Periodo:127 Reunion:19 Fecha:25/11/2009 CONSTITUCIÓN DEL ENTE NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO -ENARD

SRA. BIANCHI,IVANA MARIA (SAN LUIS): Señor presidente: estamos totalmente de acuerdo en la importancia de fomentar el deporte de alto rendimiento, que es algo absolutamente deseable, pero debemos remarcar algunas cuestiones que nos hacen un ruido importante en nuestra cabeza. Una es el financiamiento y la otra es el famoso capitalismo de amigos. En primer lugar, se busca crear un ente como persona jurídica de derecho público no estatal; sin embargo, se le otorgan rasgos que resultan propios de una persona jurídica privada, como son las asociaciones civiles. Ello queda al descubierto con los órganos que gobiernan el ente: asamblea general de socios, un directorio ejecutivo, una comisión fiscalizadora y un tribunal de disciplina. En segundo lugar, en el artículo 5º que se refiere a los socios fundadores: el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deporte de la Nación nada se dice del Comité Paralímpico Argentino; nada se dice de la cantidad de deportistas que van a las Olimpíadas Paralímpicas. Es triste. Nosotros ratificamos esto con la ley 26.378 y hoy estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Nos estamos olvidando del Comité Paralímpico Argentino. Esa ausencia quiso ser salvada en el inciso h) del artículo 2º al enumerar las funciones del ente y decir que se deben arbitrar las medidas conducentes para el apoyo a los deportistas paralímpicos. Por eso, es importante recordar que nuestra Constitución Nacional establece en su primera parte, “Declaraciones, derechos y garantías” que no podemos desconocer en esta Cámara. Y por otro lado, el artículo 16 consagra el derecho de igualdad ante la ley, derecho que no se ve reflejado en este proyecto en el que se quiso incluir a las personas con discapacidad a través de un inciso solamente, dentro de los 41 artículos que tiene el proyecto. Con respecto al resto del articulado, en los artículos 9 y 21 aparecen como integrantes de los órganos de gobierno que conforman el ente los deportistas olímpicos, haciendo más notoria aún la ausencia de representantes de las personas con discapacidad. En tercer lugar, tengo algunas dudas con respecto al proyecto. Por ejemplo, ¿sobre la base de qué parámetros son elegidos los integrantes de la asamblea general de socios? ¿Qué condiciones personales deben reunir? ¿Qué grado de formación se requiere? ¿Cada cuánto se debe realizar esta asamblea? ¿Cuál es el mínimo de reuniones para dicha asamblea? En el artículo 22 se establece cuáles son las funciones que tiene el directorio, pero no habla de las funciones de los miembros de la asamblea. El artículo 29 estatuye los derechos y obligaciones del tesorero. Ahora bien, me pregunto: ¿qué tareas tiene a su cargo? ¿No sería lo lógico que esta persona sea un contador? El proyecto nada dice al respecto. Otra duda que tengo es con respecto al artículo 38, que hace referencia a las distintas sanciones que puede aplicar el tribunal de disciplina, pero las conductas objeto de esas sanciones no están tipificadas, violándose una vez más el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, surgen serias dudas acerca de la discrecionalidad en las decisiones que pueden tomar los socios fundadores en la asignación de los recursos, ya que no se ha fijado un porcentaje destinado a cada una de las funciones enumeradas en el artículo 2º, quedando a criterio de las máximas autoridades del ente la distribución de los fondos. Además de todo lo expuesto, el punto de mayor conflicto es el financiamiento. Por el artículo 39 del presente proyecto, lamentablemente, no se está creando un ente sino un impuesto sobre el consumo de telefonía celular. Cabe mencionar que el recurso más importante proviene del 1 por ciento que se aplicará sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturan a sus clientes, neto de IVA. En la actualidad existen celulares con tarjeta prepaga y con abono. Sin embargo, el texto solamente hace referencia a los abonos, con lo cual la ley no va a ser igual para todos. Una vez más se deja en el olvido a la Carta Magna. En caso de aprobarse este proyecto de ley estaríamos en presencia de la segunda norma en el año que determina fondos para deportes de alto rendimiento o deportes olímpicos. Debemos recordar la tan mentada decisión administrativa 221/09 del jefe de Gabinete de Ministros, referida al programa “Fútbol para todos”, que menciona a la AFA y al Estado y dice que va a haber una gran cantidad de fondos, el 50 por ciento de los cuales sería destinado a los clubes y a los deportes de alto rendimiento. Hoy vemos que no fue así. ¿Fue mentira? ¿No se logró? No lo sé, lo tendrán que explicar. Si analizamos los fondos con los que contará este ente, puedo afirmar a priori que ascenderá a 45 millones de dólares, o tal vez más, teniendo en cuenta que también se pueden recibir donaciones. Existen 40 millones de celulares. ¡Qué cantidad de plata! Por lo expuesto, me surge otro interrogante: ¿por qué el Estado nacional, en vez de destinar 640 millones al programa “Fútbol para todos”, que sólo abarca al fútbol, no los distribuye entre todos los deportistas? Por eso, ahora pretenden que la mayoría de la población financie un proyecto para paliar la ausencia del Estado nacional, porque dicen que no tiene el dinero para hacerlo. Eso es mentira. Si analizamos el presupuesto para 2010 y tenemos en cuenta los fondos destinados para el programa de fútbol, existen 640 millones, mientras que para educación hay 612 millones; hay 67 millones para el desarrollo de los deportes de alto rendimiento y 4 millones para la asistencia médico-deportiva y control antidoping, que sumados a los 171 millones de pesos que manejaría este ente, superarían los 197 millones asignados al Ministerio de Salud. Sí, como todos escucharon: el presupuesto destinado a fomento y desarrollo del deporte en general superaría el que tiene asignado el área de salud. En virtud de lo expuesto, concluyo que es inadmisible la creación de un ente ajeno a la Secretaría de Deporte de la Nación y que maneje sumas ampliamente superiores al total del presupuesto asignado a dicha secretaría e, incluso, al de algunos ministerios. Menos aún estamos de acuerdo con que dichas sumas provengan de un nuevo impuesto a los usuarios de telefonía celular, que podría ser destinado a otro tipo de necesidades. Por esta razón, pido a todos los legisladores presentes que evaluemos la conveniencia de este proyecto, que de aprobarse estaría dando 171 millones de pesos al deporte. ¿Estamos seguros de que este dinero llegará en tiempo y forma a las personas adecuadas? ¿Sabemos realmente que llegará a los deportistas de elite? Lo dudo. San Luis ha apoyado al señor Curuchet. Estamos de acuerdo con que los deportistas de elite necesitan una ley y disponer de dinero extra, pero por el respeto que les tenemos, queremos que sea una ley que presente la grandeza y la transparencia que realmente se merecen por el esfuerzo que realizan. Estamos convencidos de que esta iniciativa no cuenta con transparencia.
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