Período:132 Reunion:4 Fecha:14/05/2014 IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y AL GAS NATURAL


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Corresponde considerar el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y otra recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifican las leyes 23.966 y 26.028, sobre impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos e impuestos al gasoil. Orden del Día N° 33.


aquí orden del dia N°33

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración en general.
Para informar sobre el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, por el término de quince minutos harán uso de la palabra los señores diputados Feletti y Metaza. Luego, por el dictamen de minoría, hará lo propio el señor diputado Solá.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: en esta oportunidad venimos al recinto para solicitar a la Honorable Cámara la aprobación de un proyecto de ley que se inscribe en una política tendiente a mejorar –el reciente acuerdo con Repsol así lo atestigua la ecuación de divisas de producción de energía.
Además, esta iniciativa apunta a consolidar una industria dirigida a transformar las manufacturas de origen agropecuario, tan necesarias para el país, que en líneas generales ha sido acuñada bajo el lema de “industrializar la ruralidad”.
La industria de biodiésel, que a partir de la industrialización del aceite de soja llegó a colocar en el mundo casi 2 millones de toneladas de exportación, desde mediados del año pasado se encuentra con un freno en la Unión Europea y sanciones por dumping que encarecen el costo de la entrada de productos a dicha región. Una parte importante de la producción estaba destinada a España, que es quien promueve las sanciones.
No obstante, la industria del biodiésel es competitiva. Pese a la retracción registrada en Europa entre los meses de agosto y octubre de 2013, en septiembre de ese año fue posible colocar su producción en los Estados Unidos por un valor de 197.000 toneladas.
Si se me permite, citaré algunas cifras. Durante el primer trimestre de 2014, sobre una expectativa de colocación de exportaciones por 1.600.000 toneladas, se bajó a 800.000. Esta situación fue interpretada por el gobierno nacional con una disminución en las retenciones: de un promedio de 21,75 por ciento se pasó al 11 por ciento.
El objetivo del proyecto de ley en consideración es consolidar con criterios más estructurales la producción de biodiésel como combustible y de biodiésel puro, pero con dos exenciones.
La primera se vincula con la alícuota del 19 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos, aquel al que hace referencia la ley 23.966, retrotrayendo la situación al mes de noviembre de 2011. Esto se debe a una gran preocupación que tenían los productores de biodiésel; había caído el decreto dictado en 2001 y a partir del 5 de noviembre de 2011, conforme al criterio de la AFIP, se encontraban gravados. Por eso, reitero, con esta iniciativa buscamos resolver el problema retrotrayendo la situación en lo que respecta a la alícuota del 19 por ciento sobre los combustibles líquidos.
La segunda, también muy importante, consiste en modificar el impuesto adicional al gasoil –establecido por ley 26.028 de modo tal que la alícuota del 22 por ciento no sea aplicable a la generación eléctrica. El gobierno adoptó un conjunto de medidas destinadas a apuntalar la producción de biodiésel para su uso en el mercado interno, en parte para compensar la pérdida del mercado externo pero también para sustituir la importación de gasoil.
Conforme con las estimaciones que me ha hecho llegar el Ministerio de Economía, por cada tonelada de sustitución de gasoil se obtienen alrededor de 50 dólares.
El otro tema que está en línea con estas políticas es el referido al uso del biodiésel para el mercado interno, aumentando la tasa de corte o de mezcla tanto en lo relativo a los combustibles como a la obligación de generación eléctrica. En materia de combustibles la tasa se eleva del 8 al 10 por ciento, mientras que en materia de generación eléctrica actualmente apenas se está utilizando el 2 por ciento del biodiésel en las generadoras. La expectativa es alcanzar un consumo del 10 por ciento.
En virtud de la modificación de las tasas de corte que he señalado para el combustible líquido de uso difundido y general, el hecho de llevar esa tasa del 8 al 10 por ciento en el caso de la mezcla va a incrementar el uso del biodiésel en el mercado interno en aproximadamente 210 mil toneladas.
En el caso de la energía eléctrica, la elevación de la tasa de corte del 2 al 10 por ciento implicará un incremento de alrededor de 240 mil toneladas. Por eso en la comisión señalamos que la estimación del uso del biodiésel en el mercado interno, conforme con el cambio de las tasas de corte y del estímulo fiscal, va a superar las 500 mil toneladas.
Lo que básicamente estamos planteando aquí es una exención fiscal. Aquí voy a otorgar una concesión al señor diputado Sturzenegger, quien me obligó a revisar el cálculo. Las ponderaciones del impacto fiscal se modifican a la baja, pero no tanto, por un cambio de ponderación en la alícuota del 22 por ciento. Nosotros habíamos hablado de 2.300 millones, pero la ponderación más exacta y ajustada en lo relativo al impacto fiscal o pérdida de la recaudación es entre 1.900 y 2 mil millones.
Por supuesto que cuando uno vuelca producción al mercado interno lo que se cede en la exención de un impuesto con afectación específica se mejora en la recaudación general de los tributos coparticipados. Es decir que también tiene un carácter federal.
Finalmente esto tiene que ver con la búsqueda de una mejor matriz energética para la Argentina –y aquí deseo efectuar una reflexión importante- que sea compatible con un modelo industrial. Es decir, todas estas medidas que apuntan a elevar la producción de gas y de petróleo, que es el principal factor de nuestra matriz energética, como la búsqueda de fuentes de energía alternativas que tiendan a reducir el uso de divisas para importar energía, están pensando en un modelo de autoabastecimiento energético –como bien señaló la señora presidenta de la Nación, en perspectiva con 2019- compatible con niveles de producción industrial elevados. Me refiero a un alto nivel de producción industrial automotriz, de electrodomésticos tales como televisores y microondas, etcétera. En otras palabras, estamos hablando de un elevado nivel de producción industrial y, consecuentemente, de empleo.
Por lo tanto, nos encontramos con una política de incentivo fiscal que apunta a mejorar el frente externo, la utilización de energía en esa dirección y la consolidación de una industria que transforme productos primarios en manufacturas de origen agropecuario con destino a la energía. Eso también está en línea con políticas de industrialización de la renta agropecuaria, que son tan necesarias para el país.
No deseo extenderme más pues quiero que otros señores diputados de mi bancada también puedan hacer uso de la palabra. No obstante, creo que este es un proyecto de ley para el futuro y que, consecuentemente, debemos apoyar. Así como el acuerdo celebrado con Repsol fue concebido para el futuro con la intención de resolver una situación que complicaba el frente externo, el proyecto de ley en consideración también está orientado hacia el futuro. Es una iniciativa que consolida un tipo de industria que hoy en día tiene una capacidad instalada de casi 4 millones de toneladas, que ocupa a dos mil personas y que además ha mostrado ser competitiva a nivel internacional.
Solicito el acompañamiento a este proyecto, que es de interés no sólo para el gobierno sino para toda la Nación. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.


SR. METAZA, MARIO ALFREDO (SANTA CRUZ): Señor presidente: no voy a abundar en detalles sobre este tema ya que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo ha hecho y no quiero ser redundante, pero sí me permitiré hacer algunas consideraciones.
Estas modificaciones que se propician para estas leyes son herramientas fundamentales para acompañar el proceso de industrialización que se viene llevando adelante en nuestro país en la última década con la sanción de leyes que apostaron a la promoción de esta industria.
Tenemos que preguntarnos de qué se tratan estas modificaciones. ¿Qué se entiende por biocombustible? Es el bioetanol, el biodiésel, el biogás, producidos a partir de materia prima de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplen los requisitos de calidad establecidos por la autoridad de aplicación.
El biodiésel se obtiene a partir de la soja y es muy importante porque se utiliza como complemento del componente fósil del gasoil.
El fuerte crecimiento de la producción que se dio desde 2010 en conjunto con la industria del biodiésel marcó las condiciones para que se decidiera avanzar en el incremento del volumen mínimo de este combustible en productos como el gasoil, que hoy se encuentra en un valor de corte del 10 por ciento.
Por eso es que la producción de biocombustible adquirió carácter estratégico por la agregación de valor a la materia prima producida localmente y por el rol fundamental que comenzó a ocupar en la matriz tecnológica nacional. Y en particular en los últimos años la producción de biodiésel implicó un eslabón más de valor agregado al complejo agroindustrial argentino, consolidando uno de los mayores polos de producción a nivel mundial.
El fuerte desarrollo de esta industria no se dio por arte de magia; tuvo que ver con una toma de decisiones estratégicas y políticas que hizo este gobierno en el momento adecuado. Empezó con el dictado de la ley 26.093 y su decreto 109/07, que creó el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustible, y estableció la obligación de incorporar a partir del 1° de enero de 2010 y por un período inicial de quince años un mínimo de 5 por ciento de biocombustible a los combustibles fósiles a comercializarse en el país.
Como dije antes, por el fuerte crecimiento de la producción que se viene dando desde 2010, hoy ese porcentaje es del 10 por ciento.
A esos fines, y por medio de diversos incentivos fiscales y comerciales, dicho régimen impulsó la promoción de las economías regionales, las pymes y la participación de los productores agropecuarios, para que fueran los propios titulares de los proyectos que cumplieran con dichas premisas quienes abastecieran al mercado interno con los nuevos productos.
El objetivo primordial de esta normativa no fue otro que generar las condiciones adecuadas para que el campo pudiera agregar valor en origen a los productos, promoviéndose al mismo tiempo el desarrollo de emprendimientos productivos en zonas cuyas economías se encontraban poco desarrolladas o incluso eran inexistentes.
En forma complementaria, y sobre todo al inicio del Programa Nacional de Biocombustibles, nuestro país contaba con una importante capacidad instalada para la elaboración de biodiésel, proveniente de las grandes empresas, mayormente aceiteras. Estas empresas contaban con instalaciones que si bien habían nacido con miras a la exportación, sus grandes escalas de producción permitían continuar exportando y asistir a la puesta en marcha del citado programa, abasteciendo al mercado interno hasta tanto éste pudiera ser satisfecho en su totalidad por las empresas con características compatibles con los preceptos establecidos en la ley 26.093.
En este contexto el gobierno nacional toma cartas en el asunto y elabora estas medidas para defender a la industria nacional, garantizar el empleo y hacer competitivo al biodiésel, resignando la percepción de los impuestos de las leyes 23.966 y 26.028, aplicando las alícuotas del 19 y 22 por ciento, respectivamente, sólo sobre la base imponible del gasoil.
No quedan dudas del beneficio que traerá esta medida si consideramos que parte del gasoil importado que se utiliza para la generación eléctrica sólo podría ser reemplazado por el biodiésel producido por las empresas consideradas grandes, segmentos del mercado con producciones eficientes y estructuras de costos acordes con los precios que puedan pagarse por el combustible utilizado en la generación, los cuales se ubicarían sin duda alguna por debajo del precio promedio del biodiésel del mercado.
Por eso es nuestra responsabilidad tomar todas las medidas que ayuden a la recuperación de los mercados internos y al consumo interno, continuar en el camino de la producción del biodiésel estratégico para industrializar la ruralidad y mantener el compromiso nacional de contribuir con un desarrollo sustentable desde el punto de vista técnico, ambiental, económico y social a largo plazo; generar demanda adicional a nuestra producción de soja y aceite con el consiguiente impacto en el mercado global; diversificar las exportaciones del complejo sojero, reduciendo la exposición a los vaivenes de mercados globales, y avanzar en la sustitución de importaciones de gasoil, que solamente en 2012 implicó compras al exterior por más de 1.300 millones de dólares, teniendo un producto ciento por ciento nacional.
Por las razones expuestas, y por las que vamos a incorporar, solicito a mis pares que aprueben este proyecto. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La Presidencia aclara que ayer en la reunión de Labor Parlamentaria se entregó el listado de tiempos asignados a los bloques para hacer uso de la palabra. Los representantes de algunos bloques ya se han anotado en la lista de oradores, por lo que les solicitamos a quienes no lo hayan hecho, lo efectúen por Secretaría si estiman pertinente dar su opinión en esta sesión.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES): Señor presidente: la industria del biodiésel en la Argentina tiene poco menos de una década. Hubo muy fuertes inversiones. La mayoría de ellas muy concentradas alrededor de los puertos sojeros de Santa Fe y de los que están a lo largo del río Paraná, con incorporación de tecnología de punta.
Esas inversiones en general fueron hechas por empresas ligadas a la transformación del poroto de soja así se llama a la semilla en aceite. O sea que estamos hablando de las aceiteras y/o grandes grupos económicos que pueden dimensionar un negocio a escala muy alta en la que comience a ser rentable. A su vez, para dar un marco de cuál es la estructura de la industria, existe un grupo de empresas pequeñas y medianas que requieren en general el apoyo del gobierno para poder mantenerse, ya que su competitividad externa es muy diferente a la de las grandes empresas. Éstas son las que exportan y las que están perjudicadas desde agosto de 2012 por la acusación de dumping hecha contra la República Argentina y contra Indonesia. Entre otros países, España nos acusó por ser importador, utilizando la facultad otorgada por la Organización Mundial del Comercio.
Varios países se han preocupado por la circunstancia mencionada, pero lo han hecho en términos favorables a nuestro país, es decir, sosteniendo que si eso era dumping ellos podrían verse perjudicados también.
Ha intervenido, y lo sigue haciendo en este momento, la Organización Mundial del Comercio a favor de la posición argentina o, dicho de otra manera, en contra del dumping.
Esa industria tuvo un crecimiento importante que no creo que esté ligado básicamente a la generación de mano de obra, porque la generación de mano de obra por tonelada exportada o producida de biodiésel –no debemos olvidar que existe un destino para el mercado interno para el corte del gasoil es absolutamente baja. Se trata de una industria de mano de obra extensiva, pero la industria primaria del trigo es intensiva. Si comparamos lo que la industria del trigo produce en la Argentina, advertiremos que tal producción es mucho más intensiva que la de biodiésel. Pongo como ejemplo el trigo porque se trata de una producción no concentrada, pues se halla en muchísimos pueblos de nuestra región pampeana y en la zona del Chaco triguero.
Esa industria es estratégica no en términos de mano obra sino porque la Argentina cada vez produce más soja, ya que no ha habido política alguna que limitara su expansión cuando la soja se hizo fuerte en términos de seguridad de rendimiento ante las malezas y de ampliación de superficie para su cultivo, en zonas donde en un principio no era posible cultivarla ya que no existía la posibilidad de que resistiera un herbicida total; es decir que las malezas ganaban a la soja, por lo que no era rentable su producción.
Tampoco hubo políticas que no fueran las de sembrar soja, cuya producción fue la que mejor precio tuvo y la que mayores retenciones sufrió históricamente. De esta manera la soja acorraló a cultivos más dadores de mano de obra y más intensivos, como el maíz, que se produce para mercados que interesan a la Argentina y además es insumo de productos de las industrias pollera y porcina, amén de la de harina de maíz.
Entre la soja y Moreno se acorraló al trigo, así como también al girasol, al sorgo, y especialmente, a la industria lechera, cuyo manejo es mucho más complejo que sembrar soja. Sin embargo, como ello no se tuvo en cuenta, muchos tambos se liquidaron y pasaron a ser sembradíos de soja.
Esta ausencia de políticas agrícolas que compensaran el avance de la soja y el aprovechamiento del ingreso fiscal, que llegó a 8.000 millones de dólares al año –ni siquiera hablamos del aporte de divisas, que es enorme-, llevó a buscar nuevos destinos. Ya no se puede colocar porotos de soja en el mercado internacional, pues tenemos nuevas competencias –Brasil es enorme en cuanto a producción de soja transgénica-, y tampoco es posible colocar más aceite. Recordemos que durante muchos años el primer rubro de exportación del país fue el expeller de soja y girasol para alimentación animal.
En consecuencia, era necesario encontrar otro destino. Esto fue lo que el gobierno de Néstor Kirchner vio cuando impulsó la instalación del biodiésel, que llegó a tener una sobreinversión que, según CARBIO –cámara que agrupa a los productores de biodiésel-, asciende a 4.600.000 toneladas y tiene un altísimo porcentaje de capacidad instalada no ocupada.
Básicamente, frente al cierre de un mercado internacional en un país que necesita divisas, los miembros del Frente Renovador estamos de acuerdo en que hace unos días se hayan bajado las retenciones, aunque nos hubiera gustado que lo hicieran por ley. Hubiésemos querido que enviaran aquí el correspondiente proyecto, como en su momento se trajo a consideración de la Cámara la resolución 125.
Estamos hablando de un costo fiscal muy alto. Personalmente, hubiese defendido tal costo y la caída de las retenciones, y entiendo que también lo habría hecho mi bloque porque no podemos impedir que haya exportaciones dada la situación en que nos encontramos.
Hay otros costos fiscales que también apoyamos; por ejemplo, la eximición al biodiésel respecto del impuesto a los combustibles y el gas, que desde 2011 viene pagando por la tozudez de la AFIP. Se trata de una cifra increíblemente alta. El impuesto es del 19 por ciento, pero en surtidor el precio de la mezcla llega al 41 por ciento.
Con todo respeto quiero señalar que no creo, como dijo el señor diputado Feletti, que la producción de biodiésel sea considerada como un insumo absolutamente clave para un futuro energético diferente, porque tenemos crisis energética desde hace bastantes años: a partir de 20042005 perdimos el autoabastecimiento energético en la matriz global. Sin embargo, hasta ahora no se impulsó un porcentaje mayor obligatorio de corte de biodiésel de producción nacional, y hace rato que tenemos problemas de importación de gasoil.
Este costo que pagará la Argentina tiene un sentido, es estratégico, porque a pesar de que podamos cambiar una política agrícola seguiremos produciendo muchísima cantidad de soja, y no toda la soja tiene un destino claro, por lo cual es bueno que haya diversificación de bocas de salida.
No estamos de acuerdo con algunas cosas del dictamen de mayoría, como por ejemplo con que la suspensión del impuesto a la parte del biodiésel que integra el gasoil compuesto sea hasta el 31 de diciembre de 2015, y que después se faculte al Poder Ejecutivo a tomar medidas. A lo mejor se estima que es una acción prudente frente a la llegada de otro gobierno, y nosotros pensamos que es inconveniente, en primer lugar porque hay una cuestión muy clara. El artículo 76 de la Constitución Nacional dice que está prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.
Además la facultad de prorrogar en forma indefinida el artículo 4° modificado de la ley 23.966 prevista en el dictamen viola el artículo 76 de la Constitución Nacional y también el inciso 2 del 75, por razones que históricamente se han discutido mucho en esta Cámara: tanto la creación como la eliminación de impuestos es una cuestión atinente exclusivamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Cabe recordar que nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, jamás quiso votar delegación de facultades alguna, ni siquiera a su esposo cuando era presidente: se levantó y se fue. Ahora se hace como si nada.
Tampoco estamos de acuerdo con la modificación del artículo 1° de la ley 26.028, que exime al biodiésel de los impuestos a la transferencia, y deja a cualquier transferencia a título gratuito u oneroso o a la importación de gasoil con un impuesto similar. No estamos de acuerdo, porque ese impuesto que establece la ley 26.028 es dirigido. Les leeré para qué se inventó ese tributo.
Se estableció para proyectos de infraestructura vial –nadie duda de que la Argentina requiere de ellos en momentos en que la infraestructura vial está hiperusada, tenemos récord de accidentes y camiones, ausencia de trenes de carga, etcétera; no echo culpas, hablo de la realidad-; para eliminación o reducción de los peajes existentes, que es bajar costo argentino a exportaciones o disminuir precios internos en el mejor de los casos; para compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor –esto está en discusión en virtud de que hay una seria acusación a las empresas de transporte del propio Ministerio del Interior y Transporte sobre el uso de esas compensaciones tarifarias, por lo que no sería un rubro a defender-; asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización del servicio de transporte de carga por automotor –también es discutible porque seguimos incrementando el transporte automotor, cada vez nos metemos más en un nudo directamente ligado a la infraestructura que tenemos y a su uso, que es cada vez mayor y genera tremendos dolores de cabeza cotidianamente a millones de argentinos, hasta por el tránsito, no solamente por la peligrosidad sino también por los accesos a grandes ciudades; también está destinado a subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga que seguramente van a seguir haciendo falta en buena medida.
Por lo tanto, ese impuesto no tiene por qué cesar el 31 de diciembre de 2015. En nuestro dictamen proponemos que siga por lo menos hasta 2024, es decir, dos períodos más después del próximo gobierno, sea quien sea. Lo proponemos porque somos Cámara, y podemos hacerlo, y no dejamos la posibilidad de que el Poder Ejecutivo lo modifique, tal como sucede en estos momentos.
Finalmente, estas medidas, junto con la ilegal forma de bajar las retenciones, son acertadas, y por eso vamos a votar afirmativamente el proyecto en general. Pero quiero decir que esta Cámara se iba a reunir a las diez de la mañana –no pudo hacerlo porque el bloque mayoritario modificó el horario- para tratar también un tema impositivo –que le corresponde a este Cuerpo y no a la señora presidenta- relativo a la suba del mínimo no imponible para todos los trabajadores asalariados. Pero esta Cámara se va a tener que reunir porque así lo decidió esta mayoría, que no viene a las reuniones a discutir este tema, ya que se trata de una cuestión que está en la calle y afecta a muchísimos argentinos que trabajan.
Esta situación se agrava cada día más en la medida en que sube la inflación. Además, la señora presidenta ilegalmente establece cifras fijas y nunca alude a formas de actualización para el mínimo no imponible, tal como lo requiere la oposición en esta Cámara, y estoy seguro de que muchos señores diputados del Frente para la Victoria ven con sensatez esta iniciativa.
La pregunta es: si estamos todos de acuerdo en conceder 1.900 millones de dólares de rebaja impositiva a una industria hiperconcentrada, ¿por qué no nos reunimos, cuando terminemos el orden del día de esta sesión, para tratar otro tema que hace al bolsillo de los argentinos?
Esta cuestión que estamos tratando hoy hace a las estrategia de exportaciones argentinas básicamente pero
-que quede claro- no afecta al precio del gasoil mezcla en el surtidor.
La misma Cámara CARBIO sostiene que seguramente no va a bajar el precio, aunque bajen los impuestos internos, porque las empresas –tal como ha dicho en un reportaje hace poco su gerente general- tienen que recomponer rentabilidad.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. BROMBERG, ISAAC BENJAMIN (TUCUMAN): Señor presidente: este gobierno desde 2003 ha construido y fortalecido un modelo de crecimiento y desarrollo con inclusión social que ha producido importantes cambios políticos, económicos, sociales y culturales.
Este modelo con fuerte participación del Estado en las principales políticas económicas y sociales del país ha marcado el rumbo de un desarrollo económico con generación de empleo genuino, redistribución del ingreso, tipo de cambio competitivo, abastecimiento de mercado interno y reindustrialización.
La soja ha sido el cultivo de mayor adopción y expansión en la historia de la agricultura argentina. A partir de una producción nacional de 12 millones de toneladas en la campaña 1994/95, alcanzó los 49 millones en la campaña 2010/11.
El aporte de la cadena sojera a la economía argentina ha seguido la evolución de la producción y representó el 46 por ciento del total de exportaciones agroindustriales.
La Argentina se ha posicionado como el primer exportador mundial de harina proteica y de aceite de soja. Aparece en el tercer lugar en el listado de productores y exportadores mundiales de soja. También es el tercero en lo que hace a ventas mundiales de granos de soja procesados, detrás de los Estados Unidos y China.
Esto ha sido posible gracias a la extensión de la frontera agropecuaria, que ha permitido duplicar la cosecha como consecuencia de una mayor producción y un mayor rinde por hectárea. Además, se ha incentivado estratégicamente la incorporación de valor agregado de origen al primer eslabón de la cadena de valor de la soja; por ejemplo, al convertir al grano de soja en biodiésel. Son procesos bioenergéticos de última generación que brindan un salto cualitativo en nuestra cadena de producción agroindustrial y, como si fuera poco, transforman parte de los granos en energía renovable, reduciendo el aporte de carbono por quema de combustible fósil.
La política de energía renovable que adoptó la Argentina desde 2007 ha permitido construir una industria de biocombustibles muy fuerte, con una capacidad de producción potencial que ronda los 2,5 millones de toneladas. En tan sólo seis años, las exportaciones de biodiésel alcanzaron en promedio 1,2 millones de toneladas, generando una tasa de crecimiento del 825 por ciento en el período 2007/2012.
En correlato, ha sido primordial acompañar a la industria del biodiésel con una política de incentivos fiscales que permita fortalecer la demanda externa e interna, regulando la participación de todos los eslabones de la cadena de valor.
Como se ve, una vez más es el Estado quien acompaña el crecimiento y desarrollo de un sector de altísima innovación científica y tecnológica; en este caso, a partir de la rebaja en la alícuota del biodiésel para gasoil y para la energía eléctrica, acompañado además por la rebaja en los derechos de exportación del 21,75 por ciento al 11 por ciento que determinó el ministro de Economía el pasado viernes.
La Argentina dispone de una formidable dotación de recursos naturales para la producción agropecuaria y los recursos necesarios para construir una amplia y diversificada base...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. BIDEGAIN, GLORIA MERCEDES (BUENOS AIRES): Señor presidente: en los últimos años, en este recinto hemos debatido un importante número de leyes que redefinieron el proyecto de país.
Debates arduos y prolongados sobre cuestiones en las que mayorías y minorías pudimos exponer y defender nuestras más profundas convicciones, buscando encontrar los consensos necesarios para construir una voluntad política colectiva.
Otros debates, en cambio, fueron más técnicos, abocados al análisis de cuestiones muy específicas. Parecería, señor presidente, que el proyecto que hoy estamos tratando es de estos últimos, es decir, de aquellos destinados a corregir una cuestión aparentemente técnica y coyuntural, como es la exención de algunos impuestos o la fijación de un plazo de vigencia para los mismos.
Sin embargo, yo no creo que éste sea un proyecto meramente técnico. Estoy convencida de que este proyecto nos permite otra cosa: reconocer y revisar cómo los argentinos hemos transitado en estos años por la senda de la soberanía económica, que no es otra cosa que la defensa de los intereses de los trabajadores y de los empresarios argentinos, articulados por el Estado, en aras del desarrollo y crecimiento de la Nación.
En 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, nuestro país no producía ningún tipo de biocombustibles. Nuestra patria, una de las tierras más fértiles y con mayor diversidad de recursos naturales del mundo, padecía una verdadera crisis estructural: una economía desarticulada, con los mayores índices de desempleo, gran especulación financiera, reducción del gasto público, sobreendeudamiento externo y regresión de los derechos sociales, con un Estado totalmente ausente.
Fue en ese momento aciago para nuestro pueblo que surgió un liderazgo y una voluntad política que nos permitió volver a creer que el sueño nacional y popular de construir una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana aún era posible.
Hace diez años, el entonces presidente Kirchner puso en marcha el Plan Energético Nacional, y posteriormente, el Programa Nacional de Biocombustibles. En 2006 el gobierno nacional impulsó la ley de promoción del biodiésel, implementando una serie de políticas tendientes a la promoción y utilización de fuentes de energía renovables.
No voy a recorrer cifras ni estadísticas. Basta decir que hoy nuestro país es el primer exportador de biocombustibles del mundo y, además, el que establece un porcentaje de corte con los combustibles más alto, ubicado en el 10 por ciento.
Hoy, señor presidente, orgullosamente la Argentina tiene la industria del biodiésel más desarrollada del mundo, producto de inversiones por más de 1.200 millones de dólares, exportándose actualmente la mitad de la producción.
Pero lo más importante, la novedad que hoy nos permite pensar que verdaderamente las cosas han cambiado, es que la Unión Europea, nada menos que uno de los mercados a los que históricamente la Argentina exporta materias primas, para que luego nos venda -directa o indirectamente- productos con valor agregado fabricados con esos insumos, decía, señor presidente, la Unión Europea impuso la elevación de aranceles sobre el biodiésel argentino a un rango del 22/25 por ciento.
Lejos de desalentarse, señor presidente, el gobierno ha tomado estas medidas de restricción de importaciones por parte de una Europa en crisis como un desafío más para defender nuestros intereses. Baste mencionar en tal sentido que nuestro país presentó ante la Organización Mundial del Comercio un reclamo formal respecto de estas medidas, elaborado con el apoyo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, CARBIO, en el que se adujo que, en definitiva, los productores europeos han demostrado ser poco eficientes y haber instalado una capacidad más amplia que la requerida por el consumo europeo, imputando falsamente a las importaciones las causas de sus problemas estructurales. Esto es lo que quería remarcar. Este proyecto de ley...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Vaya redondeando, señora diputada.


