Periodo:135 Reunion:9 Fecha:13/06/2017 MANIFESTACIONES EN MINORÍA

SR. , (): Pido la palabra.
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
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SR. , (): Señor presidente: dado que no hay quórum, y aparentemente no lo habrá, habiendo trascurrido la media hora reglamentaria solicito que levante la sesión.
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SR. PRESIDENTE , (): La Presidencia estima lo mismo que acaba de enunciar el señor diputado Recalde. En consecuencia, no habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial convocada para el día de hoy. A fin de formular manifestaciones en minoría conforme al artículo 36 bis del reglamento, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
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SR. , (): Señor presidente: no solicitaré más tiempo de espera, como solía hacer el Frente para la Victoria en los pedidos de sesión especial, porque al momento de efectuar este pedido de sesión especial éramos conscientes de que difícilmente reuniríamos quórum. No nos impulsaba la idea de que en veinticuatro horas se despertaría la conciencia colectiva en el recinto para venir a acompañar el análisis de la respuesta a un problema que se repite desde hace muchos años en el país y que ahora se puso en evidencia a raíz de un conflicto en el transporte público en la ciudad de Córdoba, que no es distinto del que sucedió en años anteriores en otras provincias, e inclusive en la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, agradecemos a los diputados de otras bancadas que representan al pueblo de mi provincia, que están interesados en este debate que tiene por objeto dar respuesta a esta problemática que se repite, insisto, cada tanto. Quiero referirme a la ley 25.877, precisamente a su artículo 24 tan meneado, que se refiere al contexto de un conflicto colectivo de trabajo en el que se ve vulnerado el principio de huelga –cosa que no está en juego y a los derechos esenciales que se deben garantizar mientras el ejercicio de ese derecho constitucional se lleva adelante. La propia OIT y el artículo 24 de la ley mencionada ejemplifican los servicios que deben ser considerados esenciales. Aunque exista conflicto colectivo, en esos casos debe haber guardias mínimas que garanticen el servicio para que la sociedad no se vea afectada. La OIT prevé los casos de servicios sanitarios u hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, y el control del tráfico aéreo. Además, la ley preveía la constitución de una comisión para el caso de que fuese necesario extender el carácter de servicio esencial debido a la prolongación del conflicto y su grado de afectación sobre los bienes públicos o la sociedad. Esa comisión que prevé la ley en su artículo 24, integrada por representantes de distintos ámbitos, se constituyó en 2010, pero en marzo de 2016 venció la integración y no se ha vuelto a constituir. A partir de 2004, cuando comenzó a regir dicha norma, y también, de 2006, desde distintos bloques se ha intentado llevar adelante la modificación de su artículo 24 para incorporar el carácter esencial del servicio público de transporte. Esto se debe a que tanto la Nación como muchas provincias han sufrido prolongados conflictos, con millones de ciudadanos sin posibilidad de trasladarse. Esto no solo altera la paz social sino que no garantiza un servicio mínimo, ni siquiera los servicios hospitalarios que avala la propia OIT. Ello implica la falta de servicios públicos para millones de personas que no tienen cómo trasladarse para llegar a un hospital. Es más: se prevé como servicio esencial el control del tráfico aéreo, que es parte de los servicios públicos de transporte. Por eso, en medio de este lamentable conflicto con características absolutamente politizadas que afectó a la ciudadanía de Córdoba y que tuvo en zozobra por más de ocho días a familias enteras sin transporte público y, por ende, sin escuelas y muchas veces, sin acceso a los hospitales, se ha actuado al margen de la legalidad, desobedeciéndose incluso la firma de la intervención que legalmente existe sobre la seccional Córdoba y no acatándose el mandato respecto de la conciliación obligatoria. Por eso, pensamos que los proyectos presentados algunos ya han caducado, pero otros son motivo de la presentación que hemos hecho para solicitar esta sesión especial- merecen ser puestos en evidencia, y aunque no consigamos hoy el número requerido para sesionar, insistiremos para que en algún momento definitivamente abordemos este tema tanto en comisión como en una próxima sesión. Quiero recordar a aquellos que no sé si actúan en forma necia o interesada pero que hacen campaña por Twitter en apoyo de cualquier conflicto, sin saber su origen