelante los trabajadores y los sectores del sindicalismo combativo, que sostienen como una de sus principales banderas –al igual que lo hacen los compañeros de Kraft y de otros sectores del trabajo- la unidad de los trabajadores. Este es el camino: la unidad de los trabajadores, tanto los que están en planta permanente como los que están en negro o bajo alguna forma de precarización laboral. Con unidad podremos terminar con la precarización y el trabajo no registrado.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES): Señor presidente: no puedo dejar de celebrar que el gobierno nacional tras once años de gestión haya decidido, a través de esta iniciativa, colocar arriba de la mesa la discusión de esta problemática. Mejor tarde que nunca.
Finalmente se reconoce este flagelo que desfinancia al sistema de la seguridad social y precariza derechos de más de cuatro millones de trabajadores, prácticamente un tercio del total.
Hablamos de un nivel de precarización laboral que una década de vigoroso crecimiento no pudo corregir. Evidentemente, han fallado las políticas llevadas adelante. En hora buena este reconocimiento oficial. Cabe destacar que durante estos años desde la oposición hemos venido marcando insistentemente esta agenda. Por ejemplo, junto al diputado De Narváez impulsamos un régimen de promoción del empleo joven registrado para las mini pymes que fue sistemáticamente cajoneado por el oficialismo, al igual que otras iniciativas de colegas de la oposición que iban en el mismo sentido.
Lamentablemente, tal como sucedió con otras medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional en materia económica, se llega tarde y a destiempo. Digo esto porque este postergado paquete de medidas llega en medio de un proceso recesivo de nuestra economía, que registra fuertes caídas de la actividad en varios sectores productivos y pérdida de empleos.
La realidad paralela que permanentemente nos narra el gobierno con una formidable creatividad argumental –esto hay que reconocerlo- carga siempre las tintas sobre supuestas causales externas de todos nuestros males económicos: crisis financiera, desaceleración del crecimiento y del comercio internacional, etcétera. De esta manera pretenden ignorar por completo la enorme responsabilidad que les cabe a sus propios funcionarios, que todos los días generan un problema nuevo donde no lo debería haber.
Tras una década de altas tasas de crecimiento irremediablemente hemos ingresado en una fase de fuerte desaceleración de la actividad económica -en algunos sectores industriales es un literal parate- combinada con elevadísimos niveles inflacionarios, que llegan al 30 o 40 por ciento y que siguen en aumento.
Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que esto es atribuible a años de acumulación de inconsistencias macroeconómicas producto del desmanejo fiscal y monetario de este gobierno, sobre todo desde 2007. Se ha destruido por completo la macroeconomía heredada el 25 de mayo de 2003, que tenía una economía creciendo al 7 por ciento, con superávit fiscal y comercial, con progresivo crecimiento de las reservas, con el 3 por ciento de inflación anual y con un país pacificado, como todos sabemos.
Hoy reina la desconfianza y falta de expectativas, se ha desplomado literalmente la inversión privada, retrayendo cada vez más el consumo, con efectos perceptibles sobre los niveles de actividad y empleo, y con empleo privado en caída desde 2012.
Estamos tratando medidas necesarias y que en términos generales compartimos, aunque dada la coyuntura económica, lamentablemente perderán efectividad.
Nos parece particularmente correcto el artículo 18 del proyecto en tratamiento, que establece beneficios vinculados a personas físicas, sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada de hasta cinco trabajadores, con una extensión hasta siete cuando se incrementa su plantel. Esto se vincula con las mipymes y es por demás auspicioso, sobre todo a favor de las microempresas. Lo extraño es que no se incluya al resto de las sociedades comerciales, ya que este beneficio está limitado por el nivel de la facturación anual.
También esperamos que, como lamentablemente ya ha sucedido en otras oportunidades, no signifique un perjuicio para los diferentes sistemas de seguridad social, particularmente para los jubilados, para quienes aún seguimos reclamando la aplicación del 82 por ciento móvil y que se adopten, según lo fija dicho artículo, las compensaciones correspondientes por el Poder Ejecutivo nacional.
Igual consideración cabe para el artículo 24 y demás vinculados con los sistemas de seguridad social y gremial de los trabajadores y de los jubilados.
La fiscalización del trabajo irregular es una obligación del Estado nacional y de los provinciales, cargándose ella generalmente a otros estamentos, intentando de esta manera evadir su responsabilidad. Podemos citar el caso de los trabajadores rurales, que sólo a través de la UATRE han podido lograr su regularización; por el contrario desde el Estado se menciona permanentemente el trabajo precario rural pero nada ha hecho al respecto.
Es válido el artículo 39, de creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, pero debe ser efectivo y empezar por el propio Estado, que es el principal empleador del trabajo irregular.
Señores: es simple, a las políticas hay que juzgarlas por sus resultados. El tan mentado modelo de crecimiento con inclusión social, permanentemente exaltado por la retórica oficialista, no ha mejorado la realidad de millones de argentinos sumidos en la pobreza, aun habiendo crecido exponencialmente el denominado gasto social, y hoy más que nunca con suspensiones y despidos que preocupan a toda la sociedad.
A continuación de esta sesión está convocada otra sesión especial, con el objeto de tratar la declaración de emergencia laboral y ocupacional y la problemática de los despidos y suspensiones, por un lado, y, por otra parte, la modificación del mínimo no imponible del impuesto al trabajo. Ustedes le dicen impuesto a las “ganancias”, pero es al “trabajo”. Espero que mis pares pertenecientes al bloque oficialista permanezcan en el recinto para poder trabajar estos temas que afectan principalmente a los trabajadores.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES): Como peronistas estamos profundamente convencidos de que la mejor política para redistribuir genuinamente el ingreso, la más justa y perdurable de todas, es generar trabajo digno. Las mejores políticas sociales, esencialmente, son aquellas que contribuyen a incrementar de manera sostenida la actividad productiva y el empleo de calidad. Aquellos hermanos sumidos hoy en la pobreza, ignorados por las estadísticas oficiales, deben ser incluidos en serio y no con dádivas ni con relato sino con trabajo digno, educación de calidad para sus hijos, salud, agua potable, cloacas, transporte, seguridad.
Acompañaremos el proyecto en general aunque haremos algunas consideraciones en particular, como expresaran otros señores diputados, en función de lo que tal iniciativa significa para las micro o pequeñas empresas, aunque sin dejar de reclamar que otras sociedades comerciales también sean incluidas sobre la base del monto de facturación.
Por todo ello, sin perjuicio de las consideraciones y aclaraciones que he efectuado, reitero que el Bloque FE acompaña el proyecto en general.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ANSELMO)) Señora presidenta: el tratamiento de los dos proyectos en discusión puede llevar una considerable mejora de la situación de muchos trabajadores que en la actualidad están sufriendo la pérdida de derechos que nos asisten en razón de la lucha generada hace muchísimos años.
Recurrentemente, se ha hecho alusión a la situación de los años noventa. Resulta claro que si bien estos problemas que padecen grandes sectores de la población no tienen su origen en esa década, sí fueron considerablemente potenciados por una política que consistió en arrodillarse frente al imperialismo o tener relaciones carnales con él, como una sumisión a la intención de dominio globalizado que pretendieron imponernos en aquella época.
A lo largo y a lo ancho del país, los trabajadores hemos tenido por principio y convicción la firme decisión de enfrentar esas políticas que entre otras consecuencias, lamentablemente, nos quitaron parte de las asignaciones familiares. Asimismo, se privatizaron las jubilaciones, se remataron las empresas del Estado, se rifaron la salud y la educación, y se destruyeron puestos de trabajo y la industria nacional.
Por eso, en esa época en que una y otra vez se sancionaron leyes antiobreras, incluso con la participación de diputados “truchos”, las organizaciones obreras, en la calle, intentamos torcer el rumbo de esa política a la que no solo nos oponíamos sino que profundamente cuestionábamos como una de las demostraciones más autoritarias de parte del neoliberalismo.
En la responsabilidad que nos cabe, en este espacio al que hemos llegado con el acompañamiento del pueblo y de los trabajadores, también nos toca venir a dar explicaciones sobre un profundo debate que se está dando en nuestra provincia. Allá por el año 2009, también como consecuencia de la crisis y el estallido provocado a raíz del sistema de acumulación capitalista, vinimos para reunirnos con la señora presidenta a efectos de reclamarle urgentes medidas que pudieran resolver las dificultades generadas por los niveles de ocupación en Tierra del Fuego.
A raíz de ello surgieron decisiones como la modificación de los impuestos internos, que junto con la sustitución de importaciones permitieron el crecimiento de la producción, pero fundamentalmente de los puestos de trabajo. Obviamente ello generó las crisis que produce el crecimiento, aunque esta vez por el lado positivo.
A esta altura del año todavía no hemos podido lograr la reincorporación de los trabajadores que estuvieron contratados a partir de 2010. De apenas 3.000 trabajadores que teníamos en la industria metalúrgica provincial, el año pasado alcanzamos el nivel histórico de 16.500 operarios, hombres y mujeres que empezaron a construir su dignidad a partir de poder fabricar con sus propias manos el 90 por ciento de los productos electrónicos que consume nuestro país desde el Norte al Sur y del Oeste al Este.
Tenemos que responder a la crítica mezquina de aquellos políticos que por hacer campaña con miras a las elecciones de 2015 acuden a las actitudes más miserables y aparecen por cuanto medio les resulta posible tratando de cuestionar el crecimiento en los puestos de trabajo al pretender calificarlo. Esos funcionarios que rondan por aquí con cargos de senadores y diputados utilizan a los pichones de Magnetto en aquella lejana provincia para intentar llevar a la práctica sus despreciables actitudes.
Justamente uno de los medios que utilizan es el canal privado donde los trabajadores desde hace más de un mes están en lucha reclamando por su continuidad laboral y su incorporación al convenio colectivo de la actividad que desempeñan. Esos trabajadores del sindicato de televisión de ese medio, propiedad de los dirigentes máximos del Movimiento Popular Fueguino, se ven acosados una y otra vez por este tipo de políticas persecutorias y hasta esclavistas que pretenden imponerles condiciones que obviamente la mayoría de la población no sólo cuestiona sino que repudia. Expresamos toda nuestra solidaridad hacia ellos, como la hemos venido demostrando durante todo este tiempo, y nuestro firme compromiso de enfrentar cualquier intento de desalojo o práctica que quiera llevar a cabo la Justicia provincial, más allá de los poderes con que cuente.
Decíamos que en los años 90 en Tierra del Fuego los trabajadores resistíamos para poder cobrar las indemnizaciones ocupando y hasta tomando las fábricas, con lo que eso significaba. Esas eran las medidas que nos permitían reclamar por el derecho a la única propiedad que tenemos los que laburamos: el salario.
Los funcionarios del Movimiento Popular Fueguino se llenan la boca pretendiendo cuestionar la calidad de los contratos de nuestros compañeros y compañeras cuando debieran hacerse cargo de la dolorosa responsabilidad de haber sido los que provocaron el primer asesinato en la época democrática, cuando mandaron a la policía provincial para que disparara sus balas de plomo en contra de la movilización que estaba reclamando por los puestos de trabajo y la indemnización y asesinaron al compañero Víctor Choque el 12 de abril de 1995. ¡Esos son los que nos quieren venir a hablar de la calidad de los contratos de trabajo!
Nosotros asumimos el compromiso de cara a cada uno de nuestros compañeros porque somos parte de una organización gremial absolutamente democrática y pluralista que decide cada una de sus acciones en asambleas y congresos de delegados. De hecho en este mismo momento estamos con medidas en cada una de las fábricas y los turnos con el compromiso solidario de reclamar para que ingresen esos cientos de compañeros que todavía no han podido tener su puesto de trabajo. Estamos convencidos de que con solidaridad pero también poniendo todo lo que hay poner podremos defenderlos y finalmente lograr ese objetivo.
Se está hablando de suspensiones y despidos, pero no es causa de una cuestión divina o un hecho desgraciado de la naturaleza. Las suspensiones y despidos seguramente son producto de las presiones que han generado los poderes políticos y económicos, y sobre todo la banca concentrada que por distintos medios, apuntando a la desestatización, avanzó en el proyecto de devaluación que después pretendían se les explicara por qué había sucedido. Son los mismos que especulan modificando constantemente los precios de los productos de la canasta familiar.
Más allá de las responsabilidades innegables que tiene el gobierno, habría que preguntar –muchos de ellos están sentados en sus bancas- a los representantes de la Unión Industrial, de la Sociedad Rural Argentina o de los distintos sectores del campo, que pretenden trasladar a la sociedad las consecuencias de sus políticas, pero esclavizan a los trabajadores rurales, como ocurre en la provincia de Tierra del Fuego.
Estas medidas combinadas de generación de trabajo registrado y sobre todo de control, a través de las inspecciones, vienen a contribuir de manera importante para que muchas mujeres y hombres puedan recuperar mínimamente la dignidad de tener un trabajo reconocido, el derecho a una asignación y a una obra social.
No tenemos ninguna duda y asumimos el compromiso desde nuestra propia convicción y nuestra pequeña estructura de acompañar este proyecto de ley que ya hemos avalado en el dictamen. Entendemos que más allá de las estadísticas que algunos técnicos se empeñan en mostrar una y otra vez, existe allí afuera una realidad: cientos y miles de hombres y mujeres que reclaman ser tenidos en cuenta en el sistema o ser blanqueados, como se dice equivocadamente.
Por estas razones, adelanto nuestro firme acompañamiento y voto afirmativo para que estos dos proyectos que hemos venido debatiendo en las reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo se transformen en ley. Asimismo, destaco nuestra decisión de seguir comprometidos con los trabajadores, nuestra clase y nuestro pueblo defendiendo sus derechos, como lo hemos realizado, a lo largo de toda nuestra trayectoria. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. GARCIA, ANDREA FABIANA (BUENOS AIRES): Señora presidenta: la relación directa entre la soberanía nacional y la libertad de las mayorías ya la visualizaba Perón en el 45, cuando el pueblo se encontraba sometido al abuso del “patricismo” vacuno y de la usura comercial portuaria. Él decía que cien años de explotación habían dejado un dolor en el alma de la comunidad argentina, pero también un sentido de rebelión libertaria.
El 17 de octubre, la organización de los trabajadores, la proclama de los derechos de los trabajadores por el decreto 4.865/47 y la Constitución del 49 consagraron los derechos del trabajo en nuestro país; instauraron el trabajo como derecho social. Derechos sociales entendidos como la precondición del ejercicio del derecho a la libertad; como derecho social, que es nada más que un derecho de justicia.
Por eso, la dictadura cívico-militar, los dieciocho años de proscripción del peronismo y los intereses de las empresas monopólicas se ocuparon de disciplinar a los trabajadores y llevar adelante políticas desde el propio Estado, en tres ejes: en el plano de la represión abierta y directa; en el legislativo, cuando se dictaron normas severas que prohibían o castigaban las huelgas e intervenían los sindicatos, y en el de la cooptación de los dirigentes de movimientos nacionales y populares, como el peronismo, el radicalismo y algunos otros que todavía lo niegan a la hora de hablar. Esta cooptación llevó a que se votaran en el Congreso leyes de flexibilización laboral, se acompañaran despidos masivos y eliminaran los derechos conquistados. A mí me encontró como intendenta, tomando fábricas para conformar cooperativas y garantizar el trabajo.
La voluntad popular de una sociedad fragmentada trajo al gobierno al kirchnerismo; ese gobierno al que están todos ocupados en atacar y en querer ponerle fin simplemente para desactivar lo que el kirchnerismo vino a reeditar en la Argentina, que es recuperar la ecuación ideal entre la libertad y la igualdad.
Sostenemos el rol del Estado como regulador de las diferencias, promovemos la soberanía energética, trabajamos para que haya industrialización, para que también se industrialice la ruralidad, y en definitiva, para defender el trabajo.
Trabajamos para el desarrollo, pero no de cualquier manera; es el desarrollo con empleo. Centenares de medidas se tomaron en estos diez años y treintena de leyes vinieron a consolidar los derechos laborales.
Este proyecto de ley que hoy votamos pretende ser un paso más en la consolidación del trabajo decente; el trabajo registrado es trabajo decente. El trabajo registrado incluye a los nadie, a los hijos de nadie y a los dueños de nada. Con este proyecto venimos a acompañar el plan integral que combate el trabajo no registrado en la Argentina, consolidando las facultades de inspección del Ministerio de Trabajo, creando un nuevo registro público y fortaleciendo la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular, con incentivos económicos para que registren las microempresas y para que consoliden y promocionen la contratación de trabajo registrado las empresas que solo tengan hasta 80 empleados.
Esta ley no afectará ningún derecho de los trabajadores; viene a poner justicia, pero también viene a regular el mercado, exigiendo a los empresarios que terminen con la especulación y la precariedad laboral, diferenciando a las empresas que necesitan aporte del Estado para la competitividad de las que abusan y explotan a los trabajadores.
He escuchado hablar de la caída del mercado laboral, del análisis de los índices de pobreza y de agitar banderas en la otra sesión y hoy de los derechos humanos, de la libertad, del trabajo y de la educación. No alcanza con levantar banderas, con discursos eufóricos o medidos; no alcanza con invitar a la unidad de los trabajadores y vilipendiar al gobierno que les dio las convenciones colectivas de trabajo. (Aplausos.) No alcanza con decir que defienden el trabajo. ¡Que vengan a las bancas, que den quórum, que presenten proyectos; lo que se necesita es coraje, medidas, como lleva adelante nuestra presidenta!
Y fundamentalmente, ¿saben qué necesita la Argentina para seguir transformando en derecho lo que hasta ahora fue explotación? Que siga gobernando después de 2015 este proyecto, el proyecto del peronismo. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.


SRA. LEVERBERG, STELLA MARIS (MISIONES): Señora presidenta: como sindicalista, me enorgullece profundamente encontrarme hoy debatiendo junto a todos ustedes mayores oportunidades para los trabajadores. Esta iniciativa llega nada menos que del Poder Ejecutivo porque nos estamos olvidando de que los trabajadores de este país hemos tomado parte de las políticas de Estado, y ha sido Cristina Fernández de Kirchner quien tomó la voluntad de la clase trabajadora para llevarla a una concreción de hecho de mejor calidad para los trabajadores y, en definitiva, mejor calidad de vida para todo el pueblo de este país.
Hoy estamos hablando de la calidad del empleo. Es decir, llegamos a un momento especial de la realidad laboral argentina, que con cifras de desempleo ya consolidadas en niveles de un dígito se enfoca ahora en recuperar la calidad del empleo, cuestión que no es menor.
Es un momento muy particular, y también tengo que reconocer que además del debate público, porque hemos conmovido a toda la sociedad con el debate de esta temática, también hay que reconocer el apoyo y el acompañamiento de buena parte de la oposición. Quiere decir que estamos ocupados y preocupados por las cuestiones de aquellos sectores más postergados.
También se ha venido discutiendo en comisión y realmente hemos avanzado en esta iniciativa que busca la reducción permanente de las contribuciones patronales para las mencionadas microempresas además de las medidas de fortalecimiento de la fiscalización y de la inspección.
También tenemos que dejar bien en claro que la misma norma prevé la creación del registro público de empleadores que hayan sido sancionados, que contendrá a aquellos que no registren a sus trabajadores y también a los que lamentablemente siguen con esa idea atroz de llevar niños y adolescentes para ocuparlos en trabajos forzados.
Quiero decir a los legisladores y legisladoras que estamos hablando de derechos. Estamos hablando de profundizar los derechos de nuestros compañeros trabajadores del país, estamos hablando de más de 3 millones de personas que todavía cumplen tareas sin tener aportes patronales ni obra social. Estamos hablando de esa calidad del empleo, de la seguridad social, de los trabajadores, de su derecho a contar con aportes jubilatorios y de las necesarias tareas de fiscalización para evitar el fraude laboral habitualmente visto en determinados niveles de empleadores.
El trabajo evidentemente para la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la potencialidad para seguir transformando la República. Las fuerzas de las organizaciones sociales y populares que hemos reclamado históricamente mejorar la calidad del empleo vemos hoy un paso sostenido firme, directamente vinculado a esa recuperación de la calidad. Ya no hablamos tanto de desempleo, insisto, sino de calidad de empleo.
Cientos de veces se ha hablado de los costos laborales de la Argentina como un punto a contramano de muchos otros positivos que han venido haciendo a la consolidación del derecho del país en esta última década. Si quedaba una oportunidad para revisar esas condiciones, aquí estamos para eso.
Nos encontramos frente a una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que nos da la posibilidad de avanzar hacia una mayor afirmación de que el rumbo es seguir creciendo, pese a los agoreros, pese a las tempestades del mundo y sus réplicas locales y sobre todo pese a quienes siguen oponiéndose a la realidad de un país que no deja ni por un segundo de “incluir”, palabra clave que resume el espíritu del proyecto. La inclusión laboral es un derecho inalienable de todos quienes día a día buscan su sustento con esfuerzo, con pasión y con esperanza.
El domingo próximo es el 25 de mayo, día en que todos recordamos el nacimiento de nuestra patria. ¡Qué mejor que hablar de patria cuando hablamos del derecho de los trabajadores, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos del esfuerzo compartido!
Estamos en un buen momento; hay cosas buenas que realiza la Argentina a través del modelo nacional y popular. No hay que ser necio; hay que reconocer y aplaudir aquellos avances significativos, sobre todo los que tienen vinculación con el mundo del crecimiento personal, que le podemos dar a muchísimos millones de argentinos y argentinas.
Que el domingo, el 25 de mayo, todos hermanados, con la fuerza de los argentinos, con la fuerza del compromiso de este movimiento político podamos repetir con toda la alegría del corazón: ¡Hasta la victoria, siempre! (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.


SRA. PERRONI, ANA MARIA (CORRIENTES): Señora presidenta: sólo voy a hacer varias reflexiones ya que los compañeros del bloque han explicado la parte técnica de este proyecto de ley con absoluta claridad y contundencia.
El proyecto que vamos a aprobar hoy es de una profundidad y un alcance muy importantes. Es una norma de carácter integral que afortunadamente tiene un amplio consenso entre la mayoría de los integrantes de la Cámara.
El trabajo, como todos sabemos, otorga dignidad al hombre, pero cuando el trabajo no está registrado le quita esa dignidad a los hombres. Por eso, conseguir que los trabajadores sean dignamente considerados, con la amplitud de derechos que les corresponde, a nosotros nos moviliza, porque la esencia de nuestro movimiento peronista es la permanente lucha por la dignidad del trabajador.
Lamentablemente, las nefastas dictaduras y los gobiernos neoliberales diluyeron los logros alcanzados con Juan Domingo Perón, y junto con las graves crisis económicas terminaron por cimentar un modelo basado en los abusos de los empleadores.
El trabajo no registrado pasó a ser una cotidianidad que poco a poco dinamitó la columna vertebral de un país serio y respetuoso de sus ciudadanos. Y digo “la columna vertebral” porque las naciones se construyen y crecen por el trabajo diario de todos sus habitantes.
Pero en 2003 nuestro presidente Néstor Kirchner emprende la ardua tarea de combatir esta ilegalidad, y comienza a recuperar la defensa del trabajo y la producción argentinos. Vale recordar que a pocos meses de asumir puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo.
Ese fue el inicio de una etapa de reconstrucción de la dignidad de los trabajadores. Se siguió con otras leyes, que otorgaron a las empleadas de casas particulares y a los peones rurales un marco jurídico laboral. En el mismo sentido, se creó el Renatea, entre otros tantos avances en materia laboral.
Estos fueron pasos muy importantes pero el trabajo informal permanece, por lo que sigue siendo un tema a resolver. Con esta iniciativa emprendemos una dura batalla, que no solo requerirá de control, fiscalización y seguimiento del cumplimiento de la ley por parte del Estado sino también de la colaboración de los empresarios, que son los principales responsables del trabajo no registrado; si ellos no registran a sus empleados, la informalidad no dejará de existir. Con esta norma estamos en la senda correcta hacia la erradicación del trabajo en negro, del trabajo informal, porque aborda de modo integral esta problemática.
El trabajo no registrado es un trabajo sin derechos, que no solo se presenta en los sectores altos generadores de empleo sino también en las pequeñas y medianas empresas. Pero, a la vez, no solo se da en los grandes conglomerados urbanos, donde están radicadas las más grandes e importantes empresas, sino también en muchas provincias, donde la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas.
Y me voy a referir a la mía, Corrientes. La ciudad de Corrientes registra el indicador más alto del país en trabajo no registrado: el 46,8 por ciento. En la provincia de Corrientes, la mayoría de las empresas vinculadas a los sectores agropecuario, citrícola, de forestación y tala tienen un alto porcentaje de trabajo en negro. Esto no lo digo yo. Por la inspección de la delegación del Ministerio de Trabajo en mi provincia se encontraron muchos trabajadores no solo no registrados sino también en condiciones muy precarias, que lindan abiertamente con la esclavitud, violando la ley 26.727, porque no se respetan las condiciones mínimas, como luz, cocina y espacio para el descanso.
Voy a citar algunos resultados de esas inspecciones realizadas este año para que sepan de qué estoy hablando.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Vaya concluyendo su exposición, señora diputada, pues se ha agotado su tiempo.


SRA. PERRONI, ANA MARIA (CORRIENTES): En marzo se relevaron 30 establecimientos dedicados a la tala y aserraderos y se encontró a 63 trabajadores, de los cuales el 67 por ciento no estaba registrado. En otros 22 establecimientos dedicados a la actividad hortícola se encontraron 81 trabajadores, de los cuales el 40 por ciento no estaba registrado. En 35 establecimientos dedicados a la tala se encontraron 94 trabajadores, de los cuales el 63 por ciento no estaba registrado. Y un caso paradigmático es el siguiente: en otros 5 establecimientos dedicados a la cosecha de arándanos, el 100 por ciento de los trabajadores se encontraba en condiciones irregulares. La lista podría continuar pero no quiero dar tantos números, ya que es solamente una muestra de lo que está ocurriendo en una provincia de la Argentina.
La verdad es que celebro que estemos dando este paso tan importante, porque este es el país que nuestra presidenta Cristina sueña para los millones de argentinos.Un país donde todos los trabajadores estén incluidos y gocen plenamente de sus derechos es el que todos los peronistas anhelamos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. DONKIN, CARLOS GUILLERMO (FORMOSA): Señora presidenta: estamos en este recinto tratando uno de los temas fundamentales para la vida y la dignidad de los trabajadores: nada más ni nada menos que la registración de todo aquel que ofrece una tarea diaria para la grandeza de la patria. Siempre los proyectos elaborados por este gobierno tienen ese objetivo; una iniciativa sobre trabajo registrado está enmarcada en la inclusión social.
En enero se presentó el plan “Progresar” y en marzo el programa “Recuperar inclusión”, lo que evidentemente produce mucha tensión en aquellos sectores de la sociedad que ven en este proyecto al peor de sus enemigos. En el sector de los peones rurales, la informalidad alcanza el 49 por ciento y en el de los trabajadores gastronómicos, aproximadamente el 37 por ciento. Las amas de casa que se florean con sus cacerolas de teflón, ocultan a sus empleadas casi en un 75 por ciento, privándolas así de aguinaldo, vacaciones y seguro contra riesgos del trabajo. La verdad es que cuando pensamos en situaciones como esa decimos: ¡Qué gente dadivosa que tenemos!
El objetivo del proyecto en consideración es devolver la dignidad a los trabajadores. Muchos ortodoxos se llenan la boca diciendo que el empleo no registrado es culpa de la inflación. A ellos les pregunto por qué existe tanta informalidad en países donde prácticamente no hay inflación, como por ejemplo Japón y los Estados Unidos. Es una eterna mentira de los ortodoxos de la economía.
La creación de empleo llevó a que hasta diciembre de 2013 tuviéramos casi 10 millones de aportantes al sistema de la seguridad social, el doble de lo que había en 2003. Entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué hay que registrar a los trabajadores, más allá de que con ello les devolvemos su dignidad, si de cada cien pesos que gasta la ANSES, 77 son destinados al pago de jubilaciones y sólo el 60 por ciento de los ingresos proviene de los aportes de los trabajadores en actividad.
La iniciativa en tratamiento permitirá formalizar en dos años casi a 650.000 trabajadores y otorgar beneficios a aproximadamente 290.000 pymes. Si hay un método para disciplinar a los trabajadores ése es precisamente la precarización laboral, porque al no estar registrados terminan aceptando cualquier cosa. No olvidemos que este gobierno recibió una Argentina con aproximadamente un 50 por ciento de los trabajadores no registrados; en estos diez años ese porcentaje bajó alrededor de 20 puntos, con lo cual hoy nos encontramos con un 33 por ciento de trabajadores en esa situación.
Esta es la lucha que debemos dar todos sin distinciones: Estado, sindicatos, centrales obreras y la sociedad en su conjunto.
Hace pocos días, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina reconoció públicamente que en nuestro país hay una gran tendencia a la informalidad laboral. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Algunos sostienen que este proyecto de ley es muy parecido a los que se presentaban en otras épocas. Difiero totalmente de esa apreciación, porque otorga una serie de beneficios siempre y cuando se cumpla con los requisitos impuestos; por ejemplo, aquel vinculado con el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Además, los beneficios relacionados con la contratación son solamente por dos años; se privilegia a las pymes y no se modifica el código de despidos.
El trabajo no registrado es uno de los mayores flagelos en nuestra sociedad; si no encontramos una solución, no tendremos educación ni justicia ni salud.
En España, las madres no vacunan a sus hijos contra el neumococo porque la vacuna cuesta casi 300 euros. En cambio, en nuestro país la aplicación es gratuita al igual que la de otras quince vacunas. Así que de eso estamos hablando, es decir, de que el Estado esté presente, sin abandonar nunca al pueblo.
Pero si hay un lugar en el que la famosa ley de gravedad no tiene nada que ver, ese es, precisamente, el de la distribución del ingreso. Porque alguna vez nos hicieron creer el cuentito de que la caja de arriba derramaba prosperidad. Sin embargo, nosotros creemos todo lo contrario, porque mejorando las condiciones de los de abajo iremos mejorando el beneficio de la distribución. En esto inclusive contradecimos a Maquiavelo, quien decía que todos los gobiernos tienen derecho a no cumplir sus promesas.
Pero este gobierno no solamente cumple sus promesas, sino que también va por mucho más, es decir, por una mayor inclusión, pues creemos que la patria es el otro. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Antes de otorgar el uso de la palabra al próximo orador, la Presidencia solicita a los señores diputados que ajusten sus exposiciones al tiempo acordado debido a que aún quedan 45 señores diputados por hacer uso de la palabra, a lo que deben agregarse sesenta minutos correspondientes a los cierres de los presidentes de bloque.
Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.


