Periodo:130 Reunion:17 Fecha:24/10/2012 RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señor presidente: estamos analizando un proyecto de suma importancia que involucra a uno de los actores fundamentales del proceso productivo y del crecimiento de un país: nuestros queridos y tan manipulados trabajadores. Considero que no estamos tomando dimensión en esta Cámara de lo que significa la modificación de esta ley que estamos impulsando, en virtud de las consecuencias que puede traer al sistema económico productivo. Es más lamentable aún porque no responde a ninguna de las necesidades que los trabajadores nos han explicitado. Al escuchar el discurso de la señora presidenta cuando anunció el envío de este proyecto de ley al Parlamento, mencionó la excesiva litigiosidad que existe hoy día en el fuero laboral con motivo de la actual ley de ART. Asimismo manifestó que gran parte de esta litigiosidad se debía a la industria del juicio. Considero lamentable que el objeto de esta iniciativa del Poder Ejecutivo sea netamente económico y que sólo se busque frenar los litigios en la República Argentina. Si la ley fuera eficaz y diera una reparación integral al daño sufrido por el trabajador, ¿existirían tantos juicios? Es dable destacar que fueron los abogados quienes lograron por medio de acciones judiciales promover que los juzgados de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia declarasen la inconstitucionalidad que padece actualmente la Ley de Riesgos del Trabajo. Es decir, pusieron una luz a la necesidad de esta reforma más allá de sus matices. En relación con la prevención, hay que destacar que en el sector formal la Superintendencia de Riesgos del Trabajo verificó alrededor de 650.000 infortunios por año. A esto habría que agregar un 35 por ciento que proviene de los siniestros ocurridos en el sector no registrado, es decir, en el trabajo informal. Totalizarían 900.000 eventos dañosos anuales en la República Argentina nótese que son cifras oficiales si se adicionan los siniestros en el sector informal, suponiendo que estos se produzcan en igual cantidad que en el sector formal, aunque sabemos que en la realidad no es así dadas las condiciones más precarias del trabajo no registrado. Cuando dictamos normas, tenemos que garantizar, sobre todo, el derecho del trabajador en el marco del riesgo laboral. Debemos saber cuál es el bien jurídico a proteger: la integración psíquica y física del trabajador, situación que no se ve plasmada en este proyecto de ley. La prioridad es tranquilizar a un sector y salvarlo de los constantes pleitos. Entonces me pregunto qué lugar ocupan los accidentes de trabajo, las secuelas, los reclamos de los trabajadores y principalmente la salud. Ninguno. Respecto de los cincuenta y un artículos que componen la ley 24.557, once han sido declarados inconstitucionales por distintos fallos; pero lamentablemente el Poder Ejecutivo ha desoído una vez más la opinión de la Corte Suprema y, por lo tanto, quedan vigentes institutos tales como el listado cerrado de enfermedades, los topes máximos previstos por los trabajadores, el pago en cuotas, el procedimiento con carácter obligatorio ante las comisiones médicas y la competencia de la Justicia. Por pertenecer a un sector que conoce al justicialismo, que sabe de su doctrina y lo vive en su provincia, quiero dejar claro que los derechos y las garantías de los trabajadores no son negociables. No voy a ser cómplice de esta ley engañosa y perjudicial para este país y miles de trabajadores que todos los días forjan su destino. (Aplausos.)
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