Período:122 Reunion:8 Fecha:21/04/2004 COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación Penal y otras recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual la comercialización de servicios de comunicaciones móviles se realizará únicamente a través de empresas legalmente autorizadas (expediente 0016-s-2004 y 1806-d-2004).
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: quiero expresar mi satisfacción por la casi unanimidad conseguida en las tres comisiones donde se trató este proyecto venido en revisión del Senado. Este es un tema de gran actualidad y de dispar interpretación tanto en el contenido de la norma como en la importancia que cada uno le asigna.
Debo reconocer que hubo una jornada de debate intenso no sólo de los señores diputados sino también de una cantidad importante de asesores que acompañaron minuto a minuto la redacción de esta propuesta que hoy hacemos. Podrá haber alguna observación o disidencia pequeña sobre algún punto, pero más de setenta señores diputados avalaron el proyecto que hoy vamos a tratar aquí.
Es importante destacar la celeridad con la que se trabaja así como también la necesaria responsabilidad que tuvo cada uno de los integrantes de las comisiones de Legislación Penal, de Comercio y de Comunicaciones e Informática para poder tener hoy aquí un instrumento acordado en forma mayoritaria.
Deseo compartir este informe con un integrante de la Comisión de Comunicaciones e Informática, quien hizo un gran aporte con un proyecto de su autoría que sirvió de base a este dictamen. Me refiero al señor diputado Mauricio Bossa, quien luego hará uso de la palabra en representación de su bloque. La última parte de este informe referido a la técnica penal estará a cargo del señor diputado Casanovas.
También debo expresar un reconocimiento al Senado de la Nación, que envió un proyecto en cuyo espíritu nos basamos y que tomamos con la seriedad con la que fue elaborado.
Quiero hacer una pequeña disquisición para plantear que no creemos que sea correcto que cuando un proyecto pasa de una Cámara a otra, los integrantes de la Cámara que lo recibe tengan palabras no sólo altisonantes sino también descalificantes para con él. Me refiero a algún senador que tildó como "cachivachescos" algunos proyectos iniciados en esta Cámara. En este caso, por el contrario, debo decir que valoramos el jerarquizado trabajo que remitió la Cámara de Senadores y que propiciamos modificarlo en función de una mayor precisión normativa y de redacción, para una mejor interpretación de los órganos encargados de su aplicación.
Se trata de un tema signado por un avatar desgraciado en las comunicaciones. Casi se podría hablar de la demonización de un instrumento, la aparente mutación de un adelanto tecnológico imprescindible para nuestra contemporaneidad, de un adminículo importante en las comunicaciones que, sin embargo, en la visión de algunos, se ha convertido en elemento prácticamente indispensable para la comisión de un delito.
No obstante, nosotros sabemos que no es así. Para decirlo con todas las letras: se puede eliminar el uso de la telefonía celular y los hechos delictivos y los secuestros se van a seguir cometiendo de la misma forma, utilizando otro tipo de comunicaciones.
Nuestra tarea es legislar en función de la necesidad que tiene la ciudadanía de contar con mayor seguridad, aun en un tema como este, donde -insisto en la palabra- se ha caído en la demonización de un instrumento de las comunicaciones. Esto nos obliga a ubicarnos en el punto de vista de perfeccionar o garantizar los controles que nos permitan brindar seguridad a los ciudadanos ante la utilización de este medio por parte de la delincuencia.
Debemos equilibrar esta mirada en función de la preservación de un instrumento social de las comunicaciones y la necesidad de legislar con firmeza, categóricamente, sobre la mejor manera de evitar que los servicios de comunicaciones móviles puedan ser utilizados con facilidad por la delincuencia.
La tarea de legislar buscando el equilibrio entre la seguridad y la preservación del instrumento de las comunicaciones se vuelve difícil y compleja en virtud de la gran expansión que esta modalidad de la telefonía ha alcanzado en los últimos años. Al respecto cabe destacar que en el año 2003, por primera vez en la Argentina, la telefonía móvil ha superado a la fija al llegar a las 7.876.000 líneas. Esta tendencia se registra en todo el mundo pues los mil doscientos millones de líneas de telefonía móvil superan los mil millones de líneas de telefonía fija.
Según el INDEC, en febrero pasado la telefonía móvil lideró el índice de crecimiento del consumo en los servicios públicos; respecto del año pasado el índice de llamadas aumentó un 54 por ciento y la comercialización de los equipos un 25 por ciento.
No menciono estas cifras para realizar una aclaración estadística sino porque tienen vinculación con lo complejo y difícil que resulta legislar sobre un universo tan inmenso. Un dato esencial de esta propuesta legislativa es el registro de los usuarios. No habría problema en caso de que sólo quisiéramos registrar para adelante, con lo cual cumplimentamos esta norma que estamos sancionando, y exigimos por parte de los licenciatarios el cumplimiento estricto del registro.
Pero pensando para atrás, el mecanismo es complejo, porque teniendo en cuenta los ocho millones de teléfonos de estas características, debe señalarse que hay seis millones de líneas que han sido compradas sin el registro necesario y sin la exigibilidad de tal registro, por lo cual deben hacerse seis millones de llamadas o implementar por parte de los licenciatarios -algo que está contemplado en el articulado que hemos propuesto- la forma en que se pueda constituir ese registro.
Por eso, hablo de una compleja y difícil articulación que, al mismo tiempo, nos pone en el compromiso de buscar las mayores precisiones normativas para que esto pueda cumplimentarse por parte de los organismos pertinentes.
La iniciativa que estamos presentando en esta Cámara proporciona a la Justicia mayores elementos para combatir el delito devenido de la utilización de la telefonía celular. En ese sentido, busca terminar con esta cadena de inseguridad que ataca fundamentalmente a los generadores de la clonación de teléfonos, que parece una frase que encierra un contenido técnico, alejado de la virtualidad del delito: la clonación de las líneas telefónicas en el caso del servicio de comunicación móvil tiene una vulnerabilidad inmensa a todo el sistema de seguridad. Es el dato principal con el que tenemos que combatir para evitar que este teléfono pueda ser utilizado en la comisión de delitos.
En relación con la sanción del Senado ratifico un concepto que dije al principio. Se ha precisado su redacción sin modificar en el fondo el espíritu que la anima, para que la norma que se sancione sea de más fácil interpretación por los organismos de control y judiciales, sin quitarle la rigurosidad de la que quisieron dotarla los señores senadores.
No está de más recalcar que una norma, además de bien intencionada y de responder a los propósitos del legislador de propender al bien común, debe ser aplicable con los medios disponibles de manera inequívoca. Eso es lo que tratamos de hacer con la redacción que ayer agotamos tres comisiones y más de sesenta diputados, con el objetivo de facilitar su interpretación, garantizando estas formas inequívocas y comprensibles para todos los actores afectados por la misma.
Con una mirada general voy a transitar sobre los artículos, no para referirme a ellos puntualmente -eso será cuando los debatamos en particular- sino para marcar el criterio general de interpretación con el que nos manejamos en esta Cámara y precisar qué es lo que buscamos en esta cuestión relacionada con los servicios de telefonía móvil.
En el artículo 1° hemos precisado los alcances cuando definimos con absoluta claridad quiénes son los actores por el lado de las empresas que prestan el servicio, y delegamos en ellas la responsabilidad absoluta sobre la comercialización de esos servicios, debiendo contar con una autorización expresa y formal para hacerlo, con lo cual complementamos la legalidad necesaria en esta materia.
El artículo 2° obliga a recabar y a registrar los datos personales de quienes adquieran un equipo terminal para uso en telefonía móvil. Esos datos y registros se obtienen actualmente al momento de expender la factura comercial, cosa que ratificamos, aunque parezca redundante, en algunos lugares de la redacción de la norma, porque al hecho de la facturación, más allá de ser un elemento que se vincula con la comercialización y con la forma correcta de establecer un vínculo entre el que compra y el que vende, le damos carácter de un elemento más de la propia seguridad, que garantiza la identificación inmediata del adquirente de un equipo de telefonía móvil.
No abundamos en el tema de los organismos públicos y privados como detalle de identificación porque nos parece de sentido común que son entes que normalmente adquieren más de una línea y son naturalmente responsables del uso que les den sus agentes.
Es interesante leer con atención -para que se advierta el espíritu preeminente del proyecto en revisión-, los artículos 3° y 4° del dictamen que ahora estamos considerando, ya que consolidan las disposiciones contenidas en los artículos 3°, 6°, 7° y 8° del proyecto aprobado por el Honorable Senado.
Esta modificación simplifica la lectura, precisa con más claridad la norma y centra en dos artículos los cuatro que venían en el proyecto del Senado; no disminuye su funcionalidad y tiene un agregado: que las licenciatarias deberán prever mecanismos para que la Justicia, las fuerzas de seguridad o el Ministerio Público puedan acceder de inmediato, todos los días y a toda hora, a la base de datos de terminales denunciadas como robadas o extraviadas, que es una base de datos monitoreada por la autoridad de control: la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Cumplimentando la norma de exigir las constancias aduaneras para la activación de los celulares, el artículo 5° facilita la importación temporaria de equipos terminales para uso personal.
El artículo 6° delega la creación de la base de datos de clientes en las licenciatarias, que son las que tienen los medios para implementarla y deben hacerlo a su costo, rápidamente y sin ocasionar demoras o inconvenientes en el libre acceso a ella por parte de las autoridades a cargo del servicio de control o juzgamiento de los ilícitos que se produzcan, ya sea en una causa iniciada o en una actividad que tenga que ver con la búsqueda de irregularidades en el manejo de las líneas de los servicios de comunicaciones móviles.
En cualquier momento, a cualquier hora, todos los días, las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden acudir a las licenciatarias, que deberán inmediatamente prestar su capacidad técnica y humana para dar los datos que se exijan. Desde ya, las licenciatarias son las que tienen la capacidad técnica para hacerlo.
De esta manera preservamos algo muy importante en lo cual quiero detenerme brevemente, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad. Más allá del derecho en sí, apuntamos a la calidad de vida de los habitantes de la Argentina, que sabrán que tienen garantizado este derecho. Por otra parte, es un derecho tutelado por pactos internacionales.
Por ello el registro que hacen las licenciatarias no es de naturaleza pública en función de garantizar el derecho a la privacidad. La gente no figura en esos registros con posibilidad de acceso a cualquier persona, y mucho menos figuran características personales de cada cliente, como estaba previsto en el proyecto que vino en revisión. No solamente garantizamos el derecho personal sino que cumplimos con el tutelaje que los pactos internacionales hacen de este tipo de derechos.
Al mismo tiempo, para dar un corte a posibles situaciones irregulares existentes actualmente -recuérdese que me referí a los seis millones de teléfonos de comunicación móvil que no están registrados-, fijamos para las empresas prestadoras un plazo de ciento ochenta días para regularizar ese registro y limpiar definitivamente el parque de terminales activas. Es decir, con el costo a cargo de las empresas y mediante los mecanismos que se estimen más convenientes -inclusive algunos los hemos planteado en el articulado del dictamen-, como el asterisco, llamadas gratis, 0800, comunicación por otros medios y demás, las empresas harán una intensa campaña para lograr que todo aquel que tiene el uso de un aparato de telefonía celular, de un aparato de servicio de comunicación móvil, se inscriba en el registro. Las empresas tienen ciento ochenta días para hacerlo, y es una obligación.
Pasado ese plazo hay una suerte de sanción pecuniaria, porque se exige a la empresa que desactive la línea no registrada, con lo cual si la empresa no tomó en sus manos, con la importancia que el caso tiene, que sus clientes se registren, perderá la posibilidad de tener una rentabilidad comercial por esas líneas, ya que dejarán de existir.
En los artículos 8° al 14 se crea un régimen de sanciones que hoy no existe, lo que atenta contra la transparencia que debe regir en este servicio.
De poco sirve mantener registrados los datos del cliente si existen delincuentes inescrupulosos que atentan contra el verdadero sentido de las comunicaciones y logran instalar en la red de telecomunicaciones teléfonos que presentan alterados sus códigos electrónicos, activándose así sus posibilidades de cometer delitos.
De forma que debemos contar con artículos referentes a sanciones, que no estaban incluidos en el proyecto enviado por el Honorable Senado, a fin de fijar con claridad las penas correspondientes a quienes no cumplan con la normativa.
Este proyecto -luego el señor diputado Casanovas se referirá a la parte técnico-penal- resulta armónico con la normativa legal vigente, como la resolución 897/04 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, cuyo objetivo es evitar la habilitación de equipos robados o extraviados.
La iniciativa también está en total armonía con la ley 25.873, que el Congreso aprobara en diciembre del año pasado. Buscamos un equilibrio funcional con las normas que tratan sobre la materia.
El régimen que se propugna presta -a mi juicio y a criterio de las comisiones en las que hemos participado- una enorme utilidad a la población, porque en definitiva preserva y garantiza la continuidad de un instrumento que favorece el derecho que tiene la gente a comunicarse.
Lamentablemente, por los vacíos y huecos que existen en la legislación, dicho derecho ha sido aprovechado maliciosamente para la comisión de delitos, que hoy por supuesto nos horrorizan, a la luz de los hechos desgraciados y recientes que han ocurrido y que crean zozobra y rechazo en la población.
Los integrantes de las comisiones de Legislación Penal, de Comunicaciones e Informática y de Comercio creemos haber introducido mejoras al texto enviado por el Senado a fin de contar con una norma más clara y práctica, por lo que solicitamos la aprobación de la iniciativa. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.