SR. FERNANDEZ MENDIA, GUSTAVO RODOLFO (LA PAMPA): Señora presidenta: en virtud de que me había anotado para hacer uso de la palabra en el tiempo de doce minutos destinados a los bloques, había preparado una fundamentación muy extensa. Luego de siete horas y media de sesión se van reiterando consideraciones que ya han efectuado los señores diputados que acompañan esta iniciativa. En consecuencia, solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones los fundamentos que había preparado.
Más allá de esto deseo efectuar algunas consideraciones elementales, pues me parece que este proyecto de ley debe ser enmarcado en una década de restitución de derechos. Si esto se analiza en forma aislada en relación con el contexto de realidad que presenta el país, parecería que se trata de poca cosa. Pero lo cierto es que esto debe ser ubicado en un marco de restitución de derechos que no sólo han alcanzado los trabajadores en actividad sino también aquellos que en los últimos diez años pudieron acceder a una moratoria de aportes previsionales que posibilitó que millones de argentinos que durante toda su vida trabajaron en negro se jubilaran.
Esto pudimos observarlo claramente en la provincia de La Pampa, especialmente en el sector agrario y de los hacheros. Esa gente que durante toda su vida había trabajado en negro y no se le habían hecho los aportes correspondientes hoy tiene el derecho a jubilarse como cualquier otro argentino que trabajó toda la vida.
En cuanto al tema del trabajo, todos sabemos que es el gran regulador social. Cuando falta el trabajo aparecen otros problemas sociales que afectan la tan mentada seguridad que hoy parece primar en la agenda mediática únicamente con una óptica policíaca.
El proyecto de ley en consideración también se vincula con el tema de la seguridad social y el ámbito del trabajo, como así también con muchas otras cosas que hacen a la calidad de vida de los argentinos y que asimismo van a generar un rédito en lo relativo a la seguridad general.
Ya en 1944 se decía claramente en Filadelfia que el trabajo es mucho más que una herramienta para alcanzar la producción. El trabajo estable, legal y en blanco es un bien social fundamental para la vida de los trabajadores y una herramienta que contribuye a la seguridad de cada uno de ellos.
Quiero señalar que apoyamos cualquier iniciativa que propicie la consolidación del trabajo. En este sentido realmente no observo que en el proyecto de ley en consideración haya ningún perjudicado. Esta iniciativa beneficia claramente a los trabajadores y a los empresarios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, para que puedan regularizar situaciones que, a largo plazo, les van a provocar dolores de cabeza.
En este sentido quiero aclarar que esto no constituye un blanqueo, sino simplemente la regularización de situaciones que no están contempladas en una norma y que tarde o temprano van a desembocar en planteos legales que generarán problemas tanto para el trabajador al que no se le hayan efectuado los aportes correspondientes como para el empresario que no los hizo.
Así que creo que todos estamos de acuerdo con lo que significa el trabajo digno y formal. Creo que todos se han manifestado en el mismo sentido; algunos –sobre todo los compañeros que provienen del campo gremial- han puesto más énfasis en la situación de los trabajadores, mientras que otros –que por su sesgo ideológico están más preocupados por la situación de los empresarios- han destacado los beneficios que esto acarrea para las empresas.
Por nuestra identidad justicialista el trabajo forma parte sustancial de nuestro ADN, razón por la cual aprobaremos este proyecto sin ningún tipo de cortapisas. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.


SRA. ORTIZ, MARIELA (JUJUY): Señora presidenta: por mi formación política debo expresar que siento una enorme satisfacción de que en el día de la fecha se incorpore en el ordenamiento jurídico esta normativa tan necesaria para regularizar la precarización del trabajo y el empleo en nuestro país.
Quienes sentimos por convicción política al peronismo y abrazamos sus postulados para conseguir mediante la militancia todo lo que nuestra doctrina nos ofrece, primero por nuestro rol de dirigentes políticos y luego -como ocurre en nuestro caso- como representantes de cada una de las provincias, y por el trabajo que realizamos a diario, somos conscientes como siempre se dice de que algo nos falta. Justamente, nos hacía falta profundizar el debate sobre este tema; nos hacía falta una pauta que prevenga y penalice a los infractores. De ahí el contenido de esta propuesta, que prevé la creación de instituciones que tienen definidos sus roles.
Como representante de la histórica provincia de Jujuy, no puedo menos que expresar que formamos parte integrante de una región productora de caña de azúcar, de tabaco, de diferentes citrus y ahora, en forma más pronunciada, de la explotación minera. Seguramente en estas actividades existen graves infracciones por parte de las patronales, no sólo en relación con el registro de obreros y empleados sino también con una realidad dolorosa como lo es el trabajo infantil y la trata laboral.
Con este proyecto que nos aprestamos a sancionar, tendremos la posibilidad de dar respuesta a un importante sector de trabajadores que necesitan ser visibilizados.
Hoy venimos a profundizar la tarea que se viene desarrollando desde 2003, dando continuidad a la política distributiva e inclusiva que comenzara al inicio de su gestión el presidente Néstor Kirchner a través del lanzamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, cuando por primera vez en el gobierno se habló de trabajo no registrado. Eso ocurrió el 26 de agosto de 2003. De allí en adelante –voy a mencionar sólo algunas de las normas implementadas durante esta década- se pusieron en vigencia las leyes de trabajo agrario, del personal de casas particulares, de pasantías educativas, de penalización del trabajo infantil, de ART, etcétera.
Como manifestó el ministro Tomada, por la evolución que se ha registrado en estos años, este es el momento de presentar una norma integral que nos permita profundizar el combate contra este flagelo. Creemos que la necesidad de recuperar derechos laborales va de la mano de la necesidad de recuperar el rol de un Estado presente.
Como militante peronista, como integrante de este modelo nacional y popular que enarbola las banderas del general Perón y de Evita, no puedo dejar de expresar desde mi banca que me siento más que orgullosa de este proyecto que estamos tratando y de los logros obtenidos cuando del pueblo trabajador se trata, porque como decía el general Perón: “Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.
Por todo ello para nuestro país hoy es un día trascendental, ya que una vez más vamos a demostrar desde esta Cámara y ante todos –aunque algunos en este recinto no nos entiendan- que esta es la mejor manera de hacer política, con más inclusión, más dignidad y más trabajo. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.


SRA. CREMER DE BUSTI, MARIA CRISTINA (ENTRE RIOS): Señora presidenta: estamos tratando un proyecto de gran importancia para la sociedad argentina, porque a través de la lucha contra la informalidad laboral y la reducción de las cargas patronales a las distintas empresas, microemprendimientos e industrias, el gobierno quiere establecer un incentivo para favorecer el empleo.
Quiero comenzar mi discurso leyendo el artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos, que se refiere a la función del Estado con respecto al trabajo y dice: “El trabajo es un derecho que el Estado protege e impulsa. Promueve el empleo y el trabajo decente, en igualdad de condiciones para todos, reivindicando su competencia en materia de policía. Controla el efectivo cumplimiento de la norma laboral y de las disposiciones convencionales y sanciona su incumplimiento. Garantiza la promoción de las acciones tendientes a la erradicación del trabajo no registrado y el cumplimiento de la legislación sobre trabajo infantil.”
Leí este artículo para demostrar la importancia que tiene a nivel federal el registro de los trabajadores.
Si un hombre o una mujer están desocupados la única forma de dignificarlos como personas es a través del trabajo. Si están registrados se ven protegidos y pueden cumplir todas sus aspiraciones, mantener a sus familias, mandar a sus hijos a la escuela, tener seguridad social, una obra social y el día de mañana una jubilación.
Con respecto al tema de las jubilaciones, adhiero a la propuesta del señor diputado Daer en cuanto a los requisitos para que un trabajador de una microempresa pueda acceder al beneficio jubilatorio en las mismas condiciones que un empleado de una industria o comercio mayor.
Según una encuesta de hogares realizada por el INDEC en 2013, el 95 por ciento de los trabajadores en negro anhela ser registrado. Entonces, considero que esta ley es un avance y que podemos ir mejorándola.
En relación con la planilla en la que se incluirá a las industrias que no han cumplido con el registro de sus trabajadores, considero que se debe agilizar el trámite para darlas de baja una vez que han cumplido con el registro de sus trabajadores y pagado las sanciones, para que puedan seguir desarrollándose y no sufran una pérdida que a su vez perjudicaría a los trabajadores.
Considero que hay que proteger el trabajo, porque la única forma de dar dignidad a una persona es a través de él.
En la mencionada encuesta realizada por el INDEC donde se establece que existe un 34 por ciento de trabajadores en negro, es decir, 4.500.000, la lista es encabezada por las empleadas de casa de familia. Con la reciente reglamentación de la nueva ley de empleadas domésticas, seguramente ese número irá disminuyendo.
Luego figuran los empleados de comercio y los de la construcción. En estas mismas condiciones se hallan diferentes actividades como los servicios de hoteles y gastronomía, de salud, de enseñanza y otros servicios sociales o comunitarios. Realmente, allí lograríamos una mejor calidad de vida para dos millones cuatrocientos mil trabajadores.
Por lo expuesto, adhiero a las propuestas formuladas por los señores diputados Daer y Schiaretti respecto de la jubilación y el plazo de blanqueo de los trabajadores, respectivamente. Estamos dando un gran paso para todos los argentinos.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.


SRA. RIOS, LILIANA MARIA (ENTRE RIOS): Señora presidenta: una vez más tengo el enorme orgullo de participar del tratamiento de un proyecto de ley que confirma la política iniciada por nuestro compañero Néstor Kirchner y hoy continuada por nuestra presidenta Cristina, orientada a la permanente profundización y ampliación de los derechos de los trabajadores.
Desde el año 2003, con enorme convicción y coraje, este gobierno –al que orgullosamente pertenezco ha llevado adelante políticas que han generado más de seis millones de puestos de trabajo alcanzando, una década después de haber asumido, la tasa de desempleo más baja de los últimos veinte años.
A ello debemos sumar otras nuevas conquistas, como por ejemplo la ampliación de los derechos de miles de trabajadores rurales y de casas particulares, quienes incomprensiblemente se encontraban postergados, en situación de abandono y discriminados por la ausencia de una legislación que los amparara y permitiera ejercer sus derechos con las mismas posibilidades y herramientas en definitiva, con la misma dignidad que los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
El trabajo registrado no es solo un derecho de los trabajadores; además, dignifica al trabajador porque le permite desarrollar su labor en mejores condiciones y con acceso a todos los beneficios para su vida cotidiana y la de su familia. Asimismo, en el ida y vuelta de las relaciones humanas laborales y sociales dignifica al empleador, que reconoce en el otro a su par, quien le permite avanzar en su empresa.
Considero que este proyecto también apunta a convocar a los empresarios a la responsabilidad social de facilitar el goce de los derechos laborales de quienes con su diario esfuerzo les permiten consolidar su empresa y los bienes que generan.
Registrar al empleado significa asegurarle los debidos aportes jubilatorios, la cobertura de la salud para él y su familia, salarios familiares, y en definitiva, que cada uno pueda acceder a todos sus derechos laborales y no solamente a las obligaciones de aportar su fuerza de trabajo.
Sin embargo, conscientes de las dificultades que pueden tener las pequeñas o medianas empresas ante las contribuciones patronales que deben afrontar, este proyecto también contempla esa realidad estableciendo un sistema escalonado de beneficios y exenciones impositivas según la cantidad de trabajadores que se emplean.
Ese aspecto es de suma importancia cuando se trata de apuntalar el desarrollo de las economías regionales, pues es allí donde más abundan las pequeñas o medianas empresas tanto en el sector rural como en el industrial, o los emprendimientos manufactureros. En el caso de mi provincia, Entre Ríos, son más de seiscientas las pymes que con el esfuerzo empresarial y el acompañamiento del Estado provincial y nacional se han desarrollado y hoy están dando trabajo a miles de entrerrianos. Este proyecto de ley que seguramente hoy sancionaremos servirá para que los entrerrianos sigan teniendo trabajo y creciendo las pymes.
Otro punto importantísimo de este proyecto de ley es el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. ¿Qué se sanciona? ¿Qué se pretende con este registro de alcance nacional? Se pretende afianzar las políticas de erradicación de infracciones laborales muy comunes, lamentablemente aún hoy, que se constatan en nuestro país.
Tengo más argumentos y fundamentos para exponer, señora presidenta, pero no quiero tomar más tiempo porque creo que todos tenemos el mismo derecho a expresarnos. Por lo tanto, pido permiso para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones, y sólo agrego que si bien no está en la letra del proyecto, en su espíritu está que definitivamente en nuestro país debemos dejar de hablar de trabajo en negro. Llamemos a las cosas por su nombre: el trabajo es registrado o no registrado e ilegal. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA): Señora presidenta: como estamos tratando este proyecto de ley para fijar nuevos derechos y obligaciones para los empleadores y los trabajadores deseo expresar en primer término que la mejor forma de defender el derecho de los trabajadores es que el bloque del Frente para la Victoria debata los proyectos de la oposición para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Desde mi banca acompañaré el proyecto en consideración porque la creación del empleo es un objetivo loable, y en tiempos de incertidumbre económica debemos ayudar a crear y mantener nuevos puestos de trabajo.
¿Cómo no apoyar una medida de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta la situación del trabajo en la Argentina, la suba de la tasa de desempleo y la enorme presión fiscal? Sin embargo, quisiera hacer algunas consideraciones que forman parte de este debate.
Estoy de acuerdo con que se beneficie al empleador con la posibilidad de acceder a menores cargas patronales con el objetivo de generar puestos de trabajo. También es cierto que el ajuste en los controles propuestos en este nuevo régimen público de empleadores con sanciones laborales implica una mayor responsabilidad que puede derivar en más transparencia y competencia leal por parte de las empresas. Sin embargo, ambas medidas apuntan a objetivos diferentes.
El REPSAL puede ser una medida que persuada a los empleadores a estar dentro de la ley para poder recibir líneas de crédito en bancos públicos y demás situaciones en las que las empresas se benefician del Estado. Esto es bueno, pero quisiera preguntar a mis colegas qué ocurre en el caso en donde el Estado es el empleador y no cumple con las obligaciones que reclama al empresariado. ¿Es moralmente correcto exigir a otros lo que el gobierno y el Estado no respetan en su totalidad?
Pasando al título II, ¿cómo no estar a favor del empleo registrado, la estabilidad laboral, y de que los trabajadores tengan aportes jubilatorios, obra social, una aseguradora de riesgos del trabajo y recibo de sueldo en blanco para obtener créditos personales? Todas estas son consecuencias del trabajo registrado con las que por supuesto coincido.
Por supuesto que estoy de acuerdo con mejorar las condiciones de vida a través de mejores oportunidades que puedan derivar en una mayor movilidad social y desarrollo. El objetivo de este proyecto es claro, pero dudo de que esta herramienta sea la manera más efectiva de generar empleo. Es más, la experiencia indica que puede generar efectos adversos. Existen precedentes en el objetivo de crear empleo a través de rebajas en aportes patronales; por ejemplo, en 1996 se rebajaron los aportes patronales, y sin embargo la desocupación llegó casi al 20 por ciento. Más recientemente, en 2008, se implementó la condonación y el descuento de aportes patronales mediante la promulgación de la ley 26.474, y el nivel de empleo disminuyó levemente.
La evidencia me hace cuestionar la eficacia de esta herramienta para el objetivo deseado por el espíritu de esta norma, que es el de mejorar los niveles de ocupación y eliminar la precarización laboral.
Otro punto en el que me quiero detener es el límite que propone el proyecto de ley para que se adhieran las sociedades de hecho y las de responsabilidad limitada, además de las personas de existencia visible. Existen numerosas microempresas que están funcionando hace muchos años y han elegido ser sociedades anónimas u otros tipos societarios por distintas razones operativas, que no podrán gozar de los beneficios de esta norma. Por eso, considero justo que también les demos la oportunidad de beneficiarse.
Quisiera plantear lo que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional que expresamente señala que queda prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Lo digo, señalando la inconstitucionalidad del artículo 30 del proyecto de ley que contempla la libertad del Poder Ejecutivo para prorrogar el plazo de vigencia...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Ruego al señor diputado que vaya concluyendo con su exposición.


SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA): Ya termino, señora presidenta.
Otro tema que me preocupa es la fuente de financiamiento para llevar a cabo este proyecto de ley. Si el artículo 19 asegura que el Estado no podrá afectar la seguridad social ni los derechos que ella otorga, ¿de dónde saldrán los fondos para compensar la iniciativa propuesta?
Finalmente, considero que la mejor herramienta para el crecimiento en el empleo es el desarrollo de la economía. Esto se da como consecuencia de las condiciones de inversión para que los capitales de diferentes orígenes fluyan y se canalicen en los diversos frentes de producción nacional. Para eso son necesarias políticas que generen condiciones y seguridad jurídica.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. SANTILLAN, WALTER MARCELO (TUCUMAN): Señora presidenta: quiero adelantar mi voto afirmativo a estas medidas, porque tratar proyectos como estos implica trabajar positivamente sobre los actores del ámbito laboral del país. Se están legislando políticas proactivas con el fin de generar las condiciones legales necesarias para articular una serie de acciones e instrumentos orientados a estimular la formalización laboral y fortalecer las capacidades estatales de prevención y sanción al incumplimiento de las normas de trabajo y seguridad social.
La informalidad laboral es una realidad que cruza a todas las economías de América Latina, pero es nuestro país el que evidenció la mayor reducción o mejora de estos indicadores.
Atacar este problema común a la región demanda políticas integrales y de fomento. Por eso, con esa visión se realiza este proyecto de ley que tiene consonancias con otras medidas tendientes a combatir el empleo en negro, como fue el régimen de trabajo agrario o el régimen para el personal de casas particulares.
Con las acciones principales que se desarrollarían con esta propuesta, como ser la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales o las acciones orientadas a la promoción del empleo, se demuestra que siguen construyéndose políticas públicas destinadas a la protección de los trabajadores, al fomento del trabajo registrado y, en honor a la verdad, a la consolidación de un sistema que dignifica al trabajador y genera condiciones justas para que dicha dignidad sea la bandera de lucha que identificará a esta gestión en la historia de nuestro país.
Algunos dicen que la reducción en las contribuciones patronales afectará los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. Quiero decirles que se queden tranquilos, porque este gobierno nunca legisló en contra de la clase trabajadora, y con sus medidas marcó una gran diferencia con lo que ocurría con los aportes en la década del 90.
En conclusión, seguimos focalizando el esfuerzo y el objetivo en el sostenimiento de las políticas de Estado en materia laboral, que es el eje central de este modelo. Políticas de Estado que tienen que ver con la creación, fomento y protección del empleo registrado, beneficiando no tan solo a los empleadores, sino fundamentalmente a los trabajadores, ese sector tan importante de nuestra economía.
Esto significa reivindicar a los trabajadores de este país, que durante tanto tiempo fueron objeto de ajustes, de exclusión del sistema formal, porque a algunos tecnócratas no les cerraban los números, porque siempre se daba prioridad a la rentabilidad económica por encima de las condiciones laborales y siempre se pedía el esfuerzo a los trabajadores. Bien sabemos lo que sucedía si estos reclamaban: eran despedidos u obligados a aceptar condiciones laborales que no eran justas; estas situaciones llevaban a la frustración y a la desesperanza.
Pero como dije recién, esta no es una ley en contra de un sector; va en beneficio de todos los sectores intervinientes en nuestro sistema productivo. ¿Qué emprendedor no va a querer utilizar estas herramientas para potenciar su pequeña o mediana empresa? Yo creo que es una importante oportunidad para mejorar y apostar al crecimiento del país.
Porque vengo de un sector que tiene ideología y doctrina, y estas nos dan identidad a todos los que militamos en un proyecto de país, de inclusión y con justicia social, quiero decir que la esencia de este proyecto de ley, como alguna vez dijo Néstor Kirchner, es la de dejar a los que nos sucedan un país mejor. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: estaba charlando con mis colegas porque no terminamos de entender si estamos en un país mejor o no. ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Estamos con desempleo o no?
La realidad es que en lo que se refiere a la economía, estamos en una timba; volvimos a la timba de antes, señores, es así. Se está especulando con el dólar, y esto no hace a la confiabilidad de nuestro país. Como muchos colegas preopinantes dijeron: si realmente queremos fomentar el empleo, tenemos que crear las condiciones para él.
Hay un tema que me preocupa mucho y no se mencionó, que es lo que yo llamo “subsidios sin trabajo”. Más de 10 millones de pobres, según el Observatorio Social de la UCA, ganan por debajo de los 4 mil pesos.
Estos planes sociales tienen como finalidad resguardar la subsistencia mínima, pero también hay que formar a estas personas para que después, con un buen empleo, puedan insertarse en la sociedad. Porque si no, estas cosas realmente no sirven.
También deberíamos analizar por qué hay gente que busca empleo y no lo encuentra, esa es otra cosa que deberíamos estar discutiendo acá, porque hay muchos casos de gente que busca empleo pero no califica, y a estas personas también debemos tratar de ayudarlas.
Por eso hoy deberíamos estar hablando con sindicatos, escuelas, universidades y el empresariado para ver cómo podemos preparar y capacitar a nuestros adolescentes y jóvenes, y también a aquellos que ya perdieron su trabajo.
Quisiera contestar al señor diputado Cabandié, aunque creo que no está presente. Siempre tengo la mala suerte de que cuando tengo que contestar a algún señor legislador ya no está en el recinto. Él hizo referencia dos veces al subsecretario de Trabajo de la Ciudad, con dos falsedades.
La primera es que nuestro subsecretario Ezequiel Sabor firmó el acta en la que se establecía un voto positivo para este convenio, pero supeditándolo a que no debería afectar el poder de policía de las provincias, y lo que hoy estamos votando efectivamente afecta el poder de policía de nuestras provincias, la Constitución y el federalismo.
La segunda cuestión es que no es verdad que no se hagan inspecciones en la Ciudad. Si entran en la página de la Ciudad de Buenos Aires, donde sí hay información veraz, van a ver que se ha aumentado de 2001 a 2008 en casi 45 mil inspecciones por año, y aumentaron aún más hasta 2013. Por eso pedimos que si dan información verifiquen antes que ella sea cierta.
Ya mis colegas han explicado que este proyecto es una manzana podrida, que puede llegar a ser un caballo de Troya, porque lo que se va a querer hacer es inspeccionar a ciertas empresas. Quiero recalcar lo que decía nuestro Borges: “Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad, y luego, bueno, cuando envejece, es usada para la tiranía, para la opresión.” Esperemos que este proyecto no sea usado de esta manera. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.


SRA. CARRIZO, NILDA MABEL (TUCUMAN): Señora presidenta: anticipo que mi voto será positivo, porque este gobierno viene realizando todos los esfuerzos necesarios para tener una patria más justa, más equitativa. En este mundo donde el empleo se derrumba, nosotros seguirnos apostando por él y la mejora de su calidad, porque esta ley defiende los derechos de los trabajadores presentes, futuros, individuales o colectivos.
Este proyecto busca mitigar el avance del trabajo no registrado, y si bien la tasa comenzó a bajar desde la génesis de este proyecto político de casi el 50 por ciento a alrededor del 33 por ciento en la actualidad, es la primera vez que se proyecta la creación de un instrumento legal de esta magnitud y ambición.
La historia de los trabajadores argentinos, en especial la de los del campo, marca con tristeza, sacrificio y dolor el camino recorrido a raíz de la explotación laboral de industriales inescrupulosos y de empresarios que encontraban como variable para mejorar su rentabilidad el salario de sus obreros que dejaban la vida en las fábricas y en los surcos entre otras trincheras cotidianas.
Los trabajadores no solamente tenían que soportar injusticias diarias y un adarme salario, además de la falta de protección social, sino también padecer la incertidumbre de su futuro generada por el desconocimiento de la efectivización de los aportes patronales.
Fue este gobierno el que a través de la ley posibilitó a miles de argentinos y otros trabajadores no registrados obtener una jubilación por moratoria y dar un primer paso a la reparación histórica y la recuperación de la dignidad de ellas y sus familias. Fue este proyecto político el que creó el sistema de SUAF para que la ANSES liquide por separado las asignaciones familiares que se confundían maliciosamente con el salario acordado.
Fue este proyecto político que conduce nuestra presidenta de la Nación el que sancionó 35 leyes que fueron en una misma dirección: defender a los trabajadores y ampliar sus derechos.
Hay que recordar que a 90 días de haber asumido, Néstor Kirchner lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, cuando todos, incluso la gran parte de los que decían defender a los trabajadores, miraban para otro lado. Así comenzó a gestarse un proyecto en 2003 que revirtió una tendencia de crecimiento del trabajo no registrado heredado desde 1976.
En el año 2004, con la sanción de la ley 25.877, se restauró la inspección nacional del trabajo.
Consecuentemente, el Ministerio de Trabajo, la AFIP, la ANSES y las autoridades provinciales, se aliaron para recuperar la fiscalización del trabajo, pero aún se necesitaba un instrumento legal que bajara el crecimiento del fraude y la precarización en material laboral.
Además, el empleo asalariado registrado en empresas privadas creció un 82 por ciento, alcanzando el nivel más elevado de los últimos 40 años.
Un renglón aparte merecen las leyes creadas para los sectores en donde más altas son las tasas del trabajo precarizado, como son el Régimen del Trabajo Agrario y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Desde que existe el trabajo informal en la Argentina, será la primera vez que contaremos con un instrumento legal general y efectivo pensado para combatir esa problemática.
Así, cuando hablamos del fortalecimiento de las facultades nacionales hablamos de llegar efectivamente a regiones y sectores rurales donde el Estado nacional actúa menos y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos, atado a la connivencia de dirigentes gremiales que en vez de cuidar a los trabajadores se preocupan por tratar de voltear gobiernos elegidos por el pueblo.
La creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en la trata de personas para el trabajo forzado constituye un instituto que abona un precepto casi fundacional de nuestro proyecto nacional y popular, cual es el de proteger a los trabajadores.
A las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el Registro y se les aplicarán por ello restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
Párrafo aparte merece este nuevo paradigma en el que planteamos diferencias sustantivas de este proyecto con esquemas de otras épocas: mientras siempre se planteaban...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Vaya concluyendo, señora diputada.


SRA. CARRIZO, NILDA MABEL (TUCUMAN): De acuerdo, señora presidenta.
Decía que mientras siempre se planteaban rebajas generalizadas y permanentes de cargas laborales para todos los empresarios, sin exclusiones ni restricciones, y hasta bajaban el costo del despido, este proyecto que conduce nuestra presidenta de la Nación otorga algún beneficio siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones, como por ejemplo el incremento neto de la cantidad de trabajadores de la empresa. Por eso hablamos de fomento del trabajo registrado.
Ningún gobierno, incluso aquellos en los que –a diferencia del nuestro creció la informalidad laboral, pensó un conjunto de instrumentos articulados para enfrentar globalmente este problema, como los que se incluyen en este proyecto de ley al cual acompañaremos con el compromiso y la convicción de buscar siempre la felicidad del pueblo argentino. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.