ni su causa -como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto del conflicto de Córdoba-, que durante el gobierno anterior, exactamente en 2014, y frente a un paro nacional de transporte, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estableció que la ley previera la integración de la comisión con garantías y especialistas. En ese momento, la comisión se expidió por primera vez sobre el alcance del paro nacional considerando el transporte un servicio esencial y fijando una jurisprudencia en ese sentido. Para ello, sobre la base del artículo 12 del decreto 272/2006, determinó que se debía garantizar un servicio mínimo durante la jornada y que las empresas debían poner en conocimiento de los usuarios las modalidades que revestiría la prestación del servicio durante el conflicto. Leí textualmente lo resuelto en ese momento ya que fue una decisión tomada durante el gobierno anterior, aunque por supuesto también existen antecedentes a nivel de ordenanzas en la ciudad de Córdoba. Lo que esencialmente queremos transmitir hoy no es el éxito de reunir el número para lograr la realización de una sesión que sabíamos que era difícil, sino que no hay que sacar el cuerpo a este asunto. Es necesario diferenciar los reclamos colectivos y legítimos de los trabajadores que ejercen el derecho constitucional de huelga, de modo de compatibilizarlos con el derecho de los ciudadanos a contar con un servicio mínimo de emergencia frente a un paro prolongado en el tiempo que les impida acceder a esos servicios mínimos, que no solo se vinculan con la salud sino también con el traslado. Por eso, lo que sucedió en Córdoba y ahora se ha desgranado -con lo que se ha terminado levantando el paro- no impedía que, aunque fuera en minoría, estuviéramos presentes en este recinto para que en la Argentina se supiera que definitivamente es necesario abordar, sin demagogias, como se hace en los países serios, la resolución de los conflictos laborales, garantizando el derecho a la reivindicación de un mejor salario, pero simultáneamente, también el derecho a la prestación de los servicios mínimos elementales que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, el transporte de los que menos tienen y los demás servicios públicos esenciales. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
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SR. , (): Señor presidente: además de adherir a las palabras del presidente de nuestro interbloque, diputado Negri, quisiera manifestar que durante ocho días los cordobeses hemos padecido una huelga salvaje que no ha medido consecuencias, no ha respetado la ley y, sobre todo, ha procurado apoyos de otras organizaciones sindicales y fuerzas políticas que nada tienen que ver con el conflicto del transporte, a efectos de politizarlo en un marco electoral más allá de una diferencia entre trabajadores y empleadores. Quisiera agregar a las palabras del presidente del interbloque que, así como se desprende con claridad de nuestra Constitución Nacional el derecho a la huelga, por la exégesis o interpretación de sus normas sabemos que ningún derecho se halla establecido expresamente con carácter absoluto. Por lo tanto, todos los derechos son relativos y, como establece nuestra Carta Magna, están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. No hay aquí razón alguna para considerar el derecho a huelga, que es fundamental e importantísimo. El trabajo constituye una de las tareas más nobles de todo ser humano, pero debe estar ejercido con las características y el marco legal que establece nuestra Constitución Nacional. De ninguna manera podemos pretender que el derecho de huelga esté por encima de los demás derechos. Todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional tienen el mismo rango, incluyo, el derecho a una vivienda digna, a transitar libremente por el país, a ejercer industria lícita y todo lo específicamente establecido en su artículo 14. Por eso, distintos dirigentes políticos de Córdoba hemos planteado la necesidad de volver a la racionalidad. Entendemos que nadie debe dejar de luchar por sus derechos, pero estamos convencidos de que esta lucha tiene que llevarse adelante en el marco estricto de la ley y de la Constitución Nacional. Considero que el derecho al trabajo y el derecho de huelga deben ser ejercidos con responsabilidad. De ninguna manera se puede proteger el derecho de huelga de forma que se impida a los demás conciudadanos ejercer los demás derechos establecidos. Córdoba y su dirigencia política han reaccionado. En el día de ayer, fuimos convocados por el señor gobernador de la provincia y el intendente de la ciudad. Todas las fuerzas políticas, representadas por diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes, cámaras