Foto de la Diputada de la Nación IVANA MARIA BIANCHI

Ivana Maria Bianchi

Diputada de la Nación

UNIDAD JUSTICIALISTA
Período: 10/12/2015 - 09/12/2019
ibianchi@hcdn.gob.ar

Periodo:132 Reunion:25 Fecha:4/12/2014 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señora presidenta: aprovecho para felicitarla por haber sido electa nuevamente en su cargo. Espero que sea con la democracia que todos esperamos en el Congreso de la Nación. Previo a referirme específicamente al proyecto, quiero hacer hincapié en el tratamiento que tuvo. Una vez más en esta Cámara asistimos a un debate histórico dentro de las diversas temáticas que hemos tratado. Como legisladora en estos años me ha tocado abordar muchas cuestiones, y en esta ocasión quizás ilusamente pensé que sería diferente. Creía que se iba a dar un debate serio, pormenorizado y conforme a derecho, a pesar de que en esta Cámara estamos acostumbrados a que los nuevos proyectos de ley que remite el Poder Ejecutivo sean imperativos, arbitrarios, y se consideren sin consenso y en forma exprés. Un ejemplo de eso es el Código Civil. Resulta irrisorio, antijurídico y antirreglamentario que la sanción del Senado de este código haya sido girada la Comisión de Justicia y no a la Comisión de Legislación Penal, de la que soy miembro. El artículo 74 del reglamento dice lo siguiente: “Compete a la Comisión de Legislación Penal dictaminar sobre todo proyecto o asunto relativo a la legislación penal, procesal penal, policial, carcelaria y régimen de defensa social.” De la lectura de este artículo se desprende que sí o sí la primera competencia debía ser de la Comisión de Legislación Penal. Lamentablemente, hemos visto que en esta Cámara sobre un mismo reglamento hay interpretaciones contrarias que no contribuyen a su buen funcionamiento. Por eso, mi primera objeción se refiere al tratamiento que se ha dado a este proyecto. En relación con el proyecto pregunto por qué hay que sancionar en forma urgente una reforma equitativa, que supuestamente viene a solucionar los graves problemas que tenemos en materia de inseguridad, de ineficiencia del aparato judicial y del sistema carcelario, que está obsoleto. Sí sabemos que esto será de difícil aplicación porque es necesario que se dicten normas complementarias de ejecución penal para su aplicación e implementación. La respuesta es que esta es una nueva puesta en escena para la sociedad, que nada tiene que ver con los problemas en materia de inseguridad, de narcotráfico, de homicidios y de femicidios que vivimos diariamente en nuestro país. Tampoco tiene nada que ver con aquellos padres que estamos absolutamente intranquilos cuando nuestros hijos salen y no sabemos si van a volver. La gente necesita soluciones rápidas y concretas. En relación con el proyecto, por supuesto que estoy de acuerdo en que se pase de un sistema mixto a uno acusatorio. Pero eso implica resolver los problemas de ineficiencia que presenta el sistema judicial en la Argentina. Creo que los funcionarios, antes de venir a dar cátedra y enunciar estadísticas vacías de contenido, deberían decir la verdad y recorrer los tribunales, las comisarías, las alcaldías y los centros penitenciarios para ver la realidad. Esta reforma plantea un incremento del número de fiscales, una mayor informatización del sistema, una digitalización de la documentación y de las notificaciones y una aplicación de la oralidad. Por supuesto que las ideas son buenas, pero si uno reconoce y asume el país donde vive sabe que este proyecto de código es de imposible implementación en la Argentina. Si no, díganme con qué recursos vamos a encarar esta implementación, qué cantidad de personas necesitamos, cómo y dentro de qué plazos se las va a capacitar, dónde se van a crear y asentar las fiscalías y dentro de qué términos se va a informatizar el sistema. Planteo estos interrogantes cuando hoy todos sabemos que las comisarías imprimen los sumarios en la parte de atrás de un volante, no hay móviles de traslado, y si los hay, dicen que no tienen dinero para la nafta. Asimismo, los juzgados de la República Argentina tienen meritorios y los ordenanzas llevan los expedientes en carritos y bajo la lluvia. De una vez por todas debemos decir la verdad a la gente. Las buenas intenciones, que estoy segura que las tienen, no alcanzan. La sociedad necesita una reforma que sea viable y que la haga sentirse segura para que pueda volver a salir a las calles en paz. Otro tema contemplado en este proyecto es el de los detenidos sin condena. Cuando el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa dijo que en virtud de ella no iba a haber tantos procesados sin condena. En relación con esta cuestión hay estadísticas que señalan que en nuestro sistema carcelario el 50 por ciento de los presos no tiene una condena firme; muchos de ellos ni siquiera llegan a la instancia del juicio oral, y en miles de casos son absueltos en cuatro o cinco años. La Procuraduría de Violencia Institucional Procuvin señala que hay 10.700 personas detenidas, el 59 por ciento de las cuales no tiene condena. Esa estadística también expresa que el 66 por ciento de las mujeres detenidas no tiene condena y que tampoco la tiene el 84 por ciento de los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años que están en las cárceles