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Período:134 Reunion:18 Fecha:26/10/2016 REGULACIÓN DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda Orden del Día N° 750 recaídos en el proyecto de ley venido en revisión por el cual se regulan los contratos de participación público privada (expediente 0088-s-2016 .)
Aqui ORDEN DEL DÍA N° 750
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
En consideración en general.
Aclaro a los diputados que se retiran, que a más tardar en una hora votaremos.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Aclaro a los diputados que se retiran, que a más tardar en una hora votaremos.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando, venido en revisión, establece una serie de regulaciones con respecto a los contratos de participación entre el sector público y el privado.
Creemos que esta es una muy buena iniciativa. Las modalidades de emprendimiento que propenden al bien común han ido cambiando a lo largo del tiempo.
Hoy, por supuesto, la participación del sector privado en este proceso es realmente muy necesaria. El Estado tiene un rol insustituible en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura o servicios que puedan mejorar la calidad de vida de la gente, pero la presencia del sector privado es cada vez más importante a los efectos del mayor desarrollo de poblaciones como la nuestra.
En este contexto, esto fue entendido por el propio gobierno anterior, cuando en 2005 dictó el decreto 967/2005, que regulaba las asociaciones de participación público-privada, pero creemos que este tipo de regulaciones es más conveniente hacerlas a través de una ley, no solamente por la seguridad jurídica que eso conlleva sino porque constituye una manera de dar mayor transparencia.
Cuando hablamos de la participación del sector público junto con el privado, debemos asegurarnos de que sea muy transparente. Además, debemos contar con normas anticorrupción muy claras, y ellas están previstas en el proyecto en tratamiento.
Por supuesto que en la Argentina es muy necesario mejorar la infraestructura. Si recorremos el país, al ver el estado de nuestras rutas, comprobaremos la necesidad de que haya una gran inversión en este sentido. Nuestro gobierno lo ha reconocido y por eso en el propio proyecto de ley de presupuesto que estamos tratando –esperamos poder sancionarlo en las próximas semanas ha crecido superlativamente el monto destinado a obras de infraestructura.
Los gastos primarios están previendo un crecimiento del 20 por ciento, mientras que se incrementa en un 30 por ciento todo lo destinado a obras de infraestructura.
A ciertos sectores hay que ponerles un eje, más allá de las obras, en lo que tiene que ver con la construcción de rutas.
Hoy en día, uno de cada tres argentinos no tiene agua potable. En este sentido, tenemos un objetivo: el Plan Nacional del Agua es necesario para que todos los argentinos puedan tener en poco tiempo agua potable y no deban recurrir a pozos o canillas comunitarias.
También debemos atender el problema de las cloacas, ya que el 30 por ciento de la población carece de ellas. Por lo tanto, es necesario destinar una importante cantidad de recursos públicos para solucionar esta situación. En este sentido, un proyecto como el que estamos tratando ayudará a generar inversiones que puedan convertirse en un instrumento adecuado para solucionar estos problemas.
Esto no solamente lo vemos nosotros, sino que en el mundo el programa PPP ha sido recogido por la mayoría de los países; no solamente los centrales, como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, sino también los de nuestra región, entre ellos, Brasil y México, que tienen normas muy importantes en este sentido.
Creemos que esta es una muy buena iniciativa. Las modalidades de emprendimiento que propenden al bien común han ido cambiando a lo largo del tiempo.
Hoy, por supuesto, la participación del sector privado en este proceso es realmente muy necesaria. El Estado tiene un rol insustituible en todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura o servicios que puedan mejorar la calidad de vida de la gente, pero la presencia del sector privado es cada vez más importante a los efectos del mayor desarrollo de poblaciones como la nuestra.
En este contexto, esto fue entendido por el propio gobierno anterior, cuando en 2005 dictó el decreto 967/2005, que regulaba las asociaciones de participación público-privada, pero creemos que este tipo de regulaciones es más conveniente hacerlas a través de una ley, no solamente por la seguridad jurídica que eso conlleva sino porque constituye una manera de dar mayor transparencia.
Cuando hablamos de la participación del sector público junto con el privado, debemos asegurarnos de que sea muy transparente. Además, debemos contar con normas anticorrupción muy claras, y ellas están previstas en el proyecto en tratamiento.
Por supuesto que en la Argentina es muy necesario mejorar la infraestructura. Si recorremos el país, al ver el estado de nuestras rutas, comprobaremos la necesidad de que haya una gran inversión en este sentido. Nuestro gobierno lo ha reconocido y por eso en el propio proyecto de ley de presupuesto que estamos tratando –esperamos poder sancionarlo en las próximas semanas ha crecido superlativamente el monto destinado a obras de infraestructura.
Los gastos primarios están previendo un crecimiento del 20 por ciento, mientras que se incrementa en un 30 por ciento todo lo destinado a obras de infraestructura.
A ciertos sectores hay que ponerles un eje, más allá de las obras, en lo que tiene que ver con la construcción de rutas.
Hoy en día, uno de cada tres argentinos no tiene agua potable. En este sentido, tenemos un objetivo: el Plan Nacional del Agua es necesario para que todos los argentinos puedan tener en poco tiempo agua potable y no deban recurrir a pozos o canillas comunitarias.
También debemos atender el problema de las cloacas, ya que el 30 por ciento de la población carece de ellas. Por lo tanto, es necesario destinar una importante cantidad de recursos públicos para solucionar esta situación. En este sentido, un proyecto como el que estamos tratando ayudará a generar inversiones que puedan convertirse en un instrumento adecuado para solucionar estos problemas.
Esto no solamente lo vemos nosotros, sino que en el mundo el programa PPP ha sido recogido por la mayoría de los países; no solamente los centrales, como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, sino también los de nuestra región, entre ellos, Brasil y México, que tienen normas muy importantes en este sentido.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, ingeniero Felipe Carlos Solá.
SR. LIPOVETZKY, DANIEL ANDRES (BUENOS AIRES):
Brasil tiene una norma que data de 2006 y se ha utilizado muchísimo para la construcción de obras vinculadas con los servicios de salud pública –me refiero a hospitales, y lo mismo ocurre con México, en cuya normativa, sancionada en 2003, destina un 27 por ciento a la construcción de nuevas rutas.
En general, en toda Latinoamérica encontramos normas del programa PPP que se han destinado al área de transportes, logística, comunicaciones y salud pública.
En Chile y Colombia, el PPP se ha utilizado en relación con los ferrocarriles, y seguramente en nuestro país –si hoy aprobamos la norma que estamos tratando lo destinaremos a estos sectores a los que nos hemos referido.
Constituye una gran necesidad mejorar nuestros ferrocarriles, y me refiero no solo al servicio de pasajeros sino también el de cargas. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa ayudará en este proceso.
En este contexto, el proyecto venido en revisión del Honorable Senado prevé una serie de regulaciones e incorpora normas sobre solución de controversias. Con respecto a la prórroga de jurisdicción, que se ha discutido bastante en comisión, el artículo 40 de la ley 11.672, complementaria de presupuesto, desde hace más de veinte años prevé la prórroga de jurisdicción en ciertas contrataciones. El gobierno anterior, que utilizó el decreto 967 del año 2005 en varios acuerdos relativos a obras públicas, decidió optar por la prórroga de jurisdicción, porque en países como el nuestro resulta una condición necesaria para atraer inversiones.
Para analizar si era suficiente el decreto vigente o resultaba necesario el dictado de una ley, nos pueden ayudar los diagnósticos sobre el sistema de PPP en América Latina. En este caso, el BID hizo un informe sobre PPP en los países de la región, y la Argentina quedó en el puesto dieciocho sobre los diecinueve países evaluados. Esto demuestra que, si bien el decreto del presidente Kirchner de 2005 fue una buena iniciativa, luego de diez años de vigencia, el proyecto de ley que vamos a votar memorará la situación.
Entonces, más allá de que muchas de las necesidades en infraestructura en nuestro país serán solucionadas mediante los recursos públicos, como prevé el proyecto de ley de presupuesto que seguramente vamos a tratar la semana que viene, la iniciativa en consideración brinda un instrumento más para atraer inversiones y financiamiento de grandes obras de infraestructura que son importantes para nuestro país.
En el articulado del proyecto hemos tomado en consideración lo relativo al control estatal, y durante el tratamiento en particular incorporaremos una serie de modificaciones para mejorar aún más todo lo relativo a la trasparencia, el control del Estado y la distribución de los riesgos.
Creemos que con este instrumento estamos brindando un nuevo aporte para empezar a solucionar los problemas de infraestructura de la Argentina y los que afectan los servicios básicos que tiene que brindar el Estado, respecto de los cuales dependemos de las inversiones que puedan venir del sector privado.
Por supuesto que este proyecto no alcanza para solucionar todos los problemas, pero es un instrumento más en el camino que hemos transitado durante todo este año de sancionar leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente.
En general, en toda Latinoamérica encontramos normas del programa PPP que se han destinado al área de transportes, logística, comunicaciones y salud pública.
En Chile y Colombia, el PPP se ha utilizado en relación con los ferrocarriles, y seguramente en nuestro país –si hoy aprobamos la norma que estamos tratando lo destinaremos a estos sectores a los que nos hemos referido.
Constituye una gran necesidad mejorar nuestros ferrocarriles, y me refiero no solo al servicio de pasajeros sino también el de cargas. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa ayudará en este proceso.
En este contexto, el proyecto venido en revisión del Honorable Senado prevé una serie de regulaciones e incorpora normas sobre solución de controversias. Con respecto a la prórroga de jurisdicción, que se ha discutido bastante en comisión, el artículo 40 de la ley 11.672, complementaria de presupuesto, desde hace más de veinte años prevé la prórroga de jurisdicción en ciertas contrataciones. El gobierno anterior, que utilizó el decreto 967 del año 2005 en varios acuerdos relativos a obras públicas, decidió optar por la prórroga de jurisdicción, porque en países como el nuestro resulta una condición necesaria para atraer inversiones.
Para analizar si era suficiente el decreto vigente o resultaba necesario el dictado de una ley, nos pueden ayudar los diagnósticos sobre el sistema de PPP en América Latina. En este caso, el BID hizo un informe sobre PPP en los países de la región, y la Argentina quedó en el puesto dieciocho sobre los diecinueve países evaluados. Esto demuestra que, si bien el decreto del presidente Kirchner de 2005 fue una buena iniciativa, luego de diez años de vigencia, el proyecto de ley que vamos a votar memorará la situación.
Entonces, más allá de que muchas de las necesidades en infraestructura en nuestro país serán solucionadas mediante los recursos públicos, como prevé el proyecto de ley de presupuesto que seguramente vamos a tratar la semana que viene, la iniciativa en consideración brinda un instrumento más para atraer inversiones y financiamiento de grandes obras de infraestructura que son importantes para nuestro país.
En el articulado del proyecto hemos tomado en consideración lo relativo al control estatal, y durante el tratamiento en particular incorporaremos una serie de modificaciones para mejorar aún más todo lo relativo a la trasparencia, el control del Estado y la distribución de los riesgos.
Creemos que con este instrumento estamos brindando un nuevo aporte para empezar a solucionar los problemas de infraestructura de la Argentina y los que afectan los servicios básicos que tiene que brindar el Estado, respecto de los cuales dependemos de las inversiones que puedan venir del sector privado.
Por supuesto que este proyecto no alcanza para solucionar todos los problemas, pero es un instrumento más en el camino que hemos transitado durante todo este año de sancionar leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente.
SR. PRESIDENTE(SOLÁ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. KICILLOF, AXEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: voy a justificar el voto negativo del bloque del Frente para la Victoria-PJ al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y modificado en el Honorable Senado y, por supuesto, sostendré nuestro dictamen de minoría haciendo algunas aclaraciones.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
SR. KICILLOF, AXEL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
También haré mención de una batería de defectos que contiene el proyecto del oficialismo, algunos de los cuales intentaron ser subsanados luego de la discusión en comisión, donde la oposición de todos los bloques fue tajante; hasta donde hemos visto, los intentos de mejorar el proyecto, como ha pasado con otras leyes, han resultado absolutamente insuficientes. Hubo algunos puntos orientados en la dirección adecuada, que compartimos, pero han sido absolutamente insuficientes. Hasta donde hemos podido ver, subsisten los peligros que voy a señalar por si la Cámara llega a aprobar este proyecto tal como ha sido enviado.
En realidad, me refiero a cómo lo remitió el Poder Ejecutivo, ya que significaba prácticamente una iniciativa de entrega de las atribuciones del Estado en cuanto a los servicios públicos y la capacidad de las sociedades. Todo quedaba en manos del sector privado. Sin duda alguna, era un proyecto predatorio.
Tal como ha sucedido con otras iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, fue como si salieran de un consultorio psiquiátrico o psicológico que posibilita ver cuál es el inconsciente. O sea que más allá de las propagandas, de los discursos y de los devaneos, queremos saber qué piensa el Poder Ejecutivo en relación con lo que tiene que pasar en este país. Este proyecto lo expresa, porque da a entender que el Estado debe desaparecer entregando todo al sector privado para garantizarle rentabilidades extraordinarias en base a los bienes y servicios públicos.
En realidad, el proyecto vino en revisión con algunas modificaciones que lo mejoran de manera insuficiente. Me da la impresión de que va a salir de Diputados para que nuevamente lo trate el Senado de la misma forma, o sea, con muchas insuficiencias. Por eso nuestro bloque ha presentado un dictamen en minoría y va a votar negativamente el de mayoría.
Haremos todos los aportes posibles para que en esta Cámara no se cometa el error de apoyar un proyecto que es equivocado. Esto ha sido dicho por nuestro bloque y por los trabajadores de la CGT. Lo mismo han manifestado los gremios industriales y las empresas del sector. La oposición a este proyecto de mayoría es unánime. Solo una componenda de adentro puede darle un viso de legitimidad. Esto lo manifiesto con la autoridad de haber formado parte de un gobierno que presentó un proyecto –incluso, en su momento se dictó un decreto-, porque no es que comulguemos con la idea de que no puede existir una asociación entre lo público y lo privado.
Marcaré algunas diferencias respecto de lo que se aprobó en 2005, que daba a todo esto un carácter totalmente distinto, anulando gran parte no solo de los riesgos sino de las tentaciones en las que se cae por la instigación al sector privado. Al fin y al cabo, el Estado termina siendo un rehén de los privados.
La idea era categorizar el decreto de 2005. El gobierno de Macri ha dicho que iba a mejorar algunas cosas, pero llegamos a la conclusión de que las que no funcionaban las empeoró, y en muchos casos, directamente las erradicó o destruyó. Lo vemos en el presupuesto nacional. Realmente, no se cumplió con la tesitura de cambiar lo que andaba mal y continuar lo que estaba bien. Primó la idea de empeorar lo que andaba mal y destruir lo que funcionaba bien.
Existía un decreto y se dijo que no tenía sentido, por lo que debía ser flexibilizado. “Flexibilizar” es una palabra espantosa que aparece en el proyecto. Ahora bien, ¿flexibilidad en qué sentido? Eliminando controles, atributos del Estado y entregando la jurisdicción al extranjero.
¿Qué espera uno de un método asociativo entre lo público y lo privado? En primer lugar, que lo público tenga una participación determinante en esas asociaciones que formarán parte de sociedades anónimas.
¿Qué porcentaje deberá tener una sociedad anónima que va a elaborar un proyecto, para ser pública o privada? Acá no se dice nada. Con un 1 por ciento de participación pública, y ningún poder de decisión de lo público dentro de la asociación, ¿significará que se trata de algo público o privado?
¿Quién nos asegura que con este proyecto no tengamos trabajos hechos por los privados con una participación pública ínfima para blanquear esto y que pueda entrarse dentro de la reglamentación?
Sin duda que es más flexible. La idea de atraer capitales a la obra pública y a los servicios implica que se quiten los controles, se deleguen las facultades, etcétera. Incluso, se delega –porque el proyecto lo dice- la capacidad de fallar, que tienen los tribunales argentinos, en relación con estos contratos.
O sea que lo público y lo privado se asocian, el Estado contrata sin que sepamos en qué porcentaje y una vez concluido este trámite, la obra se empieza a hacer con una garantía completa del sector público, con los cargos de reparación ambiental, si los hubiere, en manos del dicho sector. Todas las garantías, para los privados; absolutamente, todas. Y digo más; en el caso particular de la redacción de este proyecto, parece hecho para que los capitales extranjeros vengan a hacernos la obra pública.
En nuestros vecinos países del Mercosur, y ni hablar en los de la Unión Europea, esto es algo que se cuida realmente con siete llaves: que sean prioritarias para la contratación por el Estado, particularmente para la obra pública, las empresas nacionales.
Este proyecto no dice nada; simplemente señala, esboza, sugiere que se tenga un poquito más en consideración las empresas nacionales y no tanto que se tenga en consideración, como para no establecer de manera desenmascarada que directamente esta iniciativa es para otorgar a capitales extranjeros obra pública argentina obra o servicios, cuya propiedad después no recaerá en el sector público.
No solo estamos entregando obra, servicios y demás tipos de proyectos al sector privado, sino que además le aseguramos una rentabilidad razonable, según se dice. ¿Cómo será esto? Dicen que será con tarifas, con cargos a los consumidores, etcétera.
Este es un proyecto que, en su redacción actual, permite sospechar –sabemos lo que está haciendo el gobierno y sabemos qué piensa que se incuba la posibilidad de privatizar cuestiones que son de prioridad pública en la Argentina a través del subterfugio de las asociaciones público-privadas.
Se cede jurisdicción y se puede decidir entre el Estado y los particulares en contratos que son todos distintos. No se pone un parámetro, no se manifiesta la magnitud de la obra; desde un cordón cuneta hasta una nave espacial se pueden hacer por este mecanismo, sin ninguna limitación.
Esto se presenta como si fuera para cuidar el empleo, el trabajo argentino o algo parecido, pero no hay ninguna coma en este proyecto que cuide la industria nacional, el trabajo argentino ni las pymes. No hay ninguna prioridad. Esto no lo digo simplemente porque la lectura del proyecto deja una ambigüedad, sino porque han venido las pymes de todos los sectores a expresarnos su preocupación por el hecho de que esto se apruebe de esta forma.
Estamos abriendo una puerta que da amplísimas facultades al Poder Ejecutivo para eludir todas las normas de contratación, sea cual fuere la magnitud de la obra y el sector al que estemos refiriéndonos, y después de entregar la obra, ceder el cobro a los usuarios o algún otro tipo de retribución para el privado con una participación del Estado que no está estipulada, y por lo tanto puede ser completamente figurativa.
Esto no cuida la industria local, cede soberanía nacional, no cuida el empleo propio ni las pequeñas y medianas empresas. Está absolutamente indiscriminado en qué rubros se va a aplicar.
Es decir que no hace falta ser suspicaz ni conspirativo para sospechar que este es un proyecto de entrega de atributos del Estado al sector privado masivamente. No se dice que esto es para tal proyecto o para tal obra.
Hablan del fracaso del decreto de 2005, pero en razón de esta norma los privados tenían que venir con una obra significativa, con inversiones reales, con intentos genuinos de asociación, y sobre esa base se podía aplicar. Esto es lo contrario: no asegura nada, entrega todo y arriesga todo. Esto lo han dicho los gremios de la CGT, de la CTA, el movimiento obrero argentino y los empresarios argentinos.
¿Y acá qué vamos a hacer? ¿Decir que a esto que es así le ponemos algún mecanismo de control posterior, algún tipo de restricción y ya está arreglado? No es así. Llamo a la reflexión a los bloques de la oposición porque no es así.
Si vamos a aprobar algo para que vengan más inversiones, bienvenido, pero no saquemos regulaciones, controles y salvaguardas porque en este momento, desde el gobierno nacional, estamos en manos de aquellos que decían que iban a privatizar todo, que aplaudieron las privatizaciones y que empezaron a mostrar que algunas cosas estatales que había que sostener comenzaron a dejarlas libradas a la buena de Dios.
Este es un proyecto peligroso en términos de que abre el camino a la extranjerización, la concentración y la privatización. Por lo tanto, no abramos ese camino, señores diputados, porque el gobierno tiene la vocación de hacerlo. (Aplausos en las bancas.)
En realidad, me refiero a cómo lo remitió el Poder Ejecutivo, ya que significaba prácticamente una iniciativa de entrega de las atribuciones del Estado en cuanto a los servicios públicos y la capacidad de las sociedades. Todo quedaba en manos del sector privado. Sin duda alguna, era un proyecto predatorio.
Tal como ha sucedido con otras iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, fue como si salieran de un consultorio psiquiátrico o psicológico que posibilita ver cuál es el inconsciente. O sea que más allá de las propagandas, de los discursos y de los devaneos, queremos saber qué piensa el Poder Ejecutivo en relación con lo que tiene que pasar en este país. Este proyecto lo expresa, porque da a entender que el Estado debe desaparecer entregando todo al sector privado para garantizarle rentabilidades extraordinarias en base a los bienes y servicios públicos.
En realidad, el proyecto vino en revisión con algunas modificaciones que lo mejoran de manera insuficiente. Me da la impresión de que va a salir de Diputados para que nuevamente lo trate el Senado de la misma forma, o sea, con muchas insuficiencias. Por eso nuestro bloque ha presentado un dictamen en minoría y va a votar negativamente el de mayoría.
Haremos todos los aportes posibles para que en esta Cámara no se cometa el error de apoyar un proyecto que es equivocado. Esto ha sido dicho por nuestro bloque y por los trabajadores de la CGT. Lo mismo han manifestado los gremios industriales y las empresas del sector. La oposición a este proyecto de mayoría es unánime. Solo una componenda de adentro puede darle un viso de legitimidad. Esto lo manifiesto con la autoridad de haber formado parte de un gobierno que presentó un proyecto –incluso, en su momento se dictó un decreto-, porque no es que comulguemos con la idea de que no puede existir una asociación entre lo público y lo privado.
Marcaré algunas diferencias respecto de lo que se aprobó en 2005, que daba a todo esto un carácter totalmente distinto, anulando gran parte no solo de los riesgos sino de las tentaciones en las que se cae por la instigación al sector privado. Al fin y al cabo, el Estado termina siendo un rehén de los privados.
La idea era categorizar el decreto de 2005. El gobierno de Macri ha dicho que iba a mejorar algunas cosas, pero llegamos a la conclusión de que las que no funcionaban las empeoró, y en muchos casos, directamente las erradicó o destruyó. Lo vemos en el presupuesto nacional. Realmente, no se cumplió con la tesitura de cambiar lo que andaba mal y continuar lo que estaba bien. Primó la idea de empeorar lo que andaba mal y destruir lo que funcionaba bien.
Existía un decreto y se dijo que no tenía sentido, por lo que debía ser flexibilizado. “Flexibilizar” es una palabra espantosa que aparece en el proyecto. Ahora bien, ¿flexibilidad en qué sentido? Eliminando controles, atributos del Estado y entregando la jurisdicción al extranjero.
¿Qué espera uno de un método asociativo entre lo público y lo privado? En primer lugar, que lo público tenga una participación determinante en esas asociaciones que formarán parte de sociedades anónimas.
¿Qué porcentaje deberá tener una sociedad anónima que va a elaborar un proyecto, para ser pública o privada? Acá no se dice nada. Con un 1 por ciento de participación pública, y ningún poder de decisión de lo público dentro de la asociación, ¿significará que se trata de algo público o privado?
¿Quién nos asegura que con este proyecto no tengamos trabajos hechos por los privados con una participación pública ínfima para blanquear esto y que pueda entrarse dentro de la reglamentación?
Sin duda que es más flexible. La idea de atraer capitales a la obra pública y a los servicios implica que se quiten los controles, se deleguen las facultades, etcétera. Incluso, se delega –porque el proyecto lo dice- la capacidad de fallar, que tienen los tribunales argentinos, en relación con estos contratos.
O sea que lo público y lo privado se asocian, el Estado contrata sin que sepamos en qué porcentaje y una vez concluido este trámite, la obra se empieza a hacer con una garantía completa del sector público, con los cargos de reparación ambiental, si los hubiere, en manos del dicho sector. Todas las garantías, para los privados; absolutamente, todas. Y digo más; en el caso particular de la redacción de este proyecto, parece hecho para que los capitales extranjeros vengan a hacernos la obra pública.
En nuestros vecinos países del Mercosur, y ni hablar en los de la Unión Europea, esto es algo que se cuida realmente con siete llaves: que sean prioritarias para la contratación por el Estado, particularmente para la obra pública, las empresas nacionales.
Este proyecto no dice nada; simplemente señala, esboza, sugiere que se tenga un poquito más en consideración las empresas nacionales y no tanto que se tenga en consideración, como para no establecer de manera desenmascarada que directamente esta iniciativa es para otorgar a capitales extranjeros obra pública argentina obra o servicios, cuya propiedad después no recaerá en el sector público.
