Período:125 Reunion:35 Fecha:28/02/2008 RÉGIMEN TRANSITORIO PARA EL TRATAMIENTO FISCAL DE LAS INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA


SR. PRESIDENTE(FELLNER) En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): Señor presidente: vamos a referirnos al régimen transitorio de promoción de inversiones, que da continuidad al instituido por la ley 25.924.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Ruego a los señores diputados que guarden silencio.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): Antes de entrar a los aspectos específicos me voy a permitir hacer dos consideraciones para dar el marco en el cual vamos a tratar este proyecto.
En primer lugar, debo recordar que la economía argentina ha registrado un significativo crecimiento a lo largo de estos últimos años. En el último lustro se registra un 8,8 por ciento de crecimiento promedio anual, con una marcada caída de la tasa de pobreza y desocupación, producto de la creación de más de dos millones setecientos mil puestos de trabajo.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): Es muy probable que la mayoría de los legisladores aquí presentes convenga en que para sostener este proceso de crecimiento es necesario consolidar el aumento de la tasa de inversión.
El sustento macroeconómico que indiscutiblemente exhibe hoy la economía...


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Ruego a los señores diputados un poco de silencio. Si tienen que hablar, por favor háganlo fuera del recinto, así podremos escuchar al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): El sustento macroeconómico que indiscutiblemente exhibe nuestro país a través del superávit fiscal y el superávit externo y los elevados niveles de reservas internacionales, afortunadamente nos brindan el marco y la posibilidad de debatir un proyecto que nos remite el gobierno nacional en una clara señal de que es necesario avanzar en políticas públicas específicas, con marcos adecuados, mejores instrumentos y mecanismos aptos para seguir recreando las capacidades productivas de nuestros país.
No se trata de un proyecto aislado, sino que se enmarca en un espectro más amplio de mecanismos promocionales y políticas activas que el gobierno nacional viene diseñando e instrumentando desde hace bastante tiempo.
El proyecto establece un marco normativo para la promoción de inversiones en bienes de capital y para obras de infraestructura, excluidas las obras civiles. En el caso de los bienes de capital se plantea como requerimiento que esos bienes sean nuevos, que revistan en la categoría de bienes muebles amortizables en el régimen del impuesto a las ganancias y que se encuentren afectados a la producción industrial.
Los beneficios son básicamente dos: la devolución anticipada del crédito de IVA correspondiente a los bienes y las obras que mencionábamos y alternativamente también prevé la posibilidad de practicar la amortización acelerada del capital en el impuesto a las ganancias.
También se establece que los beneficios son excluyentes, es decir que no pueden asignarse los dos simultáneamente a un mismo proyecto, excepto que estemos en presencia de un proyecto cuya producción esté destinada exclusivamente al mercado externo o que se enmarque dentro de la denominación de "producción limpia" o "reconversión industrial sustentable". En mi opinión, esto es muy importante y aparece como un concepto superador de la ley anterior.
Esta iniciativa prevé otorgar mayores incentivos a los procesos productivos que empleen tecnologías apropiadas y compatibles con el uso racional de los recursos naturales. En el caso específico de los proyectos de reconversión industrial, apunta a la reducción de la contaminación y de los residuos industriales.
Reducir el pasivo ambiental es una de las principales contribuciones frente a las nuevas generaciones, y afortunadamente esta propuesta ha tenido en cuenta este aspecto.
Por otra parte, se establece que no podrán ser beneficiarios de los instrumentos promocionales aquí planteados aquellos proyectos que hayan tenido sus créditos fiscales financiados en el marco de la ley 24.402.
En el caso del IVA el beneficio puede consistir en la acreditación contra otros impuestos o en la devolución, siempre y cuando se den una serie de requisitos: que los créditos no hayan sido absorbidos por los débitos originados en el proyecto, que los bienes formen parte del patrimonio del titular del proyecto al momento de la acreditación o devolución y que se constituyan las garantías previstas en el artículo 8° de esta iniciativa.
Además, se establece que la acreditación no será aplicable cuando se esté en presencia de gravámenes que financien fuentes específicas o que resulten de contribuyentes que revistan el carácter de agente de retención o percepción.
En el caso de la amortización acelerada, para las inversiones realizadas durante el período que va desde el 1° de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2010 se prevé un mecanismo de incentivo, que lógicamente va perdiendo incidencia a medida que transcurre el tiempo. Así, la iniciativa en tratamiento indica que cuando la inversión se realice dentro de los doce meses calendario inmediatamente posteriores al 1° de octubre de 2007, en el caso de bienes muebles se van a amortizar en tres cuotas anuales iguales y consecutivas, y en el caso de inversiones en infraestructura como mínimo se amortizarán en tantas cuotas como surja de reducir la vida útil estimada de esas inversiones al 50 por ciento. A medida que transcurran los períodos, en el segundo y en el tercero, la amortización de los bienes muebles se hará en cuatro o cinco cuotas, respectivamente, y la amortización para las inversiones tomará en cuenta una vida útil reducida al 60 por ciento y al 70 por ciento, en el segundo y en el tercer año, respectivamente.
El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación asignará cupos anualmente en forma indistinta a los tratamientos impositivos que se plantean. Para proyectos de inversión en actividades industriales se fija un cupo de mil millones de pesos, para proyectos de inversión desarrollados por pymes, el cupo se establece en doscientos millones de pesos, y para los proyectos de obra en infraestructura el cupo será fijado por la autoridad de aplicación.
El artículo 7° establece que son obras de infraestructura aquellas cuyo principal objetivo son las actividades productivas a las que alude la ley, o siempre que sean declaradas obra crítica por parte del Ministerio de Planificación y se trate de la generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica; generación, transporte y/o distribución de hidrocarburos, exploración y explotación minera, obras hídricas, viales, ferroviarias, portuarias y de vías navegables.
En relación con la asignación de los cupos el proyecto establece que la autoridad de aplicación podrá asignarlos en cada concurso público teniendo en cuenta tres criterios: regionales, sectoriales y de tamaño de la empresa.
Estas medidas no generan un costo fiscal en sentido estricto; en todo caso se trata de un sacrificio en términos del valor presente de recaudaciones fiscales a las que el Tesoro renuncia en el corto plazo para recuperarlas en el mediano y en el largo plazo. Si lo vemos del otro lado, en cabeza del titular del proyecto, en términos nominales paga el mismo impuesto, pero en términos del valor presente percibe una mejora en la rentabilidad como consecuencia de que mejoran sus flujos iniciales por existir una menor incidencia del costo del capital; es decir que los proyectos deben inmovilizar menos capitales al inicio, que es cuando más cuesta conseguirlos.
El proyecto de ley es muy claro respecto de quiénes son los sujetos que pueden acogerse al régimen; entre ellos, las personas físicas y jurídicas domiciliadas o constituidas, según corresponda, en nuestro país; las personas jurídicas habilitadas para actuar en el país, con sujeción a las leyes, y los fideicomisos, cuando el fiduciario y el beneficiario sean personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en el territorio nacional.
Se trata de un régimen transitorio, tiene una duración de tres años, y para poder acceder a él también es necesario el cumplimiento de requisitos. Algunos de ellos son formales; por ejemplo, la inscripción ante la autoridad de aplicación, en un registro que se abrirá a tal efecto, y la acreditación mediante declaración jurada respecto de la existencia de un proyecto que podrá realizarse en el período que estamos mencionando.
Por otro lado, un tema importante es la necesidad de acreditar la generación de puestos de trabajo genuinos, de conformidad a la ley laboral vigente en cada rama de la actividad.
Finalmente, se requiere la constitución de garantías. Para quienes quieran ser beneficiarios de estos regímenes, el proyecto establece que deben constituirse garantías a través de distintas modalidades, por ejemplo, depósito bancario, seguros de caución, cheques certificados contra entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el Estado nacional.
De la misma manera, la iniciativa define quiénes no podrán acceder al régimen: los declarados en estado de quiebra, quienes estén querellados o denunciados penalmente por la AFIP, y en caso de personas jurídicas, incluidas las cooperativas, los socios, directores, administradores y miembros del consejo de vigilancia o síndicos que se encuentren tipificados en algunas de esas situaciones. Además, en caso de que éstas se produjeran con posterioridad al otorgamiento de los beneficios, ello importará la caducidad de éstos.
También merece ser comentado lo normado en el artículo 10, en relación con el control. En este sentido, se establece que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, se encargará, una vez corroborada la puesta en funcionamiento del proyecto, de controlar conjuntamente con la AFIP el cumplimiento de los objetivos, fijando plazos, modalidades y frecuencia. Además, establece penalidades perfectamente normadas para quienes incumplan con el régimen.
El artículo 11 determina que el incumplimiento de la presente ley, más allá de la devolución y restitución de los impuestos, implica la caducidad total del tratamiento otorgado por el plazo de vigencia del régimen, y multa equivalente al ciento por ciento del importe acreditado o devuelto.
En cuanto al artículo 13, es el único en el que el Senado introdujo cambios respecto de la redacción del Poder Ejecutivo. El proyecto original facultaba al Poder Ejecutivo a definir la autoridad de aplicación; según la sanción del Senado se define como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía. Entendemos que es conveniente mantener la redacción original tal como lo hemos planteado en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en oportunidad de tratar el tema, por considerar que el Poder Ejecutivo es quien debe aplicar y ejecutar en este caso el mandato legislativo.
Entonces, lo natural es que el Poder Ejecutivo nacional sea designado como autoridad de aplicación, quien ejercerá esta función a través de una o más carteras fijadas por la Ley de Ministerios. De este modo, será posible -según la materia involucrada- designar autoridad de aplicación a una o más jurisdicciones. Estamos ante una ley cuya aplicación implica una diversidad de temáticas; es decir, la intervención de diversas áreas no sólo como la del Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación sino también la Secretaría de Medio Ambiente y eventualmente la Agencia de Inversiones.
Por otra parte, el mismo artículo establece un régimen informativo obligatorio, que estaba vigente en el régimen anterior, según el cual el Poder Ejecutivo tiene la obligación de informar al Honorable Congreso acerca de todas las aprobaciones de proyectos que se realicen durante su vigencia, con el acompañamiento de las actuaciones que les dieron origen.
Es importante la invitación que hace la ley a las provincias y municipios argentinos para que puedan adherir a estos mecanismos promocionales, eximiendo total o parcialmente las ventas de bienes comprometidos en el presente régimen en el caso de los impuestos a los ingresos brutos y sellos.
Resultará importante, adicionalmente a los mecanismos de información vigentes y garantizados, que cada uno de nosotros difundamos este proyecto en las provincias para que las autoridades de aplicación locales también puedan participar activamente, no sólo dando a conocer el mecanismo sino también brindando asistencia técnica, principalmente a las pymes.
Si analizamos el proceso inversor de nuestro país en los últimos años, observamos que la inversión ha respondido positivamente hasta alcanzar niveles récord como mencionamos con anterioridad. Al principio esto ha ocurrido con el aporte de la construcción. Ustedes recordarán la inversión en ladrillos, fruto de un contexto muy particular donde existían excedentes financieros y estábamos saliendo de una situación de crisis muy profunda a través de una incipiente recuperación.
Con el transcurso del tiempo el proceso inversor se vio signado por la incorporación de equipos durables de producción que se difundió de manera importante al conjunto de sectores económicos. Esa incorporación de bienes de capital ha representado en el año 2007 aproximadamente el 40 por ciento del total de las inversiones.
Además, el crecimiento de la inversión se viene dando en un marco de simultánea creación de empleo, característica importante y saliente. Por primera vez en décadas la formación de capital y la contratación de mano de obra van de la mano; dinámica que si bien puede pensarse como obvia en una economía normal, no lo es en la Argentina.
Para que el proceso inversor sea sostenido en el tiempo se necesita el aporte de todos los agentes económicos y de todos los sectores: el sector privado, el sector público, las pymes y las grandes empresas; es decir, aquellas de origen nacional y las que no siéndolo están radicadas en nuestro país y actúan en el marco de la legislación vigente.
Hay proyectos que por su magnitud, por su naturaleza y por sus requerimientos técnicos y financieros sólo pueden ser ejecutados por empresas de gran tamaño. Es más, en algunos casos ni siquiera alcanza con el sector privado y es necesario, por lo tanto, el emprendimiento conjunto con el sector público en un marco de cooperación para poder concretar de este modo emprendimientos que de otro modo sería difícil materializar.
Por otra parte, quiero destacar que este nuevo régimen promocional se plantea en un contexto donde el Estado argentino ejerce una función activa en materia de orientación de inversiones y planificación de proyectos estratégicos. La muestra de esta situación es el comportamiento de la inversión pública, muchas veces abriendo camino y mostrando un rumbo.
Para que tengan una idea, la inversión pública, que en el año 2003 representaba el 8,5 por ciento del total de la inversión, ha llegado a casi el 16 por ciento en el año 2007, es decir que prácticamente se ha duplicado.
Quiero además consignar que estamos en presencia de una norma que prioriza a las pequeñas y medianas empresas por diversas vías: no sólo por la existencia o por la fijación de un cupo específico de 200 millones de pesos que no podrá ser utilizado por otros proyectos, sino que además, al priorizar a los proyectos con creación genuina de puestos de trabajo, se están priorizando las pequeñas empresas, porque precisamente son ellas las que demandan más mano de obra.
Por otra parte, al igual que ocurría con la norma anterior, seguramente la reglamentación va a definir un régimen más simplificado para la presentación de proyectos para este tipo de empresas.
Recordemos también la facultad existente para la autoridad de aplicación. Me refiero a que uno de los criterios que podrá tener en cuenta cuando asigne los cupos sea el del tamaño de la empresa, con lo cual hay otra forma de priorizar la inversión en las pequeñas y medianas empresas.
Señora presidenta: estamos ante un régimen de promoción de inversiones con cupos fiscales explícitos, con un mecanismo de asignación a través de concurso público, con los instrumentos para que la autoridad de aplicación pueda definir una verdadera política regional en materia de inversiones, con la invitación a las provincias y a los municipios argentinos a que se adhieran, con un régimen obligatorio por parte del Poder Ejecutivo nacional hacia el Congreso de la Nación, con incentivos para la inversión en infraestructuras en áreas estratégicas fundamentales para el desarrollo de nuestro país y con la posibilidad de incorporar capital reproductivo al proceso económico con la importancia que eso tiene para alentar la producción en el mediano y largo plazo.
Entiendo que este proyecto contribuirá a la concreción de las inversiones que requiere nuestra estructura productiva, la que a su vez permitirá sostener el crecimiento de la producción, el consumo y las exportaciones.
Por los motivos expuestos solicito a nuestros pares que nos acompañen con su voto en este proyecto. (Aplausos.)

SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Para referirse al dictamen de minoría compartirán su tiempo los señores diputado Adrián Pérez, Giubergia y Sesma.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. PEREZ, ADRIAN (BUENOS AIRES): Señora presidenta: voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero hacer referencia a algo que señalaba el señor diputado Rossi en la intervención anterior, cuando hacía el cierre del debate. Él decía que frente a aquello que anunciamos en los debates parlamentarios desde este bloque, el tiempo no nos daba la razón o nunca se cumplía.
Recuerdo que fui miembro informante cuando se trató la ley 25.924. En esa oportunidad planteaba que estaba de acuerdo con los mecanismos de promoción para la compra de bienes de capital y para la reconversión, en todo caso, del sector industrial. Pero alertaba que si se sancionaba el proyecto tal como venía del Poder Ejecutivo, se terminaría con un régimen que iba a beneficiar casi en forma absoluta al capital más concentrado.
Decíamos que era necesario establecer un régimen de promoción, por cierto, para la adquisición de bienes de capital, pero que ese régimen promocional debía estar destinado a las pequeñas y medianas empresas, que eran las principales generadoras de empleo.
También decíamos que debían existir criterios a la hora de hacer las asignaciones, que debían ser objetivos para impedir, entre otras cosas, un reparto absolutamente desigual, y que respetara, en todo caso, el desarrollo de las economías regionales.
Por otra parte, en aquel momento señalábamos como una de las objeciones a aquella ley la necesidad de que la norma estableciera como obligación que los bienes de capital adquiridos por las empresas o por las industrias fueran en lo posible bienes de capital nacional, o por lo menos con un alto componente nacional, como una forma de promocionar bienes de capital en nuestro país.
De no ser así, señalábamos que los beneficios iban a estar destinados al capital más concentrado y a las empresas con mayor rentabilidad. Quiero subrayar qué es lo que marcó la experiencia. Entre los años 2005 y 2007 se destinaron 3.200 millones de pesos mediante este cupo fiscal para promocionar las inversiones de bienes de capital. En cuanto a las empresas beneficiarias de este régimen de promoción debemos señalar que en el 2005 el 62 por ciento del cupo fiscal -un cupo fiscal de mil millones de pesos- se lo llevó una sola empresa: Aluar. Y el resto del cupo fiscal fue absorbido por diez empresas, todas ubicadas dentro de las diez primeras empresas del país en materia de rentabilidad.
En el año 2006, sobre 22 proyectos de inversión aprobados, seis empresas concentraron el 90 por ciento de los beneficios de este régimen promocional. Las empresas fueron Siderar, Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill e YPF.
De modo tal que aquello que anunciamos al momento del tratamiento, efectivamente se corroboró en los hechos. Lejos de ser un régimen que terminara beneficiando a las pequeñas y medianas empresas como un esquema de promoción de aquellos sectores que son el principal factor de generación de empleo, concluyó siendo un esquema que benefició a las empresas que además se vieron beneficiadas por el propio esquema económico.
Quiere decir que las empresas exportadoras y las de mayor rentabilidad fueron las que recibieron los beneficios de este régimen promocional de más de mil millones de pesos anuales.
Señalábamos que además no había un criterio de distribución que tuviera en cuenta nuestro régimen federal. Efectivamente, sólo tres provincias fueron las beneficiarias de este régimen de promoción. Es decir que lo que anunciábamos se terminó cumpliendo.
Ahora esperábamos que lejos de prorrogar la vigencia de un régimen que ya había demostrado sus falencias, produjéramos la reconversión de ese régimen a partir de la experiencia. Pero no se da eso.
Lo que se decidió fue mantener el régimen con una sola diferencia: que el cupo fiscal para las obras de infraestructura ni siquiera se ve determinado en la ley, es decir, para el sector industrial hay cupo fiscal y para obras de infraestructura no hay cupo. El cupo lo va a determinar el propio ministro de Planificación.
Si bien el bloque oficialista hoy quiere dar buenas noticias al ministro de Planificación, debo decir que esta norma siempre tuvo como órgano de aplicación al Ministerio de Economía. El Senado aprobó el proyecto con el Ministerio de Economía como órgano de aplicación, pero la Cámara de Diputados ha decidido que no será el Ministerio de Economía el órgano de aplicación. Nos habla del Poder Ejecutivo, pero todos sabemos que el órgano aplicador será el Ministerio de Planificación. Todas las obras de 2007 fueron llevadas a cabo por empresas que tuvieron intervención en cuestiones de infraestructura.
Por eso, vamos a insistir con el dictamen que establece el criterio de que el beneficio y la promoción para la compra de bienes de capital son correctos, pero deben ser destinados para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, el cupo fiscal debe ser menor a los 400 millones de pesos. No sólo debe estar dirigido a la industria, sino a otros sectores productivos, que están en el mismo proceso de reconversión. También debe existir un criterio de asignación que respete el federalismo, priorizándose a la hora de la compra de bienes de capital a los de origen nacional o, por lo menos, con un alto componente nacional.
Una de las cuestiones que notamos es que las empresas terminaron comprando los bienes de capital -no estoy hablando de empresas nacionales, sino de multinacionales- en los países de origen.
De ahí que estemos de acuerdo con el dictamen de minoría. Por eso, vamos a rechazar el dictamen de mayoría, ya que reproduce un esquema que ha dejado en claro las falencias que tiene.


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.


SR. GIUBERGIA, MIGUEL ANGEL (JUJUY): Señora presidenta: esta ley 25.924 ha dejado en claro que el objetivo de corregir los desequilibrios regionales y económicos no ha existido.
Como bien ha dicho el señor diputado Pérez, todo ha quedado concentrado en tres provincias y en las diez principales empresas de la República Argentina. Después de haber vencido esta ley en septiembre del año pasado se la pretende resucitar argumentando que tiene retroactividad a partir del 1° de octubre del año pasado.
Escuchaba al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda decir que se incorporaban los fideicomisos y las obras de infraestructura que fueron definidas como críticas por el Ministerio de Planificación. Son las que se refieren a la generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica; en el caso de los hidrocarburos ocurre lo mismo, con la exploración y explotación minera. En esto todos y cada uno de nosotros hemos visto en los principales medios de comunicación de la República Argentina que ha aparecido una convocatoria para una licitación internacional con el fin de construir el gasoducto del NEA. Ya nos comunicó la señora presidenta -lo había hecho también el señor presidente de Bolivia- que no vamos a tener eso que en principio tenía la denominación de alguna empresa cuando se consideró este tema en 2004.
Por eso, disentimos y consideramos necesario que existan incentivos y políticas activas, tal como se lo dijimos al señor ministro en aquella oportunidad. Las políticas activas no significan entregar los recursos de todos los argentinos a los grupos más concentrados de la República Argentina. Me estoy refiriendo al IVA y al impuesto a las ganancias.
Por eso, es que en nuestro proyecto planteamos y sostenemos que estos beneficios deben dirigirse a las pymes y no estar orientados solamente a la industria.
En las definiciones dadas durante el tratamiento de la ley de reordenamiento de los ferrocarriles escuchamos decir cuáles eran los criterios que se iban a tener en cuenta y qué era lo que se quería desarrollar. Nosotros sostenemos que es necesario aportar también al desarrollo integral de la República Argentina. Esto significa que las provincias, que son las que van a aportar y a llevar la mayor carga en este régimen, tengan fundamentalmente la posibilidad de contar con recursos para que justamente haya un equilibrio en la distribución de estos beneficios en forma regional.
Cuando se comenzó a pensar esta ley, allá en el año 2004, se establecía que el ministro de Economía debía ser la autoridad de aplicación. Cuando se lo invitó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se planteó que ese era el ministerio que debía actuar como órgano de aplicación de esta ley.
Hace dos meses nosotros sancionamos la Ley de Ministerios. Cuando escuchaba decir al presidente de la comisión que esa función va a estar a cargo del Poder Ejecutivo me preguntaba cuál fue la razón que tuvimos en sancionar esa Ley de Ministerios, que solicitaba la presidenta, en el mes de diciembre. Y en ese proyecto de ley que aprobamos en esta Cámara, en el Congreso, se establece claramente cuáles son las competencias del Ministerio de Economía y Producción.
El artículo 20 de esa ley dice así: "Compete al Ministerio de Economía y Producción, asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica y de producción, a la administración de las finanzas públicas, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular..."
Citaré algunos incisos: "9. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero."
"22. Entender en la elaboración y ejecución de la política de inversiones extranjeras."
"41. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los mismos en su área."
"42. Entender en la elaboración del régimen de promoción de actividades industriales o de cualquier otro sector."
"43. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política nacional de ordenamiento territorial."
"49. Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas destinados a la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas."
"52. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción."
"57. Intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en el régimen de combustibles."
Esto es lo que establece claramente la Ley de Ministerios que remitió el Poder Ejecutivo y que el Congreso sancionó hace dos meses. Nosotros no podemos mirar para otro lado y decir que esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Por supuesto que será su responsabilidad, pero para esto están los ministerios, que tienen la responsabilidad y las facultades conferidas por la ley.
Por eso, el miembro informante, el presidente del bloque de la mayoría, planteaba muy bien en el cierre de la discusión anterior que esas empresas no podían estar en otro ministerio, es decir, LAFSA y Enarsa no podían estar dependiendo de otro ministerio. Y este es el criterio, señora presidenta. ¿Cómo puede ser que hoy esta Cámara de Diputados pretenda modificar esta materia, que ya está establecida en la ley, y sacarle esas facultades al ministro al que clara y objetivamente se le otorgó esta función?
Por eso, desde distintos bloques parlamentarios venimos a presentar una propuesta alternativa a los fines de ir con un proyecto que tenga políticas activas, que sirva fundamentalmente a las pymes, que esté distribuido regionalmente y que genere fuentes de trabajo para las distintas provincias argentinas, y no como ha venido siendo hasta el día de hoy.