SRA.(JUÁREZ) Señora presidenta: ojalá que este proyecto pueda alcanzar los objetivos que tan claramente explicó el doctor Recalde, que es una autoridad en la materia, y que sea para bien. Pero más allá de acompañar la iniciativa en general, no quiero dejar de hacer dos consideraciones que me parecen importantes.
En primer lugar, quiero decir que en mi provincia, Catamarca, tenemos una sociedad fuertemente Estadodependiente, ya que el principal empleador es el Estado, en los tres niveles: nacional, provincial y municipal. Y no se puede desconocer que con los planes sociales, aun cuando son necesarios y cumplen una función social importante que no podemos negar, el Estado genera mucha precarización laboral, y por ahí no es el mejor ejemplo en algunas cuestiones. Entonces, cuando intentamos corregir a los privados, lo primero que dicen es: “Y ustedes, que son el órgano de contralor, ¿por qué no cumplen?”
La otra cuestión que me gustaría dejar en claro es que en las provincias las direcciones de inspección laboral tienen muchas dificultades para fiscalizar. Por eso me encantaría que se tomen las previsiones o los recaudos necesarios para que cuando se aplique esta unidad de fiscalización que se está creando no se repitan las malas experiencias sino que, por el contrario, tenga el efecto positivo que se está buscando.
Por otra parte, quiero hacer un pedido al oficialismo. En el artículo 40 se dispone la creación del Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado, y se dice que estará integrado por cuatro funcionarios del gobierno nacional. Solicito al oficialismo que considere la posibilidad de que ese comité esté integrado además por dos trabajadores. Es decir, que dentro de ese comité de seguimiento haya una representación laboral. De esa manera los trabajadores informales o que están fuera del sistema que en definitiva son trabajadores, porque no existen para el sistema pero trabajan podrían tener interlocutores pares que les puedan informar cómo va ese seguimiento y ese análisis que hace ese Comité, que por ahora solo tiene constitución estatal.
Como dije, me parece importante la iniciativa, y ojalá que esa famosa articulación a la que hace mención la norma tenga la efectividad suficiente para que se pueda llevar a la práctica y corregir esa injusticia que significa trabajar pero no figurar. En realidad, este no es un problema de ahora sino de hace mucho tiempo, y hay mucha gente que espera.
Deseo de corazón que esta iniciativa tenga éxito y cumpla los loables objetivos que está planteando, pero la experiencia me dice que, por lo general, los organismos de fiscalización no funcionan como uno quisiera.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA.(BIANCHI (M.C.)) Señora presidenta: los proyectos de ley en consideración expresan la continuidad de la política laboral implementada desde el año 2003. El desafío que en aquel entonces asumió el presidente Néstor Kirchner fue no solo atender las urgencias y la situación de debacle en la que estaba sumido el país –tal vez la más terrible de su historia- sino también la voluntad política indeclinable de revertir un modelo económico que daba la espalda a los trabajadores, a los jubilados, a los jóvenes y a los más necesitados. En definitiva, a todos los argentinos.
Uno de los ejes fundamentales de esa tarea de poner en pie el país fue en materia laboral. Consistió en la creación de instituciones fuertes en el sector, de mecanismos de generación de empleo, de un salario mínimo, vital y móvil, en la recuperación de las paritarias y los convenios colectivos de trabajo y en el combate al trabajo no registrado.
Es sabido que nuestra historia estuvo signada por inestabilidades tanto en el orden económico como político y que las distintas políticas adoptadas por los gobiernos generaron parte de las abruptas transformaciones que se sucedieron, algunas veces para mal y muy pocas para bien. Al decir esto pienso no sólo en el trillado noventismo, al que nosotros también nos opusimos y que fue reiteradamente mencionado durante esta sesión, sino también en aquellos tiempistas que cuando debieron gobernar impulsaron medidas contrarias a los intereses de los trabajadores. Los períodos de mayor apertura comercial, de menor protección a la industria y de esquemas arancelarios coincidieron con la época en que las instituciones laborales se debilitaron.
En los años 90, la apertura comercial trajo aparejado un incremento de la demanda relativa de trabajo calificado que impactó en los salarios, mejorando los de ese sector y reduciendo los del resto; es decir, los de la mayoría.
También hubo cambios estructurales en el empleo en un contexto donde la industria estaba en retirada y el crecimiento del sector de servicios produjo que miles de mujeres y jóvenes se volcaran al mercado laboral, donde se encontraron con una falta de respuesta absoluta y condiciones de precariedad que se tradujeron en el incremento de su condición de “ejército de reserva”.
La desocupación presionaba el mercado laboral y hacía tender a los salarios a la baja. El resultado de este proceso fue más del 20 por ciento de desocupados y un coeficiente de Gini de 0,54; es decir, el peor de la historia.
A partir de 2003 restablecimos las instituciones laborales y volvieron las paritarias. Pero esta mejora sustancial no ocurrió por milagro; se debió a todas las leyes que se mencionaron y a las campañas del gobierno nacional destinadas a romper con la cultura de la informalidad y la precariedad instalada no sólo en las empresas sino también en los potenciales trabajadores.
Los proyectos de ley en debate fueron elaborados por el gobierno nacional con la convicción de que el porcentaje de trabajo no registrado sufra una reducción sustancial y aumenten los índices de empleo formal. Es decir que haya más derechos, mayor igualdad y justicia social.
Solicito autorización a la Presidencia para insertar parte de mi discurso en el Diario de Sesiones y termino mi exposición expresando mi deseo de que en la reglamentación de la ley, el Poder Ejecutivo contemple las bibliotecas populares y tantas organizaciones sociales que con su trabajo enriquecen de distinta manera al país. Concretamente, pienso que deberían ser incluidas en el segmento de las microempresas; es decir, aquellas que cuentan con hasta cinco empleados.
En apoyo de esta iniciativa y de todas aquellas que el gobierno nacional adopta para mejorar la condición de vida de los ciudadanos de la Argentina adelanto mi voto por la afirmativa en relación con el proyecto de ley en consideración.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Salta.


SRA. ISA, EVITA NELIDA (SALTA): Señora presidenta: para mí es un gusto y un gran honor poder defender este proyecto de ley. Señalo esto sabiendo que fundamentalmente no he tenido que recurrir a una biblioteca infantil para defenderlo con fundamentos vastos porque la filosofía del peronismo, que es mi modo de vida, me da sustento de sobra para defender un proyecto de ley que viene a dignificar a cada uno de los argentinos.
Es sabido que para los gobiernos de sesgo neoliberal que sufrimos los argentinos desde 1976 hasta 2003 la tutela legal del trabajo, el derecho establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, fue letra muerta o, tal vez, una abstracción devenida de una muestra de buenas intenciones.
Debió llegar al poder un verdadero gobierno nacional y popular para que se redefinieran las prioridades que hacen a un perfil de patria socialmente justa e inclusiva, que es la única garantía para el progreso.
Los trabajadores argentinos sufrieron inequidades vejatorias a su dignidad como personas. Esto no fue casualidad ni impericia sino la imposición de una mentalidad que privilegiaba a la empresa sobre el ser humano y que se excusaba habitualmente en la falacia de que dar prioridades absolutas a quienes contrataban era un incentivo para el progreso económico.
Como bien sabemos, esto llevó a un país de empresas millonarias y trabajadores pobres, desamparados y, lamentablemente en muchos casos, esclavizados como en las peores épocas de nuestra civilización. No ahondaré en ese recuerdo sino para decir que no debemos ni podemos llevar en nuestra conciencia la idea de ser partícipes del retorno a épocas oscuras.
El proyecto nacional y popular que de manera revolucionaria iniciara el presidente Néstor Kirchner y continuara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos marca un rumbo ineludible: la defensa de los desposeídos, de los más humildes, a los que me debo desde esta banca.
A diferencia de otros que los miran como una mera estadística vengo a hacer la defensa con voz clara y fuerte de la iniciativa que hemos presentado.
Se trata de un proyecto de ley de trabajo registrado que será la continuidad efectiva y eficiente de las políticas laborales justas y equitativas que se desarrollan en esta última década para bien de todos y todas y para mal de ninguno.
Esta iniciativa procura que las microempresas, que son la fuerza motriz de la economía nacional, vean las ventajas de encuadrarse en la ley y corten con la inercia de viejas prácticas.
Aquí no venimos a buscar solamente un cambio de carácter legal sino también de la cultura del trabajo que deben tener mis hijos y los hijos que vendrán. No se prospera a partir de la desigualdad; no se genera riqueza sustentable desde la injusticia; no se avanza desde la explotación; no se progresa desde la ilegalidad; no se proyecta una nación poderosa desde la inequidad.
¿Cómo podremos dormir tranquilos si sabemos que aún hoy, con todo el arduo trabajo realizado –lo cual, dicho sea de paso, fue posible por una política sostenida en el tiempo, hay argentinos que son explotados ante la necesidad de sobrevivir?
Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner son reconocidos por su apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendimientos, como así también por su incentivo a la producción y al empleo. Han debido pagar un alto costo personal y político por ello, porque aún existen quienes desde la fuerza del dinero, con la complicidad de sus lacayos en el poder, han intentado que la Argentina vuelva a un modelo que sólo favorece a unos pocos.
Teniendo en cuenta el tiempo que me queda para finalizar mi exposición, solicito autorización a la Honorable Cámara para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi discurso.
Antes de finalizar quiero citar unas palabras del presidente Néstor Kirchner, que dijo: “Tengan en claro que cuando nos atacan, nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía; nos atacan por las cosas que hicimos bien. No nos perdonan haber devuelto el principio de justicia en la Argentina y haber terminado con la impunidad.” (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. SIMONCINI, SILVIA ROSA (SANTA FE): Señora presidenta: estamos tratando hoy un conjunto de normas que vienen a ratificar el rumbo político que Néstor Kirchner marcó en 2003 y que hoy conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero a la construcción del crecimiento económico con inclusión social y con eje en la recuperación del pleno empleo en todas las áreas de la economía nacional.
Quienes venimos de hogares de trabajadores sabemos de qué estamos hablando y qué significa esta política nacional. Jamás olvidaré la alegría en el rostro de mi padre –albañil por más de cincuenta años- en la mesa del mediodía cuando un vecino lo llamaba para construir su casa o una pequeña empresa decidía ampliar su galpón. Tampoco olvidaré jamás el enorme dolor en sus ojos cuando durante semanas el fantasma de la falta de trabajo amenazaba a nuestra familia.
La historia de los trabajadores de nuestro país reconoce en el gobierno peronista del 45 al 55 la etapa bisagra en la consideración del derecho al trabajo como eje en el que se articulan todas las políticas sociales para la construcción de justicia y libertad, derecho consagrado en el artículo 37 de la gloriosa Constitución Nacional de 1949.
En estos once años, haciendo honor a nuestra historia como peronistas, hemos dejado definitivamente atrás el retroceso de las políticas neoliberales que golpeó sin piedad a los hogares argentinos.
En agosto de 2003, a sólo tres meses de asumir, el entonces presidente Néstor Kirchner lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, derogando luego la “ley Banelco”, estandarte de la precarización laboral. Así dio inicio a las acciones que posibilitaron -con la continuidad de los gobiernos de nuestra presidenta Cristina- la apertura de 200 mil nuevas empresas, la creación de más de 6 millones de nuevos empleos, la recuperación del Consejo del Salario y las paritarias.
Además, gracias a la recuperación de los fondos que manejaban las AFJP, se pudo implementar una moratoria previsional que permitió a más de dos millones y medio de trabajadores acceder al sistema jubilatorio. Tampoco podemos dejar de mencionar los tres millones y medio de asignaciones por hijo como medida universal de protección contra el trabajo infantil y la sanción de más de treinta y cinco leyes, como la de trabajadores rurales, trabajadores de casas particulares y contra la trata de personas, para erradicar definitivamente la explotación de los sectores más vulnerables.
Nosotros hemos venido a cambiar trabajo esclavo por trabajo digno y decente. Por eso hoy tenemos el imperativo de avanzar sobre las condiciones ilegales en las que todavía se encuentran muchos trabajadores.
En 2004 en la Argentina había un 50 por ciento de empleo no registrado, cifra que descendió al 35 por ciento en 2009 mediante la aplicación de políticas de incentivo a la producción y la transferencia de fondos del gobierno nacional a las empresas para proteger el empleo.
Hoy necesitamos reducir aún más ese porcentaje, y el espíritu de esta norma se fundamenta en ese imperativo: ¡Más y mejor trabajo!
Para ello se prevé una importante reducción de aportes patronales, en el caso de los pequeños empresarios o de los emprendimientos familiares.
Además se contemplan sanciones para aquellas medianas y grandes empresas que no cumplan con las obligaciones laborales y previsionales, para lo cual se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
Asimismo se fortalece la atribución de inspección del Ministerio de Trabajo de la Nación, ampliando su capacidad operativa en todo el territorio nacional. No lo hacemos –como han interpretado algunos diputados de la oposición- para avasallar la potestad de las jurisdicciones provinciales sino con el único fin de extender las posibilidades de detectar a los trabajadores no registrados para incorporarlos al trabajo decente, para recuperar la cultura del trabajo decente con empleadores decentes.
El Estado nacional, los estados provinciales y también los gobiernos locales más cercanos a la realidad cotidiana tienen el deber de observar, detectar y denunciar las irregularidades que en materia laboral ocurren en sus distritos empleo no registrado, jornadas extendidas, trabajo infantil, siniestralidad para combatir la desigualdad y la explotación en materia laboral.
El Estado nacional destinará cerca de 4 mil millones de pesos para garantizar que estos mecanismos no impacten sobre ningún aspecto de la seguridad social.
Con este conjunto de normas ratificamos el rumbo de las políticas públicas, con eje en el trabajo como derecho social, como bien social, como ordenador social, y por eso votaremos afirmativamente estos proyectos, porque estamos convencidos de que el presente admite sólo pasos hacia delante. Hoy estamos viviendo el futuro de aquel 45 y el futuro del año 2003, y tenemos la enorme responsabilidad de avanzar para dar a las generaciones que vienen más derechos, más justicia y más libertad. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.


SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS): Señora presidenta: ninguno de los que estamos acá podemos ignorar que el trabajo no registrado es un flagelo que está impactando gravemente en los mercados laborales de nuestro país. Hemos venido desarrollando distintas políticas, pero nos hemos dado cuenta de que la solución no ha llegado aún.
Las estadísticas del INDEC denotan que hay una baja en la desocupación del 7,9 al 7,1 por ciento, pero creo que esto es una falacia: cada vez hay más desocupación en la Argentina. El Noreste argentino tiene el 42,5 por ciento de desocupación, con una franja etaria de treinta años para abajo, habiendo más mujeres desocupadas que hombres en esa condición.
En estos últimos siete años en el país ha habido tres millones de puestos de trabajo en negro; el 34 por ciento de los asalariados se encuentran en esta situación. Sabemos que las áreas más afectadas son el empleo doméstico, el trabajo rural y la construcción. De nada sirvieron las leyes que tratamos aquí porque la situación sigue exactamente igual; nada ha cambiado.
A esto debemos sumar el avance de la figura de los monotributistas, y ni hablar de aquellos planes sociales que se cobran sin trabajar y que algunos empresarios y comerciantes inescrupulosos utilizan para no pagar, situación que los trabajadores aceptan porque el dinero no les alcanza y no quieren perder el plan social.
En mi provincia el desempleo es del 1,3 por ciento, según datos del INDEC. No podemos ignorar que estamos en una época de crisis, estimulada por la alta inflación y las políticas que se están llevando en la industria y el comercio, con reducción de horarios de trabajo, despidos, suspensiones y adelantos de vacaciones.
En Córdoba ha habido 1.900 nuevas suspensiones en el sector automotriz; IVECO trabaja cuatro días por semana; Volkswagen suspendió a 1.300 obreros; la Cámara de Industria y Comercio de esa provincia ha dicho que hay ciento cincuenta empresas en procedimiento preventivo de crisis.
Rosario no se ha quedado atrás. El secretario de SMATA ha dicho que General Motors quiere bajar los sueldos de sus empleados en un 35 por ciento, lo que afectará a 2.700 trabajadores.
En Mendoza se dijo aquí hay 6 mil desocupados más.
Si nos remontamos al presupuesto que hemos aprobado hace cinco meses, decía que tendríamos un crecimiento del 6,2 por ciento. Hoy tenemos un decrecimiento. Nos decía que íbamos a tener una inflación del 10,4 por ciento –hoy es del 11,5 por ciento y un dólar a 6,33 pesos, pero hoy se ubica a 8,13 pesos. ¿Estamos o no frente a una crisis?
A ello debemos agregar la gran cantidad de trabajo esclavo que todavía existe en nuestro país. Alrededor de 500 mil personas se encuentran en esa situación. Respecto de la industria textil y del campo, muchas veces ha habido denuncias en esta Cámara, pero todo sigue igual, nada cambió.
En Buenos Aires sigue habiendo 15 mil talleres clandestinos, cada uno de los cuales ocupa entre ocho y diez personas. Reitero que la industria del campo se encuentra exactamente igual, y en varias ocasiones la situación ha sido denunciada por la UATRE. Nada cambió.
Respecto del trabajo de los menores sí debo reconocer que los gobiernos nacional, provincial y local han adoptado varias medidas para solucionar el problema, aunque no hemos podido erradicarlo. He pedido a esta Cámara que trabajemos mancomunadamente para terminar con el flagelo del trabajo infantil.
En relación con el proyecto en debate, que es viable, no puedo negar que me hubiera gustado tratar una iniciativa para lograr nuevas fuentes de trabajo; sin embargo, debo señalar en cuanto a la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, que las sanciones no fomentarán el empleo; es más, ese título tiene una connotación totalmente contraria.
Temo que esta iniciativa pueda tornarse negativa, pues estos mismos empleadores podrán disponer despidos masivos para acogerse a la moratoria. No voy a permitir que se vulnere la autonomía de mi provincia, San Luis, en lo relativo al poder de policía del trabajo.
Para finalizar, como decía el general Perón, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan. A eso tenemos que apuntar: al trabajo.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. MAZURE, LILIANA AMALIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: deseo comentar una experiencia importante que hemos tenido en lo referente a este tipo de leyes o resoluciones de incentivo para las pequeñas o medianas empresas.
En el marco de las políticas públicas de inclusión y ampliación de derechos llevadas a cabo por este proyecto nacional y popular trabajamos intensamente con el señor ministro Tomada, los gremios del sector audiovisual SICA y SAT, y el INCAA, hasta llegar al armado de la resolución 90, publicada en enero de 2011, por la que se otorgan incentivos para las empresas productoras que utilizan personal técnico debidamente registrado.
Desde la fecha en que se publicó tal resolución el trabajo registrado del sector audiovisual de la comunicación pasó del 35 por ciento al 98 por ciento. Dicho trabajo es llevado adelante por 3.200 empresas registradas en el INCAA y en la AFSCA. El 40 por ciento de esas empresas, que se encuentran en provincias argentinas, durante los dos últimos años recibió capacitación para poder llevar adelante y armar sus presupuestos incluyendo la obra social y la carga de los trabajadores, tarea que no sabían hacer. Por eso se realizó esta capacitación.
El 98 por ciento del empleo registrado corresponde a trabajadores que generan las ciento cincuenta películas y las dos mil horas de televisión anuales, creando así 100 mil puestos de trabajo al año en todo el país.
Ello quiere decir que la industria ha crecido a partir de esta resolución de incentivo. Hoy, el 80 por ciento de las 3.200 empresas productoras registradas, que generan esos 100 mil puestos de trabajo, tienen hasta cinco trabajadores que realizan su tarea por medio de los regímenes especiales que tienen los gremios que se ocupan de lo audiovisual.
Los gremios que cubren todo el sector audiovisual hoy cuentan con 180 mil afiliados. Por los resultados que nos ha dado esta resolución y la confianza que tenemos en los proyectos que estamos considerando les daré mi voto positivo.
Estoy enormemente orgullosa de pertenecer a partir de diciembre pasado a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y por sobre todo al bloque del Frente para la Victoria, que es el que ha generado las herramientas para que todos los argentinos tengamos una vida digna, justicia social y un país con inclusión social y ampliación de derechos.
Por lo expuesto votaré a favor del proyecto de ley que crea el Régimen de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral a fin de continuar con las políticas públicas que este Estado participativo viene llevando adelante en los últimos once años para beneficio de todos los trabajadores argentinos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.


SRA. PERIE, JULIA ARGENTINA (MISIONES): Señora presidenta: ayer la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia aprobó un proyecto por el que se declara de interés el programa “Me gusta el mate sin trabajo infantil”, que impulsa una organización de la provincia de Misiones. Sabemos que sigue habiendo empresarios inescrupulosos que utilizan a toda la familia de tareferos, incluidos los niños, para esta tarea insalubre. Por ello me da mucha tranquilidad y me pone muy feliz estar hoy en este recinto para continuar fortaleciendo los derechos de los trabajadores de nuestra Argentina.
Seguimos convencidos de que esta sociedad debe ser edificada sobre la dignidad y el respeto al trabajador. Es una convicción heredera desde los orígenes del peronismo, cuando Juan Domingo Perón comenzó a emancipar al pueblo trabajador a partir de una idea tan fundamental como sencilla, que fue la de la justicia social. Así, el 24 de febrero de 1947 proclamó los derechos del trabajador.
Desde esa época ha corrido mucha agua bajo el puente, en ocasiones agua tóxica que arrastró a los trabajadores hacia las profundidades más tenebrosas. La última dictadura militar se ensañó especialmente con los trabajadores, y no sólo arrasó con sus vidas sino que también dinamitó sus derechos más elementales y las instituciones que los protegían.
El último período de neoliberalismo parece lejano también, pero en términos históricos e institucionales es reciente. Ese neoliberalismo tan mordaz hirió gravemente a los trabajadores al reestructurar el esquema productivo de la Argentina, convirtiéndolo en un sistema donde el trabajo ya no era el enunciado por Perón sino una mercancía más de un capitalismo en apariencia desregulado, pero que en realidad desbordaba de regulaciones dirigidas a precarizar el trabajo, y a flexibilizarlo, eufemismo repetido hasta el cansancio.
De este modo el trabajo perdió su valor social y dejó de ser un valor esencial para las personas, y la generación de empleo no fue más una prioridad del Estado. Las tasas de desempleo alcanzaron niveles brutales.
¿Cómo concebir a una trabajadora o a un trabajador? ¿Cómo respetarlos? ¿Cómo reconocer su dignidad? ¿Qué valor dar al trabajo? De estas preguntas y de sus respuestas depende el resultado de lo que veremos reflejado en la realidad; ese es un ejercicio ideológico, y es el cambio sustancial que ha ofrecido esta última década: la revalorización del trabajo y del empleo, la revalorización de los trabajadores y de las trabajadoras. Puedo describir acá el panorama político, normativo y económico en estas coberturas del trabajo; por ejemplo, la regularidad en el llamado a paritarias o la tasa de desempleo del 7,1 por ciento que ha sido desconocida por una diputada preopinante.
Quiero nombrar dos casos muy significativos para la historia de este último tiempo en la Argentina: el régimen de trabajo agrario y el de contrato de trabajo para personal de casas particulares. Estos trabajadores y estas trabajadoras que fueron histórica y culturalmente asociados a tareas de servidumbre hoy son reconocidos normativamente y protegidos en condición de igualdad con el resto de los trabajadores del país.
Pido autorización para insertar el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Por otro lado deseo recalcar que el régimen privado también tiene su cuota de responsabilidad al continuar una práctica de contratación de trabajadores no regulados.
Debemos reconocer la responsabilidad del Estado y la importancia de las iniciativas que estamos tratando hoy. El reconocimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores genera mayor igualdad, voltea privilegios y también afecta algunos intereses de grupos privados. Si algo ha caracterizado a nuestro gobierno es priorizar los intereses del pueblo y de los más débiles frente a los de los poderosos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: estamos tratando una iniciativa del Poder Ejecutivo muy importante, porque no solamente se habla en términos históricos de lo que pasó, de dónde venimos, cómo estamos y adónde queremos ir. Este debate parlamentario también se vincula con cuestiones que se decidieron en esta Cámara.
Nos acusan de generar políticas ortodoxas y volver a la práctica de los 90. Quiero refrescar lo que sucedió en la 4ª sesión extraordinaria del período legislativo 117 en relación con el proyecto de ley contenido en el expediente 0118-pe-99, sobre flexibilización laboral. En esa oportunidad votaron afirmativamente Alchouron, Guillermo Eduardo, de la Sociedad Rural Argentina; Buzzi, Ricardo, tucumano, hijo del dictador y genocida; Cavallo, Domingo Felipe; Colombi, ex gobernador radical de la provincia de Corrientes; Giubergia, Miguel Ángel; Giustiniani, Rubén; Negri, Mario Raúl; Ocaña, María Graciela; Santín, Eduardo; Stolbizer, Margarita Rosa. La diputada nacional que votó en contra fue Cristina Fernández de Kirchner... (Aplausos.) ...y Carrió también, como me acotan acá. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre.
Hubo un modelo de acumulación y de distribución de la riqueza nacional que desarmó aquel país industrial y de pleno empleo de Perón y Eva Perón. Si bien eso se inició en el 55, se terminó de desarmar con el golpe genocida de marzo de 1976. Hubo complicidad de los que se beneficiaron con ese golpe. La Sociedad Rural, que después vino a votar la ley de flexibilización laboral, se benefició con el endeudamiento externo masivo de nuestra economía durante esa época, salvo la honrosa etapa en democracia de Raúl Alfonsín que en esos primeros seis meses intentó con Bernardo Grinspun cambiar el eje de acumulación y distribución de la riqueza y crear un país industrial para salir de esa lógica.
Después de mucho tiempo y de lo que nos pasó el saqueo y la entrega del patrimonio nacional, el gobierno de la Alianza y la devaluación escandalosa que se hizo en este país a la salida de la convertibilidad, en este tiempo estamos intentando torcer el rumbo y crear el país de nuevo, industrial, de pleno empleo, de salario, y no de cualquier salario, un buen salario.
Por eso las paritarias y por eso un Estado que da derechos y es garante en la puja que hay hoy en la Argentina y en el mundo entre el capital y el trabajo, porque hay una puja del capital, que intenta maximizar ganancias explotando a la clase trabajadora, pagando salarios de hambre y queriendo que el Estado sea garante de los negocios exitosos de ese poder económico, esté donde esté, en el sector agrario, en el sector industrial, en el sector financiero o en los grupos multimediáticos. Tienen un solo interés, que es acumular ganancias a costa de la miseria y la pobreza del pueblo.
Por eso estamos defendiendo esta idea, este proyecto, no porque no sepamos que no hay problemas; hay problemas, pero lo que hoy está en discusión es el modelo de acumulación, si vamos o no a defender los 6 millones de puestos de trabajo, si vamos o no a defender los salarios, un Estado garante del derecho. Tenemos un gobierno que acepta este debate y pone en discusión un proyecto de ley que hoy trata de resolver uno de los principales problemas que tiene la clase trabajadora argentina.
Su problema principal hoy, aparte de la falta de trabajo, es la precariedad en el empleo, el fraude laboral, la ilegalidad.
En ese camino venimos a ofrecer este proyecto de ley porque lo sentimos parte de una discusión que tenemos en el conjunto de la comunidad, de que nosotros –como dijo Néstor Kirchner- no vinimos al gobierno a representar los intereses de ninguna corporación económica sino que vinimos a representar los intereses del pueblo argentino, y en ese camino ofrecemos este proyecto para seguir profundizando un país con crecimiento de su economía pero distribuyendo su riqueza nacional.
Por eso la discusión y los que hoy nos cuestionan son los que en otros tiempos aprobaron en este Parlamento leyes que flexibilizaron las condiciones de empleo, que llevaron a la pobreza, a la desocupación y a la miseria a la mayoría del pueblo argentino.
En este camino vamos a votar este proyecto para consolidar nuestro rumbo, que es el de tener un país con justicia social. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.