No solo estamos entregando obra, servicios y demás tipos de proyectos al sector privado, sino que además le aseguramos una rentabilidad razonable, según se dice. ¿Cómo será esto? Dicen que será con tarifas, con cargos a los consumidores, etcétera.
Este es un proyecto que, en su redacción actual, permite sospechar –sabemos lo que está haciendo el gobierno y sabemos qué piensa que se incuba la posibilidad de privatizar cuestiones que son de prioridad pública en la Argentina a través del subterfugio de las asociaciones público-privadas.
Se cede jurisdicción y se puede decidir entre el Estado y los particulares en contratos que son todos distintos. No se pone un parámetro, no se manifiesta la magnitud de la obra; desde un cordón cuneta hasta una nave espacial se pueden hacer por este mecanismo, sin ninguna limitación.
Esto se presenta como si fuera para cuidar el empleo, el trabajo argentino o algo parecido, pero no hay ninguna coma en este proyecto que cuide la industria nacional, el trabajo argentino ni las pymes. No hay ninguna prioridad. Esto no lo digo simplemente porque la lectura del proyecto deja una ambigüedad, sino porque han venido las pymes de todos los sectores a expresarnos su preocupación por el hecho de que esto se apruebe de esta forma.
Estamos abriendo una puerta que da amplísimas facultades al Poder Ejecutivo para eludir todas las normas de contratación, sea cual fuere la magnitud de la obra y el sector al que estemos refiriéndonos, y después de entregar la obra, ceder el cobro a los usuarios o algún otro tipo de retribución para el privado con una participación del Estado que no está estipulada, y por lo tanto puede ser completamente figurativa.
Esto no cuida la industria local, cede soberanía nacional, no cuida el empleo propio ni las pequeñas y medianas empresas. Está absolutamente indiscriminado en qué rubros se va a aplicar.
Es decir que no hace falta ser suspicaz ni conspirativo para sospechar que este es un proyecto de entrega de atributos del Estado al sector privado masivamente. No se dice que esto es para tal proyecto o para tal obra.
Hablan del fracaso del decreto de 2005, pero en razón de esta norma los privados tenían que venir con una obra significativa, con inversiones reales, con intentos genuinos de asociación, y sobre esa base se podía aplicar. Esto es lo contrario: no asegura nada, entrega todo y arriesga todo. Esto lo han dicho los gremios de la CGT, de la CTA, el movimiento obrero argentino y los empresarios argentinos.
¿Y acá qué vamos a hacer? ¿Decir que a esto que es así le ponemos algún mecanismo de control posterior, algún tipo de restricción y ya está arreglado? No es así. Llamo a la reflexión a los bloques de la oposición porque no es así.
Si vamos a aprobar algo para que vengan más inversiones, bienvenido, pero no saquemos regulaciones, controles y salvaguardas porque en este momento, desde el gobierno nacional, estamos en manos de aquellos que decían que iban a privatizar todo, que aplaudieron las privatizaciones y que empezaron a mostrar que algunas cosas estatales que había que sostener comenzaron a dejarlas libradas a la buena de Dios.
Este es un proyecto peligroso en términos de que abre el camino a la extranjerización, la concentración y la privatización. Por lo tanto, no abramos ese camino, señores diputados, porque el gobierno tiene la vocación de hacerlo. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. STOLBIZER, MARGARITA ROSA (BUENOS AIRES):
Señora presidenta: voy a fundamentar el voto negativo del interbloque Progresista anticipando que estamos en contra, en primer término, de esta forma de trabajar, ya que mientras considerábamos tema anterior nos llegó por mail a algunos de nosotros el texto definitivo del proyecto. Esta no es la manera de demostrar la voluntad y promesa de cambio por parte de un gobierno que ha ganado las elecciones con esas premisas.
En segundo lugar, estamos en contra de algunos aspectos de fondo relacionados con este régimen de excepcionalidad que se propone.
En tercer término, no estamos de acuerdo con varios aspectos de forma que refleja este sistema de excepcionalidad.
Resulta claro que lo que se busca a través de este régimen es establecer un sistema de financiamiento para las grandes obras de infraestructura. En consecuencia, los beneficios y garantías que determina dicho sistema están destinados a los grandes.
Sinceramente, debo decir que hasta me llama la atención la propia fundamentación que se hace cuando se defiende el proyecto de ley. Todos los que propusieron y promovieron el discurso del cambio utilizan el argumento de que esto era usado por los anteriores o que eso mismo lo hicieron los otros. Es decir que impúdicamente demuestran que el proyecto de ley que están impulsando se basa en un decreto del ex presidente Néstor Kirchner. Inclusive, dicen que el sistema se viene utilizando desde hace veinte años.
Sinceramente, deberían reconocer que eso constituye la demostración más clara del fracaso. Retomar las políticas de privatizaciones de la década del 90 habla claramente del fracaso, porque una vez más el interés privado y la garantía de rentabilidad de los grandes grupos económicos se imponen al interés general y al de los sectores populares. Esto lo hacen sin ponerse colorados. Además, los otros se oponen a esto como si lo que están haciendo los nuevos fuera un horror, cuando ellos mismos están confesando que lo que se está haciendo ahora se basa en repetir y emprolijar lo que hacían los anteriores.
La verdad es que nosotros, tanto antes como ahora, estamos en contra de esto. Sin perjuicio de ello, queremos dejar constancia de que obviamente estamos de acuerdo en llevar adelante un plan nacional, pero con una visión estratégica que apunte al desarrollo y que incluya una perspectiva de mediano plazo y de carácter federal y además un debate pendiente acerca de cómo vamos a reformular nuestra matriz productiva.
La Argentina necesita en forma imprescindible un pacto económico. Ello implica determinar cómo vamos a diversificar nuestra economía y sobre la base de qué sistema tributario se va a hacer, como así también establecer la forma en que se mejorará la calidad del gasto. Estas no son las normas que necesita nuestro país.
Pero la ausencia que este proyecto tiene detrás es la de un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Me refiero a esa mirada estratégica que nos permita salir de la urgencia de decir que queremos que lluevan las inversiones, por lo que debemos efectuar una apertura y brindar garantías. Ahora bien, como dijo el señor diputado Kicillof, sinceramente esto no promueve el empleo; ni siquiera se molestan en expresarlo. Por supuesto que esto no lo van a encontrar en el proyecto de ley porque en él no se dice. Aparentemente, esto no es motivo de interés.
Además, resulta claro que lamentablemente este proyecto surge de la aceptación de la incapacidad de contratar por parte del Estado. Entonces, la decisión es privatizar esa capacidad del Estado para contratar. Pero insisto en que esto se hace de la peor forma, porque se privilegia el interés particular olvidando que el Estado, en cuanto a su capacidad regulatoria, tiene la obligación no solamente de imponer las condiciones en que deben efectuarse las contrataciones con el sector privado, sino también de garantizar a los ciudadanos condiciones de igualdad de posibilidades y de trato. Algo que realmente afecta este proyecto de ley es la falta de igualdad de todos, cuando esta iniciativa debería contemplar ese aspecto. Voy a suministrar un ejemplo para que se entienda de qué se trata cuando hablamos de esto.
Como dije, el proyecto parte de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar, y entonces es así como se decide privatizar. Si eso se hace bien, no necesariamente generaría mayores costos. Si se hace una buena licitación y hay competencia, se podría conseguir un buen precio. En este caso, el problema es que solamente las empresas que tienen una capacidad económica extraordinaria para realizar las grandes obras pueden participar.
Por ejemplo, si se quisieran construir cien mil viviendas, una opción sería que el Estado hiciera cien licitaciones de mil viviendas cada una, repartiendo entonces el trabajo, descentralizando la operatoria, con menos requisitos de acceso para que muchos más pudieran llevar adelante este tipo de obras e ingresar en el sistema. En este caso, sería mucho más probable que participen empresas pequeñas, aquellas que hoy sostienen el empleo formal y protegido.
En cambio, la otra opción que es la que defiende y promueve esta iniciativa garantiza que uno solo pueda construir las cien mil viviendas. El costo final, incluso, podría ser el mismo, pero en el primer caso el Estado puede descentralizar la ejecución, priorizar la participación de empresas provinciales o locales y dar participación a más cantidad de mano de obra dentro de determinado sistema de construcción.
En el segundo caso, la gran empresa –por ejemplo, IRSA es la que define no solo su propia participación sino las condiciones, es decir, cómo y quiénes van a hacer el plan de las cien mil viviendas.
Entonces, por supuesto que acá no hay una consideración sobre cómo se integran las pequeñas empresas dentro de este programa. Están afuera porque este es un régimen de excepcionalidad que beneficia obviamente a los grandes.
Además, este proyecto transita por una vía opuesta a las reformas que se introdujeron en el último tiempo al Código Civil y Comercial. Se trataba de normas que habían implicado un avance notable en la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué rumbo tomamos con esto? Salimos de la constitucionalización del derecho privado para ir a la privatización del derecho público. Eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente se privatiza el sistema de contratación del Estado, sino que también estamos privatizando el acceso a las normas y al derecho.
Esto reedita el Estado bobo que conocimos en la década del 90 y que fue funcional para que algunos pocos se hicieran de las ganancias que los otros –a veces en condiciones de explotación estaban produciendo.
Por otra parte, quienes resulten comprendidos dentro de este sistema van a gozar de un régimen de excepcionalidad, que los sacará de la igualdad que todos los argentinos tenemos ante la ley. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo planteé también en oportunidad del debate en la comisión y lo hice además recordando que tengo presentado un proyecto en esta Cámara para quitar de la prohibición, por ejemplo, a las mujeres que tienen que andar remando en los tribunales para actualizar una cuota alimentaria con el objeto de que la obligación respecto de los hijos no quede aplastada por el efecto de la inflación. Sin embargo, hoy la norma les prohíbe –como a todos los argentinos indexar sus créditos.
Este proyecto incluye un privilegio de excepcionalidad para los grandes grupos económicos, que son los que se van a presentar para realizar estas obras. Ellos sí podrán actualizar o indexar sus precios. Los que entren en este régimen de excepcionalidad sí podrán hacer las cosas que el resto de los argentinos no podemos hacer.
Entonces, el Congreso nuevamente tendrá que decir a las madres que sostienen a sus hijos y que se ven imposibilitadas de actualizar las cuotas alimentarias, que hemos tenido tiempo para aprobar esto tan rápido, pero hace meses que cajoneamos un proyecto que atendería la situación de sectores mucho más necesitados.
Hay otra cuestión que es tan grave como esta. Todo el mundo sabe que en la Argentina nadie puede cobrar sus créditos si no es a moneda nacional. Los que tienen contrataciones a precio dólar solamente pueden hacerlo con moneda nacional a la cotización oficial. Sin embargo, este proyecto otra vez establece una norma de excepcionalidad para las empresas que contraten por este sistema: ellas sí van a poder cobrar contante y sonante los billetitos verdes. Quiere decir que otra vez nos encontramos frente a la discrecionalidad y la desigualdad consagrada en una ley sancionada por el propio Congreso de la Nación.
Deseo finalizar esta intervención con una advertencia que ya he realizado en otras oportunidades. En mi opinión, el gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que a este gobierno le falta política. Digo esto porque creen que pueden atender todas las cuestiones mirando las encuestas, haciendo estrategias de marketing y beneficiando a los grandes grupos, y que así la ya fracasada teoría del derrame podría dar algún resultado.
Lo cierto es que falta política, que es aquello que sirve para articular actores, acciones y estrategias. Además, detrás o delante de ella también tiene que existir un objetivo central, que es reconstruir una visión de país. La Argentina necesita de liderazgos ejemplares y confiables que verdaderamente pongan en marcha un modelo de desarrollo equitativo, sustentable, social y humano con una visión de mediano y largo plazo. La visión de un gobierno no se puede limitar al tiempo finito que le toca gobernar. La obligación y el desafío más importante de quienes han prometido cambiar tiene que ser la iniciación de una etapa de desarrollo para la Argentina, lo cual no se va a lograr con este tipo de normas. (Aplausos en las bancas.)
En segundo lugar, estamos en contra de algunos aspectos de fondo relacionados con este régimen de excepcionalidad que se propone.
En tercer término, no estamos de acuerdo con varios aspectos de forma que refleja este sistema de excepcionalidad.
Resulta claro que lo que se busca a través de este régimen es establecer un sistema de financiamiento para las grandes obras de infraestructura. En consecuencia, los beneficios y garantías que determina dicho sistema están destinados a los grandes.
Sinceramente, debo decir que hasta me llama la atención la propia fundamentación que se hace cuando se defiende el proyecto de ley. Todos los que propusieron y promovieron el discurso del cambio utilizan el argumento de que esto era usado por los anteriores o que eso mismo lo hicieron los otros. Es decir que impúdicamente demuestran que el proyecto de ley que están impulsando se basa en un decreto del ex presidente Néstor Kirchner. Inclusive, dicen que el sistema se viene utilizando desde hace veinte años.
Sinceramente, deberían reconocer que eso constituye la demostración más clara del fracaso. Retomar las políticas de privatizaciones de la década del 90 habla claramente del fracaso, porque una vez más el interés privado y la garantía de rentabilidad de los grandes grupos económicos se imponen al interés general y al de los sectores populares. Esto lo hacen sin ponerse colorados. Además, los otros se oponen a esto como si lo que están haciendo los nuevos fuera un horror, cuando ellos mismos están confesando que lo que se está haciendo ahora se basa en repetir y emprolijar lo que hacían los anteriores.
La verdad es que nosotros, tanto antes como ahora, estamos en contra de esto. Sin perjuicio de ello, queremos dejar constancia de que obviamente estamos de acuerdo en llevar adelante un plan nacional, pero con una visión estratégica que apunte al desarrollo y que incluya una perspectiva de mediano plazo y de carácter federal y además un debate pendiente acerca de cómo vamos a reformular nuestra matriz productiva.
La Argentina necesita en forma imprescindible un pacto económico. Ello implica determinar cómo vamos a diversificar nuestra economía y sobre la base de qué sistema tributario se va a hacer, como así también establecer la forma en que se mejorará la calidad del gasto. Estas no son las normas que necesita nuestro país.
Pero la ausencia que este proyecto tiene detrás es la de un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Me refiero a esa mirada estratégica que nos permita salir de la urgencia de decir que queremos que lluevan las inversiones, por lo que debemos efectuar una apertura y brindar garantías. Ahora bien, como dijo el señor diputado Kicillof, sinceramente esto no promueve el empleo; ni siquiera se molestan en expresarlo. Por supuesto que esto no lo van a encontrar en el proyecto de ley porque en él no se dice. Aparentemente, esto no es motivo de interés.
Además, resulta claro que lamentablemente este proyecto surge de la aceptación de la incapacidad de contratar por parte del Estado. Entonces, la decisión es privatizar esa capacidad del Estado para contratar. Pero insisto en que esto se hace de la peor forma, porque se privilegia el interés particular olvidando que el Estado, en cuanto a su capacidad regulatoria, tiene la obligación no solamente de imponer las condiciones en que deben efectuarse las contrataciones con el sector privado, sino también de garantizar a los ciudadanos condiciones de igualdad de posibilidades y de trato. Algo que realmente afecta este proyecto de ley es la falta de igualdad de todos, cuando esta iniciativa debería contemplar ese aspecto. Voy a suministrar un ejemplo para que se entienda de qué se trata cuando hablamos de esto.
Como dije, el proyecto parte de la aceptación de la incapacidad del Estado para contratar, y entonces es así como se decide privatizar. Si eso se hace bien, no necesariamente generaría mayores costos. Si se hace una buena licitación y hay competencia, se podría conseguir un buen precio. En este caso, el problema es que solamente las empresas que tienen una capacidad económica extraordinaria para realizar las grandes obras pueden participar.
Por ejemplo, si se quisieran construir cien mil viviendas, una opción sería que el Estado hiciera cien licitaciones de mil viviendas cada una, repartiendo entonces el trabajo, descentralizando la operatoria, con menos requisitos de acceso para que muchos más pudieran llevar adelante este tipo de obras e ingresar en el sistema. En este caso, sería mucho más probable que participen empresas pequeñas, aquellas que hoy sostienen el empleo formal y protegido.
En cambio, la otra opción que es la que defiende y promueve esta iniciativa garantiza que uno solo pueda construir las cien mil viviendas. El costo final, incluso, podría ser el mismo, pero en el primer caso el Estado puede descentralizar la ejecución, priorizar la participación de empresas provinciales o locales y dar participación a más cantidad de mano de obra dentro de determinado sistema de construcción.
En el segundo caso, la gran empresa –por ejemplo, IRSA es la que define no solo su propia participación sino las condiciones, es decir, cómo y quiénes van a hacer el plan de las cien mil viviendas.
Entonces, por supuesto que acá no hay una consideración sobre cómo se integran las pequeñas empresas dentro de este programa. Están afuera porque este es un régimen de excepcionalidad que beneficia obviamente a los grandes.
Además, este proyecto transita por una vía opuesta a las reformas que se introdujeron en el último tiempo al Código Civil y Comercial. Se trataba de normas que habían implicado un avance notable en la constitucionalización del derecho privado. ¿Qué rumbo tomamos con esto? Salimos de la constitucionalización del derecho privado para ir a la privatización del derecho público. Eso es lo que estamos haciendo, porque no solamente se privatiza el sistema de contratación del Estado, sino que también estamos privatizando el acceso a las normas y al derecho.
Esto reedita el Estado bobo que conocimos en la década del 90 y que fue funcional para que algunos pocos se hicieran de las ganancias que los otros –a veces en condiciones de explotación estaban produciendo.
Por otra parte, quienes resulten comprendidos dentro de este sistema van a gozar de un régimen de excepcionalidad, que los sacará de la igualdad que todos los argentinos tenemos ante la ley. ¿Cuáles son esas condiciones? Lo planteé también en oportunidad del debate en la comisión y lo hice además recordando que tengo presentado un proyecto en esta Cámara para quitar de la prohibición, por ejemplo, a las mujeres que tienen que andar remando en los tribunales para actualizar una cuota alimentaria con el objeto de que la obligación respecto de los hijos no quede aplastada por el efecto de la inflación. Sin embargo, hoy la norma les prohíbe –como a todos los argentinos indexar sus créditos.
Este proyecto incluye un privilegio de excepcionalidad para los grandes grupos económicos, que son los que se van a presentar para realizar estas obras. Ellos sí podrán actualizar o indexar sus precios. Los que entren en este régimen de excepcionalidad sí podrán hacer las cosas que el resto de los argentinos no podemos hacer.
Entonces, el Congreso nuevamente tendrá que decir a las madres que sostienen a sus hijos y que se ven imposibilitadas de actualizar las cuotas alimentarias, que hemos tenido tiempo para aprobar esto tan rápido, pero hace meses que cajoneamos un proyecto que atendería la situación de sectores mucho más necesitados.
Hay otra cuestión que es tan grave como esta. Todo el mundo sabe que en la Argentina nadie puede cobrar sus créditos si no es a moneda nacional. Los que tienen contrataciones a precio dólar solamente pueden hacerlo con moneda nacional a la cotización oficial. Sin embargo, este proyecto otra vez establece una norma de excepcionalidad para las empresas que contraten por este sistema: ellas sí van a poder cobrar contante y sonante los billetitos verdes. Quiere decir que otra vez nos encontramos frente a la discrecionalidad y la desigualdad consagrada en una ley sancionada por el propio Congreso de la Nación.
Deseo finalizar esta intervención con una advertencia que ya he realizado en otras oportunidades. En mi opinión, el gran problema que tenemos hoy en la Argentina es que a este gobierno le falta política. Digo esto porque creen que pueden atender todas las cuestiones mirando las encuestas, haciendo estrategias de marketing y beneficiando a los grandes grupos, y que así la ya fracasada teoría del derrame podría dar algún resultado.
Lo cierto es que falta política, que es aquello que sirve para articular actores, acciones y estrategias. Además, detrás o delante de ella también tiene que existir un objetivo central, que es reconstruir una visión de país. La Argentina necesita de liderazgos ejemplares y confiables que verdaderamente pongan en marcha un modelo de desarrollo equitativo, sustentable, social y humano con una visión de mediano y largo plazo. La visión de un gobierno no se puede limitar al tiempo finito que le toca gobernar. La obligación y el desafío más importante de quienes han prometido cambiar tiene que ser la iniciación de una etapa de desarrollo para la Argentina, lo cual no se va a lograr con este tipo de normas. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA):
Señora presidenta: estamos discutiendo este proyecto de ley en momentos en que en el país se han desatado enormes escándalos de corrupción en torno a la obra pública y a la patria contratista, que estuvo vinculada al gobierno anterior y al actual.
Todos esos escándalos son producto de la sistemática violación de las normas que regulan la obra pública, que con la sanción de este proyecto directamente dejarán de existir. Digo esto porque de ser sancionado, el proyecto que tenemos en tratamiento se va a convertir en la corrupción misma, ya que posibilita la impunidad que se está buscando en beneficio de los grandes grupos económicos.
Además, esta propuesta forma parte de un paquete de leyes con las que el gobierno pretende seducir a los capitales y lograr inversiones, particularmente extranjeras. Para ello va a asegurar las máximas prebendas posibles a esos grupos económicos, que maximizarán aún más las elevadísimas ganancias que han obtenido, sobre todo, como consecuencia de los sobreprecios en la obra pública.
Por otro lado, en el artículo 2° del proyecto se señala que los contratos de participación público-privada pueden ser tomados como una alternativa a normas ya existentes, como las leyes 13.064 de obra pública y 17.520 de peajes, o el decreto 1.023/01, por el que se establece el régimen de contrataciones del Estado.
En realidad, no nos encontramos ante una alternativa sino ante un puente que han colocado para sortear o evadir los pocos controles que pueden existir en virtud de aquellas normas.
Casualmente, en el día de ayer recibimos en esta Cámara la visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien nos clarificó algunas cuestiones. Cabe aclarar que el ministro concurrió a una reunión de comisión a efectos de presentar el presupuesto del área de transporte para el año próximo, respecto del cual se ha dicho que contiene la mayor cantidad de inversiones en obra pública que realizará el gobierno. En dicha reunión, el ministro manifestó que, en materia de transporte, este es el presupuesto más ambicioso en mucho tiempo.
Este proyecto de contratos de participación pública y privada fue mencionado varias veces y con gran expectativa por el señor ministro Dietrich en la reunión de comisión celebrada en el día de ayer. En este sentido, manifestó el deseo de que esta iniciativa pudiera aprobarse rápidamente a fin de garantizar la realización de las obras públicas que informó durante su intervención de hora y media en dicha reunión.
El 90 por ciento del tiempo que utilizó el señor ministro lo dedicó a informar sobre las obras de infraestructura que favorecerán los grandes monopolios exportadores del país. Tales obras se vinculan con emprendimientos viales, ferroviarios, la construcción de aeropuertos para la exportación de productos y de puertos que involucren el transporte naval. La gran expectativa del señor ministro fue que con esta iniciativa iban a saltearse todos los controles y las obras se concretarían más rápidamente según su opinión, sin limitación alguna.
Quedó en claro que las pocas obras que pueden beneficiar a la población –como la construcción o el arreglo de autopistas y autovías, con la sanción de esta ley pueden ser rápidamente concesionadas a empresas privadas para que cobren un peaje en nombre del mantenimiento de dichas rutas. Esto es lo que va a plantear esta norma sin ningún tipo de control.
En la reunión de ayer, también estuvo presente el director de Vialidad, quien dejó aclarado que no existen límites respecto de los montos para las obras que podrían realizarse a través de este régimen, lo que ya existe en muchos lugares del interior del país. Esto significa que llegado determinado monto, la obra pública no puede hacerse de otra manera que no sea a través de un proceso licitatorio específico, cosa que no ocurre en este caso.
Cuando le consulté, junto con otros señores diputados, sobre la ruta 34, en la provincia de Salta, tramo MetánRosario de la Frontera, señaló que para el año 2017 esa obra tiene presupuestado una partida de 2 millones de pesos, cosa que viene ocurriendo desde hace cuatro o cinco años, con el gobierno anterior. Tengamos en cuenta que se trata de una obra que costará más de 1.000 millones de pesos, con lo cual, si de ese monto solo se han presupuestado 2 millones, esto significa que no podrá llevarse a cabo. Frente a este argumento, el señor ministro dijo que no había de qué preocuparse pues se haría con los contratos de participación pública y privada. Esto evidentemente significa que, llegado el caso, de concretarse la obra, va a concesionarla para los peajes, sin ningún tipo de límite. Estamos hablando de una obra de 1.000 millones de pesos que será adjudicada de manera directa o con este tipo de negociaciones previas que puede llevar a cabo el Estado con los que se presenten a la licitación y sean precalificados. De esta manera, podrá haber negociaciones previas para armar los proyectos y discutir las ganancias y el tiempo de las concesiones, que pueden ser hasta de treinta y cinco años. A través de estos mecanismos harán obras para favorecer a determinados grupos económicos y concesionarlas en el futuro.