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.


SRA. SESMA, LAURA JUDITH (CORDOBA): Señora presidenta: como nosotros también elaboramos el dictamen de minoría quiero decir que en oportunidad de votarse la ley 25.924 nos pronunciamos negativamente, no porque no creamos que la promoción fiscal es una herramienta muy importante que tiene el Estado para modificar desequilibrios económicos y regionales sino porque estamos en contra de este régimen de promoción abierto. Por otra parte, los resultados nos dan la razón.
Un trabajo de Gaggero y Libman titulado La inversión y su promoción fiscal -se trata de un documento de trabajo del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, que es un centro de estudios financiado por la banca pública y cooperativa- expresa que en términos de localización sólo tres provincias absorbieron el 96 por ciento de los recursos fiscales comprometidos. También dice que en materia de empleo solamente tres provincias -Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos- reunieron el 82 por ciento, y que en materia de inversiones el 92 por ciento fue solamente para tres provincias. En síntesis, sin direccionamiento regional este modelo de promoción tributaria no contribuyó a solucionar los desequilibrios regionales del país.
En términos sectoriales de la economía, solamente tres sectores aprovecharon esta ley: el de los metales, el de los alimentos y bebidas y el de productos químicos, que insumieron el 92 por ciento de los recursos fiscales comprometidos.
Además, quiero decir, porque un diputado del oficialismo expresó el deseo de que esta norma sirviera fundamentalmente para las pymes, que nosotros también quisiéramos que fuera así, pero los resultados demuestran que no lo es. A partir de que la ley prevé para las pymes un cupo del 20 por ciento, éstas solo pudieron aprovechar de un 2 a un 3 por ciento de ese cupo que les asigna la ley. Esto es porque las pymes para su desarrollo no sólo necesitan este tipo de promociones sino que necesitan un apoyo integral: financiamiento para la inversión, apoyo tecnológico, apoyo en capacitación.
Además, si miramos integralmente todo nuestro régimen impositivo vemos que no incentiva a las pymes sino todo lo contrario. No ocurre como en otros países del mundo, donde incluso el impuesto a las ganancias es distinto para las pymes que para las grandes empresas.
Por estas razones, señora presidenta, vamos a votar en forma negativa este proyecto de ley, y pido autorización para insertar el resto de mi fundamentación en el Diario de Sesiones.


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. PINEDO, FEDERICO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Quiero mencionar dos o tres datos y seré extremadamente breve.
Recuerdo que los otros días vino el presidente Lula a la Argentina. Se refirió a la región, a Brasil y a la Argentina, pero me pareció que hablaba más de la Argentina que de Brasil.
Lula dijo que nuestros dos países tenían un desafío, que era controlar la inflación, fortalecer la seguridad jurídica y atraer muchas inversiones extranjeras, especialmente críticas en el área de energía.
Parecían juicios más para la Argentina que para Brasil, sobre todo porque Brasil en estos días ha logrado tener más reservas internacionales que deuda externa -algo absolutamente impresionante- y ha anunciado inversiones en el campo energético de miles de millones de dólares en los próximos años.
Estos mecanismos del gobierno nacional actual y del anterior, basados en que se puede impulsar el funcionamiento de la sociedad por medio de subsidios, habrán de terminar en una situación imposible en la que se subsidia todo. Al final llegará un punto en que no sabremos quién subsidia a todos los que estamos subsidiando.
Hay casos grotescos. Recién estuvimos hablando de transporte, y gente que sabe del tema dice que con la mitad de los subsidios al transporte se podría mantener el nivel tarifario actual, con lo cual no se sabe a quién beneficia la otra mitad de los subsidios. Mejor dicho, sabemos que benefician al sector privado, pero no sabemos si existe un beneficio público.
En el campo agropecuario, la manía de Moreno de perseguir a las distintas cadenas productivas, imponiéndoles medidas inconstitucionales y limitaciones que las destruyen, origina que cuando se dan cuenta de ello, les otorgan subsidios, llegándose también a situaciones ridículas.
Quiero mencionar algunas situaciones que van a motivar el enojo de algunos oligarcas amigos míos. La sociedad argentina no se imagina que puedan estar subsidiando a estas personas.
Aquí no se puede producir carne, como si se tratara de un pecado, pero después viene Moreno u otros funcionarios del gobierno y subsidia a algunos señores que producen carne. Lo mismo sucede con el trigo y otros productos.
Leeré una pequeña lista de nombres de los subsidiados por el sistema progresista que nos gobierna. Fueron otorgados durante 2008. Recibieron subsidios los siguientes productores de trigo: Moreno Pradere, Pereyra Lucena, Uranga, Zorraquín, Cane y Santamarina, Ortiz Basualdo, Leloir, Llambías, Pereda de Ocampo, Pereyra Iraola, Gastaldi, Álzaga Unzué, Duhau, Pereda, Harriet, Los Grobo, De Bary, Llorente, Gómez Álzaga, Achával, Herrera Vegas, Dodero Arocena y Udaondo.
También hay subsidios para los productores de carne. Acá hay un pobre señor, que se llama Soros y que anunció que invertirá mil millones de dólares en Brasil, y nosotros lo subsidiamos. También están Carlos Pedro Blaquier, Enrique Duhau e hijas de Harriet. También hay aceiteros pobres, como Aceitera General Deheza, Molinos Río de La Plata, Cañuelas y Nidera. Llega un momento en que esto es un disparate inaceptable. Todos saben que esto se va a acabar porque en algún punto alguien se va a dar cuenta de que no puede ser y que al pobre chacarero que tiene 50 hectáreas en algún lugar no le dan subsidio porque no sabe cómo hacer para ir a la oficina de Moreno y presentar los formularios.
Lo cierto es que estos pícaros -pobres pícaros no, porque también les sacan la plata- sí obtienen el subsidio y los otros se quedan mirando.
Algo parecido ocurrió con el régimen de desgravaciones impositivas para que se generen inversiones. Porque las inversiones generan trabajo; este es el discurso. Pero cuando analizamos la lista vemos lo que decía el diputado Pérez.
El récord es este fenómeno del bienio 2005-2006. Se asignaron 1.200 millones de pesos de cupo para subsidios impositivos, que se podían destinar en parte para el impuesto a las ganancias, para el IVA, para las pymes y para las no pymes. Resulta que de los 1.200 millones a la empresa ALUAR le dieron 700 millones. Setecientos sobre 1.200; por supuesto que se pasaron del cupo. El monto contemplado del impuesto era del 35 por ciento sobre la inversión.
Había otros que se beneficiaban con grandes porcentajes impositivos versus el monto del proyecto. Por ejemplo FATE -que tenía o tiene relación económica con los dueños de ALUAR- se beneficiaba con el 23 por ciento de la inversión. Siderar y Siderca, del grupo Techint, también tenían un beneficio del 23 por ciento. Fincas Patagónicas, por su parte, tenía el 24 por ciento. Había que ver de qué se trataba esta última, porque era de las que más tenían. Después advertí que se trataba de una empresa de elaboración de vinos; no hay por qué tener pensamientos pecaminosos. Seguramente, alguno de la Coalición Cívica estará pensando en una denuncia penal, pero se trata de alguien que hace vino en algún lugar de la Patagonia.
Estamos de acuerdo con las desgravaciones impositivas para fomentar la inversión. Tal vez con lo que diga estaré anunciando alguna denuncia, pero considero que éste no es el mecanismo. El procedimiento indicado es el de dar desgravaciones generales para todos los que estén en la misma situación.
También le recomendaría a Moreno que pare un poco la mano, porque si no ya no sabemos a quién vamos a terminar dando los subsidios.
En un club oligárquico -con esto termino- había un señor con un esmoquin blanco y un clavel colorado en el ojal que se estaba quejando de lo mal que le iba al campo. Siempre pasa eso; sobre todo los productores agropecuarios se quejan de lo mal que le va al campo. Y le decía otro señor gordo, con una cadena de oro en el chaleco: "Si seguimos así vamos a tener que salir a pedir limosna." Y el primero le dijo: "¿A quién?". (Aplausos)


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. GALVALISI, LUIS ALBERTO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: como ya se han aportado varias cifras no voy a citar más para no resultar redundante. Lo que debemos analizar es para qué sirve este proyecto de ley. Este tipo de normas tienen que ver con una política de Estado de corto, mediano o largo plazo, según las intenciones del gobierno. Permítanme darles un ejemplo: hubo una ley de promoción industrial -creo que fue una de las más amplias-, que en el artículo 1° establecía: "Institúyese el sistema de promoción industrial para el establecimiento de nuevas actividades." Por su parte, el artículo 19 de esa norma decía que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Economía, y en el mismo artículo establecía que el beneficio para las nuevas industrias consistiría en los certificados de promoción que serían canjeados en el Ministerio de Economía para el pago de réditos -hoy ganancias- y del impuesto a las ventas -hoy IVA. Esa ley fue promulgada el 12 de diciembre de 1973 -la famosa ley de Cámpora y Gelbard-, y fue una de las primeras que involucró como política de Estado a todo el país, dejando afuera a la Capital Federal y parte del conurbano, que ya estaba creciendo.
Hoy, estamos tratando un proyecto que también constituye una ley de promoción de inversiones de capital y de obras de infraestructura. Ahora bien; analicemos si hay alguna diferencia entre una y otra. Por ejemplo, en este proyecto se instituye un régimen de tratamiento fiscal y no de promoción industrial.
Por otra parte, días pasados hablábamos sobre el tema de la autoridad de aplicación. En mi opinión no importa cuál es el nombre del funcionario a cargo del ministerio. Bien decía el "maestro" López Arias -al que he escuchado durante varios años desde mi puesto de asesor- que el Poder Ejecutivo es uno sólo. Pero también preguntó acertadamente el señor diputado Rossi cuando tratamos el tema de las empresas públicas si íbamos a designar como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud. Con el mismo criterio, el tratamiento de los temas fiscales no se lo podemos asignar a cualquiera. El Ministerio de Economía tendría que ser el encargado de hacer los cálculos para no afectar las arcas del Estado.
Además, como se habla de bienes de capital excluyendo al sector agropecuario, me gustaría saber cómo piensan explicarle a la gente que invierte en tractores, en sistemas de riego en las zonas de sequías, en sistemas automatizados para la producción lechera o en sistemas antigranizo que estos no constituyen bienes de capital. En mi opinión habría que cambiarle el nombre a esta norma o, de lo contrario, incluir a ese sector.
Avanzando en el análisis, nos encontramos con algunos problemas en torno a la autoridad de aplicación -que todavía no conocemos porque la determinará el Poder Ejecutivo-, que va a tener la posibilidad de otorgar muchas dispensas. Así, podrá otorgar o denegar el beneficio, podrá resolver a quién le otorga o no la devolución anticipada del IVA y también tendrá la facultad de resolver respecto del tiempo en el que deberá concretarse el proyecto. Todo esto figura en la norma, pero como soy de la vieja escuela en su momento me enseñaron que las leyes tienen que ser claras, concisas, explícitas y dejar para la reglamentación las zonas grises para que luego se puedan acomodar.
Por otro lado, en el artículo 4° del proyecto en análisis se establece que será acreditada la retribución transcurridos tres años desde el momento de haber invertido, pero más adelante indica: "...les será devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el acto de aprobación del proyecto...". Obviamente, una cosa es el acto de aprobación del proyecto y otra que hayan transcurrido como mínimo tres períodos fiscales.
Asimismo, el artículo 10 señala: "Una vez comprobada la puesta en marcha o la afectación de los bienes a la autoridad productiva...". Es decir que si una persona compra una determinada maquinaria, ya está afectada a la actividad productiva, porque la puede poner en marcha, ¿pero esa es la puesta en marcha del proyecto? Nuevamente estamos ante dos conceptos diferentes, que este proyecto no aclara.
Tampoco es correcto que luego tenga que ir la AFIP a verificar junto con el Ministerio de Economía para ver si se otorga o no el beneficio impositivo. Creo que tendría que ser al revés. La AFIP tendría que estarcontrolando bimestralmente, ya que cuenta con el esfuerzo del doctor Abad para evitar facturas apócrifas, ventas de IVA y demás, para que no haya ninguna engaña pichanga.
Por otro lado, existe un punto en el que hay un doble sentido o por lo menos no es posible aclarar. Se establece la posibilidad de compensar con otros impuestos que administra la AFIP. La terminología exacta sería "los impuestos que queden de libre disponibilidad", porque no existe la figura "compensar con otros impuestos". Deben tener la libre disponibilidad y estar de conformidad con las normas vigentes. Si bien más adelante la norma aclara "excepto los de asignación específica", puede haber nuevos tributos o nuevos ingresos, y algunos pueden compensarse y otros no.
Por último, se habla del control de la empresa beneficiaria pero no del funcionario que va a aprobar el proyecto. Se determina que bimestralmente se informará acerca de los proyectos aprobados, pero nosotros quisiéramos saber qué proyectos han sido rechazados conociendo además el porqué del rechazo.
Si realmente en este aspecto queremos establecer una política de Estado, debemos fijar techos a determinados cupos y beneficiar a los pequeños y a los medianos productores o empresas. Eso tendría que figurar en la ley, porque a nuestro criterio, no está incluido.
Parafraseando a Mariano Moreno, el hombre es bueno por naturaleza pero tendría que haber una ley que le exijiera no dejar de serlo. Eso es lo que está faltando a esta iniciativa que hoy será aprobada para el futuro.