SR. SCIUTTO, RUBEN DARIO (TIERRA DEL FUEGO): Señora presidenta: aprovechando el clima que ha creado el diputado preopinante, me parece correcto que todos nos pongamos a defender lo que pasa en cada región del país.
Por supuesto que voy a acompañar el proyecto, como lo hace mi bloque, con alguna disidencia, y celebramos que hoy se esté tratando esta iniciativa.
No puedo dejar de aprovechar que se habla del tema del trabajo para mencionar a Tierra del Fuego, la provincia de la que provengo.
Recordemos que la ley 19.640 tuvo por objeto incrementar el nivel de actividad económica en la provincia de Tierra del Fuego, siendo una decisión política del Estado nacional, cumpliendo así el objetivo geopolítico de reafirmar la soberanía nacional.
Hace cinco años me tocó participar de la aprobación de la ley de impuestos internos, la 26.539, sancionada el 4 de noviembre de 2009 y promulgada el 20 de noviembre del mismo año. Realmente hacía falta. Esa ley establece una reforma impositiva con beneficios fiscales para la fabricación de artículos electrónicos en Tierra del Fuego. Esta ley modifica la nómina de bienes suntuarios gravados por cargas internas.
Es así que en el año 2010, con el aval del Ministerio de Trabajo de la Nación, AFARTE –Asociación de Fábricas de Terminales de Electrónica- y el gremio de la UOM firman un convenio que permite que este tipo de contratación lleve entre otras cosas –a mi criterio- a la actual situación precaria de trabajo.
La actualidad refleja una realidad diferente. Años atrás, y fruto de las decisiones del gobierno nacional, Tierra del Fuego se desarrolló como un gran polo industrial. Pero hoy, como resultado del cambio de políticas macroeconómicas del gobierno nacional, que repercutieron de forma negativa en nuestra provincia, nos encontramos con serias dificultades.
Desde hace unos meses nos encontramos ante una problemática causada por los contratos laborales en las industrias, los cuales llevan a la precarización de las fuentes laborales.
Dichos contratos autorizan a que empleadores y sindicatos fomenten el fraude laboral permitiendo contrataciones sucesivas.
En un primer momento el sistema resultó atractivo porque el contratado tenía la posibilidad de rotar dentro del mismo y mantenerse ocupado por varios meses en el año. Pero al ampliarse el número de personas, ha repercutido en forma negativa pues se hace más largo el tiempo de espera entre alta y alta. Ello sin perjuicio de que lo más preocupante es que mediante un acta acuerdo entre partes hayan introducido una nueva modalidad de contrato de trabajo.
La totalidad de las modalidades de contrato de trabajo están acogidas en la ley 20.744, la cual es de orden público y no disponible para las partes intervinientes en cualquier acuerdo de que se trate.
De pretender seguir usufructuando este régimen, debería ser modificada la norma madre, en lo que respecta a contratos sucesivos, o introducir algún tipo de excepción, circunstancia que resulta peligrosa ya que se flexibilizaría el sistema laboral.
Se debería establecer un régimen de ingresos efectivos acorde a la producción estable y a los puestos fijos, los que pueden ser testeados por las carteras de industria nacional y provincial cubriendo los puestos fijos y de producción permanente con más turnos y con la continuidad de salarios y de la seguridad social. No deben existir modalidades que en la discontinuidad no permitan generar y mantener un estándar de vida sustentable.
La no renovación de los contratos refleja la irresponsabilidad y la falta de respeto hacia los trabajadores que necesitan una estabilidad laboral. Son miles de fueguinos que están en la incertidumbre ante los constantes despidos y renovaciones de contratos temporales creados con el fin de poner a prueba al trabajador. Los empresarios utilizan la modalidad temporal desde hace años infringiendo claramente la ley laboral.
Señora presidenta: se realizó una utilización política del contrato para lograr resultados electoralistas dejando sin respuesta a los trabajadores suspendidos luego de lograr su cometido electoral.
La decisión del gobierno nacional fue acertada, la sanción de leyes que generaron trabajo en nuestra provincia, que en su momento acompañé, repito, ilusionaron a la gente, a los trabajadores que vinieron a Tierra del Fuego desde toda la Argentina.
¿Quién se hace cargo de los casi 5 mil desocupados de la industria electrónica que hay hoy en la provincia? Debemos trabajar en conjunto para solucionar esta situación adversa; los sindicatos, los industriales y los funcionarios no pueden distraerse sobre la realidad que se vive en Tierra del Fuego. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.


SRA. CARRILLO, MARIA DEL CARMEN (TUCUMAN): Señora presidenta: el trabajo es el testimonio de la dignidad del hombre, lo que le permite el desarrollo de su personalidad, es fuente de recursos para mantener a su propia familia y medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que vive.
Partiendo de esta premisa es que nuestra presidenta, con un gran sentido de equidad e inclusión social, impulsa este proyecto de ley de promoción del trabajo registrado que viene a profundizar las políticas de pleno empleo y empoderamiento de derechos de todos los trabajadores desde dos ejes fundamentales.
El primero es erradicar el desempleo, tal como se ha venido priorizando desde las políticas públicas en esta década ganada. Este gobierno se preocupó y se ocupó incansablemente de ello obteniendo como resultado la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo, alcanzando de esta manera el índice más bajo de desocupación desde 1992.
El segundo eje hacia el que están orientadas las acciones concretas del Estado nacional es el de la precarización laboral, trabajadores no registrados que ven cercenados sus derechos laborales privándose así de obra social, estabilidad en el empleo y de aportes previsionales
y de la posibilidad de obtener créditos, entre otras cuestiones.
Con esta norma se pretende disminuir el trabajo informal, el trabajo en negro, y permitir que más argentinos y argentinas tengan labores registradas, con aportes patronales que les aseguren futuras jubilaciones y el acceso a prestadores de salud y a aseguradoras de riesgo de trabajo; es decir, incluirlos dentro del circuito productivo de nuestro país.
Al impulsar esta iniciativa también se tuvo en cuenta la situación del empleador, para que pueda regularizar su situación con sus empleados. Para ello, se le otorgan beneficios fiscales, reduciendo las contribuciones patronales por un período de tiempo razonable acorde a la cantidad de personal con el que cuente, sin afectar al trabajador, ya que el porcentaje que se debitará será absorbido por el Estado nacional.
Este gobierno, con un inmenso sentido de pluralidad, nos convoca a todos para que formemos parte de este proyecto, nos involucremos y controlemos para que los beneficios lleguen a ambas partes, pero sobre todo a nuestros trabajadores.
Con la mirada puesta en velar por los derechos de nuestros hombres y mujeres para que gocen a pleno sus derechos es que se crea un instrumento que contribuirá al control del trabajo formal. Se trata del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, REPSAL, una estrategia importante para la prevención del fraude laboral, para cuidar los recursos de todos, fundamentalmente de los trabajadores. En este registro se incluirá la falta de inscripción o registración y la obstrucción a las inspecciones de trabajo. Los que estén incluidos en él no podrán recibir subsidios, beneficios, etcétera.
Estas medidas, pensadas para acortar las desigualdades sociales y económicas, surgen de este proyecto del gobierno nacional y popular. Y como dice nuestra presidenta, ampliar derechos está en la génesis de la justicia social. Es una bandera que enarbolamos todos los días. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.


SRA. SORIA, MARIA EMILIA (RIO NEGRO): Señora presidenta: he escuchado atentamente a varios diputados preopinantes y debo confesar que me ha llamado la atención que aquellos que con habitualidad recurren a la historia y suelen volver reiteradamente al pasado hoy pareciera que se olvidaron de la historia. No quieren repasar las diversas acciones y herramientas de las cuales incluso este recinto ha sido parte, las conquistas laborales que forman parte de la historia reciente de nuestro país.
Me refiero a diversas políticas de Estado orientadas a combatir la precariedad y la informalidad laboral, como lo fue el Plan Nacional de Regularización del Trabajo. También podemos mencionar la recuperación del rol del Ministerio de Trabajo con controles e inspecciones, el Renatea y el régimen agrario, entre otras acciones.
Asimismo, se aplicaron políticas de Estado orientadas a la inclusión jubilatoria, flexibilizando el acceso a las prestaciones, como lo fueron la jubilación anticipada o la incorporación de las amas de casa y las empleadas domésticas, conformando un régimen previsional indudablemente inclusivo.
También podemos mencionar la fuerte política de la inversión pública, uno de los grandes motores de nuestra economía; la obra pública como herramienta transformadora de la realidad pero también como generadora de empleo. Me refiero a la construcción de autopistas, a la repavimentación de rutas, a la construcción de más de 800 mil viviendas terminadas y a las más de 200 mil viviendas que están en construcción. Ni hablar de la generación de empleo en la construcción, producto directo del programa “Procrear”.
Hoy una vez más estamos ante una realidad cambiante, y como resultado del intenso análisis de la evolución de las condiciones laborales el Ministerio de Trabajo arribó a una nueva herramienta para continuar dando batalla. Y yo, que vengo de una provincia patagónica, celebro la fuerte orientación regional que tiene esta iniciativa. Nadie puede negar que en nuestro país existen zonas muy diferenciadas, como las provincias del Sur y las del Norte; estas últimas, con economías sensibles y estacionales y con distintos indicadores que determinan emprendimientos mucho más pequeños.
Por eso, estoy convencida de que al crear beneficios diferenciales para estas economías con pequeñas empresas y microempresas se ha valorado a economías regionales como la de mi provincia.
Las cifras son alarmantes. A pesar de las multas, las sanciones y los juicios, en el Alto Valle de Río Negro –donde la fruticultura es el motor de nuestra economía- el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación detectó que en la época de cosecha más del 63 por ciento de los peones no está registrado.
Asimismo, tal como lo señalara un diputado preopinante, se encontraron trabajadores en condiciones infrahumanas. Es decir que habitaban en sus lugares de empleo, en zonas rurales expuestas a condiciones climáticas adversas sin agua potable ni electricidad y durmiendo con sus familias muchas veces en el piso.
Hoy estamos dando un paso más para que estas condiciones laborales no existan nunca más en la Argentina y para que el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios del empleo registrado deje de ser un anhelo más y se transforme en un verdadero derecho adquirido.
No es posible la acción política sin visión ideológica. Pese a aquellos que auguran el fin de la historia e incluso de la ideología, es nuestra convicción que el trabajo forma parte de la estructura de la condición humana. Para nosotros existe una sola clase de hombres: los que trabajan. Por esta razón acompañaremos el proyecto de ley en tratamiento. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS): Señora presidenta: estamos debatiendo sobre un proyecto de ley de promoción del trabajo registrado cuyo objetivo, tal como se ha declamado, es loable: tratar de que haya más trabajadores registrados.
Como ya lo señalaran otros miembros de mi bloque, apoyaremos en general esta iniciativa pero no algunas objeciones que se han hecho en particular porque entendemos que en ciertos casos afectan claramente las autonomías provinciales. La sola posibilidad de que haya un trabajador más en blanco ya merece nuestra consideración, pero lo que no haremos es subirnos al discurso exitista o triunfalista de que es una medida estructural que permitirá la generación de puestos de trabajo y la dinamización del mercado laboral. No lo haremos porque sería como dar una Cafiaspirina a un enfermo con fiebre alta o un paraguas a un índice económico, como el del empleo, que viene cayendo desde el cuarto piso en forma preocupante.
No podemos decir a los trabajadores que mañana van a estar mucho mejor, pero acompañaremos la posibilidad de que uno, dos, tres o diez tengan empleo en blanco.
Por otro lado, quiero referirme a un tema que también pertenece a esta categoría política social del que muy poco se habló en este recinto: la responsabilidad del Estado argentino como uno de los principales precarizadores laborales en vastos sectores de las órbitas nacional, provincial y municipal, que han encontrado una forma muy original de ajuste disimulado. Reemplazan trabajadores en blanco con plenos derechos laborales por otros con contratos basura, monotributistas, pasantes o, lo que es más preocupante, con planes sociales, dedicados durante décadas a realizar tareas al lado de trabajadores del Estado sin acceder a los mismos derechos laborales; por ejemplo, el de agremiarse. Algunos de ellos ni siquiera perciben remuneración en moneda nacional. Estoy hablando de la Argentina del año 2013: en nuestra querida Nación todavía hay personas cuya labor no es remunerada en moneda nacional, lo que constituye una violación a uno de los derechos más sagrados para los trabajadores.
Me preocupa el porcentaje de empleados precarizados en el Estado. Es realmente asombroso, ya que alcanza al 20 o el 40 por ciento según se consideren o no las fuerzas de seguridad. Estos trabajadores no cuentan con la posibilidad de tener negociaciones salariales ni vacaciones ni licencias por maternidad ni aguinaldos ni renovaciones contractuales, en algunos casos mes a mes.
En algunos casos hay récords de precarización. En la Jefatura de Gabinete y en el Ministerio de Trabajo hay un 70 por ciento de contratos. Y en el Ministerio de Desarrollo Social hay un 80 por ciento de contratos.
Me da vergüenza ajena escuchar a algunos gobernadores anunciar pomposamente que en sus provincias no tienen desocupación laboral, que ella es cercana a cero o, como diría un matemático, que es tendiente a cero, sin decir que en esas mismas provincias hay altísimos y preocupantes índices de precarización laboral, de trabajo en negro y de uso de trabajadores en condiciones laborales indignas para cumplir tareas en la administración pública, en las fuerzas de seguridad, en la educación, en la justicia y en el sistema de salud, en algunas ocasiones en calidad de trabajadores y en otras de profesionales.
Entonces, tengamos la honestidad intelectual de decir las cosas como son. Tenemos un Estado que da un mal ejemplo, y yo quiero pertenecer a un Estado que dé un buen ejemplo. Desde hace veinte años tenemos un Estado que es un incumplidor serial del trabajo en blanco, y quiero que esto también forme parte del debate parlamentario.
En representación de los trabajadores de mi provincia y de mi país que nos han dado el honroso mandato de defender sus derechos, quiero invitar a los legisladores que integran este Parlamento y al gobierno nacional a establecer una agenda política y pública con intendentes y gobernadores para tratar el tema relacionado con el altísimo nivel de precariedad laboral de los trabajadores del Estado y terminar con los pasantes y los planes de inclusión que, desde hace diez, quince o veinte años, aguardan con esperanza el destino de un trabajo digno. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.


SRA. GALLARDO, MIRIAM GRACIELA (TUCUMAN): Señora presidenta: los cambios introducidos en la política económica nacional, que empezaron en 2003 con la implementación del Plan Nacional de Regularización del Trabajo por iniciativa de Néstor Kirchner, han generado importantes beneficios en el mercado laboral de todo el país.
A lo largo de todos estos años este Congreso ha ido acompañando las políticas inclusivas del gobierno nacional a través de la sanción de numerosas leyes. Entre ellas pueden mencionarse aquellas que establecieron los regímenes de trabajo agrario, de contrato de trabajo para el personal de casa de familia y del peón rural, como así también el sistema de pasantías educativas.
En diez años se han creado 6 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que hizo disminuir la tasa de desocupación al 6,8 por ciento. Sin embargo, ese incremento del empleo no se vio reflejado en la misma proporción en un aumento del registro del empleo de los asalariados.


- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SRA. GALLARDO, MIRIAM GRACIELA (TUCUMAN): Por eso creo que el proyecto de ley en consideración, que establece la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), viene a complementar el trabajo que se viene realizando en defensa de nuestros trabajadores.
Pienso que se trata de algo muy abarcativo porque además de establecer un régimen sancionatorio para aquellos empleadores que no registran a sus empleadores, que cometen irregularidades laborales, que realizan algún tipo de obstrucción en el trabajo de las autoridades competentes, que recurren al trabajo de niños y adolescentes por fuera de la ley o a la trata de personas para realizar trabajos forzados, también contempla un régimen de promoción permanente de las contribuciones patronales para las microempresas. En este sentido quiero señalar que se determina una reducción del 50 por ciento de las cargas patronales.
En la provincia de Tucumán, a la que represento, si comparamos el tercer trimestre de 2003 con el mismo período de 2013 –este es el último dato disponible vamos a observar que entre esos dos períodos se produjo un incremento de 70.272 asalariados registrados, lo que representa un 68 por ciento de aumento de este índice. Pero a pesar de este incremento aún existe un gran porcentaje de evasores en el cumplimiento de las leyes laborales vigentes.
Según un informe actualizado que se basa en un estudio del mercado laboral y que fue emitido por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la actividad que presenta el mayor porcentaje de trabajadores no registrados es la de los hogares como empleadores de personal doméstico. En esta actividad un 83,2 por ciento de las personas manifestó que lo hacían en condiciones de no registrados, ya que sus empleadores no les efectuaban los aportes jubilatorios.
En segundo lugar, con un porcentaje también muy alto del 77,3 por ciento, figuran los asalariados no registrados en la actividad de alojamiento y servicios de comida.
Además, este informe revela que el mayor impacto del trabajo no registrado se detecta en los sectores de la sociedad que resultan más vulnerables por diversos motivos, pero principalmente por la permanencia a través de los años de una práctica empresarial que vulnera los derechos de los trabajadores.
Nuestra doctrina justicialista ha buscado y buscará siempre la protección de los trabajadores, que es la base y esencia del movimiento. Por eso, considero que este proyecto de ley tiene perfectamente articuladas todas las herramientas para promover el trabajo registrado y profundizar la lucha contra el fraude laboral. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.


SRA. MENDOZA, SANDRA MARCELA (CHACO): Señor presidente: tal como lo manifestó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros tenemos como consigna lograr más derechos para los trabajadores.
En ese contexto, creo que hoy es un día célebre por el debate que hemos mantenido. Por las distintas posturas que se han planteado, sobre todo desde lo humanístico, no tengo dudas de que ésta ha sido una gran discusión.
En mi hogar me enseñaron a hablar de la señora que trabaja en casa y no de la empleada doméstica. Incluso mi hija mayor muchas veces me dice que no se puede hablar de la empleada sino de la señora que trabaja en casa. Lamentablemente, la mayoría de ellas trabaja en negro; ni siquiera le pagan el mínimo que establece el Ministerio de Trabajo.
No somos más ni menos, pero desde el justicialismo siempre buscamos defender los derechos de los trabajadores. Por ello, estoy muy orgullosa de esta propuesta, porque se convertirá en una norma que va a cambiar la historia de muchas familias. Digo esto porque muchas personas que hoy trabajan de manera no registrada el día de mañana tendrán la posibilidad de acceder a una jubilación digna, porque eso es lo que corresponde.
Me pone muy feliz que en el Congreso podamos tener estos debates. No creo que nadie se oponga a esta realidad.
Las señoras que trabajan en nuestras casas, algunas son analfabetas, otras maltratadas. En mi caso personal, a las señoras que han criado a mis hijas siempre las hice estudiar e incluso les pagué la educación a sus hijas. Me parece que es un concepto humanista que uno debe tener, más allá de que el trabajo va a funcionar mucho mejor respecto de un grupo de personas que –hablo por mí- está totalmente discriminado en la sociedad, sufre prejuicios porque no saben leer o no han sido educados. Gracias a Dios y con la ayuda de todos, hoy sus hijos acceden a la escuela, pueden terminar el secundario. Cuantos más derechos tengamos los argentinos tendremos una sociedad mejor.
Nada más, y perdón señor presidente: ¡Viva Perón! (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.


SRA. ORTIZ CORREA, MARCIA SARA MARIA (CATAMARCA): Señor presidente: en relación con el proyecto de ley que estamos debatiendo, como abogada y legisladora debo expresar que considero meritorio su tratamiento, por cuanto es positiva toda posibilidad de una normativa destinada a tutelar los derechos del trabajador, como así también a mejorar las condiciones del trabajo.
El derecho laboral crea desigualdades entre las partes, pero estas situaciones entre los contratantes se deben a la necesidad de compensar las desigualdades de naturaleza económica, que no se tuvieron en cuenta en el liberalismo económico y cuyas consecuencias fueron trágicas, tanto para el trabajo en sí como para los trabajadores.
Sabemos que el bien de la justicia social es que luego de las luchas entre el capital y el trabajo se logre una armonía entre el Estado y la ciudadanía, que logre una unidad plena, dando valor y eficacia al principio de equidad y coadyuvando así a la tan ansiada paz social.
Hago referencia al concepto de justicia social porque, entre otras cosas, en este principio se encuentra comprendida, como fundamento, la necesidad del mejoramiento de las condiciones laborales del trabajador, persiguiéndose de esta manera el bien social por sobre el interés individual. Y aunque no se ha resuelto del todo la problemática de la cuestión social en su integridad, por lo menos se pueden suavizar las durezas de la lucha de clases, estableciendo una mayor justicia en la distribución y evitando así la opulencia desmedida y, por supuesto, la miseria que degrada.
Estas y otras razones son las que me llevan a apoyar lo que tanto nuestra presidenta Cristina como nuestro presidente Néstor Kirchner, Perón y Evita, siempre defendieron, que son los derechos de aquellos que trabajan y dan su vida por nuestra República Argentina. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. CASAÑAS, JUAN FRANCISCO (TUCUMAN): Señor presidente: desde nuestro bloque vamos a acompañar en general este proyecto, con las objeciones que en su momento expresaron mis correligionarios.
Estas son políticas cortoplacistas, llamadas políticas de parche. Al oficialismo no le alcanza con falsear los datos del INDEC; nunca tuvieron políticas de Estado a largo plazo que promuevan el empleo formal y genuino. De los 40 millones de argentinos solamente 7.300.000 tienen empleo privado y productivo, es decir, sólo un 18,3 por ciento de la población; Chile tiene un 37,5 por ciento y Australia un 42 por ciento, y en nuestro país, el NEA sólo tiene el 9 por ciento y el NOA el 11 por ciento de su población.
Pero prefiero hablar de Tucumán, donde el gobernador José Jorge Alperovich ha incrementado durante su gestión en un 64 por ciento la dotación de empleados públicos. Este gran gestor permitió que empresas de capital privado tucumano, como el grupo Citrusvil, se instalen en Santiago del Estero, dada la alta presión fiscal que existe en Tucumán. Del Ejecutivo de esta última provincia dependen 71.312 tucumanos, sin tener en cuenta los diecinueve municipios, la Legislatura y las noventa y tres comunas que allí existen. En Tucumán, más de ciento veinte mil personas dependen del sueldo estatal y de cómo estén las cuentas públicas.
Se llenan la boca hablando de dignidad, pero en Tucumán hay trescientos veinte mil planes manejados por punteros, y muchas veces los hombres que necesitan del plan están obligados a subirse a camiones para ir a aplaudir a algunos de estos salvadores de la patria porque si no pierden los planes. Entiendo que el gobernador debe gestionar condiciones para que haya inversión en la provincia. Lo único que saben hacer es arrodillarse en Balcarce 50 para luego volver a la provincia, como si se tratara de grandes estadistas.
Escuché las palabras “dignidad”, “decencia” y otras más, pero en Tucumán hay doscientos once mil jubilados que cobran una miseria y se hallan en situaciones indignas. En 2007, el gobernador Alperovich, en su campaña política, pidió el voto de los jubilados a cambio de darles el 82 por ciento móvil, pero nada de esto sucedió.
Faltan políticas serias con planificación y visión de futuro; falta decencia y capacidad de gestión. Tenemos un 40 por ciento de inflación, ocho valores diferentes de dólar, está instalado el narcotráfico, hay corrupción, impunidad, persecución a los que piensan diferente, como el periodista Suárez, de Santiago del Estero, o el fiscal Campagnoli.
En cuanto a la trata de personas, el ejemplo más claro que tenemos en la provincia es Marita Verón. A ello debemos sumar el encubrimiento de los grandes errores del poder, como el caso de Paulina Lebbos; cómo será de poderoso el asesino que desde hace ocho años vienen encubriéndolo.
En la década del 70 había un millón de pobres; hoy, hay más de diez millones. Algo estamos haciendo mal. No veo la hora de que el Congreso se ponga a trabajar para dar al pueblo argentino lo que se merece.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.


SR. RUBIN, CARLOS GUSTAVO (CORRIENTES): Señor presidente: realmente, me preocupa el tema del federalismo y lo que se ha dicho aquí invocándolo para negar los derechos constitucionales de los trabajadores. El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege el trabajo en todas sus formas y establece la necesidad de que el Estado garantice la seguridad social.
Por eso, me impresionan las normas jurídicas que se han citado para justificar un federalismo que no tiene asidero especialmente en la Constitución Nacional, porque su artículo 31 determina una prevalencia de normas dentro de las cuales se encuentran los tratados internacionales ratificados por la Argentina.
El proyecto de ley contempla expresamente los tratados con la OIT, que son compromisos internacionales. Cuando existe la colisión entre derechos establecidos en la Constitución y el poder de policía, estamos en presencia de una facultad concurrente que debe ser solucionada entre la Nación y las provincias, según surge de la opinión de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Bredeston”. Como decía, se trata de un poder concurrente, y en la iniciativa en tratamiento permanentemente se alude a la necesidad de articular entre las provincias y la Nación.
La participación del Consejo Federal del Trabajo es permanente en todos los contextos. Es decir que aquí no se está violando ningún tipo de autonomía provincial.
¿De qué autonomía provincial hablan cuando se plantea la intervención del organismo nacional ante la omisión maliciosa de un organismo de empleo provincial que no está cumpliendo sus funciones? ¿Acaso tenemos que esperar que un gobernador decida por omisión de su organismo de empleo qué cantidad de trabajo en negro quiere tener en su provincia? Eso no figura en ninguna ley ni en la Constitución Nacional. Acá predominan los derechos de los trabajadores que necesitan tener un trabajo digno.
En Corrientes, que aquí se ha citado como una de las provincias con mayor trabajo en negro del país, en 2006 había 33.000 jubilados y en 2012, 67.000. En seis años se duplicó la cantidad de jubilados en mi provincia gracias a la política de inclusión social de Néstor Kirchner. Dentro de unos años necesitaremos otro Néstor Kirchner porque con estos niveles de trabajo en negro indudablemente muchos correntinos y correntinas no se podrán jubilar hasta que no se reconozca la jubilación sin aportes.
En mi provincia hay 136.000 niños, el 40 por ciento de los menores de 18 años, cuyos padres están cobrando la asignación universal por hijo. Se está subsidiando el trabajo en negro porque el empleador los mantiene en esa condición y les hace cobrar la asignación para pagarles un sueldo menor. ¿Cómo podemos negar entonces que el Estado nacional que está poniendo plata en esas provincias pueda ir a controlar que ese subsidio llegue a donde corresponde?
Aquí no debemos hablar del federalismo del Estado sino del federalismo social que llega a cada uno de nuestros ciudadanos con dignidad y un mínimo de justicia social, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Ese es el federalismo que nos interesa, el que está protegido por la Constitución Nacional.
No puede ser que la provincia de Corrientes tenga el 47 por ciento casi la mitad del trabajo en negro. De esa manera no puede haber desarrollo; los sistemas de salud están colapsados. Por eso estamos muy contentos con este proyecto de ley. Sabemos que esta es una lucha que recién empieza porque la verdadera lucha se dará por la aplicación de esta norma, cuando haya que sacar los alambrados, abrir las tranqueras e ir a buscar hasta el último de los trabajadores en negro para blanquearlo y que tenga la dignidad que se merece.
Los correntinos siempre hemos dicho que cuando la Argentina entre en guerra Corrientes la ayudará, y en esta lucha por la dignidad de los trabajadores Corrientes estará presente como en todas las luchas históricas. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.


SRA. IANNI, ANA MARIA (SANTA CRUZ): Señor presidente: uno de los pilares del modelo económico adoptado desde el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner y profundizado por nuestra presidenta es el crecimiento con inclusión. Esta premisa ha permitido que nuestro país pueda sortear las diferentes crisis internacionales por medio de políticas activas y contracíclicas. El reflejo de ello en el campo del turismo es un sostenido crecimiento tanto del turismo interno con inclusión social como del turismo receptivo.
Lo destacado de la actividad turística es que la ley 25.997, sancionada por este Congreso en 2005, concibe a la actividad privada como aliada estratégica para el desarrollo turístico, declarando de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica estratégica y esencial para el desarrollo del país.
La actividad turística como política de Estado ha permitido la consolidación del crecimiento inclusivo del sector del turismo interno ya que entre 2006 y 2013 el turismo interno ha crecido un 48 por ciento, alcanzando los 30.200.000 turistas.
En efecto, además de notarse que los argentinos se han incorporado masivamente al turismo interno, se observa que este mayor acceso no ha sido para unos pocos privilegiados sino, por el contrario, han tenido acceso al turismo los sectores más postergados de nuestra sociedad.
El turismo receptivo es una actividad de exportación no tradicional para la generación de divisas, y resulta como actividad privada una aliada estratégica del Estado nacional.
Entre 2003 y 2013 se observó un crecimiento fuerte y sostenido de la llegada de turistas internacionales al país. Los arribos de turistas extranjeros en la Argentina crecieron el 86 por ciento en ese período, alcanzando 5.600.000 personas.
Por su parte, los ingresos económicos generados crecieron en mayor medida –120 por ciento- en el mismo período hasta alcanzar 4.270 millones de dólares. De este modo, los ingresos económicos provenientes del turismo representaron el 30 por ciento de las exportaciones de servicios y el 4,4 por ciento de las exportaciones totales.
No he traído estos datos al recinto porque sí sino porque el sector del turismo se caracteriza por una gran intensidad en términos de mano de obra, es decir que utiliza relativamente más empleo que capital para su producción. De este modo, el gran dinamismo del sector en los últimos años lo ha constituido como una de las actividades más significativas en términos de generación de empleo de la última década.
Así, en el período 2004/2012, el empleo en el turismo aumentó un 25 por ciento y alcanzó una participación del 10 por ciento en el empleo nacional, brindando trabajo a más de 1.100.000 trabajadores. Mi provincia, Santa Cruz, fue la que aportó mayor cantidad de puestos de trabajo registrados en el turismo sobre el total a nivel nacional.
El empleo del sector del turismo se caracteriza por tasas de informalidad superiores al promedio de la economía. Por ejemplo, en 2012, mientras que para el total de la economía el porcentaje de empleados informales era aproximadamente 34 por ciento, esta proporción para el sector del turismo alcanzó el 43 por ciento. Sin embargo, el empleo formal en este sector ha crecido a una velocidad significativa, explicando un incremento en la tasa de formalidad de 12 puntos porcentuales entre 2004 y 2012.
Si observamos solo el empleo formal, el turismo creció en participación sobre el total de los puestos de trabajo registrados. Pasó de un 9,9 por ciento en 1998 a un 11,4 por ciento en 2011. Teniendo en cuenta los distintos sectores de la economía, el mayor crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo formales tuvo lugar en las ramas características del turismo.
Las relativamente bajas barreras de entrada que presentan las ramas características del turismo, por citar algunas, servicios de hotelería y expendio de comidas y bebidas, promueven que el turismo sea una actividad que incentiva la formación de pymes, que se traduce en un nuevo factor de inclusión a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población y los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo. Asimismo, promueve la decisión de estos últimos de capacitarse y formarse para la función y el servicio que han de brindar.
Por todo lo expuesto, por la importancia que tiene la actividad turística para los distintos destinos de nuestro país, sean emergentes o posicionados, temporales o de año redondo, así como también porque vemos a nuestras comunidades crecer y desarrollarse en función de dicha actividad, y por lo logrado en estos años bajo este proyecto nacional en el trabajo conjunto entre el Estado y el ámbito privado, vamos a acompañar este proyecto de ley para fomentar aún más el trabajo registrado en el ámbito de la actividad turística. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.