Hay un aspecto muy relevante para nosotros, que está contemplado en el artículo 5°. Según su texto, otorga toda responsabilidad al contratante el Estado respecto de todos los pasivos ambientales que pudieran generar los proyectos que se concreten por medio de estos mecanismos de participación pública y privada. Dicho de otro modo, el Estado se hará cargo de la protección y el cuidado ambiental y de las eventuales medidas de prevención y mitigación que surgieran de esos pasivos ambientales.
Esto es lo que ocurrió con la asociación entre Chevron e YPF. En verdad, el sueño de Chevron es que se dé en otros países del mundo lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador: tener concesiones y hacer un desastre ambiental, porque, total, el Estado se hace cargo. A esto apunta el artículo 5° del proyecto de ley.
Resulta claro que aquí no hay transparencia alguna porque se han eliminado todos los controles. Veamos lo que ocurrió con la obra para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que fue adjudicada a una empresa con participación de la familia del propio presidente de la Nación. En este punto debo mencionar también a Odebrecht, cuyo principal responsable está preso en Brasil.
Reitero que no hay transparencia. Además, los contratos pueden ser transferidos o vendidos a otras empresas. Habrá un proceso de tercerización; cuando se habla de las pymes, en realidad se hace referencia a subcontratar y tercerizar servicios, con el agravante de que los trabajadores perderán los convenios colectivos de trabajo. El empresario que transfiera o venda un contrato quedará eximido de la responsabilidad por lo que la nueva empresa haga en el futuro. Es una flexibilización absoluta.
El artículo 25 dispone que cualquier controversia podrá ser dirimida en tribunales arbitrales, pero no establece una jurisdicción. Por lo tanto, se irá camino al CIADI, organismo del Banco Mundial donde ya existen ejemplos de juicios con fallos favorables para las empresas privatizadas. Se renuncia a la jurisdicción nacional; al respecto, ya tenemos como antecedente el caso de los fondos buitre.
Finalmente, me parece importante recordar que esta norma tiene como antecedente el decreto 967/2005, dictado por el ex presidente Néstor Kirchner. En otras palabras, ese decreto ahora se está transformando en ley para darle una jerarquía mayor.
Todos esos escándalos son producto de la sistemática violación de las normas que regulan la obra pública, que con la sanción de este proyecto directamente dejarán de existir. Digo esto porque de ser sancionado, el proyecto que tenemos en tratamiento se va a convertir en la corrupción misma, ya que posibilita la impunidad que se está buscando en beneficio de los grandes grupos económicos.
Además, esta propuesta forma parte de un paquete de leyes con las que el gobierno pretende seducir a los capitales y lograr inversiones, particularmente extranjeras. Para ello va a asegurar las máximas prebendas posibles a esos grupos económicos, que maximizarán aún más las elevadísimas ganancias que han obtenido, sobre todo, como consecuencia de los sobreprecios en la obra pública.
Por otro lado, en el artículo 2° del proyecto se señala que los contratos de participación público-privada pueden ser tomados como una alternativa a normas ya existentes, como las leyes 13.064 de obra pública y 17.520 de peajes, o el decreto 1.023/01, por el que se establece el régimen de contrataciones del Estado.
En realidad, no nos encontramos ante una alternativa sino ante un puente que han colocado para sortear o evadir los pocos controles que pueden existir en virtud de aquellas normas.
Casualmente, en el día de ayer recibimos en esta Cámara la visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien nos clarificó algunas cuestiones. Cabe aclarar que el ministro concurrió a una reunión de comisión a efectos de presentar el presupuesto del área de transporte para el año próximo, respecto del cual se ha dicho que contiene la mayor cantidad de inversiones en obra pública que realizará el gobierno. En dicha reunión, el ministro manifestó que, en materia de transporte, este es el presupuesto más ambicioso en mucho tiempo.
Este proyecto de contratos de participación pública y privada fue mencionado varias veces y con gran expectativa por el señor ministro Dietrich en la reunión de comisión celebrada en el día de ayer. En este sentido, manifestó el deseo de que esta iniciativa pudiera aprobarse rápidamente a fin de garantizar la realización de las obras públicas que informó durante su intervención de hora y media en dicha reunión.
El 90 por ciento del tiempo que utilizó el señor ministro lo dedicó a informar sobre las obras de infraestructura que favorecerán los grandes monopolios exportadores del país. Tales obras se vinculan con emprendimientos viales, ferroviarios, la construcción de aeropuertos para la exportación de productos y de puertos que involucren el transporte naval. La gran expectativa del señor ministro fue que con esta iniciativa iban a saltearse todos los controles y las obras se concretarían más rápidamente según su opinión, sin limitación alguna.
Quedó en claro que las pocas obras que pueden beneficiar a la población –como la construcción o el arreglo de autopistas y autovías, con la sanción de esta ley pueden ser rápidamente concesionadas a empresas privadas para que cobren un peaje en nombre del mantenimiento de dichas rutas. Esto es lo que va a plantear esta norma sin ningún tipo de control.
En la reunión de ayer, también estuvo presente el director de Vialidad, quien dejó aclarado que no existen límites respecto de los montos para las obras que podrían realizarse a través de este régimen, lo que ya existe en muchos lugares del interior del país. Esto significa que llegado determinado monto, la obra pública no puede hacerse de otra manera que no sea a través de un proceso licitatorio específico, cosa que no ocurre en este caso.
Cuando le consulté, junto con otros señores diputados, sobre la ruta 34, en la provincia de Salta, tramo MetánRosario de la Frontera, señaló que para el año 2017 esa obra tiene presupuestado una partida de 2 millones de pesos, cosa que viene ocurriendo desde hace cuatro o cinco años, con el gobierno anterior. Tengamos en cuenta que se trata de una obra que costará más de 1.000 millones de pesos, con lo cual, si de ese monto solo se han presupuestado 2 millones, esto significa que no podrá llevarse a cabo. Frente a este argumento, el señor ministro dijo que no había de qué preocuparse pues se haría con los contratos de participación pública y privada. Esto evidentemente significa que, llegado el caso, de concretarse la obra, va a concesionarla para los peajes, sin ningún tipo de límite. Estamos hablando de una obra de 1.000 millones de pesos que será adjudicada de manera directa o con este tipo de negociaciones previas que puede llevar a cabo el Estado con los que se presenten a la licitación y sean precalificados. De esta manera, podrá haber negociaciones previas para armar los proyectos y discutir las ganancias y el tiempo de las concesiones, que pueden ser hasta de treinta y cinco años. A través de estos mecanismos harán obras para favorecer a determinados grupos económicos y concesionarlas en el futuro.
Hay un aspecto muy relevante para nosotros, que está contemplado en el artículo 5°. Según su texto, otorga toda responsabilidad al contratante el Estado respecto de todos los pasivos ambientales que pudieran generar los proyectos que se concreten por medio de estos mecanismos de participación pública y privada. Dicho de otro modo, el Estado se hará cargo de la protección y el cuidado ambiental y de las eventuales medidas de prevención y mitigación que surgieran de esos pasivos ambientales.
Esto es lo que ocurrió con la asociación entre Chevron e YPF. En verdad, el sueño de Chevron es que se dé en otros países del mundo lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador: tener concesiones y hacer un desastre ambiental, porque, total, el Estado se hace cargo. A esto apunta el artículo 5° del proyecto de ley.
Resulta claro que aquí no hay transparencia alguna porque se han eliminado todos los controles. Veamos lo que ocurrió con la obra para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que fue adjudicada a una empresa con participación de la familia del propio presidente de la Nación. En este punto debo mencionar también a Odebrecht, cuyo principal responsable está preso en Brasil.
Reitero que no hay transparencia. Además, los contratos pueden ser transferidos o vendidos a otras empresas. Habrá un proceso de tercerización; cuando se habla de las pymes, en realidad se hace referencia a subcontratar y tercerizar servicios, con el agravante de que los trabajadores perderán los convenios colectivos de trabajo. El empresario que transfiera o venda un contrato quedará eximido de la responsabilidad por lo que la nueva empresa haga en el futuro. Es una flexibilización absoluta.
El artículo 25 dispone que cualquier controversia podrá ser dirimida en tribunales arbitrales, pero no establece una jurisdicción. Por lo tanto, se irá camino al CIADI, organismo del Banco Mundial donde ya existen ejemplos de juicios con fallos favorables para las empresas privatizadas. Se renuncia a la jurisdicción nacional; al respecto, ya tenemos como antecedente el caso de los fondos buitre.
Finalmente, me parece importante recordar que esta norma tiene como antecedente el decreto 967/2005, dictado por el ex presidente Néstor Kirchner. En otras palabras, ese decreto ahora se está transformando en ley para darle una jerarquía mayor.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SR. LOPEZ, PABLO SEBASTIAN (SALTA):
Como socialistas del Partido Obrero creemos que solo en manos de un gobierno de los trabajadores podrá desarrollarse en el país un plan de obras públicas que redunde en beneficio de la mayoría del pueblo y no coloque al Estado en la posición de endeudarse o de tomar crédito internacional para garantizar enormes ganancias a los grandes grupos empresarios que han originado esta patria contratista con los sobreprecios.
Por estas razones hemos firmado un dictamen de minoría y llamamos a todos los diputados a rechazar el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, que apunta a beneficiar a los grandes grupos que actúan en nuestro país.
Por estas razones hemos firmado un dictamen de minoría y llamamos a todos los diputados a rechazar el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría, que apunta a beneficiar a los grandes grupos que actúan en nuestro país.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
SR. PASTORI, LUIS MARIO (MISIONES):
Señor presidente: hace poco tiempo, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley sobre contratos de participación público-privada que contemplaba un mecanismo de contratación diferente a los habitualmente vigentes en la ley sobre concesión de obras públicas o en el Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas.
De ser aprobada esta iniciativa, no reemplazará a ninguno de ellos; simplemente, los complementará. Es un mecanismo más –a nuestro criterio muy importante- que se sumaría a una cantidad de procedimientos que establece la normativa actualmente vigente. Reitero que nada reemplazaría, sino que complementaría aquellas situaciones que, por el orden público que llevan implícito, necesitan otros mecanismos de contratación para asegurar el éxito del proyecto en cuestión. ¿Por qué un proyecto debería ejecutarse por este régimen de contratación de participación público-privada? Por la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento de la obra pública y de la provisión de servicios públicos. Necesitamos más capital, más tecnología y más recursos, pero además, precisamos paliar el enorme déficit de infraestructura que se registra a lo largo y ancho del país, que es monstruoso.
Ayer, mientras en la reunión de comisión escuchábamos al ministro Dietrich, un diputado que estaba a mi lado me dijo que en la Argentina estaba todo por hacer. Ese diputado tiene razón: está todo por hacer, pero nos faltan recursos. El Estado no tiene la capacidad financiera ni económica suficiente para encarar en un tiempo prudencial todas las obras de infraestructura que el país requiere para mejorar la calidad de vida de la gente. No se trata de mejorar los bolsillos de ningún empresario, y bienvenida sea la ganancia empresaria bien habida. Tampoco se trata de mejorar los bolsillos de ningún funcionario, lo que no se aceptará desde ningún punto de vista.
Aquí se ha hablado de fracaso, pero no porque haya fracasado en este aspecto una gestión anterior tiene que ocurrir lo mismo con la nueva gestión.
El señor ministro ayer habló del sistema de PPP, y yo me acordaba de lo que ocurre por ejemplo en mi provincia, donde no tenemos el tren mesopotámico desde hace tres o cuatro años, ni de carga ni de pasajeros. Sin embargo, ahora figura dentro de la lista de prioridades a través del denominado “Plan Belgrano”.
En cuanto al gasoducto del NEA, ¿hace cuántos años que nos lo vienen prometiendo? Recién está previsto que llegue a las provincias de Corrientes y de Misiones no sé en qué año, pues si bien se viene anunciando desde 2003, recién estamos en los comienzos de la obra.
También podemos mencionar el caso de la hidrovía. Una sola de las barcazas que vemos pasar del lado paraguayo reemplaza a cuatrocientos o quinientos camiones, y no lo digo para competir con este modo de transporte sino para complementarlo.
Tenemos que seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos, y este es un mecanismo; no es el único ni es perfecto, pero va en esa dirección. Se trata de un mecanismo que se viene implementando en el mundo desde hace cuarenta y cinco años. Comenzó en el Reino Unido, se extendió luego a toda Europa y a América del Norte, y creo que hoy somos el único país de nuestra región, junto con Venezuela, que no tenemos un régimen amparado por una legislación como la que hoy se está proponiendo.
Hoy, se citó como antecedente un decreto firmado en el año 2005 por el entonces presidente, Néstor Kirchner, pero se omitió señalar la existencia de otro antecedente. Se trata del decreto 1.299/2000, dictado por el gobierno de la Alianza.
Ambos instrumentos fracasaron, tanto el del año 2000, que era muy bueno, como el de 2005. ¿Por qué ocurrió esto? Quizás en el primer caso no ayudó el contexto económico y social, tanto nacional como internacional. En el segundo caso, si bien ese contexto en el año 2005 ayudaba ya que era la mejor época para este tipo de proyectos, quizás el fracaso se debió a una regulación deficiente y a la falta de credibilidad en un gobierno que luego implementó el cepo cambiario, que se manejaba con múltiples tipos de cambio, que no resolvía la deuda con los holdouts o fondos buitre y que había destruido el sistema estadístico a través de un INDEC que no suministraba los índices de pobreza.
Probablemente, todo esto haya tenido que ver con el fracaso de aquel decreto dictado en el año 2005, por lo que diez años después, cuando entregaron el gobierno, no se había podido lograr el financiamiento de obras públicas mediante este sistema. Ahora bien, ¿eso quiere decir que este proyecto necesariamente fracasará?
Me parece que aquí puede haber hasta cierta envidia. Este proyecto no fracasará porque el contexto es diferente. Aquí se habla de la inversión como pilar fundamental del crecimiento económico de 2017.
Ya están comprometidas y consolidadas inversiones por más de 50.000 millones de dólares para los próximos años. Está especificado cuánto se ha comprometido a aportar cada empresa en cada sector de la economía y en cada provincia. Es muy fácil acceder a este listado en las páginas web del Poder Ejecutivo.
Escuchamos atentamente los informes de los dictámenes de minoría. Me parece que están llenos de prejuicios y de preconceptos.
En el informe del primer dictamen de minoría, del Frente para la Victoria, se habló de cesión de soberanía nacional. Dicen esto quienes, desde el gobierno, en los contratos de las dos represas de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, cedieron jurisdicción a tribunales de Londres o de París. No estoy criticando que lo hayan hecho, pero no tienen autoridad moral para venir ahora a criticar la posible cesión de jurisdicción en caso de controversias que requieran un arbitraje internacional, que no es la regla sino la excepción.
No estamos privatizando absolutamente nada. No es cierto lo que se ha dicho tanto en el informe del primer dictamen de minoría como en el del Bloque Progresista en el sentido de que acá estamos privatizando todo.
No estamos privatizando sino cambiando la lógica. Antes, el privado construía y el Estado pagaba. Ahora, el Estado diseña, adjudica, regula y controla, y el privado financia la inversión. De esa forma, el Estado difiere el pago de la obra, ya que no tiene los medios necesarios para hacerlo.
Hemos escuchado argumentos negativos basados en generalidades o en preconceptos. No es cierto que el Estado sea incapaz de contratar. Por el contrario, ahora asumirá una mayor responsabilidad en la contratación porque tendrá que regular y controlar el cumplimiento de la realización de obras de infraestructura importantes como las que se van a ejecutar con este tipo de proyectos.
Ojalá se puedan licitar cien mil o un millón de viviendas, que son las que hacen falta en la Argentina. Ahora bien, con toda honestidad, ¿alguien puede decir que el Estado hoy tiene capacidad para licitar un millón de viviendas?
Escuché al miembro informante del último dictamen de minoría. Es lógico que tengamos diferencias por cuestiones ideológicas, pero quisiera saber si cuando alguna autopista o plan de viviendas se realice en su provincia, alguien dirá que se opone porque ello se ejecuta por medio del régimen de PPP.
Concluyo mi exposición invitando a los colegas diputados a apostar al éxito de esta norma, no a su fracaso.
Nosotros apostamos al éxito. Estoy seguro de que todos aquellos legisladores de buena fe que apuesten al éxito nos acompañarán con el voto afirmativo. (Aplausos en las bancas.)
De ser aprobada esta iniciativa, no reemplazará a ninguno de ellos; simplemente, los complementará. Es un mecanismo más –a nuestro criterio muy importante- que se sumaría a una cantidad de procedimientos que establece la normativa actualmente vigente. Reitero que nada reemplazaría, sino que complementaría aquellas situaciones que, por el orden público que llevan implícito, necesitan otros mecanismos de contratación para asegurar el éxito del proyecto en cuestión. ¿Por qué un proyecto debería ejecutarse por este régimen de contratación de participación público-privada? Por la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento de la obra pública y de la provisión de servicios públicos. Necesitamos más capital, más tecnología y más recursos, pero además, precisamos paliar el enorme déficit de infraestructura que se registra a lo largo y ancho del país, que es monstruoso.
Ayer, mientras en la reunión de comisión escuchábamos al ministro Dietrich, un diputado que estaba a mi lado me dijo que en la Argentina estaba todo por hacer. Ese diputado tiene razón: está todo por hacer, pero nos faltan recursos. El Estado no tiene la capacidad financiera ni económica suficiente para encarar en un tiempo prudencial todas las obras de infraestructura que el país requiere para mejorar la calidad de vida de la gente. No se trata de mejorar los bolsillos de ningún empresario, y bienvenida sea la ganancia empresaria bien habida. Tampoco se trata de mejorar los bolsillos de ningún funcionario, lo que no se aceptará desde ningún punto de vista.
Aquí se ha hablado de fracaso, pero no porque haya fracasado en este aspecto una gestión anterior tiene que ocurrir lo mismo con la nueva gestión.
El señor ministro ayer habló del sistema de PPP, y yo me acordaba de lo que ocurre por ejemplo en mi provincia, donde no tenemos el tren mesopotámico desde hace tres o cuatro años, ni de carga ni de pasajeros. Sin embargo, ahora figura dentro de la lista de prioridades a través del denominado “Plan Belgrano”.
En cuanto al gasoducto del NEA, ¿hace cuántos años que nos lo vienen prometiendo? Recién está previsto que llegue a las provincias de Corrientes y de Misiones no sé en qué año, pues si bien se viene anunciando desde 2003, recién estamos en los comienzos de la obra.
También podemos mencionar el caso de la hidrovía. Una sola de las barcazas que vemos pasar del lado paraguayo reemplaza a cuatrocientos o quinientos camiones, y no lo digo para competir con este modo de transporte sino para complementarlo.
Tenemos que seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos, y este es un mecanismo; no es el único ni es perfecto, pero va en esa dirección. Se trata de un mecanismo que se viene implementando en el mundo desde hace cuarenta y cinco años. Comenzó en el Reino Unido, se extendió luego a toda Europa y a América del Norte, y creo que hoy somos el único país de nuestra región, junto con Venezuela, que no tenemos un régimen amparado por una legislación como la que hoy se está proponiendo.
Hoy, se citó como antecedente un decreto firmado en el año 2005 por el entonces presidente, Néstor Kirchner, pero se omitió señalar la existencia de otro antecedente. Se trata del decreto 1.299/2000, dictado por el gobierno de la Alianza.
Ambos instrumentos fracasaron, tanto el del año 2000, que era muy bueno, como el de 2005. ¿Por qué ocurrió esto? Quizás en el primer caso no ayudó el contexto económico y social, tanto nacional como internacional. En el segundo caso, si bien ese contexto en el año 2005 ayudaba ya que era la mejor época para este tipo de proyectos, quizás el fracaso se debió a una regulación deficiente y a la falta de credibilidad en un gobierno que luego implementó el cepo cambiario, que se manejaba con múltiples tipos de cambio, que no resolvía la deuda con los holdouts o fondos buitre y que había destruido el sistema estadístico a través de un INDEC que no suministraba los índices de pobreza.
Probablemente, todo esto haya tenido que ver con el fracaso de aquel decreto dictado en el año 2005, por lo que diez años después, cuando entregaron el gobierno, no se había podido lograr el financiamiento de obras públicas mediante este sistema. Ahora bien, ¿eso quiere decir que este proyecto necesariamente fracasará?
Me parece que aquí puede haber hasta cierta envidia. Este proyecto no fracasará porque el contexto es diferente. Aquí se habla de la inversión como pilar fundamental del crecimiento económico de 2017.
Ya están comprometidas y consolidadas inversiones por más de 50.000 millones de dólares para los próximos años. Está especificado cuánto se ha comprometido a aportar cada empresa en cada sector de la economía y en cada provincia. Es muy fácil acceder a este listado en las páginas web del Poder Ejecutivo.
Escuchamos atentamente los informes de los dictámenes de minoría. Me parece que están llenos de prejuicios y de preconceptos.
En el informe del primer dictamen de minoría, del Frente para la Victoria, se habló de cesión de soberanía nacional. Dicen esto quienes, desde el gobierno, en los contratos de las dos represas de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, cedieron jurisdicción a tribunales de Londres o de París. No estoy criticando que lo hayan hecho, pero no tienen autoridad moral para venir ahora a criticar la posible cesión de jurisdicción en caso de controversias que requieran un arbitraje internacional, que no es la regla sino la excepción.
No estamos privatizando absolutamente nada. No es cierto lo que se ha dicho tanto en el informe del primer dictamen de minoría como en el del Bloque Progresista en el sentido de que acá estamos privatizando todo.
No estamos privatizando sino cambiando la lógica. Antes, el privado construía y el Estado pagaba. Ahora, el Estado diseña, adjudica, regula y controla, y el privado financia la inversión. De esa forma, el Estado difiere el pago de la obra, ya que no tiene los medios necesarios para hacerlo.
Hemos escuchado argumentos negativos basados en generalidades o en preconceptos. No es cierto que el Estado sea incapaz de contratar. Por el contrario, ahora asumirá una mayor responsabilidad en la contratación porque tendrá que regular y controlar el cumplimiento de la realización de obras de infraestructura importantes como las que se van a ejecutar con este tipo de proyectos.
Ojalá se puedan licitar cien mil o un millón de viviendas, que son las que hacen falta en la Argentina. Ahora bien, con toda honestidad, ¿alguien puede decir que el Estado hoy tiene capacidad para licitar un millón de viviendas?
Escuché al miembro informante del último dictamen de minoría. Es lógico que tengamos diferencias por cuestiones ideológicas, pero quisiera saber si cuando alguna autopista o plan de viviendas se realice en su provincia, alguien dirá que se opone porque ello se ejecuta por medio del régimen de PPP.
Concluyo mi exposición invitando a los colegas diputados a apostar al éxito de esta norma, no a su fracaso.
Nosotros apostamos al éxito. Estoy seguro de que todos aquellos legisladores de buena fe que apuesten al éxito nos acompañarán con el voto afirmativo. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
SR. PEDRINI, JUAN MANUEL (CHACO):
Señor presidente: llama la atención que no estemos todos en nuestras bancas. Debatiremos solo una hora, según sus dichos, la norma más importante del año. Esto es más importante que la reforma electoral o el presupuesto. Es una ley que barrerá con la obra pública en la Argentina. Es mentira que complementará la legislación que ya tenemos; la dejará de lado. Esto constituye un atajo para las multinacionales. Me refiero al hecho de no aplicar el compre nacional ni la protección que tenemos para nuestras empresas en relación con las obras públicas.
De esta manera, se creará otra vía de endeudamiento que se suma a la que ya tenemos, que asciende a 40.000 millones, y sabemos que el endeudamiento de la República Argentina constituye una preocupación de todos.
Con esta iniciativa se está habilitando la continuación del festival de bonos y el endeudamiento absolutamente irresponsable. Además, se habilita al Estado a dar garantías a terceros y volver a ceder jurisdicción. Parece que hay muchos que quieren volver a litigar con el juez Griesa, no conformes con lo que sucedió con los fondos buitre. Es increíble que repitamos este tipo de situaciones.
Inclusive, está previsto que ni siquiera apelemos ante una resolución que no sea del interés del Estado argentino. Hasta eso está previsto. O sea, renunciamos hasta a apelar. Cada vez que vamos al CIADI los fallos son obligatorios e inapelables. El Estado argentino ni siquiera se va a reservar el derecho de apelar una eventual resolución en tribunales extranjeros.
Además, esto atenta contra el artículo 765 del Código Civil y Comercial. El recientemente sancionado Código Civil y Comercial establece claramente que en la Argentina se pueden cancelar las obligaciones con moneda de curso legal, con nuestro dinero. Así, aquí también dejamos de lado el código que rige para todos los argentinos en beneficio de empresas extranjeras que pueden cobrar en divisas, es decir, en la moneda que consideran más fuerte.