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO (BUENOS AIRES): Señora presidenta: no es causal que en esta sesión se estén tratando casi simultáneamente algunos proyectos. Por lo menos tres de ellos -el del sistema ferroviario, el de la prevención de la siniestralidad en las rutas y la iniciativa en tratamiento- forman parte de un mismo modelo político.
Primero, tuvimos un comportamiento distinto. Hemos acompañado el convenio, que seguramente la próxima semana será seguido por la ley vial. Pero es consecuencia de un modelo que ha decidido privilegiar en algunos rubros la inversión a industrias de consumo. Por ejemplo, a sectores de la industria automotriz. Ello ha derivado en que el 80 por ciento o más de los pasajeros y mercaderías en nuestro país sean trasladadas por el trasporte automotor, aunque sin la inversión suficiente en materia de infraestructura como para que ese sistema de transporte vial tenga la seguridad que debería tener.
Además, eso lleva a un proceso de concentración política, porque los sectores tanto empresarios como sindicales vinculados a ese modelo son favorecidos con cargos políticos y beneficios sindicales muy importantes en un sistema de alianzas concentrado, que es lo que nosotros cuestionamos.
Este proyecto tiene un texto; para justificarlo hay un discurso, pero tanto el texto como el discurso se tornan abstractos si no consideramos cuáles son los actores y cuál es el sentido político para aplicar el proyecto. Es decir, no se puede escindir un modelo de beneficio fiscal para determinadas inversiones de los actores concretos de carne y hueso -que son los beneficiarios de un proyecto-, y del modelo de concentración económica al que están tributando.
Por eso, si bien voy a cuestionar brevemente el proyecto desde el punto de vista de los efectos económicos, el eje de dicho cuestionamiento está dirigido a la política. Un gobierno legítimo tiene absoluta autoridad -no es lo que discutimos- para determinar qué tipo de beneficio fiscal quiere aplicar.
El proyecto establece un régimen de excepciones, modalidades, plazos, cupos fiscales determinados, un sistema de garantías, mecanismos de incumplimiento, etcétera. Esto está fuera de cuestión pues el gobierno tiene autoridad para hacerlo; el problema es a qué matriz de inversión está sirviendo. Allí es donde uno empieza a observar, por ejemplo en los fundamentos del proyecto, que se propone alcanzar un desarrollo que equilibre las asimetrías interregionales e intersectoriales.
Como este proyecto prorroga un sistema anterior, es posible y necesario anticipar ciertos efectos de esta iniciativa ponderando los efectos que tuvo durante el período anterior.
No voy a reiterar algo que señaló la señora diputada Sesma sobre la concentración geográfica. Tres provincias explican el 96 por ciento de los montos beneficiados durante el período 2004/2007. La más importante de ellas es la provincia de Chubut, y eso se justifica por las exportaciones de Aluar. Ahora bien, cuando uno mira el ejercicio cerrado en junio de 2007 de las ventas al exterior de Aluar, advierte que 112.4 miles de toneladas corresponden a aluminio primario; 46.6 miles a productos semielaborados y 1.6 miles toneladas -contra 112 miles de producto en bruto- a productos elaborados.
Es decir que uno de los efectos de esta ley es eximir impositivamente, además de la política de subsidios que ya fue reiteradamente descripta, y beneficiar fiscalmente a un grupo económico que exporta mineral en bruto en lugar de elaborarlo para generar empleo genuino, uno de los requisitos enunciados en sus fundamentos. Por eso digo que una cosa es el texto leído por el señor miembro informante y otra, a qué política está aplicado ese proyecto en términos concretos y cuáles son los actores que se benefician.
Otro de los objetivos perseguidos es el cupo para las pequeñas y medianas empresas. Si el proyecto establece un cupo total de mil millones de pesos al año y 200 mil pesos destinados a pymes -es decir una quinta parte-, los efectos reales de la ley vigente en el período anterior demuestran que solamente fueron direccionados a las pymes 2.58 del total de los montos asignados. Entre las empresas beneficiadas podemos mencionar, por ejemplo, Cargill, Molinos, Dreyfus -todas empresas que exportan commodities, es decir, productos primarios no elaborados que se benefician con los precios internacionales y el tipo de cambio y no con una matriz de inversión alternativa-, Toyota, Volkswagen, es decir, industrias automotrices que hay que desarrollar pero que tienen que ver con el modelo de inseguridad vial por ausencia de verdaderas inversiones en infraestructura que mencionábamos al principio.
Entre aquellas favorecidas empresas también se encuentra Aceitera Deheza. Ya se mencionó aquí la concentración del poder fuerte en Roberto Urquía, senador de la Nación por una de las provincias más importantes del país, precisamente la suya, señora presidenta, que no solamente concentra uno de los consorcios exportadores de productos no elaborados más importantes sino también a Ferrovías como mecanismo de transporte y además tiene asignado el ciento por ciento de la explotación del consorcio Gecor, que forma parte de los fideicomisos gasíferos sospechados por el caso Skanska y que también están beneficiados por este proyecto.
En resumen, señora presidenta, no voy a negar las consecuencias de la primera etapa de este modelo. Sería necio de mi parte y sería desleal conmigo mismo si no admitiera los síntomas de recuperación económica que tuvieron lugar durante los últimos años. Sin duda alguna, aquí se detuvo la caída libre, el ritmo vertiginoso de exclusión. Por lo menos, yo personalmente debo reconocerlo.
Indudablemente, hubo un proceso de recuperación industrial; más recuperación que crecimiento porque no responde estrictamente a este modelo de transformación que algunos colegas del oficialismo plantean, sino que creo que tiene mucho que ver con el efecto rebote por la utilización de la capacidad ociosa a partir de la recesión sostenida que vivió la Argentina durante los años anteriores.
También hubo un aumento de la cantidad de puestos de trabajo, aunque indudablemente eso tiene un techo en términos de cantidad y además está signado por la precariedad, por el trabajo informal y en negro y por todos los factores negativos que conocemos.
El problema es que si después de este ciclo de recuperación se persiste en un modelo de alta concentración, no hay forma de modificar la brecha distributiva.
Es cierto que ha habido algunos aumentos exiguos en materia de jubilaciones, que si bien no terminan de permitir una mayor recuperación adquisitiva a la jubilación, indudablemente son aumentos. También es verdad que ha habido paritarias que plantearon determinados aumentos salariales. Pero si uno compara esto con las mega ganancias de estos grupos concentrados que se benefician con la política de subsidios y de beneficio fiscal de este gobierno, la brecha distributiva en lugar de achicarse se agranda. Recibe algunas migajas el sector de abajo pero aumenta la distancia entre los deciles más altos de ingreso y el más bajo, porque estos reciben migajas y aquellos aumentan la megaganancia. Esa brecha social se interrumpe con una reforma tributaria y con una ley de coparticipación federal, que la presidenta y el castigado ministro de Economía ya dijeron que no va a haber. También se interrumpe con un modelo de inversión alternativo que rompa este esquema de concentración y de negociados de grupos económicos que persiste y se profundiza en este segundo ciclo del gobierno. Este es el cuestionamiento político que hago.
Entonces, hay cuestionamientos al texto y a los efectos económicos, pero básicamente al modelo de concentración económica y política al cual se aplica este proyecto de exenciones impositivas.
El modelo que cuestionamos -por eso los temas que tratamos en la sesión de hoy están relacionados- tiene que ver con el trípode Ricardo Jaime, Julio De Vido y Hugo Moyano. Cuando las cargas se trasladan por las rutas a través del transporte de pasajeros y de camiones y no por la vía del ferrocarril -que no se quiere arreglar porque detrás hay un proyecto político-, ello implica poder económico. También constituyen poder económico los aportes que van al sector sindical que ese dirigente representa, a cambio de que le ponga limítes a la pauta salarial a discutir en paritarias después de su visita a la presidenta. En el mismo sentido la acumulación de cargos políticos en la jefatura de la CGT y del Partido Justicialista en detrimento de la personería gremial por ejemplo de la CTA que fue justamente reclamada y rechazada por la presidenta de la Nación.
Es a este trípode de negociados económicos altamente concentrados que nosotros nos oponemos liminarmente con este proyecto que se está tratando.


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.