SRA. BIDEGAIN, GLORIA MERCEDES (BUENOS AIRES): Sí, señor presidente.
¡Qué diferencia notable con 10 años atrás! De exportadores de materia prima, a denunciantes de restricciones a la importación de nuestros productos ante el bloque económico más poderoso del mundo. De meros espectadores del desarrollo industrial, a protagonistas del escenario económico.
Esto, señor presidente, es lo que quería remarcar: este proyecto de ley no trata de una mera medida impositiva. Es una medida que tiende a preservar los intereses genuinos de un sector de la industria nacional que adhirió a un modelo de crecimiento con inclusión.
Y hoy, el Estado, además de seguir reclamando eficiencia y competitividad a las empresas nacionales, reconoce el cambio en las reglas de juego internacionales y asiste a ese sector, no como un mero benefactor, sino como un Estado activo, presente e integrador, porque -como dice la presidenta - hoy “estamos ante una verdadera guerra comercial y debemos proteger a los que tienen dificultades”.
Pocos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo y una nueva cultura, un nuevo país que esperemos se sepa reconocer y respaldar. Señor presidente: por lo mencionado, acompaño con alegría y orgullo la decisión del gobierno nacional y de mi bloque, dando mi voto afirmativo al presente proyecto de ley. Además, solicito permiso para insertar el resto de mi discurso. Muchas gracias.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por Salta.


SRA. CANELA, SUSANA MERCEDES (SALTA): Señor presidente: es importante destacar el sentido de este proyecto de ley. Claramente favorece la competitividad. Hemos observado y destacado la capacidad instalada de nuestra producción, que puede llegar a cuatro millones de toneladas y que actualmente es de 2.210.000 toneladas.
En función de este contexto nacional e internacional, el gobierno toma la decisión oportuna de alentar y preservar como mercado interno la producción de biodiésel.
¿Qué se logra con este proyecto? Hay dos aspectos fundamentales. En primer lugar, favorece la reducción del impacto sobre la producción y comercialización del biodiésel y combustibles líquidos y gaseosos.
En segundo término, hay una modificación que también se refiere a la posibilidad de la eximición impositiva para aquellos que solamente usen el biodiésel combustible en la generación de la energía eléctrica.
Esto nos indica que es importante analizar el futuro impacto que puede tener esta situación. Notamos claramente que, primero, nos encontramos con una medida de estímulo fiscal –esto es cierto- que no pierde mercado por falta de competitividad del sector sino por las sanciones de la comunidad. No obstante ello, tenemos la capacidad para presentarnos en los mercados internacionales, como ha ocurrido con Estados Unidos.
Además, no es menos importante que este estímulo fiscal favorece la sustitución de la importación del gasoil convencional.
Cuando analizamos esta realidad debemos animarnos a hacer futurología, como suelo decir. Se trata de analizar los impactos que nos puede provocar esta producción. Notamos con claridad que naturalmente se van a generar y desarrollar con más impulso las industrias regionales en un sector clave como es el energético, promoviendo empresas con una visión de red en todo el territorio nacional.
Los productores agrícolas percibirán este fenómeno de manera activa, ya que sus producciones tendrán un actor que funcionará como amortiguación de las variaciones de precios de las materias primas, dándoles estabilidad económica y financiera.
Estas materias primas generadas en nuestro país contribuirán en forma directa a la creación de pymes locales. No es fácil la generación de empresas en nuestro país, pero con esto lo vamos a lograr.
Este proyecto también servirá para crear el marco a fin de fomentar los puestos de trabajo con mano de obra calificada, profesional y altamente competitiva.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Vaya cerrando, señora diputada.


SRA. CANELA, SUSANA MERCEDES (SALTA): Sí, señor presidente.
También servirá para crear en nuestros trabajadores la satisfacción de pertenecer a empresas energéticas nacionales pujantes e inclusivas.
Por mi profunda convicción peronista y de inclusión social, acompaño este proyecto de ley para defender el desarrollo nacional y la independencia geopolítica de nuestra patria.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.


SR. RUBIN, CARLOS GUSTAVO (CORRIENTES): Señor presidente: proteccionistas hacia adentro y liberales hacia afuera. Esta frase nos recuerda la decisión de la Unión Europea de aplicar a la producción de biodiésel de la Argentina un 21 por ciento de derechos antidumping con una excusa insólita: que existen distorsiones estructurales en los precios de las materias primas de nuestro país que los tornan artificialmente bajos. Esto afirma la Unión Europea en su dictamen, cuando sabemos que es absolutamente falso; se trata de la competitividad lograda gracias a la naturaleza que favoreció a nuestra querida Argentina y del esfuerzo de muchos productores que alcanzaron una competitividad inédita a nivel internacional.
Algunos sostienen que esto tiene relación con la nacionalización de YPF, que es una represalia tomada por la Unión Europea. En verdad es una vergüenza, porque una decisión soberana del Estado argentino adoptada a través del Congreso de la Nación en cumplimiento de nuestra Constitución y de leyes internas, de ninguna manera puede justificar este tipo de represalia, porque viola el derecho internacional y las medidas que tomamos en ejercicio de nuestra propia soberanía.
Lamento que se utilice esta sanción como una forma de chicaneo político; en realidad, deberíamos manifestar nuestro más enérgico y unánime repudio al uso de mecanismos de comercio internacional para satisfacer cuestiones de política interna.
Creemos que la verdadera relación que existe entre YPF y los biocombustibles no es la sanción impuesta por la Unión Europea sino la política energética llevada adelante en la Argentina desde hace algunos años.
La nacionalización de YPF también se complementa con la creación de un programa sobre biocombustibles inédito en el país, que generó la competitividad que hoy tenemos a nivel internacional.
Sabemos que el futuro de los biocombustibles es importante, no sólo por su potencial no contaminante sino también porque favorecen el autoabastecimiento energético.
En la actualidad, los biocombustibles son una prolongación del complejo sojero; pero vamos por más. Creemos que debemos tender a la diversidad regional, a la utilización de desechos forestales y a los biocombustibles de segunda generación que permitan aprovechar el cupo del 10 por ciento.
Todo esto forma parte de una misma política energética, y si al general Perón lo homenajeamos por su iniciativa nuclear, a Néstor Kirchner debemos homenajearlo por su iniciativa en materia de biocombustibles. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por La Pampa.


SRA. ALONSO, MARIA LUZ (LA PAMPA): Señor presidente: si bien mis compañeros de bloque han explicado sobradamente el espíritu de este proyecto de ley y el esfuerzo fiscal del Estado nacional de ayudar a un sector productivo –en este caso, la industria del biodiésel, tenemos que preguntarnos sobre el porqué de esta decisión dirigida a un sector altamente competitivo a nivel mundial.
En 2011, la industria del biodiésel produjo 2.400 millones de toneladas y exportó más de 1.600 millones; es decir, aproximadamente el 70 por ciento de su producción. Hablamos de un sector netamente exportador, que ha vendido casi el 90 por ciento de sus productos a la Unión Europea; el principal comprador fue España.
Para que los señores diputados tengan real dimensión, la industria del biodiésel llegó a exportar dos mil millones de dólares en 2011.
Si la Argentina se convirtió en el principal exportador de biodiésel, no fue por arte de magia sino por la decisión del Estado nacional, que a través de distintos mecanismos –entre ellos la sanción de leyes y promociones fiscales favoreció la generación, la producción y la inversión en plantas.
Me parece importante destacar la ley 26.093, que a partir de la voluntad política del presidente Néstor Kirchner fue sancionada en abril de 2006 para promover un régimen destinado a la producción y uso sustentable del biocombustible.
Eso permitió que durante estos ocho años se hayan instalado en el país 33 plantas de biocombustible, dando un enorme salto al valor agregado de la producción agropecuaria y generando no solamente energía renovable sino también –y esto es todavía más importante- 1.600 puestos de trabajo en la Argentina.
En la provincia de La Pampa, a la que represento, contamos con dos plantas de biodiésel que fueron inauguradas en los años 2012 y 2013 y donde tenemos 70 puestos de trabajo en forma directa, lo que nos convierte en la tercera provincia de mayor producción en términos de pymes en materia de biodiésel de nuestro país.
Sin embargo, en 2010 la Argentina se encontró con una disposición de la Unión Europea que establecía medidas de restricción del comercio y que era totalmente injustificada, tal como lo señaló el señor diputado Rubín. Se impuso a la Argentina una medida antidumping sin justificación. En ese sentido, ya hicimos las presentaciones correspondientes ante la Organización Mundial del Comercio.
Por eso estamos aquí, es decir, para defender y proteger a los que están en dificultades. En este caso los problemas son derivados de restricciones al comercio impuestas por quienes suelen ser los paladines del libre comercio. Incluso en este recinto hay muchos a los que nunca vi salir a manifestarse en contra de la imposición que nos hizo la Unión Europea. Suelen ser paladines del libre comercio pero nunca los escuché defender los derechos de nuestro país en este sentido. Quizá habría que preguntarse a quiénes defienden, es decir, si a los derechos de nuestro país o a algún otro tipo de derechos. A lo mejor, en el transcurso del tratamiento de este proyecto de ley podamos llegar a obtener una respuesta para esta pregunta.
Por lo expuesto, voy a acompañar este proyecto de ley en defensa del sector productivo nacional, de la industrialización de la ruralidad, de las inversiones que se han llevado adelante en materia de biodiésel, de los derechos de nuestro país, de mi provincia, de los trabajadores argentinos en general y de La Pampa en particular, y de este proyecto nacional que con muchísima convicción llevamos adelante desde hace once años. (Aplausos.)