empresarias, rectores universitarios y demás actores de las fuerzas vivas de Córdoba, se dieron cita, en primer lugar, para comprometerse con la paz social y, en segundo término, para hacer el máximo esfuerzo cada uno desde su lugar. Cada actor social tiene sus derechos, pero también sus obligaciones, y debe contribuir a reencauzar el conflicto dentro del marco de la ley. En ese mismo momento el señor gobernador se comprometió a realizar una convocatoria para que en el día de mañana en la Legislatura de Córdoba se traten algunos proyectos que tienen estado parlamentario y otros, que se presentarán desde el Poder Ejecutivo, procurando también declarar como servicio esencial el servicio público de transporte. Los cordobeses hemos visto cómo la falta de transporte impide a los que menos tienen, a los trabajadores y a la gente que debe trasladarse para hacer trámites, cumplir con sus tareas habituales. La actitud irresponsable de algunos delegados sindicales impidió que aquella gente ejerciera sus derechos. Más allá de que hoy no contemos con el número necesario para avanzar con la consideración de estos proyectos, creo que el Congreso deberá insistir en ello a través de los representantes de las distintas provincias, porque este problema también lo han padecido la Nación y muchas otras provincias, como señaló el presidente del interbloque. Es necesario que discutamos cuáles son los servicios que deben ser considerados esenciales a fin de que los incorporemos a una ley que, de una vez por todas, posibilite que la vida de los argentinos se desarrolle normalmente en un Estado de derecho. Nunca más debemos permitir la zozobra y la angustia generalizada de toda la población, tal como ocurrió en Córdoba durante esta semana. Estos días se hicieron muy extensos para nosotros debido a la angustia de no saber cuándo íbamos a poder concurrir al trabajo, además de haber perdido derechos como el presentismo, entre otros. Hago votos para que insistamos en la consideración de estos proyectos y conversemos con los demás bloques a fin de que se incorpore el transporte público como servicio esencial. También se hizo referencia a la salud y a la educación en el sentido de incorporarlas como servicios esenciales. Nunca más. Nunca más la actitud irresponsable de determinados dirigentes gremiales –en este caso, tal actitud fue producto de una interna que pareció estar por encima de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos- puede someter a toda una población a la angustia que sufrimos los cordobeses en estos días. Debemos bregar para que ningún argentino pase por esa situación Por ello, hago votos para que tengamos un debate amplio y sincero en el que definamos responsablemente qué servicios deben ser considerados esenciales. De esta manera podremos reencauzar los reclamos y asegurar los derechos dentro del marco de la Constitución y las leyes. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
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SRA. , (): Señor presidente: luego de los acontecimientos que hemos vivido los cordobeses en estos últimos ocho días, es indispensable poner sobre la mesa de debate la declaración del transporte público de pasajeros como servicio esencial. Para ello –tal como aquí se ha señalado- es necesario reformar el artículo 24 de la ley 25.877. En Córdoba hemos visto cercenado el derecho a la salud y se ha puesto en riesgo la vida de las personas. Durante ocho días los cordobeses fuimos azotados por los coletazos de una interna gremial totalmente partidizada, ya que hasta hubo tweets de la propia expresidenta de la Nación mediante los cuales arengó a los gremialistas que convocaban al paro. Me pregunto cuál es el límite entre el derecho de huelga y el derecho a la libertad, la salud y la supervivencia del ser humano. ¿Acaso uno prima sobre el otro? Una cosa es el ejercicio de un derecho constitucional y otra, el abuso que a veces se ejerce. Digo esto porque los cordobeses fuimos rehenes de una interna gremial politizada. Tengamos en cuenta que en mi provincia hubo sindicalistas con representación nacional que dijeron que volverían con más gente y más ómnibus para copar la ciudad. Es necesario que todos digamos “basta” ante estos atropellos. Los derechos a la salud y a la vida son fundamentales; pongo como ejemplo el hecho de que hace cuatro días me tocó llevar a una maternidad a una chica de 16 años que estaba con trabajo de parto y no tenía forma de llegar a un lugar para ser atendida. En esos ocho días los hospitales de Córdoba estuvieron vacíos. Esto es algo que comprobé personalmente en el Hospital Nacional de Clínicas, donde ancianos que sufrían dolores y tenían turnos asignados desde hacía dos meses no pudieron asistir a la consulta o no fueron atendidos. Por eso, es imprescindible tratar este tema, para que el transporte público sea considerado un servicio esencial y funcione con guardias mínimas. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