SRA. MARINO, ADRIANA DEL CARMEN (SAN JUAN): Señora presidenta: voy a solicitar autorización para insertar la parte técnica que pensaba exponer porque quiero destinar mi tiempo a hablar de algo que quizás este recinto no escuchó en muchas oportunidades.
Creo que en ocasiones muchos señores diputados, entre los que me incluyo, podemos teorizar y muy pocas veces hemos estado en contacto con la práctica, para traer al recinto más de una verdad que exceda simplemente el ámbito de la retórica y de la teoría.
Paso a explicarme y pido a los colegas diputados que están en el recinto que me escuchen porque probablemente lo que les voy a contar es una experiencia no sólo de mi provincia sino también personal, que excede el sentimiento porque es la realidad y probablemente va a cambiar la visión de más de un señor diputado que hoy aquí está hablando en términos -desde mi óptica, y pido disculpas- eminentemente políticos y técnicos.
No estoy denostando estos términos, simplemente les está faltando una parte de esta versión que me propongo hacerles conocer. Si ustedes se remitieran a los debates a que dio lugar en esta Cámara la sanción de la ley de promoción industrial, la tan famosa 22.021, que contemplaba la promoción industrial para cuatro provincias argentinas, entre la que se incluía la mía, podrán advertir que esa ley contemplaba el Acta de Reparación Histórica.
Deben creerme que la similitud de muchísimas palabras vertidas aquí por quienes me precedieron en el uso de la palabra es sorprendente. Pero voy a rescatar -reitero que por estos motivos he cambiado la exposición y pedido la autorización para la inserción en el Diario de Sesiones- solamente una parte de aquello que aquí casi se denostó. Se habla de las grandes concentraciones del poder político y económico. Sobrevuela en este recinto el fantasma de la corruptela en la asignación de cupos.
Se tiran nombres como en aquella oportunidad. Quienes hemos tenido la ventaja de leer las versiones taquigráficas -ojalá lo haga más de uno- nos damos cuenta de la similitud de las palabras. En aquellos momentos, desde la teoría muchos señores diputados también daban nombres, muchos de ellos quizás hoy ya no estén dentro de la lista de empresas que están operando en el medio, pero eran nombres encumbrados, entre comillas, en aquel momento, y se decía exactamente lo mismo.
Se hablaba de la concentración de poder y de dinero, que este régimen era para las grandes empresas y yo lamento profundamente que nunca se haya traído a este recinto el listado de empresas a las que se adjudicaron los cupos promocionales en mi provincia.
Entre algunas empresas, voy a nombrar a la de Mario González y a la de Ricardo Peralta. Hablo de Mario González, mi esposo. No éramos nada, apenas una empresa pequeña que golpeó una puerta porque queríamos obtener la herramienta. Obtuvimos la herramienta. Nosotros no éramos -ni lo somos- grandes empresarios; teníamos muchos sueños y estábamos en el interior, a 1.200 kilómetros de los grandes centros de consumo. Pero esto nos iba a cambiar la vida. De hecho, a mi provincia -y los demás legisladores que me acompañan podrán confirmar lo que estoy diciendo- le cambió totalmente el perfil productivo, dándole un sesgo industrial, con todo lo que ello implica.
Entonces, cuando aquí se habla, no digo con mala intención, pero desde la teoría, y se dice lo que se dice, dejando sobrevolar el fantasma de la corruptela, no se está pensando en lo que significa la inversión. Tampoco se está pensando en lo que implica la inversión en materia de generación de empleos ni en que hoy más que nunca se necesita de la inversión. Este proyecto constituye hoy la única o una de las dos únicas herramientas con que contamos.
Quiero adelantar entonces nuestro voto favorable, e invitar a los colegas diputados a que, en la medida de sus posibilidades, relean los diferentes regímenes de promoción que se han utilizado, y que se han utilizado bien, con sus más y sus menos. Ha habido corrupción cuando no actuó el órgano de control. Esto no lo voy a negar, pero si pudieran analizar la ecuación costo-beneficio de lo que sucede en mi provincia se darían cuenta de lo que estoy sosteniendo. Esto lo aclaro porque aquí se ha hablado de "migajas" y yo entiendo que a mí no me han tirado migajas, porque de cuatro empleados con los que empezamos a trabajar, hoy contamos con cien. Son cien familias que viven a 1.200 kilómetros de esta ciudad, y que lo hacen con dignidad, porque están inscritas en un libro -"en blanco", como se suele decir-, perteneciendo todos a una fuerza laboral. ¿Estas son las migajas?
Hay momentos en los que debemos abandonar el discurso político y recorrer el verdadero interior. Con todo respeto debo decir que acá se habla de "interior" haciendo alusión a la provincia de Buenos Aires, pero yo me estoy refiriendo al interior verdadero, al que está más lejos.
A la luz de esos regímenes existen pueblos enteros que se han reconvertido. Nuestra pequeña fábrica se convirtió en fábrica-escuela. Ha venido gente a perfeccionarse que lo único que había hecho era cosechar racimos de uva y hoy son operarios calificados. ¿Eso no se mide? ¿No es un derrame?
¡Cuidado -lo digo con el corazón más que con la razón- cuando se nos atropellan tanto las palabras para denostar! Analicemos las cosas y dejemos de hacer sobrevolar fantasmas; la inversión nos hace falta, por lo que doy la bienvenida a estas herramientas.
Deseo efectuar una pequeña reflexión. Existen muchos proyectos de ley que esperan ser tratados y apuntan en la dirección de la inversión y de la pequeña empresa. Tenemos el deber de atender, de mirar y mejorar -por que no-, o proponer uno diferente. Pero debemos apoyar incondicionalmente la inversión, esté donde esté, y dejar de lado algunos pruritos o ideas quizás equivocadas con respecto a un instrumento que hoy nos está haciendo mucha falta para acompañar el crecimiento, el desarrollo y el empleo. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(VACA NARVAJA) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA): Señora presidenta: es imposible dejar de pensar en términos positivos cuando se promueven inversiones en el sistema productivo. Pero así como es imposible dejar de pensar en términos positivos también es indispensable que todo esto se encuentre rodeado de la máxima precisión, transparencia y de la mayor cantidad de datos necesarios.
Probablemente este proyecto de índole fiscal, de adelantamiento de la devolución del IVA y amortización acelerada para el resto de los impuestos, particularmente el de ganancias, tenga que ser analizado desde dos puntos de vista. Uno de ellos es el de los bienes de capital, para los cuales hay un cupo firme de mil millones en general y de 200 millones para la pequeña y mediana empresa y las obras de infraestructura, para las cuales el proyecto no determina cupo, con lo cual se hace incalculable la magnitud del efecto sobre la coparticipación federal de las provincias.
Si recorriéramos el debate sobre el plan de reordenamiento ferroviario veríamos que tal vez muchas cosas que se dijeron en esa oportunidad podrían repetirse ahora porque serían aplicables a este proyecto.
El artículo 7° del proyecto en consideración enumera con toda precisión cuáles son las áreas de infraestructura que hoy están en crisis: generación, transporte y distribución de energía; producción, transporte y distribución de petróleo; red vial, hidrovías, en definitiva, toda la infraestructura del país como cuestión previa al desarrollo.
Compartiendo algunos conceptos vertidos por diputados preopinantes quiero decir que a esto hay que sumar las condiciones generales del país: la seguridad jurídica, los servicios públicos y el orden de cuestión previa para estas inversiones. No creo que ningún emprendedor antes de elegir el lugar de localización de su emprendimiento deje de preguntar en términos regionales y como cuestiones previas si tiene energía, agua o gas, o por lo menos si ello está contemplado en proyectos firmes.
Entonces, el bloque del Frejuli va a votar afirmativamente en general pero va a hacer una advertencia en cuanto a que las provincias van a sufrir una merma en su coparticipación federal; obviamente la recuperarán con el tiempo y luego equilibrarán.
Es indispensable que aparezca el cupo de las obras de infraestructura. Si no, es incalculable lo que van a aportar las provincias en términos de coparticipación federal al adelantar la devolución del IVA y al amortizar la Nación aceleradamente los bienes en el impuesto a las ganancias. Todo esto enmarcado también en dos cuestiones que no nos parecen razonables desde el punto de vista del fondo de la norma.
Se propone que la ley sea retroactiva al 1º de octubre de 2007. Pregunto por qué, si las leyes no son retroactivas. Nosotros estamos en contra del párrafo del artículo 2º que habla de la retroactividad de la ley. Y si fuera indispensable que la ley sea retroactiva por existir compromisos ineludibles tomados en el marco de la emergencia y de la crisis energética, la ley debería contener una justificación y los ciudadanos se merecerían que sus representantes les expliquemos por qué esta ley debe ser retroactiva al 1º de octubre de 2007 y regir hasta el 30 de septiembre de 2011.
Tampoco podemos aceptar que el artículo 6º no precise el monto o el cupo de las obras de infraestructura. Si ustedes leen atentamente el artículo 7º verán que al referirse a la escala de necesidades de infraestructura dice que las obras de esos rubros van a ser calificadas previamente por el Ministerio de Planificación en el supuesto caso de darle la categoría de "críticas" para su viabilidad.
Entonces, reitero que vamos a apoyar el proyecto en general y vamos a pedir al miembro informante que consulte si se puede reformar el artículo referido a la retroactividad. De no ser así, votaremos negativamente ese artículo.
En todo caso, si se insiste en que esa retroactividad es necesaria, por lo menos necesitamos que se nos aclare por qué lo es. En ese caso, necesitaríamos que se nos aclare qué compromisos hemos tomado como país, para que luego el tratamiento fiscal de esos proyectos no entre en la censura, tanto pública como de la AFIP, en la sospecha y en la falta de transparencia respecto a ese plazo que va del 1º de octubre de 2007 hasta la promulgación definitiva de la ley.


- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, arquitecta Liliana Amelia Bayonzo.

SR. ALBRISI, CESAR ALFREDO (CORDOBA): El tema del cupo fiscal de infraestructura previsto en el artículo 6º también lo votaremos en contra, excepto que se nos diga cuánto es el cupo de inversiones en infraestructura. Todos sabemos que el cupo es grande, pero ese cupo surge del tratamiento especial que va a financiar este proyecto durante estos tres años.
Por último, fíjense que los cupos van a salir de los bienes coparticipables si la exportación de bienes resulta favorecida. Esto es estupendo. Pero la exportación tiene retenciones que son de origen nacional y que no vuelven a las provincias. O sea, las provincias con su coparticipación van a formar los cupos de tratamiento y de promoción a las inversiones, y las exportaciones, que gozan de un doble beneficio -bienes de capital y obras de infraestructura- serán percibidas por el Estado nacional.


SRA. PRESIDENTA(BAYONZO) Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.


SRA. COMELLI, ALICIA MARCELA (NEUQUEN): Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que conceptualmente estamos a favor de esta herramienta. Aquí se han discutido diversos temas, y me parece que algo que hace a la salud de la discusión parlamentaria es no ser reiterativos.
Entonces, para no ser reiterativa, simplemente quiero mencionar que es conveniente corregir los aspectos negativos vinculados con las asignaciones y el cupo fiscal. También se requiere una amplia difusión de la iniciativa, a fin de que no quede en manos de pocas personas. Incluso, desde que este tema se empezó a debatir, al viajar en avión nos hemos encontrado con varios "lobbistas" vinculados con la gestión de este tipo de beneficios. Es decir que el proyecto debe asegurar y garantizar el acceso a la información.
Como decía el diputado preopinante, entendemos que la financiación surge nuevamente de las provincias y la Nación, que retiene los derechos de exportación, no aparece nunca como fuente de financiamiento.
Otro aspecto que quiero rescatar porque me parece importante es que el artículo 7° nos acota a determinadas obras de infraestructura o marcos a los que deben referirse los proyectos, dejando abierta la posibilidad solo al Ejecutivo de incorporar otras actividades.
Por otro lado, este régimen de tratamiento fiscal de inversiones, obviamente, nace de una crisis, y tendríamos que aprender a verlas como oportunidades de crecimiento. Hago referencia a crisis básicamente en el tema ambiental y social, que hace tiempo nos impone una acción superadora como es el camino de desarrollo sustentable.
No queremos ver a las crisis, como la energética, sólo desde la faz destructiva. Me parece que es la oportunidad de intervenir con creatividad e innovación.
Hace años venimos generando conciencia sobre la economía ambiental y nuestros recursos. Destaco del proyecto que reconoce esa realidad y que es superador de la ley 25.924 con sus muchos errores, para aprender, pues el proyecto toma en consideración el medio ambiente.
Ello nos permite avanzar en la idea y papel de las variables macroeconómicas desde el punto de vista ambiental, al poder privilegiar instrumentos de política económica que actúen mediante mecanismos fiscales o extra fiscales.
En suma, me parece una herramienta idónea, que abre una discusión que hace mucho venimos planteando. Se trata de la política tributaria ambiental y de nuestro sistema impositivo, que no sólo toma medidas para contar con recursos y financiar gastos, sino también para brindar incentivos a determinados proyectos.
Es por ello que si, esta herramienta nos ofrece la oportunidad de introducir una mayor flexibilidad mediante incentivos para financiar la gestión o las inversiones ambientales y queremos darle un sentido más amplio y no quedar solamente en las obras críticas -que no sabemos cómo las va a definir después el Poder Ejecutivo- nos hubiera gustado poder ampliar el objeto y el amparo, en el marco de este régimen a los bienes de capital y a la ejecución de obras de infraestructura para la industria, a otras temáticas tales como el agua, el aire, la energía convencional alternativa, el reciclado y las construcciones civiles cuando tienen un alto valor agregado ambiental.
Pertenezco a una provincia que está muy lejos de aquí y aspiramos a que en nuestro desarrollo -no vamos a vivir toda la vida de la matriz hidrocarburífera- podamos profundizar la temática del valor que tenemos como patrimonio ambiental.
También habría que beneficiar a la producción orgánica de bienes, los tratamientos de compuestos clorados en la producción industrial y las inversiones de infraestructura en tecnología ambiental general.
Por ello, formulamos nuestra propuesta en este debate sabiendo que el proyecto no va a sufrir modificaciones. Pero si hemos dado el paso de incorporar esta herramienta vinculada con la temática tributaria ambiental, sería deseable poder incluir claros objetivos ambientales para que se vean beneficiados proyectos de ese tipo.