Señor Presidente (Domínguez).- A continuación harán uso de la palabra los señores diputados Buryaile, Cano y Torroba. El primero lo hará por espacio de siete minutos, mientras que los demás dispondrán de cuatro minutos cada uno.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: voy a referirme al proyecto de ley del Poder Ejecutivo contenido en el expediente 0001-pe-2014, relacionado con aspectos impositivos en materia de biocombustibles.
El bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar en general esta iniciativa porque entiende que contribuye en algo a mejorar la situación del sector, pero tenemos que formular objeciones que tienen que ver con aspectos constitucionales y de técnica legislativa a los que oportunamente haré mención.
En primer término debemos analizar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en lo relativo a la producción y a los biocombustibles. Para eso nada mejor que remontarnos poco tiempo atrás. Cuando en los años 90 eran gobierno con Carlos Menem tuvieron la brillante idea de incorporar tecnología. Entonces tuvimos la siembra directa, los procesos agroquímicos y los transgénicos, lo que permitió que la Argentina, que en aquel entonces producía 12 millones de toneladas, hoy produzca casi 55 millones. Actualmente se llegó a esta última cifra gracias a la tecnología y a la política de sojización que ha llevado adelante este gobierno. Se trata del mismo gobierno que decía que quería desojizar y que hoy sojiza al país.
Actualmente la producción de soja representa el 65 por ciento del área sembrada del país. Sobre un total de 31 millones de hectáreas, más de 21 millones corresponden a la producción de soja.
Sobre un total de 100 millones de toneladas de producción de granos, la producción de soja representa el 55 por ciento.
A su vez más del 40 por ciento del valor exportado tiene que ver con el complejo sojero de la República Argentina; estamos hablando de aproximadamente 33.500 millones de dólares, lo que representa el 60 por ciento de la recaudación en materia de derechos de exportación.
Por lo tanto, miren si no es importante el tema que estamos tratando hoy. A veces uno quisiera que lo fuera para que el ministro de Agricultura otorgara una audiencia a los sectores involucrados en este asunto. No estoy pidiendo más que eso: aunque sea, que se atienda al sector.
Sin embargo, todo este potencial encuentra trabas. Coincido en mucho con lo que ha dicho el miembro informante: algunas cuestiones las apoyo y en otras tengo disidencias, y lo mismo respecto del señor diputado Solá.
Este sector ha agregado valor sustancial a la producción, a pesar de que no genera todo el empleo que necesitaríamos en la Argentina. Empezó produciendo, en el año 2007 y merced a la ley 26.093, 200.000 toneladas, y llegó en el 2012 a exportar 2.400.000 toneladas.
Para saber lo que esto representa, debemos tener en cuenta que el poroto de soja tiene un rinde del 14 por ciento para obtener el aceite, y algo parecido para el biocombustible.
En el año 2012 encontramos un freno, y nos preguntamos por qué, si desde 2007 a 2012 veníamos exportando, recién ahora España se da cuenta y nos aplica sanciones y abre una investigación sobre subsidios y dumping.
Quizás esto tenga que ver con los modos de nuestro país para relacionarse con el mundo exterior y debamos remontarnos a la estatización del 51 por ciento de YPF, que nosotros acompañamos conceptualmente porque entendíamos que era necesaria, pero no acompañamos los modos de nuestro país para tratar determinados temas.
Allí quizás encontremos la explicación de por qué la Unión Europea cerró hoy los mercados a la Argentina a través de España. A veces no sólo hay que serlo sino también parecerlo, y la Argentina dejó bastante que desear en esta materia.
No se aborda la asimetría entre la importación de gasoil y la producción local. La importación de gasoil tiene una exención impositiva del 41 por ciento, en desmedro de la producción local. No se toca el gravamen sobre la importación de gasoil por la importancia que tiene y por la política energética poco sustentable de este gobierno.
Ante eso también entendemos que hay que confluir para que no haya una asimetría entre la producción local del biocombustible y lo que tiene que ver con la importación de diésel.
Brevemente, porque se me acaba el tiempo, pasaré a explicar las razones de nuestra disidencia al dictamen, que acompañamos en general.
En primer lugar, existe una cuestión de técnica legislativa, ya que en el artículo 1° se exime de gravamen a algo que no está gravado. Entendemos que el biocombustible no está gravado y por lo tanto técnicamente tendríamos primero que gravarlo y posteriormente eximirlo. De esa manera acompañaríamos perfectamente el tratamiento.
El segundo punto tiene que ver con la vigencia. Entendemos que este sector que genera divisas y valor agregado necesita previsibilidad. A una empresa no se le da previsibilidad con una ley que dura un año y medio sino que tendríamos que hablar de diez años de plazo. Estaríamos de acuerdo con que la ley se extienda hasta el año 2024, ya que se ha venido renovando sucesivamente hace diez años.
No estamos de acuerdo con que se deleguen facultades al Poder Ejecutivo nacional, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue muy clara en el fallo sobre la camaronera, donde zanja algunas diferencias que teníamos sobre el concepto de retención. La retención es un impuesto y como tal la Cámara de origen debe ser la de Diputados. En ese fallo, con el voto de la doctora Argibay –a quien hoy le rendimos homenaje y creo que del doctor Maqueda, quedó suficientemente claro que no existe delegación de facultades que haga constitucional el poder gravar o generar tributos a través de decretos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no vamos a acompañar el aspecto referido a la delegación de facultades.
Por otro lado, repito, se deben equiparar las asimetrías que existen entre el gasoil importado y el nacional.
Para terminar, quiero señalar algo que tiene que ver con qué es la política para muchos de nosotros. Algunos dicen que es el arte de lo posible, otros sostienen que es la utopía de poder cambiar las realidades, y para algunos es el sueño de ser parte de un cambio.
Nosotros creemos, y estoy seguro de que represento a millones de argentinos, que hoy estamos acá para tratar el proyecto de diez empresas que representan el 80 por ciento de la exportación argentina, pero nosotros queremos representar la vocación de millones de argentinos. ¡Por eso nos vamos a quedar luego de esta sesión –y espero que el Frente para la Victoria también lo haga para tratar la modificación del impuesto a las ganancias! (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.


SR. CANO, JOSE MANUEL (TUCUMAN): Señor presidente: la verdad es que cuando hago una lectura del mensaje de elevación que hizo el Poder Ejecutivo nacional para el tratamiento de este tema y escucho a los miembros informantes del oficialismo los diputados Feletti y Metaza, les tengo que decir que si existe una posibilidad de ponernos de acuerdo en una estrategia en materia de biocombustibles, ésta sería la oportunidad.
En términos generales, estamos absolutamente de acuerdo con que esto debe responder a una visión estratégica del país, pero no se condice con la elevación del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto ni con lo que han dicho los señores diputados preopinantes, porque existen cuestiones que nosotros consideramos que efectivamente hay que analizar.
Algo dijo el señor diputado Feletti: existe un cambio o un punto de inflexión en la política que tuvo el gobierno nacional. Hay que reconocer que a partir del decreto de 2001 y del comienzo de 2013 se generaron condiciones para que exista una fuerte inversión en bienes de capital que superan los 2 mil millones de dólares. Entre otras cosas, esto provocó que en 2012 ingresaran al país más de 2.250 millones de dólares, producto de la exportación del biocombustible, o sea, tres veces más de lo que ingresó por exportación de carne vacuna.
Nos tenemos que preguntar qué pasó, porque pasamos de 2007 de producir 774 mil toneladas a 2012, que fue la máxima producción. Para este año creo que no vamos a superar las 700 mil toneladas.
Eso comenzó en 2011 con una interpretación forzada de la AFIP que gravó con un 41 por ciento al gasoil, que lleva un corte con biocombustibles. Acá un diputado del oficialismo nos habló de los países que son proteccionistas hacia adentro y liberales hacia afuera. Existe un claro ejemplo en este tema en cuanto a que la Argentina es liberal hacia adentro y proteccionista hacia afuera. No se entiende que el gasoil que se importa esté libre del gravamen del 41 por ciento y que al biocombustible, que se corta con el gasoil, se le aplique el 41 por ciento en concepto de tributo.
Eso no se explica, sobre todo cuando en virtud de esa política de Estado a la que acá se hizo referencia tenemos una capacidad de producción de 4,5 millones de toneladas. Creo que no se van a cumplir las previsiones del oficialismo, porque se trata de una ley de la inmediatez y de la coyuntura que nos ata a esta norma hasta 2015. En realidad, deberíamos tomar otro parámetro, como podría ser la importación de combustibles. Se prevé que durante ocho años necesitaremos importar combustible. Esto para mí tiene mucho más que ver con la coyuntura de lo que vale el barril de petróleo en relación con el barril de aceite.
Si realmente tuviéramos una política de Estado
–esta es una excelente oportunidad deberíamos convocar a quienes han invertido en el país para producir biocombustibles, junto con el Poder Ejecutivo y el arco opositor argentino, para definir una política estratégica.
Si fuésemos capaces de volcar al consumo interno la producción de energía, que se utiliza muy poco, para destinarla a la producción agropecuaria, aproximadamente podríamos ahorrarnos 2 mil millones de dólares de importación.
Hemos perdido la oportunidad en el momento en que nos sentamos a negociar con Repsol. Tendríamos que haber planteado claramente este tema: que se levanten las barreras para recuperar los mercados de España y del Mercado Común Europeo. Lamentablemente esto no estuvo en la agenda. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.


SR. TORROBA, FRANCISCO JAVIER (LA PAMPA): Señor presidente: no es casual que por segunda vez en el año estemos discutiendo en el Congreso cuestiones vinculadas con la política energética. Me refiero a políticas energéticas inadecuadas y erráticas que han conducido al país al desabastecimiento.
Hoy, el oficialismo se ve en la necesidad de trabajar sobre parches aislados en lugar de estar discutiendo sobre una verdadera cuestión de fondo: cómo resolver el problema energético.
No estaríamos tratando el presente proyecto de ley si el artículo 30 de la ley de presupuesto para el año 2014 no hubiera eximido al gasoil importado de los impuestos sobre los combustibles líquidos en un 22 por ciento, y en un 19 por ciento, al gas natural. El hecho de que el biodiésel de producción nacional sí tribute los impuestos mencionados ha derivado en que su precio resulte superior al del gasoil importado. Esto, sumado a la ausencia de controles en los cortes obligatorios del 10 por ciento de los biocombustibles, ha llevado a que las petroleras prefieran adquirir gasoil importado en lugar de biodiésel nacional. De esta manera el porcentaje real de biocombustible en la mezcla ha bajado sustancialmente del 10 al 7,68 por ciento en el mes de enero, al 4,24 en el mes de febrero y al 5,11 en marzo, violando la normativa vigente.
Sorprende que un bien sustituto directo del gasoil, que en los últimos años ha encabezado los primeros lugares de las importaciones del país, con 4.000 millones de dólares el último año, sea gravado en su utilización interna y en sus exportaciones, facilitando y estimulando la utilización del gasoil importado, que fue liberado de gravámenes internos en el proceso mencionado.
El presente proyecto de ley en tratamiento viene a corregir parcialmente el error instaurado en el artículo 30 de la ley de presupuesto para el año 2014. Es un intento por subsanar dicho error. Concretamente, se está proponiendo eximir al biodiésel de los impuestos sobre los combustibles líquidos. Cabe destacar que esta última eximición sólo alcanza al biodiésel destinado a la generación de energía. Estamos hablando del 14 por ciento del total del consumo. Como consecuencia de esta desgravación parcial el precio del biocombustible seguirá siendo superior al del gasoil importado.
El señor diputado Feletti decía que esta medida tiene un costo para el fisco de 2.000 millones de pesos. Me pregunto quién se verá beneficiado con esta disminución impositiva. Sin duda, por las características del mercado, las petroleras se verán beneficiadas si el Estado no ejerce en forma eficiente el control necesario para que dicha disminución del precio llegue a los consumidores y no a dichas empresas.
Por lo expuesto, adelanto que acompañaremos esta iniciativa con las objeciones mencionadas por los señores diputados preopinantes. Lo hacemos porque entendemos que si bien contribuye, no resuelve en forma definitiva la necesidad de que el gasoil importado tenga el mismo tratamiento que el biodiésel de producción nacional.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. ROBERTI, ALBERTO OSCAR (BUENOS AIRES): Señor presidente: en cuanto a los biocombustibles debemos reconocer –y es justo volver a hacerlo- que la única política real fue realizada por el gobierno del doctor Néstor Kirchner, que luego se plasmó especialmente, con un impulso muy importante, en los años 2006 y 2007. Así, el Parlamento sancionó la ley 26.093, reglamentada mediante decreto 109. Esa actitud que se tuvo en relación con la industria del biodiésel ha sido sumamente acertada, y sigue pareciéndome acertada.
La propia realidad llevó al Estado nacional a impulsar la política en relación con los cortes en las naftas, pasando de una aplicación del 5 al 7 por ciento. Últimamente, en febrero de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estableció para el corte de las naftas un 10 por ciento, que todavía no ha sido plasmado. Efectivamente, en algunos lugares del mundo donde esta industria se halla muy desarrollada se permiten muy altos porcentajes de corte; así, por supuesto, se gana en calidad y en recursos.
A continuación me referiré especialmente a la industria del biodiésel.
Ella está desparramada a lo largo de la República Argentina y fundamentalmente se concentra en nuestros puertos más importantes, en la periferia de Rosario, en la zona de San Lorenzo, en el puerto San Martín, y en algunos ejes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
La industria cuenta con treinta y tres plantas y da trabajo a dos mil personas, que son representadas por la federación que agrupa a los trabajadores del petróleo y de combustibles de la Argentina. Durante este último tiempo, a raíz del problema de los precios –a mi juicio, en realidad se trata de la teoría de la imprevisión-, esas dos mil personas vivieron en zozobra. Haré un breve paréntesis para decir lo siguiente.
Como todos ustedes saben, quien habla acompañó el proceso de nacionalización de YPF; además, dada nuestra representación y actividad, seguimos acompañando tal proceso en la medida que sirva para aumentar el volumen de reservas y lograr que la Argentina vuelva a tener autoabastecimiento y contar con una empresa de bandera que lidere el mercado.
Aquí se habla de lo que sucedió en 2012 respecto de la presión de España en función de los mercados internacionales, fundamentalmente, la Unión Europea. Eso es así –ha pasado y, obviamente, debemos recriminarlo-, pero formó parte de la teoría de la imprevisión de la Argentina, que si bien es cierto que nacionalizó una empresa no es menos cierto que confiscó sin pagar ni tener reglas de juego claras. Así quedó expresado en la sesión oportunamente llevada a cabo para considerar este tema.
La situación arrastró al biodiésel; a raíz de los inconvenientes generados se cerraron mercados y la industria entró en crisis; ello, para los pequeños y medianos productores, pero no para los grandes. Debo recordar que la industria del biodiésel tiene empresas cuyos volúmenes son muy grandes; algunas de ellas, que incluso son conducidas por renombrados personajes de la vida pública y empresarial argentina, no han tenido esa afectación.
Sí es cierto que la pequeña y mediana industria sufrió y que hubo parálisis en los volúmenes de consideración de los valores de referencia, como asimismo que el mercado del biodiésel se vio envuelto en una especie de interna y de discusión por ver si aquella vieja idea que propulsó en algún momento el presidente Kirchner ahora es diferente al compás de las nuevas ideas de jóvenes dirigentes del área económica. En todo caso asistimos a una interna que cada vez más fue paralizando al sector.
Nosotros hicimos manifestaciones por la necesidad de mantener empleada a nuestra gente, que estuvo suspendida y desempleada a principios de año. Así se lo hicimos saber al ministro de Economía, incluso cuando visitó esta Cámara.
En todo caso lo que hoy estamos mensurando es una reparación, una medida que lleva adelante la idea de dar una certeza al sector en la colocación de su producto. Además nuestra industria ocupa uno de los lugares más altos en las exportaciones de aceite de soja a los distintos mercados europeos.
Creo que esta es una buena medida pero insisto en que no se habla de políticas para el sector. En todo caso sigue habiendo una continua imprevisión y de modo permanente tenemos curvas y contracurvas, marchas y contramarchas. En nuestra opinión un país que efectivamente tiene que encaminarse hacia la normalización de su matriz energética debiera tener un compromiso con las reglas de juego, sin que ésta fuera una materia modificable constantemente, mucho menos cuando hay funcionarios que se cambian unos con otros. No tenemos reglas de juego del Estado, por lo que pienso que si es importante otorgar valor agregado a la industria y a la matriz energética las políticas de Estado deben superar los naturales formularios de los funcionarios de turno.
Entiendo que hay que acompañar esta medida porque me parece reparadora; la industria la apreciará y servirá como complemento para que los dos mil trabajadores puedan seguir empleados, para que la Argentina recupere mercados y para que el volumen de biocombustibles tenga cada vez mayor desarrollo.
Para finalizar quiero mencionar algo que no se ha explicitado: el corte del 7 por ciento, y tal vez del 10 por ciento, implica dejar de pagar tanto por los productos que importamos en relación con los combustibles fósiles. (Aplausos.)