SR. CASANOVAS, JORGE OSVALDO (BUENOS AIRES): Señor presidente: como bien ha dicho el señor diputado preopinante, los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 12 hacen referencia al régimen sancionatorio.
El artículo 8° alude a las violaciones e incumplimientos de las obligaciones y prohibiciones a que están sujetas las empresas prestadoras de servicios, remitiéndose al régimen sancionatorio aplicable a los licenciatarios de telecomunicaciones.
A partir del artículo 9° se prevén figuras, al igual que ocurre con tantas otras leyes complementarias del Código Penal con las cuales se busca la protección del bien jurídico, teniendo en cuenta la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio de comunicación móvil.
En el artículo 9° se establecen como conductas típicas prohibidas el hecho de alterar, reemplazar, duplicar o modificar un número de línea, de serie electrónica o de serie mecánica de estos equipos. Se habla tanto de un equipo terminal como de un módulo de identificación removible o de la tecnología que en el futuro lo pudiera reemplazar.
En este caso, el sujeto pasivo de esta figura sería el titular, el usuario de una terminal o un tercero. En este supuesto se causa un perjuicio económico por el ardid dirigido a que la prestataria incurra en un error del servicio, con el fin de que facture al usuario o titular la llamada en cuestión. Por tratarse de una figura similar a la que se relaciona con el delito de estafa, la coordinación que se hizo en el trabajo de comisión en el día de ayer permitió armonizar las penas establecidas para el delito de estafa con las figuras previstas en los artículos 9° y 10 de este proyecto. Es decir que se fija una pena que va de un mes a seis años de prisión.
En el caso del artículo 10, las figuras típicas consistirían en alterar, reemplazar, duplicar o modificar componentes de una tarjeta de telefonía. También caería en la tipificación de esta figura quien accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de los servicios de tarjeta. Aquí el perjuicio económico y el ardid están dirigidos directamente a los licenciatarios del servicio de comunicaciones móviles. En este caso no sólo se perjudica el servicio correcto de comunicaciones móviles, sino también el derecho de propiedad. Por eso se establece una pena similar al delito de estafa que varía de un mes a seis años.
Por el artículo 11 se establece la figura especial de la receptación indebida de terminales celulares o módulos de identificación removible, como ocurre con las tarjetas de telefonía. Se fija un dolo específico para el sujeto activo que tuviere conocimiento de la procedencia ilegítima de los aparatos. Para este supuesto de receptación se prevé la misma escala que la establecida en el artículo 277 del Código Penal. La única diferencia está dada en el hecho de que se habla del dolo específico, sin exigir el fin de lucro, para lo cual se impone una pena que varía entre los seis meses y tres años de prisión.
El fin principal de esta iniciativa es que los delincuentes no se apropien de los productos como ocurre con las terminales robadas. Lo más importante es que se impida que las bandas delictivas modernas -tanto en el caso del narcotráfico como en el de los secuestros extorsivos- utilicen celulares como medio para perpetrar sus actos, tal como había hecho mención el señor diputado preopinante.
En el artículo 12 se prevén agravantes para el supuesto de la receptación dolosa, cuando exista ánimo de lucro. También rigen esas penas para cualquiera de los delitos aquí establecidos que se cometan como un medio para llevar adelante otro delito. En estos supuestos se fija una pena que varía entre uno y seis años de prisión.
En el artículo 13 se establece un agravante en función del sujeto activo, cuando estos delitos fuesen cometidos por dependientes de empresas licenciatarias de servicios de comunicaciones móviles o por quienes, atento al desempeño de sus funciones, puedan abusarse por tener acceso a los mecanismos técnicos de estos servicios. En estos casos las penas mínimas y máximas se aumentarán en un tercio.
Por último, se establece en el artículo 14, concordante con la jurisprudencia del más alto tribunal del país, que será de competencia el fuero federal; tal cual lo dice la jurisprudencia, se trataría de la afectación de la prestación del servicio público interjurisdiccional de telecomunicaciones.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero, quien comparte su tiempo con el señor diputado Pernasetti.


