Su preocupación por la posibilidad de que el Ministerio de Salud suspenda el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable creado por la ley 25.673, privando así del acceso al derecho a la salud a las mujeres y jóvenes argentinos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Señor presidente:

A través del Decreto 114/2016 publicado en el Boletín Oficial el 12 de enero de 2016 se modifica el Decreto N° 357/2002 reglamentario de la ley 25.673, con el objetivo de reordenar las responsabilidades en el Ministerio de Salud. En ese reordenamiento ministerial no queda clara la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, preocupación que se agrava porque las funciones de dicho programa se encuentran suspendidas desde el 4 de enero. Así lo expresan, trabajadores del mismo junto a organizaciones de derechos humanos en un comunicado de prensa:

"De esta manera se han producido cambios en áreas sumamente sensibles para la efectividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas, tales como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Todos estos programas contaban con una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo y los resultados beneficiosos para la población. Esta alteración en el organigrama atenta contra la puesta en valor y jerarquía de los mismos, disolviendo así el trabajo de construcción colectiva que había logrado poner a los derechos sexuales y reproductivos en la agenda de la política del Estado Argentino.

Desde el 4 de enero el Programa de Salud Sexual y reproductiva de la Nación encuentra formalmente suspendidas todas sus actividades. No se ha nombrado coordinación y se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los derechos. Peligra la continuidad de suministro de insumos tales como métodos anticonceptivos, las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de salud centrados en el pleno acceso sin barreras al sistema sanitario." Y alertan sobre una perspectiva de trabajo contraria a la perspectiva de género con la que se venía trabajando subsumiéndose los temas de salud sexual a lo meramente reproductivo, invisibilizando las necesidades de una población diversa.

El Programa se creó por Ley 25.673 en el año 2002 y comenzó a funcionar en el 2003, teniendo como misión garantizar el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Se fija como objetivos: alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de las y los adolescentes; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros. Para ello se propone garantizar el acceso a información basada en el conocimiento científico, el acceso a atención de calidad y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y preservativos.

Este Programa también es responsable de la aplicación e implementación de leyes posteriores, como la ley 26.130 de Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica y la 26.743 de Identidad de Género. Asimismo, en el marco de políticas públicas para garantizar derechos consagrados, publicó dos guías fundamentales en el último año: el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y la Guía para la atención de la salud integral de las personas trans. Guías imprescindibles ante las resistencias que se producen en los efectores públicos de salud, cuando se presentan los casos concretos de abortos legales cuando hay riesgo de salud o violación y ante los requerimientos de las personas trans.

Esas resistencias en materia de sexualidad y anticoncepción fueron informadas en varias ocasiones por el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) que ha monitoreado el cumplimiento de la ley 25.673, afirmando en varias oportunidades la existencia de trabas en el acceso al aborto no punible y la ligadura de trompas en distintas jurisdicciones y en la entrega de la anticoncepción hormonal de emergencia, más conocida como "píldora del día después", puntualmente en centros de salud de provincias como Salta, Mendoza y San Luis, donde se considera erróneamente abortiva. También denunciaron a servicios públicos de salud que en algunas jurisdicciones "niegan atención a las y los adolescentes que asisten sin el acompañamiento de una persona adulta, pese a que la ley no contempla ese requisito"; en otros no les entregan anticonceptivos. Justamente estos informes indican claramente la necesidad de apoyar y fortalecer el programa para que llegue a todo el país, todo lo contrario a lo que estaría ocurriendo.

Es de destacar que el Programa está enmarcado dentro de las políticas que dan cumplimiento a derechos consagrados en Tratados Internacionales con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Consideramos necesario que se sostenga el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sus objetivos y líneas de trabajo como así también el presupuesto asignado para garantizar los derechos de miles de personas en nuestro país.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.