Foto de la Diputada de la Nación IVANA MARIA BIANCHI

Ivana Maria Bianchi

Diputada de la Nación

UNIDAD JUSTICIALISTA
Período: 10/12/2015 - 09/12/2019
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Periodo:134 Reunion:9 Fecha:23/06/2016 INCORPORACIÓN DE LA FIGURA DEL ARREPENTIDO EN EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN

SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señora presidenta: buscando el significado del término “arrepentido”, encontré una definición del diccionario de la Real Academia Española que dice que “arrepentir” es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Cuando vi esta definición me di cuenta de que poco tiene que ver esta ley y este artículo 41 ter del Código Penal que queremos tratar en este recinto con un verdadero arrepentido. El objetivo es totalmente opuesto a la definición del Diccionario de la Real Academia Española. En este caso el arrepentimiento no es producto de un examen profundo sobre su conducta en relación con un ilícito que ha cometido una persona, sino que lo que persigue es la obtención de un beneficio, es decir, reducir la pena a cambio de brindar información que pueda ser útil para averiguar otro tipo de delitos. Este es un toma y daca nuevo dentro del Código Penal argentino, al que no estamos acostumbrados. Obviamente que reprocho esta conducta del arrepentido porque es deleznable el hecho de arrepentirse en pos de un fin, pero también me llama mucho la atención las atribuciones que se pretende dar a la autoridad competente dentro de esta ley. No nos pueden hacer creer que nos enfrentamos a dos valores en pugna en este momento, es decir, la necesidad de aplicar una pena al arrepentido por el delito que cometió y la urgencia de contar con esta información sobre organizaciones delictivas que trasciende la persona del informante. Esto implica plantear un falso dilema. ¿Por qué digo que es falso? Porque esto va mucho más allá de una disyuntiva. Supone una situación política, institucional y jurídica muy delicada en este país. No debemos olvidar que el arrepentido –hay que decirlo con todas las letras es un delincuente, una persona que no ha hecho lo que debe hacer y que carece de valores para la sociedad. Según mi punto de vista, los aspectos más conflictivos del proyecto de ley se refieren a la instrumentación procesal de los beneficios que se prevén para el arrepentido. Esto está íntimamente vinculado con la calidad de la información que va a suministrar este delincuente. En relación con el proceso, pienso que admitir la excarcelación en la etapa de instrucción implicaría exigir al juez una evaluación de la información que puede resultar prematura. Esto lo digo partiendo de la base de que el valor de los datos que va a aportar el arrepentido, recién se va a poder apreciar en el momento del debate, es decir, cuando se pueda constatar si es verídica la información que dio. Por eso, por mencionar un aspecto, se correría el riesgo de que el juez de instrucción valorara uno o varios datos significativos para el proceso de investigación y que por ello concediera la excarcelación a una persona que está imputada por cualquier delito lo aclaro porque no es para un delito sino para varios, pero que posteriormente la cámara federal o el tribunal oral que se ocupe de esta causa valore en forma inversa el aporte que ha hecho el supuesto arrepentido. ¿Qué hacemos entonces con el imputado ya excarcelado? ¿Cuántos juicios puede “comerse” el Estado en relación con este tema? Obviamente que estoy a favor de una postura más restrictiva. Entiendo que por la información proporcionada sobre la comisión de un delito no corresponde la excarcelación y la reducción de la pena, sino simplemente que se le reduzca la pena, pero una vez culminado el proceso, es decir que se hayan encontrado los verdaderos culpables. De su simple lectura surge inexplicablemente que el proyecto de ley omite toda referencia a la forma en que se va a implementar esta figura. Una vez más se nota la raigambre procesal del instituto del arrepentido y su falta de inserción en las categorías formales del Código Procesal. Por supuesto esto lleva a cuestiones prácticas sin soluciones. La política criminal contenida en este proyecto me resulta confusa en cuanto a sus fundamentos y en relación a cómo se implementará. La República Argentina sobresale por su benignidad en las penas, y voy a dar algún ejemplo. La pena por el enriquecimiento ilícito de un funcionario público tiene un máximo de seis años; la que es producto de una malversación de fondos, un máximo de diez años; y la de cohecho o soborno, un máximo de doce años. A este análisis debemos agregar ahora la figura del arrepentido y la posibilidad de las salidas anticipadas por buena conducta. Además, entre los jueces existe una gran difusión del nocivo dogma de Zaffaroni, quien sostiene que las penas no sirven para nada y que los delincuentes son meras víctimas del sistema, lo que lleva a los magistrados a que muchas veces se alejen deliberadamente de la posibilidad de aplicar los máximos de las penas, siempre prefieren la mínima. Esta cuestión la debemos tener en cuenta. Encarecidamente digo a los jueces –que son los que van a hacer efectivo este beneficio que estamos hablando de una garantía procesal para estos delincuentes. Por eso les pido responsabilidad en su aplicación no solo para nosotros, que legislamos, sino para el pueblo argentino en general. Esto no se debe aplicar a la ligera o teniendo en consideración presiones netamente políticas. De lo contrario, va a ser una herramienta de impunidad en lugar de la herramienta de persecución penal que espera el pueblo argentino. En definitiva, esta norma está diciendo: “No delincas, pero si lo hacés, como el bien jurídico que vulneraste con tu conducta compromete el orden público, si colaborás para que descubramos la verdad, la pena que te corresponde va a ser atenuada, y si además tu colaboración es idónea, se te va a eximir de pena”. El hallazgo de la verdad no constituye un fin en sí mismo, sino que debe ser una cuestión intermedia para llegar a la justicia. Vamos a acompañar en general este proyecto, y expresaremos algunas disidencias en el tratamiento en particular. Termino con una frase que dijo hace dos días el gobernador de mi provincia, doctor Alberto Rodríguez Saá: “Los derechos humanos y la Constitución deben ser un piso y no un techo para la justicia”.
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SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señor presidente: coincido con lo manifestado por el señor diputado Raffo. Sería importante incluir su propuesta dentro del proyecto.
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SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señor presidente: simplemente, deseo dejar constancia de mi voto negativo en la letra “d)” del apartado 2) del artículo 4°.
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SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): En el mismo sentido, que conste mi voto negativo.
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