argentinas. Entonces, el problema radica en que esto resulta altamente preocupante y tiene que ver con la jurisdicción. En otras palabras, a dónde se envía a estos chicos a prisión. De estos presos federales, 5.700 están a disposición de jueces nacionales; 3.319, de jueces federales, y 699, de jueces provinciales. ¿Qué queda demostrado con esto? Que en el sistema judicial argentino la prisión preventiva es actualmente una regla, cuando debería ser una excepción. No obstante, la ley es clara y establece que no debe ser de más de dos años, pero esto no sucede y pasan a esperar durante años. Obviamente, después salen sin haber sido procesados y le pueden hacer un juicio al Estado, ¿pero quién les quita todo el tiempo que han estado encerrados y privados de sus derechos? Otro tema a mi juicio importante es que este proyecto de código volvió a plantear un acortamiento de los plazos y la oralidad de las audiencias. Pero no debemos hacer creer al pueblo argentino que este es un sistema milagroso y que esta reforma bajará la tasa de encarcelamiento, porque sería una mentira. Para eso se necesita que esto sea algo integral. ¿A qué me refiero cuando digo “integral”? A que se deben asignar partidas presupuestarias para crear fiscalías, a que se deben asignar más de mil ochocientos fiscales, a que se tiene que establecer su inmediata capacitación y a que, por ende, es importante adaptar las estructuras edilicias, que se están viniendo abajo. Este proceso debe ir acompañado de una transformación con soporte electrónico que permita informatizar el sistema judicial y que todas las fiscalías y juzgados estén conectados entre sí para proseguir la acción penal. El proyecto no establece un presupuesto que indique cuánto nos costará esta reforma. Tampoco denota un estudio pormenorizado realizado por el Estado nacional en cuanto al número de fiscalías y de personal que cada provincia requiere para satisfacer sus necesidades. No se pueden crear y asignar cargos sin estructura y sin un presupuesto claro. Por lo tanto, la pregunta que debemos formularnos es la siguiente: ¿existe la posibilidad de controlar la Justicia por parte del Poder Ejecutivo? La respuesta es sí, y a eso vamos con este proyecto que establece un nuevo código. ¿Cómo se haría esto? Otorgando un mayor poder a los fiscales, estando su designación a cargo de la señora procuradora general, doctora Gils Carbó. Además, se quitará a los actuales fiscales generales la mitad de los casos en los que intervienen. Al menos esto es lo que ocurrirá en el estratégico fuero penal. Por otra parte, este proyecto de código hace referencia a los extranjeros. La expulsión de los extranjeros que delinquen en el país es una de las problemáticas que presenta esta iniciativa, ya que el gobierno propone sancionar con la deportación a aquellos que estén acusados de cometer delitos leves y con penas inferiores a 3 años de prisión. Lo mismo sucederá con aquellos que cometan delitos contra la propiedad y la integridad sexual. Pero para que esto suceda deben ser encontrados en situación de ilegalidad y flagrancia. Aun si se reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que los extranjeros podrán ser expulsados, no que deberán serlo. Actualmente, en la Argentina uno de cada cinco presos son extranjeros. ¿Qué delitos cometieron? En el 60 por ciento de los casos se trata de delitos de narcotráfico; en el 24 por ciento, de delitos perpetrados contra la propiedad privada, y en el 5 por ciento, de delitos cometidos contra las personas, correspondiendo el 15 por ciento restante a otro tipo de delitos. Miren qué casualidad: el mayor número de delitos corresponde al narcotráfico. Curiosamente, este nuevo Código Procesal Penal no los expulsaría del país. Entonces, me pregunto a qué estamos jugando. Creo que hubiera sido importante que se dejara de lado el artículo del proyecto referido a los extranjeros. Lo que se debe hacer es modificar la ley migratoria. En relación con este tema quiero señalar que no me he quedado meramente en enunciados, sino que en 2012 y en 2014 he presentado un proyecto que propiciaba una modificación de la ley migratoria. Por supuesto que esa iniciativa sigue durmiendo en los cajones de la comisión a la que fue girada. No debe temer el extranjero que viene a trabajar a la Argentina, sino el que viene a delinquir. Soy hija de extranjeros que vinieron a ponerle el hombro a este país y que nunca tuvieron miedo de presentar papeles ni de entrar o salir de la Argentina en todas las oportunidades en que debieron hacerlo. Ello es así porque no vinieron a delinquir, sino a hacer esta Argentina grande. Entonces, déjenme de joder con eso de que hay discriminación contra los extranjeros; basta de decir eso. Debemos sancionar una ley migratoria en serio y cuidar las fronteras, así como también que los narcotraficantes no se lleven y maten a nuestros niños. Lo que debe estar primero es la Argentina. Para finalizar, quiero decir que a mi juicio esta reforma es solamente un maquillaje y que no resuelve la cuestión de fondo sino que genera una mayor inseguridad real y jurídica. Hasta ahora solo hemos venido escuchando buenas intenciones, pocas certezas y muchas incertidumbres. Por supuesto que me voy como vine: desilusionada. (Aplausos.)
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