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SR. , (): Señor presidente: en primer lugar, agradezco a los diputados de otros bloques que nos acompañan en esta reunión en la que pretendíamos tratar un proyecto importante para la República Argentina. Lamento que haya tantas bancas vacías, porque como bien se ha dicho en este recinto, hoy les toca a los cordobeses, pero mañana puede tocar a los santafecinos, los santiagueños y a todos los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. Ante estos acontecimientos lo primero que me pregunto es qué culpa tienen los estudiantes, los obreros y las madres que no pudieron utilizar ese servicio. Es evidente que nos encontramos ante un paro político, que aparentemente hace pocos minutos habría sido levantado. Lo cierto es que han sido ocho días muy duros para todos los ciudadanos de Córdoba. Digo que fue un paro político porque al principio se dijo que había problemas con la obra social y, después, que las calles no estaban en condiciones, cuando la gestión municipal está llevando a cabo un programa de recuperación histórica construyendo más de mil quinientas cuadras de cordón cuneta de asfalto y repavimentando las principales avenidas de la ciudad. Con el correr de las horas hemos podido ver que evidentemente el paro fue político, con sectores del kirchnerismo y de la izquierda que quieren desestabilizar a un gobierno popular elegido por los ciudadanos de Córdoba. Como si eso fuera poco, ese mismo lunes, 5 de junio, se dictó una conciliación obligatoria que no fue acatada por los choferes de la UTA. El secretario general de la UTA nacional, Roberto Fernández, llamó a la reflexión a esos delegados huelguistas, pero estos desconocieron absolutamente su autoridad y siguieron actuando fuera de toda ley. Por eso es tan importante que tratemos este proyecto. Si incorporáramos en el artículo 24 la declaración del transporte público como servicio esencial, de aquí en más se deberían garantizar servicios mínimos cada vez que se hiciera un paro. Como bien se ha dicho, en el artículo 24 de la ley 25.877 una buena ley de 2004 ya se avanzó en declarar esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la distribución y producción de energía eléctrica, agua potable y gas, y el control del tráfico aéreo. Por eso es importantísimo que el transporte público de pasajeros también sea declarado servicio esencial en la República Argentina. Así lo contemplaba el primer proyecto que presenté en febrero de 2014, consciente de los problemas políticos que había en la UTA de Córdoba y de que en esa ciudad siempre hay paros intempestivos. Cabe aclarar que cada vez que se hace un paro de transportes en la ciudad de Córdoba se deja a pie a cuatrocientos mil cordobeses. Hoy estamos defendiendo a esos usuarios porque no han podido ejercer sus derechos, que también son constitucionales. En los fundamentos de ese proyecto sosteníamos que el derecho de huelga es fundamental y uno de los principales derechos previstos en nuestra Constitución Nacional. El radicalismo ha sido pionero en la incorporación del artículo 14 bis cuando en 1957 se reformó la Constitución Nacional, pero hay que decir una y mil veces que ese derecho no es absoluto. Por eso, cuando en su ejercicio abusivo se afectan otros derechos de parejo rango constitucional como el derecho a estudiar, trabajar o ejercer actividad lícita, sostenemos que hay que reglamentar ese derecho y que el transporte tiene que ser declarado como un servicio esencial. Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de todos los diputados y apelo a su compromiso con esos miles de usuarios de la República Argentina para que podamos tratar este proyecto de ley. Algunos países, como Brasil y Colombia, tienen previsto esto taxativamente en sus leyes nacionales. Cabe aclarar que ha habido muchos proyectos en este sentido pero no han tenido tratamiento parlamentario. Por ejemplo, este tema fue propuesto por el actual ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Jorge Triaca, cuando fue diputado. Oportunamente, también lo planteó la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien casualmente en los fundamentos de su proyecto hacía alusión a la ordenanza municipal 12.076 del año 2012, que en su artículo 43 incorporó el transporte público de pasajeros como un servicio esencial. Obviamente, un concejo deliberante de una ciudad carece de fuerza legal para hacer operativa esa norma, pero el Congreso sí tiene esa facultad; por eso, pido a todos los diputados que demos el debate necesario para lograr la sanción de esta norma. (Aplausos.)