SR. ABALOS, ROBERTO JOSE (S DEL ESTERO): Señor presidente: en igual sentido y haciéndome eco de lo manifestado por el señor presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, quiero destacar la coincidencia y la plena voluntad puesta de manifiesto en la reunión que se realizó en el día de ayer conjuntamente con las comisiones de Legislación Penal, de Comercio y de Comunicaciones e Informática.
Debemos destacar que el problema que implica la falta de seguridad y que afecta a todos los sectores sociales, redunda en una visualización colectiva de la sociedad acerca de una debilidad dentro de una política de Estado en esta materia que todavía no ha sido formal y fuertemente propuesta, y por ende nos impone como prioridad en la agenda social de nuestra República enfrentar dicha problemática.
En este sentido, una de las expresiones criminales que afecta especialmente nuestra sensibilidad es la generalización de los secuestros extorsivos y sus actividades delictivas conexas. La sociedad argentina se encuentra sorprendida y victimizada por el sostenido incremento de este delito. En ese accionar se destaca en forma reiterada la utilización de líneas celulares, que obviamente forman parte del progreso con una fuerte tecnología de avanzada y una dinámica especial. Muchas veces este avance tecnológico no tiene equiparada una posibilidad técnica de defensa cuando se pretende la utilización de estos medios legítimos en materia delictual.
Ante ello, se impone el debate de la utilización de la telefonía móvil y su relación directa con la inseguridad. En este sentido, según lo ha anticipado el señor diputado preopinante, el Senado de la Nación ha aprobado con fecha 7 de abril el proyecto contenido en el expediente 0016-s-2004, que hoy nos convoca para su tratamiento, al que debemos agregar algunos proyectos presentados en esta Cámara, que sirvieron de base para las modificaciones que se propician y que contaron con amplio consenso en el dictamen al que se ha arribado en la reunión conjunta de las comisiones, y que seguramente se traducirá en una eficaz herramienta para los objetivos propuestos.
En ese dictamen conjunto se identificaron las formas expresas de las distintas modalidades y denominaciones legales de los servicios de comunicaciones móviles sobre los que operará la norma. Esto implica la posibilidad de atender y advertir sobre los servicios de comunicaciones personales, de radiocomunicaciones móviles, de telecomunicaciones móviles, de radioconcentración de enlaces y de telecomunicaciones móviles por satélite. Incorporamos dentro de nuestras posibilidades técnicas estas modalidades que fueron apoyadas por innumerables asesores y especialistas en la materia, como bien se ha explicado, para evitar cualquier posible error en la interpretación. Se trata de modalidades que, dado el continuo avance de la tecnología, pueden surgir en el futuro aunque no hayan sido contempladas en este caso específico.
Cuando analicemos el proyecto artículo por artículo también advertiremos que es el Poder Ejecutivo de la Nación el que tiene la posibilidad de reglamentar en este sentido, y obviamente debemos mencionar la activa participación del órgano ejecutor, que es la Secretaría de Comunicaciones, aunque haya delegado cierta parte de sus responsabilidades en la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En este dictamen proponemos la identificación de los adquirentes de terminales móviles para que tenga esta carga el licenciatario o bien las empresas que las comercialicen en virtud de una autorización expresa y formal de estas licenciatarias. Actuamos de esta manera con el objeto de erradicar los agentes ilegales de comercialización de equipos o terminales que operan en el vulgarmente conocido mercado negro.
Se crea así un registro de equipos terminales robados, hurtados, extraviados o clonados, que obviamente deberá estar a disposición de la autoridad judicial o fiscal competente que lo requiera en los términos de la reciente ley 25.873, que fuera promulgada en febrero de este año y que modifica parcialmente la ley de telecomunicaciones 19.798.
Respecto de la actuación que pueda caber a las fuerzas de seguridad nacional o provinciales, que fue un punto sumamente conflictivo en el Senado y tratado con mucho detenimiento en la comisión conjunta, se ha propuesto -y así lo adoptamos- la implementación de un asterisco de llamada gratuita para que en todo momento esas fuerzas cuenten con elementos para determinar si un equipo terminal es robado, hurtado o extraviado. Como parte de la misma propuesta se prohíbe la activación o reactivación de terminales que figuren en el registro de terminales ilegítimas. Con los nuevos clientes y con la actualización de los existentes se creará un registro.
En este momento se encuentran funcionando 8.550.000 teléfonos celulares, de los cuales 7.200.000 pertenecen al sistema prepago -esto hace que sean de muy difícil identificación-, y un 20 por ciento de estos últimos, o sea, alrededor de 1.500.000 teléfonos, no tienen posibilidad de ser identificados.
Entendemos entonces, y así lo vamos a advertir durante el análisis en particular, que el otorgamiento de un plazo de ciento ochenta días a las licenciatarias para cumplir con esta exigencia es prudente, habida cuenta de la magnitud del referido mercado y la necesaria y masiva información que deberá practicarse en cada caso.
Vale aclarar que el apercibimiento de inhabilitar los equipos ante el incumplimiento del registro o de la actualización tiende a lograr un acabado cumplimiento de lo establecido en el proyecto que proponemos.
Estas son, en términos generales, las medidas propuestas en materia de comunicaciones tendientes a optimizar las acertadas intenciones del Senado -como aquí se ha destacado- en el marco de seguridad que la sociedad reclama.
Creemos que la norma que estamos impulsando es un instrumento que permite un avance cualitativo respecto de la regulación de aquellos objetos que, junto a otros, constituyen mecanismos de apoyo logístico para cometer delitos que cada vez son más cruentos y llenan de temor a nuestra sociedad.
Para finalizar, señor presidente, quiero adelantar el voto afirmativo en general del bloque de la Unión Cívica Radical, con las salvedades que se irán haciendo durante el tratamiento en particular, convencido de que este proyecto que hoy vamos a aprobar constituirá una herramienta idónea para contribuir a la atención de este gravísimo flagelo que nos afecta y que es la inseguridad. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.