Por otro lado, no hay límite a la responsabilidad del Estado porque es absolutamente ilimitada. La verdad es que esta iniciativa es tan importante como lo fue la ley de privatizaciones de los años 90. Se trata de la consolidación tardía del Consenso de Washington en la Argentina. Es decir que nuevamente volvemos a estas experiencias neoliberales que no funcionaron con Martínez de Hoz ni con Cavallo, y no veo la razón por la que puedan funcionar ahora. Me parece absurdo que como país volvamos a cometer los mismos errores.
¿Este es el Estado que vamos a consagrar? Será un Estado ya no bobo sino estúpido y ausente, sin ningún tipo de derechos, porque vamos a renunciar absolutamente a todas las prerrogativas.
Como bien decía el diputado Kicillof, la obra pública en todos los países de la región y de Europa se guarda bajo siete llaves, pero aquí la vamos a entregar alegremente.
En mi provincia, estuve con empresarios de la obra pública. Me dijeron que absolutamente nada querían saber con este proyecto y que iban a dejar de ser contratistas del Estado para brindar servicios desde las empresas multinacionales.
De esta manera, se va configurando un Estado en el que los legisladores no quieren pensar más; lo que hacen es copiar las normas de afuera, y cuanto más del Norte, mejor. Parece que ya no tenemos capacidad creativa. Así, importamos las modas: guerra contra las drogas y políticas ultrapunitivas. Pero eso sí: en los Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los Estados autorizan el uso del cannabis medicinal.
Ahora, ¿qué dicen a Patricia Bullrich desde la embajada? “¡No! ¡Palos y guerra contra las drogas!” Esto es lo que nos sucede actualmente.
¿Qué pasa con la economía? La misma situación: Estados Unidos cuadruplicó su base monetaria e Inglaterra la quintuplicó, pero nosotros no vamos a emitir sin endeudarnos: es un pecado mortal. De ninguna manera podemos permitir que se haga algo de este tipo.
Lo mismo sucede con esta ley: no tenemos la decencia de resguardar el compre nacional. ¡Ni eso tenemos! (Aplausos en las bancas.) La verdad es que no podemos más pararnos frente a nuestros industriales y trabajadores con leyes de este tipo.
Recientemente, ADIMRA emitió un comunicado exhortándonos a que al menos tengamos la dignidad de proteger a los trabajadores y a las empresas nacionales. Es lo que hace Estados Unidos: el ciento por ciento de la obra pública tiene que hacerse con productos de ese país; en Brasil, el 50 por ciento, y en nuestro país, nada.
No podemos ser un Parlamento cipayo, señores. Pongámonos los pantalones. ¡Basta de entrega, basta de entrega! (Aplausos en las bancas.)
Voy a compartir el resto de los diez minutos de mi bloque con mi compañero diputado Furlán. (Aplausos en las bancas.)
De esta manera, se creará otra vía de endeudamiento que se suma a la que ya tenemos, que asciende a 40.000 millones, y sabemos que el endeudamiento de la República Argentina constituye una preocupación de todos.
Con esta iniciativa se está habilitando la continuación del festival de bonos y el endeudamiento absolutamente irresponsable. Además, se habilita al Estado a dar garantías a terceros y volver a ceder jurisdicción. Parece que hay muchos que quieren volver a litigar con el juez Griesa, no conformes con lo que sucedió con los fondos buitre. Es increíble que repitamos este tipo de situaciones.
Inclusive, está previsto que ni siquiera apelemos ante una resolución que no sea del interés del Estado argentino. Hasta eso está previsto. O sea, renunciamos hasta a apelar. Cada vez que vamos al CIADI los fallos son obligatorios e inapelables. El Estado argentino ni siquiera se va a reservar el derecho de apelar una eventual resolución en tribunales extranjeros.
Además, esto atenta contra el artículo 765 del Código Civil y Comercial. El recientemente sancionado Código Civil y Comercial establece claramente que en la Argentina se pueden cancelar las obligaciones con moneda de curso legal, con nuestro dinero. Así, aquí también dejamos de lado el código que rige para todos los argentinos en beneficio de empresas extranjeras que pueden cobrar en divisas, es decir, en la moneda que consideran más fuerte.
Por otro lado, no hay límite a la responsabilidad del Estado porque es absolutamente ilimitada. La verdad es que esta iniciativa es tan importante como lo fue la ley de privatizaciones de los años 90. Se trata de la consolidación tardía del Consenso de Washington en la Argentina. Es decir que nuevamente volvemos a estas experiencias neoliberales que no funcionaron con Martínez de Hoz ni con Cavallo, y no veo la razón por la que puedan funcionar ahora. Me parece absurdo que como país volvamos a cometer los mismos errores.
¿Este es el Estado que vamos a consagrar? Será un Estado ya no bobo sino estúpido y ausente, sin ningún tipo de derechos, porque vamos a renunciar absolutamente a todas las prerrogativas.
Como bien decía el diputado Kicillof, la obra pública en todos los países de la región y de Europa se guarda bajo siete llaves, pero aquí la vamos a entregar alegremente.
En mi provincia, estuve con empresarios de la obra pública. Me dijeron que absolutamente nada querían saber con este proyecto y que iban a dejar de ser contratistas del Estado para brindar servicios desde las empresas multinacionales.
De esta manera, se va configurando un Estado en el que los legisladores no quieren pensar más; lo que hacen es copiar las normas de afuera, y cuanto más del Norte, mejor. Parece que ya no tenemos capacidad creativa. Así, importamos las modas: guerra contra las drogas y políticas ultrapunitivas. Pero eso sí: en los Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los Estados autorizan el uso del cannabis medicinal.
Ahora, ¿qué dicen a Patricia Bullrich desde la embajada? “¡No! ¡Palos y guerra contra las drogas!” Esto es lo que nos sucede actualmente.
¿Qué pasa con la economía? La misma situación: Estados Unidos cuadruplicó su base monetaria e Inglaterra la quintuplicó, pero nosotros no vamos a emitir sin endeudarnos: es un pecado mortal. De ninguna manera podemos permitir que se haga algo de este tipo.
Lo mismo sucede con esta ley: no tenemos la decencia de resguardar el compre nacional. ¡Ni eso tenemos! (Aplausos en las bancas.) La verdad es que no podemos más pararnos frente a nuestros industriales y trabajadores con leyes de este tipo.
Recientemente, ADIMRA emitió un comunicado exhortándonos a que al menos tengamos la dignidad de proteger a los trabajadores y a las empresas nacionales. Es lo que hace Estados Unidos: el ciento por ciento de la obra pública tiene que hacerse con productos de ese país; en Brasil, el 50 por ciento, y en nuestro país, nada.
No podemos ser un Parlamento cipayo, señores. Pongámonos los pantalones. ¡Basta de entrega, basta de entrega! (Aplausos en las bancas.)
Voy a compartir el resto de los diez minutos de mi bloque con mi compañero diputado Furlán. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. FURLAN, FRANCISCO ABEL (BUENOS AIRES):
Señor presidente: uno hubiera querido que este proyecto fuera discutido en la Comisión de Industria, porque esta iniciativa tiene mucho que ver con la industria de nuestro país. Sin embargo, no fue así, y ahora nos damos cuenta por qué.
Seguramente, si este proyecto hubiese sido girado a la Comisión de Industria habría tenido un tratamiento totalmente distinto, sin el apuro que hubo para armar de la noche a la mañana una reunión conjunta de dos comisiones para darle despacho favorable a una iniciativa que nada tiene que ver con lo que muchas veces se pregona en los medios de comunicación masiva: la defensa del trabajo argentino.
Claramente, una vez más se está atacando el trabajo argentino y la industria nacional. Cuando desde el oficialismo se manifiesta que a la Argentina le hace falta financiamiento para las obras de infraestructura que son necesarias –concepto que compartimos–, detrás se esconde la necesidad imperiosa que tiene el oficialismo de importar trabajo desde el exterior. No digo esto livianamente o sin argumentos; si no, veamos lo que pasa en la provincia de Córdoba con el gasoducto, que tiene un financiamiento con clara producción china en reemplazo del trabajo argentino. El 40 por ciento de los tubos de ese gasoducto será chino, en lugar de ser trabajo argentino con producción realizada en nuestro país.
Si ese va a ser el argumento del financiamiento, claramente se insiste en deteriorar y echar por tierra a la industria nacional y al trabajo argentino. (Aplausos en las bancas.)
Entonces, ¡basta de decir que se defiende el trabajo argentino!
Esto tiene una coherencia, que voy a manifestar una vez más: en su discurso de apertura de sesiones, el presidente de la Nación ni una palabra dijo sobre la industria nacional; esto tiene coherencia con el veto a la ley de defensa del trabajo argentino que votamos en forma masiva en este Congreso, y claramente es un ataque a las pequeñas y medianas industrias, ya que permite que las multinacionales, inclusive del exterior, vengan a competir con ellas. Eso sí, quedó muy lindo votar una ley para las pymes, pero ahora las sacamos de concurso y de la posibilidad de competir en la obra pública nacional.
Nosotros pertenecemos al movimiento obrero y hemos mantenido una reunión en el ámbito de la CGT, donde fue invitada la Comisión de Industria. Allí, en forma unánime, los gremios industriales manifestaron su posición en contra de este proyecto de ley, pero parece que nadie nos escucha. Quiero hacer una mención aquí, porque lo mismo dije en una reunión con mis compañeros de la CGT: me llama poderosamente la atención la ausencia de discursos que defiendan el trabajo argentino en esta Cámara de Diputados. No nos hagamos los tontos, no miremos para el costado. No salgamos después a los medios de comunicación a decir que defendemos la industria nacional y el trabajo argentino.
Detrás de esta ley se esconde la intención de poner de rodillas a las pequeñas y medianas empresas, y el hecho de que miles y miles de puestos de trabajo se van a perder. Estamos a tiempo de cambiar todo esto. Por eso, propongo que este proyecto de ley vuelva a comisión y se analice con la seriedad del caso. No se trata de cualquier norma.
Vamos a destruir miles y miles de puestos de trabajo. ¡Basta de estar desprotegiendo trabajo argentino! Las cámaras electrónicas acaban de manifestar en la Comisión de Industria la alarmante situación por la que atraviesan al bajarse los aranceles del 35 al 0 por ciento.
¡Destruyen más de quince mil puestos de trabajo en la Argentina! ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando para el costado? ¡Los diputados de la oposición, que somos mayoría en esta Cámara, defendemos ante los medios de comunicación la industria nacional y el trabajo argentino! (Aplausos en las bancas.)
Seguramente, si este proyecto hubiese sido girado a la Comisión de Industria habría tenido un tratamiento totalmente distinto, sin el apuro que hubo para armar de la noche a la mañana una reunión conjunta de dos comisiones para darle despacho favorable a una iniciativa que nada tiene que ver con lo que muchas veces se pregona en los medios de comunicación masiva: la defensa del trabajo argentino.
Claramente, una vez más se está atacando el trabajo argentino y la industria nacional. Cuando desde el oficialismo se manifiesta que a la Argentina le hace falta financiamiento para las obras de infraestructura que son necesarias –concepto que compartimos–, detrás se esconde la necesidad imperiosa que tiene el oficialismo de importar trabajo desde el exterior. No digo esto livianamente o sin argumentos; si no, veamos lo que pasa en la provincia de Córdoba con el gasoducto, que tiene un financiamiento con clara producción china en reemplazo del trabajo argentino. El 40 por ciento de los tubos de ese gasoducto será chino, en lugar de ser trabajo argentino con producción realizada en nuestro país.
Si ese va a ser el argumento del financiamiento, claramente se insiste en deteriorar y echar por tierra a la industria nacional y al trabajo argentino. (Aplausos en las bancas.)
Entonces, ¡basta de decir que se defiende el trabajo argentino!
Esto tiene una coherencia, que voy a manifestar una vez más: en su discurso de apertura de sesiones, el presidente de la Nación ni una palabra dijo sobre la industria nacional; esto tiene coherencia con el veto a la ley de defensa del trabajo argentino que votamos en forma masiva en este Congreso, y claramente es un ataque a las pequeñas y medianas industrias, ya que permite que las multinacionales, inclusive del exterior, vengan a competir con ellas. Eso sí, quedó muy lindo votar una ley para las pymes, pero ahora las sacamos de concurso y de la posibilidad de competir en la obra pública nacional.
Nosotros pertenecemos al movimiento obrero y hemos mantenido una reunión en el ámbito de la CGT, donde fue invitada la Comisión de Industria. Allí, en forma unánime, los gremios industriales manifestaron su posición en contra de este proyecto de ley, pero parece que nadie nos escucha. Quiero hacer una mención aquí, porque lo mismo dije en una reunión con mis compañeros de la CGT: me llama poderosamente la atención la ausencia de discursos que defiendan el trabajo argentino en esta Cámara de Diputados. No nos hagamos los tontos, no miremos para el costado. No salgamos después a los medios de comunicación a decir que defendemos la industria nacional y el trabajo argentino.
Detrás de esta ley se esconde la intención de poner de rodillas a las pequeñas y medianas empresas, y el hecho de que miles y miles de puestos de trabajo se van a perder. Estamos a tiempo de cambiar todo esto. Por eso, propongo que este proyecto de ley vuelva a comisión y se analice con la seriedad del caso. No se trata de cualquier norma.
Vamos a destruir miles y miles de puestos de trabajo. ¡Basta de estar desprotegiendo trabajo argentino! Las cámaras electrónicas acaban de manifestar en la Comisión de Industria la alarmante situación por la que atraviesan al bajarse los aranceles del 35 al 0 por ciento.
¡Destruyen más de quince mil puestos de trabajo en la Argentina! ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando para el costado? ¡Los diputados de la oposición, que somos mayoría en esta Cámara, defendemos ante los medios de comunicación la industria nacional y el trabajo argentino! (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LAVAGNA, MARCO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente...
SR. FURLAN, FRANCISCO ABEL (BUENOS AIRES):
Había formulado una moción para que el proyecto volviera a comisión, señor presidente.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Señor diputado: cuando finalicemos con la lista de oradores se votará la moción por usted formulada. Es lo primero que se pondrá a votación.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LAVAGNA, MARCO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: hace un ratito, cuando usted se retiró, asumió la presidencia Felipe Solá. Me dije a mí mismo “qué suerte que esté Felipe”. No quiere decir que usted, señor presidente, no deba estar, pero verlo a él me llenó de mucha emoción.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Para esta Presidencia también ha sido un motivo de orgullo ser reemplazado por el ingeniero Felipe Solá.
SR. LAVAGNA, MARCO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: tomando las cosas que se dijeron anteriormente sobre la protección del trabajo argentino –a esto se refirió el señor diputado Furlán-, debo decir que cuando uno discute este tipo de normas no es que estemos dando concesiones o haciendo cosas raras que posibiliten que se realice algo que hoy no se está haciendo.
Recuerdo que en 2014 se firmó un convenio con los chinos. Había cesión de jurisdicción y podíamos importar para infraestructura e inversiones, pero relegábamos las normas laborales que se aplicaban en la Argentina. Esto no significa que esté bien o mal, sino que son cosas que con la normativa vigente ya se hacen. Esto también debemos tenerlo en cuenta. No es que la normativa dejará abierta una puerta para que se haga lo que no se puede hacer.
Además, existen decretos y resoluciones donde el régimen PPP es un mecanismo que ya existe en la Argentina. Estamos buscando cómo hacer para generar más atracción de inversiones. Cómo logramos que la falencia que tiene la Argentina en términos de inversiones estratégicas comience a revertirse.
Por otro lado, le voy a responder al señor diputado Pastori en el sentido de que hay que tener cuidado con suponer que esto va a significar la salvación de la Argentina. No se puede pensar que por priorizar las inversiones vamos a revertir todos los problemas internos que podamos tener. Las inversiones son absolutamente necesarias, pero no debemos confiarnos en que venga el efecto derrame y de golpe y porrazo todos vamos a ser felices.
Ese tipo de marcos regulatorios apuntan a fijar un parámetro entre el Estado nacional, el provincial, el sector público y el privado para que en conjunto puedan desarrollar alguna obra, inversión o servicio. Es lo que intentamos hacer, porque en el mundo entero existe este tipo de leyes que han dado resultado.
Nosotros mismos, en la campaña electoral, hablamos del PPP y de la necesidad de elaborar un régimen vinculado con esta cuestión. Entendemos que existe coincidencia en el sentido de que es bueno avanzar con un régimen de participación público privada.
La clave tiene que ver con la forma como encaramos la discusión, qué es lo que firmamos, si aceptamos cualquier cosa o no y si estamos dispuestos –para decirlo mal y pronto- a bajarnos los pantalones y aceptar todo lo que nos venga impuesto de afuera. Creo que esa no es la solución y por eso nosotros hemos incorporado muchas modificaciones a este proyecto.
No coincido con las visiones que se han dado antes, en el sentido de que hacemos cambios cosméticos y lo aprobamos. La verdad es que las modificaciones que hemos estado discutiendo, negociando, han sido sustanciales, y las voy a resumir.
Cuando nosotros recibimos el proyecto, que ya tiene sanción y mejoras respecto del que había venido del Poder Ejecutivo, tenía lo que podíamos denominar una trilogía imposible: había tres factores que se combinaban que hacían que el proyecto no se pudiera votar, por lo menos, desde nuestra perspectiva.
Por un lado, había un objeto muy amplio de la ley, controles muy laxos por parte del Estado y encima, una prórroga de jurisdicción. Prórrogas de jurisdicción, ya lo dijimos antes, existen actualmente, se están haciendo y hay distintos convenios. Están en trenes, en represas, en Chevron, y si voy más hacia atrás –para que esto no parezca una crítica al gobierno anterior encontramos sistemáticamente prórrogas de jurisdicción.
La prórroga de jurisdicción puede significar dar un marco jurídico más confiable, porque la Argentina tiene que recuperar confiabilidad en el mundo para atraer inversiones. Cuando uno hace la prórroga de jurisdicción, debe tener mucho cuidado en los otros dos aspectos: el objeto y los controles.
Respecto del objeto, como está planteado en el artículo 1° del proyecto de ley, es extremadamente amplio, y nosotros pusimos particular atención en uno de los puntos, relativo a servicios públicos.
Como estaba originalmente la norma y cuando entremos en la discusión en particular vamos a señalarlo y a corregirlo, seguramente, vimos con preocupación el hecho de que esta podía ir por encima de los marcos regulatorios de los servicios públicos que tenemos actualmente. Se podía terminar en que el barrio “A”, que ya tiene servicio eléctrico, esté bajo las normas que actualmente rigen, y el barrio “B”, un nuevo barrio que se hace por una PPP, tenga otro tipo de características y de servicios públicos, con otra tarifa por estar dentro del régimen de PPP.
Una de las modificaciones que para nosotros es esencial es que todo lo que sea referido a servicios públicos esté supeditado a los marcos regulatorios actualmente vigentes en materia de servicios públicos, ya sea electricidad, gas, transportes o lo que fuera. No podemos dejar la puerta abierta de tener dos marcos regulatorios para un mismo servicio.
Para nosotros, este es un punto esencial en lo que se refiere al acotamiento del objeto, para ver cómo hacemos para empezar a romper esta trilogía imposible de la que yo hablaba anteriormente.
En el tema de controles, donde se hizo la mayoría de las modificaciones que hemos planteado, pusimos el foco principalmente en tres grandes ejes. Por un lado, en el control del objeto, que es esto de lo que hablábamos antes, que incorporamos en el artículo 2° del proyecto de ley, un control normativo; y por el otro lado, un control fiscal.
Cuando hablamos de “control normativo”, propusimos la necesidad de tener una comisión bicameral que analizara todos los proyectos que pudieran ingresar por PPP.
Esta comisión bicameral tendrá como objetivo recibir toda la información, los contratos, las priorizaciones, hacer análisis y dictámenes, que fue otra de las modificaciones que hemos introducido, y ver los dictámenes de la Unidad de Evaluación de PPP, en los que se tiene que determinar por qué utilizar este tipo de asociación y no otro mecanismo de contrataciones, como pueden ser obras públicas.
La comisión bicameral hará un control adicional a la discrecionalidad que pudiera tener el Poder Ejecutivo, y en eso lo vamos a estar mirando con mucho detenimiento para que cada paso que se vaya dando en un proyecto PPP esté monitoreado permanentemente por el Congreso.
Más allá del Parlamento, incorporamos a la AGN e hicimos muchas modificaciones en el articulado para darle mayor poder de contralor y mayor claridad en lo que habrá de controlar. Sumamos a la Procuración del Tesoro, que tendrá que intervenir en distintos mecanismos por ejemplo, la cesión del contrato, porque originalmente estaba estipulado que el contrato se pudiera ceder en cualquier momento. Eso también nosotros lo restringimos.
Hay un tema no menor que tiene que ver con el medio ambiente. En ese sentido, incorporamos la obligación, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de intervenir y dictaminar respecto de los riesgos que se asumen con cada uno de los proyectos. A su vez, en cada uno de los proyectos debe quedar muy clara la responsabilidad del Estado nacional y de los privados, que debe ser conjunta, a fin de que haya claridad acerca de los riesgos involucrados en cada una de las partes que integran PPP.
En lo concerniente al tema fiscal, hemos introducido modificaciones que, a nuestro juicio, son esenciales. En primer término, cada uno de los proyectos PPP debe estar aprobado por el presupuesto nacional, o en su defecto, por una ley especial que modifique aquél. El presupuesto tendrá que identificar con mucha claridad cada uno de los proyectos involucrados en el régimen PPP, así como también los recursos que se destinarán en la actualidad y a futuro. Asimismo, se deberá determinar fehacientemente la sumatoria de todos los proyectos que se están utilizando en el régimen PPP.
Otra incorporación esencial consiste en que los recursos en valores presentes que se condicionen a futuro nunca superen el 7 por ciento del producto. Esto persigue dos objetivos. Primero, que no haya un descontrol por afuera de lo que significa el control del gasto público por parte del Congreso Nacional. Segundo, que se obligue al Poder Ejecutivo a priorizar aquellos proyectos que realmente son importantes. Si el Poder Ejecutivo, más allá del control que se ejerza a través de la comisión bicameral o de las objeciones que se puedan formular, intenta construir viviendas sociales con el mecanismo PPP, tendrá la contradicción de que se le acabará el cupo que el Congreso Nacional le estará dando, por lo que necesariamente tendrá que establecer prioridades.
En lo relativo a las contrataciones, tema que no es menor –esto ya estaba contemplado en el proyecto, pero lo hemos reforzado-, incorporamos la obligación de que todas las contrataciones deban efectuarse por licitaciones públicas. En este sentido, una de las modificaciones que a nuestro juicio resulta sustancial está dada por el hecho de que esas licitaciones deben hacerse en función de parámetros bien establecidos, determinándose el impacto sobre la competitividad, la industria nacional, el empleo y las pymes, a fin de que puedan priorizarse aquellos proyectos que precisamente presten más atención a estas cuestiones.
A ello se agregó la necesidad de que las ofertas sean comparables. Si bien esto parece una cuestión menor, lo cierto es que resulta esencial ya que también quita discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno. Es decir que esto debe ser hecho en función de ofertas realmente comparables.
Todas las modificaciones que hemos introducido obligan al Poder Ejecutivo a tener una mayor transparencia y control, así como también a priorizar las obras. Iremos modificando este marco en el articulado del proyecto que vamos a acompañar. (Aplausos en las bancas.)
Recuerdo que en 2014 se firmó un convenio con los chinos. Había cesión de jurisdicción y podíamos importar para infraestructura e inversiones, pero relegábamos las normas laborales que se aplicaban en la Argentina. Esto no significa que esté bien o mal, sino que son cosas que con la normativa vigente ya se hacen. Esto también debemos tenerlo en cuenta. No es que la normativa dejará abierta una puerta para que se haga lo que no se puede hacer.
Además, existen decretos y resoluciones donde el régimen PPP es un mecanismo que ya existe en la Argentina. Estamos buscando cómo hacer para generar más atracción de inversiones. Cómo logramos que la falencia que tiene la Argentina en términos de inversiones estratégicas comience a revertirse.
Por otro lado, le voy a responder al señor diputado Pastori en el sentido de que hay que tener cuidado con suponer que esto va a significar la salvación de la Argentina. No se puede pensar que por priorizar las inversiones vamos a revertir todos los problemas internos que podamos tener. Las inversiones son absolutamente necesarias, pero no debemos confiarnos en que venga el efecto derrame y de golpe y porrazo todos vamos a ser felices.
Ese tipo de marcos regulatorios apuntan a fijar un parámetro entre el Estado nacional, el provincial, el sector público y el privado para que en conjunto puedan desarrollar alguna obra, inversión o servicio. Es lo que intentamos hacer, porque en el mundo entero existe este tipo de leyes que han dado resultado.