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: si toda la producción de la Argentina dependiera de nosotros, no tendríamos ninguna duda en tratar de vender biocombustibles. Nuestro país produce mucha soja y harina de soja. El subproducto es el aceite, que tiene un mercado de exportación complejo, en especial por el cierre de los mercados chinos, que quieren producir ellos el aceite. Esto significa que si vendiéramos aceite bajaría mucho el precio, lo que también castigaría los ingresos argentinos por venta de soja. Debido a ello, como país, la idea de quemar aceite para producir biocombustibles es de toda lógica, y nosotros acompañamos la política de desarrollo del mercado de biocombustibles. Pero siendo esto así, podemos ir hacia atrás y ver lo que pasó. Se estableció un régimen de biocombustibles y se estipuló que no iba a ser gravado.
Se invirtieron 1.500 millones de dólares –algunos dicen 2 mil- para crear una industria de biocombustibles, pero después se cambiaron totalmente las reglas de juego. Se crearon los impuestos que se decía que no había que aplicar, lo que obviamente impactó en las posibilidades de venta del mercado interno argentino. También se fijaron retenciones a las exportaciones y esto impactó en el mercado externo argentino.
Así llegamos a un sistema completamente arbitrario en el que el gobierno y sus funcionarios jugaban con cuál era el precio que iba a recibir el productor de biocombustibles. Dicho sistema es completamente inconstitucional, tal como lo dijo la Corte hace pocos días, porque el Poder Ejecutivo fija arbitrariamente las retenciones móviles y las cambian todo el tiempo, cuando el único que puede poner impuestos es el Congreso.
De manera tal que existe un fenómeno extraordinario por el cual los industriales venden su producto pero no saben a qué precio. Después les informan el precio de venta, pero es una locura que esto sea así.
Mientras tanto, como el gobierno había generado su crisis energética y no le alcanzaba la producción local, decidió importar gasoil y fueloil a través de los famosos convenios con Venezuela y eximir de impuestos a estas importaciones. Entonces, tenemos un mismo producto que, si viene de un origen, está exento; pero si viene de otro, está gravado. Los productores nacionales pagan; los extranjeros, no. Otra cosa alucinante del sistema regulatorio argentino.
Como resultado, llegamos a una parálisis extraordinaria del mercado de producción de biodiésel, que es el que ahora estamos tratando de remendar, como si fuésemos zapateros, poniendo un parche en el agujero, para parar un poco el desastre.
La verdad es que esta es una industria que puede ser hecha por grandes o pequeñas empresas que pueden producir harina, aceite o biocombustibles. Con todo este desmadre de intervencionismo estatal absurdo –no por intervenir sino por hacerlo mal- lo que ha sucedido es que las grandes se han mantenido vivas, y a ellas vamos a beneficiar hoy en día con desgravaciones impositivas importantes. Pero las empresas chicas se han fundido, y a nadie le importa nada porque el gobierno argentino quería cobrar retenciones y después tapar los agujeros del desastre del mercado energético.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Entonces, mirando para delante, está claro que lo que hay que hacer es fijar reglas previsibles a largo plazo para que todos los que quieren producir biocombustible lo puedan hacer en igualdad de condiciones.
¿Qué es lo que nos propone el dictamen del oficialismo que estamos tratando en este momento? Nos propone un régimen que regirá hasta que se termine el mandato de Cristina Kirchner.
¿Cómo se van a generar incentivos para producir en la Argentina? ¿Cómo se va a incentivar a los pequeños productores para invertir en la Argentina con un régimen que acabará el año que viene, suponiendo que el kirchenrismo termine su mandato el año que viene? Nosotros suponemos que será así, y también lo esperamos. Evidentemente, este régimen no va a funcionar.
Por otra parte, este es un mercado peculiar porque los productores de biodiésel tienen un insumo, que es el poroto de soja, cuya retención es muy alta: 35 por ciento. La exportación de biodiésel tiene una retención mucho más baja. Ahora dicen que será del 11 por ciento, pero hasta ayer no lo sabíamos porque no estaba publicada. Estamos en una especie de Estado de derecho telefónico: nos cuentan por teléfono, pero las medidas no se publican. Pero aparentemente hoy debería estar en un 11 por ciento, aunque por ahí mañana está en el 20 por ciento no lo sabemos, porque hay un funcionario que hace lo que quiere con esto, a pesar de la Corte Suprema y de la Constitución Argentina.
Lo cierto es que ellos compran porotos de soja baratos en la Argentina porque su exportación tiene un impuesto muy alto. Entonces, las empresas de biodiésel obtienen un beneficio artificial. Cuando exportan, por ejemplo, al 11 por ciento, hay una diferencia muy apreciable de protección de sus exportaciones.
En esto hay que hacer bien las cuentas. Nosotros no queremos tener una industria en la que solamente estén los grandes, amigos de los gobernantes, o cercanos o con acceso al teléfono o al escritorio de los gobernantes. Queremos una industria en la que estén todos los que quieran estar, grandes y chicos. Queremos reglas de largo plazo para que todos puedan estar en la misma situación.
Por otro lado, no queremos beneficiar subsidiando a las empresas. Lo que queremos es que haya un mercado sustentable en el largo plazo: que si son competitivos, produzcan, y no generar mecanismos por los cuales dependa de los funcionarios si los empresarios se hacen ricos o no, según cómo les fijan los impuestos, las retenciones y demás.
Entonces, nos parece que a este proyecto le hace falta una vuelta más para llegar a ser un sistema de largo plazo de producción de biocombustibles democrático, en el sentido de que los chicos también puedan participar en el juego. Para eso hay que hacer bien las cuentas, a fin de no terminar teniendo costos fiscales altos para el pueblo argentino al que hoy le estamos negando, por ejemplo, la actualización del mínimo no imponible para dar subsidios a empresarios privados, que en realidad no son la prioridad social del Congreso de la Nación.
Me parece que deberíamos hacer algo sustentable, legal, constitucional y equitativo. Todo eso falta en este dictamen. Por eso lo hemos firmado en disidencia. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. ZABALZA, JUAN CARLOS (SANTA FE): Señora presidenta: en primer lugar, quiero aprovechar este espacio para rendir nuestro homenaje a una luchadora argentina de cuyo fallecimiento se cumplió un nuevo aniversario el 12 de mayo. Me refiero a Alicia Moreau de Justo, una militante por los derechos en la Argentina.
Hoy estamos tratando un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que en la realidad actual va a actuar como paliativo frente a una situación que se ha generado en la producción y comercialización de los biocombustibles. Esto arranca hace ya bastante tiempo, inmediatamente después de que se concretara la recuperación del paquete accionario de Repsol por parte de YPF, cuando por una resolución unilateral –no de la Secretaría de Energía, que era la encargada y la autoridad de aplicación de la ley de biocombustibles, sino de un entente de diversos ministerios se baja el precio de comercialización interna de los biocombustibles en la Argentina. Obviamente, suponemos que también era para mejorar un poco los números de YPF.
En esa circunstancia nosotros presentamos un pedido de informes en esta Cámara, que fue girado a la Comisión de Energía y Combustibles esto data del 21 de agosto de 2012, pero nunca fue tratado.
Como todos saben, la industria de biocombustibles tiene un asentamiento esencial y fundamental en nuestra provincia de Santa Fe. Tuvimos la inquietud, a través del propio gobierno de Santa Fe, que había sido consultado por las cámaras la que nuclea a los grandes empresarios y la que nuclea a las pymes, y planteamos la gran preocupación por la circunstancia que se generaba en nuestra provincia con respecto a la sustentabilidad de este proceso.
Nosotros tratamos de considerar esto por la vía parlamentaria, y gracias a la buena voluntad del entonces presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería logramos mantener una reunión con empresarios de la provincia de Santa Fe, algunos de quienes hoy se encuentran aquí acompañando este debate, lo cual nos parece muy positivo. En la medida en que creamos en el Parlamento tendremos más posibilidades de resolver los temas concretos de la gente.
Creo que esa resolución se aparta de los principios esenciales de una ley que se sancionó por unanimidad en ambas Cámaras. Me refiero a la Ley de Promoción de Biocombustibles, que habla de diversificar la matriz energética colaborando para aumentar la energía renovable y la promoción de la seguridad energética de la Argentina, además de coadyuvar al desarrollo sustentable del medioambiente, promover el desarrollo industrial en zonas de economías regionales y, por ende, la creación de empleos.
Aquí me voy a referir al tema de las pequeñas y medianas empresas. La ley continúa refiriéndose a promover los desarrollos tecnológicos innovadores tanto en materia de procesos como de productos industriales, todo ello respaldado por el Estado a través de incentivos fiscales y políticas activas.
Esta resolución borró la política de Estado que se había implementado en materia de biocombustibles. Al bajar el precio en el mercado interno se le produjo una lesión muy grande a todo el mecanismo de producción de biocombustible de las pymes, que son las que aportan fundamentalmente al mercado interno, es decir, las que comercializan vía YPF la compra del biocombustible.
¿Por qué se insistió en medidas unilaterales? No lo sabemos. Nosotros estamos convencidos de que este tipo de medidas no alcanza para gestar un plan nacional. En este sentido, insisto en que debe haber una convocatoria permanente de quienes defendemos los intereses nacionales. Allí agrupamos a la Nación, a YPF, a las provincias y a las inversiones de los privados que en función de reglas de juego establecidas por la ley 26.093 de biocombustibles llevaron adelante varias inversiones de diversa magnitud en distintos lugares del territorio nacional.
Queremos rescatar que son todas reglas de juego que permanentemente hay que tener en cuenta y respetar a fin de tener credibilidad en un proceso de desarrollo autónomo y sustentable de nuestro país.
Además de todo esto, se produjo el cierre de las importaciones de biocombustible de la Unión Europea, que nosotros no compartimos. Nos pusimos a disposición de la Cancillería y dialogamos con el propio ministro Timerman acerca de la necesidad de emprender una acción conjunta frente a la Unión Europea a efectos de dar vuelta esta decisión. También nos reunimos con el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Establecimos contacto entre los empresarios de la provincia de Santa Fe y las cámaras de la Unión Europea. Creo que hace falta tener un diálogo que nos permita avanzar sobre situaciones que se han producido y que son negativas para los intereses nacionales. Esta es una necesidad que debemos asumir entre todos.
También necesitamos del Estado nacional para una agresiva política exterior de búsqueda de nuevos mercados en el tema del biocombustible, que creemos que existe.
Creo que tenemos dos deberes esenciales en función de la ley de biocombustibles: uno es acrecentar dentro de los marcos de la lógica el porcentaje de las mezclas, es decir, el consumo interior de biocombustible, como parte de la modificación de la matriz energética nacional, que es donde hay que encuadrar el tema de los biocombustibles. El otro deber consiste en acrecentar las exportaciones con valor agregado, que también es una parte sustancial de las cosas en las que tenemos que avanzar los argentinos.
Este reclamo ya lo hicimos en agosto de 2012 y nunca fue atendido. A veces la mayoría se acostumbra mal; da la sensación de que se reúne para aprobar determinados proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que son de su interés, y no para abordar las problemáticas de las provincias; en este caso de Santa Fe, donde se ha configurado un creciente desarrollo industrial.
Todo esto se debe hacer en consonancia con una ley sobre biocombustibles, que no debemos quitar de nuestra mira porque es esencial para el desarrollo autónomo de la Argentina en todos los campos. Para que los señores diputados entiendan, lo único que se logró durante los últimos dos años fue empeorar la situación de quienes creyeron en el país y quisieron invertir.
Tenemos muy en claro que hay diferentes intereses; por ejemplo, hay intereses económicos muy fuertes que forman parte del complejo agroexportador sojero instalado en la provincia de Santa Fe. En este aspecto, también hay responsabilidades en el Estado por generar determinadas condiciones; de todas formas, una vez que fueron generadas hay que respetarlas.
Es necesario que nos sentemos a discutir para llegar a un acuerdo y avanzar en función de intereses dirigidos esencialmente a pensar en lo público y en cómo se redistribuye la riqueza obtenida a partir de esta materia prima tan importante para la Argentina.
Se generó desconfianza, no hubo inversiones y también hubo dudas en las familias de los trabajadores. Se registró una enorme cantidad de suspensiones y muchas plantas terminaron paralizadas. Como decía hace instantes el señor diputado Pinedo, no se pueden violar permanentemente las reglas de juego. Si se lo hace, no hay confianza; si no hay confianza, no hay inversiones; si no hay inversiones, es imposible impulsar un proceso económico autónomo.
Además de las restricciones externas, el sector atravesó por distintas dificultades derivadas de las políticas implementadas por el gobierno nacional. En este punto debemos mencionar el sistema de alícuotas móviles, que impedía conocer con anterioridad el precio final de venta, y la aplicación de un régimen de tributación diferente para los productos importados. Tal es el caso del gasoil, importado sin aranceles. Es decir que el gasoil importado, que le costó al país una cantidad de dinero infernal, no tiene aplicado ningún impuesto, mientras que nuestro combustible fabricado por manos argentinas con capitales propios sí se encuentra gravado. Me parece que esa situación debe ser modificada, porque si no, la producción nacional no es competitiva.
A esto debemos agregar las demoras en las publicaciones de los precios. Las pequeñas y medianas empresas están muy condicionadas por los valores del mercado interno, pero sin embargo el último mes en que se publicaron los precios fue marzo. Como consecuencia ha pasado que las pymes vendieron su producción y después los costos no cerraron porque los precios eran muy bajos en comparación con ellos. Existe una ecuación en la reglamentación de la ley donde se establece un procedimiento orgánico para fijar los costos en el mercado interno.
Este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que disminuye parcialmente la carga impositiva y ha sido aceptado no sólo por las grandes industrias, sino también por las pequeñas y medianas como un paliativo en el momento actual, lo acompañaremos porque creemos que es necesario para la existencia de un sector que ha sido ejemplo –como tantos otros sectores agroindustriales de capacidad emprendedora y competitividad. Sin embargo, entendemos que es una medida parcial frente al problema, porque no tiene previsibilidad ni parece ser suficiente para revertir la situación del sector.
Por las razones expuestas, apoyaremos esta iniciativa en general, pero plantearemos objeciones respecto de dos artículos. Primero, pedimos que no sólo el biodiésel destinado al mercado externo goce de la exención, sino que ésta alcance a todos sus usos. Segundo, que la exención no sea aplicada hasta el 31 de diciembre de 2015 es decir, cuando concluya el actual mandato presidencial, sino por el mismo plazo que contempla la ley 26.093 de biocombustibles, que planteaba el régimen de promoción por veinte años. Estaríamos hablando de 2027 y no de 2015.
Por último, quiero hacer una reflexión, porque creo que ninguno de nosotros somos contestes respecto de lo que está pasando en este momento. Todos estos temas relacionados con la matriz energética que necesitamos en la Argentina y el rol de los biocombustibles debemos discutirlos en el marco de un gran debate nacional que determine saber hacia dónde vamos como país, qué es lo que apuntalamos y qué es lo que no apoyamos.
Nosotros tenemos en claro que en el marco del desarrollo económico nacional hay que apuntalar reglas de juego y, básicamente, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que democratizan la economía y permiten generar empleo.
Pero, además, es necesario pensar al biodiésel y a otros aspectos de la economía en términos de cadena de valor. ¿Por qué? Porque necesitamos romper la dicotomía entre el campo y la industria y entre ésta y los servicios, porque entre los argentinos precisamos pensar cómo poner coto a un modelo extractivista que se da bajo determinadas condiciones y en donde la responsabilidad esencial es de las políticas públicas y a favor del bienestar de todos los argentinos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.


SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS): Señora presidenta: coincido parcialmente con algunos conceptos planteados en el mensaje que acompaña al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que está siendo considerado por la Honorable Cámara.
En especial estoy de acuerdo con lo que se expresa en relación con la importancia estratégica que tiene el sector de los así llamados biocombustibles, en este caso, el biodiésel, porque sabemos que genera un valor agregado a los productos agrícolas, que en lugar de exportarse a granel se industrializan en las distintas regiones de nuestro país, lo que a su vez se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo, tecnificación, investigación y desarrollo.
Habrá notado, señora presidenta, que dije “así llamados biocombustibles, en este caso, el biodiésel” porque, en primer término, quiero formular una observación que no es meramente semántica, sino que profundiza más el tema. Me refiero a que deberíamos utilizar términos más adecuados, que justamente deberían ser “agrocombustible” y “agrodiésel”, en virtud de que este es un tema discutido, porque no se conoce bien cuál es el impacto ambiental y ecológico de estos nuevos combustibles.
Como es sabido, nuestro clima se está viendo amenazado por los cambios que se están registrando. Precisamente, la presente escasez que existe en cuanto a los combustibles fósiles hace que el mundo se encuentre ante una gran encrucijada. Por ende, los cambios que hoy produzcamos pueden ocasionar consecuencias lamentables o no para las futuras generaciones.
Los agrocombustibles se presentan como una opción prometedora para reducir el dióxido de carbono en el sector del transporte. Sin embargo, cada vez son más las pruebas que demuestran que esto, lejos de producir esa reducción, contribuye a generar un aceleramiento del cambio climático.
Asimismo, los agrocombustibles y otros tipos de fuentes de energía necesitan –esto lo estamos observando a través de este proyecto de ley- un respaldo público que incluya subvenciones o desgravaciones impositivas para ganar así una cuota de mercado.
Estos incentivos se justifican alegando que los agrocombustibles aportan ventajas climáticas, a pesar de que se prevén profundos problemas sociales y medioambientales como consecuencia de su producción. Entre ellos podemos mencionar la deforestación, la destrucción del ecosistema, la escasez de agua, los conflictos agrarios y la inseguridad alimentaria.
El segundo punto es que todos sabemos, y lo debemos decir, que este problema comenzó en abril de 2012, cuando este gobierno impulsó la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol. Obviamente, España tomó represalias y generó nuevas normativas junto con la Unión Europea para reducir la compra de biodiésel argentino, que está hecho principalmente con soja. El impuesto antidumping se aplica al biodiésel argentino desde fines de noviembre del año pasado y se fijó en 24,6 por ciento, con lo cual se paga entre 216 y 245 euros por tonelada, con la justificación de que la Argentina estaba vendiendo el producto a un costo demasiado bajo.
Ahora, yo me pregunto: si la expropiación de YPF se resolvió de forma amigable con España y está todo bien, como se ha dicho en este Congreso en una sesión anterior, ¿por qué aún se mantiene esta medida? Tendríamos que reflexionar. ¿O será a lo mejor que el acuerdo no fue tan exitoso como nos quieren hacer creer?
Según datos oficiales, desde 2009 la Argentina fue el principal abastecedor de biodiésel de la Unión Europea, y ésta su principal comprador. En 2011 las ventas de este producto alcanzaron 1.847 millones de dólares, el 13 por ciento de lo que la Argentina exportó a la Unión Europea. Ya todos sabemos cuál es la realidad de hoy, totalmente diferente a aquella.
El tercer punto que quiero mencionar es que esta medida no es suficiente para hacer frente a este problema que estamos viviendo los argentinos. Me parece importante que podamos plantear que no sólo el biodiésel que se destine al mercado eléctrico goce de esta exención, sino también aquello que está más al alcance...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Señora diputada: por favor concluya, ya que se ha agotado su tiempo.


SRA. BIANCHI, IVANA MARIA (SAN LUIS): Pido perdón a mis compañeros, porque pensé que tenía 10 minutos.
Pido que en el Congreso se pueda debatir la cuestión de fondo, que es la energía en la Argentina, que no se está discutiendo, sino que solamente se disponen parches motivados por problemas de caja y no hay una solución integral al sector. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS): Señora presidenta: quiero destacar esta medida, más allá de las observaciones que tenemos para hacerle.
Obviamente, nos cabe una reflexión y es que seguramente tendremos que seguir trabajando en esta dirección, porque yo pertenezco a una región que se verá muy beneficiada con esta medida. Tenemos dos plantas que están trabajando y este incentivo va a generar una mayor producción, lo cual significará más puestos de trabajo y más movilidad, que dará más beneficio a nuestra región.
En nuestro país el biocombustible genera una gran cantidad de beneficios: otorga valor agregado a nuestras materias primas; genera fuentes de empleo en el interior ayer casualmente me reuní con representantes del sector que estaban muy contentos con esta medida; diversifica la matriz energética nacional; es un importante nicho ocupado en gran medida por pymes y cooperativas; favorece la adopción de fuentes de energía renovable y amigable con el medio ambiente, mitigador del cambio climático y lo más importante, cuando se lo exporta, favorece el ingreso de divisas al país.
Es de público conocimiento que el sector de biodiésel se encuentra atravesando un período de crisis. Esto se refleja en menor medida en que por el tema de la exportación hay industrias que hoy están produciendo con un 50 por ciento de su capacidad ociosa.
En nuestro país se comenzó con la producción de biodiésel en 2007, llegándose apenas a 180 mil toneladas. En 2011 la producción de biodiésel alcanzó 2,3 millones de toneladas. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de biodiésel en 2012 fue de 2,4 millones de toneladas, habiéndose exportado cerca de 1,5 millones. Durante 2007 y 2008 la exportación de biocombustible estaba destinada principalmente a Estados Unidos.
A partir de 2009 el principal importador era la Unión Europea. Las medidas arancelarias impuestas por el Viejo Continente, a partir de 2013, afectaron exportaciones por un valor superior a 1,5 millones de toneladas anuales.
La Argentina exportó hasta noviembre de 2012 un total de 1,47 millones de toneladas de biodiésel.
La situación de crisis que viene afectando al sector del biodiésel en la Argentina se debe a las malas políticas que se llevaron a cabo en la última década. Las retenciones a las exportaciones de biodiésel eran del 14 por ciento hasta 2012. Hoy tienen un esquema variable que ronda aproximadamente el 20 por ciento.
Por otro lado, existió una aplicación de cupos de importación de diésel fósil, principalmente en Venezuela, con bajísimos aranceles de importación, compitiendo deslealmente con el biodiésel.
Lamentablemente, hoy los costos de producción son mayores que los precios de venta, dando pérdidas y poniendo en riesgo el empleo de más de 10 mil trabajadores.
Como broche de oro para el sector, surgió la decisión del gobierno nacional de expropiar acciones de Repsol, lo que generó un descontento de la Unión Europea, que tomó como represalia un aumento notable de los aranceles.
Si bien considero necesario que existan incentivos para la actividad, entiendo que la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de prorrogar los plazos de aplicación de los impuestos es inconstitucional, toda vez que los incisos 1º y 2º del artículo 75 de la Constitución Nacional determinan la potestad del Congreso de la Nación para legislar en materia impositiva.
Es más, el artículo 52 de la Ley Fundamental le otorga el privilegio a la Cámara de Diputados de la Nación de impulsar leyes sobre contribuciones. Incluso, el artículo 99 de la norma citada prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones legislativas en materia tributaria.
No podemos facultar por ley al Poder Ejecutivo para que prorrogue beneficios impositivos.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Ha concluido su tiempo, señor diputado. Por favor, concluya.