SR. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO (CATAMARCA): Señor presidente: tal como señaló el señor diputado Ábalos, nuestro bloque votará en general afirmativamente el proyecto de ley en consideración.
Quiero reconocer el trabajo que se ha desarrollado ayer en reuniones de comisión para tratar de dar una forma mucho más adecuada, correcta y sistemática a la sanción del Senado.
Sin embargo, quiero advertir que no nos gusta esta forma de legislar. La pretensión de sacar todo rápido nos hace cometer errores. Si leemos la versión taquigráfica para ver cómo se trató este tema en el Senado y analizamos las consecuencias que hoy vivimos al tener que modificar prácticamente el proyecto en su totalidad para que vuelva a ser considerado por la otra Cámara, podremos advertir que no estamos haciendo lo correcto.
Por otra parte, en estos tiempos mucho se carga sobre la responsabilidad del Poder Legislativo -que sin duda la tiene-, pero debemos exigir el cumplimiento de la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el control de algunas actividades que el Estado ha delegado en los particulares.
Me refiero concretamente a que el Estado, a través de sus órganos -en este caso la Comisión Nacional de Comunicaciones- está ausente de la tarea de control de algunas actividades de las licenciatarias.
El 17 de diciembre sancionamos la ley 25.873, por la que se establece la obligación de registrar a los usuarios de telefonía celular. Muchos de los inconvenientes que se presentan podrían haberse obviado si la autoridad de aplicación hubiera actuado como correspondía. Es cierto que se produjo un boom en la comercialización de celulares, pero también lo es que hubo permisividad por parte del Estado, que no controló adecuadamente cómo se efectuaban las transferencias. Y no me refiero a los aparatos, porque una de las cuestiones en la que más nos confundimos al hablar de celulares consiste en no diferenciar el aparato en sí de la línea telefónica, en la que radica la verdadera explotación que lleva a cabo la concesionaria de este servicio.
A estas empresas no les interesa el aparato, ni tampoco si se trata de un sistema prepago o de un abono mensual; lo que les interesa es que se use tiempo de salida al aire, que es lo que cobran. Todo ha sido facilitado para que las concesionarias o licenciatarias hagan su negocio; el Estado estuvo ausente en el control.
Para finalizar, anticipamos el apoyo de nuestro bloque y manifestamos que tanto esta norma como la que ya sancionamos no tendrán efectividad si, por parte de los organismos competentes del Estado, no se desarrolla una adecuada labor de contralor.
Desde el 7 de febrero, cuando se promulgó la ley 25.873, el Estado contaba con una herramienta para cumplir con su función. Estamos ya a 21 de abril, la ley no fue reglamentada y no hubo una sola resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones tendiente a controlar el mal uso de los celulares.
Por esas razones, si bien nuestro bloque brinda su apoyo, al mismo tiempo anticipa que de ahora en más vamos a pedir permanentemente informes para asegurarnos de que la Comisión Nacional de Comunicaciones cumpla su cometido, el Poder Ejecutivo reglamente adecuadamente y se ejerza el poder indelegable del Estado de controlar este servicio público. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA): Señor presidente: usted sabrá, como sabrán los colegas de esta Cámara de Diputados, que el tratamiento de este proyecto debe ser inscripto en un contexto, que es el del reclamo de seguridad que cada vez más una ingente cantidad de actores sociales formulan a los poderes constituidos del Estado. Se advertirá que, como una especie de melopea, muchas personas comienzan a atribuir la comisión de delitos al hecho de que los delincuentes porten y utilicen teléfonos celulares para cometer sus tropelías.
Antes de continuar con ese análisis quisiera plantear un apotegma para que entendamos el propósito del proyecto que estamos considerando: los celulares no son armas; lo repito: los celulares no son armas. Los celulares son maravillosos instrumentos que la tecnología pone a disposición de la gente de toda clase social; son pequeñas maravillas que posibilitan que todos los argentinos -plomeros, estudiantes, jefes de familia, cuentapropistas, empresarios, productores agropecuarios, etcétera-, puedan comunicarse con sus familias, con sus trabajos, generar productividad, empleo y, fundamentalmente, contribuir al desarrollo del país.
Por lo tanto, en mi opinión, el abordaje del tema de la seguridad y su vinculación con el uso de los celulares tiene que partir de esa premisa, es decir, que los celulares no son armas y que no puede regularse su uso de la misma manera que se lo hace con una metralleta, una pistola 9 milímetros o una pistola 11,25.
Partiendo de esa premisa, debo decir también que soy consciente de que asesinos, delincuentes, violadores, secuestradores y estafadores han prostituido muchas veces el uso del celular. Pero tengamos en claro que lo que estos verdaderos malnacidos han prostituido es una parte marginal -aunque relevante- de la industria de los celulares, contando para eso con una suerte de adlátares que contribuyen a la comisión de sus delitos, de los cuales ya hablaremos.
También es necesario destacar que la reunión que tan dignamente presidió en el día de ayer el señor diputado Nemirovsci logró entender ese concepto, o sea, que los celulares no son un arma y que, por lo tanto, no pueden ser tratados como si lo fueran. Por este motivo, las comisiones de Comunicaciones, de Comercio y de Legislación Penal acordaron revisar el enjundioso y responsable proyecto aprobado por el Honorable Senado, dado que en nuestra opinión tenía algunas imperfecciones.


- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Eduardo Ariel Arnold.

SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA): Quiero fundamentar brevemente los cambios que hemos propuesto y que merced a la aprobación de esta Honorable Cámara elevaremos a consideración del Honorable Senado, a efectos de que el proyecto sea convertido definitivamente en ley.
En primer lugar, el proyecto en revisión limita la comercialización de teléfonos celulares y de sus líneas asociadas solamente a los licenciatarios del servicio de comunicaciones móviles, lo cual es peligroso. Digo esto porque algún burócrata encargado de la reglamentación de la norma podría concluir que la actividad de los agentes oficiales y la referencia a "canales masivos de comercialización" no está permitida a la luz de esta disposición. Pero como esta actividad es indispensable para llevar el servicio de telefonía celular a todos los puntos cardinales del país, decidimos modificar la redacción original, diciendo que los licenciatarios deben autorizar formal y expresamente a quienes utilicen sus marcas y sus facilidades tecnológicas para distribuir y vender celulares.
De esa manera damos contención a todos los argentinos que no viven en las grandes ciudades, en las que sí están radicadas las sedes de las empresas comercializadoras y de los licenciatarios. ¿Acaso creen que alguna de las cuatro principales empresas que desarrollan esta actividad tienen sucursales propias o directas en poblaciones con menos de cien mil habitantes?
Al mismo tiempo estamos posibilitando que se continúe con una sana práctica de comercialización de los celulares, cual es que estos aparatos y terminales se vendan en supermercados o en casas de electrodomésticos, acercando este maravilloso dispositivo a una gran cantidad de gente que de otra forma no concurriría a la sede de las grandes compañías.
Por ello, hemos perfeccionado la norma del Senado y hoy no existen dudas acerca del propósito primordial de esta iniciativa, que es que los celulares solamente pueden ser comercializados por los licenciatarios por su cuenta, por los agentes oficiales autorizados, por los subagentes autorizados y por los canales masivos de venta debida y formalmente autorizados por las compañías licenciatarias.
Hay que expresar con todas las letras que lo que se buscó con el proyecto del Senado es limitar el accionar de los "bolseros". Este neologismo, que nada tiene que ver con Santa Claus, propone definir a aquellas personas que obtienen celulares mal habidos para que, mediante técnicas de clonación o adulteración, reingresen al mercado esos aparatos extraviados, robados o hurtados, y que los sistemas celulares no puedan reconocer que esos aparatos fueron anteriormente inhabilitados o adquiridos en forma ilícita. Ya hablaremos acerca del tratamiento que damos a los "bolseros" en este proyecto de ley.
Hemos avanzado sintetizando en el acrónimo SCM a los diferentes servicios móviles que operan en la República Argentina. Nuestra legislación, que en su momento fue una de las más avanzadas del mundo en materia de telefonía celular, atravesó diferentes etapas: en 1989, se llamó servicio de radiocomunicaciones móviles; en 1994, servicio de telecomunicaciones celulares; en 1998, servicio de comunicaciones personales, y actualmente hay ciertos servicios denominados con las siglas inglesas GSM.
Por lo tanto, la norma avanza al sintetizar en la denominación genérica servicio de comunicaciones móviles a toda esta pléyade de servicios que han merecido regulaciones diferentes en el país en distintos momentos históricos.
En el artículo 3° de este proyecto exigimos a las compañías de telefonía celular la obligación de registrar en sus bases de datos las terminales robadas, hurtadas o extraviadas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 25.873, exigimos a las compañías licenciatarias que intercambien en forma diaria esta base de datos con las autoridades de control y regulatorias del sector, para que nadie tenga dudas de qué celular ha sido robado o extraviado.
En el artículo 4° hemos dispuesto la prohibición absoluta -para que tampoco queden dudas- de la activación de teléfonos reportados como robados, como otra especie de cerco sobre la actividad de los "bolseros", para que no tengan hendijas por donde ejercer esta actividad que no solamente daña la industria lícita sino que también es la fuente de celulares destinados al delito.
Nos ha parecido excesiva una redacción del Senado que facultaba a las fuerzas policiales y de seguridad a requisar celulares y averiguar si efectivamente pertenecían o no al habiente de ese teléfono.
Como ya lo expresé en el día de ayer con algún poder de síntesis, no estamos de acuerdo con que del proyecto del Senado se infiera que la policía puede realizar una verdadera "palpación de celulares" a un sospechoso, porque nos estaríamos metiendo en terrenos siempre fangosos.
Por lo tanto, la comisión concluyó, con buen criterio, que las empresas deben disponer de un asterisco especial para que un agente de policía o de una fuerza de seguridad pueda comunicarse en ese mismo momento, en forma absolutamente en línea, con los call centers de las empresas y verificar si ese aparato efectivamente pertenece a la persona y está registrado como tal en la base de datos de las compañías celulares.
También hemos avanzado en algo que en el proyecto del Senado no quedaba muy claro: el registro de clientes de telefonía celular.
En la redacción original esto parecía una especie de requisito para que se constituyera un registro nacional de clientes y usuarios de telefonía celular, a semejanza de los registros de propiedad de automotores o de motocicletas. Con el mismo énfasis con que aseguramos que los celulares no son armas, sostenemos que no son bienes registrables como los automóviles, las motocicletas y las diferentes naves que puedan utilizar los espacios de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, hemos concluido que la mejor forma de legislar en este punto es obligar a las empresas a mantener bases de datos en línea con la autoridad regulatoria, sistematizando sus ingresos comerciales para que aquélla pueda hacer uso de ellos y destinarlos a la prevención y la seguridad.
También hemos destacado que este artículo debe ser leído en concordancia con lo oportunamente dispuesto por la ley 25.873.
Juzgamos excesivo el artículo 5° del texto remitido por la Cámara de Senadores, que establece que las tarjetas telefónicas deben ser comercializadas en las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional. De ese modo se deja a la reglamentación las condiciones de uso y comercialización de las tarjetas celulares. Al respecto quiero recordar que en el libro Historia Universal de la Infamia, Borges escribió acerca de un emperador que pretendió hacer un plano perfectamente exacto y preciso de su imperio, y que el resultado fue la ruina de ese imperio porque todos sus habitantes se dedicaron a la cartografía.
Si se dispone que el Poder Ejecutivo nacional podrá normar hasta el hartazgo la comercialización de tarjetas telefónicas, al requerir a todos los humildes quioscos del país que se registren para vender las tarjetas que le demandan los clientes de menores recursos, pidiendo a quienes utilizan ese sistema prepago que dejen su número de documento nacional de identidad para luego ser cargado en un sistema que alguna vez generará el Poder Ejecutivo para controlar las tarjetas que se vendan, se distraerán los recursos necesarios para combatir en serio la inseguridad que hoy nos azota. Por lo tanto, creemos conveniente suprimir este artículo.
Una especie de guía madre de nuestra tarea en la comisión fue que no importa qué tarjeta se cargue en el celular, sino que se acredite debidamente quién está haciendo uso de él. Todos los esfuerzos del Estado, y también de las compañías licenciatarias, deben focalizarse en determinar quiénes son los dueños y los usuarios de los celulares. Por eso, como bien se ha señalado, hemos propuesto el lanzamiento de una campaña nacional para que en un lapso no mayor de ciento ochenta días ningún celular de la Argentina tenga un dueño o un usuario que no esté debidamente registrado en la base de datos de las licenciatarias.
Para finalizar, quiero destacar lo que en mi opinión es uno de los mayores avances de esta iniciativa con respecto a la legislación actualmente en vigencia: la penalización de la clonación de los teléfonos celulares y las tarjetas telefónicas. Entendemos por clonación algo similar a lo que sucedió con la oveja Dolly, pues en lugar de clonar células de origen vegetal o animal se clonan números de serie electrónicos. Parafraseando aquel adagio latino de Horacio, yo diría: hay más cosas en un teléfono celular que las que dejan suponer los números que aparecen en su pantalla.
El número de serie electrónico es invisible, imposible de percibir, inaudible y vital para identificar un teléfono como miembro del sistema. Por lo tanto, la magia de los bolseros que clonan celulares es convencer
a los sistemas informáticos de las empresas de que un celular robado es un celular lícito.
Aunque el sentido común diga que esta tarea es ilegítima -y lo es- ningún juez puede condenar a un bolsero por clonar un teléfono celular, salvo por la aplicación de la analogía, algo que es discutible en materia de derecho penal.
Con este proyecto de ley estamos dando a la Justicia la posibilidad de meter bien presos a aquellos que engañan a los sistemas informáticos de las compañías licenciatarias y al mismo tiempo coadyuvan a la comisión de delitos execrables.
También con esta norma damos cumplimiento a una recomendación de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que aconseja a los países miembros de la OEA la tipificación del delito de clonación en terminales móviles.
También fuimos algo más allá, agravando las penas para quienes coadyuvaron a la clonación de teléfonos; si fueran empleados o dependientes de las compañías licenciatarias, recibirán penas incrementadas en un tercio. No debe olvidarse que muchas veces los delitos de clonación son posibles si existe un hacker amigo o algún dependiente infiel de alguna compañía celular, que manipula los sistemas para que estos teléfonos sean admitidos.
Pensamos que con esta iniciativa hacemos un aporte sensato a la seguridad sin menoscabar las aplicaciones cotidianas al servicio de la vida, la producción, el trabajo y la seguridad de muchas familias argentinas.
Creemos también que estamos haciendo un aporte a los millones de argentinos que al usar su teléfono móvil jamás pensaron que esta maravilla del ingenio humano podía ser utilizada alguna vez para acabar con alguna vida. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.