SRA. ABDALA DE MATARAZZO, NORMA AMANDA (SANTIAGO DEL ESTERO): Señor presidente: nos encontramos aquí debatiendo un nuevo proyecto por iniciativa del Poder Ejecutivo para seguir mejorando el sistema laboral argentino y, en particular, conjugando esfuerzos del propio Estado y del sector empleador a fin de implementar mejoras en las condiciones de los trabajadores.
Fueron varias las políticas impulsadas en estos últimos años a favor de los trabajadores, principalmente a través de un modelo económico basado en el crecimiento de nuestra economía, pero en el crecimiento con inclusión; y no hay mejor herramienta inclusiva que la creación de empleo.
Esos 6 millones de puestos de trabajo creados en la última década -y repito “última década” porque algunos dudan todavía-, junto con las asignaciones universales, han sido la forma más efectiva y consolidada de inclusión social.
Pero el trabajo informal ha sido y seguirá siendo la batalla a dar en materia de empleo. Y eso lo supo bien el presidente Néstor Kirchner, que a pocos meses de asumir la Presidencia de la Nación impulsó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, marco en el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación fiscalizó a más de un millón de empresas y a más de tres millones de trabajadores.
Ese gran impulso inicial ha sido continuado por nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, aunque en aquel momento marcó la directriz de un modelo económico y social sostenido, que no solo se focaliza en la cantidad sino también en la calidad del empleo que se buscaba generar.
En estos once años, a través de la política activa del gobierno nacional, se fomentó la creación de empleo por medio de leyes sancionadas por este Honorable Congreso, a fin de otorgar un marco legal a aquellos sectores del trabajo que no lo tenían, como son los empleados rurales o domésticos.
Y existe un dato no menor para darnos cuenta de los cambios que hemos realizado durante esta última década, para que dimensionemos, compañeros legisladores, que hemos sido partícipes y testigos de un verdadero cambio de paradigma en muchos de los temas que nos toca discutir en esta Honorable Cámara.
Mientras que en la década del 90, por cada diez puestos de trabajo creado, tan solo uno se registraba, hoy se registran nueve de cada diez, y esto no se debe a que de la noche a la mañana los empresarios se volvieron buenitos, sino que se lo debemos a un gobierno que fiscaliza, que crea trabajo, que garantiza paritarias y que recompone el poder de negociación de los trabajadores argentinos.
Pero como sabemos que aún queda mucho por hacer, hoy nos encontramos aquí nuevamente debatiendo y acompañando una decisión para mejorar la calidad del empleo en nuestro país.
Con este proyecto que estamos por convertir en ley el Estado podrá regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia de la ley, número que se duplicará en el segundo año de aplicación, según estiman desde el Ministerio de Trabajo.
Es sobre todo al sector de la micro y mediana empresa al que se busca incentivar a la regularización del empleo; ese sector que tanto ha crecido en los últimos años, agregando valor a nuestra economía, produciendo y creando empleos.
En este sector, que tal vez por su tamaño no puede tener los mismos márgenes de las grandes empresas, se observó que el 70 por ciento de las microempresas con hasta 5 empleados no los tenían registrados.
Es el Estado el que decide cambiar la situación, porque a estos pequeños empresarios se los debe ayudar. Por eso esta norma representa un nuevo incentivo para los pequeños y medianos empresarios.
Es importante destacar también que el trabajo registrado comporta beneficios al trabajador activo. El trabajo registrado es un pilar de la política social.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a la señora diputada que finalice su exposición.


SRA. ABDALA DE MATARAZZO, NORMA AMANDA (SANTIAGO DEL ESTERO): Quiero terminar diciendo que el trabajo registrado beneficia también al desempleado, al jubilado, al discapacitado porque los aportes de los trabajadores a la seguridad social configuran uno de los principales instrumentos de financiamiento de políticas sociales.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia insiste en que se le acabó el tiempo reglamentario para el uso de la palabra.


SRA. ABDALA DE MATARAZZO, NORMA AMANDA (SANTIAGO DEL ESTERO): Señor presidente: voy a votar convencida de este proyecto. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Muchas gracias por finalizar, señora vicepresidenta.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES): Señor presidente: en estos momentos, leer y escuchar que en el Congreso nacional se trata la problemática del trabajo informal es una alegría. Si bien es una alegría a medias porque todavía la norma debe aprobarse, reglamentarse y pulirse algunos detalles. No obstante es muy importante que todos los sectores políticos oficialistas y opositores estén abocados a esta tarea.
Ya sabemos que nadie de los aquí presentes va a decir “yo apoyo el trabajo en negro” o “a mí no me interesa el trabajo en negro”, pero no hace falta llegar a este punto, porque muchos saben de personas que trabajan en condiciones precarias y no lo dicen porque lo consideran algo normal. Están acostumbrados a la situación y no plantean formas de mejorarla, o no conocen las formas y los mecanismos para denunciar el trabajo informal. La omisión es ser cómplices. Y la negación también es ser cómplices.
Por eso hay otros que se quedan en un discurso color de rosa y temen mencionar las cosas que aún faltan resolver porque piensan que eso es ser funcional a la derecha o a la oposición.
No gasten energías en descubrir si uno es funcional al oficialismo, a la oposición o a la derecha. Acá lo importante es ser funcionales al pueblo, a la gente.
Hace mucho tenía algunas dudas. ¿Cómo puede ser que no se haga un poco más habiendo tantas movilizaciones que piden trabajo genuino, habiendo tantas denuncias de trabajo en negro, habiendo un crecimiento de programas sociales a los cuales sólo acceden quienes están desocupados o trabajan informalmente.
¿Se dan cuenta de eso? Son miles y miles de argentinos que tienen que sobrevivir con algún programa social, como el de Asignación Universal por Hijo, “Argentina trabaja” o “Progresar”.
Está bien que se los ayude; pero en esencia su condición es la de estar desocupados, subocupados o con trabajo precario. ¿Cómo puede ser que haya esa cantidad de gente sin trabajo genuino? Las estadísticas nos ponían las cifras en la mesa. Uno de cada tres trabajadores lo hacen en negro, son las estadísticas y la realidad que vivimos todos los días.


- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES): Todos conocemos a alguna persona que trabaja en negro y muchos no se dejan ayudar por miedo a perder ese trabajo por más informal que sea.
Entonces, la realidad demuestra que con un plan social no alcanza, se necesita ir más a fondo. Se necesita dignificar con trabajo y ayudar al precarizado.
Esa era mi duda y por eso lo consulté en la última sesión informativa del jefe de Gabinete, el cual adelantó que se iba a trabajar en estas iniciativas. Tal vez ahora podamos preguntarnos por qué no se trató años atrás esta problemática en particular, pero ya está. Hay que seguir mejorando y que nos escuchen también cuando queremos hacer modificaciones o cuando queremos aportar con iniciativas.
Falta mucho por hacer en el sector público en cuanto al trabajo en negro. Todas las dependencias estatales tienen que dar el ejemplo en esta cuestión y aquellos que no cumplan deben recibir alguna sanción administrativa.
De lo contrario podemos encontrarnos con una paradoja: que los inspectores que deban controlar el trabajo informal no estén regularizados.
Hay que dejar de lado los contratos de locación, las asistencias temporarias y las tercerizaciones. El Estado tiene que fortalecer el trabajo de planta permanente.
Falta ayudar a todos aquellos que ya sufrieron el trabajo en negro, sea físicamente o al momento de tramitar su jubilación. Pongámonos en el lugar del otro: debe ser muy triste llegar a la edad jubilatoria, después de tantos años de trabajo, y darse cuenta de que los aportes no fueron suficientes.
Falta ajustar los mecanismos de denuncia para que la ley no quede en palabras y deseos. Tiene que haber medidas concretas de coordinación entre los ministerios, la AFIP, los delegados sindicales, los trabajadores y las personas que saben dónde hay trabajo informal. No puede seguir la complicidad, sea de quien sea, al momento de ir a verificar la situación. No puede seguir el ninguneo, el filtro de la denuncia. Todas las denuncias deben tenerse en cuenta. No queremos que este proyecto quede sólo en un paliativo.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Vaya concluyendo, señora diputada.


SRA. PUCHETA, RAMONA (BUENOS AIRES): De acuerdo, señora presidenta.
Muchos trabajadores no luchan contra su precarización no por temor a perder su trabajo sino por falta de información. Esto demuestra que se requiere un programa de profunda información, de difusión, de educación a los jóvenes desde las escuelas y desde los medios de comunicación, de promover una cultura de respeto en la relación laboral.
Falta mucho, pero estamos para sumar. Por eso apoyamos este proyecto.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.


SRA. CASTRO, SANDRA DANIELA (SAN JUAN): Señora presidenta: es importante tener en claro la diferencia entre la generación de nuevas fuentes de empleo y la protección de los derechos de los trabajadores, y es esto último lo que hoy realmente estamos tratando, como se dijo al comienzo. Pero a lo largo de este debate apareció la confusión.
Lo que estamos tratando tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores. La creación del REPSAL permitirá llevar un orden de aquellos que no cumplen con la registración formal del empleo de sus trabajadores. Esto no es un empecinado castigo en contra del empresariado como también se ha dicho aquí sino una respuesta a una problemática vigente.
Sin dudas, el trabajo no formal o con irregularidades no contribuye a la inclusión ni a la equidad para nuestro país, y precisamente es eso lo que queremos: equidad, inclusión, justicia social.
También se ha planteado aquí cómo es que recién hoy nos preocupa este proyecto o cómo es que recién hoy tomamos medidas en este asunto que viene de larga data. También se dijo que hemos tomado decisiones políticas erróneas. Con respecto a esto último, pregunto: ¿quién de este proyecto político ha dicho que tomamos decisiones políticas perfectas, que solucionarán de una vez y para siempre todos los problemas de nuestro país?
Nosotros vamos solucionando problemáticas a medida que vamos pudiendo tener todos los recursos necesarios para hacerlo. Hemos venido del llano, es decir, de altos índices de desocupación, de precarización, etcétera. En los años 2000, 2001, 2002 y 2003 no podíamos garantizar ni siquiera la vida de los ciudadanos, porque en nuestros hospitales no había nada para atender a un enfermo; y lo digo con conocimiento de causa, porque mi provincia en particular sufrió gravemente esa problemática.
Pero además de eso, a medida que se van resolviendo los problemas vamos ingresando a los núcleos duros de problemáticas que el país tiene. Por otro lado, también los humanos evolucionamos y avanzamos, por lo que van apareciendo nuevas necesidades y nuevos problemas. Así se van generando nuevos escalones de necesidades y nuevos escalones de respuestas que nosotros y el Ejecutivo tenemos que contemplar. Si alguien cree que la evolución del pensamiento del hombre tiene un techo, en algún punto también está pensando que la política tiene un fin, y nosotros no adherimos de ninguna manera a esos paradigmas ideológicos.
Por otro lado, algunos plantearon –lamento que se haya retirado la diputada que lo dijo hace un rato- que tienen algunas dudas respecto de la informalidad laboral e incluso se preguntaron por qué recién ahora nos preocupamos del tema. A ellos les digo que estas cuestiones nos preocupan desde los años 40; si no, pensemos en que lo primero que hizo Juan Domingo Perón fue insistir a los trabajadores que debían organizarse.
Recordemos también que la Constitución de 1949 incorporó derechos sociales; si bien luego fue anulada, más tarde fue posible restablecerlos y hoy nuestra Ley Suprema los reconoce. Todas las personas gozan de estos derechos y es este poder el encargado de reconocerlos e insistir en su efectivo ejercicio. De esto tratan hoy las democracias.
Por otra parte, quiero repetir algunos conceptos más cercanos ya en el tiempo que mis compañeros pusieron de manifiesto. Me refiero al lanzamiento del Plan Nacional de Regularización del Trabajo en agosto de 2003. El presidente Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de ese año; díganme los señores diputados si la respuesta no fue casi inmediata.
Como dispongo de poco tiempo para hacer uso de la palabra y me desvié de lo que pensaba decir, quiero hacer hincapié en otro programa: el de regularización del sistema de pasantías educativas para garantizar la realización de prácticas calificantes por parte de los jóvenes y evitar el fraude laboral. Me parece importante hacerlo no sólo porque me incumbe como joven sino también porque formé parte del grupo de capacitadores de ese programa, tarea en la que pude ver cuán necesario es para los jóvenes estar preparados para insertarse en el mundo laboral.
Nunca nos quedamos de brazos cruzados, ni siquiera en los peores momentos cuando todas las corporaciones se nos vinieron encima, y tampoco lo haremos ahora. Para este proyecto político existe una sola clase de varones y mujeres, ya que alguien hizo referencia al género: los que trabajan.
A todos los trabajadores argentinos que día tras día ponen el hombro, quiero decirles que se sientan orgullosos de su patria, que trabajen con empeño y perseverancia, porque esta diputada acompañará con su voto los proyectos de ley en consideración. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. CANO, JOSE MANUEL (TUCUMAN): Señora presidenta: en verdad, no había tomado conciencia de que íbamos a tratar una norma de estas características con la importancia y trascendencia que el oficialismo le está dando.
Escuché hablar de turismo, de revisionismo histórico, de la responsabilidad que tuvo la Alianza y de lo que significa el empleo no registrado. Es decir que hubo una negación absoluta respecto de la historia del peronismo y sus variantes por lo menos de los últimos cuarenta o cincuenta años.
Desde nuestra formación política reivindicamos la recuperación del rol del Estado porque nos parece un hecho importante y trascendente de esta década. Podemos debatir y tener distintos matices respecto de para qué se ha recuperado su rol. El gobierno y el kirchnerismo en general han planteado sistemáticamente como una bandera la recuperación del rol del Estado.
En este punto, me parece importante destacar lo siguiente. El año 2003 arrancó con un presupuesto nacional de 53.000 millones de pesos. El de este año asciende a un billón de pesos, de los cuales 850.000 millones son manejados por el Poder Ejecutivo nacional.
Reconocer algunas situaciones es en verdad un mérito para el oficialismo, ya que normalmente no reconoce los problemas. Como dice un dirigente del peronismo tucumano, hay sectores del kirchnerismo que internalizan la ficción y se transforman en militantes de la irrealidad y de la mentira. Me parece que es interesante reconocer que uno de los grandes flagelos que tenemos como sociedad es el empleo no registrado.
También me parece que si queremos discutir efectivamente y dejar de interpelar y mirar el pasado, sería interesante debatir sobre el futuro. En ese sentido sería muy interesante que pudiéramos sesionar para discutir políticas de Estado que efectivamente resuelvan la problemática del empleo no registrado. Seguramente este proyecto de ley no la va a resolver.
Ustedes, que tienen como bandera la recuperación del Estado, que plantean como un hecho importante de su política de Estado el programa Fútbol para Todos, que invierte más de 1.500 millones de pesos por año –nos parece muy bien que la gente humilde pueda ver el fútbol, en una caracterización de una transferencia directa y universal donde el que tiene mucho dinero también puede verlo sin pagar un solo peso, que gobiernan desde hace once años y que han tenido mayoría absoluta en ambas Cámaras durante mucho tiempo, ¿pueden decir alegremente aquí que no pueden controlar el empleo no registrado porque no tienen inspectores en el Ministerio de Trabajo? ¡Por favor!
Un Estado que tiene recursos para un programa como Fútbol para Todos debería tener muchos más para controlar un flagelo que castiga a los sectores trabajadores, a los que les exige las mismas obligaciones pero no les otorga derechos. Ese Estado debería tener un mecanismo muy aceitado para controlar el empleo no registrado. Para ello no hace falta legislación. Hay mucha normativa y legislación para combatir el empleo en negro.
Lo que no hay es una voluntad política de hacerlo, y en muchos casos hay una actitud discrecional de los organismos que deben efectuar el control. Por ejemplo, quisiera saber cuántas fiscalizaciones se hicieron desde los ministerios de Trabajo de la Nación y de las provincias para combatir el empleo en negro en las casas de juego. ¿Cuántas actas de infracción tienen el señor Cristóbal López y las empresas del señor Lázaro Báez?
Entonces, si vamos a discutir políticas de Estado que garanticen la lucha contra el empleo no registrado debemos tener políticas fiscales que garanticen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. El proyecto de ley que estamos considerando va a generar un alivio para las pymes, pero de ninguna manera va a resolver el problema de fondo.
Para finalizar, quiero señalar que un señor diputado habló del voto de algunos señores diputados del radicalismo y de la Alianza. Sería entonces también muy bueno que de una vez por todas se hagan cargo, cuando hablan de la década del 90, de que el matrimonio Kirchner declaró visitante ilustre de El Calafate a Carlos Menem y de que Néstor Kirchner fue vocero de la privatización de YPF. Dejen de negar la realidad. Así no vamos a construir. Para construir futuro hay que discutir en serio. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.


SRA. RISKO, SILVIA LUCRECIA (MISIONES): Señora presidenta: la verdad es que agradezco tener la posibilidad de hacer uso de la palabra después del señor diputado preopinante. Aquí se escuchan muchas cosas, y a pesar de que en el fondo todos estamos de acuerdo siempre sale a la luz la diferencia entre los modelos políticos sociales en los que cada uno cree y defiende. Por ejemplo, aquí se escuchó decir a una señora diputada que este proyecto es una manzana podrida, cuando estamos hablando de generar desde el Estado nacional políticas de incentivo para que haya cada vez más trabajo en blanco. “Manzana podrida”. Eso me suena a lo que decían los nostalgiosos que vivían de los planes sociales y tenían a la gente de rehén o que celebraban acuerdos y realmente les importaba muy poco o nada el trabajador.
También me recuerda a los nostalgiosos que hoy hablan y reclaman respecto del trabajador del Estado, pero que en realidad fueron los que crearon el pago de parte del salario en negro y pusieron impuestos a los salarios. ¡Esos son los que hablan de manzanas podridas!
El compañero que ahí pasa caminando señaló que estas eran políticas cortoplacistas. Pero la verdad que a los peronistas, que somos los que creemos en la seguridad social, en la justicia social, en la inclusión y en la igualdad, únicamente nos corrieron con golpes militares. ¡Nunca abandonamos nuestros gobiernos! ¡Nunca abandonamos a nuestra sociedad ni a nuestra gente! ¡Siempre pusimos el pecho ante las situaciones más difíciles! (Aplausos.)
Aquí muchos legisladores hablaron de los trabajadores rurales. Yo provengo de una provincia Misiones en la que sabemos lo que significa la vida de un tarefero, como lo sabía Ramón Puerta, que estuvo sentado en una de estas bancas. Pero nosotros, los misioneros, le dijimos “no” a través de nuestro voto, para que no estuviera más en este recinto. En la actualidad tiene una causa en su contra por explotación y trata de personas y trabajo infantil.
Hoy el tarefero es totalmente ignorado, porque incluso hay complicidad en la explotación de ese trabajador por parte de la UATRE.
Por eso, como dirigentes y militantes nosotros tenemos la responsabilidad política de sostener este modelo que hace visibles las realidades con las que convivimos. Esto se los dice una joven que es producto de esa generación de los 90 indiferente e individualista, en la que era más fácil decir “que se vayan todos” antes que comprometerse.
Esa es la razón por la que asumo el compromiso y la responsabilidad de sostener estas políticas de Estado hasta que los hijos de la asignación universal lleguen a nuestras universidades y den el debate político, para ver si realmente vale o no la pena tener un Estado que garantice seguridad y educación.
Reitero que tengo la responsabilidad de sostener este modelo hasta que los trabajadores reales, los que saben lo que significa estar en blanco, lleguen a los sindicatos y a los gremios, que en muchos casos son propiedad de empresas privadas y en otros son conducidos por dirigentes que han reconocido que a la Argentina le iría mejor si dejaran de robar por dos años.
Como he dicho, tengo la responsabilidad de seguir sosteniendo la política de derechos humanos, para que en este país nunca más haya olvido, perdón, indulto o leyes de obediencia debida.
También tengo la responsabilidad y asumo el compromiso de sostener este modelo para que lleguen a ser gobernantes los miles de jóvenes que se están formando en la buena política, para que nunca –como decía Néstor Kirchner- se arrodillen ante los poderosos en contra de la Nación Argentina. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. SACCA, LUIS FERNANDO (TUCUMAN): Señora presidenta: en primer término, solicito autorización a la Honorable Cámara para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
En segundo lugar, es un gusto sentirme parte de esta revolución de normas que venimos tratando a lo largo de doce o trece horas. Se trata de una revolución planteada desde lo histórico, desde lo ideológico, desde las banderas y desde los aplausos por parte de los diputados que representan al partido de gobierno. Para los que no me entienden, aclaro que estoy ironizando.
La verdad es que considero que no hay ninguna revolución. Creo que estas doce horas de sesión bien las podríamos haber utilizado para tratar problemas reales y sinceros de nuestra economía y de nuestra sociedad, como el impuesto a las ganancias, diputado Kunkel, que tan resistido tiene su tratamiento.
Deberíamos estar tratando cómo resolver realmente el más del 40 por ciento de empleo no registrado, en lugar de crear nuevas estructuras y convertir el Estado dinámico y efectivo en uno macrocefálico para poder designar gente con una clara bandería política en estos organismos, como lo vienen haciendo y está en todos los diarios.
Sería bueno dar el debate de una revolución real. Me gustaría ser parte de ese Congreso. No de este Congreso de los aplausos, de la historia, del pase de facturas, sino de la política y la democracia real, de la que todos somos y fuimos parte. Quizá por una cuestión de edad no fui parte del gobierno de la Alianza, pero hubiera estado en el mismo partido que hoy integro. Desde los claustros estudiantiles milité en contra de Menem cuando ustedes lo aplaudían. También fui parte del radicalismo en el secundario militando en contra de toda esta historia que hoy parece ser brillante. Nos hacemos cargo de todo y lo estamos pagando, y seguimos militando y haciendo política para transformar la sociedad, a pesar de los errores y reivindicando todos aquellos aciertos institucionales.
Entonces, repito que me gustaría ser parte de una revolución, pero una revolución real. No sé de qué va a servir en Formosa este organismo que estamos creando, cuando allí el desempleo es del 2 por ciento; los inspectores se van a aburrir. Y también en Chaco; pobres muchachos, van a cobrar un sueldo sin trabajar porque allí no hay empleo no registrado ni desempleo.
Trabajemos de cara a la gente, con la verdad; que los aplausos sean merecidos cuando realmente estemos transformando la realidad para nuestro presente y para nuestro futuro. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. VILARIÑO, JOSE ANTONIO (SALTA): No voy a hacer uso de la palabra, señora presidenta.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.


SR. SOLANAS, JULIO RODOLFO (ENTRE RIOS): Señora presidenta: en este largo debate ha habido muchas reflexiones. Pero no puedo abstraerme del discurso de la compañera de Misiones, que ha sido esperanzador, que ha interpelado a la historia y que tiene un profundo contenido de presente y de futuro cuando habla de la asignación universal y de todo lo que implica que exista inclusión de derechos en la República Argentina.
En agosto de 2003 estuve aquí cuando se votó la regularización del trabajo no registrado, proyecto enviado por Néstor Kirchner a esta Cámara, y a lo largo de estos años se han tratado más de 35 leyes de inclusión y políticas de Estado, que aquí han sido cuestionadas permanentemente; una política de Estado en cuyo centro tiene al trabajador y al trabajo, que decididamente ha procurado incluirlos y ser parte de la historia de este movimiento político, cumpliendo así con Perón y tantos compañeras y compañeros que dejaron jirones en la patria. De allí el presente de los sindicatos y la organización sindical, más allá de sus errores y virtudes.
El proyecto de ley que estamos considerando tiene por virtud dar una vuelta de tuerca mayor aún, desde el gobierno nacional, al trabajo no registrado, mal llamado “en negro”, término que por discriminatorio debiéramos desterrar de nuestro lenguaje.
Hay miles y miles de compatriotas que se encuentran frente a la imposibilidad de tener su trabajo como debe ser. El trabajo es parte esencial de la construcción de la familia, de la sociedad, y fundamentalmente, de la dignidad del hombre.
Dentro de ese marco se encuadra este proyecto relacionado no solo con el trabajo registrado sino también con la necesidad de procurar celeridad respecto de aquellos empresarios que no cumplan con la regularización de los trabajadores en sus empresas. Al respecto no debemos tener miedo.
El registro, que aparecerá todos los días, funcionará también como una cuestión social en relación con aquellos empleadores que tomen a jóvenes que no deben trabajar, y también en lo relativo a la trata de personas. Esto tiene que ver con dignidad, con inclusión, y con la reafirmación de medidas que a lo largo de los años se han convertido en políticas de Estado. Nuestro gobierno, mi gobierno, es parte de esa construcción.
Aquí también se ha hablado de la historia. En 2003, este proyecto político se hizo cargo de la República Argentina, con errores y virtudes. Este proyecto político, primero con Néstor y después con Cristina, remedió la sensación de inseguridad que tenía el pueblo argentino respecto de la pérdida de la República y sus instituciones.
Ese mismo proyecto político puso en valor a la sociedad argentina, que estaba derruida luego de una ida en helicóptero desde la Casa de Gobierno. Respeto profundamente a la oposición, al radicalismo; pero me duele permanentemente que no se hagan cargo de esa realidad. Este proyecto político de Néstor Kirchner y del Congreso de ese momento fue el que se hizo cargo de la Argentina, con sus defectos y virtudes.
El nuestro es un bloque con convicciones, con jóvenes mujeres y varones que luchan por una sociedad mucho más justa, que ubica en el centro de la escena a los trabajadores y a la patria misma. Por ello, voy a votar con mucha fortaleza; y quiero decir a la oposición que no solo hay que apoyar el proyecto en general sino también en particular, porque se trata de una herramienta enorme para el trabajo registrado, los trabajadores de la Argentina y su dignidad nacional.
Por tal motivo, hoy más que nunca reafirmo la pertenencia a un proyecto político en homenaje a Néstor Kirchner y a Perón; y fundamentalmente deseo decir a la presidenta que cuando nos critican estamos convencidos de que vamos por el buen camino, que tiene que ver con la patria y los cuarenta millones de argentinos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. GILL, MARTIN RODRIGO (CORDOBA): Señora presidenta: en esta sesión estamos tratando un proyecto que intenta profundizar una línea de trabajo que el gobierno nacional ha llevado adelante desde el año 2003. Se trata de trabajar no solo para profundizar la generación de empleo sino también para lograr un mejor empleo. En ello juega un papel decisivo la necesidad de generar condiciones para favorecer el trabajo registrado atacando fundamentalmente la acción del empleador que no inscribe a sus trabajadores, que no realiza los aportes a la seguridad social ni las contribuciones frente a los riesgos del trabajo.
En los años noventa el tipo de cambio fijo sobrevaluado, con apertura comercial irrestricta, generó un proceso de desindustrialización que repercutió en un récord de desempleo. Ello, a su vez, llevó a la destrucción de los procesos de negociación colectiva, que se redujeron al ámbito individual de cada sindicato.
El resultado de ese período fue el récord de desocupación y de trabajo en negro, llegando a más del 20 por ciento en el primer caso y al 50 por ciento en el segundo. Lo importante era tener trabajo más allá de que se estuviera registrado. El propio trabajador terminaba compitiendo consigo mismo frente a las condiciones para llevar adelante esa tarea.
No se puede tapar el sol con la mano, como han pretendido hacerlo algunos diputados de la oposición. La única verdad es la realidad, y ésta comenzó a cambiar a partir de 2003. Ha habido una tendencia que progresivamente ha mostrado un resultado diferente.
Hoy hay mucha menos desocupación, tenemos uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia y también tenemos los niveles más altos de trabajo registrado. El descenso de la desocupación se registró por la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo, y hemos arribado a un índice del 33 al 35 por ciento de trabajo no registrado, reduciendo sus niveles a partir de políticas activas.
Cabe recordar el plan de regularización del trabajo que Néstor Kirchner llevó adelante en 2003 como una de sus primeras acciones, apenas noventa días después de haber tomado las riendas de un país en llamas; la generación de un modelo económico de industrialización y previsibilidad; la recuperación de las negociaciones colectivas para los trabajadores de los distintos sectores; la modernización de los procesos de inspección, y fundamentalmente que por iniciativa del Poder Ejecutivo nacional se animó a dictar normas concretas para dos de los nichos de mayor precarización laboral a fin de ir revirtiendo esa historia: los regímenes del trabajador agrario y del personal de casas particulares.
La única verdad es la realidad. En los años noventa cada cien puestos de trabajo creados, noventa eran no registrados. En la última década cada cien puestos de trabajo creados, noventa y dos fueron registrados.
Es cierto que estamos en un momento de estabilización de ese porcentaje. Por eso el Poder Ejecutivo vuelve a tomar cartas en el asunto y propone a este Congreso de la Nación una herramienta legislativa, política y laboral para continuar este proceso de transformación para tener más trabajo y menor trabajo en negro.
Acompañaremos este proyecto en el abordaje integral y en la creación de un registro público que más allá de una multa insignificante dé una sanción social y también una sanción concreta a aquel empresario que elige a los trabajadores como variable de ajuste...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Solicito al señor diputado que redondee su exposición pues ha vencido su término.