SR. AGUILAR, LINO WALTER (SAN LUIS): Si tiene un plazo vencido, éste debe ser modificado. Me quedan otros conceptos, pero como no tengo tiempo, adelanto que nuestro bloque va a votar favorablemente este proyecto.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.


SR. OLIVA, CRISTIAN RODOLFO (SANTIAGO DEL ESTERO): Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque del Frente Cívico por Santiago al proyecto en tratamiento. Creo que es una materia en la que existe consenso del impacto positivo que va a tener en la producción de biodiésel el acompañamiento del Estado, que se va a agregar a los esfuerzos que viene realizando la actividad privada a lo largo y a lo ancho del país. Estamos hablando de una actividad relativamente nueva en la Argentina.
Se han citado casos de provincias y regiones. Particularmente quiero referirme a la mía, Santiago del Estero. Hasta hace muy poco tiempo no teníamos ningún grado de actividad en cuanto a la producción. Nos hemos visto beneficiados en 2009 con un emprendimiento particular de sectores empresariales que han confiado en la provincia y en la dirección del Estado en lo que tiene que ver con este segmento de la producción.
En la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, se ha realizado una fuerte inversión, superior a los 60 millones de dólares, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha inaugurado una fábrica de producción que representará más de 200 puestos de trabajo y un impacto en empleos directos superior a los 1.500. Esto se ha logrado en un contexto internacional absolutamente desfavorable y pesimista en el que era común ver cómo cerraban fábricas y el mundo vivía una crisis profunda en el sector industrial.
Esto se contrapone con la situación que ha vivido mi provincia en las últimas décadas, que se ha visto privada de la posibilidad de lograr un desarrollo industrial. La inauguración de esta fábrica es claramente significativa para dimensionar la apuesta fuerte que se ha realizado desde el Estado nacional, tanto para el Norte argentino como para otras zonas alejadas, a fin de permitir que este tipo de actividades se desarrolle.
Para que tengamos dimensión de lo que esto significa, se trata de un emprendimiento que demanda, desde el punto de vista energético, más que la propia ciudad de Frías, que tiene 25 mil habitantes. Esto dimensiona la importancia de esta industria. Por ello, me parece más que acertado que hoy, a través de este proyecto de ley, se esté dando un incentivo desde el punto de vista impositivo para este tipo de emprendimientos a fin de fortalecerlos dentro de un contexto internacional en el que las importaciones de nuestro país se ven dificultadas.
Por estas consideraciones, desde nuestro bloque acompañaremos la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe, que comparte su tiempo con el señor diputado Lousteau.


SR. JAVKIN, PABLO LAUTARO (SANTA FE): Señor presidente: estamos frente a un debate que marca una pequeña corrección ante un enorme error.
A partir de 2006 en la Argentina se estableció por ley una política de Estado –que nosotros acompañamos en ese momento para favorecer el desarrollo de una industria vinculada al biodiésel, pero haciendo hincapié en la importancia de desarrollar el sector pymes dentro de una actividad industrial como ésta, que implicaba valor agregado, posibilidad de incorporación de tecnología y desarrollo regional ligado a la producción agropecuaria.
Hay que remarcar que hubo una respuesta positiva, y quizás allí es donde tengamos que poner mayor énfasis. Hubo una reacción positiva a partir de la sanción de la promoción e incentivos al desarrollo de estos emprendimientos. Esto trajo como consecuencia el desarrollo y la creación de pymes en materia de biocombustibles, que en la provincia que represento –Santa Fe han tenido un impacto muy importante no sólo en lo relacionado con las grandes cerealeras sino también con el sector de las pymes.
Hay alrededor de 2.500 personas empleadas en pymes que se relacionan con el biocombustible; existen productores en varios lugares de Santa Fe, como Camila, Chabas, Sancti Spiritu, Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez y las zonas de Puerto General San Martín y San Lorenzo. En todos estos lugares encontraremos emprendimientos ligados al desarrollo industrial como respuesta a esta promoción.
¿Cuál es el problema? Empezamos a introducir, sobre todo a partir del año 2012, una serie de distorsiones incomprensibles que fueron deteriorando, en reemplazo del incentivo, la propia calidad emprendedora que dichos proyectos habían desarrollado.
Si vamos hacia atrás, podemos mencionar algunas medidas muy importantes, como la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, que fija los precios. Se conocen numerosos reclamos realizados durante este año y el anterior a raíz de la demora, hasta tres o cuatro meses, en la fijación de los precios. Como consecuencia de ello, al momento de establecerlos quedan por debajo de los costos y su reconocimiento pone en riesgo la cadena de inversión de las pequeñas y medianas empresas. En algunos casos señalados por las pymes del sector estamos hablando de 1.400 pesos sobre 7.200 pesos respecto de los costos.
Debemos remarcar que la devaluación incide sobre el sector porque la materia prima está dolarizada. Las empresas producen biocombustible a partir del aceite de soja y del metanol, cuyo valor en pesos se fija de acuerdo con el valor del dólar y es provisto por YPF. Como saben los señores diputados, el aceite de soja es un commodity que también tiene esta fijación. Por supuesto que si combinamos el valor del insumo dolarizado y la demora en el reconocimiento del precio, claramente podemos predecir qué habrá de pasar a un pequeño o mediano productor.
Además, a ello debemos sumar la distorsión en materia impositiva. La Unión Europea nos acusa de dumping, una de cuyas características –como bien señalara el señor diputado Lousteau- es el diferencial entre la retención al biocombustible y a la soja como producto primario; pero hemos ido fijando las retenciones móviles al biocombustible a niveles del 27,5 por ciento, a tal punto de acercarlas a la retención al producto primario. He escuchado a muchos diputados de la oposición quejarse, con razón, de medidas adoptadas por la Unión Europea, pero también deberíamos quejarnos de decisiones tomadas en estos años en relación con tal distorsión.
Frente a ello nuestro bloque presentó un proyecto que apunta al fundamento, sobre cuya base solicitaremos autorización para abstenernos; se trata de un tema referido a una discusión que ya se ha dado y respecto del cual nuestra bancada ha fijado posición en muchísimas ocasiones: las potestades delegadas en materia tributaria. El Poder Ejecutivo no puede asumir facultades tributarias. Incluso, al respecto existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya hemos manifestado. En tal sentido, ratificamos nuestra posición en cuanto a que tal delegación es inconstitucional.
Como decía, hemos presentado un proyecto en el que el Congreso fija la exención, pero no lo hacemos sólo de cara al año 2015. Si la idea es corregir un error para volver al espíritu de 2006, en modo alguno la medida podría ser provisoria a un año ya que lo que pretendemos es recuperar credibilidad y estabilidad en las reglas para el pequeño o mediano productor.
Por otro lado, proponemos reducir al 5 por ciento la alícuota de retenciones en materia de exportación. Como señalara el señor diputado Feletti, en el día de ayer, a partir de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, el gobierno habría tomado la medida de reducir al 11 por ciento las retenciones móviles. De todas formas, esto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial ni se halla en el sistema María de la AFIP.
Nosotros habíamos formulado un planteo en el mismo sentido. Precisamente, si queremos llevar a cabo una política de incentivos es necesario sostener el diferencial entre las retenciones a la exportación del producto con valor agregado y las que se practican sobre el producto primario. Ojalá esto se confirme. Hoy hablamos con empresas ligadas al sector, que atentamente esperan la confirmación de la medida que según entendí el señor diputado Feletti mencionó en su argumentación.
Por otra parte es necesario señalar que existe un 50 por ciento de capacidad ociosa. Es decir que despertamos a una industria que a partir del esfuerzo y el emprendimiento del sector pequeño y del mediano ha logrado generar no sólo empleo sino también capacidad productiva de valor agregado sobre un producto primario; sin embargo, hoy llevamos a la industria a la situación de que el 50 por ciento de la capacidad generada no pueda ser utilizada o quede subutilizada.
Entonces, más allá de discutir si favorecemos la producción para el corte –no sólo el incentivo debe estar allí, y por eso decimos que se trata de una pequeña corrección para un gran error-, debemos considerar la potencialidad que tiene la industria. Tomando un planteo realizado por el señor diputado Lousteau, habría que acentuar los controles para verificar hasta dónde efectivamente se efectúa el corte.
Permítaseme hacer un agregado que me parece muy importante en relación con un tema en debate que tiene que ver no sólo con el rendimiento energético y la cuestión ambiental ligada a la producción de biocombustibles sino también con la soberanía o sustentabilidad alimentaria.
La Argentina tiene ejemplos muy interesantes que se están desarrollando en nuestro sistema científico y universitario, en muchos casos con una intervención correcta del Conicet, tendiente a sustituir productos alimenticios en la elaboración de biocombustibles. En mi ciudad existe el INDEAR, una asociación entre la empresa Bioceres y el Conicet, que lleva adelante investigaciones con YPF precisamente en relación con los cócteles enzimáticos de biomasa para reemplazar por biomasa la producción de biocombustibles a partir de alimentos.
En la Universidad Nacional del Litoral existe un proyecto muy interesante para la fabricación de biocombustibles a partir de un residuo industrial como la glicerina.
Hemos hecho algo muy positivo: hemos puesto en marcha una industria de valor estratégico a nivel mundial; nos hemos ocupado de que crezca el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En lugares muy pequeños del interior del país, no sólo en Santa Fe, hemos logrado que ese impulso tenga un reflejo en pequeñas y medianas empresas. Pero de golpe, en dos años, tomamos medidas que lo único que hacen es permitir que las pymes padezcan problemas; hoy están adelantando vacaciones, el próximo paso sería suspender. Por eso espero que se confirme esa medida correctiva en materia de retenciones móviles.
El Congreso debe ratificar la decisión que tomó, asumir su potestad indelegable en materia tributaria; fijar con claridad la ratificación de una política de promoción del desarrollo de las pymes; también proteger a las pymes de los grandes jugadores de un negocio que sabemos que es complicado, como el del complejo agroexportador agropecuario, y sobre todo animarse a decir que hay estabilidad de reglas para una política de desarrollo local y productivo a pequeña y mediana escala de la fabricación de biocombustibles no dependiente del nivel de corte que disponga un ministro de Planificación, apuntando con seriedad en el futuro al desarrollo y potenciando las inversiones serias en ciencia y tecnología para mirar a largo plazo el debate sobre la sustitución de biocombustibles obtenidos a partir de alimentos. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: ya se ha hablado acerca de los beneficios del proyecto y entiendo que al respecto hay poco que agregar, por lo que deseo realizar algunas reflexiones desde otro lugar.
Se ha dicho una y otra vez que esta situación tiene como origen el inicio del proceso de expropiación de Repsol. Hoy mismo en diversas intervenciones se planteó esta cuestión, y considero que faltan algunos elementos en esa consideración.
La Unión Europea ha creado mecanismos de dumping que se iniciaron por medio de una actitud unilateral de España, que era la destinataria de alrededor del 80 por ciento de las exportaciones argentinas de biodiésel, y las interrumpió. En agosto de 2012 la Argentina interpuso un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio por estas medidas restrictivas que la Unión Europea hizo suyas, afectando no sólo a nuestras exportaciones sino también a las de Indonesia. Esto en buena medida desvirtúa la argumentación referida a Repsol.
En mayo de 2013 la Unión Europea se expidió imponiendo un derecho antidumping provisional sobre las exportaciones de Argentina e Indonesia por un período de seis meses. En octubre de 2013 lo aprobaron de manera definitiva; esta es una medida que empezó a regir en el mes de noviembre. De esta manera queda absolutamente desvirtuada la idea de vincular este tema a Repsol.
Por lo tanto, esto hay que ponerlo claramente en el marco de las medidas proteccionistas que los países centrales en este caso, la Unión Europea aplican sobre los países en vías de desarrollo.
En octubre del año pasado la Argentina planteó una queja ante el organismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. El 25 de abril la OMC convocó a un panel a raíz de la solicitud de nuestro país en relación con el dumping; hasta el momento los Estados Unidos, China, Rusia, Australia, Malasia, Noruega, Arabia Saudita y Turquía han reservado su derecho para participar en el debate como terceras partes, lo cual se aleja bastante del enfoque vinculado a una mera cuestión que tenga que ver con un castigo por la expropiación de acciones de Repsol e YPF.
Creo que corresponde ubicar este tema en el marco de lo que ha dicho nuestra Cancillería, que ha planteado esta actividad como crecientemente proteccionista de las potencias –en este caso, de la Unión Europea- que perjudican especialmente a los países en vías de desarrollo.
Tal como escuchamos a algunos diputados en el debate en comisión, si seguimos hablando de confiscación o del robo que la Argentina habría cometido con Repsol -tal como sostienen algunos líderes políticos-, me parece que no estamos entendiendo el fondo de lo que se discute.
Mucha de la argumentación crítica que se ha escuchado en relación con este proyecto se vincula a supuestos manejos incorrectos, irregulares o arbitrarios de las políticas internas. A partir de esos análisis, nada se ha dicho del conflicto real que la Argentina está enfrentando con la Unión Europea a partir de la aplicación de estas medidas que efectivamente nos perjudican, de la misma manera que sucede con otros países por situaciones similares.
Cuando se habla de todas estas cuestiones tampoco se tiene en cuenta el impacto que provocamos desde el punto de vista de nuestra matriz energética y del ahorro de divisas con el que la Argentina se beneficiaría al rechazar la cantidad de gasoil importado por vía del incremento de la producción del biodiésel.
Es cierto que la fabricación del biodiésel está dominada por un mercado de producción oligopólico. También es cierto que existe una cantidad de pequeñas y medianas empresas que de manera creciente se han volcado al desarrollo de esta actividad, a la que nosotros entendemos que este proyecto beneficiará de manera significativa.
Quisiera recordar a los que han hecho hincapié en la concentración del 80 por ciento de la producción en un grupo de empresas, y lo mismo podríamos decir de la mayoría de las ramas de la actividad económica, pero no se escucha hablar de este tema a los señores diputados.
Si hablamos del comercio exterior, podríamos decir que un pequeño grupo de empresas monopoliza el 80 por ciento. Si hablamos de los problemas que tenemos con los precios internos, podríamos decir que la mayoría de los alimentos e insumos que consumen los ciudadanos argentinos son víctimas de una producción fuertemente concentrada.
Me parecería bien que algún día asumiéramos la discusión desde el punto de vista del rol que juegan los monopolios en los distintos rubros de actividades y no agarrarlos con pinzas cuando queremos encontrar argumentos para descalificar un proyecto del Poder Ejecutivo.
Por estas razones, creemos que el voto acompañando este proyecto es adecuado, y por eso el bloque que integro, Nuevo Encuentro, va a acompañar esta iniciativa.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. SCHIARETTI, JUAN (CORDOBA): Señora presidenta: creo que todos los diputados preopinantes han dejado en claro la importancia estratégica que tiene la producción de biodiésel para nuestro país. En un mundo que precisa cada vez más energía, en un mundo que precisa energía limpia, la Argentina tiene un gran potencial para producir biodiésel y todo lo derivado de los productos primarios que significan energía limpia. Por eso es algo estratégico.
Pero además es estratégico porque significa agregarle valor a nuestra producción primaria. También es estratégico e importante para las provincias productoras, como es el caso de mi provincia –la de Córdoba, porque fija en el lugar al hombre que nació en el campo, ya que esta actividad genera nuevos puestos de trabajo.
Sin dudas, esta actividad está en crisis, y no vale la pena repetir los argumentos que aquí se han vertido. Por eso, porque es estratégico, porque es importante para nuestro país y porque es fundamental para no gastar divisas, nosotros vamos a acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo con el voto afirmativo del bloque Unión por Córdoba.
No obstante ello, quiero proponer una modificación. En el artículo 1º hay un párrafo referido a las exenciones que me parece necesario aclararlo un poco más, porque si bien la letra de la ley dice claramente que el biodiésel puro no podrá ser gravado hasta el 31 de diciembre de 2015, hay un vacío desde 2011 cuando venció la desgravación que tenía hasta este momento.
Solicito que en ese párrafo se agregue “a cuyo fin prorrógase, desde su vencimiento, el plazo de 10 años fijado por el decreto 1.396/01”. Propongo este agregado para que quede absolutamente claro y todos los productores, fundamentalmente los pequeños y medianos, tengan la seguridad de que no le van a venir reclamos impositivos por este punto.
Con este agregado que pretendemos hacer en este artículo, ratificamos nuestro apoyo a este proyecto de ley.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: desde el bloque Unidad Popular no vamos a acompañar este proyecto. Nos vamos a abstener porque estamos convencidos de que estamos en presencia de una decisión de carácter cortoplacista que no toma en cuenta algunas cuestiones que son de carácter estratégico y estructural y que merecerían considerarse antes de tomar definiciones que tienen un costo fiscal realmente significativo. Con esto nos referimos a la consecuencia que produce para la especialización productiva de nuestro país la decisión de producir a escala biocombustibles, pero en particular biocombustibles a partir del aceite de soja, es decir, no cualquier biocombustible. Habría que preguntarse qué tipo de señal estamos dando para la especialización productiva futura de la Argentina al agregar una demanda adicional de esta naturaleza para lo que es un cultivo ya demasiado predominante en nuestro país, como es la soja.
En segundo lugar, habría que preguntarse qué tipo de lugar se le va a otorgar a este tipo de biocombustibles en el marco de la matriz energética de nuestro país y en el horizonte productivo que queremos consolidar. Dicho de otra manera, sin la discusión precisa –que para nosotros no ha existido de un horizonte estratégico, lo que estamos viendo es que con este proyecto estamos cediendo y desgravando, con un costo fiscal del orden de los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que ha dicho el miembro informante, y que en realidad es lo que viene demandando el lobby de las grandes aceiteras desde hace dos años, que son básicamente las más importantes, responsables del 70 por ciento de la producción y exportación de biocombustible.
En realidad, con la excusa del cierre europeo –un cierre de carácter transitorio porque no tiene consenso en Europa y además porque luego del acuerdo indemnizatorio con Repsol seguramente España no va a mantener la sanción que pidió- y sin que se tome en cuenta que hay posibilidad de sustituir el mercado europeo por el norteamericano que en el año 2008 absorbió el 85 por ciento de la producción- se está dando lugar a lo que hace dos años reclamaron las empresas aceiteras en el sentido de no tener que pagar impuestos, luego de que se agotó el decreto firmado por la Alianza, que favorecía la desgravación completa del biodiésel.
¿De quién estamos hablando? Nos estamos refiriendo a gente muy particular: Ecofuel, Aceitera General Deheza, Bunge y Born, Renova –que es un joint venture entre Glencore y Vicentín-, Grupo Eurnekian, Louis Dreyfus y Molinos. Es decir, estamos hablando de siete empresas que concentran el 80 por ciento de un mercado que se conformó de esta manera.
Si queremos tener una estrategia sobre las pymes, no se debería dar un beneficio general sino que tendría que ser específico situado sobre las pequeñas y medianas empresas, es decir, no de esta manera genérica en la que estamos reproduciendo el comportamiento de un mercado oligopólico.
Realmente nos asombra la liviandad con la que podemos desprendernos de 2 mil millones de pesos anuales. Esa liviandad fiscal no se escucha cuando debatimos por ejemplo el aumento de emergencia que necesitan los jubilados ni cuando se discute la suba del mínimo no imponible o el aumento de las escalas para que los trabajadores que pagan no tengan que pagar. Nos asombra que haya liviandad fiscal para algunas cosas y para otras no.
También nos llama la atención la liviandad con la que se discute, porque no se toma en cuenta, por ejemplo en términos de rendimiento energético, qué es lo que estamos privilegiando con esto.
Los estudios indican que por cada unidad de energía fósil que gastamos para que se produzca aceite de soja, en realidad sólo obtenemos 0,53 de biodiésel. Es decir que no es cierto que sustituimos la necesidad de hidrocarburos sino que por cada unidad de hidrocarburo logramos media unidad de energía procedente del aceite de soja.
Inclusive, cuando vemos los cultivos que permiten obtener los litros por hectárea cosechada, la soja es la que menos rendimiento energético tiene: 420 litros por hectárea. En cambio, la jatropha, por ejemplo, un cultivo que podría obtenerse en lugares absolutamente áridos y que no competiría con tierras dedicadas al cultivo alimentario, permite obtener 1.520 litros por hectárea.
Por lo tanto, nos parece que no se están tomando en cuenta los efectos que la expansión de la soja, asociado a esto, ya tiene en términos de deforestación, erosión de suelos, pérdida de carbono, drenaje de zonas húmedas y destrucción de biodiversidad. Tampoco se están tomando en consideración los efectos sanitarios. Estamos discutiendo la instalación en Córdoba de una planta de Monsanto que utiliza 1.750.000 litros de plaguicidas y fertilizantes que son veneno y 850 mil litros de cliotidina, que producen efectos sobre el agua y sobre la salud, provocando abortos espontáneos, tumores y otras cuestiones.
Nosotros creemos que es demasiado serio el debate sobre la especialización productiva de la Argentina y sobre el tipo de matriz energética que hay que conformar, ya que afecta el ambiente y la salud de nuestra población. Por ello, merecería mayor consideración y no se deberían dilapidar 2 mil millones de pesos que serían útiles para fomentar otro tipo de actividad. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.