SRA. PRESIDENTA(BAYONZO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. LOZANO, CLAUDIO (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: intentaré plantear y fundar la razón por la cual no vamos a acompañar esta propuesta, en esta suerte de escenario sorprendente y a veces surrealista que nos propone la Argentina. Por un lado, quienes invocan el ideario nacional, popular, transformador, nos plantean un régimen promocional que suelda la asociación con el capital más concentrado y, por otro lado, desde el ideario de la derecha liberal cuestionan la asociación con el capital más concentrado. La verdad es que se trata de un escenario peculiar.
En ese marco lo primero que quisiera decir es que estamos en presencia del primer efecto del acuerdo Kirchner-Lavagna, porque en realidad estamos ampliando el régimen promocional que propusiera en su momento este último como ministro de Economía, con algunos agregados que, ciertamente, no son menores; en algunos casos son ciertamente preocupantes.
En segundo lugar, quiero señalar que este debate parlamentario entre el Senado y la Cámara de Diputados ha permitido, de la mano de cierta comidilla que alimenta la interna oficial, que asistamos a un verdadero hallazgo institucional. Resulta que parece que el Ministerio de Economía no forma parte del Poder Ejecutivo -el Senado sacó Poder Ejecutivo y puso Ministerio de Economía-, y el Poder Ejecutivo no incluye al Ministerio de Economía; por eso la Cámara de Diputados saca Ministerio de Economía, cuando en realidad se supone que todo es parte de lo mismo.
Es más, tal ha sido la cuestión que el resultado de esta comidilla de enredos ha alentado algunas versiones periodísticas que incluso hasta llegan a hablar de la eventual renuncia del actual ministro.
Abandonando estas consideraciones menores, lo que hay por detrás es la necesidad de discutir un régimen promocional y tratar de pensar si con lo que se está planteando realmente podemos alcanzar promoción alguna.
Obviamente, esto merece dos consideraciones distintas. Una tiene que ver con evaluar de alguna manera en términos conceptuales qué significa promover con recursos públicos en términos económicos; en segundo lugar, llevar a cabo una evaluación más concreta vinculada con la experiencia práctica que este régimen ya tuvo y que en todo caso debe considerarse, sobre lo cual algunos diputados han hecho ya bastantes apreciaciones.
En términos conceptuales lo que debe quedar claro es que la promoción tiene que ver con el uso de recursos públicos para sectores de baja competitividad o directamente inexistentes.
Se supone -y la lógica del desarrollo capitalista así lo indica- que los recursos públicos promueven ganancias donde no están de manera transitoria para que algún sector se estabilice y luego, a partir de que se estabilice ese nuevo sector, se verifique la apropiación social de ese beneficio. Por lo tanto, desaparece la promoción y vienen los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? El empleo, la mejora en los niveles de salario, las mayores exportaciones, etcétera.
Se supone que el régimen promocional viene a alentar lo que de otro modo no puede existir, o lo que, en todo caso, no está presente. La experiencia capitalista indica que no se usa la promoción para beneficiar a sectores que ya están maduros, que tienen capacidad propia, que además obtienen ganancias extraordinarias y tienen posiciones dominantes en los mercados. Pero en general esto no ocurre; la lógica capitalista -los intereses que se exponen son tan claros que si no fuera así a uno le costaría entender cuál es la concepción que hay detrás de estas medidas- es de hierro; es decir, si soy un actor que realizo ganancias extraordinarias y, por lo tanto, soy de los que mayor excedente económico capturo -por ende el resto de los sectores tienen ganancias menores-, no invierto en aquellos sectores que tienen menores ganancias; reproduzco mi presencia a los lugares en los que estoy.
Por eso nadie que tenga ganancias extraordinarias en commodities, en materia prima, en productos de escasa elaboración, en petróleo, en aluminio, en acero, etcétera, se va de allí para invertir en lo que nosotros necesitamos como, por ejemplo, el desarrollo de una industria de bienes de capital.
Quien sí tiene la responsabilidad de habilitar esa posibilidad es el Estado. Para eso están los recursos públicos, es decir, para que exista lo que no existe y no para que se reproduzca lo que ya tenemos.
Hecha esta aclaración conceptual podríamos referirnos a los casos concretos. En ese sentido, el texto de la norma dice muchas cosas respecto de hacia dónde va el gobierno, más allá de la comparación con lo que ocurrió en el pasado. En primer término, señala que se va a promover la inversión en bienes de capital. La verdad es que resulta sorprendente que no exista un mínimo agregado que aclare que deben ser bienes de capital nacionales. Pero si alguien sostuviera que a esta altura del mundo no se puede contar con una industria de bienes de capital nacional, en ese caso al menos habría que aclarar que hablamos de bienes de capital producidos en el país. De este modo obligaríamos a establecer un vínculo con las transnacionales para que lleven adelante la producción de bienes de capital en la Argentina.
Como eso no es así, tendríamos que preguntarnos qué se está subsidiando al destinar recursos públicos para invertir en bienes de capital sin hacer ninguna otra aclaración. Evidentemente se está subsidiando la importación de esos bienes, que es lo que está al orden del día en el contexto actual de la Argentina.
En consecuencia, vamos a subsidiar las importaciones y no el desarrollo de un sector productivo que la Argentina necesitaría para hacer más denso su tejido productivo y contar realmente con una matriz diversificada de producción, de la que tanto se habla pero poco se hace. Si esto se pudiera concretar estaríamos en condiciones de ampliar la capacidad de generación de empleo y de incorporar progreso técnico.
En este proyecto tampoco se discrimina según el tipo de empresa. Por lo tanto, cualquiera puede acceder a estos beneficios. Da lo mismo otorgarle recursos públicos a una empresa transnacional -a la que le sobra el financiamiento- que a un grupo local o a un sector nuevo que se quiera crear. En principio no existe una definición de sujeto; el sujeto es el que está o el que aparezca. ¿Pero quiénes van a aparecer? Seguramente nadie nuevo.
Además, se establece que el doble beneficio de desgravación de IVA y de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias lo van a recibir aquellos proyectos que tengan un sesgo exportador. Al respecto, todos sabemos que el núcleo exportador de la Argentina tiene niveles de concentración muy significativos; por lo cual también está claro que hay una direccionalidad expresa respecto de quiénes van a percibir el beneficio.
Por otro lado, existe un elemento, que mencionara el señor diputado preopinante. Hay cupo fiscal para bienes de capital pero no existe tal cupo para obras de infraestructura; es decir que para éstas no hay límite. En verdad esto es peculiar, porque da la sensación de que para la cabeza oficial es preferible poner más plata en infraestructura que en la ampliación del tejido productivo, por ejemplo, desarrollando una industria de bienes de capital. ¿Qué significa esto? Que en realidad nos están proponiendo usar recursos públicos para ampliar la infraestructura con la que operan los capitales concentrados ya existentes, y también la base productiva.
Además, ponemos recursos públicos en infraestructura que mantiene su control privado, ya que buena parte de la infraestructura fue privatizada; y hay que poner recursos públicos porque durante la década del 90, aprovechando los precios de la convertibilidad, el gran capital privado hizo ganancias espectaculares y no invirtió; y ahora, el Estado bobo va a poner recursos allí para que ellos sigan teniendo el control, mientras en el sector productivo no lo hacemos.
De esto también surge la orientación que tiene el esquema que nos propone el gobierno. Obviamente aquí ya se planteó otro elemento, que también surge de la experiencia concreta, que es el tema de los beneficiarios. En el primer llamado sólo diez proyectos se quedaron con el 96 por ciento de los beneficios, y un solo proyecto -el de Aluar- se quedó con el 62 por ciento de los beneficios fiscales. Después viene todo el rosario de las firmas a las que se ha aludido aquí, que son absolutamente conocidas.
Cuando uno mira esto surge algo muy elemental. Sobre el total de las inversiones presentadas, los recursos fiscales contribuyen en promedio con el 25 por ciento. La creación de empleo de la que se habla ha sido inexistente. En el caso de Aluar cada puesto de trabajo tuvo un costo de tres millones y medio de pesos. En el caso de Repsol, que también fue beneficiaria porque tiene escasas ganancias en el país, cada puesto de trabajo tuvo un costo de dos millones y medio de pesos. Efectivamente, luego de la definición de concentración el tema empleo no tiene resultado alguno; y por supuesto, no hay un aporte a la gestación de nuevos actores sociales.
El proyecto plantea una preocupación adicional, que no se encontraba en la anterior iniciativa. Me refiero a la incorporación de los fideicomisos para poder ser promovidos con recursos públicos. En la Argentina los fideicomisos son un instrumento de elusión fiscal que, en razón de las exenciones existentes, permiten la fuga de casi dos mil millones de pesos de impuesto a las ganancias, monto éste con el que se podrían financiar múltiples actividades. Esto no sólo lo digo yo sino también el señor Abad, que ha señalado que no dispone de una norma que le permita cobrar ganancias a los fideicomisos, a través de los cuales los principales capitales derivan rentabilidad para no pagar ese impuesto.
Parece extraño que existiendo ese problema se incorporen los fideicomisos en este régimen. Es decir, los fideicomisos existen para eludir al fisco, y encima el Estado va a promoverlos. Sinceramente, esto es preocupante.
Como dije anteriormente, Aluar se quedó con el 62 por ciento de los beneficios fiscales. Se trata de una empresa monopólica que en el mercado interno goza de una devaluación importante y tiene buenos precios internacionales. ¿Por qué razón hay que contribuir con recursos públicos a su proceso de inversión? Incluso, si uno quisiera beneficiar a los propietarios de Aluar, tratándose de recursos públicos podría decirles: yo te doy plata, pero en realidad me convendría que en lugar de ampliar tu capacidad de producción primaria del mineral -que así como sale se envía al exterior- ampliaras la capacidad de producción de envases, porque no los tenemos y en la Argentina tenemos necesidad de ello; es decir, favorecer a la cadena de eslabones de la cadena productiva. Pero ni esto está.
Si hay algo imprescindible es que el Estado se involucre en la orientación del proceso de inversión, pero lo que uno va constantando es que los recursos públicos en lugar de orientar son orientados; es decir, van a componer e incrementar las ganancias extraordinarias que realizan determinados actores en la actividad económica ya existente. Obviamente esto rompe con todas las reglas elementales que permiten algún tipo de intervención virtuosa para garantizar algún proceso de inversión.
Vuelvo a lo que dije al principio: si el capital tiene ganancias extraordinarias, si los recursos públicos le amplían las ganancias extraordinarias, no hay inversión en aquellos sectores que nos permitan ampliar el tejido productivo que tiene la Argentina. Por lo menos para nosotros, que haya política industrial, que haya régimen de promoción, implica definir algo más que fondos públicos; también implica decir quién es el sujeto que voy a privilegiar para invertir y qué sectores productivos nuevos quiero financiar para poner en marcha una especialización sectorial diferente, aumentar los niveles de productividad, pagar mejores salarios y brindar mejores condiciones de empleo. Nada de esto se plantea en este régimen de promoción.
Por estas razones, no vamos a acompañar esta iniciativa. En todo caso, este régimen promocional es parte de la reconstrucción de un sistema de subsidios al capital más concentrado, que provoca que el superávit fiscal que la sociedad argentina construye con esfuerzo termina teniendo dos destinos: el pago de la deuda pública y la caja de subsidios al capital más concentrado.
Esta es la línea de un modelo al que por allí se denomina neodesarrollista, pero que en la práctica es un modelo concentrador profundamente desigual y que, a diferencia del desarrollismo de la década del 50, ni siquiera privilegia al sector industrial y tiene una matriz de carácter extractivo que presiona de manera inadecuada sobre la base de los recursos naturales de nuestro país.
Por todo lo expuesto, nosotros no acompañaremos el presente proyecto de ley. (Aplausos.)


SRA. PRESIDENTA(BAYONZO) Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.