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SR. PRESIDENTE , (): Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
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SR. , (): Señor presidente: desde el bloque Unidos por una Nueva Argentina quiero hacer algunas reflexiones ante lamentablemente esta fallida sesión especial. En primer lugar, comparto los criterios expuestos por los señores diputados preopinantes. También quiero señalar que, efectivamente, el artículo 14 bis incorporado en la Constitución Nacional en 1957 no se convierte en un precepto superior al resto de los artículos de la Carta Magna nacional, sino que integra el plexo constitucional en forma armónica. En aquel momento, ocho convencionales constituyentes del Partido Demócrata Cristiano hicieron uso de la palabra a fin de fundamentar el alcance de la incorporación de estos derechos sociales en el artículo 14 bis o nuevo, que por ese entonces no estaban contemplados en la Constitución Nacional. Sin embargo, no es menos cierto que no puede haber un conflicto social, institucional, político o laboral que no tenga un cauce de solución. En un Estado de derecho existen reglas de juego que deben ser cumplidas y respetadas por todos. Asimismo, hay intereses generales de la sociedad toda que deben ser protegidos. Tratar de combinar los intereses individuales y colectivos con los de la sociedad es el gran desafío que deben afrontar aquellos que tienen que regular el ejercicio de los derechos constitucionales. El Congreso Nacional ha venido desarrollando esta tarea, aunque no se trata de una facultad exclusiva ya que las provincias, a raíz del deslinde de competencias, también tienen la posibilidad de avanzar en ese sentido. Como dije, los conflictos deben tener un cauce de solución. Al respecto, es obligación de los argentinos respetar las leyes, pero al mismo tiempo los Estados nacional, provinciales y municipales tienen que cumplir con sus funciones y potestades básicas asegurando a los ciudadanos la regulación del ejercicio de sus derechos.
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SR. , (): Lo que sucedió en Córdoba en los últimos días dejó como rehenes a más de trescientos cincuenta mil usuarios del servicio público del transporte de pasajeros. Obviamente, esta circunstancia no debe volver a repetirse sino que tienen que existir mecanismos que permitan encauzar este tipo de conflictos. Por ello, como bien se ha señalado, en el día de ayer el gobernador Schiaretti convocó a las fuerzas sociales nucleadas en el Comipaz, organización que existe desde hace más de seis años y que participó en diversas situaciones críticas de la provincia; está integrada por diversas organizaciones religiosas, sociales y económicas, y constituye una suerte de órgano de consulta. En el día de ayer se realizó la reunión junto con diputados y senadores nacionales, participó el gobernador de la provincia y el intendente de la ciudad de Córdoba. En ese marco se produjo un diálogo fructífero que permitió determinar algunos cauces de acción para tratar de que no volvieran a repetirse estos sucesos de violencia por los cuales, reitero, más de trescientos cincuenta mil usuarios del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba quedaron a merced de un grupo que, mediante actitudes violentas, pretendió imponer sus condiciones. No estamos en contra de los derechos de los trabajadores ni de las expresiones gremiales, pero esto debe estar inexorablemente circunscripto a un marco legal, precisamente, para evitar que se produzcan males que puedan afectar los intereses generales de la sociedad y de los individuos, sobre todo cuando están de por medio la salud, la vida, la seguridad y la justicia, situación en la que hay que adoptar las medidas del caso en salvaguardia de esos valores. Por su naturaleza, los servicios públicos tienen una finalidad específica: satisfacer una necesidad pública. En consecuencia, su prestación persigue ese objetivo superior que atañe a la sociedad en su conjunto, que lo diferencia de los servicios o actividades de carácter privado. Por lo tanto, como subyace un interés público, el Estado no puede distraerse y debe cumplir con ese objetivo, en todo momento. Si bien es posible que algunos conflictos surjan espontáneamente, otros pueden ser evitados. Por eso es importante que aquellos funcionarios públicos que tienen una responsabilidad primaria en las diferentes órbitas de los Estados nacional, provinciales y municipales deban adelantarse y prever las situaciones que conduzcan a una grave crisis, como