SRA. COMELLI, ALICIA MARCELA (NEUQUEN): Señora presidenta: nuestro bloque acompañará la sanción del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional. Consideramos que si bien no soluciona la difícil coyuntura del sector, es un paliativo necesario. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esperamos el fallo de la Organización Mundial del Comercio; si bien confiamos en que será favorable, es imperioso actuar.
Por otro lado, también esperamos que con este capítulo podamos cerrar la controversia con el gobierno de España, más aún después de los acuerdos a los que hemos arribado y en mérito a los lazos históricos e inquebrantables que existen con nuestro país.
Asimismo, nos gustaría que esta medida sirva para profundizar el estado actual y la potencialidad de nuestro país respecto de sus recursos renovables. Es un tema que ha sido postergado pero que merece nuestra atención.
En este marco, la incorporación de los biocombustibles ha sido una de las novedades introducidas en la actividad energética durante la última década a partir de la sanción de la ley 26.093 en el año 2006, que estableció –entre otras medidas promocionales el corte obligatorio de los combustibles utilizados en el transporte, sumado a la incorporación de tecnología y la aparición de nuevos mercados internacionales. En este punto, la irrupción del biodiésel ha sido fundamental; fue justamente su exportación la que sirvió de motor a esta nueva industria.
Ya que otro diputado habló sobre la sanción de la Unión Europea, me parece importante rescatar el objetivo de este proyecto de eximir al biodiésel destinado a la generación eléctrica de la alícuota que pesa sobre el gasoil y de la tasa aplicada a los combustibles líquidos, porque ello favorecerá a las empresas que forman parte de la cámara argentina del sector de los combustibles. En mi provincia hay solo una, Maikop, en el parque industrial petroquímico de Cutral CoPlaza Huincul, que es controlada por Petrolera Argentina.
A esta altura de mi exposición quiero hacer un paréntesis y plantear la situación de las pequeñas refinerías. En mi provincia, luego de la privatización de YPF, tuvo lugar un movimiento muy grande que se conoció como “la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul”, luego del cual se acordó el establecimiento de refinerías mediterráneas, no en puerto. Actualmente, a raíz de una mala aplicación de la ley 26.895 de presupuesto nacional para el ejercicio 2014 –que faculta al Estado nacional para eximir del pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural a las importaciones de naftas destinadas a compensar diferencias entre la capacidad instalada para su elaboración respecto de la demanda total se ha generado una asimetría impositiva que va a en detrimento de las pequeñas refinerías, con todo el costo que ello implica para sus trabajadores y para las economías regionales.
Por estos motivos, acompañaremos el proyecto en consideración y junto con el señor diputado San Martín presentaremos una iniciativa que plantea la necesidad de modificar los artículos que hagan falta para que las pequeñas refinerías no sufran las asimetrías generadas por este régimen de importaciones que las excluyen.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. PITROLA, NESTOR ANTONIO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: estamos considerando un proyecto por el que se propicia la eliminación de impuestos internos al biodiésel. Ya hubo una reducción de retenciones al sector; sin embargo, la exportación no mejoró. Se trata de una pérdida de ingresos al fisco de 2.300 millones de pesos, lo que tornará más gravoso el sostenimiento del presupuesto público por parte de los bolsillos populares. Por eso adelanto que nuestro bloque va a votar negativamente esta iniciativa.
El gobierno, a través de su mayoría en esta Honorable Cámara, ha convocado a una sesión especial para tratar este proyecto por el que se establece la reducción de este impuesto. Antes nos citó para la creación de una nueva deuda externa que ha servido para rescatar a los vaciadores de YPF. La semana que viene vamos a discutir otra rebaja, en este caso de los aportes patronales con la excusa del blanqueo. Pero se boicoteó la sesión especial que impulsamos casi cien diputados para debatir un proyecto por el que se propicia la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o, como lo planteó nuestro bloque y la bancada del Frente de Izquierda, la anulación del impuesto al salario. Creemos que se está desarrollando la agenda del gran capital.
Se dice que esto es para salvar una industria compuesta por una treintena de fábricas de biodiésel con más de dos mil trabajadores, pero el 80 por ciento de la producción se encuentra dominado por diez grupos que pertenecen al complejo sojero, cerealero y aceitero, que es uno de los más poderosos del país. Justamente la señora presidenta de la Nación inauguró la empresa Renova, constituida por Vicentín, Oleaginosa Moreno y Molinos Río de la Plata, que es considerada la más grande del mundo en materia de biocombustibles, con capacidad para producir el 20 por ciento del biodiésel actual del mercado. Y ya existe una superproducción.
Es decir que estamos trabajando con un poco más del 50 por ciento de la capacidad instalada y vienen nuevos grupos monopólicos a operar en la actividad. Inevitablemente tendremos una concentración capitalista de esta rama de la producción.
No se nos escapan los cuestionamientos por parte de compañías automotrices y de los propios grupos petroleros, incluso del directorio de YPF, que han presentado debates al interior de las filas oficiales. También hay controversias acerca de quién se quedará definitivamente con los 2.300 millones de pesos. Pero lo seguro es que no se los quedará el pueblo argentino consumidor y trabajador.
Vamos al núcleo de nuestra posición. Después de depredar los recursos energéticos no renovables exportando petróleo y un gas que no tenemos, ahora sostenemos la matriz energética nacional apelando a la industria de los biocombustibles, a la que cuestionamos concretamente por varios motivos. En primer término, porque se basa en una producción de alimentos. Aquí se establece una competencia entre motores y seres humanos. La producción de biocombustibles libera los precios de los alimentos en el mercado internacional, agravando el hambre y la caída del poder adquisitivo de los salarios de miles de millones de personas y de trabajadores en el mundo.
En segundo lugar, ¿por qué seguir avanzando en la ampliación de la frontera sojera y cerealera a costa de desmontes que suponen desastres ambientales, agravando los ya existentes como consecuencia del tema de las semillas transgénicas, los herbicidas y demás? Es una matriz energética que nos está llevando al fracking y a los biocombustibles. La rechazamos y en su lugar impulsamos otra matriz energética basada en métodos de energía renovable, como por ejemplo la eólica. El 30 por ciento de la energía utilizada por un país industrial como Alemania, que es uno de los gigantes de la exportación mundial, es de origen eólico. Pero aquí estamos profundizando la matriz energética basada en los combustibles no renovables.
Esta industria trabaja fundamentalmente para la exportación. Acá se dijo que España y la Unión Europea nos castigaron cuando se resolvió la expropiación por utilidad pública de YPF y España tramita el corte de las exportaciones ante la Unión Europea, y eso no se ha reparado hasta el momento, a pesar del enorme premio que les hemos dado a los vaciadores de Repsol. Cabe preguntarse si alguna vez se va a indemnizar al país por este chantaje y pérdida de los mercados.
Esta rebaja de impuestos se combina con un cambio en el corte del combustible, que pasa del 2 al 8 por ciento y del 8 al 10 por ciento, según el tipo, y esto debería permitir ahorrar importaciones de combustible. El ministro Kicillof dijo que se van a ahorrar 50 millones de dólares de importaciones, es decir, 400 millones de pesos. La cuenta es sencilla: con esta rebaja de impuestos perdemos 2.300 millones y con la reducción de importaciones ganamos 400 millones. Creo que la cuenta está muy clara.
Ahora bien, esta eliminación de impuestos ¿se va a evidenciar en una baja de los precios de los combustibles? Esto se lo tenemos que aclarar al pueblo argentino: de ninguna manera. Los precios de los combustibles siguen creciendo.
El señor Molina, director de la Asociación de Fabricantes de Biocombustibles, dice en un comunicado: “Con relación a la desgravación del impuesto a los combustibles líquidos, ley 23.966, para el segmento general de consumo de gasoil, la misma debería llevar a la reducción de los precios de los combustibles mezclados en el surtidor, pero sabemos que esto no va a ocurrir y que lo que perderá el fisco va a mejorar las utilidades de las petroleras.”
Entonces, aquí hay una controversia sobre quién se va a quedar con la rebaja de los impuestos, pero seguramente no va a ser el consumidor, que es el que paga el combustible en la estación de servicio.
Ante esta crisis energética que vive la Argentina es necesario un replanteo de la matriz energética, no entregando más nuestras riquezas naturales ni recargando los precios de las licitaciones que debe pagar el Estado, sino desarrollando nuevas fuentes alternativas.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Concluya, por favor.


SR. PITROLA, NESTOR ANTONIO (BUENOS AIRES): La solución progresiva es nacional: la nacionalización integral de toda la industria petrolera y de la energía. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES): Señora presidenta: nuevamente nos encontramos ante medidas espasmódicas de este gobierno; hoy en particular sobre un importante sector industrial, muy nuevo, con alta tecnología y con importante presencia de pequeñas y medianas empresas industriales. Estas medidas hasta ahora son temporales y hasta fines de 2015, condicionadas por las restricciones por parte de la Unión Europa al ingreso del biodiésel argentino.
Más allá de diversas consideraciones de orden técnico, muy atendibles por cierto, formuladas por la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno –las cuales, si la Presidencia me permite, quisiera insertar en el Diario de Sesiones como antecedente para futuras discusiones en esta materia, deseo aprovechar el uso de la palabra fundamentalmente para poner de relieve la importancia que tiene para el desarrollo de esta estratégica e incipiente actividad agroindustrial, de enorme potencial, la definición de reglas de juego claras y estables.
En efecto, toda actividad económica las requiere, y ésta particularmente. Lamentablemente no vemos que este sea el caso, en especial durante los últimos dos años, a partir de la enorme incertidumbre, que ha generado gran perjuicio a lo largo de toda la cadena de valor de los biocombustibles, debido a la intervención dispuesta por el gobierno nacional a través de una serie de medidas de dudoso sustento jurídico, con altísimo impacto sobre nuestras economías regionales y en un gran número de pequeñas y medianas empresas.
En efecto, todos recordarán el esquema de intervención definido a partir del dictado del decreto 1.339/2012, de la resolución conjunta de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Industria y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 438/269/1001, y de la resolución de la Secretaría de Energía número 1.436, todos de fecha 7 de agosto de 2012. Por medio de ellos se determinaba un aumento del 20 al 32 por ciento para las retenciones a la exportación de biodiésel, haciendo uso de una facultad legislativa delegada y caduca en ese entonces. En ese caso se llevaron a cero los reintegros, estableciéndose un nuevo precio de referencia de uso obligatorio en el mercado interno para la venta de dicho biocombustible. Fue determinado sin ningún criterio y conocido por una Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, creada en virtud de la mencionada resolución conjunta.
Ese drástico cambio en las reglas de juego alteró de manera decisiva esta importante actividad agroindustrial, implicando en el caso de muchas pequeñas y medianas empresas la inmediata ruptura del equilibrio económico, quedando fuera de competencia con todas las consecuencias no sólo a nivel de empleo de las propias empresas sino también de las fuentes de trabajo indirectas, golpeando las economías regionales donde se encontraran instaladas.
Días atrás, dadas las restricciones comerciales externas que generaron un derrumbe de las exportaciones durante el primer trimestre del año, el gobierno finalmente debió revisar sus medidas en el caso de las retenciones, las cuales fueron reducidas a la mitad, pero el daño ya está hecho. Por lo tanto, resulta fundamental que tomemos debida nota de los errores cometidos. El desmanejo con los biocombustibles fue uno de los primeros errores de Kicillof en lo que hace al manejo de la política económica.
Insisto en la necesidad de dejar de lado la improvisación en esta materia. Todavía tenemos por delante un largo camino por recorrer para aprovechar el enorme potencial de este estratégico sector productivo. Necesitamos brindar una mayor previsibilidad y estabilidad fiscal para generar mayores inversiones.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional definitivamente resulta insuficiente y demasiado acotado temporalmente.
Hoy la capacidad instalada de la industria es del orden de los 4,6 millones de toneladas de producción anual, de los cuales sólo se está utilizando un 34 por ciento, claro indicador de la crisis que vive la industria.
Finalmente, quiero señalar un aspecto que hace a la calidad institucional que debemos procurar cuidar, pues el proyecto en consideración delega en el Poder Ejecutivo nacional la eventual prórroga del plazo de vigencia fijado para la reforma introducida, hasta el 31 de diciembre de 2015, en forma totalmente discrecional, sin sujeción a pauta objetiva alguna ni límite.
Lamentablemente, tenemos muchas experiencias negativas sobre delegación de facultades. La más notable tiene que ver con la determinación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Esto hoy nos ocupa con el pedido semanal de sesiones especiales que aún no hemos podido concretar.
Dejando en claro nuestras objeciones, y al solo efecto de permitir una mejora que esperamos no sea atemporal, votaremos afirmativamente en general este proyecto.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) A continuación, escucharemos al último orador para luego poder comenzar con los cierres.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. DEL CAÑO, NICOLAS (MENDOZA): Señora presidenta: como ha dicho el compañero Pitrola este Congreso, a partir de las iniciativas oficiales que se han presentado, viene debatiendo y votando leyes favorables para los grandes capitalistas.
Por eso creo que cada uno de los puntos que se utilizan para justificar estas exenciones impositivas a las grandes multinacionales que producen y comercializan los biocombustibles está relacionado claramente con plantear que se defienden los puestos de trabajo de más de 2.500 trabajadores del sector. Por supuesto que defendemos cada uno de estos puestos de trabajo, pero no es beneficiando a las patronales como se hace.
Por otro lado, resulta una hipocresía que se defiendan las fuentes de trabajo cuando estamos asistiendo a suspensiones y despidos masivos, como ocurrió con los compañeros de la empresa Gestamp de la industria automotriz, que recibieron 67 telegramas de despido y hasta ahora no hubo por parte del Ministerio de Trabajo ninguna resolución favorable.
Por eso, así como propiciamos mediante una sesión especial eliminar o subir el mínimo no imponible del impuesto al salario, impulsamos otra para discutir cómo prohibir las suspensiones y los despidos. En este sentido hemos presentado, desde el Partido Trabajador Socialista y junto con los compañeros del Partido Obrero, ambos integrantes del Frente de Izquierda, una iniciativa para prohibir por 24 meses los despidos y las suspensiones.
En relación con el proyecto de ley en consideración, desde el oficialismo se plantea como argumento la defensa nacional ante las restricciones de la Unión Europea. Sin embargo, como ya lo mencionaron diputados preopinantes, quienes se verán beneficiadas con esta medida son las grandes multinacionales como Cargill y la Aceitera General Deheza. Evidentemente, estas empresas multinacionales se verán beneficiadas con esta norma, y lo que se plantea no es una medida de defensa nacional sino claramente a favor de las multinacionales del agronegocio.
Hoy existe en el Congreso un consenso entre el sector patronal y el oficialismo, que ayer planteaba su puja con el campo; sin embargo, en la actualidad están beneficiando a la patria sojera.
Por estas razones, adelantamos nuestro rechazo abierto y claro a este proyecto de ley.
Reitero que se benefician todos aquellos que participan del agronegocio, por ejemplo, Monsanto, la multinacional que extrae millonarias ganancias de nuestro país.
Otro beneficio que se ha otorgado recientemente por parte del gobierno ha sido la rebaja a las retenciones para la exportación de biocombustibles en el orden del 11 por ciento. Estos beneficios o incentivos –como les llaman van a significar para estas multinacionales alrededor de 3.000 millones de pesos.
Por otro lado se plantea, como lo dijo la señora presidenta en su discurso, que esto significaría avanzar en energías limpias. Sin embargo, el proceso que se utiliza para extraer el aceite de soja se relaciona con el monocultivo del “yuyo maldito” –como lo llamó la señora presidenta en algún momento, que trae graves consecuencias para el medio ambiente y la población. Me refiero a los desmontes, el desplazamiento de las poblaciones campesinas y de los pueblos originarios junto con la utilización del glifosato que son denunciados por investigadores, organizaciones socioambientales y poblaciones.
No nos olvidamos de aquellos militantes de los territorios como Cristian Ferreyra, que en Santiago del Estero fue asesinado por un empresario del agronegocio. Entre 2009 y 2011 fueron asesinados cuatro militantes de los territorios que se resistían a ser desplazados por los empresarios del agronegocio de la soja.
Ayer participamos de una audiencia celebrada en el Congreso a la que asistieron los compañeros de la Asamblea de Malvinas Argentinas, la localidad cordobesa que viene resistiendo la instalación de la planta de semillas de Monsanto. Esos compañeros sufrieron la represión brutal por parte de la policía enviada por el gobierno de la provincia de Córdoba. También asistieron las Madres de Ituzaingó, otra localidad de la misma provincia, que denuncian la utilización de plaguicidas en los campos, que ha afectado a los pobladores de este humilde barrio.
Esta perspectiva que se plantea no implica beneficiar con energías limpias al país sino avanzar en el monocultivo de la soja, que genera terribles consecuencias ambientales y para las poblaciones.
La renta extraordinaria que se extrae de la soja va en detrimento de otros cultivos, e incluso, de la ganadería. En nuestro país, la carne y la leche son productos privativos, ya que cada vez son más caros y para millones de personas resultan inalcanzables. Por ejemplo, mientras ocurría la crisis alimentaria mundial de 2007 y 2008, ADM, Monsanto y Cargill vieron aumentar sus ganancias en un 42, 45 y 86 por ciento, respectivamente. La última de las empresas mencionadas acumuló ganancias netas por 3.200.000 dólares en 2008, mientras que setenta y cinco millones de personas habían caído en la pobreza. Estas son las empresas que se benefician. Entonces, a aquellos que dicen enfrentar las corporaciones, preguntamos: ¿dónde quedó la pelea contra la oligarquía?
Otro de los fundamentos que rechazamos es el de que se beneficiaría a los consumidores ya que no habría traslado a los precios y no aumentarían las naftas. Como anteriormente explicó mi compañero Néstor Pitrola, eso es falso pues se beneficiará a las petroleras; por ejemplo, Shell, que ayer fue denunciada por el gobierno por impulsar maniobras a favor de la devaluación en el mes de enero, hace pocos días, en forma discriminatoria, despidió a nueve trabajadores...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Muchas gracias, señor diputado, ha vencido su término.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES): Si me permite, señora presidenta, le informo que hemos cambiado la lista y ahora expondrá el señor diputado Barchetta.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. BARCHETTA, OMAR SEGUNDO (SANTA FE): Señora presidenta: en el año 2006 la Argentina sancionó la ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable del Biocombustible, con el claro objetivo de privilegiar la industrialización de la materia prima. Nuestro país es el cuarto productor y primer exportador mundial de biodiésel. El 80 por ciento de la producción se lleva a cabo en la provincia de Santa Fe.
La producción de biocombustible presenta un carácter estratégico tanto por la incorporación de valor agregado a la materia prima como por la importancia que este tipo de actividad tiene en el desarrollo de la matriz energética. Hablamos de una industria ciento por ciento argentina, que utiliza materia prima local, mano de obra nacional, aumenta el valor agregado y genera niveles altísimos de sustitución de importaciones. Sin embargo, la industria argentina del biodiésel hoy se encuentra en crisis.
Si bien una de las problemáticas por las que atraviesa el sector está relacionada con el régimen impositivo y la consecuente presión tributaria que hoy sufren las empresas productoras de biocombustibles, los principales problemas del sector están originados en una carencia de políticas públicas. Se desconocen los lineamientos estratégicos de planificación de la política energética y en consecuencia ningún empresario puede invertir porque constantemente cambiamos las reglas de juego.
Hablamos de grandes inversores, en su mayoría, de capitales nacionales. Esta es una industria que reduce los dos riesgos de cualquier producción vinculada a la agricultura: el contexto de condiciones de producción y el de los mercados; pero nos encontramos ante situaciones de crisis y despidos, lo cual sólo es entendible por falta de planificación.
En 2006 se sancionó una ley de promoción de biocombustibles, se pusieron en marcha inversiones millonarias se pusieron en marcha pero luego les cambiamos radicalmente las reglas de juego. La misma ley de promoción de biocombustibles dice que se priorizará a las pequeñas y medianas empresas, y lo único que está haciendo el gobierno nacional con su desgobierno en materia energética es beneficiar la concentración del sector en las grandes empresas, porque se toman medidas y se desconocen las distintas realidades. No es lo mismo una empresa de producción integrada de aceite de soja y biodiésel que aquella que debe comprar el aceite de soja para producirlo.
Todos estos descalabros de decisiones tomadas por este gobierno son el resultado de falta de diálogo con los actores concretos. No se puede planificar ni decidir sin dialogar.
Estamos de acuerdo con que se modifique la situación tributaria que el sector del biocombustible padece todos los días, pero consideramos que la modificación es insuficiente. La producción de biodiésel sufre una presión tributaria del 41 por ciento, que se compone del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos y el gas natural -ley 23.966-, con una alícuota del 19 por ciento, más el impuesto a la transferencia o importación de gasoil -ley 26.028-, con una alícuota del 22 por ciento. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional exime de la alícuota del 19 por ciento al biodiésel, colocándole una fecha de vencimiento al beneficio...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Ha concluido su término, señor diputado.