SR. GILL, MARTIN RODRIGO (CORDOBA): ...en ampliar las facultades al Ministerio de Trabajo y fundamentalmente buscar la promoción de la pequeña empresa.
El 1° de marzo de 2004 Néstor Kirchner decía en este mismo recinto: “El desempleo es la herida más dolorosa que puede sufrir una Nación, pero no se trata de cambiar nuevos empleos por trabajos precarios”.
El Estado debe recuperar su rol fiscalizador. Si en este período hay un elemento que fue el centro de las políticas públicas es el trabajo y la defensa de los trabajadores, por lo cual acompañamos el proyecto en consideración. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) Señora presidenta: hoy tratamos una cuestión vital para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Estamos discutiendo una cuestión vinculada con el trabajo...


- Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Solicito a los señores diputados que guarden silencio.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) Señora presidenta: si algún señor diputado desea pedir una interrupción, no tengo inconveniente en concederla.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Continúe en el uso de la palabra, señor diputado. Nadie ha solicitado una interrupción y usted tampoco está facultado para autorizarla.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) Simplemente decía que no tenía inconveniente en otorgar una interrupción.
Decía que el trabajo está vinculado con la dignidad. La dignidad del trabajo no tiene precio, es la más alta de las dignidades, que no la otorgan los cargos ni los títulos. Efectivamente, se logra a partir de levantarse temprano, acostarse tarde y llegar cansado, después de una larga jornada, con la satisfacción del deber cumplido. Es el instrumento para que hombres y mujeres puedan ser libres y no dependan de nadie para construir su futuro.
Esa dignidad anida en todos los hombres y mujeres cualquiera sea su actividad, sean gastronómicos, empleados del sector de salud, trabajadores del Estado, camioneros, empleados legislativos o legisladores. Esa dignidad de los trabajadores es la que hoy estamos tratando de reivindicar a partir de la discusión de esta norma.
Es cierto que el trabajo como acción humana no siempre logra un desarrollo pleno y en algunas ocasiones la dignidad se ve cercenada a partir de instrumentos que la limitan. El trabajo esclavo, mal remunerado, que a la hora de la discusión de las paritarias no contempla los aumentos que la inflación carcome ni el poder adquisitivo, el trabajo gravado con impuestos injustos, como es el impuesto a las ganancias y el trabajo en negro, constituyen formas claras de atentar contra su dignidad. Sin embargo, estamos aquí para brindar nuestro aporte y discutir un proyecto de ley que aspira a mejorar la situación de tantos trabajadores afectados por el flagelo del trabajo no registrado.
Para los que somos justicialistas, defender y discutir un proyecto de ley que reivindica los derechos de los trabajadores tiene un sabor especial, porque venimos de un movimiento político que nació defendiendo esos derechos.
El general Perón a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social primero, y luego a través de la Presidencia de la Nación logró que los trabajadores participaran en la discusión de la distribución de la renta nacional. Después de que el justicialismo permitiera la existencia de un Estatuto del Peón Rural y de un salario mínimo, vital y móvil –no es el salario mínimo, vital y móvil de 300 dólares que tenemos en la actualidad.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) ...y las paritarias que brindaron a las organizaciones de los trabajadores la posibilidad de discutir en un plano de igualdad con los empresarios las condiciones laborales y el salario, no sorprende...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Ruego al señor diputado que concluya su exposición.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) El mismo minuto que usted se arrogó se lo voy a pedir.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) No le voy a dar el minuto porque ya concluyó su tiempo, y a mí también me cortaron el audio cuando estuve en la banca, señor diputado.


SR.(MARTÍNEZ (OSCAR ARIEL)) Por eso me sorprende que algunos que se dicen justicialistas acompañen esta iniciativa, pero no hagan lo mismo con la posibilidad de que en este recinto discutamos la modificación del impuesto a las ganancias.
No puedo entender que en este recinto...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.


SRA. BOYADJIAN, GRACIELA EUNICE (TIERRA DEL FUEGO): Señora presidenta: estamos tratando un proyecto de ley que viene de manera oportuna a estimular con una escala de descuentos en las contribuciones patronales establecidas en el régimen general la registración de trabajadores no ingresados al mercado de trabajo formal. También resulta muy auspiciosa la creación de un régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microemprendedores.
Por otra parte, esta norma prevé la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales REPSAL-, que como sabemos tiene como propósito poner públicamente de relieve el comportamiento de empleadores infractores a las leyes laborales frente a sus trabajadores. Este registro no sólo prevé punir a los infractores privándolos de determinados beneficios específicos relacionados con contrataciones, políticas de créditos y otras políticas de apoyo a las empresas sobre las cuales el Estado tiene competencia específica, sino que al mismo tiempo también resulta útil a la hora de otorgar los beneficios previstos para fomentar la registración del empleo.
Sin embargo, no me propongo ahondar sobre mucho de lo que ya aquí se ha dicho sobre los efectos positivos de esta ley en relación con la registración del empleo. Sólo pretendo sentar posición sobre algunas imprecisiones u omisiones relacionadas con la norma.
Cuando el proyecto se refiere a los beneficios en sus diferentes escalas de ocupación de empleo a registrar, lo hace considerando los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, en jornada completa o parcial en los términos del régimen de contrato de trabajo.
Como es lógico, si pretendemos regular beneficios relacionados con la registración de empleo debemos hacerlo con la perspectiva de largo plazo. Entendemos que los beneficios en este caso funcionan como estímulo para que los empleadores no sólo declaren a sus trabajadores sino que también ocupen mano de obra por tiempo indeterminado. Por eso, en caso de despidos dentro de las escalas de ocupación previstas los beneficios del empleador se pierden.
Lo que sucede es que no estamos considerando la situación de los acuerdos o convenios específicos pensados para la ocupación de empleo estacional, anticíclico o discontinuo. Este es el tipo de acuerdo que rige actualmente en la industria de Tierra del Fuego.
En nuestra provincia, la Cámara de Fabricantes de Productos Electrónicos y el sindicato refrendaron un convenio que prevé la contratación de trabajadores de manera temporal por razones de estacionalidad productiva. Estos contratos, llamados “de personal de planta discontinuo”, garantizan un empleo de como mínimo cuatro meses, pero los empresarios deben seguir aportando sus contribuciones al régimen general por los otros ocho meses del año, aunque el trabajador no trabaje. Es decir, que estos contratos por tiempo determinado en muchos casos se convirtieron en contratación informal, toda vez que muchos empresarios abusaron del convenio prorrogándolos por más de dos o tres años. Esta modalidad de contrato sirvió para esconder abusivas prácticas de registración del empleo que no están previstas ni en esta norma ni en el derecho laboral en general.
Por otra parte, funciona de manera inversa al propósito de esta ley ya que se observan aportes patronales sin empleo real garantizados por tiempo indeterminado.
En este momento en nuestras provincias se han caído más de 2.500 de esos contratos que según la fuente podrían llegar a 4 mil empleos. Ninguno fue indemnizado a pesar de haber trabajado durante años y de existir fallos a favor de los trabajadores.
Por estos casos de empleo estacional o discontinuo este proyecto debería prever beneficios en directa proporción...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) La Presidencia le informa que su tiempo se ha agotado.


SRA. BOYADJIAN, GRACIELA EUNICE (TIERRA DEL FUEGO): ...no sólo con la cantidad de mano de obra ocupada sino también con el tiempo de ocupación previsto. En ningún caso podría ser de menos de dos años por las mismas previsiones de esta ley.
La reglamentación de esta norma debería prever estos regímenes de contratación discontinua, especificando el tiempo de duración del contrato para que el empleador pueda acogerse a este beneficio. Vamos a apoyar esta iniciativa.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.


SR. ELORRIAGA, OSVALDO ENRIQUE (ENTRE RIOS): Señora presidenta: es bueno que en esta semana en la que se recuerdan tantos hechos históricos en nuestro país estemos debatiendo una herramienta nueva, como tantas otras que hemos discutido en este recinto, para que nuestro gobierno pueda seguir adelante. Se trata de una herramienta que tiene como fundamento central lograr una mayor inclusión social e igualdad.
La iniciativa que estamos debatiendo cuenta con cuatro ejes centrales. Primero, el fortalecimiento de las facultades nacionales a través de la consolidación de facultades de inspección laboral por medio del Ministerio de Trabajo. Segundo, el establecimiento de nuevos procedimientos de fiscalización del trabajo a través de la creación de dos nuevos entes, la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Tercero, la creación de nuevos incentivos económicos a través de la implementación del régimen permanente para microempresas y del régimen de promoción de pequeñas y medianas empresas. Cuarto, la extensión de nuevos convenios de corresponsabilidad gremial a más sectores.
Toda vez que los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra han explicitado claramente las especificaciones técnicas de esta medida que se propone, me interesa destacar que esta propuesta se trata de una medida más que lleva adelante el gobierno nacional desde el año 2003 con miras a lograr la calidad del trabajo creado y la protección social de los trabajadores.
Este gobierno ha transformado la realidad del empleo no sólo desde el aspecto normativo con la sanción de normas como la ley de trabajo agrario, la ley para personal de casas particulares, que muchos de los que estamos aquí consideramos en estos años pasados, la ley de trabajo infantil y del trabajo adolescente, sino que también lo ha hecho la creación misma del empleo.
Así podemos mencionar que a lo largo de estos años se han creado alrededor de 6 millones de puestos de trabajo. La tasa de desocupación sufrió un importante descenso, alcanzando el 6,8 por ciento a fines del año pasado, siendo el índice más bajo que se observa desde 1992.
La cantidad de trabajadores declarados a la seguridad social ha crecido un 92 por ciento desde 2002 hasta 2012, alcanzando en la actualidad el nivel más elevado en los últimos treinta y ocho años.
La tasa de empleo no registrado de los últimos diez años se redujo un 15 por ciento, pasando del 49 por ciento en 2003 al 34 por ciento en 2013.
Uno de los objetivos del gobierno luego de lo que significó el gobierno neoliberal de los años 90 –debemos recordar que durante este período de cada 100 puestos de trabajo, 90 eran no registrados fue crear empleo y restaurar los derechos laborales. Pese a todos estos esfuerzos resulta innegable que el trabajo no registrado o irregular aún existe en nuestra sociedad, constituyendo una expresión cabal de precarización laboral, por lo que la presente medida está orientada a dar una mayor protección a los trabajadores y a la creación de un mejor escenario y mejores condiciones para el sector empresario.
Me interesa también hacer hincapié en el impacto que se prevé que tendrá esta propuesta, ya que se estima que beneficiará a cerca de 290 mil microempleadores, lo que representa el 50 por ciento del total de los empleadores formales, previéndose la incorporación de más de 600 mil trabajadores registrados nuevos.
La problemática del trabajo no registrado o irregular no se trata solamente de una cuestión que se resuelve a través de la implementación de nuevas medidas, incentivos económicos y endurecimiento de sanciones. A mi entender es más profunda aún, y se encuentra directamente relacionada con una problemática cultural e ideológica del sector empresarial, el cual se encuentra en el momento oportuno para realizar una autocrítica sobre sus prácticas, costumbres y los medios que emplea para conseguir sus fines.
En este sentido hay que destacar el papel de las actividades estacionales, que son las que tienen mayor porcentaje de informalidad, razón por la cual celebro la implementación de convenios de corresponsabilidad gremial en más sectores y actividades.
El trabajo, entendido como actividad creadora del hombre, como factor dignificante del hombre, debe ser valorado y respetado, por lo que me parece que propuestas como las que estamos tratando hoy...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Vaya concluyendo, señor diputado.


SR. ELORRIAGA, OSVALDO ENRIQUE (ENTRE RIOS): ...apuntan a una mayor equidad, igualdad e inclusión, por lo que deben ser acompañadas. Por eso pido a todos mis colegas que acompañemos esta propuesta del Poder Ejecutivo nacional. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.


SR. VALDES, GUSTAVO ADOLFO (CORRIENTES): Señora presidenta: creo que estamos asistiendo a una sesión histórica, porque decimos que vamos a combatir lo que no se pudo combatir en estos últimos diez años y hay consenso respecto de estas iniciativas. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical las vamos a acompañar en general, tal como se ha manifestado, y luego cada uno de nosotros irá planteando las disidencias oportunamente.
Algunos diputados han aludido a la provincia de Corrientes muchos de los cuales participaban en el proceso llevado adelante por la Unión Cívica Radical en esa provincia hablando de cuestiones que nada tienen que ver con el tema que estamos tratando. Seguramente ésta será una de esos proyectos de ley que se van a aprobar en este Congreso y que no van a lograr su cometido. Lo que sí va a quedar para siempre es esta suerte de “Veraz empresario” y de “Veraz trabajador” con burocracia, como lo viene haciendo el Estado permanentemente.
Si nosotros como Estado queremos combatir el empleo en negro debemos comenzar por los trabajadores en negro que tiene el Estado nacional en cada una de sus áreas, como esa planta transitoria que hoy tenemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Por otra parte, cuando hablamos de fraude laboral tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, porque por un lado se habla de eso pero yo les voy a contar lo que ocurrió en Corrientes. En el último tiempo, con el gobierno del Frente para la Victoria, de los 6 mil empleados que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes pusieron 3 mil Argentina Trabaja en forma de cooperativa, y hoy son como una suerte de empleados municipales en negro que deambulan por las calles, cuando se ve a alguno.
Entonces, si hablamos de combatir el empleo en negro y el fraude laboral, el Estado nacional es el primero que debe cumplir porque es el que debe dar el ejemplo.
Tenemos que actuar juntos. Estoy seguro de que la Unión Cívica Radical lo va a hacer acompañando esta sana iniciativa que tiene por objeto perseguir a los evasores del fisco.
También debemos hablar de un modelo de país distinto, porque no tengo duda de que muchas provincias que no son kirchneristas están siendo perseguidas, lo cual genera dificultades. Así le ocurre a mi provincia, Corrientes, que durante los últimos cuatro años ha sido discriminada, y también a Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas últimas tal vez no lo sienten tanto porque son las jurisdicciones por decirlo de alguna manera más ricas de la Argentina.
Reitero que estoy seguro de que ésta es una sana iniciativa que debemos acompañar. Por eso creo que no debemos regodearnos ni pasarnos factura; el oficialismo olvida que muchos de los que están sentados en estas bancas formaron parte del menemismo y de que el ex presidente Carlos Menem vota junto con el Frente para la Victoria en el Senado de la Nación. ¿Acaso piensan que no nos damos cuenta? No nos pasen factura y hablemos simplemente de cómo combatir el empleo en negro.
Digo una vez más que seguramente encontrarán en la Unión Cívica Radical, no sólo en esta iniciativa sino en muchas otras, un bloque dispuesto a acompañar la gestión.
De todas formas, creo que también deberíamos debatir sobre distintas cuestiones que reclama el pueblo. Únicamente discutimos las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, cuando aquí somos más de doscientos cuarenta los diputados que tenemos iniciativa popular. No podemos seguir siendo obedientes sólo ante los proyectos del Poder Ejecutivo nacional porque somos diputados del pueblo de la Nación Argentina. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RIVAS, JORGE (BUENOS AIRES): Señora presidenta: varios legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, con autoridad en el conocimiento del derecho laboral, se refirieron a las cuestiones técnicas que contiene la norma que estamos por sancionar. Por eso aprovecharé estos pocos minutos para hablar sobre la cuestión conceptual y el contexto político en el que tratamos este proyecto de ley que se encuentra sobre nuestras bancas.
Me resulta imposible abstraerme del dato que indica que desde 2003 se crearon 6 millones de puestos de trabajo y que durante el tercer trimestre de 2013 el índice de desempleo descendió hasta el 6,8 por ciento, el más bajo de los últimos veinticinco años.
Sin embargo, los pasos que se dan hacia el progreso social no sólo llaman la atención acerca del alivio logrado para determinados sufrimientos colectivos; también suelen poner delante de nuestros ojos aquellos que aún no se han dado o que no son suficientes. En otros términos, ante el desolador espectáculo de la desocupación masiva que ofrecía la Argentina en 2003, la urgencia por la generación de trabajo pudo hacer pasar a un segundo plano la preocupación por la calidad de ese trabajo.
Pero si se hace retroceder a la desocupación, sucede lo contrario. Eso es lo que pasa en nuestro país, a pesar de que también en ese aspecto haya habido avances. Cuando un trabajador o trabajadora tiene un empleo no registrado, un empleo informal, o sea, cuando una persona sufre fraude laboral, en su caso individual la historia ha retrocedido doscientos años. Para esa persona en particular no han existido nunca las uniones de trabajadores de la primera Revolución Industrial, ni los modernos sindicatos, ni nada de la riquísima historia del movimiento obrero. No hay jornada de ocho horas, ni descanso semanal, ni vacaciones, ni obra social, ni jubilación, ni indemnización por despido. Y aunque ahora sean menos, todavía hay muchos miles de trabajadoras y de trabajadores en esa condición entre nosotros.
Sabemos que el trabajo informal no es un castigo divino ni una plaga ajena a los conflictos que anidan en la sociedad. Hay trabajo informal porque hay empleadores que abusan de su posición de fuerza en la relación social con los asalariados. Hay trabajo informal  porque hay patrones evasores. Hay trabajo informal porque para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que los derechos de los trabajadores y porque es posible mantener trabajadores sin registrar y no sufrir ninguna sanción por ello.
El proyecto del Poder Ejecutivo es realista. Ofrece estímulos económicos a los empleadores mediante la reducción de los aportes patronales por sus trabajadores debidamente registrados, en una escala que favorece más a las empresas más débiles. Propone aumentar y mejorar el control estatal y aplicar sanciones a las patronales que violen sus obligaciones laborales.
La Unión Industrial Argentina, por medio de su Junta Ejecutiva, ha señalado: “Si bien la UIA apoya la necesidad de avanzar en la disminución de la informalidad laboral,  se plantearon cuestiones que pueden tener un impacto negativo en la generación de empleo, alimentando de esta manera la industria del juicio”. Es decir que la patronal reacciona como siempre que ve peligrar alguno de sus privilegios: amenaza y se victimiza. Es una historia recurrente cada vez que la clase trabajadora avanza por más derechos, pero que en esta oportunidad quede claro: votar de una u otra forma significa votar a favor o en contra del pueblo trabajador.
Por último, señora presidenta, adelanto mi voto afirmativo, y estoy convencido de que con iniciativas políticas como éstas dejamos claro en los hechos, más allá del staff mediático de agoreros, que el gobierno nacional continúa firme en la dirección de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en particular de nuestra clase trabajadora. (Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador).

SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) A continuación vamos a comenzar con el tiempo destinado a los discursos de cierre por parte de los presidentes de bloque.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. CICILIANI, ALICIA MABEL (SANTA FE): Señora presidenta: creo que esta jornada, en la que debatimos nada más ni nada menos que sobre la forma de solucionar los problemas del trabajo no registrado en la Argentina, constituye el reconocimiento de un problema serio y grave que venimos arrastrando desde hace décadas. Esta es la mayor satisfacción que podemos sentir en el día de hoy.
Desde nuestro punto de vista los proyectos que hoy estamos debatiendo no constituyen por sí mismos una solución a ese problema.
Venimos de los años 80, en los que la dictadura nos dejó no sólo miles de desaparecidos sino también una economía destruida. Por supuesto que los costos de esa situación los pagaron los trabajadores, y habiendo transcurrido ya treinta años de esta democracia todavía no pudimos solucionar esos problemas.
Si miramos la curva del trabajo no registrado, vemos que desde los años 80 tiene un sentido claramente ascendente, alcanzando el pico en los años 2001 y 2002. También observamos que luego de esta última década, en la que se registró un crecimiento económico que no se dio en los últimos cien años, estamos recuperando recién los valores de trabajo no registrado de los años 90. Esto quiere decir que poco hemos hecho para combatir el trabajo no registrado.
Las causas que generan esa informalidad son diversas, y si no las reconocemos poco podemos hacer para la solución del problema. Entre ellas podemos mencionar la baja productividad de ciertas empresas y la cantidad de trabajadores que hay sin formación.
Lamentablemente, a lo largo de todo este debate no hemos escuchado hablar de la formación de los trabajadores. Hago hincapié en esta cuestión porque no habrá acceso al trabajo productivo y registrado si no nos ocupamos de la formación de los trabajadores.
Aclaro que no me refiero a la formación que consiste en unas cuantas horas de trabajo o algunas horas de capacitación, donde las únicas beneficiadas son las consultoras que dan esa capacitación. Estoy hablando de la necesidad de contar con una escuela formal que a lo largo y ancho del país garantice trece años de educación de calidad para todos los argentinos, a fin de que el día de mañana puedan acceder a un trabajo digno que esté acorde con el sistema productivo del siglo XXI.
A pesar de los discursos grandilocuentes que hemos escuchado a lo largo de este debate, lo cierto es que esa es una deuda aún pendiente. Tengamos en cuenta que en la provincia en la que habita el 40 por ciento de la población de nuestro país, en lo que va del corriente año todavía no hemos logrado tener cinco días de clase seguidos.
Entonces, ¿qué podemos esperar de esos niños cuando dentro de diez años deban ingresar al sistema formal de trabajo? No existirá legislación que les pueda garantizar el acceso a un trabajo digno y decente.
También mencionamos como otra de las causas que generan esta informalidad las limitaciones en la inspección del trabajo, que existen porque no hay un Estado que garantice la aplicación de políticas públicas en consonancia con la legislación vigente. Este no es un problema de normas, como ahora nos vienen a decir desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Digo esto porque la administración cuenta con las competencias propias de la AFIP y de la ANSES para verificar los incumplimientos que se dan en el área de la seguridad social.
Por su parte, las provincias cuentan con las competencias que les otorgan sus respectivas Constituciones en materia de policía del trabajo.
Además, hay asimetrías entre las provincias, porque existe una concepción política según la cual son más importantes los ministerios de la Producción que los ministerios de Trabajo.
Si miran el mapa de las provincias argentinas verán que en muchos lugares hay direcciones nacionales del Trabajo, tal como ocurre en la propia Capital Federal, donde no se le da la importancia estratégica que tiene para velar por los derechos de los trabajadores.
Este frente progresista que gobierna la provincia de Santa Fe encontró en el año 2007 una desvencijada Secretaría de Trabajo provincial que acumulaba expedientes en los baños, sin ningún tipo de informatización para hacer su seguimiento judicial. Había 30 inspectores para tres millones de habitantes, y eso que hablamos de gobiernos que defendían los derechos de los trabajadores.
Después de seis años de gestión del Frente Amplio Progresista en la provincia de Santa Fe cuadruplicamos el número de inspectores.
Celebramos un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, y junto con el Estado de Bahía, Brasil, nos convertimos en los únicos dos estados subnacionales de Latinoamérica con una agenda de trabajo decente.
En el Día de la Mujer rendimos homenaje a las mujeres trabajadoras recorriendo los shoppings, barrios privados y supermercados para alentar el registro de las trabajadoras de casas particulares, sobre lo cual avanzamos en la legislación pero no en la policía de trabajo para tener un cumplimiento efectivo de esos derechos.
Esto no se va a solucionar ahora porque el Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo, incorpore 400 inspectores. Nosotros vamos a proponer en este recinto que el federalismo cooperativo traslade competencias a cada una de las provincias para que capacitemos inspectores laborales y dejemos instalado en cada Ministerio de Trabajo provincial un núcleo duro de personas capacitadas para salir a registrar trabajadores.
Claro que estamos de acuerdo con el REPSAL. ¿Cómo puede ser que estemos otorgando beneficios impositivos a empresarios que acceden a créditos del Bicentenario a una tasa del 9 por ciento anual, con una inflación del 35 por ciento, y que tienen trabajadores no registrados? En Santa Fe a los empresarios les decimos que la responsabilidad social empresaria es tener trabajadores en blanco, no es ir a pintar escuelas, porque a éstas las pinta el Estado provincial con los impuestos que le cobra a la gente. (Aplausos.)
En la Comisión de Legislación del Trabajo se está discutiendo el régimen de los teleoperadores. En la provincia de Santa Fe, con un diálogo social tripartito entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios, desde 2011 tenemos para los call centers una jornada de seis horas, con condiciones medioambientales adecuadas para cuidar la salud de los trabajadores, y ninguna empresa se fue de Santa Fe.
Estamos convencidos de que no necesitamos bajar las cargas patronales para crear empleo registrado; lo hemos visto a lo largo de estos treinta años. Hay una trama compleja de cultura y una trama compleja de evasión. ¿O vamos a creer que en La Salada hay un problema de rentabilidad empresaria? En La Salada hay un Estado que mira para otro lado y un sistema capitalista perverso que esclaviza a los trabajadores en el primer escalón de la producción, como decía el diputado Daer más temprano.
¿Qué rol cumplen los sindicatos? En la provincia de Santa Fe no hay un gobierno peronista, pero hay un gobierno que cree profundamente en los trabajadores y que defiende sus derechos, y junto con los sindicatos peronistas ese gobierno dio la posibilidad de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, para que cada trabajador pueda defender sus condiciones de trabajo en paridad en la empresa.
Hoy, el compañero Hermes Binner vuelve a ingresar a este recinto, como lo hiciera Estévez Boero desde 1987, el proyecto de ley sobre comités mixtos a nivel nacional. No hay intromisión en la conducción de las empresas. Los sindicatos no se debilitan y se facilitan las condiciones de trabajo. Además, los empresarios saben que hay una relación directa entre mejoras de las condiciones de trabajo y productividad de las empresas. Un trabajador mejor cuidado es más activo y más productivo.
Entonces, queridos compañeros y colegas, hoy tenemos la posibilidad de votar en forma conjunta un proyecto de ley que empieza a asomar la discusión acerca de la necesidad de registrar a los trabajadores. Ojalá podamos seguir profundizando esta discusión y terminar con el flagelo del trabajo en negro, con toda la complejidad que tiene. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. PRADINES, ROBERTO ARTURO (MENDOZA): Señora presidenta: mediante las distintas ocupaciones que he tenido siempre he buscado, de alguna manera, generar instrumentos para crear fuentes de trabajo, y si estos trabajos están regularizados, mucho mejor. Esto no es otra cosa que otorgar derechos y deberes constitucionales a ambas partes, es decir, el trabajador y el empleador.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SR. PRADINES, ROBERTO ARTURO (MENDOZA): Hoy, el Poder Ejecutivo nacional pretende que aprobemos el proyecto sancionado por el Honorable Senado. Considero que la forma en que se presenta la iniciativa constituye una emboscada para la oposición. ¿Acaso alguien podría estar en contra de sancionar un proyecto de ley que generará trabajo y establecerá su regularización? Nadie. Es un absurdo la manera en que el Poder Ejecutivo ha presentado la iniciativa. Entonces, entiendo que merece algunas consideraciones.
Si verdaderamente estamos en la época de la década ganada, absolutamente ningún instrumento legal hace falta para generar fuentes de trabajo que acompañen el relato grandilocuente de que se está generando actividad económica, ya que todos sabemos que desde hace un tiempo el nivel de empleo se encuentra en una meseta e incluso ha comenzado a incrementarse la curva de desempleo.
¿Tal vez a raíz del presente proyecto vendrá un empleador para generar, por ejemplo, ochenta puestos de trabajo? ¿Ello es posible dentro del contexto en que se encuentra el país tanto en lo económico como en lo social, sin previsibilidad, sin seguridad jurídica, sin un plan en el corto o en el largo plazo? ¿Por qué el proyecto pretende establecer determinadas escalas antojadizamente? ¿Por qué se fija el tope de cinco empleados, a sabiendas de que si se incorpora el sexto inmediatamente el resto deja de percibir beneficios? ¿Por qué para quienes tengan hasta quince empleados se fija un beneficio durante los primeros doce meses, y otro diferente para los segundos doce meses?
¿Por qué hasta el límite de ochenta empleados se establecen ciertos beneficios durante un término fijo? Ello implica que la ley tendrá un plazo determinado, que en modo alguno podrá explayarse. Es decir que la ley nace con fecha de vencimiento. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos.
Entiendo que el proyecto que hoy se pretende aprobar es de vital importancia para todo lo que se relaciona con la actividad económica y social del país. Entonces, ¿por qué no se aprueba por consenso? ¿Por qué no es posible consensuar con el arco opositor a fin de que acompañe la iniciativa, o con la CGT opositora o “minoritaria”, como irónicamente denomina la presidenta de la Nación? ¿Por qué la ley es aprobada a los pechones, de prepo, y aplicando el número? Esto no es bueno para el país ni para la República.
Este proyecto de ley debería otorgar beneficios a todas las actividades sin tener en cuenta la cantidad de empleados, y de esta forma disminuir ese altísimo costo laboral que hoy tienen las empresas y que genera menos fuentes de trabajo. Sin embargo, nada dice esta norma sobre estos temas.
Entonces, ¿por qué se pretende establecer beneficios tributarios o impositivos solamente a la franja de empleadores? Tal vez tendríamos que disminuir todo lo relacionado con la carga laboral. Ustedes saben que si se produce este tipo de situación no pasará otra cosa que generar un aumento en el neto que perciba el trabajador. Esto tampoco se hace.
¿Por qué vamos a acompañar este proyecto de ley? ¿De qué manera, y cuál es el motivo esencial para que hoy el Congreso de la Nación sancione una norma de esta índole, que es importante para la República Argentina, si no existe el instrumento adecuado e idóneo que permita mejorar la actividad económica y social? Esta situación es innegable; lo reflejan las estadísticas, los números y fundamentalmente la realidad. ¿Quién querría generar actividad económica en un país con una inflación que oscila entre el 30 y el 40 por ciento? Este dato ha sido validado con el aumento del 40 por ciento que han recibido las asignaciones universales, anunciado por la presidenta de la Nación.
De qué manera vamos a manejarnos. Si hay algún aspecto que preocupa aún más es que gran parte de esta iniciativa está dedicada exclusivamente a las sanciones. Me pregunto, ¿qué van a hacer cuando se aplique todo lo que dice la letra de la norma? Cabe destacar que en algunos casos las sanciones tienen como único objetivo la recaudación. ¿Saben qué pasará con esas empresas? Van a tener que cerrar o eventualmente presentarse en quiebra o convocatoria, en el mejor de los casos, o ningún empleador se atreverá a generar nuevas fuentes de trabajo.
¿Cuál es la herramienta que estamos considerando? Sinceramente creo que este proyecto de ley que hoy estamos sancionando es negativo para el país.
En relación con el tema de las sanciones y respecto del que infringe cuestiones laborales, vamos a quitarle los subsidios, no podrá contratar con el Estado ni tampoco obtener créditos blandos. Sin embargo, las empresas que están manejadas por empresarios, rayando con la justicia, como los Lázaro Báez o Cristóbal López, siguen con las concesiones y las contrataciones con el Estado. Este proyecto de ley nada dice al respecto. Es un proyecto flaco, direccionado, que no dará ningún tipo de solución a corto ni a mediano plazo.
Humildemente creo que debemos producir programas que incentiven la actividad económica. En el Congreso hay un programa que incentiva las exportaciones de los vinos. Como buen mendocino, voy a resaltar sintéticamente algunos aspectos de la iniciativa. En relación con el reintegro a las exportaciones, ¿por qué no afectamos rápidamente a través de una simple declaración jurada dicho reintegro al pago de las contribuciones? Eso generaría inmediatamente competitividad de las empresas; incorporaría mayor flujo de fondos, la generación de trabajo destinado al consumo y, por ende, mayor recaudación para el Estado.
Otras cuestiones a tener en cuenta están relacionadas con el costo del flete desde el lugar de origen hasta el puerto, la afectación para el pago de los anticipos del impuesto a las ganancias o aquellos vinculados con las contribuciones patronales. Nada de eso se hace.
Estos son los verdaderos incentivos o programas para las distintas actividades. Nada dice el proyecto sobre qué vamos a hacer con todo el trabajo que se genera en temporada: los galpones de empaque, la cosecha, cuando se incorporan 200, 300 o 400 empleados por 45 o 60 días.
¿Saben lo que tienen que hacer? Ir a canalizar a través de los convenios de corresponsabilidad gremial, al que lo tenga, y de lo contrario quedan a merced de las sanciones que se puedan aplicar después de esta ley.
Entonces, creo que queda poco margen para poder acompañar este proyecto. Lo único que podemos hacer desde este bloque es acompañar el proyecto en general por esta disminución de las contribuciones. Pero vamos a votar categóricamente en contra los títulos I y III, y sobre todo el III, porque el Estado nacional no puede entrometerse en todas las atribuciones de las provincias, y acá todos los diputados representamos a una provincia, y sin embargo, van a levantar no una sino las dos manos para votar que el gobierno nacional se entrometa en las atribuciones que tienen las provincias.
¿Saben lo que están haciendo con esto? Es generar fuentes de trabajo del Estado nacional para que los punteros políticos acomoden a sus allegados en esos lugares, y no va a ser otra cosa que gasto dentro del presupuesto nacional, porque no va a haber ninguna solución.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES): Señor presidente: la verdad es que tuvimos otra jornada de debates apasionados. No voy a analizar los discursos; simplemente quiero reflexionar en torno de lo que nos ha venido pasando en materia laboral, porque como uno tiene buena memoria no puede dejar de recordar la Asamblea Legislativa de 2011, cuando la señora presidenta, en el mismo estrado en el que está usted, nos habló del problema del trabajo indecente.
Ella también tuvo la misma dicotomía que tuvieron algunos legisladores en el día de hoy cuando planteaban que no era trabajo “en negro”, no es trabajo “en negro”, es trabajo indecente, a contrario sensu del trabajo decente que debemos perseguir todos.
En esa ocasión ya la señora presidenta hizo un reconocimiento expreso, diciendo que había un 34,3 por ciento de trabajadores en esa situación. O sea que no estamos en presencia de un problema nuevo, ni tampoco estamos en presencia –y permítanme que me asista la experiencia- de un problema que lo puede resolver el Ministerio de Trabajo con los inspectores, como aquí se dijo.
Es un problema muy complejo, que tiene que ver con una serie de cuestiones de índole financiera, económica y burocrática por las cuales a veces atraviesan las empresas, y se han hecho múltiples experimentos para tratar de resolverlas.
No puedo dejar de mencionar que este proyecto tiene reminiscencias de algunas experiencias del pasado, y esto es lo que nos hace afirmar que no está comprobado científicamente que descontar los aportes o las contribuciones vaya a resolver el problema del trabajo no registrado.
Nosotros vamos a acompañar el proyecto porque todo lo que se haga para resolver el problema de la precarización laboral lo vamos a acompañar, aun cuando haya desaciertos o seamos poco optimistas en el diagnóstico.
Es impensable que en los términos en que se desarrollan las pequeñas y medianas empresas, con la burocracia estatal para conseguir inscribir a un trabajador, nosotros pensemos que la contribución patronal viene a ser el problema. Para un trabajador que gana 4 mil pesos significaría 340 pesos, porque lo que estamos descontando aquí es el 17 o el 21 por ciento según sean industrias o servicios respectivamente. O sea que son 340 pesos para un trabajador. Nadie puede suponer que una empresa se va a fundir por pagar un aporte de este tipo. Si el salario fuera de 12 mil pesos, el aporte sería de 2 mil pesos aproximadamente.
Hay muchas otras cuestiones que tienen que resolver. Nosotros queremos hacer hincapié en algunas cosas puntuales que están mal en el proyecto y queremos que puedan comprender que realmente están mal.
Hay algunas cuestiones que podemos obviar como, por ejemplo, este desapego que tiene la norma a la ley de habeas data. En esta iniciativa, que por otra parte es un principio constitucional, aquel que cumple con la deuda a los 5 días sale de los registros. El año pasado nosotros hemos tenido en las comisiones proyectos para resolver el tremendo conflicto que crea que una empresa esté fichada en un registro de deudor. Por medio de esta ley lo vamos a someter a 60 o 120 días de escarnio público aún cuando los empresarios hayan cumplido.
La verdad es que voy a hacer hincapié en una cuestión que está vinculada a un tema no menor porque aquí se habló y mucho de los derechos de los trabajadores, se mencionó muchísimo a Perón y se mencionaron las conquistas logradas a lo largo de estos 10 años por el gobierno.
Están votando una norma que va a afectar seriamente el salario de los jubilados. Esto lo digo debido a que la ley 26.417 establece el famoso coeficiente de actualización de las jubilaciones y pensiones. El artículo 6º de dicha norma establece la fórmula de actualización, y tal como lo explicó el señor diputado Daer, menciona claramente qué es esa famosa “r”. Este es un componente por el cual hemos peleado muchísimo cuando lo propusieron junto a la señora diputada mandato cumplido María América González porque dijimos que iban a someter a los jubilados a la ineficacia del Estado en la recaudación.
La presidenta habló de la existencia de un 35 por ciento de trabajo indecente. Solamente con esto hemos sometido a los jubilados durante este tiempo a que ese 35 por ciento no esté dentro de la fórmula. La fórmula en la letra “r” dice que es la variación de los recursos totales por beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social netos de eventuales aportes del Tesoro nacional para cubrir déficits de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se toman períodos de 12 meses consecutivos.
El problema que tenemos es que este artículo 24 no resuelve este inconveniente; las contribuciones que no se efectivicen no van a ser resueltas por esto que plantea la norma. Están dejando al descampado a los jubilados. En el mes de septiembre se le aplicará la fórmula de actualización a las jubilaciones sobre la base de la recaudación y el sistema cuenta a su vez, con dos subsistemas: el de las empresas que tienen 5 o menos empleados, o hasta 7, y menos de 80. Como en las empresas que tienen menos de 5 empleados el descuento es en forma permanente, los aportes no van a existir.
El artículo 24 del proyecto en tratamiento dice que las reducciones no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social. De esta manera no se está resolviendo este problema que tenemos. Esto es grave. Tampoco se va a resolver por la vía de la reglamentación, tal como lo ha dicho el ministro, porque cuando nos dice esto lo que nos hace es reconocer expresamente que este problema existe.
Ustedes terminan su mandato en 2015, y no saben quién va a venir. Entonces, vamos a dejar a los jubilados en una situación en la que cualquiera podrá aprovechar esta circunstancia y reglamentar de cualquier otra manera. Por eso en la ley tenemos que poner específicamente el coeficiente, para que los jubilados no sufran las consecuencias de esta norma. Este es el problema más grave que tenemos con la ley.
Nosotros no vamos a hacer aquí consideraciones de índole federal porque sabemos lo que se sufre en un Ministerio de Trabajo que tiene tantas diferencias territoriales, que en algunas provincias es Secretaría de Trabajo y en otras, Dirección. No hay uniformidad en ese tratamiento. Entonces, lo que uniforma es el Consejo Federal del Trabajo. Por eso respetamos esa institución. Y respetamos la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación cobre jurisdicción. No nos podemos quejar porque el gobierno nacional no se hace cargo de la inseguridad y no tiene una política nacional, y quejarnos porque se hace cargo de este tremendo problema que tenemos en materia laboral.
Señor presidente: con esta cláusula no resuelta tenemos un problema más, que es la apertura a la industria del juicio este es un dato de la realidad, porque otra vez vamos a tener a los jubilados reclamando que en el coeficiente no se está aplicando la recaudación.
También se puede plantear la inconstitucionalidad. Muchas veces se plantean cuestiones de privilegio por inconstitucionalidad, pero esto no ocurriría si al elaborar las leyes se previeran ciertas cuestiones o se escucharan ciertas advertencias. Por ejemplo, si alguien nos dice “señores: modifiquen esta cuestión porque está mal”, la tenemos que modificar y hacer bien. En este caso, pido que no dejen esta ventana, señor presidente. No toda la ley está mal, pero repito no dejen esta ventana. Mucho castigo tienen ya nuestros jubilados. Y el problema es aun más grave, porque –según el artículo 24 cuando el Estado venga a pagar este tema que hemos resuelto, de dar estas contribuciones a los empresarios, lo va a hacer a través del impuesto a las ganancias, que es el otro impuesto con el cual se financia la seguridad social. O sea, volvemos al impuesto a las ganancias y a la cuarta categoría. ¿De dónde va a salir esta plata, señor presidente? Del impuesto a las ganancias. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. SANTIN, EDUARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: sin duda, esta es una noche importante, porque cuando estamos discutiendo cómo vamos a resolver el trabajo no registrado, la realidad es que el Congreso está pensando en los más débiles, en los que menos tienen, y está pensando que es el Estado quien debe resolver este conflicto.
Sin duda, este es uno de los temas importantes en los que la democracia está en deuda. Después de 30 años, llegamos con un poco más de 6 millones de ciudadanos y ciudadanas que todavía no tienen garantizados sus derechos laborales, es decir, no tienen recibo de sueldo. Y al no tener recibo de sueldo, no tienen derecho a la seguridad social, a la obra social, a las asignaciones familiares, a los despidos, a un seguro frente a las enfermedades, y fundamentalmente, como ya hace varios años se acabó la jubilación para “todos y todas”, en realidad tampoco tienen derecho a jubilarse.
Cuando analizamos los instrumentos propuestos por el gobierno mediante este proyecto de ley, nos damos cuenta de que fundamentalmente se dividen en dos partes.
La primera es la generación de un Veraz de los empresarios. Para quienes creemos que es necesario un Estado activo, que ejerza tareas de control y no premie a los que estafan a los ciudadanos, la creación de un Veraz de aquellos que están fuera de la ley está bien. Este mecanismo que parece que ayudará a resolver los conflictos requiere de un fenomenal esfuerzo.
En la Argentina están registradas más de 1.150.000 empresas; el señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la reunión celebrada días pasados por las comisiones comentó que estaban terminando de efectivizar a los cuatrocientos inspectores de su cartera. Imaginen los señores diputados cuál es la capacidad del Estado para resolver este conflicto tan importante.
Es bueno que tengamos instrumentos; es bueno que el Estado nacional, las provincias y la AFIP trabajen específicamente para eliminar el trabajo ilegal, pero es necesario poner un ejército de varones y mujeres que puedan controlar.
Como bien dijo esta tarde el señor diputado De Gennaro, es preciso involucrar a la estructura sindical en esta tarea para que se comprometa por la equidad y la igualdad de los trabajadores. La estructura sindical tiene fueros que le permiten no sólo pelear en las paritarias sino también garantizar que en cada empresa los trabajadores se desempeñen en condiciones dignas.
Este es el desafío, y para eso también debemos trabajar en la reforma del modelo sindical. El movimiento sindical, tan importante para la vida de los argentinos, necesita modernizarse y abrirse para que los trabajadores puedan elegir libremente a sus delegados, que son quienes los defenderán junto con el Estado.
La segunda parte, dirigida fundamentalmente a promover el empleo registrado, es la que me genera mayor cantidad de dudas. Si bien es una cuestión respecto de la cual tenemos la obligación de trabajar para encontrar una salida, me parece que la forma como la encara este proyecto de ley nos lleva por un camino que no ayudará a resolverla.
Tanto el señor miembro informante como algunos diputados que hicieron uso de la palabra afirmaron que el problema tiene que ver con la década del 90. En realidad, se vincula con la década del 90 y con los años 2000 y 2008 porque la realidad en la Argentina muchas veces –insistimos- era que la disminución de las contribuciones patronales constituía un instrumento que resolvía parte del mercado laboral.
Pero esto que ocurrió en nuestro país no es exclusivo de la Argentina sino que se aplicó en casi toda Latinoamérica. Nuestros hermanos latinoamericanos tienen índices de informalidad laboral o de trabajadores ilegales muchísimo más altos que los que tenemos nosotros. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron los que insistieron con esas políticas. Ahora las están aplicando en los países endeudados de Europa, como por ejemplo España, Grecia, Italia, a los que les están proponiendo “meter mano” en los sistemas de seguridad social para generar una mayor cantidad de trabajo formal.
¿Saben qué pienso sobre esto? Supongo que ustedes coincidirán conmigo en que cuando hablamos de las contribuciones patronales nos estamos refiriendo a un salario diferido. Entiendo que ustedes coinciden conmigo porque si hubieran tenido la concepción de Domingo Felipe Cavallo, que decía que las contribuciones patronales eran un impuesto, este proyecto de ley no hubiera ingresado por el Senado, sino que lo hubiese hecho por esta Cámara de Diputados. Pero como ingresó por el Senado parto de la base de que en este tema ustedes coinciden conmigo.
¿Qué significa un salario diferido? Significa que cuando el empleador paga esa contribución patronal en realidad está abonando un salario por afuera del salario de bolsillo que le da al trabajador ese día. Con eso está pagando el sistema de salud, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo y el sistema jubilatorio.
Por lo tanto, cuando se bajan las contribuciones patronales lo que se está haciendo es reducir el salario de los trabajadores. Este no es un dato menor porque cuando en este Parlamento tomamos esa decisión lo que estamos resolviendo es la disminución del salario de todos los trabajadores de la Argentina.
Ustedes me dirán, al igual que otros señores diputados, que era necesario bajar esas contribuciones patronales para que se pudiera generar una mayor cantidad de empleo. En realidad, si uno observa las curvas laborales desde la década del 90 hasta el presente se encuentra con que cada vez que se bajaron las contribuciones patronales en la práctica disminuyó el empleo registrado. Así, por ejemplo, en 1994 y 1995 el empleo registrado en la industria manufacturera bajó el 6,5 por ciento; en 2001, el 7,6 por ciento, y en 2009, después del blanqueo laboral, el 1,5 por ciento. Asimismo, en el caso de la construcción, en la década del 90 el empleo registrado bajó el 12 por ciento; en 2001, el 21 por ciento, y en 2009, el 5,21 por ciento.
Por lo tanto, la realidad indica que el problema del empleo registrado nunca se ha resuelto disminuyendo las contribuciones patronales.
Por otra parte esto tiene un costo fenomenal porque desde la década del 90 y hasta el presente se vienen bajando las contribuciones patronales. La disminución promedio de las contribuciones que los empleadores deben realizar respecto de los trabajadores ha sido superior al 10 por ciento. Esto representa nada más y nada menos que un poco más de 5.700 millones de pesos mensuales.
Para que puedan mensurarlo, ¿saben a cuánto asciende el gasto de las asignaciones familiares, tanto las contributivas como las universales? A 4.400 millones de pesos por mes.
Por lo tanto, la baja de las contribuciones patronales –que asciende a 70 mil millones de pesos al año- implica una transferencia de ingresos del Estado a los particulares. Cuando esto ocurre, lo que estamos diciendo es que transferimos esos recursos para que ellos hagan lo que no hizo el propio Estado. Tengamos en cuenta que cuando el Estado se apropia de recursos, es él quien toma la decisión sobre cómo distribuirlos. Digo esto porque, en definitiva, el sistema de seguridad social es un mecanismo de redistribución de los recursos del sistema nacional. Cuando un Estado toma recursos, puede distribuirlos a través del salario, de la educación, pero, fundamentalmente, a través de la seguridad social.
Ahora, por más que les entreguemos a los empresarios los recursos de la seguridad social, la realidad es que ellos tomarán empleados en la medida en que les sirva a su circuito económico.
En ese sentido, recordemos que entre 2003 y 2008 el trabajo registrado creció –como bien señaló el señor diputado Lousteau a tasas del 10, 9 u 8 por ciento, a pesar de que no se implementó ninguna baja en las contribuciones patronales. Lo cierto es que esos índices se dieron porque en la Argentina había crecimiento. Esto provocaba que los empresarios tomaran más empleados, porque los necesitaban para satisfacer la demanda del mercado.
Es mentira que los empresarios van a decidir blanquear a sus trabajadores no registrados o tomar más empleados ante una baja en las contribuciones patronales. Así, por ejemplo, si un empresario que fabrica tornillos no los puede vender, no le vamos a solucionar el problema por más que por ley le permitamos tener esclavos, porque igualmente les tendrá que dar de comer.
Por otro lado, tal como señalaba la señora diputada Camaño, esta propuesta toca un tema muy importante vinculado con los recursos del sistema previsional. Digo esto porque la ley de movilidad hace referencia a los recursos que se recaudan, neto de los aportes del Estado. Entonces, no sirve de nada que el Estado compense esos fondos, ya que ello no solo provoca una baja en los salarios sino también en la movilidad del sistema jubilatorio, lo que redundará en una disminución de los haberes de los jubilados y pensionados.
El planteo de fondo es que el gobierno pretende subsidiar en forma general frente a una crisis laboral. Además, la historia nos demuestra que la baja en las contribuciones patronales se ha implementado cada vez que hubo un problema con el empleo. En consecuencia, como el gobierno prevé que hay problemas de empleo está intentando subsidiar a los empresarios a través de una baja en las contribuciones patronales. Lamentablemente, lo hace de la peor manera: financiándose en los que menos tienen y en los jubilados. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. DI TULLIO, JULIANA (BUENOS AIRES): Señor presidente: para nosotros hoy es un día especial. Han sido varias horas donde el bloque del Frente para la Victoria, la fuerza política en este Congreso de la presidenta de la República, de este proyecto político, se ha expresado por medio de más treinta compañeros y compañeras con orgullo de su origen, orgullo de su presente y orgullo de su futuro. Esos más de treinta compañeros y compañeras presentan una gran desventaja a la hora del cierre porque han expresado mucho de lo que me hubiera gustado decir ahora, por lo que hago mías las palabras de todos los compañeros y compañeras que se han expresado en estas casi once horas de debate sobre este proyecto de ley que cuenta con la sanción del Senado sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Nos sentimos orgullosos de ser parte nuevamente de un Congreso que a lo largo de estos once años de gobierno acumula más de 35 leyes que han generado derechos para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.
Ha sido muy recordado por este bloque y algunos otros la historia y el mito fundante del peronismo, que nosotros queremos reivindicar. Decía hoy el diputado Romero que los trabajadores mostraban con orgullo su recibo de salario porque habían sido los trabajadores y las trabajadoras sujetos de la expulsión del sistema, del exterminio de los derechos, hasta que el peronismo en nuestro país, en nuestra querida Argentina, se hizo cargo con un proyecto de origen nacional y popular que generaba derechos e incluía a los que estaban afuera de todo; no sólo del sistema laboral, de todo.
Nosotros reivindicamos también este proyecto político, que primero encabezó nuestro compañero Néstor Kirchner y ahora conduce nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque ha hecho lo que originalmente hizo el peronismo, que es haber puesto a los trabajadores nuevamente en el centro del dispositivo del poder.
Recordaba una joven compañera de nuestro bloque que Néstor Kirchner, pocos días después de ese 25 de mayo de hace once años en que asumió, exactamente a los 91 días y lo recordaba también el ministro Tomada, tomó la primera decisión respecto del trabajo no registrado.
He escuchado en estas once horas en el recinto, y he leído durante estos días en los diarios, que este gobierno se acuerda tarde. Quiero recordarles que el presidente Néstor Kirchner, 91 días después de asumir, dio el puntapié inicial para cambiar una historia que venía sucediendo desde mediados de los 70 hasta el 2004, en una escala ascendente de trabajo no registrado en nuestro país.
El primer puntapié tuvo que ver con la creación, junto con el ministro Tomada, por decisión del presidente Kirchner, del Plan Nacional de Regularización del Trabajo Registrado. Ese puntapié inicial siguió con la derogación de la ley “Banelco”, decreciendo desde 2003 hasta 2009 de casi un 50 por ciento a un 36 por ciento de trabajo no registrado.
Fue el presidente Néstor Kirchner quien se paró en el acto cuando presentó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo Registrado y tuvo el coraje de decirle a los empresarios –a los que algunos tienen miedo de que con este proyecto estemos beneficiando, cosa que por supuesto fue desmentida incluso por otros bloques-, que la responsabilidad del trabajo no registrado en la Argentina era principalmente de ellos.
Durante la crisis que atravesó a nuestro país, a la región y a todo el mundo en 2009, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dedicó casi exclusivamente a mantener el empleo. Por eso, a mediados del 2010 creamos el REPRO, que posibilitó sostener el trabajo registrado, producto de la crisis que atravesaba no sólo a la Argentina ya que no es una isla en el mundo sino a todos los países de la región. Pero en este caso con una política y una decisión activa y valiente de la presidenta de la República a través del REPRO pudimos sostener el trabajo registrado.
Recordaba el diputado por Tierra del Fuego, el compañero Oscar Anselmo Martínez, que en 2009 este Congreso discutió una ley de estas treinta y cinco que hemos votado en este Parlamento, la de modificación de impuestos internos, y lo decía con orgullo.
Le quiero recordar al diputado Martínez porque él no estaba en esta Cámara que ese proyecto lo votamos en soledad. Todavía me acuerdo del discurso de la diputada Bertone, rogándole a la oposición que acompañara esa iniciativa que hizo que la UOM de Tierra del Fuego pasara de tener 3 mil a 18 mil afiliados a fin del año pasado.
A partir del año 2010, en una tercera etapa, volvimos a profundizar políticas y logramos bajar ese 36 por ciento al 33 por ciento que tenemos actualmente. Lo hicimos también sancionando dos leyes muy importantes que han sido reivindicadas acá, que son la ley del registro de trabajadores de casas particulares y la ley del peón rural.
Nos encontramos ante una iniciativa del Poder Ejecutivo, de la presidenta de la República, que estamos seguros de que va a permitir bajar un 3 por ciento ese 33 por ciento de trabajo informal en el primer año –unos 300 mil trabajadores y trabajadoras- y en el segundo año llegar al 28 por ciento. Esto representa una ayuda a 650 mil argentinos y argentinas que están fuera de los beneficios y derechos que tienen el resto de los trabajadores de nuestro país. No se va a terminar el trabajo de este bloque ni de la presidenta de la República ni de nuestro proyecto mientras siga habiendo en nuestro país un hombre o una mujer que no cuente con esos beneficios y derechos.
Estamos seguros, y lo hemos dicho hasta el cansancio, de que venimos reduciendo aquella tasa desde hace once años. Estamos haciéndonos cargo de algo que durante décadas no solo no se pudo bajar sino que además subió de manera escandalosa. Nosotros lo hemos bajado considerablemente. No queremos ningún trabajo que no esté registrado ni ningún trabajador o trabajadora que no tenga esos beneficios y derechos. Van a tenernos trabajando todos los días para que cada vez haya más empleados registrados. Este fue el compromiso, primero, de Néstor Kirchner, y después, de Cristina Fernández, de bajar el índice de informalidad en nuestro país.
En ocasión de la presentación no de un proyecto sino de la sanción que viene del Senado, en primer lugar la presidenta nos ubicó en términos globales en cuanto a la situación que está atravesando el mundo, la destrucción de empleo en los países centrales o emergentes y en algunos de nuestra región, así como también los problemas de empleo en naciones como España, que registra una tasa de desempleo superior al 22 por ciento.
Hoy se dijo que en la Argentina hay destrucción del empleo, lo cual es una mentira total y absoluta. Decirlo constituye una irresponsabilidad muy grande, porque es absolutamente mentiroso. No hay período más largo en nuestro país en el que se haya creado más empleo que el de los últimos once años. En la Argentina no existe período en el que se haya generado más empleo, repito. Eso, tendrían que admitirlo, pues hacerlo es de honestidad intelectual.
Además, si alguna vez quieren hacerse cargo del futuro tienen que poder hacerse cargo del presente, que es mucho mejor, sin lugar a dudas, que el que nosotros tuvimos cuando asumimos la conducción del país en 2003.
Por otro lado, la presidenta decía que los trabajadores en este momento tienen dos grandes problemas. Uno de ellos es sostener el empleo. El trabajador que está sin empleo tiene grandes problemas. Hay que sostener el trabajo. Además, pueden llegar a tener otro problema muy serio: no contar con un trabajo registrado, un trabajo digno que los incluya socialmente.
Por eso, en razón de su compromiso, la presidenta de la República envió el proyecto al Senado de la Nación. Entonces, tenemos ante nosotros un instrumento que, entre otras cosas, apunta a que el Ministerio de Trabajo tenga una mayor capacidad de fiscalización.
Quiero recordar que en el año 2003, cuando asumimos, ese ministerio contaba con veintiún fiscalizadores laborales; hoy tiene cuatrocientos. Recuerdo y remarco esto porque una de las primeras cosas que hizo la dictadura militar del 76 fue clausurar en todo el territorio nacional las delegaciones de trabajo que el peronismo había abierto en cada una de nuestras provincias. Hoy, después de once años, como bien se dijo acá, contamos con una delegación del Ministerio de Trabajo en cada distrito de la Argentina. (Aplausos.)
Hacen cuentas que parecen estrambóticas, pues dicen que a las empresas les es más rentable pagar las multas que tener registrados a sus empleados. No sólo estamos hablando de multas; además, estamos hablando de estar en un registro que sanciona. No le pongan terror a un proyecto que ustedes también quieren votar. Acompañen la iniciativa no solamente con su voto sino estimulando, porque ustedes también son responsables. Quiero recordarles que por mandato constitucional son representantes del pueblo de la Nación Argentina, no de los intereses de las provincias. Este proyecto de ley ya fue sancionado por unanimidad por los representantes de las provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. (Aplausos.)
Ustedes tienen la responsabilidad junto con nosotros de generar una sociedad que no tolere el trabajo no registrado. Entonces, acompáñennos con su voto, pero traten de no generar terror y avalar ciertas situaciones. Cuando la presidenta de la Nación presentó el proyecto de ley que luego envió al Senado dio instrucciones expresas a los ministros de Industria, de Trabajo y al jefe de Gabinete de Ministros para que esta norma se aplique correctamente.
Todos sabemos que en nuestro país hay leyes que se consideran para evadir fiscalmente. La presidenta de la República instruyó expresamente a sus ministros para que fiscalizaran la puesta en marcha de esta norma.
No voy a hablar sobre lo que ya se ha descripto más de treinta veces. Ya lo hizo muy bien el miembro informante de nuestro bloque. Simplemente deseo señalar que beneficiamos a las pequeñas empresas. Con esta norma se beneficiará a más de 290 mil microempleadores, que representan casi el 50 por ciento del total de nuestro país. Según los estudios y los datos existentes, en ese sector se concentra el 70 por ciento del trabajo no registrado.
Cada medida que tomamos, cada medida que toma la presidenta de la República, es desde un lugar de mucha responsabilidad.
Acá se han planteado dos cuestiones que me parece importante aclarar. El costo fiscal de estas medidas representa el 0,6 por ciento de la seguridad social. Los primeros cien mil puestos de trabajo registrados cubren el total del costo laboral; aunque digan lo contrario, saben perfectamente que es así.
Pedimos a la oposición que sea responsable a la hora de tomar decisiones políticas. Me tomé el trabajo de buscar si algún diputado o diputada de la oposición había presentado alguna iniciativa sobre el trabajo no registrado. He comprobado que en los últimos años no presentaron ninguno; sin embargo, ahora les importa mucho. (Aplausos.)
También están muy preocupados por una fórmula que ni siquiera entendieron cuando la sancionamos y no nos acompañaron con su voto; votamos en absoluta soledad la movilidad jubilatoria. (Aplausos.) No va a pasar nada. La movilidad jubilatoria va a seguir siendo lo que ha sido durante todos estos años. Ahora están preocupados por la movilidad jubilatoria que ninguno de ustedes acompañó. No les salían ni las cuentas...


- Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.


SRA. DI TULLIO, JULIANA (BUENOS AIRES): Creo que la oposición tiene un discurso un poco contradictorio.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Solicito a la señora diputada Camaño que guarde silencio.


SRA. DI TULLIO, JULIANA (BUENOS AIRES): Déjela, señor presidente, no me molesta.
Nosotros queremos decir que desde el 2006 viene subiendo el mínimo no imponible a través del presupuesto nacional, que ustedes jamás acompañaron. (Aplausos.) Cuando fueron mayoría dejaron a este país sin presupuesto, con lo cual tampoco acompañaron la suba del mínimo no imponible, y cuando nosotros derogamos la “tablita” de Machinea, ustedes se abstuvieron y lo que hicieron después fue fuera de la facultad del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la atribución de hacerlo, porque no se hacen modificaciones al mínimo no imponible mientras se hacen paritarias libres; no se hacen, eso es de irresponsables. (Aplausos.)
A ustedes lo único que se les ocurre es desfinanciar al Estado, otra vez más. Nunca vamos a participar del circo que hacen ustedes, vamos a esperar que la presidenta de la República envíe a este Congreso la forma de financiar la suba del mínimo no imponible. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) ¿Algún señor diputado va a abstenerse?
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: el bloque Unidad Popular se va a abstener.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se dejará constancia, señor diputado.
Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo y otras recaído en el proyecto de ley venido en revisión sobre promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral (Orden del Día N° 104).


-Se practica la votación nominal2014/132OE04_01_R06.pdf.

-Conforme al tablero electrónico, sobre 235 señores diputados presentes, 227 han votado por la afirmativa y 3 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones.

SR.(SECRETARIO (CHEDRESE)) 227 votos afirmativos, 3 votos negativos.

AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: propongo que la consideración en particular se haga por títulos.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Si hay asentimiento, así se hará.

- Asentimiento.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se procederá en consecuencia.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES): Señor presidente: le pido que por favor recuerde que queremos hacer una observación el artículo 34; me había acercado a su estrado para mencionárselo.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Cuando pongamos en consideración el título II, voy a darle la palabra, señora diputada.


SRA. CAMAÑO, GRACIELA (BUENOS AIRES): Gracias, al señor diputado Daer.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración en particular el título I, que comprende los artículos 1° a 17.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA): Señor presidente: quiero hacer simplemente un pedido.
Solicito a la Presidencia que no someta aún a votación al título I porque hay varios señores diputados de distintos bloques que han solicitado hacer uso la palabra.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a los señores diputados que quieran hacer uso de la palabra que se anoten en la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: quiero plantear un tema respecto del problema del registro y de las sanciones porque para mí esto es contraproducente en las actuales circunstancias del país y del empleo. Quizá esta ley debería haber sido sancionada en los años 2004, 2005 y 2006.
¿Por qué este proyecto puede jugar en contra? Voy a tomar como antecedente un tema del que se habló aquí: los autos de alta gama. Todos votaron ese proyecto a pesar de que todos tienen autos de alta gama. Es una situación bastante particular; también tiene autos de alta gama la Cámara de Diputados. (Risas.) Lo que quiero decir es que en ese momento el presidente de mi bloque, el diputado Alfonso Prat-Gay, una persona en la que yo confiaba, me dijo que debíamos abstenernos porque verdaderamente, desde el punto de vista de la imagen, eso quedaba bien.
En esa sesión escuché las palabras pronunciadas por un diputado del PRO sobre la iniciativa, pero fundamentalmente escuché a un diputado del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba -no recuerdo bien si era el diputado Schiaretti o Fortuna- quien planteaba la realidad de lo que iba a suceder en dicha provincia cuando se pusiera en funcionamiento esa ley. Ninguno de nosotros y ninguno de los que estábamos votando entendió lo que nos decía: como los autos de alta gama y su fabricación son los que permiten sostener la fabricación de los autos más pequeños por el precio y la compensación, lo que vamos a tener es una cadena de despidos. Desde ese momento la cadena de despidos no ha frenado en la provincia de Córdoba.
Por lo tanto, no se trata de que estemos a favor o en contra del proyecto. En ese momento tres diputados del bloque de la Coalición Cívica cambiamos nuestro voto y no nos abstuvimos, sino que votamos en contra porque escuchamos a esos legisladores que desde sus provincias podían explicar cuál era la situación.
¿Qué pasa con el registro y las sanciones, la pobreza y las pymes? El problema que muchas veces sucede en las pymes y en los pueblos es que cuando la gente pide trabajo, pide trabajo en negro, porque si no es incompatible con algunos planes sociales.


- Varios señores diputados hablan a la vez.

SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: ruego que me dejen hablar.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a la señora diputada que formule su propuesta.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: estoy fundando en contra y tengo derecho a utilizar mi tiempo.
Me parece que este proyecto hay que compatibilizarlo con una revisión de las políticas sociales porque la pobreza no depende del empleo. Hay gente que es pobre a pesar de que tiene empleo, aunque tenga empleo registrado. Por eso el ingreso ciudadano a la niñez de carácter universal viene a solucionar el problema de la pobreza y no el problema del empleo.
Por otra parte desconfiamos, tal como lo dijo el señor diputado Martín Lousteau. A mí no me tocan las generales de la ley como les sucede a muchos. Tal como dijo el señor diputado Depetri yo fui tratada como leprosa por mi propio bloque de la Alianza cuando voté en contra de la flexibilización laboral. Yo era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del recién votado gobierno de la Alianza. Tal como ocurrió con el 1,8, me significó que nadie me hablara durante mucho tiempo. Yo no voté ahí; yo voté en contra.
De modo tal que lo que quiero que se revise hoy es para mantener y promover empleo registrado, y entonces las políticas tienen que ser solo indicativas. No cometan el error de poner registros y sanciones, porque las pymes están absolutamente ahorcadas, en el sentido de que cuando terminan de pagar todos los impuestos están sosteniendo empleo y a veces los dueños del almacén o de la pyme de diez empleados están ganando menos que sus gerentes. Esa es la situación de las pymes.
Entonces, hagamos políticas indicativas pero no políticas represivas en este contexto. Yo estoy de acuerdo con algunas de estas sanciones en un momento económico de crecimiento de empleo, pero en un momento de desaceleración del empleo pueden tener el efecto contrario. Por eso vamos a votar en contra este título.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.


SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES): Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical planteó disidencias al proyecto en los tres títulos, por lo que le pido que me anote para hacer uso de la palabra antes de someter a votación cada título en particular.
Con respecto al título I, queremos proponer modificaciones en el capítulo III, cuyo título es “Efecto de la publicación de la sanción en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)”.
Proponemos que se modifique el artículo 13 y quede redactado de la siguiente manera: “El Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará las sanciones firmes que hayan sido impuestas en razón de violaciones legales cometidas a partir de los 90 días de entrada en vigencia de la presente ley”, y se eliminan todos los incisos que establecen las diferentes penalidades.
Asimismo, solicitamos la modificación del artículo 14 y proponemos que quede redactado de la siguiente manera: “A solicitud del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitirá un certificado en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de determinado empleador”, eliminándose todo lo que continúa.
Si estas propuestas no fueran aceptadas, votaremos negativamente los artículos 13 y 14, así como también el 15, que tiene una relación directa con el 13. De modo que si no se modifica el artículo 13, también votaremos negativamente el 15.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: es probable que cometa una infracción en lo que voy a decir, pero la verdad es que estaba cerrado el debate y la diputada Carrió, después de no haber estado en todo el día, viene a instalar nuevamente una discusión sobre esta norma. (Aplausos.) No sé si esto se puede hacer, señor presidente. Además, fue excelente el cierre que hizo la presidenta de nuestro bloque, por lo que poco se puede agregar.
Pero hay dos cosas que me preocupan: que se embiste contra la sanción a los empresarios por tener trabajo informal y se desvincula al empleo de la pobreza. Estas son dos cosas muy graves. O sea, una economía puede generar o no empleo y sin embargo sus habitantes pueden tener bienestar económico. Es un pensamiento colonial. Pero además de ello, me asusta el negacionismo; me asusta el hecho de que permanentemente se niegue la realidad.
No es lo mismo funcionar con un desempleo de dos dígitos que funcionar con un desempleo de un dígito a los efectos del bienestar de la población. Planteado eso, está en línea con decir “no sancionemos a los empresarios por tener trabajo informal”. Dentro de poco vamos a decir: volvé Menem, que con vos estábamos mejor.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Esto es muy grave; es muy grave desde el progresismo porque implica convalidar una reestructuración económica que de nuevo nos puede dejar sin empleo y sin paritarias, y que una vez más puede permitir un esquema de desindustrialización del país.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: es muy grave argumentar que la pobreza no está vinculada al empleo o pensar que la economía puede funcionar con alto desempleo. También es muy grave proponer, como escuchamos en el transcurso de la sesión, que no se sancione al empresariado. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Considerando lo extenso del debate, a fin de facilitar el desarrollo de la sesión la Presidencia solicita a los señores diputados que se limiten a exponer sus propuestas de modificación y sean precisos en sus observaciones.
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. CICILIANI, ALICIA MABEL (SANTA FE): Señor presidente: propongo una modificación en el artículo 6°, que pone en cabeza de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social la administración del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales y traslada a las jurisdicciones provinciales la carga de datos.
Como conocemos las capacidades de dichas jurisdicciones sugerimos que se agregue el siguiente párrafo: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social brindará asistencia técnica a cada jurisdicción provincial para el cumplimiento de esta responsabilidad.”
En relación con los artículos 13 y 14, además de los cambios propuestos por un diputado de la Unión Cívica Radical, sugiero la eliminación del último párrafo del artículo 14, ya que deja a criterio del Poder Ejecutivo nacional algunas excepciones en la aplicación de la ley. Considero que esta disposición es altamente discrecional y que no debe haber excepciones.
Finalmente, adelanto que en caso de que no se acepten estas modificaciones votaremos en forma negativa el título I.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA): Señor presidente: en realidad, nada más lejos de mi ánimo que intervenir en este tipo de debate cuando ya se votó en general. Hace mucho que se comenzó a hablar del tema y creo que ha llegado el momento de elevar el debate.
No puede ser que después de tantas horas algunos diputados planteen...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Si el señor diputado me permite, quiero recordar lo que establece el artículo 159 de nuestro reglamento: “En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no pudiendo por consiguiente aducirse consideraciones ajenas al punto de la discusión.” Por lo tanto, la Presidencia solicita al señor diputado que sea preciso en sus dichos.


SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA): Pero usted, señor presidente, permitió que después de tantas horas de debate una diputada empezara a hablar.
Quiero referirme a una cuestión que considero central. En los últimos treinta debates la oposición planteó la falta de oportunidad. Es un argumento que repite en forma sistémica, pero ahora sostiene que está de acuerdo...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia solicita nuevamente al señor diputado que sea preciso. Se ha avanzado mucho en el debate y ahora nos encontramos en la discusión en particular.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA): Señor presidente: concretamente, solicito que se elimine la intervención de la diputada que habló en primer término –pueden hacer lo mismo con la mía- por ser manifiestamente impertinente.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO (BUENOS AIRES): Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la votación de este capítulo por las razones que expresé oportunamente.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda autorizado, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: con mucho respeto hacia las observaciones formuladas por los señores diputados preopinantes quiero decir que no vamos a aceptar modificaciones.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar el título I, que comprende los artículos 1° a 17.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración el título II, que comprende los artículos 18 a 35.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. DAER, HECTOR RICARDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: nosotros vamos a insistir en la propuesta de que se agregue a continuación del anteúltimo párrafo del artículo 34 el siguiente texto: “y que esta misma compensación sea tomada en el coeficiente ‘r’ de la fórmula del RIPTE.”
Asimismo solicitamos que se modifique el Anexo de la ley 26.417, que especifica cómo se compone el coeficiente “Repsol” del RIPTE, permitiendo incorporar a su cálculo los aportes del Estado.
Quiero hacer una salvedad y una aclaración. No es que estemos planteando un tema de terrorismo o que implique levantar banderas que terminen metiendo miedo. El autor intelectual de la fórmula del RIPTE es un señor diputado que está sentado delante de mi banca y que lidera este espacio político. Por eso tenemos muy en claro que si esta fórmula y este coeficiente ‘r’ no se modifican de esta manera, eso seguramente implicará en el futuro una modificación de la movilidad jubilatoria.
También quiero decir que no estamos legislando para dos o tres días, o para quince meses, sino para el futuro. Sería muy bueno para todos –me refiero a esta Honorable Cámara- que podamos debatir, efectuar agregados y generar consensos a fin de que después, con ellos, podamos lograr mejoras para toda la sociedad.
Por último deseo aclarar que si estas modificaciones no son incorporadas nuestro bloque no va a votar en contra pero solicitará autorización para abstenerse.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.


SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES): Señor presidente: vamos a proponer modificaciones respecto de cuatro artículos incluidos en el título II.
En primer término, en relación con el artículo 18, correspondiente al capítulo I de este título, proponemos que quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 18.- Están comprendidas en el régimen especial del siguiente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades civiles y comerciales, siempre que su facturación anual no supere los importes que establezca la reglamentación.
“Los beneficios establecidos en este capítulo se aplicarán a todos los empleadores comprendidos sobre cinco (5) trabajadores.
“Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores cuando el empleador produzca un incremento en el plantel existente a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados, las contribuciones patronales previstas en el régimen general de la seguridad social.”
Entonces, para que quede en claro, proponemos en primer lugar incorporar a todas las sociedades comerciales y también las civiles, y en segundo término propiciamos que el beneficio permanente para los cinco trabajadores continúe a partir de la incorporación de nuevos empleados y que en el régimen general ingresen los trabajadores incorporados a partir del número seis, aclarando que los cinco iniciales deberán permanecer con el beneficio que se establece en el proyecto en tratamiento.
Por otro lado, el primer párrafo del artículo 21 establece lo siguiente: “Los empleadores que se encuadren en el artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal, quedarán excluidos de este régimen por el término de doce (12) meses, contados a partir del último despido.” En este sentido, proponemos que a continuación se agregue la palabra “incausado”.
Seguramente esta ha sido una omisión involuntaria, ya que al hablar sólo de “despido” ingresan tanto los despidos con causa como los sin causa. Así, se puede dar el caso de que una empresa que haya producido un despido con justa causa quede incorporada en las sanciones que prevé el proyecto, lo cual constituiría un verdadero absurdo. Seguramente -repito- se trata de una omisión involuntaria que estamos en condiciones de subsanar en este momento.
Por otro lado, como los artículos 28 y 29 se vinculan con el régimen sancionatorio que nosotros propusimos modificar –lo cual no fue aceptado-, vamos a sugerir dos modificaciones. El artículo 28 quedaría redactado de la siguiente manera: “Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 24 los empleadores que incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
“La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento del hecho.”
Por otra parte proponemos que el artículo 29 quede redactado de la siguiente forma: “El presente régimen es optativo para el empleador, por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso retroactivo del mismo por el o los períodos en que no hubiese gozado del beneficio.” En definitiva, proponemos la eliminación del primer párrafo del artículo que figura en el proyecto contenido en el dictamen de mayoría.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES): Señor presidente: compartiendo lo expresado por el señor diputado preopinante voy a proponer la modificación del artículo 18 a fin de enmendar el error en el que se ha incurrido al mencionar sólo a las sociedades de hecho y de responsabilidad limitada, obviando al resto de las sociedades comerciales y civiles.
En consecuencia, propongo que el primer párrafo del artículo 18 quede redactado de la siguiente manera: “Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia visible, las sociedades de hecho y las sociedades comerciales y civiles que empleen...”, y luego el artículo continuaría tal como figura en el dictamen de mayoría.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. DURAND CORNEJO, GUILLERMO MARIO (SALTA): Señor presidente: teniendo en cuenta los alcances del proyecto aprobado en general –aquí se ha dicho que el espíritu de la propuesta es mejorar los niveles de trabajo registrado y generar más empleo-, voy a proponer la modificación del segundo párrafo del artículo 18 para que no queden dudas o en definitiva logremos el efecto contrario, de que alguna pequeña empresa no quiera pasar del quinto empleado. El texto propuesto es el siguiente: “...y las sociedades acogidas a este régimen que en el futuro tomaran más personal.”


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. SCHIARETTI, JUAN (CORDOBA): Señor presidente: en primer lugar, con respecto al artículo 18 adhiero al planteo de los diputados Pastori y Brown.
En segundo término, tal como manifesté en el debate, es necesario que las pymes y microempresas tengan menor costo laboral que las grandes empresas. Me parece que la reducción del 50 por ciento sólo otorga un 8,5 por ciento de menor costo laboral para las microempresas, que dan mucho más empleo en relación con las grandes empresas.
Entonces, en el artículo 18, donde dice “50 por ciento” respecto de las contribuciones patronales, propongo que se eleve a 70 por ciento. De esta forma le damos una ventaja respecto de las grandes empresas del 12 por ciento sobre el salario bruto y favorecemos a las microempresas, que son las que generan más empleo y tienen muchos empleados de manera irregular.
Con respecto al artículo 24 quiero plantear que se dupliquen los plazos. Estamos en un año en el que la economía será recesiva o habrá nulo o bajo crecimiento. Entonces, el plazo de dos años significa que es probable que en el primero no tenga mucho éxito. Por ello, cuando se refiere a los casos de empresas de hasta quince trabajadores, propongo que donde dice “12 meses” se reemplace por “24 meses”, y lo mismo en el párrafo que se refiere a los empleadores que tengan entre 16 y 80 trabajadores, para que el beneficio esté vigente por cuatro años y no solamente por dos.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.


SRA. VILLATA, GRACIELA SUSANA (CORDOBA): Señor presidente: también quiero plantear una modificación al artículo 18, adhiriendo desde ya a lo planteado por los diputados Pastori y Brown en lo que respecta a los niveles de las empresas.
En la parte final del artículo 18 quisiera hacer una referencia especial a las industrias. Si bien no hay un parámetro exacto sobre la cantidad de empleados que tienen las microempresas, a nivel del bloque formado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se consideran tales a las que tienen hasta veinte empleados.
En ese último párrafo sugiero que en lugar de referirse a las industrias con menos de cinco empleados exista la posibilidad de escalonarlo de la siguiente forma: industrias con cero a quince empleados, reducción del 50 por ciento; industrias con dieciséis a ochenta empleados, reducción del 25 por ciento, e industrias con más de ochenta empleados, reducción del 10 por ciento.
Si la intención de este proyecto es promocionar y beneficiar a los microempleadores, en el caso de mi provincia son fundamentales las microempresas industriales, que constituyen las grandes generadoras de puestos de trabajo. Por eso apelo a la voluntad del señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que estoy segura de que aceptará la modificación.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: había pedido la palabra anteriormente para dejar constancia en el Diario de Sesiones del voto negativo de nuestro interbloque al título I.
Con respecto al título II hacemos nuestra la propuesta del diputado Pastori para el artículo 18.
También queremos proponer una nueva redacción para el artículo 30, que es la siguiente: “El presente beneficio regirá por doce meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto.” Es decir que se elimina la facultad de una nueva prórroga por doce meses por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Consideramos que estas políticas tienen que ser evaluadas y por lo tanto este Parlamento debe dar la autorización al Poder Ejecutivo para que se apliquen en los tiempos que el Congreso considere oportuno. Si se requiere un nuevo período, tiene que ser evaluada la política y autorizada por este Congreso.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS): Tal como lo había adelantado en mi exposición, solicito que se modifique el artículo 18, según lo ha manifestado el señor diputado Brown.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. VALINOTTO, JORGE ANSELMO (CORDOBA): Señor presidente: también quiero referirme al artículo 18. Tal como está redactado es un verdadero engaño. El ámbito de aplicación es mínimo porque se trata solamente de las personas de existencia visible, las SRL que han caído en desuso porque se han transformado en sociedades anónimas, ya que la ley 19.550 ha facilitado el acceso a las familias, y las pequeñas empresas. En realidad las sociedades de hecho no existen, son irregulares.
Considero que las enumeraciones son dañinas, porque no están contempladas las sociedades anónimas, las sociedades de capital y trabajo, las sociedades civiles, las cooperativas, las mutuales, los clubes, las asociaciones profesionales, las entidades gremiales y otras.
Entiendo que la enumeración no es feliz. Por eso propongo un cambio en las otras propuestas sobre este tema: que hablemos de empleadores, cualquiera sea su característica. Propongo que se diga que están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo quienes empleen hasta cinco empleados. Esa es la redacción más simple.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: por las razones expuestas en el informe no vamos a aceptar modificaciones.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar el título II, que comprende los artículos 18 a 35.


- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración el título III, que comprende los artículos 36 a 42.
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.


SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES): Señor presidente: vemos que no hay mucha voluntad para aceptar ninguna modificación, pero permítaseme insistir.
Propongo que se elimine el artículo 45 del proyecto en revisión, que incorpora el inciso h) al artículo 28 del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, donde los empleadores incluidos en el REPSAL quedarían incorporados a este artículo, convirtiéndose en personas no habilitadas para contratar con la administración nacional.
El decreto 1.023 contiene un régimen general de contratación vigente para la administración pública nacional, con lo cual resulta bastante desprolijo que a través de una ley se incorpore un inciso a un decreto, que es un instrumento del Poder Ejecutivo. Además, como tiene una sanción de tipo administrativa que se aprobó en los títulos anteriores, una empresa puede quedar inhabilitada para contratar con el sector público nacional. Esto nos parece una exageración; por lo tanto proponemos su eliminación.
Para el artículo 48 proponemos la siguiente redacción: “Los empleadores que hubieran producido despidos sin causa justificada desde la sanción de la presente ley...” no seis meses antes- “...y hasta su efectiva reglamentación y que no acrediten una situación de fuerza mayor, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo I por el término de un año.”
Reitero, como vemos una escasa predisposición para aceptar las sugerencias hechas con toda buena fe para mejorar el proyecto, que si éstas no fueran aceptadas el bloque de la Unión Cívica Radical votará en contra del título III, al igual que lo hiciera respecto de los títulos I y II.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS): Señor presidente: tal como adelantara en mi discurso, el bloque Compromiso Federal votará en contra del título en tratamiento.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.


SRA. CICILIANI, ALICIA MABEL (SANTA FE): Señor presidente: los artículos 36 y 37 del título en consideración modifican los artículos 29 y 30 de la ley 25.877, respectivamente. Nosotros proponemos la eliminación de ambos artículos pues alteran la división de competencia en materia de inspección de trabajo bajo el fundamento de promover el trabajo registrado y profundizar la lucha contra el fraude laboral, contenido en los fundamentos del proyecto.
El Ministerio de Trabajo de la Nación ya cuenta actualmente con dichas facultades de fiscalización del trabajo no registrado, en razón de su competencia en materia de recursos de la seguridad social. Por lo tanto, no resulta necesario modificar la ley 25.877, como se pretende.
Ello significa que la modificación esconde una ampliación de las facultades inspectivas, que se extralimitan del objeto principal del proyecto. De acuerdo con esa modificación el citado ministerio añadiría en territorio de las jurisdicciones provinciales facultades inspectivas sobre condiciones generales de trabajo, cumplimiento de normas de higiene y seguridad y normas de convenios colectivos, que hasta el momento son competencia exclusiva de las administraciones provinciales.
Se trata de una facultad originaria no delegada, ya que no existe norma constitucional alguna por la que las provincias deleguen esas atribuciones en la Nación. Por lo tanto, toda norma legal infraconstitucional que contenga una delegación como la que establece el proyecto en análisis viola la Constitución Nacional, compromete el sistema federal de gobierno e implica un atropello a las competencias de las jurisdicciones provinciales.
En consecuencia, proponemos la eliminación de estos artículos, sin perjuicio de la imposibilidad constitucional que se indicó, ya que su modificación resultaría innecesaria y hasta inconveniente. Además, entendemos que aumentamos el gasto público para generar nuevas estructuras nacionales. Sería importante mejorar la cooperación y coordinación con las provincias, como lo ordenan mandatos de la OIT en sus convenios 81 y 129 bajo los principios de coordinación, cooperación, corresponsabilidad y coparticipación.
Por lo expuesto, reitero, proponemos la eliminación de los artículos 36 y 37.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. SANCHEZ, FERNANDO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: quiero aclarar que el interbloque ha votado negativamente los capítulos I y II, y en forma afirmativa el capítulo III.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: obviamente, descontamos la buena fe con que los señores diputados preopinantes han propuesto modificaciones. Aclaro que me remito al informe. Nosotros, también con absoluta buena fe, no aceptamos las modificaciones propuestas.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar el título III, que comprende los artículos 36 a 42.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se vota y aprueba el título IV, que comprende los artículos 43 a 48.

- El artículo 49 es de forma.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Corresponde pasar a votar en general nominalmente el dictamen de mayoría contenido en el Orden del Día N° 105.


- Se practica la votación nominal2014/132OE04_02_R06.pdf.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 231 señores diputados presentes, 228 han votado por la afirmativa y 1 por la negativa, registrándose además una abstención.

SR.(SECRETARIO (CHEDRESE)) Se han registrado 228 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.

aquí votacion nominal

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia deja constancia de que los señores diputados Daer, Aguilar y Solá han votado afirmativamente.
En consideración en particular el artículo 1º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: quiero agregar como un artículo previo al primero que se incorpore como inciso h) en el artículo 4° del anexo II de la ley 25.212, sobre Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales al Pacto Federal del Trabajo, el siguiente texto: “Inciso h): la violación de disposiciones legales reglamentarias, cláusulas convencionales o disposiciones de la autoridad laboral que obliguen al empleador a no efectuar despidos, a reincorporar trabajadores o a mantener el nivel de empleo dentro de la empresa o del establecimiento.” Esta propuesta es a los efectos de tipificar irregularidades, infracciones y sanciones.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: no se acepta la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. GARRIDO, MANUEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: mi observación se refiere a la propuesta de reforma del punto 2 del artículo 8°. He tomado nota de que esta es la redacción original de la ley que está vigente, pero no quiero dejar pasar por alto el hecho de que nuestro voto implicaría la ratificación de un punto en el que claramente se están asignando al Poder Ejecutivo funciones judiciales, violando la Constitución Nacional.
El propio texto es tan desprolijo que dice que se puede compeler por la fuerza pública, y que la orden de detención equivale a un requerimiento judicial.
En el esquema constitucional argentino, la posibilidad de detener a una persona es algo propio del Poder Judicial, no es algo que pueda realizar la autoridad administrativa.
Además, dudo mucho de que sea necesario un esquema de aplicación de sanciones por parte de la autoridad administrativa en el que se requiera la comparecencia, y que encima ésta pueda ser llevada a cabo por medio de la fuerza pública.
Creo que no es un tema menor; este punto es innecesario, y nuestro voto implicaría la ratificación de algo que en el texto original ya suponía un reconocimiento a la autoridad ejecutiva que va en contra de lo establecido por la Constitución y por los pactos de derechos humanos, que establecen que las restricciones deben ser posibles en una sociedad democrática. No es necesario que el Poder Ejecutivo mande detener por la fuerza pública a una persona sin la intervención de la autoridad judicial.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: pido disculpas a la Cámara y quiero pedir la rectificación de la votación de mi bloque. Por un error mío sobre el tema que estamos considerando, aparecimos votando en contra pero queremos que conste que el voto de nuestro bloque en general es afirmativo.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se dejará constancia, señor diputado.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES): Señor presidente: no vamos a aceptar modificaciones.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar el artículo 2°.


- Resulta afirmativa.

- El artículo 3° es de forma.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para que se efectúen en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados.


- Asentimiento.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se procederá en consecuencia.
Habiéndose cumplido con el objeto para el cual fuera convocada la Honorable Cámara, queda levantada la sesión.


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