la que provocó en la ciudad de Córdoba la falta del transporte público de pasajeros. Como bien se ha señalado, desde el gobierno de la provincia de Córdoba se ha enviado un proyecto de ley que hoy se encuentra en tratamiento en la Legislatura y que será objeto de consideración en una sesión especial que se celebrará mañana. En el marco constitucional y de las potestades que tiene la provincia de Córdoba se pretende sancionar una norma que determine las garantías mínimas en la prestación de los servicios públicos. Su objetivo es establecer un procedimiento para fijar acuerdos entre las partes en conflicto, con la participación del Estado, la debida información al ciudadano y la comunicación previa acerca de cuáles serán las medidas que se tomarán para garantizar la prestación de los servicios esenciales ante la adopción de medidas de acción directa. Además, se declara el transporte de pasajeros como servicio público. Una comisión técnica especial integrada por personas independientes con conocimiento sobre asuntos laborales, constitucionales, administrativos y de resolución de conflictos- establecerá los parámetros básicos para abordar una situación conflictiva entre la patronal y los trabajadores, que impacte sobre los servicios públicos esenciales. Este mecanismo de acuerdo, consenso y búsqueda de la efectiva y regular prestación de un servicio público mientras se transita por un conflicto laboral, nos permitirá tener previsibilidad para que aquellos derechos constitucionales que hoy están en juego con la paralización de los servicios esenciales sean atendidos con la adecuada prevención, evitando así males mayores. Por otro lado, entendemos que las autoridades públicas correspondientes, según el caso, deben dar un mensaje sobre la manera de enfrentar los conflictos. Es responsabilidad de los funcionarios tener tolerancia, diálogo y buscar soluciones posibles cuando se adoptan medidas de acción directa que afectan la prestación de un servicio público esencial. En ese sentido, más allá de los respectivos marcos legales, las diferentes autoridades deben prever los mecanismos que eviten mayores daños a los intereses individuales cuando se trata de servicios esenciales. La inclusión del servicio público de transporte de pasajeros en la ley 25.877 será un dispositivo para lograr este fin, pero no el único. Por eso, las provincias están llamadas a establecer estos mismos mecanismos para los servicios públicos provinciales. De esta forma lograremos la consecución del bien público, que implica satisfacer la necesidad de cada uno. Esto es lo que denominamos “justicia social”. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
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SR. , (): Señora presidenta: he venido a acompañar a los hermanos cordobeses. Usted sabe que siempre estaré en este recinto, cualquiera sea el tema que se trate. Cuando vivía en Córdoba me trasladaba al Liceo Militar en la línea que va a Guiñazú, y cuando había corte del servicio de transporte público de pasajeros no podía llegar. En ese caso, no solo me computaban una falta sino que además me castigaban no dejándome salir el fin de semana. También tomaba la Línea 44, que pasa cerca de la Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla”, y cuando había paro no podía ir al colegio. Los cordobeses, y los argentinos en general, no se merecen no poder llegar a su lugar de destino o su trabajo, más aún en una situación de gravedad, como son los casos de una madre enferma o una mujer embarazada. Me permito hacer una reflexión. Hace poco solicité la realización de una sesión especial para tratar un proyecto de penalización de los violadores, y me sentí muy mal porque solo estuvimos presentes dos diputados. Actualmente, en la Argentina la inseguridad es lo único seguro; está condecorada. Siguen muriendo mujeres y se sigue violentando a los niños. Hoy, en Salta encontraron a una niña de 4 años que padece gonorrea. Debemos empezar a tratar los temas que afectan a todos los argentinos, no solo a los cordobeses o bonaerenses. Con todo respeto, me hice presente en este recinto para contribuir a conformar el quórum a fin de dar inicio a esta sesión, que lamentablemente fracasó. Más allá de quién la solicite, sea este humilde servidor o el oficialismo, hay casi cincuenta millones de argentinos que están esperando que desde el sector político nos pongamos a trabajar. El otro día terminé mi exposición con una frase: “Prueben laburando”, pero hoy voy a cambiarla por la siguiente: “Movamos las manos, argentinos. Pongámonos todos