Nosotros mismos, en la campaña electoral, hablamos del PPP y de la necesidad de elaborar un régimen vinculado con esta cuestión. Entendemos que existe coincidencia en el sentido de que es bueno avanzar con un régimen de participación público privada.
La clave tiene que ver con la forma como encaramos la discusión, qué es lo que firmamos, si aceptamos cualquier cosa o no y si estamos dispuestos –para decirlo mal y pronto- a bajarnos los pantalones y aceptar todo lo que nos venga impuesto de afuera. Creo que esa no es la solución y por eso nosotros hemos incorporado muchas modificaciones a este proyecto.
No coincido con las visiones que se han dado antes, en el sentido de que hacemos cambios cosméticos y lo aprobamos. La verdad es que las modificaciones que hemos estado discutiendo, negociando, han sido sustanciales, y las voy a resumir.
Cuando nosotros recibimos el proyecto, que ya tiene sanción y mejoras respecto del que había venido del Poder Ejecutivo, tenía lo que podíamos denominar una trilogía imposible: había tres factores que se combinaban que hacían que el proyecto no se pudiera votar, por lo menos, desde nuestra perspectiva.
Por un lado, había un objeto muy amplio de la ley, controles muy laxos por parte del Estado y encima, una prórroga de jurisdicción. Prórrogas de jurisdicción, ya lo dijimos antes, existen actualmente, se están haciendo y hay distintos convenios. Están en trenes, en represas, en Chevron, y si voy más hacia atrás –para que esto no parezca una crítica al gobierno anterior encontramos sistemáticamente prórrogas de jurisdicción.
La prórroga de jurisdicción puede significar dar un marco jurídico más confiable, porque la Argentina tiene que recuperar confiabilidad en el mundo para atraer inversiones. Cuando uno hace la prórroga de jurisdicción, debe tener mucho cuidado en los otros dos aspectos: el objeto y los controles.
Respecto del objeto, como está planteado en el artículo 1° del proyecto de ley, es extremadamente amplio, y nosotros pusimos particular atención en uno de los puntos, relativo a servicios públicos.
Como estaba originalmente la norma y cuando entremos en la discusión en particular vamos a señalarlo y a corregirlo, seguramente, vimos con preocupación el hecho de que esta podía ir por encima de los marcos regulatorios de los servicios públicos que tenemos actualmente. Se podía terminar en que el barrio “A”, que ya tiene servicio eléctrico, esté bajo las normas que actualmente rigen, y el barrio “B”, un nuevo barrio que se hace por una PPP, tenga otro tipo de características y de servicios públicos, con otra tarifa por estar dentro del régimen de PPP.
Una de las modificaciones que para nosotros es esencial es que todo lo que sea referido a servicios públicos esté supeditado a los marcos regulatorios actualmente vigentes en materia de servicios públicos, ya sea electricidad, gas, transportes o lo que fuera. No podemos dejar la puerta abierta de tener dos marcos regulatorios para un mismo servicio.
Para nosotros, este es un punto esencial en lo que se refiere al acotamiento del objeto, para ver cómo hacemos para empezar a romper esta trilogía imposible de la que yo hablaba anteriormente.
En el tema de controles, donde se hizo la mayoría de las modificaciones que hemos planteado, pusimos el foco principalmente en tres grandes ejes. Por un lado, en el control del objeto, que es esto de lo que hablábamos antes, que incorporamos en el artículo 2° del proyecto de ley, un control normativo; y por el otro lado, un control fiscal.
Cuando hablamos de “control normativo”, propusimos la necesidad de tener una comisión bicameral que analizara todos los proyectos que pudieran ingresar por PPP.
Esta comisión bicameral tendrá como objetivo recibir toda la información, los contratos, las priorizaciones, hacer análisis y dictámenes, que fue otra de las modificaciones que hemos introducido, y ver los dictámenes de la Unidad de Evaluación de PPP, en los que se tiene que determinar por qué utilizar este tipo de asociación y no otro mecanismo de contrataciones, como pueden ser obras públicas.
La comisión bicameral hará un control adicional a la discrecionalidad que pudiera tener el Poder Ejecutivo, y en eso lo vamos a estar mirando con mucho detenimiento para que cada paso que se vaya dando en un proyecto PPP esté monitoreado permanentemente por el Congreso.
Más allá del Parlamento, incorporamos a la AGN e hicimos muchas modificaciones en el articulado para darle mayor poder de contralor y mayor claridad en lo que habrá de controlar. Sumamos a la Procuración del Tesoro, que tendrá que intervenir en distintos mecanismos por ejemplo, la cesión del contrato, porque originalmente estaba estipulado que el contrato se pudiera ceder en cualquier momento. Eso también nosotros lo restringimos.
Hay un tema no menor que tiene que ver con el medio ambiente. En ese sentido, incorporamos la obligación, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de intervenir y dictaminar respecto de los riesgos que se asumen con cada uno de los proyectos. A su vez, en cada uno de los proyectos debe quedar muy clara la responsabilidad del Estado nacional y de los privados, que debe ser conjunta, a fin de que haya claridad acerca de los riesgos involucrados en cada una de las partes que integran PPP.
En lo concerniente al tema fiscal, hemos introducido modificaciones que, a nuestro juicio, son esenciales. En primer término, cada uno de los proyectos PPP debe estar aprobado por el presupuesto nacional, o en su defecto, por una ley especial que modifique aquél. El presupuesto tendrá que identificar con mucha claridad cada uno de los proyectos involucrados en el régimen PPP, así como también los recursos que se destinarán en la actualidad y a futuro. Asimismo, se deberá determinar fehacientemente la sumatoria de todos los proyectos que se están utilizando en el régimen PPP.
Otra incorporación esencial consiste en que los recursos en valores presentes que se condicionen a futuro nunca superen el 7 por ciento del producto. Esto persigue dos objetivos. Primero, que no haya un descontrol por afuera de lo que significa el control del gasto público por parte del Congreso Nacional. Segundo, que se obligue al Poder Ejecutivo a priorizar aquellos proyectos que realmente son importantes. Si el Poder Ejecutivo, más allá del control que se ejerza a través de la comisión bicameral o de las objeciones que se puedan formular, intenta construir viviendas sociales con el mecanismo PPP, tendrá la contradicción de que se le acabará el cupo que el Congreso Nacional le estará dando, por lo que necesariamente tendrá que establecer prioridades.
En lo relativo a las contrataciones, tema que no es menor –esto ya estaba contemplado en el proyecto, pero lo hemos reforzado-, incorporamos la obligación de que todas las contrataciones deban efectuarse por licitaciones públicas. En este sentido, una de las modificaciones que a nuestro juicio resulta sustancial está dada por el hecho de que esas licitaciones deben hacerse en función de parámetros bien establecidos, determinándose el impacto sobre la competitividad, la industria nacional, el empleo y las pymes, a fin de que puedan priorizarse aquellos proyectos que precisamente presten más atención a estas cuestiones.
A ello se agregó la necesidad de que las ofertas sean comparables. Si bien esto parece una cuestión menor, lo cierto es que resulta esencial ya que también quita discrecionalidad al Poder Ejecutivo de turno. Es decir que esto debe ser hecho en función de ofertas realmente comparables.
Todas las modificaciones que hemos introducido obligan al Poder Ejecutivo a tener una mayor transparencia y control, así como también a priorizar las obras. Iremos modificando este marco en el articulado del proyecto que vamos a acompañar. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. BOSSIO, DIEGO LUIS (BUENOS AIRES):
Señor presidente: he escuchado atentamente los discursos de todos los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, en el marco de la discusión de este proyecto que, a mi juicio, es neurálgica para el sistema de contrataciones en la Argentina.
De todos modos, deseo recalcar que se ha trabajado muchísimo sobre este tema y que las modificaciones que vamos a proponer no son un mero maquillaje, como algunos señores diputados han insinuado.
Tales modificaciones tienen que ser sustanciales porque entendemos que el proyecto venido en revisión del Honorable Senado, que fue aprobado por una amplia mayoría de los integrantes de ese cuerpo –cuarenta y ocho senadores votaron por la afirmativa y doce lo hicieron por la negativa- genera ciertos abusos o prerrogativas que el Estado históricamente ha tenido en lo concerniente al derecho administrativo y que la iniciativa en consideración de alguna manera elimina.
Por eso, quiero destacar que el dictamen de mayoría nada tiene que ver con lo que nosotros vamos a proponer. Por eso, sugeriremos modificaciones.
En primer lugar, el dictamen tiene como objeto preservar algunas pautas administrativas de la historia del Estado. En este sentido coincido en cuanto a que se habían abandonado prerrogativas. Dice: “Garantizar rentabilidades razonables”. Nosotros no vamos a aceptar que el Estado garantice ninguna rentabilidad razonable. En todo caso, será el riesgo empresarial el que deba asumirse y el Estado deba regular.
Tampoco vamos a garantizar repagos ni contratos. En este sentido, hemos sido lo suficientemente rigurosos y meticulosos para modificar en todos los artículos –pero fundamentalmente, en el 4° palabras que puedan significar ventanas a futuros litigios, echando por tierra una historia en derecho administrativo y eventualmente vulnerando la capacidad y la prerrogativa por parte del Estado.
En esto quiero ser enfático: no son maquillajes; son modificaciones de fondo porque entendemos que hay que preservar no solo el Estado y su conducta, sino fundamentalmente toda una historia que ha tenido aciertos y fracasos. Acá se habló de fracasos. Sí, ha habido muchos en la Argentina, que no son atribuibles a una sino a muchas gestiones, a muchos años y posiblemente al conjunto de los argentinos. Podríamos decir mucho con respecto a los fracasos, a los roles y a las implicancias de cada uno de nosotros.
No vamos a asegurar ningún riesgo empresario. Por eso, modificaremos muchos de los aspectos de este proyecto. No permitiremos recuperar la inversión como concepto ni garantizar la rentabilidad razonable. Tampoco vamos a permitir palabras en contra del derecho administrativo.
La cesión y la subcontratación son cuestiones de mucho conflicto; están prohibidas por el procedimiento administrativo. ¿Qué hademos, entonces? Acotamos las cesiones y fundamentalmente las subcontrataciones, no solo con la intervención del procurador sino también –como bien decía el señor diputado Lavagna de una comisión bicameral. Es decir que esta norma debe tener más controles; deben intervenir más organizaciones y distintas instancias del Estado, no solo para determinar lo público sino también para que cuando haya una subcontratación o una cesión de contrato, tenga la firma de todo el Poder Ejecutivo nacional y también el visto y el control por parte del Poder Legislativo.
Los principales conflictos con las constructoras o con las empresas contratistas del Estado tienen que ver con la cesión y con la subcontratación. Hay una historia muy compleja en ese sentido, por parte del Estado. Por eso hemos incorporado una serie de elementos.
El proyecto da vía libre para el año 2017 en materia presupuestaria, y por ello hemos puesto un límite del 5 por ciento, que también deberá reflejar los límites que tiene el presupuesto nacional. De manera que hay un límite al flujo de recursos que puede utilizar el próximo año, mientras que en los años posteriores tendrá que venir al Congreso. El Parlamento tendrá que decidir si un proyecto ingresa o no por participación público privada.
Del mismo modo, se establece un límite estructural esta es una experiencia de países limítrofes que nunca va a superar el 7 por ciento del PBI. Esto lo explicó de manera rigurosa y clara el diputado Lavagna. Poner un límite significa también, desde la madurez democrática, ver si las cosas funcionan y cómo lo hacen. Existe un antecedente del año 2005, al que me voy a referir.
Se fijan límites presupuestarios a la subcontratación y a la cesión. Asimismo, hay una cuestión central a la que un diputado preopinante hizo referencia. Me refiero a cuidar el trabajo. Hemos incorporado expresamente el compre de trabajo argentino ley 25.551 no solo en el diseño del proyecto de adjudicación sino a la hora de adjudicar. También hemos tenido en cuenta las leyes que protegen a las pequeñas y medianas empresas. Por eso decimos que los cambios son sustanciales, no solo en materia de límites fiscales sino también en términos de controles fiscales y de las leyes de administración financiera de control del fisco.
Por otra parte, el proyecto habla de emitir dictámenes vinculantes en términos de si se afecta o no la producción nacional. El ministro de Producción de la Nación lo tiene que decir; no solo lo tiene que fundar, sino que tiene que decir que si no es algo producido en la Argentina no puede formar parte del pliego y de la adjudicación.
Hemos incorporado cambios que no solo cuidan el trabajo argentino y el cuerpo normativo en términos administrativos, de derecho y de contratación, sino que también apuntan a la protección de las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, incluimos más control y transparencia cuando establecemos como obligación informar al Congreso de la Nación para que este pueda expedirse.
Cuando se pone un límite presupuestario, hay más control; cuando se fija un límite estructural, hay más control; cuando se tiene que informar fehacientemente al Congreso de la Nación no solo sobre las adjudicaciones sino también sobre los proyectos y las prórrogas de jurisdicción, hay más control.
Hemos introducido muchísimas modificaciones tendientes a mejorar el espíritu de la norma. En este sentido, en relación con la prórroga de jurisdicción escuché algunas frases que resultan interesantes, lindas y dan ganas de decir que estamos de acuerdo con ellas, pero lo cierto es que la prórroga de jurisdicción no estaba contemplada solo en el artículo 9° del decreto del año 2005. Digo esto porque hace pocos años se firmaron algunos contratos, como el de las represas, que en la foja 408, en el inciso a), punto 39, sobre arbitraje, establece lo siguiente: “Todo conflicto que surja o tenga relación con los documentos de financiamiento deberá ser finalmente acordado en virtud de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por tres árbitros, que serán designados de conformidad con dichas reglas.” Además, se establece que el lugar en el que se celebre el arbitraje será París y el idioma a ser empleado, el inglés.
También revisamos las contrataciones que se hicieron para el Belgrano Cargas y otras líneas de trenes, donde se establece que la jurisdicción será extranjera.
Aclaro que no solo analizamos los contratos que se firmaron recientemente sino también lo que se dijo durante la campaña electoral. En este sentido, recuerdo haber acompañado al candidato a presidente de nuestro espacio a la presentación de dos proyectos de ley: una nueva ley de régimen de participación público privada –el conocido régimen PPP, que personalmente revisé, y el open access, que es el sistema de acceso al transporte ferroviario, fluvial y terrestre.
Por lo tanto, este no es un tema que hayamos abordado libremente, porque figuraba dentro de nuestras propuestas de campaña.
En consecuencia, el proyecto que nos remitió el Senado y el dictamen que hemos elaborado con todas las modificaciones que se le han introducido es importante en términos de derecho administrativo, de cuidado del Estado, de transparencia y participación del Congreso de la Nación para cumplir con las pautas que nos marca la ley, de exigencia para que las pymes participen y de compre nacional.
Sin duda, a todos nos conmueven ciertos discursos, pero también la realidad. Si nos sentamos de un lado o del otro y nos olvidamos de la realidad, difícilmente podamos llegar a un punto de acuerdo. Por eso, apostamos a un régimen de participación público privada que permita que en la Argentina se hagan obras, pero con control y participación del Congreso de la Nación. En definitiva, el objetivo tiene que ser el de mejorar una infraestructura que en la Argentina es muy deficiente en materia de rutas y de puertos. Usted, señor presidente, lo vive cuando va a Carlos Tejedor, y yo, cuando voy a Tandil. Seguramente, en los últimos tiempos se ha avanzado muchísimo, pero esa infraestructura todavía es deficiente y afecta la competitividad.
Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es un instrumento y una metodología, pero con control, entendiendo que la jurisdicción externa no es un invento nuevo; es algo que ya existe. Al respecto, aclaro que el CIADI nada tiene que ver con esto, porque es una ley que ya está vigente. Por ende, cualquier contrato con una compañía extranjera puede verse sujeto a las exigencias del CIADI. Como dije, es una ley de los 90 que aún está vigente. Pero de lo que habla el proyecto es de un tribunal arbitral, similar al que se contempló en los contratos que se firmaron por las represas, por el Belgrano Cargas y como figura en muchos decretos recientes y seguramente también en los anteriores.
Es bueno que el Congreso discuta estas cosas, incorpore modificaciones que enriquezcan las distintas iniciativas y realice su aporte para que haya control, transparencia y, fundamentalmente, más cuidado en aquellas cuestiones que nos ha costado mucho construir en materia de pymes, trabajo argentino y un esquema normativo de derecho administrativo público que queremos preservar.
Esos son los humildes aportes que han hecho los integrantes del bloque Justicialista con una visión provincial y federal. (Aplausos en las bancas.)
De todos modos, deseo recalcar que se ha trabajado muchísimo sobre este tema y que las modificaciones que vamos a proponer no son un mero maquillaje, como algunos señores diputados han insinuado.
Tales modificaciones tienen que ser sustanciales porque entendemos que el proyecto venido en revisión del Honorable Senado, que fue aprobado por una amplia mayoría de los integrantes de ese cuerpo –cuarenta y ocho senadores votaron por la afirmativa y doce lo hicieron por la negativa- genera ciertos abusos o prerrogativas que el Estado históricamente ha tenido en lo concerniente al derecho administrativo y que la iniciativa en consideración de alguna manera elimina.
Por eso, quiero destacar que el dictamen de mayoría nada tiene que ver con lo que nosotros vamos a proponer. Por eso, sugeriremos modificaciones.
En primer lugar, el dictamen tiene como objeto preservar algunas pautas administrativas de la historia del Estado. En este sentido coincido en cuanto a que se habían abandonado prerrogativas. Dice: “Garantizar rentabilidades razonables”. Nosotros no vamos a aceptar que el Estado garantice ninguna rentabilidad razonable. En todo caso, será el riesgo empresarial el que deba asumirse y el Estado deba regular.
Tampoco vamos a garantizar repagos ni contratos. En este sentido, hemos sido lo suficientemente rigurosos y meticulosos para modificar en todos los artículos –pero fundamentalmente, en el 4° palabras que puedan significar ventanas a futuros litigios, echando por tierra una historia en derecho administrativo y eventualmente vulnerando la capacidad y la prerrogativa por parte del Estado.
En esto quiero ser enfático: no son maquillajes; son modificaciones de fondo porque entendemos que hay que preservar no solo el Estado y su conducta, sino fundamentalmente toda una historia que ha tenido aciertos y fracasos. Acá se habló de fracasos. Sí, ha habido muchos en la Argentina, que no son atribuibles a una sino a muchas gestiones, a muchos años y posiblemente al conjunto de los argentinos. Podríamos decir mucho con respecto a los fracasos, a los roles y a las implicancias de cada uno de nosotros.
No vamos a asegurar ningún riesgo empresario. Por eso, modificaremos muchos de los aspectos de este proyecto. No permitiremos recuperar la inversión como concepto ni garantizar la rentabilidad razonable. Tampoco vamos a permitir palabras en contra del derecho administrativo.
La cesión y la subcontratación son cuestiones de mucho conflicto; están prohibidas por el procedimiento administrativo. ¿Qué hademos, entonces? Acotamos las cesiones y fundamentalmente las subcontrataciones, no solo con la intervención del procurador sino también –como bien decía el señor diputado Lavagna de una comisión bicameral. Es decir que esta norma debe tener más controles; deben intervenir más organizaciones y distintas instancias del Estado, no solo para determinar lo público sino también para que cuando haya una subcontratación o una cesión de contrato, tenga la firma de todo el Poder Ejecutivo nacional y también el visto y el control por parte del Poder Legislativo.
Los principales conflictos con las constructoras o con las empresas contratistas del Estado tienen que ver con la cesión y con la subcontratación. Hay una historia muy compleja en ese sentido, por parte del Estado. Por eso hemos incorporado una serie de elementos.
El proyecto da vía libre para el año 2017 en materia presupuestaria, y por ello hemos puesto un límite del 5 por ciento, que también deberá reflejar los límites que tiene el presupuesto nacional. De manera que hay un límite al flujo de recursos que puede utilizar el próximo año, mientras que en los años posteriores tendrá que venir al Congreso. El Parlamento tendrá que decidir si un proyecto ingresa o no por participación público privada.
Del mismo modo, se establece un límite estructural esta es una experiencia de países limítrofes que nunca va a superar el 7 por ciento del PBI. Esto lo explicó de manera rigurosa y clara el diputado Lavagna. Poner un límite significa también, desde la madurez democrática, ver si las cosas funcionan y cómo lo hacen. Existe un antecedente del año 2005, al que me voy a referir.
Se fijan límites presupuestarios a la subcontratación y a la cesión. Asimismo, hay una cuestión central a la que un diputado preopinante hizo referencia. Me refiero a cuidar el trabajo. Hemos incorporado expresamente el compre de trabajo argentino ley 25.551 no solo en el diseño del proyecto de adjudicación sino a la hora de adjudicar. También hemos tenido en cuenta las leyes que protegen a las pequeñas y medianas empresas. Por eso decimos que los cambios son sustanciales, no solo en materia de límites fiscales sino también en términos de controles fiscales y de las leyes de administración financiera de control del fisco.
Por otra parte, el proyecto habla de emitir dictámenes vinculantes en términos de si se afecta o no la producción nacional. El ministro de Producción de la Nación lo tiene que decir; no solo lo tiene que fundar, sino que tiene que decir que si no es algo producido en la Argentina no puede formar parte del pliego y de la adjudicación.
Hemos incorporado cambios que no solo cuidan el trabajo argentino y el cuerpo normativo en términos administrativos, de derecho y de contratación, sino que también apuntan a la protección de las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, incluimos más control y transparencia cuando establecemos como obligación informar al Congreso de la Nación para que este pueda expedirse.
Cuando se pone un límite presupuestario, hay más control; cuando se fija un límite estructural, hay más control; cuando se tiene que informar fehacientemente al Congreso de la Nación no solo sobre las adjudicaciones sino también sobre los proyectos y las prórrogas de jurisdicción, hay más control.
Hemos introducido muchísimas modificaciones tendientes a mejorar el espíritu de la norma. En este sentido, en relación con la prórroga de jurisdicción escuché algunas frases que resultan interesantes, lindas y dan ganas de decir que estamos de acuerdo con ellas, pero lo cierto es que la prórroga de jurisdicción no estaba contemplada solo en el artículo 9° del decreto del año 2005. Digo esto porque hace pocos años se firmaron algunos contratos, como el de las represas, que en la foja 408, en el inciso a), punto 39, sobre arbitraje, establece lo siguiente: “Todo conflicto que surja o tenga relación con los documentos de financiamiento deberá ser finalmente acordado en virtud de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por tres árbitros, que serán designados de conformidad con dichas reglas.” Además, se establece que el lugar en el que se celebre el arbitraje será París y el idioma a ser empleado, el inglés.
También revisamos las contrataciones que se hicieron para el Belgrano Cargas y otras líneas de trenes, donde se establece que la jurisdicción será extranjera.
Aclaro que no solo analizamos los contratos que se firmaron recientemente sino también lo que se dijo durante la campaña electoral. En este sentido, recuerdo haber acompañado al candidato a presidente de nuestro espacio a la presentación de dos proyectos de ley: una nueva ley de régimen de participación público privada –el conocido régimen PPP, que personalmente revisé, y el open access, que es el sistema de acceso al transporte ferroviario, fluvial y terrestre.
Por lo tanto, este no es un tema que hayamos abordado libremente, porque figuraba dentro de nuestras propuestas de campaña.
En consecuencia, el proyecto que nos remitió el Senado y el dictamen que hemos elaborado con todas las modificaciones que se le han introducido es importante en términos de derecho administrativo, de cuidado del Estado, de transparencia y participación del Congreso de la Nación para cumplir con las pautas que nos marca la ley, de exigencia para que las pymes participen y de compre nacional.
Sin duda, a todos nos conmueven ciertos discursos, pero también la realidad. Si nos sentamos de un lado o del otro y nos olvidamos de la realidad, difícilmente podamos llegar a un punto de acuerdo. Por eso, apostamos a un régimen de participación público privada que permita que en la Argentina se hagan obras, pero con control y participación del Congreso de la Nación. En definitiva, el objetivo tiene que ser el de mejorar una infraestructura que en la Argentina es muy deficiente en materia de rutas y de puertos. Usted, señor presidente, lo vive cuando va a Carlos Tejedor, y yo, cuando voy a Tandil. Seguramente, en los últimos tiempos se ha avanzado muchísimo, pero esa infraestructura todavía es deficiente y afecta la competitividad.
Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es un instrumento y una metodología, pero con control, entendiendo que la jurisdicción externa no es un invento nuevo; es algo que ya existe. Al respecto, aclaro que el CIADI nada tiene que ver con esto, porque es una ley que ya está vigente. Por ende, cualquier contrato con una compañía extranjera puede verse sujeto a las exigencias del CIADI. Como dije, es una ley de los 90 que aún está vigente. Pero de lo que habla el proyecto es de un tribunal arbitral, similar al que se contempló en los contratos que se firmaron por las represas, por el Belgrano Cargas y como figura en muchos decretos recientes y seguramente también en los anteriores.