SRA. REYES, MARIA FERNANDA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señora presidenta: en primer lugar, voy a hacer una salvedad en relación con lo dicho por el señor diputado Agosto al hacer referencia a la iniciativa en tratamiento, vinculada con determinados indicadores y sin brindar números específicos sobre la pobreza.
Verdaderamente es una lástima no poder dar números en la actualidad a raíz de la situación que está viviendo el INDEC. Los números a veces son bastante fríos, pero en realidad cuando hablamos de pobreza nos estamos refiriendo específicamente a personas. Al no contar con números claros que nos permitan visualizar las políticas públicas a seguir, el Poder Ejecutivo y el país se encuentran frente a un grave problema.
Ojalá que en el corto plazo la situación del INDEC pueda mejorarse, se termine su intervención y contemos con nuevos números para discutir sobre el tema de la pobreza, analizar si bajaron o no los índices y saber cuántas personas tienen acceso a la canasta básica familiar.
Desde el interbloque de la Coalición Cívica adelantamos nuestro desacuerdo con la iniciativa en consideración. Nuestra postura se basa en una situación del pasado, al corroborar que aquello que habíamos planteado en la primera ley terminó cumpliéndose. Concretamente me estoy refiriendo a la concentración de las inversiones en un escaso número de empresas en lugar de las pequeñas y medianas empresas.
Si imaginamos que estamos empezando de cero y leemos las argumentaciones del proyecto, uno hasta podría estar de acuerdo en determinadas cuestiones.
Los argumentos del proyecto explican que es una prioridad de los sectores industriales y de las regiones geográficas establecer la asignación del cupo fiscal previsto. En realidad esto significa que estamos ante un proyecto que estaría pensando en una visión estratégica de la cuestión productiva en el país, sobre todo regional.
Lamentablemente, el artículo 6º del proyecto dice: "Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar para cada concurso la atribución de los cupos fiscales contemplados en los párrafos anteriores, pudiendo optar...". Aquí claramente se podría haber dicho que este proyecto va a convocar por regiones, pero en este caso solamente dice que se podrá optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores industriales o en base a su clasificación en pequeñas, medianas o grandes empresas. Entonces, aquello que podría haber sido una determinación específica en la regionalización termina siendo una opción.
La otra cuestión con la que podríamos estar de acuerdo y que figura en nuestro dictamen de minoría es que esta política es tendiente a incrementar políticas activas que incentiven este tipo de inversiones apuntando a la expansión económica, a su sostenimiento en el tiempo y contribuyendo de tal manera al incremento del trabajo. Si bien el artículo 2º especifica que los interesados deberán asimismo acreditar la generación de puestos de trabajo con conformidad a la legislación, podría decir que, obviamente, estamos ante proyectos de generación laboral.
Empecemos a ver algunos datos: las principales generadoras de empleo de nuestro país son las pymes. En los últimos cuatro años ellas incorporaron un 1.200.000 puestos de trabajo y aumentaron sus exportaciones en un 60 por ciento. Lo más interesante y que explica el crecimiento del empleo que ha tenido la Argentina, es que el 65 por ciento de los puestos laborales fue generado por las pymes.


- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.

SRA. REYES, MARIA FERNANDA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Cuando hablamos de empleo total, el 60 por ciento lo dan las pymes, y cuando hablamos de asalariados totales, esa cifra asciende al 80 por ciento.
Entonces, con esta información y sobre la base de las argumentaciones de este proyecto, podría decirse que hay que dar mayor desarrollo e importancia a las pymes. Sin embargo, en el artículo en el que se definen los cupos, lamentablemente las pymes sólo reciben 200 millones. Mientras que obras de industria tiene mil millones, infraestructura no tiene cupo.
Por otra parte, aplaudo que se incorpore la cuestión ambiental en este proyecto de ley, porque es algo fundamental en nuestro país. Pero lo que ocurre es que cuando en el artículo 7º se empieza a definir lo que es la obra pública y se determina que el Ministerio de Planificación va a ver en qué situaciones críticas se encuentra y puede agregar nuevas obras de infraestructura, se especifica que dentro de esa lista está la explotación y exploración minera. Realmente sería muy interesante que cuando hablamos de este tema se esté haciendo referencia a la cuestión ambiental, que hoy afecta a muchas provincias, no solamente las que tienen la exploración dentro de su misma jurisdicción, sino también las lindantes. Esto se debe a que tenemos altos niveles de contaminación en las aguas, porque hay una amplia deforestación en el territorio, y donde se encuentran las minas, el aire está contaminado y se afecta la flora y la fauna.
Sería muy interesante que cuando se esté pensando en los proyectos de infraestructura, en el caso de las exploraciones y explotaciones mineras se tenga en cuenta cómo se resuelve el tema de la cuestión ambiental y la contaminación.
Lamentablemente, en el proyecto no se establece una especificación clara. Por el contrario, en el caso de las cuestiones mineras podrían participar de la doble promoción sin ningún tipo de inconvenientes, sin hablar siquiera de la reconversión para hacer una producción limpia.
De todos modos teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, voy a ser breve. Simplemente quiero decir, como bien lo señaló el diputado Adrián Pérez y otros señores diputados preopinantes, que no vamos a acompañar este proyecto, pero no porque no estemos de acuerdo con él en líneas generales sino- como bien decían algunos: mejor que decir es hacer- porque creemos que es fundamental que los argumentos se lleven a los artículos y que se haga lo que supuestamente se está diciendo.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: voy a ser muy breve. Simplemente, quiero hacer una observación de orden constitucional. Sé que el punto que voy a comentar es una cuestión largamente debatida y ha habido discusiones, pero lo cierto es que este proyecto debió haber ingresado por esta Cámara de Diputados y no por el Senado de la Nación.
La regla general que consagra la Constitución es que toda normativa que tenga que ver con contribuciones debe ingresar por esta Cámara. Ya sé que hay quienes me dirán que esta normativa no crea impuestos ni tampoco los modifica, pero sí se modifica el régimen.
Si se modifican normas que constituyen exenciones o se modifican los sujetos alcanzados por una norma impositiva o se cambia la forma de pago o la manera en que se realizan las devoluciones, eso implica en sí una variación en el beneficio de orden tributario.
De hecho, no es lo mismo que este crédito se obtenga al cabo de determinado número de años -y que por lo tanto, por ejemplo, se puedan conseguir ganancias-, a que sea en un período mayor o menor.
Por ello, cualquier modificación a la normativa de alcance tributario, aun cuando no sea una precisa creación o exención tributaria, tiene que ingresar por la Cámara de Diputados, y este no ha sido el caso.
En realidad, se cambia la forma de los beneficios que la norma propone a los sujetos tributarios alcanzados por ella. Por eso hago esta observación, sabiendo que hubo discusiones al respecto, pero teniendo claro que la Cámara debe proteger sus derechos y competencias como Cámara iniciadora en todo aquello que corresponda a la materia tributaria.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA): Señor presidente: el aporte hecho por la señora diputada Rodríguez me ha generado una duda de corte constitucional. Lástima que ya no forma parte de este cuerpo el doctor Vanossi, pero en verdad existe un tema tributario en esta ley. Se han utilizado casi los mismos argumentos de la oposición para fundamentar el no acompañamiento al oficialismo respecto de este proyecto de ley.
Este bloque prácticamente utiliza esos mismos argumentos con alguna salvedad. Pensamos que las leyes pueden ser buenas herramientas que, bien utilizadas, pueden dar buenos resultados. Hay leyes que no son buenas herramientas y hay otras que, siendo buenas herramientas, son mal utilizadas. Este es uno de esos ejemplos. En apariencia, este proyecto es una muy buena herramienta de política económica, y además define toda una forma de intervención del Estado en la economía. Pero esta norma, que además otorga beneficios escasos -porque 1.200 millones de pesos por año es un beneficio escaso- estaba destinada a promover la actividad productiva de las pequeñas empresas. Por eso eran 1.200 millones de pesos, y está bien que así fuera. Pero resulta que los beneficiarios de esta ley no fueron los pequeños empresarios, sino los grandes empresarios.
Nosotros necesitamos inversión privada de magnitud. Por ejemplo, los que saben de materia energética dicen que para salir de la crisis actual y lograr el autoabastecimiento se requieren 20 mil millones de dólares por año de inversión directa.
Para que tengamos una idea de que esta inversión sólo la pueden hacer los privados, puedo comentar que el fabuloso superávit fiscal de la Argentina este año está calculado en 6 mil millones de dólares. Los servicios de la deuda externa que debe afrontar y pagar nuestro país este año ascienden a 6 mil millones de dólares. Solamente en el campo energético habría que invertir 20 mil millones de dólares durante cinco años para volver a alcanzar el autoabastecimiento.
Esto significa que necesitamos capitales extranjeros y privados, que pueden ser financieros o no. Pero jamás empresas que deben ser dueñas de su promoción pueden ser beneficiarias de un régimen de promoción estatal que está destinado a pequeños proyectos: estamos hablando de 1.200 millones de pesos.
Desgraciadamente, esto que en apariencia constituye una buena herramienta, al no haber sido utilizado de esa manera nos obliga a no seguir acompañando al Poder Ejecutivo con este proyecto, como sí lo hicimos con anterioridad.
Además, no es menor el cambio que ha sufrido este proyecto de ley en esta Cámara. A propósito quiero recordar al cuerpo que el señor ministro de Economía estuvo en el Senado defendiendo esta iniciativa y su participación como órgano de aplicación, sosteniendo que el Ministerio de Planificación le debía dar criticidad a la ley. Es decir que debía definir quiénes podrían ser los beneficiarios de las actividades que se quisieran promover, mientras que el Ministerio de Economía debía finalmente resolver a quién beneficiar, porque se trataba de recursos impositivos. Es un ingreso que el Estado resigna en beneficio de la actividad productiva. Esto se cambió en esta Cámara sin mayores argumentaciones. Lo cierto es que hay dos ministerios que participan: el de Economía, que resigna recursos, y el de Planificación, que dice a quién se le debe dar el beneficio.
Por los motivos expuestos, nos vemos obligados a no acompañar la sanción de este proyecto de ley.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Señor presidente: voy a realizar algunas consideraciones que nos parecen importantes a la hora de fundamentar nuestro apoyo a este proyecto.
La primera tiene que ver con el hecho de que queda la sensación, luego de la intervención de algún diputado, de que el Estado nacional saca plata del fisco, la carga en un camión y se la da a los distintos grupos empresarios más importantes de nuestro país. La verdad es que tengo que decir algo con toda claridad: el único costo fiscal que tendrá esta norma será un costo financiero, porque los dos mecanismos -la devolución anticipada del IVA y la amortización en el impuesto a las ganancias- lo que hacen es permitir a las empresas que deduzcan impuestos en un momento anterior a que se produzca el hecho efectivo de la deducción. Pero en términos reales el fisco, o sea, el Estado nacional, no ve afectado desde ningún punto de vista lo que significa su superávit fiscal. Simplemente, en un primer momento, cuando se adjudiquen estos proyectos, recaudará menos, para recaudar más cuando los efectos de estas imputaciones anticipadas se empiecen a diluir en el tiempo, como tiene que ocurrir.
Quiero dejar aclarado que se trata de una ley con un costo fiscal cero, y con un costo financiero que es el que acabo de explicitar.
Por otra parte, me parece que uno no puede analizar la economía del malo que se plantea. Creo que todos somos absolutamente conscientes de que la economía de un país no se puede analizar entre buenos y malos, siendo los malos las grandes empresas y los buenos las pequeñas y medianas empresas. La verdad es que hacer un corte horizontal cuando todo el mundo sabe que las grandes empresas son en general generadoras de cadenas de valor donde están involucradas las pymes, es no contar la verdadera fotografía de la realidad económica de nuestro país. Es decir que cada vez que alguna gran empresa, cada vez que alguna de estas empresas amigas de Federico Pinedo, ha tenido un beneficio de este tipo, se generaron beneficios a toda la cadena de pymes, porque ello está asociado al funcionamiento de cada una de las empresas. Quiero que esto quede absolutamente claro.
Cuando los señores diputados dicen que hubo un mayor porcentaje de montos de inversión en las grandes empresas que en las pequeñas y medianas empresas, la verdad es que resulta lógico y obvio: la participación en el producto bruto de las grandes empresas en términos de concentración siempre es más alto que el de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde el punto de vista del monto de la inversión que planifica una gran empresa, siempre es más alto que respecto del que planifica una pyme.
En términos de números de empresas, lo que sucedió en el anterior régimen es que prácticamente alrededor de 50 grandes empresas -un poco más o un poco menos- recibieron este beneficio, y 50 pymes también lo recibieron.
En todos los llamados a licitación -salvo algunos casos- no se alcanzó a cubrir el cupo, ni de parte de las grandes empresas ni de parte de las pequeñas y medianas empresas. Es decir que durante la vigencia del régimen siempre teníamos más cupo disponible para que tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes pudiesen acceder a este tipo de beneficio, que es cierto que es riguroso, como no podría ser de otra manera. Si no, estaríamos en una arrebatiña, en un festival de tipo fiscal, en donde cualquiera se puede presentar y acceder a este tipo de beneficio. Es cierto que la rigurosidad fiscal para acceder a este tipo de beneficios en general es más fácil que la tengan resuelta las grandes empresas que las pymes.
Asimismo, quiero transmitir que cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas no nos estamos refiriendo a la minipyme. En general, por la definición de la Secretaría de Industria, pequeñas y medianas empresas son las que pueden llegar a facturar hasta 60 millones de pesos al año. Vale decir que estamos hablando de un volumen de una magnitud más o menos interesante.
También es importante destacar que se trata de un beneficio que ha incorporado a dieciséis provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que ha sido un beneficio bastante federal en cuanto a lo que significa su distribución.
No es cierto que los beneficios estén concentrados o direccionados exclusivamente hacia el sector exportador o más concentrado de la economía. Les puedo decir que en la provincia de Santa Fe la empresa Lácteos Santa Fe o Milkaut han recibido estos beneficios, y también las empresas metalúrgicas Basso, Motor Parts y Cadem han sido beneficiarias de este sistema en los últimos tres años.
Sintetizando, para tranquilidad de todos los señores diputados vuelvo a decir lo que expresé anteriormente. No estamos hablando de un costo fiscal para el Estado. Existe simplemente un costo financiero. Lo que el Estado deja de percibir ahora lo percibe en el tiempo y recupera esa percepción en la medida en que se va cumpliendo con el proyecto de inversión.
En segundo término, en la realidad económica no se puede hacer un corte horizontal. Las cadenas de valor son integradas implican que detrás de una gran empresa siempre hay pymes que están asociadas a ese mecanismo de producción.
En tercer lugar, es obvio que si ahora estamos poniendo más mil millones de pesos de cupo fiscal para las grandes empresas y 200 millones de pesos de cupo fiscal para las pymes, estamos previendo montos de inversión más importantes en las grandes empresas que en las pequeñas y medianas, como lo indica cualquier lógica económica.
Las últimas dos reflexiones son las siguientes. Nosotros no queremos discutir el tema del INDEC, pero la verdad es que si quieren tener datos sobre los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina pueden ir a cualquier universidad privada o instituto privado y allí les van a certificar que esos niveles han bajado de manera notable en los últimos cuatro años y medio de gestión del ex presidente Kirchner y que es una performance extraordinaria desde el punto de vista del crecimiento social.
Y si no quieren ver porcentajes, vean valores absolutos, con los que uno se equivoca menos. Esos valores indican que se crearon 3.300.000 nuevos puestos de trabajo, que como he dicho aquí más de una vez, equivalen a más de tres ciudades de Rosario completas en generación de empleo respecto a cantidad de habitantes; digo esto para que vean la magnitud del número.
Entonces, la performance de la economía argentina durante los últimos cuatro años y medio ha sido más que concreta y satisfactoria, y como decía el señor diputado Agosto, ciertamente podemos decir que el crecimiento económico y la generación de riqueza en la Argentina van acompañados con la generación de empleo y la mejora de cada uno de los indicadores sociales de nuestro país.
Por eso, señor presidente, vamos a votar afirmativamente este proyecto de promoción de inversiones, que es una de las tantas herramientas que tiene el Estado argentino para favorecer las inversiones. Queremos que la Argentina siga creciendo a los niveles de crecimiento económico que ha tenido en los últimos cuatro años y medio, y nos parece que estos instrumentos, que además no significan costo fiscal para el Estado, son válidos para permitir el crecimiento económico de nuestro país, para aumentar los niveles de inversión, para favorecer el desarrollo de las pymes, para tener un crecimiento más desarrollado regionalmente y fundamentalmente para potenciar la generación de empleo en la Argentina. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura (Orden del Día Nº 59).
La Presidencia informa a la Cámara que de acuerdo a lo establecido por el artículo 81 de la Constitución Nacional deberá indicarse el resultado de esta votación a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los mismos.