SR. BARCHETTA, OMAR SEGUNDO (SANTA FE): Señora presidenta: solicito que se inserte el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES): Señora presidenta: estamos tratando un tema que involucra varias cuestiones.
Sin duda alguna en primer término hablamos de la energía porque aquí estamos propiciando disminuir el impuesto a todos los combustibles de origen vegetal, y por otro lado estamos tratando la industrialización de la producción de nuestra economía agropecuaria.
Este proyecto es muy saludable si tenemos presente la necesidad de industrializar la ruralidad, pero un amigo solía decir que tenemos mucha habilidad para generar problemas a cada una de las soluciones.
El presidente Kirchner por medio de la ley 26.093 creó una solución para el problema de los biocombustibles al establecer un régimen de regulación y promoción de la industria y del uso sustentable de la economía.
Sin embargo, aunque este proyecto sea una solución saludable para nuestra economía, debemos tener presente que nuestra producción sojera es elevadísima, que dependemos de las compras del exterior y que poder transformar esa soja dentro de nuestro país también significa disminuir la vulnerabilidad y generar mano de obra y combustibles que se pueden producir a costos más baratos que los importados. Esta es la solución, pero el mismo gobierno generó los problemas cuando creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo.
Hasta 2007 la industria del biodiésel no existía en la Argentina. A partir de ese momento adquiere un notable crecimiento y se invierten más de 1.200 millones de dólares para desarrollar este proceso, pero el cambio de las reglas de juego llevado a cabo por el mismo gobierno nacional empieza con una interpretación forzada que realiza la AFIP tendiente a exigir a las compañías petroleras que tributen los impuestos específicos -que gravaban al gasoil al 41 por ciento- por la venta de gasoil cortado con biodiésel.
La tendencia de revertir los incentivos a la industria del biodiésel se profundizó en agosto de 2012 con la creación de esta Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo a través de la emisión de la resolución 438/12 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la resolución 1001/12, de miniplan, y la 269 del Ministerio de Industria.
En ese momento, los señores Moreno –secretario de Comercio Interior- y Kicillof –secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo- tomaron el control de dicha unidad y asumieron en buena parte las facultades que por decreto 109/07 y la ley 26.093 le correspondían al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Esta situación trajo aparejada serias dificultades a toda la industria.
Con la creación de esta unidad, la primera medida que se toma es bajar el precio interno del biodiésel a 4.405 pesos la tonelada, reduciéndola en mil pesos conforme debería corresponder según los cálculos del miniplan. Esto produce una serie de reclamos por parte de los gobiernos provinciales...


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Se agotó su tiempo, señor diputado.


SR. ALEGRE, GILBERTO OSCAR (BUENOS AIRES): Ya termino, señora presidenta.
Se establecieron una serie de medidas que tendían a fijar una cuota. Debía publicarse el índice de precios, pero esto nunca sucedió, y se terminó perjudicando a toda la industria.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy, quien comparte su tiempo con el señor diputado Diego Mestre.


SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY): Señora presidenta: vamos a acompañar en general esta decisión del Poder Ejecutivo. Tal como dejamos planteado anteriormente, tenemos disidencias, y las hemos señalado en las reuniones respectivas que se realizaron en las distintas comisiones.
Conocemos el problema de la Unión Europea, que era nuestro principal importador, y como consecuencias de las denuncias realizadas ante la Organización Mundial del Comercio en contra de nuestro país por posible dumping, en los últimos dos años la Unión Europea ha comenzado a aplicar elevados aranceles a la importación de nuestros productos –aproximadamente un 24 por ciento-, y en España directamente se ha prohibido su comercialización.
Sabemos que es necesario mencionar que la producción de biodiésel implica cerca de 2 mil empleos directos y más del doble de empleos indirectos. Las inversiones son del orden de los 1.200 millones de dólares, y hasta agosto de 2012 la producción de biodiésel tuvo un crecimiento más que sostenido con una producción mensual de casi 240 mil toneladas, partiendo en 2008 con 40 mil toneladas por mes. Es decir que se produjo un incremento del 500 por ciento.
Pero para el período abril 2012 hasta marzo de 2013 la producción total fue de 2.345.000 toneladas, destinando en ese mismo lapso 900 mil a las petroleras locales y 1.400.000 a la exportación. Desde septiembre de 2012 la producción bajó abruptamente a 130 mil toneladas mensuales, y a partir de febrero de este año, la caída continuó y la rentabilidad de esta industria ha sido gravemente afectada.
No debemos dejar de mencionar que la industria se ha resentido no sólo por la decisión tomada por la Unión Europea sino que otras medidas contribuyeron a este resultado; entre ellas, los altos derechos de exportación, que han hecho perder competitividad internacional.
Las exportaciones a nuevos destinos que serían necesarias para compensar la pérdida en el mercado europeo se ven afectadas por las alícuotas impuestas, que además de ser elevadas se calculan en forma imprevisible: se fijan al momento del embarque y no al de la concertación del negocio. Esto provoca diferencias en el porcentaje, generando incertidumbre en la previsión de márgenes. Ejemplo de esto es que durante el mes de marzo los contratos cerrados con una alícuota nominal del 22,7 por ciento pasaron a abonar el 27,6 por ciento, lo que provocó una quita en la competitividad del biodiésel argentino.
Ante esta situación, la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo sobre el biodiésel tomó la repentina y conveniente decisión de recortar las retenciones a la exportación de dicho combustible al 11 por ciento, decisión que, por cierto, se tomó demasiado tarde.
La excepción del pago de impuestos sobre el gasoil importado ha provocado una asimetría en los precios con el combustible y la energía generados de manera local. Ello provoca que los combustibles importados tributen hasta un 41 por ciento menos que los de producción local, situación que se intenta solucionar con el presente proyecto. Pero a nuestro entender, las medidas tomadas en el proyecto son provisorias, a muy corto plazo, y no contribuyen a mantener una cierta estabilidad en el tiempo para el desarrollo de esta actividad.
Por ello hemos presentado una disidencia parcial al proyecto del Ejecutivo, que sin afectar su espíritu en general, puede servir para mantener la competitividad de un sector dinámico de la economía regional.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. MESTRE, DIEGO MATIAS (CORDOBA): Señora presidenta: después de revisar los argumentos de la mayoría y de la minoría y estudiar el funcionamiento y aplicación de las leyes en cuestión, entiendo que el espíritu de este proyecto es beneficioso para la industria nacional de biocombustibles. Todos sabemos que esta industria es clave en la matriz energética nacional y que la energía es la clave del crecimiento y el desarrollo de nuestro país.
Expreso mi apoyo al proyecto, aunque con ciertas reservas. Quiero expresar algunas inquietudes que espero que contribuyan a enriquecer este debate.
En primer lugar, es difícil saber si la desgravación en el caso del biocombustible mezclado en el surtidor se traducirá en una baja en los precios o será una pérdida para el fisco nacional. Y lo que es más difícil aún de saber es si el supuesto beneficio para los consumidores acabará en las arcas de las petroleras.
En segundo término, he leído algunas conclusiones de especialistas que coinciden en lo siguiente: para que el biodiésel pueda ser vendido con el propósito de generar energía eléctrica, los precios que reconoce y fija Cammesa deberían resultar más atractivos.
En tercer lugar, si este proyecto tiene como objetivo abastecer al mercado interno de biodiésel a base de una mezcla del 20 por ciento de aceite de soja para el transporte automotor de cargas y también para el sector agropecuario, necesitaríamos 13 millones de toneladas. Siguiendo con la misma línea de razonamiento, en 2015 serían necesarias 2.300.000 hectáreas de soja sólo para abastecer al sector agropecuario.
Esto plantea el interrogante de los monocultivos y la potencial desertificación de nuestro suelo, algo que incluso el propio gobierno nacional ha utilizado como argumento en la elaboración de sus políticas.
El plan estratégico alimentario y agroindustrial planea llevar el cultivo a 42 millones de hectáreas, lo que representaría el fin de los bosques. El 70 por ciento de esta superficie sería soja. Ni siquiera estoy hablando de los agroquímicos, que destruyen y envenenan el ecosistema, cuyo consumo creció un 200 por ciento entre los años 1998 y 2011.
Por eso los proyectos que impulsen el desarrollo de las bioenergías deben obedecer a una política coherente y diseñada fundamentalmente para proteger el medioambiente de las externalidades.
En resumen, considero que la desgravación propuesta puede impactar sobre la demanda de biodiésel, beneficiar al mercado interno e impulsar a la industria, pero en definitiva esto es lo urgente. Lo importante es situar nuestra mirada en el largo plazo y planificar políticas energéticas abarcativas para no incurrir en marchas y contramarchas. En definitiva, necesitamos mayor planificación y menos improvisación.
Las recientes medidas antidumping que adoptó la Unión Europea en represalia por la expropiación de YPF, de manera antidiplomática y brusca, generaron una disminución en las exportaciones y un perjuicio a la industria.
Para terminar, quiero reiterar mi apoyo a este proyecto de ley porque el sector necesita una rápida respuesta para su recuperación, máxime tratándose de un sector que crea valor agregado y genera divisas. Pero dejo abierto el debate para que nos replanteemos algunos de estos temas que nos preocupan a largo plazo.


SRA. PRESIDENTA(ABDALA DE MATARAZZO) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. BASTERRA, LUIS EUGENIO (FORMOSA): Señora presidenta: vemos con buen augurio y mucha expectativa este mayoritario reconocimiento a la política del gobierno nacional respecto a la promoción de los biocombustibles, en particular a la producción de biodiésel.
Vemos que todos han comprendido que en este mundo la ingenuidad puede llegar a significar una falta de responsabilidad en el ejercicio de la política. Cuando observamos que los países dominantes liberales para las otras naciones pero ampliamente proteccionistas- nos ponen en situaciones en que tenemos que dar respuesta a nuestra industria nacional, a nuestro proyecto de desarrollo, nos damos cuenta de que el realismo político toma entidad y se hace cada vez más importante para la adopción de medidas que posibiliten construir el camino del desarrollo.
Este es el arte de la conducción; este es el arte de no enamorarse de los instrumentos, de ver en qué oportunidad hay que utilizar un instrumento de política macroeconómica que permita que la balanza de pagos se equilibre, y cuando esta se vea afectada, se pueda cambiar, adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de aquellos atributos que todos –o por lo menos la gran mayoría- han reconocido en esta política.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.

SR. BASTERRA, LUIS EUGENIO (FORMOSA): Hay que tener en cuenta lo que significa el aporte de los biocombustibles a la matriz energética, lo que significa la industrialización de la ruralidad, el agregado del valor en origen y lo que significan los servicios ecosistémicos que brinda nuestra producción agropecuaria cuando hace un aporte al freno que implica desequilibrios en la huella de carbono a partir del uso de biocombustibles.
Sin duda que si esto no fuera así, la Unión Europea no lo aceptaría y adoptaría alguna otra medida. El hecho de que la Argentina produzca biocombustibles de manera tal que la huella de carbono y el equilibrio en términos de secuestro de carbono sea positivo, es una ventaja que tiene nuestro sistema productivo.
Por estas razones vamos a acompañar este proyecto de modificación del impuesto a los biocombustibles, y la demostración de la adaptación a las circunstancias y a la situación cambiaria.
Entendemos que se hayan aportado ideas y visiones diferentes, pero también creemos que no se condicen con la realidad de quienes tienen que gobernar.
Un debate similar al que ahora se está desarrollando tuvo lugar hace dos años cuando se planteó la recuperación de YPF. Muchos votaron de manera afirmativa porque, en términos generales, conceptualmente coincidían con el valor estratégico de recuperar nuestra YPF para su desarrollo. Sin embargo, luego pusieron muchas objeciones que fueron rebatidas cuando se discutió el pago de la indemnización.
Sin duda, los resultados de la decisión que se tomó en aquel entonces han sido altamente satisfactorios. Por eso en esta circunstancia solicitamos el voto favorable de todos los diputados, porque creemos que debemos confiar en que lo que ocurrió con YPF va a suceder también con los biocombustibles. Debemos tener confianza en la capacidad de adaptación, en que la generación de este tipo de políticas permitirá el desarrollo de esta industria y en que la aprobación de esta norma está alineada con el siguiente concepto: que permitirá recuperar la competitividad y la producción, equilibrar la balanza de pagos, fortalecer nuestro sistema de agregación de valor en origen y fundamentalmente proteger las fuentes de trabajo generadas en este modelo de producción de biocombustibles. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. PEROTTI, OMAR ANGEL (SANTA FE): Señor presidente: en 2006, en la provincia de Santa Fe era ley un proyecto presentado el año anterior por el entonces gobernador Jorge Obeid –colega nuestro hasta su desaparición sobre promoción provincial para la investigación, desarrollo y uso de todos aquellos recursos utilizables para la producción de energía renovable no convencional, que incluía a los biocombustibles.
En un decreto dictado al año siguiente se declaró a la provincia de Santa Fe como productora de combustibles vegetales. Sin duda, toda la legislación nacional fue dando marco a lo que es hoy la industria de los biocombustibles. En los años 2007 y 2008, como país éramos un pequeño número en materia de producción de combustible verde. En nuestra provincia, ese complejo aceitero –ese complejo de producción de harinas y subproductos, de lecitinas, etcétera- indudablemente necesitaba una inyección adicional para potenciar la producción de biocombustibles. Claramente, la integración de la producción y la incorporación del valor agregado quedaban plasmadas en ese potencial, lo que sumado a la infraestructura portuaria daba como resultado uno de los mayores complejos del mundo, del que estamos orgullosos en nuestra provincia.
El año 2007 también estuvo marcado por la realización de la primera exportación de biodiésel que tuvo lugar en la ciudad de Avellaneda, en el Norte de Santa Fe, por parte de la empresa Vicentín. Estamos hablando de hace siete años, lo que demuestra la dinámica y la decisión de ese sector empresario de invertir, de producir para el mercado local y de prepararse para llegar rápidamente a los mercados internacionales.
Ese dinamismo que permitió afrontar los obstáculos permanentes que los países desarrollados, particularmente los de la Unión Europea, han puesto a la Argentina, fue el que hizo considerar la posibilidad de buscar mercados alternativos como Estados Unidos y Perú.
Esa respuesta, sobre la que es preciso mantener una firme posición, que la Argentina ha presentado a través de nuestra Cancillería ante la Unión Europea, claramente nos ubica a todos los argentinos en la defensa del valor agregado. La Unión Europea permanentemente ha subsidiado sus productos primarios en detrimento de las posibilidades argentinas de colocación de sus bienes a precios razonables en los mercados internacionales.
Allí debemos tener en claro que esa dinámica es lo que nos preocupa. En ese sentido estaría bien que en 2015 hagamos una evaluación del sector. Esa dinámica y capacidad seguramente van a permitir una recuperación del sector y que todos los argentinos hagan una evaluación de dicho sector. Estoy convencido de que claramente se va a recuperar y crecerá mucho más en cuanto a las posibilidades de obtener divisas y ayudar a la balanza energética.
Creo firmemente que sería bueno que allí también se haga un análisis con un nuevo gobierno, ya que Santa Fe es una beneficiaria directa. Nos corresponde más del 80 por ciento. De esa manera podremos saber si además de esos recursos que necesitamos, queremos y valoramos y del impulso que se ha dado vamos a estar en condiciones de revisar las otras producciones que hay que sumar para las energías no renovables o no convencionales que la Argentina necesita.
Por eso estamos claramente convencidos de que este es un paso positivo para el sector. Es una señal para poner en discusión a la Argentina respecto de su matriz energética. Ya no se analiza la potencialidad energética de un país en función de si tiene más o menos recursos fósiles, sino a partir del potencial energético total. En ese sentido los argentinos sumamos plenamente.
En oportunidad del tratamiento del proyecto relacionado con el convenio celebrado entre Repsol e YPF dijimos, respecto de esta última empresa y del Conicet, que claramente el sector científico tiene mucho que aportar en relación con el tema de los biocombustibles. Eso se está dando en nuestra provincia con la presencia del Conicet y de las universidades. Asimismo esto se manifiesta con claridad en lo relativo a la producción, la investigación y la genética de semillas de primera y de segunda generación. En ese sentido, Colza, Jatropha y Tártago son las otras empresas que habrá que ir sumando en la producción nacional y de cada uno de los territorios.
Federalizamos la producción energética y de combustibles. Esto es claramente bueno para la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente para la Argentina.
Por lo expuesto, vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley en consideración porque pensamos que estamos dando un paso muy importante para un sector estratégico. Muchas veces se reclama al país que cuide sus sectores estratégicos. En ese sentido quiero decir que cuesta tener una estrategia de comercio exterior y llegar al mundo con productos argentinos. En consecuencia, cuando tenemos una debemos cuidarla y hacer todos los esfuerzos necesarios para ese desarrollo, la integración de la producción primaria, la industrialización, el desarrollo científico y tecnológico que el sector puede aportar y, lógicamente, nuestro balance energético. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Corresponde pasar a la votación nominal en general del dictamen de mayoría.
Si hubiere asentimiento, se autorizará a abstenerse a los señores diputados Carrió, Ana Carla Carrizo, De Gennaro, Javkin, Lousteau, Lozano, Riestra, Sánchez y Scaglia.