Es bueno que el Congreso discuta estas cosas, incorpore modificaciones que enriquezcan las distintas iniciativas y realice su aporte para que haya control, transparencia y, fundamentalmente, más cuidado en aquellas cuestiones que nos ha costado mucho construir en materia de pymes, trabajo argentino y un esquema normativo de derecho administrativo público que queremos preservar.
Esos son los humildes aportes que han hecho los integrantes del bloque Justicialista con una visión provincial y federal. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
SRA.(COUCINET)
Señor presidente: haciendo uso del término del que dispone el Frente Amplio Progresista, y ratificando los conceptos vertidos por la señora diputada Stolbizer, quiero enfatizar algunos aspectos que me parece importante destacar.
Todos los días abrimos los diarios o nos metemos en Internet y advertimos que aparece un nuevo escándalo relacionado con la obra pública, que se ha transformado en la gran caja de la política y, desgraciadamente, también de los políticos. Por lo tanto, como cuerpo, dado que el gobierno pretende hacer un cambio, ante la opinión pública justamente deberíamos tratar de que las leyes tendieran a generar los controles necesarios en lugar de otorgar una carta en blanco a los gobiernos de turno para que contraten con una celeridad llamativa; celeridad que no solo propone la norma sino que también se ha puesto de manifiesto en la forma en que se ha tratado el tema, ya que algunos bloques hemos tenido nula posibilidad de participación, excepto oponiéndonos.
Han surgido tantas propuestas de modificación que finalmente no sabemos exactamente qué norma votaremos, ya sea a favor o en contra. El proyecto de ley al que tuvimos acceso, tal como llegó, constituye una vergüenza y una vuelta atrás en lo que respecta a los controles del Estado sobre las obras públicas y las empresas privadas.
La iniciativa carga la responsabilidad del riesgo empresario y de la extinción del contrato, sea de quien fuere, sobre el Estado, así como también de la garantía de utilidad razonable, término ambiguo puesto probablemente ex profeso.
Además, en su artículo 5°, exime a las empresas de la responsabilidad de los daños o perjuicios ambientales determinando que el Estado debe hacerse cargo de la prevención, mitigación, sanción y saneamiento de cualquier perjuicio ambiental que las empresas contratadas produzcan. Esto se da justamente ahora cuando hace poco tiempo nos hemos visto “shockeados” por un nuevo derrame de cianuro en Jáchal, y Vaca Muerta aparece como uno de los más promisorios hitos de inversión extranjera, aunque todos sabemos que el fracking está seriamente cuestionado a nivel internacional. Recordemos que en algunos países se encuentra prohibido y también en algunos Estados de los Estados Unidos, justamente por los perjuicios ambientales y a la salud que genera.
Se habla de seguridad jurídica como una forma de garantizar la llegada de inversiones extranjeras. Sin embargo, la seguridad jurídica tiene que actuar en ambos sentidos; es decir, tanto para las empresas que vienen a invertir como para el propio pueblo argentino que debe tener la garantía de que no se vean afectados sus derechos económicos ni ambientales.
Llama la atención que una de las leyes más importantes que estamos por sancionar en este año legislativo –como bien señaló algún señor diputado no haya sido suficientemente discutida en el recinto ni en las comisiones, y haya pasado sin ningún impacto mediático. Es decir que la opinión pública, la ciudadanía argentina, no ha tenido la menor posibilidad de pronunciarse acerca de esta iniciativa. Cuando discutimos el pago a los fondos buitre, se generó un debate nacional en las universidades, por ejemplo- que duró mucho tiempo; en aquella ocasión, la ciudadanía se pudo informar y dar su opinión.
Los legisladores no tenemos carta blanca para votar lo que se nos ocurra. Entonces, debemos consultar a la gente si está dispuesta a que este proyecto se transforme en una ley que garantice a las inversiones privadas cero riesgos y cero responsabilidades.
Podría decir que estoy indignada, pero lo cierto es que estoy profundamente decepcionada porque la máxima de que la historia es maestra de la vida parece que aquí no funciona. Vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Una vez más, pensando en un supuesto derrame que nunca se produce, dejaremos el futuro del país en manos de inversiones extranjeras que atentan contra el trabajo nacional.
Hace poco, Mendoza se presentó a una licitación internacional en excelentes condiciones técnicas para la implementación de energías alternativas y perdió porque la obra fue adjudicada a firmas chinas. De esta manera, se perdieron 3.000 puestos de trabajo posibles; de sancionarse este proyecto de ley, serán 3.000 multiplicados vaya a saber por qué cifra los puestos laborales que se perderán.
Siempre he sido testimonial en mis intervenciones y pienso que ahora también lo seré. De todas formas, quiero que mi opinión y las de todos aquellos que voten este proyecto de ley queden registradas, para que también quede registrada esta entrega de nuestra soberanía nacional.
Todos los días abrimos los diarios o nos metemos en Internet y advertimos que aparece un nuevo escándalo relacionado con la obra pública, que se ha transformado en la gran caja de la política y, desgraciadamente, también de los políticos. Por lo tanto, como cuerpo, dado que el gobierno pretende hacer un cambio, ante la opinión pública justamente deberíamos tratar de que las leyes tendieran a generar los controles necesarios en lugar de otorgar una carta en blanco a los gobiernos de turno para que contraten con una celeridad llamativa; celeridad que no solo propone la norma sino que también se ha puesto de manifiesto en la forma en que se ha tratado el tema, ya que algunos bloques hemos tenido nula posibilidad de participación, excepto oponiéndonos.
Han surgido tantas propuestas de modificación que finalmente no sabemos exactamente qué norma votaremos, ya sea a favor o en contra. El proyecto de ley al que tuvimos acceso, tal como llegó, constituye una vergüenza y una vuelta atrás en lo que respecta a los controles del Estado sobre las obras públicas y las empresas privadas.
La iniciativa carga la responsabilidad del riesgo empresario y de la extinción del contrato, sea de quien fuere, sobre el Estado, así como también de la garantía de utilidad razonable, término ambiguo puesto probablemente ex profeso.
Además, en su artículo 5°, exime a las empresas de la responsabilidad de los daños o perjuicios ambientales determinando que el Estado debe hacerse cargo de la prevención, mitigación, sanción y saneamiento de cualquier perjuicio ambiental que las empresas contratadas produzcan. Esto se da justamente ahora cuando hace poco tiempo nos hemos visto “shockeados” por un nuevo derrame de cianuro en Jáchal, y Vaca Muerta aparece como uno de los más promisorios hitos de inversión extranjera, aunque todos sabemos que el fracking está seriamente cuestionado a nivel internacional. Recordemos que en algunos países se encuentra prohibido y también en algunos Estados de los Estados Unidos, justamente por los perjuicios ambientales y a la salud que genera.
Se habla de seguridad jurídica como una forma de garantizar la llegada de inversiones extranjeras. Sin embargo, la seguridad jurídica tiene que actuar en ambos sentidos; es decir, tanto para las empresas que vienen a invertir como para el propio pueblo argentino que debe tener la garantía de que no se vean afectados sus derechos económicos ni ambientales.
Llama la atención que una de las leyes más importantes que estamos por sancionar en este año legislativo –como bien señaló algún señor diputado no haya sido suficientemente discutida en el recinto ni en las comisiones, y haya pasado sin ningún impacto mediático. Es decir que la opinión pública, la ciudadanía argentina, no ha tenido la menor posibilidad de pronunciarse acerca de esta iniciativa. Cuando discutimos el pago a los fondos buitre, se generó un debate nacional en las universidades, por ejemplo- que duró mucho tiempo; en aquella ocasión, la ciudadanía se pudo informar y dar su opinión.
Los legisladores no tenemos carta blanca para votar lo que se nos ocurra. Entonces, debemos consultar a la gente si está dispuesta a que este proyecto se transforme en una ley que garantice a las inversiones privadas cero riesgos y cero responsabilidades.
Podría decir que estoy indignada, pero lo cierto es que estoy profundamente decepcionada porque la máxima de que la historia es maestra de la vida parece que aquí no funciona. Vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Una vez más, pensando en un supuesto derrame que nunca se produce, dejaremos el futuro del país en manos de inversiones extranjeras que atentan contra el trabajo nacional.
Hace poco, Mendoza se presentó a una licitación internacional en excelentes condiciones técnicas para la implementación de energías alternativas y perdió porque la obra fue adjudicada a firmas chinas. De esta manera, se perdieron 3.000 puestos de trabajo posibles; de sancionarse este proyecto de ley, serán 3.000 multiplicados vaya a saber por qué cifra los puestos laborales que se perderán.
Siempre he sido testimonial en mis intervenciones y pienso que ahora también lo seré. De todas formas, quiero que mi opinión y las de todos aquellos que voten este proyecto de ley queden registradas, para que también quede registrada esta entrega de nuestra soberanía nacional.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: después de escuchar las exposiciones de los señores diputados Bossio y Lavagna, y algunos comentarios que recién me hizo personalmente el señor diputado Laspina, estoy absolutamente convencido de que este proyecto tiene que volver a comisión porque son muchos los cambios que se quieren introducir. He puesto mi mejor buena voluntad cuando el señor diputado me contó aceleradamente todo lo que habían acordado con los bloques con los que suelen consensuar para obtener las mayorías necesarias; los demás, quedamos como observadores de esa situación.
Entonces, me veo obligado a intervenir en este debate sin considerar lo que me contaron hace cinco minutos y lo que dijo el señor diputado Bossio sobre ese paquete enorme de cambios que supuestamente, durante el tratamiento en particular, se van a introducir. En verdad, no sé cómo se puede aprobar en general un proyecto de ley cuando aparentemente su articulado cambiará el sentido de la sanción que viene del Senado, respecto de la cual se emitieron distintos dictámenes.
Por estas razones, hago mía la moción del señor diputado Furlán de que el asunto vuelva a comisión para que podamos tratar todas estas cuestiones y tal vez llegar a un consenso. Si los cambios que se quieren introducir efectivamente dan respuesta a las inquietudes que todos podemos tener, es probable que logremos que una ley de tanta trascendencia sea sancionada con un consenso más amplio.
Me había anotado una reflexión inicial: hay que cambiar el nombre de esta iniciativa, llamada “de participación público privada”, para denominarla “de pérdida de la soberanía nacional”. Pienso que lo primero que debemos hacer es ponerle otro título. (Aplausos en las bancas.)
En términos generales, este proyecto pone al Estado al servicio del sector privado. Es lógico entender que así sea porque el presidente de la Nación permanentemente sostiene que el Estado tiene que jugar el rol del canchero, es decir, del quien prepara el escenario para que luego los jugadores –los privados puedan actuar. Esto lo dice y reitera de manera insistente. Por lo tanto, un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que prioriza los intereses del sector privado y que pone al Estado en ese rol de canchero, a mi juicio, no es una sorpresa.
Dicho esto, he preparado observaciones a diversos puntos del proyecto, pero como sé que no me alcanzará el tiempo para expresarlas, desde ya pido autorización para insertar esa parte de mi discurso en el Diario de Sesiones. Sin embargo, trataré de mencionar algunos en particular.
En cuanto a la prórroga de jurisdicción, me permitiré traer a colación una cita concreta del ex presidente Raúl Alfonsín y de su ministro de Relaciones Exteriores, cuando en 1984 firmaron el instrumento por el que se ratificaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En esa oportunidad, se hizo una reserva respecto del artículo 21 de ese pacto, que textualmente, dice así: “El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causa de utilidad pública e interés nacional ni lo que estos entiendan por indemnización justa”. Me parece que esta es una cuestión que debería ser tenida en cuenta al momento de votar.
Tengo otras citas muy interesantes, una de las cuales corresponde a una declaración del doctor Sampay, quien ha dicho cosas muy importantes respecto de este tema de la pérdida de jurisdicción.
Limitándome a señalar algunos puntos muy gruesos, advierto que en el texto que tuve a mi disposición no se establece la obligación de publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, ya que tratándose de un emprendimiento público privado nos encontramos con que las obras contratadas en ese régimen ni siquiera tendrán que ser publicadas por ese medio. Esto da lugar a muchas suspicacias, pues podría generar una concentración de obras adjudicadas a algunos empresarios en particular y no sé en qué momento nos enteraríamos, ya que al no estar publicadas en el Boletín Oficial las fuentes para el acceso a esa información serían muy pocas.
Aclaro que esta obligación está vigente en la ley 13.064, de Obras Públicas, que data del año 1947, modificada en el año 2010.
Insisto en que no me alcanza el tiempo para manifestar el resto de mis observaciones, por lo que, reiterando mi voto negativo al proyecto, vuelvo a solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi intervención en el debate de este tema, que a mi juicio, merecería un tratamiento totalmente distinto.
Por otra parte, en la redacción del proyecto se advierten puras generalidades –“se tenderá”, “deberá”, “procurarán” sin que realmente haya nada que garantice efectivamente la participación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo.
En síntesis, señor presidente, adelanto mi voto negativo, pero pido que primero se vote la moción de vuelta a comisión para que podamos analizar de qué se trata todo ese paquete de modificaciones del cual nos hemos ido enterando, que habría sido acordado con otros bloques y del cual algunos vamos tomando conocimiento a medida que escuchamos las exposiciones de los diferentes diputados. (Aplausos en las bancas.)
Entonces, me veo obligado a intervenir en este debate sin considerar lo que me contaron hace cinco minutos y lo que dijo el señor diputado Bossio sobre ese paquete enorme de cambios que supuestamente, durante el tratamiento en particular, se van a introducir. En verdad, no sé cómo se puede aprobar en general un proyecto de ley cuando aparentemente su articulado cambiará el sentido de la sanción que viene del Senado, respecto de la cual se emitieron distintos dictámenes.
Por estas razones, hago mía la moción del señor diputado Furlán de que el asunto vuelva a comisión para que podamos tratar todas estas cuestiones y tal vez llegar a un consenso. Si los cambios que se quieren introducir efectivamente dan respuesta a las inquietudes que todos podemos tener, es probable que logremos que una ley de tanta trascendencia sea sancionada con un consenso más amplio.
Me había anotado una reflexión inicial: hay que cambiar el nombre de esta iniciativa, llamada “de participación público privada”, para denominarla “de pérdida de la soberanía nacional”. Pienso que lo primero que debemos hacer es ponerle otro título. (Aplausos en las bancas.)
En términos generales, este proyecto pone al Estado al servicio del sector privado. Es lógico entender que así sea porque el presidente de la Nación permanentemente sostiene que el Estado tiene que jugar el rol del canchero, es decir, del quien prepara el escenario para que luego los jugadores –los privados puedan actuar. Esto lo dice y reitera de manera insistente. Por lo tanto, un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que prioriza los intereses del sector privado y que pone al Estado en ese rol de canchero, a mi juicio, no es una sorpresa.
Dicho esto, he preparado observaciones a diversos puntos del proyecto, pero como sé que no me alcanzará el tiempo para expresarlas, desde ya pido autorización para insertar esa parte de mi discurso en el Diario de Sesiones. Sin embargo, trataré de mencionar algunos en particular.
En cuanto a la prórroga de jurisdicción, me permitiré traer a colación una cita concreta del ex presidente Raúl Alfonsín y de su ministro de Relaciones Exteriores, cuando en 1984 firmaron el instrumento por el que se ratificaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En esa oportunidad, se hizo una reserva respecto del artículo 21 de ese pacto, que textualmente, dice así: “El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causa de utilidad pública e interés nacional ni lo que estos entiendan por indemnización justa”. Me parece que esta es una cuestión que debería ser tenida en cuenta al momento de votar.
Tengo otras citas muy interesantes, una de las cuales corresponde a una declaración del doctor Sampay, quien ha dicho cosas muy importantes respecto de este tema de la pérdida de jurisdicción.
Limitándome a señalar algunos puntos muy gruesos, advierto que en el texto que tuve a mi disposición no se establece la obligación de publicar las licitaciones en el Boletín Oficial, ya que tratándose de un emprendimiento público privado nos encontramos con que las obras contratadas en ese régimen ni siquiera tendrán que ser publicadas por ese medio. Esto da lugar a muchas suspicacias, pues podría generar una concentración de obras adjudicadas a algunos empresarios en particular y no sé en qué momento nos enteraríamos, ya que al no estar publicadas en el Boletín Oficial las fuentes para el acceso a esa información serían muy pocas.
Aclaro que esta obligación está vigente en la ley 13.064, de Obras Públicas, que data del año 1947, modificada en el año 2010.
Insisto en que no me alcanza el tiempo para manifestar el resto de mis observaciones, por lo que, reiterando mi voto negativo al proyecto, vuelvo a solicitar autorización para insertar en el Diario de Sesiones el resto de mi intervención en el debate de este tema, que a mi juicio, merecería un tratamiento totalmente distinto.
Por otra parte, en la redacción del proyecto se advierten puras generalidades –“se tenderá”, “deberá”, “procurarán” sin que realmente haya nada que garantice efectivamente la participación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo.
En síntesis, señor presidente, adelanto mi voto negativo, pero pido que primero se vote la moción de vuelta a comisión para que podamos analizar de qué se trata todo ese paquete de modificaciones del cual nos hemos ido enterando, que habría sido acordado con otros bloques y del cual algunos vamos tomando conocimiento a medida que escuchamos las exposiciones de los diferentes diputados. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: debo señalar que, a mi juicio, el proyecto en consideración tiene una fuerte impronta “cavallística”, y no me refiero a la cábala de la tradición hebrea, a la interpretación de la Torá y del Antiguo Testamento, ni tampoco al arte supersticioso de jugadores, etcétera. Me estoy refiriendo al nefasto ex ministro Domingo Cavallo, ideólogo del saqueo y la destrucción de nuestro país en los años 90 y principal artífice de la crisis de 2001.
Se trata de una impronta que también se puede observar en el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, en el que se disminuyen sensiblemente los fondos con destino a ciencia y técnica, lo que hace recordar cuando, desde su soberbia y supuesta sabiduría, aquel ministro mandó a lavar los platos a los investigadores del Conicet. El problema es que no quieren que se haga investigación en la Argentina porque ese es uno de los factores que en el marco de la revolución científico tecnológica puede brindar al país márgenes de autonomía.
Sin querer justificarlo, sucede que de alguna manera esas políticas de los 90 pertenecían al espíritu de la época, que era la euforia del triunfo final del liberalismo, el fin de la historia, el nuevo orden mundial encabezado por los Estados Unidos luego de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.
Pasados veinticinco años, la globalización neoliberal ha mostrado su fracaso, con las gravísimas consecuencias que ha generado la voracidad de las grandes corporaciones y de los bancos, y la reconversión tecnológica salvaje. A esto se suma la idea de que la competitividad proviene de la baja del costo laboral, es decir, de los salarios, la precarización y la eliminación de los derechos laborales.
Esto ha generado situaciones muy críticas de pobreza y desocupación, no solo en los países periféricos, donde la Argentina puede tener como modelo a México. Después de más de veinte años de NAFTA –una prueba piloto, vemos la destrucción de ese país y el incremento de una violencia irracional, que es hija de esos procesos.
Estamos tomando medidas para incorporarnos al mundo sobre la base de ese modelo, en momentos que, incluso, los países centrales están revirtiendo su pertenencia, precisamente por los costos sociales implícitos.
El propio presidente Barack Obama ha reconocido que la apertura comercial y la relocalización de empresas en países que brindan facilidades en especial, por mano de obra barata y otros aspectos positivos, entre comillas, han creado durísimas condiciones para los Estados Unidos por pérdida de empleo, rebaja de los salarios y derechos de los trabajadores.
Se ha dado la paradoja de que mientras en el marco de los debates a la candidatura presidencial la propia Hillary Clinton era una de las grandes promotoras del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica para imponer estos modelos, el sector de Bernie Sanders, de la izquierda demócrata, la AFL-CIO y Donald Trump, representante de la derecha, se oponen a estos tratados de libre comercio y estas aperturas de los modelos de la globalización neoliberal. Fue tal el impacto negativo que ello tuvo en los Estados Unidos, que ha obligado a la propia Hillary Clinton a decir que revisará estos tratados.
Estamos tomando medidas que van a contramano de las que empiezan a tomar incluso los países centrales, dada las consecuencias que han tenido estas políticas, que de alguna manera conocimos a través de los modelos de los años 90.
Esta iniciativa va en el sentido de un Estado bobo que garantizará a las corporaciones su rentabilidad. Se llama “rentabilidad mínima”, pero sin ningún riesgo empresario, es decir que actuaremos con subordinación a las imposiciones de las corporaciones. A eso se suma la posibilidad de que, después de un 20 por ciento de actividad, las empresas que hayan ganado licitaciones las transfieran a otras empresas no se sabe cuáles, pues no han participado en el concurso ni se conoce su nivel de responsabilidad.
A su vez, se elimina toda posibilidad de creación de empresas públicas para impulsar una reindustrialización del país. Pensemos en una empresa pública de industria ferroviaria para reconstruir el sistema ferroviario argentino, que es una irracionalidad total que haya sido destruido. En este proyecto no se contemplan estas cuestiones. Seguiremos haciendo rutas para tener –reitero la irracionalidad de un sistema de transporte que en más de un 90 por ciento se mueve con la matriz energética de hidrocarburos. Este Estado bobo, además, se va a ocupar de la sanación de los daños ambientales que se produzcan. Pensemos que, en el caso de la minería a cielo abierto, los transgénicos y el fracking no convencional actividades altamente depredadoras y contaminantes-, este modelo funciona como un sistema extractivista de producción primaria. En esta Cámara hemos tratado la problemática de los envases con contenidos contaminantes y también hemos visto el tema de los derrames de las mineras. Sabemos que el fracking está contaminando todo el río Negro y las localidades que se ubican a lo largo de su cauce. De esta manera, esta problemática, que es responsabilidad de las empresas, quedará en manos del Estado.
Las pymes y los trabajadores tienen que estar atentos a las trampas que conlleva este tipo de proyectos. El oficialismo debe mirar el ejemplo de México, ya que el propio papa Francisco advirtió acerca de los peligros de la mexicanización de la Argentina a raíz de la aplicación de este tipo de modelos y políticas.
Adelanto mi voto por la negativa porque el espíritu de esta iniciativa es altamente contraproducente para el futuro del país. (Aplausos en las bancas.)
Se trata de una impronta que también se puede observar en el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, en el que se disminuyen sensiblemente los fondos con destino a ciencia y técnica, lo que hace recordar cuando, desde su soberbia y supuesta sabiduría, aquel ministro mandó a lavar los platos a los investigadores del Conicet. El problema es que no quieren que se haga investigación en la Argentina porque ese es uno de los factores que en el marco de la revolución científico tecnológica puede brindar al país márgenes de autonomía.
Sin querer justificarlo, sucede que de alguna manera esas políticas de los 90 pertenecían al espíritu de la época, que era la euforia del triunfo final del liberalismo, el fin de la historia, el nuevo orden mundial encabezado por los Estados Unidos luego de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.
Pasados veinticinco años, la globalización neoliberal ha mostrado su fracaso, con las gravísimas consecuencias que ha generado la voracidad de las grandes corporaciones y de los bancos, y la reconversión tecnológica salvaje. A esto se suma la idea de que la competitividad proviene de la baja del costo laboral, es decir, de los salarios, la precarización y la eliminación de los derechos laborales.
Esto ha generado situaciones muy críticas de pobreza y desocupación, no solo en los países periféricos, donde la Argentina puede tener como modelo a México. Después de más de veinte años de NAFTA –una prueba piloto, vemos la destrucción de ese país y el incremento de una violencia irracional, que es hija de esos procesos.
Estamos tomando medidas para incorporarnos al mundo sobre la base de ese modelo, en momentos que, incluso, los países centrales están revirtiendo su pertenencia, precisamente por los costos sociales implícitos.
El propio presidente Barack Obama ha reconocido que la apertura comercial y la relocalización de empresas en países que brindan facilidades en especial, por mano de obra barata y otros aspectos positivos, entre comillas, han creado durísimas condiciones para los Estados Unidos por pérdida de empleo, rebaja de los salarios y derechos de los trabajadores.
Se ha dado la paradoja de que mientras en el marco de los debates a la candidatura presidencial la propia Hillary Clinton era una de las grandes promotoras del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica para imponer estos modelos, el sector de Bernie Sanders, de la izquierda demócrata, la AFL-CIO y Donald Trump, representante de la derecha, se oponen a estos tratados de libre comercio y estas aperturas de los modelos de la globalización neoliberal. Fue tal el impacto negativo que ello tuvo en los Estados Unidos, que ha obligado a la propia Hillary Clinton a decir que revisará estos tratados.
Estamos tomando medidas que van a contramano de las que empiezan a tomar incluso los países centrales, dada las consecuencias que han tenido estas políticas, que de alguna manera conocimos a través de los modelos de los años 90.