a trabajar.” Hay una Argentina que está esperando que el sector político cambie su forma de actuar, porque cuando alguien pide una sesión los otros no se hacen presentes, o si la pide el diputado Olmedo, no asisten determinados sectores. ¿Cuándo vamos a solucionar los problemas de la gente? ¿Cuántos chicos se nos van a morir de hambre, como ocurre en Salta? ¿Cuántas violaciones más quieren? ¿Cuánta gente más sin trabajo quieren? ¿Cuántos conflictos gremiales más quieren? ¡Basta ya! Esto constituye una alerta al sector político. Debemos trabajar en conjunto. ¿Tenemos diferencias? No tengan dudas. Yo no coincido con muchas cosas que plantean uno u otro sector, pero sí estoy de acuerdo en resolver los problemas de la gente. Por eso vengo a trabajar, presento proyectos de ley y los defiendo a muerte y a rajatabla, porque estoy convencido de que son necesarios. Muchas veces he votado en contra de mis propias conveniencias, pero nunca, de mis convicciones. Por eso, señora presidenta, espero que más que una alerta esto sea un campanazo para todo el sector político y que resolvamos los problemas de la sociedad. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
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SRA. , (): Señora presidenta: considero que debemos tratar este proyecto por el que se declara servicio esencial el transporte público de pasajeros. Recién, el diputado Olmedo me hizo recordar que la Línea 40 –él mencionó la 44- tenía unidades de color verde e iba al barrio Cerro de las Rosas, muy conocido en Córdoba. En relación con el tema que nos convoca, y de acuerdo con lo que pedía el diputado Mestre en el sentido de que nos pusiéramos en el lugar de los usuarios, aclaro que fui usuaria del transporte público de pasajeros. Cuando los derechos del más fuerte prevalecen sobre el de los trabajadores más débiles, desde el punto de vista gremial estamos frente a una situación injusta. Esto es lo que ha pasado en Córdoba, donde el gremio del transporte es muy fuerte y cuando hace un paro provoca zozobra, dolor y angustia a miles de personas, por ejemplo, a los estudiantes. Había elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba, pero tuvieron que desdoblarlas ya que la gente no podía llegar a sufragar debido a este paro. Por eso quiero decir: basta de paros sorpresivos. Me comprenden las generales de la ley, porque fui trabajadora y viajé en ómnibus durante cuarenta años. Es cierto que eran unidades interurbanas, pero cuando decidían un paro sorpresivo dejaban en situación de angustia a un montón de personas que pretendían volver a las 7, 8 o 9 de la noche y tenían que quedarse a dormir en la terminal de ómnibus. Como yo salía a las 3 o 4 de la tarde, tenía la suerte de poder juntarme con otros trabajadores –docentes, policías, enfermeros, etcétera- que iban desde Santa María de Punilla –donde vivo- a la ciudad de Córdoba, para pagar un taxi, porque era imposible hacerlo en forma individual debido a su alto costo. Por eso es necesario establecer estas guardias mínimas. Esto no es imposible. Cuando me tocaba trabajar en un feriado, por ejemplo, el 1° de mayo, se fijaban horarios especiales en el servicio de transporte público. Por lo tanto, había que esperar varias horas, pero lo hacíamos porque en caso de huelga el trabajador tiene la libertad de elegir...
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SRA. PRESIDENTA , (): Disculpe que la interrumpa, señora diputada Rossi. La Presidencia informa que se encuentra presente en el recinto el primer ministro de la República Portuguesa, António Costa, quien se ha acercado a saludarnos. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Córdoba.
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SRA. , (): Quiero concluir afirmando que los trabajadores tenemos la libertad de elegir si queremos ir a trabajar y el derecho a que se brinden servicios especiales en caso de paro. Este proyecto que nos convoca no pretende coartar la libertad de huelga, sino simplemente reglamentarla para que otros trabajadores u otras personas que, por ejemplo, tengan que ir al médico o a estudiar, como decía el señor diputado Mestre, puedan hacerlo. Debimos esperar muchísimo los servicios especiales, el 1° de mayo, pero lo hicimos con gusto porque sabíamos que podríamos ir a trabajar. (Aplausos.)
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SRA. PRESIDENTA , (): Con las palabras pronunciadas por los señores diputados, la Presidencia da por concluidas las manifestaciones en minoría.
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