- Asentimiento.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Quedan autorizadas las abstenciones solicitadas.


SRA. SCAGLIA, GISELA (SANTA FE): Quiero aclarar que mi voto es afirmativo.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se toma nota, señora diputada.
Señor diputado Lozano: ¿usted se abstiene?


SR. LOZANO, CLAUDIO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Sí, señor presidente. Dije que el bloque se abstiene. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. DI TULLIO, JULIANA (BUENOS AIRES):


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Disculpe, no lo tenía registrado.
Se va a votar nominalmente.
Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.


SRA. ABDALA DE MATARAZZO, NORMA AMANDA (SANTIAGO DEL ESTERO):

- Se practica la votación nominal2014/132OE03_01_R04.pdf.

- Conforme al tablero electrónico, sobre 230 señores diputados presentes, 217 han votado por la afirmativa y 4 por la negativa, registrándose además 8 abstenciones.

SR.(SECRETARIO (CHEDRESE)) Han votado 217 diputados por la afirmativa y 4 por la negativa. (Aplausos.)


SR. PETRI, LUIS ALFONSO (MENDOZA): Señor presidente: que quede constancia de mi voto afirmativo.


Aquí votación nominal

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) La votación ha resultado afirmativa. En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: vamos a proponer una modificación en este artículo por lo que expresé en mi presentación, ya que entendemos que legislativamente no es adecuado eximir del pago de tributo a quien no está gravado.
Específicamente, proponemos en el artículo 1° del dictamen de mayoría, en la parte que dice: “Concepto” y “Alícuota”, agregar como primer inciso: “Biodiésel 19%”, y donde dice: “Concepto” y “$ por litro”, agregar como primer inciso: “Biodiésel 0,15”.
Al mismo tiempo proponemos sustituir el penúltimo párrafo por: “En el biodiésel combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado, no pudiendo modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre de 2024. El biodiésel puro estará exento hasta dicha fecha.”
Asimismo se elimina el párrafo que faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo de vigencia de dicha ley.
Sometemos esta propuesta a consideración del miembro informante de las comisiones.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): No es sobre el artículo 1º, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. SCHIARETTI, JUAN (CORDOBA): Señor presidente: nosotros proponemos que al párrafo que termina diciendo: “El biodiésel puro no podrá ser gravado hasta dicha fecha”, se agregue: “...a cuyo fin prorrógase desde su vencimiento el plazo de diez años fijado por el decreto 1.396/01.”
Esto es para dar seguridad a los productores de biodiésel de que no se les va a reclamar algo que teóricamente venció en 2011. Si no se incluyera esta aclaración, podría ser reclamado.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES): Señor presidente: quiero solicitar un cambio en el artículo 1º. Me refiero al penúltimo párrafo, que comienza diciendo: “En el biodiésel combustible el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente gasoil u otro componente gravado...” Propongo que ahí haya un punto y se elimine el texto que dice: “...no pudiendo modificarse este tratamiento hasta el 31 de diciembre de 2015.” O sea que quede sine díe. Además propongo que quede la frase que sigue con una modificación: “El biodiésel puro no podrá ser gravado.” En consecuencia, quedaría sin fecha.
También quiero que se quite el último párrafo que faculta al Poder Ejecutivo a modificar esta situación.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. BROWN, CARLOS RAMON (BUENOS AIRES): Señor presidente: Simplemente para acompañar la propuesta del señor diputado Schiaretti.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad, me confunde, señora diputada. Me dice que sí, que no, y ahora va a hablar de este artículo.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Pero este es el momento de la siesta para los provincianos, señor presidente. Ustedes porque son del conurbano. (Risas.)
En el artículo 1º impugnamos por inconstitucionalidad la facultad que se otorga al Poder Ejecutivo Nacional para prorrogar el plazo, ya que viola el principio del artículo 76 de la Constitución Nacional.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor miembro informante por el bloque de la mayoría.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: escuchando las sugerencias de los bloques de la oposición, quiero decir que no es que no vamos a hacer lugar a las modificaciones propuestas, sino que vamos a ratificar el artículo tal como fue redactado, porque inclusive creemos que satisface algunas preocupaciones planteadas respecto de la incidencia del tributo y del tributo retroactivo. Entendemos que todo está cubierto por la forma como fue redactado el artículo, por lo que no vamos a aceptar las modificaciones planteadas.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se va a votar el artículo 1º del dictamen de mayoría.


- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: voy a proponer una modificación a este artículo 2º, que se refiere al artículo 1º de la ley 26.028.
El primer párrafo queda prácticamente igual, excepto –y acá sí recogemos una inquietud de la oposición en la última frase, ya que cambiamos la fecha de vigencia, para hacerlo compatible con la ley 26.422. Entonces, el término correcto a partir de la coma que aparece después de la palabra “futuro” es el siguiente: “...que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.”
Luego suprimimos el párrafo por el que se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar el plazo consignado en el párrafo precedente. O sea que esa facultad queda sin efecto. Se suprime la facultad que se le daba al Poder Ejecutivo de prorrogar un impuesto con afectación específica. Ahí sí estaríamos violando el artículo 76 de la Constitución. Además, vamos a limitar la facultad de las exenciones, conforme a lo que voy a proponer.
Reitero que se modifica la fecha que se había propuesto como modificación del artículo 1º de la ley 26.028, cambiando el 31 de diciembre de 2015 por el 31 de diciembre de 2024.
Luego agregaríamos un párrafo que diría: “El biodiésel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica se encontrará exceptuado del presente impuesto, facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a prorrogar el plazo establecido.” Entendemos que lo que se faculta es la exención y no el impuesto, porque estamos en línea con el planteo, según han coincidido casi todos en la caracterización, de que se trata de un sector muy dinámico, que incluso, aun con el cierre de la exportación a Europa, pudo exportar a Estados Unidos.
Consecuentemente, una exención tributaria de estas características no puede perdurar en el tiempo. Efectivamente, podría ocurrir que el sector alcance nuevamente capacidad de competir en el mundo o que –es la expectativa que tenemos sustituya en forma creciente la importación de gasoil. Por estos motivos, el incentivo fiscal no puede extenderse en el tiempo.
De este modo, el artículo 2° se hace compatible con el artículo 1° en ambos tributos: el impuesto general a los combustibles y el impuesto adicional al gasoil, para que sea consistente con una exención de carácter transitorio, tal como lo señaló la presidenta de la Nación al presentar este proyecto de ley.
Además, no comprometemos con esta exención recursos fiscales del futuro gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015. Entonces, queda en claro cuáles son los motivos de la presente redacción.
El párrafo siguiente queda redactado exactamente de la misma manera. Asimismo, en el párrafo cuarto, incorporamos una corrección para hacer compatible el artículo con la modificación anterior, considerándose dos cuestiones. Diría así: “A los fines del presente gravamen se entenderá por gasoil al combustible definido como tal en el artículo 4° del anexo del decreto nº 74 de fecha 22 de enero de 1998 y sus modificatorios...”. Esta última referencia faltaba en el texto. Luego de este agregado la redacción continúa igual, pero se suprime la última frase del mencionado párrafo, porque es redundante.
Si el señor presidente me permite, pasaré a dar lectura de cómo quedaría redactado finalmente el artículo 2°.
Se trata del artículo 1° que modifica la ley 26.028, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°- Establécese en todo el territorio de la Nación, con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer efectivas las compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos de transportes de pasajeros por automotor, a la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario de pasajeros o de carga, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
“El biodiésel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica se encontrará exceptuado del presente impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo referido.” Es decir, queda la vigencia del impuesto, conforme a la ley 26.422, hasta el 31 de diciembre de 2024, y se crea la exención hasta el 31 de diciembre de 2015, facultándose la prórroga al Poder Ejecutivo nacional.
El tercer párrafo dice así: “El impuesto mencionado en el primer párrafo será también aplicable al combustible gravado consumido por el responsable, excepto el que se utilizare en la elaboración de otros productos sujetos al mismo, así como sobre por cualquier diferencia de inventario que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, siempre que no pueda justificarse la diferencia por causas distintas a los supuestos de imposición”.
El cuarto párrafo, también modificado, quedaría redactado de la siguiente forma: “A los fines del presente gravamen se entenderá por gasoil al combustible definido como tal en el artículo 4° del anexo del decreto nº 74 de fecha 22 de enero de 1998 y sus modificatorias, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural”. El resto del texto contenido en el proyecto original es suprimido.
El último párrafo, dice así: “Teniendo en consideración que la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ha emitido las normas técnicas que posibilitan la utilización del gas licuado para uso automotor, la transferencia de dicho combustible, en el caso de estaciones de carga para flotas cautivas, resultará alcanzada por el presente impuesto”. Es decir que este párrafo no modifica el proyecto original.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: en primer lugar, aclaro que respecto del artículo 1° nuestro bloque se pronunció en contra.
Nosotros aceptamos las modificaciones propuestas por el señor miembro informante, pero entendemos que el biodiésel destinado a la generación de energía eléctrica representa al 10 por ciento de la producción; es decir que sólo estamos eximiendo en relación con ese porcentaje. Al mismo tiempo, este biocombustible compite con un combustible importado exento de impuesto. Nosotros creemos que debe existir una equiparación. Por ello, en el cuarto párrafo deberíamos decir: “El biodiésel que fuera empleado se encontrará exceptuado del presente impuesto”, sin aclarar el destino específico relativo a la generación eléctrica. En tal caso, estaríamos conformes con la modificación.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

SR. RICCARDO, JOSE LUIS (SAN LUIS): Señor presidente: atento a lo expresado recién por el señor diputado Feletti, no es clara la forma en que ha quedado redactado el artículo en cuestión, que debería decir: “Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo consignado en el párrafo precedente”. Se entiende que ese párrafo precedente es el que hace alusión a la vigencia del 31 de diciembre de 2015. Creo que ha ocurrido un desliz, porque no surge así de la lectura del artículo ya que solamente se faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo. En razón de que existen mencionados dos plazos uno en 2015 y otro en 2014- la redacción del párrafo debe ser precisa.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: la exención es equivalente a la imposición en el sentido de que la facultad de aplicarlas pertenece al Parlamento nacional. No existe Poder Ejecutivo alguno en el que pueda delegarse tal atribución, que se refiere a la materia tributaria. Si quito un impuesto respecto de alguien o establezco una exención, de la misma manera que si impongo un tributo, lo hago de acuerdo con facultades que corresponden al Congreso; de lo contrario, se mantiene la inconstitucionalidad.
Si queremos promover el biodiésel y llevar a cabo una política de Estado en dicha materia, lo más simple es eximir la transferencia a título oneroso o gratuito del biodiésel combustible respecto del impuesto establecido en tales o cuales leyes. Así, si en algún momento el Congreso soluciona la inconstitucionalidad y decide establecer la inclusión, puede hacerlo. Mientras tanto se exime, porque esto genera imprevisibilidad en los actores económicos.
Quisiéramos que se efectúe un agregado al artículo 2°, a fin de solucionar el verdadero problema, según lo que dicen todos. Así proponemos el siguiente texto: “Derechos de exportación para el biodiésel y sus mezclas. Fíjase en un 5 por ciento la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur vigente (N.C.M.) 382490, según el Anexo I del decreto número 100/2012 y sus modificaciones.”
Entonces, en vez de que Kicillof anuncie por izquierda y no publique en el Boletín Oficial lo que es materia propia del Congreso de la Nación –así lo ratificó la presidenta cuando mandó las retenciones al campo al Congreso, se hacen dos cosas: se exime del gravamen al biodiésel combustible y, segundo, se fija la retención en un 5 o 10 por ciento, solucionando el problema del sector.
Creo que ustedes tienen una rara virtud: a las buenas cosas que dieron impulso también les impulsan su propia destrucción.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Encontró una virtud, señora diputada; eso es bueno.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

SR. CANO, JOSE MANUEL (TUCUMAN): Señor presidente: de acuerdo con toda la interpretación del oficialismo, uno entiende que se busca incentivar el uso del biocombustible en la generación de energía, que hoy es incipiente en la Argentina.
Si efectivamente queremos incentivar esta actividad, debemos tener en cuenta que para este año se estima producir aproximadamente 900.000 toneladas sobre una capacidad instalada de 4.500.000 toneladas. De modo que si se da previsibilidad al mercado y se incentiva la utilización de biodiésel en la generación de energía, podríamos llevar a 300.000 o 400.000 toneladas el consumo, con lo cual aportaríamos un equilibrio a la balanza comercial e importaríamos menos combustible. Por eso me parece que fijar un margen tan acotado de un año en la capacidad instalada de producción no genera previsibilidad. Es un contrasentido lo que se propicia.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

SR. SOLA, FELIPE CARLOS (BUENOS AIRES): Señor presidente: el impuesto a la transferencia o a la importación del gasoil es muy importante pues está destinado a los usos previstos en el artículo 1°, que han sido leídos por el señor diputado Feletti. Son cinco o seis usos de suma importancia para el país, por lo que me parece atinado que se estire hasta 2024 y no que venza en 2015, porque en los años que siguen, cualquiera sea el gobierno, esos recursos serán necesarios para esas finalidades; están afectados y de hecho son muy importantes.
El problema es que como bloque no queremos votar una delegación de facultades, y ésta aparece en el caso del biodiésel al restringirlo hasta 2015 y facultar al Poder Ejecutivo a que renueve la exención según sean las condiciones del mercado. Esto nos deja fuera de la cuestión. Reconocemos de buen sentido y muy racional esa modificación en la primera parte del artículo 1°, cuyo texto se sustituye en este artículo 2°, pero como no estamos de acuerdo con la segunda parte, votaremos por la negativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. NEGRI, MARIO RAUL (CORDOBA): Señor presidente: saludamos algunas de las enmiendas que se han incorporado en el artículo 2°, pero en la medida en que no se modifique lo que tiene que ver con la delegación de facultades, no lo acompañaremos y votaremos por la negativa.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: antes de contestar al diputado Buryaile y al resto de los legisladores -que me parece que ameritan una respuesta más global-, voy a hacer una aclaración al diputado Riccardo, aunque es posible que yo haya leído en forma impropia.
El segundo párrafo de la modificación del artículo 1° de la ley del impuesto adicional al gasoil -creo que esta redacción es correcta- queda establecido del siguiente modo: “El biodiésel que fuera empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica se encontrará exceptuado del presente impuesto hasta el 31 de diciembre de 2015. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a prorrogar el plazo referido.” Es decir, nos estamos refiriendo al 31 de diciembre de 2015.
Hecha esa aclaración, que me parece válida, voy a plantear algunas cuestiones. Creo que los diputados Cano y Buryaile ya se han referido a este tema de la energía eléctrica.
El objetivo de la exención del impuesto adicional al gasoil justamente apunta a ampliar el uso del biodiésel en la generación de energía eléctrica, sustituyendo al gasoil. A veces se discute sobre el esquema y pareciera que no hay suficiente generación, pero sí la hay, porque se pasó de 18 mil MW a casi 26 mil.
La matriz energética argentina para la generación secundaria demanda combustible fósil. En realidad, la política energética consiste en sustituir la importación de ese combustible fósil. Por eso la apelación al biodiésel.
La exención está acompañada –aclaro que esto ya lo cité en mi exposición, pero no tengo ningún problema en volver a aclararlo- por el aumento del corte del uso del biodiésel en las usinas generadoras al 10 por ciento. Hoy las usinas generadoras están usando un 2 por ciento de biodiésel. Con esta medida, más la exención, se apunta a que se use más del 10 por ciento. Esto implicaría alrededor de 250 mil toneladas de mayor uso en la generación de energía eléctrica, que hoy no están presentes, y constituye un apoyo importante en cuanto a reservas del mercado de la industria.
Por otro lado, no existe nada más previsible que fijar en un proyecto de ley, como el que estamos implementando, una exención impositiva hasta el 31 de diciembre de 2015. Es lógico que esto tenga un plazo acotado, porque estamos ante un sector dinámico que fue capaz de sustituir mercados en el exterior y que creció muchísimo en el corto plazo. Por lo tanto, puede ser que no necesite esta exención para abastecer a los mercados interno y externo a futuro.
Por eso no se busca condicionar al nuevo gobierno a futuro. Las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo no son sobre prórrogas tributarias, sino sobre el manejo de la exención, justamente porque estamos próximos a un cambio de gobierno.
Dicho esto, voy a proponer que se vote el artículo 2°, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el artículo 2°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Antes de pasar al artículo 3°, tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: quiero aclarar que nuestro bloque votó en contra del artículo 2°.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) No nos habíamos dado cuenta, señor diputado. (Risas.)


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Lo digo para que quede constancia en el Diario de Sesiones, porque no hubo votación nominal. Agradezco la atención, señor presidente.
Hace poco tiempo la Suprema Corte de Justicia se pronunció acerca del caso “Camaronera Patagónica S. A. contra el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas” –un fallo muy importante al que hice referencia en mi exposición- respecto de la constitucionalidad y el carácter de los tributos. En ese caso, la Corte Suprema decía que los derechos de exportación...


SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ (BUENOS AIRES): Señor presidente: quisiera saber a dónde va el señor diputado.

SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Señor presidente: me gustaría continuar con mi exposición y que la diputada hable cuando se le otorgue el uso de la palabra.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Continúe, señor diputado.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Como usted sabe, señor presidente, en 2012 la presidenta ha dictado dos decretos...


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Señor diputado: me gustaría entender qué está formulando, porque estamos en el artículo 3º, que es de forma.


SR. BURYAILE, RICARDO (FORMOSA): Lo que estoy proponiendo es que se deroguen los decretos 1.339/12 y 1.719/12 y sus modificatorias como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esta última ha dicho que las facultades tributarias pertenecen a este Congreso.
Esos decretos tienen que ver con potestades de este Congreso. Por eso proponemos que se deroguen.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Usted está proponiendo un nuevo artículo. ¿La comisión acepta la propuesta?


SR. FELETTI, ROBERTO JOSE (CIUDAD DE BUENOS AIRES): No, señor presidente. No se acepta la modificación.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) El artículo 3º es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Se comunicará al Honorable Senado.


SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: solicito que conste mi voto en contra para el artículo de forma.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se dejará constancia de su voto en contra, señora diputada.


SRA.(HERRERA) Señor presidente: solicito autorización para hacer las inserciones correspondientes sobre el tema que hemos desarrollado hace un momento.


SR. PRESIDENTE(DOMÍNGUEZ) Se toma nota de su pedido, señora diputada.



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