Esta iniciativa va en el sentido de un Estado bobo que garantizará a las corporaciones su rentabilidad. Se llama “rentabilidad mínima”, pero sin ningún riesgo empresario, es decir que actuaremos con subordinación a las imposiciones de las corporaciones. A eso se suma la posibilidad de que, después de un 20 por ciento de actividad, las empresas que hayan ganado licitaciones las transfieran a otras empresas no se sabe cuáles, pues no han participado en el concurso ni se conoce su nivel de responsabilidad.
A su vez, se elimina toda posibilidad de creación de empresas públicas para impulsar una reindustrialización del país. Pensemos en una empresa pública de industria ferroviaria para reconstruir el sistema ferroviario argentino, que es una irracionalidad total que haya sido destruido. En este proyecto no se contemplan estas cuestiones. Seguiremos haciendo rutas para tener –reitero la irracionalidad de un sistema de transporte que en más de un 90 por ciento se mueve con la matriz energética de hidrocarburos. Este Estado bobo, además, se va a ocupar de la sanación de los daños ambientales que se produzcan. Pensemos que, en el caso de la minería a cielo abierto, los transgénicos y el fracking no convencional actividades altamente depredadoras y contaminantes-, este modelo funciona como un sistema extractivista de producción primaria. En esta Cámara hemos tratado la problemática de los envases con contenidos contaminantes y también hemos visto el tema de los derrames de las mineras. Sabemos que el fracking está contaminando todo el río Negro y las localidades que se ubican a lo largo de su cauce. De esta manera, esta problemática, que es responsabilidad de las empresas, quedará en manos del Estado.
Las pymes y los trabajadores tienen que estar atentos a las trampas que conlleva este tipo de proyectos. El oficialismo debe mirar el ejemplo de México, ya que el propio papa Francisco advirtió acerca de los peligros de la mexicanización de la Argentina a raíz de la aplicación de este tipo de modelos y políticas.
Adelanto mi voto por la negativa porque el espíritu de esta iniciativa es altamente contraproducente para el futuro del país. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. BREGMAN, MYRIAM (BUENOS AIRES):
Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión al dictamen que presentó el diputado Pablo López, pero señalo que no sabemos qué se discute. Es decir, está sucediendo lo mismo que en las comisiones: cuando estamos en pleno debate, empiezan a circular los dictámenes ya elaborados sin importar lo que estamos diciendo. Ahora está pasando lo mismo en este recinto: empezamos la discusión y en mitad del debate aparece otro dictamen que no se sabe dónde se debatió ni quién lo hizo. El resto de los bloques estamos “pintados”. (Aplausos en las bancas.)
Digo esto porque no estamos tratando cualquier proyecto. Esta es una iniciativa escandalosa; es terrible lo que se pretende aprobar: se promueve la privatización del sistema de contrataciones del Estado, se prorroga la jurisdicción al exterior y se deja abierta la puerta para el pago en moneda extranjera. ¿Qué más? Eso sí: si hay daño ambiental, lo paga la Argentina.
Señor presidente: estamos frente a una situación solo comparable con el escandaloso pago a los fondos buitre. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Digo esto porque no estamos tratando cualquier proyecto. Esta es una iniciativa escandalosa; es terrible lo que se pretende aprobar: se promueve la privatización del sistema de contrataciones del Estado, se prorroga la jurisdicción al exterior y se deja abierta la puerta para el pago en moneda extranjera. ¿Qué más? Eso sí: si hay daño ambiental, lo paga la Argentina.
Señor presidente: estamos frente a una situación solo comparable con el escandaloso pago a los fondos buitre. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. BRÜGGE, JUAN FERNANDO (CORDOBA):
Señor presidente: creo que son perfectamente justificables las dudas que han expuesto los señores diputados preopinantes dado que los antecedentes a veces juegan en contra en relación con la participación privada, pero es interesante repasar la historia pues la República Argentina ha tenido legislación que permite la participación del sector privado en alianza con el sector público para resolver la satisfacción de necesidades públicas, la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios públicos.
La figura de la iniciativa privada fue creada con ese fin y, bajo ciertos marcos legales, permite establecer un contrato de colaboración entre los sectores público y privado para encarar la prestación de un servicio público.
También cabe recordar –aquí no se ha mencionado la ley de reforma del Estado, 23.696, en la que sí hubo un cambio de paradigma. Se llevaron a cabo privatizaciones y transferencias del sector público nacional al provincial sin la debida correspondencia de recursos, lo que en muchos casos provocó la prestación ineficiente de los servicios transferidos.
Quiero hacer referencia, además, a los decretos 1.299/2000 y 967/2005. ¿Qué tuvieron en común todas estas normas? La posibilidad de que el sector privado colaborara y participara en la realización de los intereses generales de la Nación.
Asimismo, tuvieron en común la falta de los debidos controles, de seguimientos, de metas, de límites, lo que generó que muchos de estos proyectos fracasaran y que inclusive algunos llegaran a situaciones escandalosas, como cuando explotó la fábrica militar de Río Tercero para encubrirse una maniobra artera de venta ilegal de armas al exterior.
Esto llevó a que el sector privado hiciera campo orégano como se dice en el vulgo, y el Estado se recluyó. Luego, cambiamos de paradigma, algo muy común en nuestra historia reciente, y pasamos de un Estado meramente observador a un Estado todopoderoso.
Hemos dicho varias veces que no somos partidarios o fanáticos del mercado ni del Estado, sino que entendemos que la colaboración entre ambos sectores es fructífera para lograr los objetivos de bien común.
El texto que estamos tratando, que efectivamente tiene estos malos antecedentes en la historia argentina pues hubo sectores privados que fueron inescrupulosos y Estados que han sido cómplices de que varias estructuras de muchos años fueran desmanteladas con un objetivo de venta a precio vil, a diferencia de los proyectos anteriores, establece controles como bien ya se señaló que consideramos suficientes.
Se prevén controles en lo que respecta a la medición y a las metas del contrato que se suscribirá en la participación de lo privado en lo público, aspecto que no estaba previsto en ninguno de los otros mecanismos y que nos permite hacer un seguimiento de su ejecución.
Existe, además, control sobre el impacto económico, sobre la cadena de valor que se pretende introducir con la participación privada, y por supuesto, sobre el impacto ambiental, tema que no es menor. Bien se señaló recién que, en el caso de algunas provincias limítrofes, como la hermana República de Chile, ha habido inconvenientes por el impacto ambiental, altamente negativo, porque no hubo controles ni una forma de determinar el impacto ambiental y, sobre todo, no existió la posibilidad de que el Estado pudiera poner reglas de juego.
Esta no es una ley en blanco, sino que pone límites y el Estado puede establecer reglas de juego claras y transparentes, ya sea en los pliegos o en los contratos específicos. Pero sobre todo, debo rescatar que este proyecto de ley habla de trasparencia, mediante la realización de licitación pública para contratar; también pueden participar empresas de los Estados provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios.
Los límites también están dados por el control que la comisión bicameral pueda ejercer, que permitirá hacer un monitoreo y determinar de qué manera se está logrando la consecución del interés general que está en juego al implementar un sistema de contratación particular.
Como bien se señaló, este sistema se ha aplicado en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, con diferentes grados de éxito. El éxito estará dado por el tipo de inversor que venga, y además, por la forma en que la República Argentina pone las reglas de juego, que este proyecto determina en conceptos claros y precisos.
La figura de la iniciativa privada fue creada con ese fin y, bajo ciertos marcos legales, permite establecer un contrato de colaboración entre los sectores público y privado para encarar la prestación de un servicio público.
También cabe recordar –aquí no se ha mencionado la ley de reforma del Estado, 23.696, en la que sí hubo un cambio de paradigma. Se llevaron a cabo privatizaciones y transferencias del sector público nacional al provincial sin la debida correspondencia de recursos, lo que en muchos casos provocó la prestación ineficiente de los servicios transferidos.
Quiero hacer referencia, además, a los decretos 1.299/2000 y 967/2005. ¿Qué tuvieron en común todas estas normas? La posibilidad de que el sector privado colaborara y participara en la realización de los intereses generales de la Nación.
Asimismo, tuvieron en común la falta de los debidos controles, de seguimientos, de metas, de límites, lo que generó que muchos de estos proyectos fracasaran y que inclusive algunos llegaran a situaciones escandalosas, como cuando explotó la fábrica militar de Río Tercero para encubrirse una maniobra artera de venta ilegal de armas al exterior.
Esto llevó a que el sector privado hiciera campo orégano como se dice en el vulgo, y el Estado se recluyó. Luego, cambiamos de paradigma, algo muy común en nuestra historia reciente, y pasamos de un Estado meramente observador a un Estado todopoderoso.
Hemos dicho varias veces que no somos partidarios o fanáticos del mercado ni del Estado, sino que entendemos que la colaboración entre ambos sectores es fructífera para lograr los objetivos de bien común.
El texto que estamos tratando, que efectivamente tiene estos malos antecedentes en la historia argentina pues hubo sectores privados que fueron inescrupulosos y Estados que han sido cómplices de que varias estructuras de muchos años fueran desmanteladas con un objetivo de venta a precio vil, a diferencia de los proyectos anteriores, establece controles como bien ya se señaló que consideramos suficientes.
Se prevén controles en lo que respecta a la medición y a las metas del contrato que se suscribirá en la participación de lo privado en lo público, aspecto que no estaba previsto en ninguno de los otros mecanismos y que nos permite hacer un seguimiento de su ejecución.
Existe, además, control sobre el impacto económico, sobre la cadena de valor que se pretende introducir con la participación privada, y por supuesto, sobre el impacto ambiental, tema que no es menor. Bien se señaló recién que, en el caso de algunas provincias limítrofes, como la hermana República de Chile, ha habido inconvenientes por el impacto ambiental, altamente negativo, porque no hubo controles ni una forma de determinar el impacto ambiental y, sobre todo, no existió la posibilidad de que el Estado pudiera poner reglas de juego.
Esta no es una ley en blanco, sino que pone límites y el Estado puede establecer reglas de juego claras y transparentes, ya sea en los pliegos o en los contratos específicos. Pero sobre todo, debo rescatar que este proyecto de ley habla de trasparencia, mediante la realización de licitación pública para contratar; también pueden participar empresas de los Estados provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios.
Los límites también están dados por el control que la comisión bicameral pueda ejercer, que permitirá hacer un monitoreo y determinar de qué manera se está logrando la consecución del interés general que está en juego al implementar un sistema de contratación particular.
Como bien se señaló, este sistema se ha aplicado en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, con diferentes grados de éxito. El éxito estará dado por el tipo de inversor que venga, y además, por la forma en que la República Argentina pone las reglas de juego, que este proyecto determina en conceptos claros y precisos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
SR. BRÜGGE, JUAN FERNANDO (CORDOBA):
No me preocupa la prórroga de jurisdicción en la medida que haya instancias previas, que no estaban en los mecanismos anteriores, entre ellas, la discusión entre los consultores técnicos, de la que participarán las universidades para poder determinar los conflictos normativos, técnicos y económicos que se puedan presentar en la aplicación del contrato.
El sector público necesita de un sector privado comprometido y responsable, no de un sector privado que venga a hacer timba a la República Argentina, como sucedió en los casos anteriores en que se implementó un régimen de este tipo. Ninguna ley es segura ni absolutamente previsible, pero en la medida que reforcemos la institucionalidad y los controles, estos proyectos pueden llegar a buen puerto. (Aplausos en las bancas.)
El sector público necesita de un sector privado comprometido y responsable, no de un sector privado que venga a hacer timba a la República Argentina, como sucedió en los casos anteriores en que se implementó un régimen de este tipo. Ninguna ley es segura ni absolutamente previsible, pero en la medida que reforcemos la institucionalidad y los controles, estos proyectos pueden llegar a buen puerto. (Aplausos en las bancas.)
SRA. PRESIDENTA(GIMÉNEZ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. CONESA, EDUARDO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señora presidenta: en primer término, quiero destacar la necesidad que tiene el país de contar con una ley que ha propuesto el Poder Ejecutivo y que nos ha enviado el Senado en revisión. De alguna manera, esta iniciativa es absolutamente necesaria porque el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso reconoce un déficit del 4,2 por ciento del PBI. Posiblemente, sea bastante mayor; según nuestros cálculos, sería del 6 por ciento.
Para bajar ese déficit, uno de los instrumentos más claros es este tipo de contratos en los que el privado pone dinero y luego cobra una tasa. Mientras tanto, las obras se hacen sin que el Poder Ejecutivo tenga que gastar. (Aplausos en las bancas.)
Lo que he manifestado es fundamental y por eso la futura norma es muy importante. Sin embargo, existen cuestiones instrumentales que a mi juicio deben ser mejoradas. Por ejemplo, el artículo 15 dice que la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada más conveniente. Entiendo que se trata de un enunciado muy vago que se presta a toda clase de discusiones y presiones. Algunos podrán interpretar que la oferta más conveniente es la de la empresa “A”, otros creerán que es la de la “B” y otros se inclinarán por la “C”. Ahí es donde empiezan las presiones, los lobbies, los tráficos de influencia, etcétera. Esto hay que evitarlo, porque lo único que hace es postergar las adjudicaciones y que las licitaciones se tengan que anular.
Paradójicamente, el artículo 24 del proyecto de ley prohíbe terminantemente los lobbies y el tráfico de influencias. Sin embargo, hay una contradicción: el artículo 15 promueve los lobbies y los tráficos de influencia al establecer que “la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente”, y el artículo 24 prohíbe estas prácticas terminantemente. La contradicción no podría ser más flagrante.
Por eso, considero que debe ser modificado el artículo 15 estableciéndose un sistema mediante el cual los oferentes presenten dos sobres. En el primero se debe estipular cómo se enfoca la obra, presentándose la garantía bancaria. Si la obra cumple con los pliegos, entonces, se abre el segundo sobre, donde debe existir el factor de adjudicación, con una única variable. Puede ser el precio, la tarifa o una fórmula polinómica, pero debe tratarse de un solo factor, de manera que no haya discusión alguna en el momento de determinar quién ganó la licitación.
Estamos hablando de un procedimiento que permite que exista decencia, elimina la corrupción y da celeridad a la ejecución de las obras. Para el éxito de la futura ley, entiendo que es esencial cambiar este artículo 15 vinculado con la oferta más conveniente.
También es objetable que el artículo 30 establezca la posibilidad de indexar este tipo de contratos y, al mismo tiempo, mantenga la prohibición de hacerlo con todos los otros contratos que se hagan en el país. Estamos hablando de un privilegio y de una situación especial que, a mi juicio, no son aceptables.
Creo que la República Argentina es el único país del mundo que prohíbe la indexación, que es contraproducente y malsana para la economía nacional.
La Argentina debiera adoptar un régimen similar que ha sido completamente exitoso en la hermana República de Chile, donde se permite la indexación; los depósitos a plazo fijo ya de por sí están indexados, al igual que prácticamente todas las variables de la economía. A pesar de esto, la hermana República de Chile registra una inflación del 1,5 por ciento anual, con indexación y todo.
Debemos cambiar este sistema pernicioso, y no solamente para esta norma sino generalizándolo a todos los contratos, para que incluso en los contratos colectivos de trabajo se puedan indexar los salarios.
Por último, está el tema de la prórroga de jurisdicción. Todos sabemos, porque hemos jurado por la Constitución Nacional, que su artículo 116 establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores son competentes en las causas en que la Nación sea parte.
Este artículo se basa en la igualdad jurídica de los Estados. Un Estado no puede subordinarse a los tribunales de otro Estado, pero sí es factible subordinarse y pactar la jurisdicción de tribunales internacionales, en la medida que sean objetivos. Esto no es objetable, y en tal sentido creo que debiera interpretarse esta prórroga de jurisdicción como una posibilidad de hacerlo a favor de tribunales internacionales imparciales.
Para bajar ese déficit, uno de los instrumentos más claros es este tipo de contratos en los que el privado pone dinero y luego cobra una tasa. Mientras tanto, las obras se hacen sin que el Poder Ejecutivo tenga que gastar. (Aplausos en las bancas.)
Lo que he manifestado es fundamental y por eso la futura norma es muy importante. Sin embargo, existen cuestiones instrumentales que a mi juicio deben ser mejoradas. Por ejemplo, el artículo 15 dice que la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada más conveniente. Entiendo que se trata de un enunciado muy vago que se presta a toda clase de discusiones y presiones. Algunos podrán interpretar que la oferta más conveniente es la de la empresa “A”, otros creerán que es la de la “B” y otros se inclinarán por la “C”. Ahí es donde empiezan las presiones, los lobbies, los tráficos de influencia, etcétera. Esto hay que evitarlo, porque lo único que hace es postergar las adjudicaciones y que las licitaciones se tengan que anular.
Paradójicamente, el artículo 24 del proyecto de ley prohíbe terminantemente los lobbies y el tráfico de influencias. Sin embargo, hay una contradicción: el artículo 15 promueve los lobbies y los tráficos de influencia al establecer que “la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la más conveniente”, y el artículo 24 prohíbe estas prácticas terminantemente. La contradicción no podría ser más flagrante.
Por eso, considero que debe ser modificado el artículo 15 estableciéndose un sistema mediante el cual los oferentes presenten dos sobres. En el primero se debe estipular cómo se enfoca la obra, presentándose la garantía bancaria. Si la obra cumple con los pliegos, entonces, se abre el segundo sobre, donde debe existir el factor de adjudicación, con una única variable. Puede ser el precio, la tarifa o una fórmula polinómica, pero debe tratarse de un solo factor, de manera que no haya discusión alguna en el momento de determinar quién ganó la licitación.
Estamos hablando de un procedimiento que permite que exista decencia, elimina la corrupción y da celeridad a la ejecución de las obras. Para el éxito de la futura ley, entiendo que es esencial cambiar este artículo 15 vinculado con la oferta más conveniente.
También es objetable que el artículo 30 establezca la posibilidad de indexar este tipo de contratos y, al mismo tiempo, mantenga la prohibición de hacerlo con todos los otros contratos que se hagan en el país. Estamos hablando de un privilegio y de una situación especial que, a mi juicio, no son aceptables.
Creo que la República Argentina es el único país del mundo que prohíbe la indexación, que es contraproducente y malsana para la economía nacional.
La Argentina debiera adoptar un régimen similar que ha sido completamente exitoso en la hermana República de Chile, donde se permite la indexación; los depósitos a plazo fijo ya de por sí están indexados, al igual que prácticamente todas las variables de la economía. A pesar de esto, la hermana República de Chile registra una inflación del 1,5 por ciento anual, con indexación y todo.
Debemos cambiar este sistema pernicioso, y no solamente para esta norma sino generalizándolo a todos los contratos, para que incluso en los contratos colectivos de trabajo se puedan indexar los salarios.
Por último, está el tema de la prórroga de jurisdicción. Todos sabemos, porque hemos jurado por la Constitución Nacional, que su artículo 116 establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores son competentes en las causas en que la Nación sea parte.
Este artículo se basa en la igualdad jurídica de los Estados. Un Estado no puede subordinarse a los tribunales de otro Estado, pero sí es factible subordinarse y pactar la jurisdicción de tribunales internacionales, en la medida que sean objetivos. Esto no es objetable, y en tal sentido creo que debiera interpretarse esta prórroga de jurisdicción como una posibilidad de hacerlo a favor de tribunales internacionales imparciales.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
SR. CONESA, EDUARDO RAUL (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Por mi parte, con respecto a estas cláusulas de jurisdicción, anuncio desde ya que me abstendré de votar.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GONZALEZ, ALVARO GUSTAVO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer mías las palabras del señor diputado Luis Pastori, y en segundo término, intentaré conceptualizar lo que hoy estamos tratando. Creo que tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados están dando estatus jurídico distinto a una forma de contratación que ya existe, que es distinta a las que ya tiene el Estado.
En la asociación públicoprivada o en la propiedad públicoprivada hay cuatro grandes momentos de los contratos: el proyecto, la financiación, la construcción y el mantenimiento. Digo esto porque tanto en el momento del proyecto como en el de la financiación, cuando tengamos ofertas para hacer obras con este sistema nos encontraremos con que los financistas los bancos son siempre los mismos, y las constructoras las empresas, que mantendrán la obra que construyeron y cobrarán después de que la entreguen, también son siempre las mismas.
He escuchado los discursos de mis pares: unos, con preconceptos; otros, con dudas; algunos otros, con sospechas, lo que no significa que este sistema...
Es difícil hablar así, señor presidente. ¿Puede pedir a los señores diputados que hagan silencio?
En la asociación públicoprivada o en la propiedad públicoprivada hay cuatro grandes momentos de los contratos: el proyecto, la financiación, la construcción y el mantenimiento. Digo esto porque tanto en el momento del proyecto como en el de la financiación, cuando tengamos ofertas para hacer obras con este sistema nos encontraremos con que los financistas los bancos son siempre los mismos, y las constructoras las empresas, que mantendrán la obra que construyeron y cobrarán después de que la entreguen, también son siempre las mismas.
He escuchado los discursos de mis pares: unos, con preconceptos; otros, con dudas; algunos otros, con sospechas, lo que no significa que este sistema...
Es difícil hablar así, señor presidente. ¿Puede pedir a los señores diputados que hagan silencio?
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Solicito a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. GONZALEZ, ALVARO GUSTAVO (CIUDAD DE BUENOS AIRES):
No pido silencio porque valga lo que digo, sino por una cuestión de respeto. (Aplausos en las bancas.)
Un diputado hoy se refirió a los problemas que presentaban los constructores en la Cámara Argentina de la Construcción. Claro que los constructores no quieren este sistema sino tener enfrente un Estado bobo que les pague mayores costos, que no requiera ninguna precisión para entregar la obra en el momento oportuno.
Están preocupados por la mano de obra, y claro que tienen que estar preocupados por ella. Miren lo que hoy está pasando: los muchachos de la UOCRA están en su casa y los abogados, en las oficinas de las constructoras viendo cómo le sacan más plata al Estado. Con este sistema de contratación no ocurrirán todas estas cosas. Este es un sistema nuevo en cuanto a su estatus, no porque lo hayamos inventado nosotros.
Entonces, a aquellos que apuestan al fracaso porque sostienen que este tipo de proyectos solo son exitosos donde hay planes de desarrollo, si creen que no vamos a tener ningún plan de esa índole, quiero decirles que se queden tranquilos. No va a ser un fracaso, sino una ley más que estará en un archivo.
Les pido que nos den la posibilidad de tener esta forma de contratación, ya que en definitiva cualquier administración –me refiero a la actual o a la que venga- debe contar con herramientas necesarias como esta, a fin de poder resolver los problemas de la gente.
Aquí vivimos sospechados. Tengamos un poco de generosidad y pensemos que alguna vez las cosas se pueden hacer bien y que en muchas oportunidades el Estado, con sus instituciones y el sector privado, pueden lograr normas que nos permitan resolver aquello que, en definitiva, nos pide la sociedad, que es que las obras se realicen. (Aplausos en las bancas.)
Un diputado hoy se refirió a los problemas que presentaban los constructores en la Cámara Argentina de la Construcción. Claro que los constructores no quieren este sistema sino tener enfrente un Estado bobo que les pague mayores costos, que no requiera ninguna precisión para entregar la obra en el momento oportuno.
Están preocupados por la mano de obra, y claro que tienen que estar preocupados por ella. Miren lo que hoy está pasando: los muchachos de la UOCRA están en su casa y los abogados, en las oficinas de las constructoras viendo cómo le sacan más plata al Estado. Con este sistema de contratación no ocurrirán todas estas cosas. Este es un sistema nuevo en cuanto a su estatus, no porque lo hayamos inventado nosotros.
Entonces, a aquellos que apuestan al fracaso porque sostienen que este tipo de proyectos solo son exitosos donde hay planes de desarrollo, si creen que no vamos a tener ningún plan de esa índole, quiero decirles que se queden tranquilos. No va a ser un fracaso, sino una ley más que estará en un archivo.
Les pido que nos den la posibilidad de tener esta forma de contratación, ya que en definitiva cualquier administración –me refiero a la actual o a la que venga- debe contar con herramientas necesarias como esta, a fin de poder resolver los problemas de la gente.
Aquí vivimos sospechados. Tengamos un poco de generosidad y pensemos que alguna vez las cosas se pueden hacer bien y que en muchas oportunidades el Estado, con sus instituciones y el sector privado, pueden lograr normas que nos permitan resolver aquello que, en definitiva, nos pide la sociedad, que es que las obras se realicen. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: estamos debatiendo un proyecto de ley que, indudablemente, marca un antes y un después en muchas actividades de la Argentina. No cabe duda de que muchos países de la región cuentan con este tipo de norma, pero tampoco de que la poseen como un régimen de excepción para determinados proyectos con características muy precisas. Con este proyecto estamos extendiendo este instrumento prácticamente a todo, ya que permitirá construir desde una estación de servicio hasta una refinería.