- Se practica la votación nominal.2007/125ET01_04_R35.pdf

- Conforme al tablero electrónico, sobre 209 señores diputados presentes, 154 han votado por la afirmativa y 54 por la negativa.

SRA.(SECRETARIA (LUCHETTA)) Se han registrado 154 votos por la afirmativa y 54 por la negativa.
Se han alcanzado los dos tercios de los votos conforme al artículo 81 de la Constitución. (Aplausos)

SR. PRESIDENTE(FELLNER) En consideración en particular el artículo 1º.
Se va a votar.


- Resulta afirmativa.

-Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 11.

SR. PRESIDENTE(FELLNER) En consideración el artículo 12.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. VEGA, JUAN CARLOS (CORDOBA): Quiero formular una observación que atañe a la técnica legislativa.
Este artículo prohíbe el acceso al beneficio por una sola causa: en casos de delitos que tengan conexidad con fraudes o evasión impositiva. Supongo que ha habido un error o, al menos, una confusión, pues quedarían habilitados para acceder al beneficio de este proyecto aquellas personas que hayan defraudado al Estado, según las conductas criminalizadas por el título XI, libro II, del Código Penal, vinculadas con delitos contra la administración pública.
Solicito a la comisión una aclaración, porque la única limitación para acceder al beneficio serían los delitos comunes en conexidad con obligaciones tributarias. Contrario sensu, debo entender que la comisión de cualquier otro delito habilita al ciudadano a acceder al beneficio.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): Quisiera saber cuál es la propuesta de modificación del señor diputado preopinante.


SR. VEGA, JUAN CARLOS (CORDOBA): La propuesta sería que a continuación de donde dice: "Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias...", habría que agregar: "Asimismo aquellos que estuviesen denunciados por cualquiera de las conductas criminalizadas en el título XI, libro II, del Código Penal, que son los delitos contra la administración pública."
De lo contrario, caeríamos al menos en una confusión. Creo que ha habido buena fe, pero una persona cuya conducta ha defraudado a la administración pública podría acceder al beneficio.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) ¿Tiene escrita la propuesta, señor diputado?


SR. VEGA, JUAN CARLOS (CORDOBA): No, la acabo de exponer.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): Aquí se está sugiriendo incorporar la tipificación en caso de denunciados.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. VEGA, JUAN CARLOS (CORDOBA): Señor presidente: sea que fuesen denunciados, imputados o procesados, es igualmente sólido el argumento de que las evasiones tributarias no pueden ser la única causal de prohibición de acceso a este beneficio impositivo.
Considero que son tanto más graves los delitos contra la administración pública. Supongo que esto inhibe a un empresario, a una persona física o jurídica, de obtener este beneficio del Estado.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. AGOSTO, WALTER ALFREDO (SANTA FE): No comprendemos con claridad la propuesta, de modo que vamos a votar el artículo tal como se encuentra redactado.


SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. AGUAD, OSCAR RAUL (CORDOBA): Señor presidente: teniendo en cuenta que los delitos tributarios son delitos contra la administración pública, se podría poner simplemente que no podrán ser beneficiarios de esta promoción aquellas personas que han sido condenadas por delitos contra la administración pública. Con eso se abarca absolutamente todo.


SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: podríamos avanzar contra aquel que tiene semiplena prueba, imputado o procesado, pero no es el caso del denunciado. Por lo menos, tiene que haber un grado de semiplena prueba de autoridad y culpabilidad.


SRA. IBARRA, VILMA LIDIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.


SRA. IBARRA, VILMA LIDIA (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: me permitiré hacer un aporte.
Es razonable la incorporación de esos delitos vinculados con perjuicios a la administración pública. Generalmente la fórmula que se ha usado en varias normas se refiere a las personas que tengan procesamiento firme. Es razonable porque dado el grado de sospecha que tiene un procesamiento firme, consentido, confirmado por una alzada, estamos protegiendo los fondos públicos, que en definitiva son los del contribuyente. Pero tiene que existir un grado de verosimilitud que generalmente lo dan las normas de procesamiento firme.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Con todo respeto, señora diputada, si nos puede apoyar con un texto escrito avanzaríamos bastante.


SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.


SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar la señora diputada preopinante, pero tienen un problema porque votaron esta ley. En el artículo 12 están todos los denunciados.
Con lo que se acaba de proponer se está exigiendo -lo cual me parece bien- un criterio más alto de imputación de plena o semiplena prueba, pero en el inciso b) del artículo 12 aparecen los querellados o denunciados. La querella es un delito de acción privada. Por su parte, en el inciso c) están los formalmente querellados por delitos comunes.
Creo que habría que establecer algún tipo de sistematización para que no existan distintos criterios o estándares para quien es un denunciado o un procesado con procesamiento firme.
Para los que cometieron delitos contra la administración pública se fija un procesamiento firme, pero en el caso de una querella -que puede ser por un delito mucho menor- el estándar está quedando muy por debajo.


SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Salta.


SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO (SALTA): Señor presidente: a nadie se le escapa que es muy razonable lo que planteaba hace unos momentos el diputado preopinante.
Cuando se trata de legislar sobre temas tan complejos que tienen que ver con la libertad y con cuestiones vinculadas con el derecho penal, la experiencia me indica que hacerlo por impulsos y agregar modificaciones de buena voluntad a último momento en medio de una sesión, generalmente nos conduce a los peores desastres.
Lo que deberíamos hacer en este caso es sancionar el proyecto tal como ha sido presentado. Sin duda, en el caso de las denuncias por delitos fiscales hay una razón como para diferenciarlas, porque existe todo un trámite previo interno de la AFIP que luego fundamenta la presentación de la denuncia.
De todos modos, no quiero entrar en una discusión sobre si tiene más peso una denuncia que pueda presentar la AFIP o cualquier otra. Simplemente, deseo señalar que para discutir esto con fundamento habría que presentar un proyecto de ley complementario que nos permita llevar a cabo una discusión a fondo. Personalmente lo acompañaría con mucho gusto, porque entiendo que es razonable la observación efectuada por el señor diputado. Pero introducir esa modificación en este momento sería un riesgo. Tengamos en cuenta que el camino del infierno está lleno de actos de buena voluntad.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.


SR. DIAZ ROIG, JUAN CARLOS (FORMOSA): Señor presidente: esta es una cuestión que se reitera en las normas que establecen este tipo de inhibiciones fiscales. Mi posición -consta en varios Diarios de Sesiones- es semejante a la sustentada por el señor diputado Díaz Bancalari, porque la denuncia o la querella no puede voltear la presunción de inocencia consagrada en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, resultaría razonable plantear aunque sea un auto de procesamiento o de prisión preventiva, que establecen la plena prueba de la existencia del delito y la semiplena prueba de la culpabilidad o responsabilidad del procesado.
El hecho es que se viene utilizando una fórmula por la que reiteradamente me han rechazado las observaciones que en su momento he planteado en el ámbito de la comisión y en este recinto, dado que ese artículo in fine señala: "...a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal". Entonces, al formular el auto de elevación de requerimiento, esto presupone la resolución de la situación procesal del denunciado o del querellado.
Por lo tanto, considero que la Cámara debe proceder a aprobar el texto de acuerdo con la interpretación que acabo de hacer.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.


SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR (SANTA FE): Señor presidente: nuestro bloque se va a ajustar al criterio propuesto por el señor diputado López Arias. No estamos de acuerdo con ponernos a discutir en este momento, habiendo transcurrido varias horas de sesión, un tema que ya ha sido debatido en profundidad en la comisión respectiva. Vamos a mantener el despacho tal como ha sido presentado.
Entonces, como no aceptaremos ningún tipo de modificación, solicito que pasemos a la votación.


SR. PRESIDENTE(FELLNER) Si hay asentimiento de la Honorable Cámara procederemos en la forma solicitada por el señor diputado por Santa Fe.
Asentimiento.

SR. PRESIDENTE(FELLNER) Se procederá en la forma indicada.
Se va a votar el artículo 12.

- Resulta afirmativa.

-Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 13 a 16. El artículo 17 es de forma.

SR. PRESIDENTE(FELLNER) Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado. (Aplausos.)




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