Por otra parte –me parece que más allá de todo lo que aquí se ha expresado esto es lo más importante-, estamos poniendo el caballo detrás del carro, porque lo que primero debemos conocer en una ley de esta naturaleza es el plan de desarrollo respecto del cual estableceremos, para este régimen, las prioridades a sancionar.
Existe un tema que es considerado accesorio, pero para mí, es principal. Ningún país del mundo que ponga en práctica un plan de infraestructura de esta naturaleza, con las implicancias que reviste, deja de utilizarlo como una de sus herramientas fundamentales para el planteo del desarrollo y la densidad nacional que un emprendimiento de estas características conlleva.
Por lo tanto, la posibilidad de que las empresas nacionales participen o no, en modo alguno resulta accesorio. Esto significa que, si otorgamos a las pymes la posibilidad de participar, eso no es algo accesorio. Para mí, se trata de una cuestión prioritaria porque si la Argentina no cambia su matriz productiva seguirá siendo un país primario que nunca resolverá sus problemas de desarrollo.
Para cambiar esa matriz productiva resulta clave que, en un plan de esta naturaleza respecto del cual se anuncia que representará 50.000 o 60.000 millones de dólares, se contemple la incorporación a ese proyecto, en forma activa y decidida, de todo ese entramado de empresas nacionales tecnológicas, así como también de las pequeñas y medianas empresas.
Pero ellas no solamente deben estar comprendidas mediante una cláusula que establezca que serán tenidas en cuenta si su participación es posible. Aunque les otorguemos una participación del 5 o del 7 por ciento, tal como determina la ley de compre nacional, ello será absolutamente irrelevante ante una licitación china, que contará con el financiamiento correspondiente.
Por eso, me parece fundamental que se otorgue a ese sector de la economía argentina una cuota de mercado sobre esas contrataciones, tal como ocurre en los casos de Brasil y México. Por supuesto que uno sabe en qué medida puede o no participar, pero no es posible que se trate de una medida accesoria.
Sabemos que el año pasado la Argentina ha hecho cosas y nos enfrentamos terriblemente al acuerdo que se firmó con China. Nos opusimos porque con la promesa de un financiamiento dábamos adjudicación directa y, lo que era peor, sacábamos del medio a todas las empresas que fabricaban turbinas y bienes de capital porque podían traerlos del exterior.
Hay una prioridad para aquellos que lleven financiamiento a la obra. Por supuesto que ello, de por sí, ya está dejando afuera a un montón de sectores nacionales que no tendrán la posibilidad de aportar ese financiamiento; pero hay que tener cuidado con esto, primero, porque tal financiamiento no llega a tasas regaladas, y segundo, porque por haber financiado a tasas más altas que las internacionales, no compiten en precio.
Entonces, entre el mayor precio que les aprobamos por traer la tasa, más la tasa, terminamos pagando por esa inversión mucho más que si hubiésemos licitado con una empresa nacional.
Para finalizar, debemos ver este proyecto de ley no solo como aquél que permitirá desarrollar obras lo cual es muy importante, sino también como el que apuntalará el desarrollo nacional.
Por otra parte –me parece que más allá de todo lo que aquí se ha expresado esto es lo más importante-, estamos poniendo el caballo detrás del carro, porque lo que primero debemos conocer en una ley de esta naturaleza es el plan de desarrollo respecto del cual estableceremos, para este régimen, las prioridades a sancionar.
Existe un tema que es considerado accesorio, pero para mí, es principal. Ningún país del mundo que ponga en práctica un plan de infraestructura de esta naturaleza, con las implicancias que reviste, deja de utilizarlo como una de sus herramientas fundamentales para el planteo del desarrollo y la densidad nacional que un emprendimiento de estas características conlleva.
Por lo tanto, la posibilidad de que las empresas nacionales participen o no, en modo alguno resulta accesorio. Esto significa que, si otorgamos a las pymes la posibilidad de participar, eso no es algo accesorio. Para mí, se trata de una cuestión prioritaria porque si la Argentina no cambia su matriz productiva seguirá siendo un país primario que nunca resolverá sus problemas de desarrollo.
Para cambiar esa matriz productiva resulta clave que, en un plan de esta naturaleza respecto del cual se anuncia que representará 50.000 o 60.000 millones de dólares, se contemple la incorporación a ese proyecto, en forma activa y decidida, de todo ese entramado de empresas nacionales tecnológicas, así como también de las pequeñas y medianas empresas.
Pero ellas no solamente deben estar comprendidas mediante una cláusula que establezca que serán tenidas en cuenta si su participación es posible. Aunque les otorguemos una participación del 5 o del 7 por ciento, tal como determina la ley de compre nacional, ello será absolutamente irrelevante ante una licitación china, que contará con el financiamiento correspondiente.
Por eso, me parece fundamental que se otorgue a ese sector de la economía argentina una cuota de mercado sobre esas contrataciones, tal como ocurre en los casos de Brasil y México. Por supuesto que uno sabe en qué medida puede o no participar, pero no es posible que se trate de una medida accesoria.
Sabemos que el año pasado la Argentina ha hecho cosas y nos enfrentamos terriblemente al acuerdo que se firmó con China. Nos opusimos porque con la promesa de un financiamiento dábamos adjudicación directa y, lo que era peor, sacábamos del medio a todas las empresas que fabricaban turbinas y bienes de capital porque podían traerlos del exterior.
Hay una prioridad para aquellos que lleven financiamiento a la obra. Por supuesto que ello, de por sí, ya está dejando afuera a un montón de sectores nacionales que no tendrán la posibilidad de aportar ese financiamiento; pero hay que tener cuidado con esto, primero, porque tal financiamiento no llega a tasas regaladas, y segundo, porque por haber financiado a tasas más altas que las internacionales, no compiten en precio.
Entonces, entre el mayor precio que les aprobamos por traer la tasa, más la tasa, terminamos pagando por esa inversión mucho más que si hubiésemos licitado con una empresa nacional.
Para finalizar, debemos ver este proyecto de ley no solo como aquél que permitirá desarrollar obras lo cual es muy importante, sino también como el que apuntalará el desarrollo nacional.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: hace un año, María Eugenia Vidal resultaba electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el mundo político de la oposición decía: “Sí, pero no va a manejar la provincia”. Poco después, Mauricio Macri ganaba la Presidencia de la Nación, y decían: “No podrá con los gobernadores, no podrá con los conflictos sociales y gremiales, no podrá con la inflación, no va a aprobar ni una sola ley.”
Asimismo, cuando se aprobó el blanqueo de capitales dijeron que este iba a ser un fracaso. A medida que pasa el tiempo, el Congreso va dando ejemplos de cómo el diálogo, la inteligencia y la búsqueda de un sentido común han podido empezar a producir fantásticas reformas estructurales económicas, políticas y judiciales; y ahora, en cuanto a las condiciones para la inversión, las treinta leyes que vamos a sancionar este año cambiarán la Argentina. Me refiero a los proyectos sobre pymes, emprendedores, PPP en el día de hoy, y pronto, la reforma del mercado de capitales.
Estamos construyendo condiciones para la inversión que harán que dentro de poco esta Argentina sea otro país, sobre todo porque el sistema político ha cambiado consolidando el diálogo y la escucha como potencias transformadoras.
Este Congreso es un ejemplo fantástico de lo que pueden la buena política no la politiquería, el diálogo y el escuchar al otro. Frente a esta capacidad transformadora de la buena política y de este gobierno siempre aletean los fantasmas. Hoy, todo el tiempo ha sobrevolado en este recinto el fantasma de las grandes empresas, el fantasma de la soberanía, el fantasma de la concentración, el fantasma de la empresa privada.
Me pregunto si aquellos que nos hablan tienen conciencia de que la llamada “década ganada” fue la de mayor concentración económica de la historia argentina. En cada sector industrial tenemos a lo sumo dos empresas que “oligopolizan” el mercado. Eso nos da energía para cambiar esa escandalosa concentración que hemos heredado.
Con respecto a la soberanía, ¿quién es más soberano, China o Venezuela? ¿Son más soberanos Chile, Japón, Singapur, cualquier país que sabe hacia dónde quiere ir, o los países que se encierran sobre sí mismos hablando de los fantasmas en una suerte de eterno onanismo político?
La inversión es una necesidad estructural de la economía argentina y tiene que ver con la situación social de los argentinos. Esta obsesión por todo presente y nada futuro nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. Pregunten a los productores de Jujuy, Salta y Tucumán qué opinan acerca de estos fantasmas.
Algunos señores diputados han dicho que no sabemos hacia dónde vamos. Sí lo sabemos, lo tenemos muy en claro; lean el proyecto productivo nacional con sus pilares, lean lo que sostuvo ayer el ministro Dietrich; lean lo que dijo el ministro Frigerio cuando vino al Congreso. Tenemos clarísimo hacia dónde nos dirigimos y qué país queremos. Por eso es tan importante esta iniciativa.
Este proyecto que vamos a aprobar contempla una serie de controles que se incorporaron gracias al aporte que hicieron distintos bloques de la oposición. Sinceramente, estamos muy agradecidos por la forma en la que han mejorado esta propuesta y espero que los señores senadores entiendan el sentido del acuerdo que se ha logrado en esta Cámara a través del diálogo.
Se ha hablado mucho de las pymes. Es cierto que los proyectos más grandes no son para ellas, pero toda obra de esa envergadura necesariamente incorpora pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido contemplado en esta iniciativa y también forma parte del proyecto productivo nacional que guía el trabajo económico y político del presidente Macri.
Me siento feliz de saber que dentro de unos minutos vamos a sancionar otro proyecto que nos conduce hacia una Argentina más integrada, estable y equitativa contra los fantasmas del pasado. (Aplausos en las bancas.)
Asimismo, cuando se aprobó el blanqueo de capitales dijeron que este iba a ser un fracaso. A medida que pasa el tiempo, el Congreso va dando ejemplos de cómo el diálogo, la inteligencia y la búsqueda de un sentido común han podido empezar a producir fantásticas reformas estructurales económicas, políticas y judiciales; y ahora, en cuanto a las condiciones para la inversión, las treinta leyes que vamos a sancionar este año cambiarán la Argentina. Me refiero a los proyectos sobre pymes, emprendedores, PPP en el día de hoy, y pronto, la reforma del mercado de capitales.
Estamos construyendo condiciones para la inversión que harán que dentro de poco esta Argentina sea otro país, sobre todo porque el sistema político ha cambiado consolidando el diálogo y la escucha como potencias transformadoras.
Este Congreso es un ejemplo fantástico de lo que pueden la buena política no la politiquería, el diálogo y el escuchar al otro. Frente a esta capacidad transformadora de la buena política y de este gobierno siempre aletean los fantasmas. Hoy, todo el tiempo ha sobrevolado en este recinto el fantasma de las grandes empresas, el fantasma de la soberanía, el fantasma de la concentración, el fantasma de la empresa privada.
Me pregunto si aquellos que nos hablan tienen conciencia de que la llamada “década ganada” fue la de mayor concentración económica de la historia argentina. En cada sector industrial tenemos a lo sumo dos empresas que “oligopolizan” el mercado. Eso nos da energía para cambiar esa escandalosa concentración que hemos heredado.
Con respecto a la soberanía, ¿quién es más soberano, China o Venezuela? ¿Son más soberanos Chile, Japón, Singapur, cualquier país que sabe hacia dónde quiere ir, o los países que se encierran sobre sí mismos hablando de los fantasmas en una suerte de eterno onanismo político?
La inversión es una necesidad estructural de la economía argentina y tiene que ver con la situación social de los argentinos. Esta obsesión por todo presente y nada futuro nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. Pregunten a los productores de Jujuy, Salta y Tucumán qué opinan acerca de estos fantasmas.
Algunos señores diputados han dicho que no sabemos hacia dónde vamos. Sí lo sabemos, lo tenemos muy en claro; lean el proyecto productivo nacional con sus pilares, lean lo que sostuvo ayer el ministro Dietrich; lean lo que dijo el ministro Frigerio cuando vino al Congreso. Tenemos clarísimo hacia dónde nos dirigimos y qué país queremos. Por eso es tan importante esta iniciativa.
Este proyecto que vamos a aprobar contempla una serie de controles que se incorporaron gracias al aporte que hicieron distintos bloques de la oposición. Sinceramente, estamos muy agradecidos por la forma en la que han mejorado esta propuesta y espero que los señores senadores entiendan el sentido del acuerdo que se ha logrado en esta Cámara a través del diálogo.
Se ha hablado mucho de las pymes. Es cierto que los proyectos más grandes no son para ellas, pero toda obra de esa envergadura necesariamente incorpora pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido contemplado en esta iniciativa y también forma parte del proyecto productivo nacional que guía el trabajo económico y político del presidente Macri.
Me siento feliz de saber que dentro de unos minutos vamos a sancionar otro proyecto que nos conduce hacia una Argentina más integrada, estable y equitativa contra los fantasmas del pasado. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. PRETTO, PEDRO JAVIER (CORDOBA):
Señor presidente: en este Congreso –que dio claras muestras de madurez política y de capacidad de diálogo para construir políticas públicas- estamos próximos a conseguir algo muy importante, como recién señaló el señor diputado Amadeo. Esto lo estamos logrando más allá de los reclamos que se han planteado sobre el funcionamiento de la comisión. Lo cierto es que lo que no se consigue en las comisiones terminamos haciéndolo en este recinto a través de la participación de todas y cada una de las fuerzas políticas, enriqueciendo las propuestas que nos remite el Ejecutivo o las que se inician desde el bloque del oficialismo.
Nada nuevo digo al señalar que en la Argentina tenemos casi todo por hacer. Basta con recorrer el país para darnos cuenta de las obras de infraestructura que necesitamos. Así, por ejemplo, existe un déficit importante en materia de soluciones habitacionales para 3,5 millones de personas y de nuevas viviendas para un millón de personas.
Asimismo, tenemos un déficit muy grande en lo que respecta a las rutas que necesita nuestro país para sacar su producción o para transitar libremente y con seguridad, y no seguir contribuyendo a esa macabra estadística sobre la cantidad de muertos que justamente produce la falta de infraestructura.
Lo mismo debo decir en relación con los servicios de energía eléctrica y de comunicaciones, que son indispensables para la producción y la puesta en marcha de cualquier programa de desarrollo nacional.
También hacen falta obras hídricas. Basta con que nos detengamos a analizar lo que está sucediendo en esta época en que se ha extendido el período de lluvias, para ver cómo se inundan los campos, se malogran miles de hectáreas productivas y se pierde una parte importante de la cosecha. Sabemos que desde hace muchos años la Argentina no invierte en obras de infraestructura hídrica, lo que ha provocado hechos muy desgraciados que incluso han costado la vida de personas, tal como ocurrió con las inundaciones en la ciudad de La Plata y otros lugares de nuestro país.
Son muchas las obras de infraestructura que necesitamos para mejorar la competitividad de la Argentina y para que nuestros empresarios puedan producir con menores costos y no verse obligados a destinar la producción solo al mercado nacional. Queremos entrar en los mercados internacionales para ofrecer los buenos productos que tenemos en la Argentina.
Hoy, nos encontramos ante la posibilidad de poner en marcha una institución que no es nueva, tal como se señaló a lo largo de este debate. Hablamos de un mecanismo que se aplica en todo el mundo. Entiendo que algunos pueden tener dudas sobre su implementación, pero personalmente considero que esta herramienta será bien aplicada gracias a los controles que ya preveía el proyecto y los que luego se incorporaron mediante del aporte que hicieron las distintas fuerzas políticas. Solo basta recordar la creación de una comisión bicameral compuesta por siete senadores y siete diputados que revisará anualmente las obras en ejecución o las proyectadas para el futuro. También se plantea la posibilidad de instituir paneles técnicos integrados por los mejores profesionales idóneos de las universidades argentinas. Todo esto brinda una clara muestra de que nada se está haciendo a escondidas y, por el contrario, se está propiciando una nueva herramienta para lograr más inversión y otras alternativas a empresarios, sean nacionales o extranjeros, lo cual no significa resignar la soberanía.
En un país serio, con reglas de juego claras, con controles, con el pleno funcionamiento de la Auditoría General de la Nación –como está previsto-, con la intervención de las universidades y –reitero- de una comisión bicameral, es posible lograr inversiones para concretar aquellas obras necesarias que permitan alcanzar el desarrollo de nuestro querido país.
A fin de no ser reiterativo, simplemente quiero agregar que la iniciativa en cuestión tiene todas las características de las cinco dimensiones planteadas por las Naciones Unidas para alcanzar el desarrollo sustentable. No solo basta con procurar el crecimiento económico, sino que este debe ser también armónico y con equidad; esta es una de las dimensiones planteadas. Otra de las dimensiones previstas en esta iniciativa es el desarrollo humano proyectado con inclusión social, de manera de brindar oportunidades principalmente a quienes más las necesitan, es decir, los sectores más postergados.
Por otra parte, no es cierto que las pymes queden fuera de este sistema de contrataciones. Tengamos en cuenta que cuando una empresa grande gana una licitación normalmente da trabajo a muchos argentinos, sea en forma directa o subcontratando una pyme. Muchas pymes que no tienen capacidad de contratación, por lo que establecen los pliegos no de este instituto sino de los previstos en el ámbito de la obra pública, acceden a ella merced a la subcontratación de las empresas que les dan oportunidades. Recordemos que en la Argentina existen pymes altamente calificadas y generan mayor cantidad de empleo. De modo que estas empresas pueden participar a través de la subcontratación, que esta norma propone y controla.
Otra de las dimensiones contempladas está dada por la transición generacional. Hay que apostar al desarrollo sustentable de nuestra generación, pero pensando en las generaciones futuras.
El tema ambiental está especialmente previsto en el proyecto. Según la modificación sugerida y aceptada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable deberá dictaminar previamente para fijar todas las condiciones y los controles de las iniciativas.
Nada nuevo digo al señalar que en la Argentina tenemos casi todo por hacer. Basta con recorrer el país para darnos cuenta de las obras de infraestructura que necesitamos. Así, por ejemplo, existe un déficit importante en materia de soluciones habitacionales para 3,5 millones de personas y de nuevas viviendas para un millón de personas.
Asimismo, tenemos un déficit muy grande en lo que respecta a las rutas que necesita nuestro país para sacar su producción o para transitar libremente y con seguridad, y no seguir contribuyendo a esa macabra estadística sobre la cantidad de muertos que justamente produce la falta de infraestructura.
Lo mismo debo decir en relación con los servicios de energía eléctrica y de comunicaciones, que son indispensables para la producción y la puesta en marcha de cualquier programa de desarrollo nacional.
También hacen falta obras hídricas. Basta con que nos detengamos a analizar lo que está sucediendo en esta época en que se ha extendido el período de lluvias, para ver cómo se inundan los campos, se malogran miles de hectáreas productivas y se pierde una parte importante de la cosecha. Sabemos que desde hace muchos años la Argentina no invierte en obras de infraestructura hídrica, lo que ha provocado hechos muy desgraciados que incluso han costado la vida de personas, tal como ocurrió con las inundaciones en la ciudad de La Plata y otros lugares de nuestro país.
Son muchas las obras de infraestructura que necesitamos para mejorar la competitividad de la Argentina y para que nuestros empresarios puedan producir con menores costos y no verse obligados a destinar la producción solo al mercado nacional. Queremos entrar en los mercados internacionales para ofrecer los buenos productos que tenemos en la Argentina.
Hoy, nos encontramos ante la posibilidad de poner en marcha una institución que no es nueva, tal como se señaló a lo largo de este debate. Hablamos de un mecanismo que se aplica en todo el mundo. Entiendo que algunos pueden tener dudas sobre su implementación, pero personalmente considero que esta herramienta será bien aplicada gracias a los controles que ya preveía el proyecto y los que luego se incorporaron mediante del aporte que hicieron las distintas fuerzas políticas. Solo basta recordar la creación de una comisión bicameral compuesta por siete senadores y siete diputados que revisará anualmente las obras en ejecución o las proyectadas para el futuro. También se plantea la posibilidad de instituir paneles técnicos integrados por los mejores profesionales idóneos de las universidades argentinas. Todo esto brinda una clara muestra de que nada se está haciendo a escondidas y, por el contrario, se está propiciando una nueva herramienta para lograr más inversión y otras alternativas a empresarios, sean nacionales o extranjeros, lo cual no significa resignar la soberanía.
En un país serio, con reglas de juego claras, con controles, con el pleno funcionamiento de la Auditoría General de la Nación –como está previsto-, con la intervención de las universidades y –reitero- de una comisión bicameral, es posible lograr inversiones para concretar aquellas obras necesarias que permitan alcanzar el desarrollo de nuestro querido país.
A fin de no ser reiterativo, simplemente quiero agregar que la iniciativa en cuestión tiene todas las características de las cinco dimensiones planteadas por las Naciones Unidas para alcanzar el desarrollo sustentable. No solo basta con procurar el crecimiento económico, sino que este debe ser también armónico y con equidad; esta es una de las dimensiones planteadas. Otra de las dimensiones previstas en esta iniciativa es el desarrollo humano proyectado con inclusión social, de manera de brindar oportunidades principalmente a quienes más las necesitan, es decir, los sectores más postergados.
Por otra parte, no es cierto que las pymes queden fuera de este sistema de contrataciones. Tengamos en cuenta que cuando una empresa grande gana una licitación normalmente da trabajo a muchos argentinos, sea en forma directa o subcontratando una pyme. Muchas pymes que no tienen capacidad de contratación, por lo que establecen los pliegos no de este instituto sino de los previstos en el ámbito de la obra pública, acceden a ella merced a la subcontratación de las empresas que les dan oportunidades. Recordemos que en la Argentina existen pymes altamente calificadas y generan mayor cantidad de empleo. De modo que estas empresas pueden participar a través de la subcontratación, que esta norma propone y controla.
Otra de las dimensiones contempladas está dada por la transición generacional. Hay que apostar al desarrollo sustentable de nuestra generación, pero pensando en las generaciones futuras.
El tema ambiental está especialmente previsto en el proyecto. Según la modificación sugerida y aceptada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable deberá dictaminar previamente para fijar todas las condiciones y los controles de las iniciativas.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición.
SR. PRETTO, PEDRO JAVIER (CORDOBA):
Ya concluyo, señor presidente.
Finalmente, quiero destacar el marco institucional, que es el más importante de todos ya que permitirá que las instituciones intervinientes funcionen y, además, sean previsibles a fin de transmitir seguridad jurídica, que es lo que necesita el país.
Por estas razones, nos encontramos ante la posibilidad de sancionar un proyecto de ley muy importante que contribuirá a alcanzar el desarrollo sustentable promovido por el señor presidente Macri para nuestro país. (Aplausos en las bancas.)
Finalmente, quiero destacar el marco institucional, que es el más importante de todos ya que permitirá que las instituciones intervinientes funcionen y, además, sean previsibles a fin de transmitir seguridad jurídica, que es lo que necesita el país.
Por estas razones, nos encontramos ante la posibilidad de sancionar un proyecto de ley muy importante que contribuirá a alcanzar el desarrollo sustentable promovido por el señor presidente Macri para nuestro país. (Aplausos en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
La Presidencia informa que se ha agotado el debate en general de los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se establece la regulación de los contratos de participación público privada.
Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado Furlán.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado Furlán.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES):
Señor presidente: dada la gravedad institucional del tema que estamos considerando, con todo respeto por las distintas opiniones, solicito que la votación se practique en forma nominal.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Está bien que formule ese planteo respecto de la votación en general del proyecto de ley, pero en el caso de la moción de vuelta a comisión, creo que no es necesario...
SR. RECALDE, HECTOR PEDRO (BUENOS AIRES):
Insisto en que la votación de la moción se practique de manera nominal.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Se va a votar nominalmente la moción de orden formulada por el señor diputado Furlán de que el asunto vuelva a comisión.
- Se practica la votación nominal.2016/134OE17_08_R18.pdf
- Conforme al tablero electrónico, sobre 222 señores diputados presentes, 107 han votado por la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones.
SR.(SECRETARIO (INCHAUSTI))
Han votado 107 señores diputados por la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones. (Aplausos y manifestaciones en las bancas.)
aquí votación nominal
SR. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO (BUENOS AIRES):
¡Sigan subestimando al pueblo! (Aplausos y manifestaciones en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCUCCI, HUGO MARIA (SANTA FE):
Señor presidente: el sentido de mi voto es negativo. (Manifestaciones en las bancas.)
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Quedará constancia, señor diputado.
El asunto vuelve a comisión.
Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión.
- Asentimiento.
El asunto vuelve a comisión.
Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión.
- Asentimiento.
SR. PRESIDENTE(MONZÓ)
Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión especial.
Habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión especial.
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