SR. L'HUILLIER, JOSE GUILLERMO (SAN LUIS): Señor presidente: deseo anticipar el voto afirmativo del Interbloque Provincias Unidas respecto de este dictamen que elaboraron en forma conjunta las comisiones de Legislación Penal, de Comunicaciones e Informática y de Comercio.
Como destacaron los señores diputados preopinantes hemos tratado de mejorar legislativamente la propuesta que llegó del Senado, buscando conciliar la necesidad de reprimir aquellos delitos cometidos mediante la utilización de celulares, pero al mismo tiempo se trata de garantizar las libertades, el derecho a la intimidad, el avance y la utilización adecuada de un medio de comunicación muy importante en el momento actual.
Siempre hay una vinculación entre la forma de generar riqueza y la forma de delinquir. Por ello, necesariamente la legislación tiene que irse adecuando a estas nuevas realidades y a estos nuevos desafíos que plantea una realidad cambiante en un mundo que es quizás de cambios tecnológicos muy veloces y a veces desconcertantes.
Se ha procurado además evitar algunas disposiciones que tenía la redacción que venía del Senado, como es lo referido a la posibilidad de que compulsivamente las autoridades policiales pudieran exigir a cualquier persona la identificación de la titularidad de un celular, lo que importaba una violación -a mi entender grave- de las garantías individuales, más aún si se tiene en cuenta que los teléfonos celulares o este tipo de medios de comunicación no constituyen bienes registrables.
Creo que la creación de los dos registros es un avance importante, porque se ha creado un registro público de aquellas unidades de comunicaciones móviles que hayan sido denunciadas como extraviadas, robadas o hurtadas, y se ha impuesto a las compañías licenciatarias la obligación de llevar un registro de los titulares y usuarios de todas las líneas telefónicas con un sistema rápido para que tanto el Poder Judicial como los organismos de seguridad puedan acceder a esa información a través de los medios que proporciona este mismo sistema de comunicación.
Se trata de combatir la venta o los denominados bolseros o formas irregulares de unidades celulares que son utilizadas después para la comisión de delitos, en que no puede ser identificado su titular.
En cuanto a las sanciones penales que contempla el proyecto, junto con la Comisión de Legislación Penal se ha tratado de unificar las penas con los delitos de estafa y encubrimiento.
Tal como lo han señalado algunos señores diputados, quiero destacar que la Comisión Nacional de Comunicaciones no puede permanecer ajena a la necesidad de regular o controlar la prestación de este servicio público. Por lo tanto, como bien señalaba el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, hay una falencia de parte de la Comisión en la reglamentación de la ley 25.873, por lo cual en este proyecto se impone al Poder Ejecutivo la obligación de reglamentar la ley en un plazo de sesenta días.
Si bien este es un avance que está determinado por el contexto de los delitos graves, como son los secuestros o los que afectan gravemente la vida y la libertad, necesitamos avanzar en otros aspectos referidos a los servicios públicos. Estamos en deuda con un marco regulatorio para todos los servicios públicos, que en opinión de nuestro bloque debería ser una ley convenio para que pueda operar en todo el territorio, pero que las provincias y los municipios puedan adherir atendiendo a las particularidades regionales.
Por las consideraciones expuestas, el interbloque Provincias Unidas va a votar favorablemente el proyecto contenido en el dictamen de las comisiones mencionadas.


SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL): Señor presidente: voy a ser muy breve, porque los oradores que me antecedieron han explicado cabalmente el alcance de esta norma que estamos proponiendo que se sancione.
Quiero solamente referirme a algunos avances que tiene este proyecto respecto del que vino del Senado, y lo hago dirigiéndome a los señores senadores -si es que leen la versión taquigráfica- para incitarlos a que aprueben la redacción que va a enviar la Cámara de Diputados y no insistan con la anterior porque tiene algunos defectos.
Consideramos que el primer defecto era prohibir actividades lícitas, como la comercialización de servicios de comunicaciones, que los senadores prohibían en el artículo 1°.
Entendemos que también era contrario al derecho de propiedad la pretendida prohibición de vender aparatos usados o de conectar aparatos usados, porque en definitiva los aparatos celulares son bienes muebles que están en el comercio y no nos parecía razonable sacarlos fuera de él, independientemente de que son los aparatos más baratos y, por lo tanto, los que permiten a los argentinos más pobres comunicarse por este mecanismo, que a veces es el único en el interior de la Argentina.
Por último, nos parecía exagerada la posibilidad indeterminada de que la policía pare a la gente por la calle y eventualmente la lleve a la comisaría para tratar de averiguar si el teléfono que tiene en sus manos es propio o no, lo cual no sería posible determinar a primera vista.
Por eso, las soluciones de este proyecto de ley que va a sancionar la Cámara de Diputados nos parece que son más adecuadas a la legalidad general, porque como dijo la señora diputada Romero, de Entre Ríos, durante el debate en la comisión -y fue ratificado por la señora diputada Stolbizer-, corresponde que las funciones policiales sean reguladas por las provincias y no por el Congreso de la Nación.
De todas maneras, haciéndonos cargo de la preocupación de los señores senadores, puesta de manifiesto en el debate que hubo en el Senado, se aceptó la propuesta del señor diputado Bossa de incorporar una facilidad de información a cargo de las empresas licenciatarias para que informen a la policía si un celular determinado ha sido robado o no.
Una diferencia central con el esquema del Senado es el tema de las bases de datos de clientes, que según la propuesta del Senado debía ser pública. Nos pareció que eso era exagerado, y en definitiva lo que la Cámara de Diputados está considerando no es ni más ni menos que lo que sugirió el señor senador López Arias de la provincia de Salta, que en el debate dijo algunas cosas interesantes que voy a leer acá.
Dijo: "Soy consciente de que el tema de los celulares 'truchos' es uno de los instrumentos del delito que hay que combatir. Pero mi propuesta era mucho más simple. Se refería, sencillamente, a obligar a las empresas prestadoras del servicio telefónico a que sean ellas las que lleven los registros con todos los datos acerca de sus titulares. Y en aquellos casos en que esto no se verificara, sencillamente, se le quitaba el servicio." Esto es lo que está proponiendo la Cámara de Diputados.
Continúa López Arias: "Yo entendía que éste era un mecanismo práctico que nos evitaba el riesgo de meternos en normas penales que realmente pueden tener efectos no queridos, como bien señalaban algunos senadores.
"Dejo esto como un aporte para una futura discusión." Aquí el señor senador López Arias se hacía cargo de que la discusión en el Senado había sido muy rápida y no había habido tiempo para estudiar el tema. Así que él, como otros señores senadores en el debate, preveía que eventualmente habría que revisar el proyecto, que es lo que estamos haciendo ahora en la Cámara de Diputados.
Seguía diciendo López Arias: "El artículo 4° no sólo convierte al celular en un bien registrable sino que además lo saca del comercio, a pesar de que yo no veo qué peligro social radica en la venta de estos elementos usados, siempre y cuando se haga con todos los resguardos de la ley y la totalidad de las inscripciones y registros." Esto es lo que está haciendo la Cámara de Diputados.
En la Cámara alta hubo algunos senadores que creyeron que el objeto del proyecto de ley debía ser prohibir la venta de teléfonos celulares usados, y así lo señalaron la señora senadora Fernández de Kirchner y el señor senador Pichetto, pero en definitiva el proyecto del Senado ni siquiera incorporó este concepto de una manera concluyente. Se limitó a prohibir la importación de equipos usados, dejando la cuestión de la comercialización de aparatos usados a la reglamentación.
Me parece que el proyecto nuestro aclara suficientemente el tema, no haciendo falta que la reglamentación limite adicionalmente los derechos de los ciudadanos.
De modo que, más allá de una pequeña modificación que propondré en la discusión en particular, creo que éste es un avance importante. Estimo que se han atacado las fuentes del delito, que son fundamentalmente las que provienen del robo o la utilización de teléfonos perdidos.
Se pretende establecer un mecanismo que, si bien no será infalible, puede ser útil para el combate del delito más simple: me refiero al registro de clientes del servicio de celulares, aunque dicho registro sea llevado por cada compañía, lo que no incrementará innecesariamente la burocracia ni los conflictos que se podrían generar en la solución de temas críticos vinculados con estos delitos. (Aplausos.)


SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA): Señor presidente: desde mi bloque unipersonal acompaño el proyecto de ley, con algunas consideraciones que haré en la discusión en particular.
Creo que esta iniciativa armoniza la seguridad pública, el avance tecnológico y el uso masivo de las telecomunicaciones por los medios especificados en el proyecto de ley.
Es una norma que en alguna medida muestra un profundo sentido común. En tal sentido, el artículo 4° prohíbe la reactivación o el uso de aparatos que hayan sido extraviados o denunciados por robo o hurto. Este artículo tiene más relación con el sentido común que con cualquier otra definición. Tenemos como antecedente la vigencia de una ley que no sé si fue reglamentada todavía, pero tiene vigencia porque fue sancionada por este Congreso de la Nación y no fue vetada por el Poder Ejecutivo.
Las obligaciones que establecemos para las prestadoras de servicios públicos ya estaban fijadas en una ley que sancionamos a fin de año: la 25.873.
Sin embargo, estas obligaciones y estas responsabilidades de los sectores prestadores de los servicios no han sido adecuadamente cumplidas.
Estando en juego la seguridad pública, las empresas deberían haber cumplimentado esos datos mínimos que son indispensables para individualizar a los autores de hechos delictivos.
Durante el debate en particular voy a proponer que los ciento ochenta días que se establecen en el artículo 7° del proyecto sean improrrogables, de tal manera que las prestadoras terminen de juntar en ese lapso todos los antecedentes, elementos y datos que va a requerir la futura norma.
Me parece que tipificar nuevos delitos, cuando existen conductas o hechos delictivos de extrema gravedad, que en muchos casos han llevado a la muerte por utilizar o facilitar el uso de estos aparatos -corresponde aclarar que hay veces que no tienen por fin la comisión de un delito, pero hay oportunidades en las que se tuerce el fin original que tiene por objeto las telecomunicaciones-, es una decisión acertada que por cuerda separada va a ingresar en el derecho penal argentino.
Tengo una pequeña duda que dejo para que sea contestada en su momento, y que se vincula con el inciso a) del artículo 12. En el artículo 11 se habla de dolo y se dice: "...a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare...", con el empleo de dos verbos típicos: adquirir y utilizar. Pero en el artículo 12 se agrava la figura penal, cuando en el inciso a) se dice: "Cometa alguno de los delitos previstos en el artículo anterior con ánimo de lucro."
Sin ninguna duda que quien compra a sabiendas un elemento en estas condiciones lo hace con ánimo de lucro, es decir, para pagar un precio menor.
En mi modesto criterio, salvo alguna interpretación que no advierto, me parece que existiría una superposición de la figura penal y el agravamiento establecido en el artículo 12. Esto lo dejo como una inquietud porque realmente no he estudiado el tema en profundidad. Sin embargo, considero importante la interpretación auténtica del legislador.
Adelanto que vamos a aprobar en general este proyecto de ley, proponiendo algunas modificaciones durante el tratamiento en particular.


SR. PRESIDENTE(ARNOLD) Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.


SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM (CAP FEDERAL): Señor presidente: nuestro bloque anticipa su voto afirmativo en general, adelantando que va a plantear algunas disidencias parciales.
En primer lugar, queremos destacar el trabajo de las comisiones que se han reunido en el día de ayer. Ha sido un trabajo exhaustivo que, a nuestro juicio, ha mejorado sustancialmente el proyecto enviado por el Senado, respecto de la distinción de las empresas que son licenciatarias de los servicios de aquellas que simplemente comercializan los aparatos.
El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que hoy la telefonía celular supere a la telefonía de tierra, y esto seguramente va a generar a la brevedad nuevas revoluciones en las tecnologías de manejo de base de datos. Esas bases de datos -aclaro que no se trata de registros públicos- van a ser administradas por empresas que tienen una finalidad comercial. Por ello, nos interesa que la tecnología que soporte las bases de datos de las personas sea de características inviolables.
Por otra parte, como han señalado los señores diputados preopinantes, nos parece muy importante destacar la necesidad de que el organismo de control, en este caso la CNC, regule y supervise efectivamente el servicio de telefonía celular, y sea capaz de verificar que los registros que van a ser administrados por las empresas licenciatarias garanticen los datos de las personas. Si bien ahora estamos hablando de bolseros de telefonía celular, esperemos no tener que hablar en el futuro de manipulación de datos de las personas.


- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Se va a votar.
En razón de lo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución Nacional se dejará constancia del resultado de la votación a fin de establecer si las adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta o por las dos terceras partes de los presentes.

- Resulta afirmativa de 156 votos; votan 160 señores diputados sobre 171 presentes.

SRA. RODRIGUEZ, MARCELA VIRGINIA (BUENOS AIRES): Señor presidente: deseo aclarar que mi voto ha sido afirmativo.


SRA. PEREZ SUAREZ, INES (CAP FEDERAL): En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto afirmativo, en razón de que el pulsador de mi banca no ha funcionado.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) No es posible que el sistema no registre; algunos señores diputados no han votado, que es distinto. Estamos votando en forma mecánica y no en forma nominal.
De todos modos, dado que el número de votos afirmativos es más que suficiente, solicito a aquellos señores diputados cuya decisión no registró el sistema que hagan llegar a Secretaría el sentido de su voto.
La Presidencia hace constar que la votación ha resultado afirmativa por más de las dos terceras partes de los presentes.
En consideración el artículo 1°.


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: solicito que se lea el articulado propuesto, ¿o vamos a considerar los artículos directamente sobre la base del dictamen?


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia hace saber al señor diputado que el dictamen es conocido por los legisladores y si no hay oradores anotados, lo debe someter a votación.
Se va a votar el artículo 1°.

- Resulta afirmativa.

- Sin observaciones, se vota y aprueba el artículo 2°.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración el artículo 3°.
Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.


SRA. MALDONADO, AIDA (CATAMARCA): Señor presidente: como dijo el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, ayer trabajamos arduamente en pos de consensuar un único dictamen. Pero con el ánimo de colaborar, y advirtiendo que en el artículo 3° hemos establecido una obligación que no ha quedado claramente definida, vamos a proponer una nueva redacción para dicho artículo.
El actual artículo 3° dice así: "Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles deberán establecer e intercambiar entre sí, juntamente con la Comisión Nacional de Comunicaciones, en forma diaria, el listado de terminales robadas, hurtadas...". Creo que en esta redacción no queda claro cuál es la obligación. Si leemos los verbos, vemos que se habla de establecer e intercambiar, cuando lo que nosotros realmente queremos determinar es quién va a monitorear o va a tener a su cargo la confección del listado.
Por eso, a fin de dejar perfectamente en claro cuál es la obligación y siendo coincidentes con lo que aquí se ha dicho -que también ha expresado el señor diputado Pernasetti-, en el sentido de que es necesario que la autoridad de aplicación realice el debido control de esta base de datos, pues de lo contrario se va a prestar a confusión en cuanto a quiénes deben controlar la eficiencia y la veracidad de los datos que se consignan, vamos a proponer la siguiente redacción para el artículo 3°. Dice así: "La Comisión Nacional de Comunicaciones confeccionará una base de datos única y actualizada con la información de los listados diarios de terminales robadas, hurtadas o extraviadas que los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles deben enviar a la CNC por el medio o soporte que determine la reglamentación. La Comisión Nacional de Comunicaciones debe habilitar a los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles a consultar la base de datos única y actualizada...", y continúa de la misma manera.
Asimismo, propongo agregar un último párrafo que diga: "A partir de la publicación de la presente ley, los licenciatarios de servicios de telefonía móvil informarán, con la periodicidad, por el medio, forma y mecanismo que establezca la reglamentación, las altas y bajas a dicha base de datos que le fueran denunciadas. La Comisión Nacional de Comunicaciones es la autoridad de control, aplicación y registración de la presente ley."
Nuestra preocupación consiste en que si nosotros no definimos con claridad cuál es la obligación y quién tiene a su cargo la responsabilidad, la base de datos se va a diluir y no será operativa; es decir, no será suficiente o directamente no va a existir.
En el artículo 3° dejamos asentada la obligación de establecer o intercambiar el listado de terminales. Esto es algo que no puede estar válidamente dentro del articulado de una ley porque la obligación que se impone debe ser clara, sobre todo cuando lo que buscamos es establecer una salvaguarda y conocer a los titulares de telefonía móvil. Esa es la cuestión principal, y no la establecemos con claridad porque no decimos quién será el que controle y monitoree la fidelidad y veracidad de la base de datos. Debemos mejorar el texto para salvaguardar algo que consideramos fundamental: que pueda existir una base de datos a la brevedad.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) ¿La comisión acepta la modificación propuesta?


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): La incorporación de la Comisión Nacional de Comunicaciones excede el marco de monitoreo concebido cuando se redactó este artículo. Además, la creación del registro único tampoco estaba en el espíritu con el que se elaboró este artículo, y es por eso que la comisión no acepta la modificación propuesta.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Se va a votar el artículo 3°.


- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO (MENDOZA): Señor presidente: ayer, durante el tratamiento de este proyecto en el seno de la comisión, formulamos algunas objeciones. Por su parte, la señora diputada Maldonado acaba de proponer una modificación que nos parece valedera.
Aspiro a que la comisión sea permeable para receptar las inquietudes que sean razonables. De lo contrario, continuará este mecanismo por el que se sigue adelante y se aprueba cualquier tipo de norma, corresponda o no y sea o no correcta.
Tal como lo indicó acertadamente el presidente de nuestro bloque, votamos favorablemente en general pero tenemos disidencias parciales porque mantenemos muy serias dudas sobre la operatividad de esta norma. El transcurso del tiempo dirá si estábamos o no en lo cierto.
Mi intención es la de incorporar un nuevo artículo, y he pedido la palabra en este momento porque una vez establecido quiénes son los comercializadores y las características y obligaciones de las empresas, por técnica legislativa sería correcto introducir un artículo 4° antes de empezar a determinar las prohibiciones y sanciones que corresponden a la violación de estas normas.
Voy a explicar de qué se trata. Ayer planteamos la posibilidad de incorporar los derechos de los consumidores o usuarios en la normativa sobre telefonía móvil. Hablamos nada más y nada menos que de la portabilidad numérica, que es una definición que ya existeen distintas normas y que hace, por otra parte, al cumplimiento de los derechos de los usuarios y consumidores, consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que fuera incorporado durante la reforma de 1994.
Digo esto porque el servicio de comunicaciones móviles se encuentra regulado por disposiciones diversas y heterogéneas desde la sanción que le dio origen, es decir, desde el decreto 1461/93. Luego, fueron dictados decretos por parte del Poder Ejecutivo nacional y resoluciones por la Secretaría de Comunicaciones que implicaron sucesivas modificaciones y derogaciones.
Entre otras se puede destacar la resolución 60/96, por la que se aprueba el reglamento general de clientes de comunicaciones personales, y la resolución 490, que va mucho más allá al establecer las reglas básicas y contenidos mínimos entre los prestadores del servicio y sus clientes.
Pero recién en el decreto 764/00, que se publicó en el Boletín Oficial del 5 de septiembre de 2000, se ordena la materia para introducir más competencia, evitando la distorsión en el mercado. Así, el artículo 30 del Capítulo VI, de las disposiciones adicionales, habla precisamente de la portabilidad numérica, y dice: "30.1 La Autoridad de Aplicación determinará los plazos y condiciones en que los Prestadores proporcionarán la Portabilidad de números entre ellos, entre servicios y entre áreas geográficas, conforme los siguientes supuestos". Y luego indica en su inciso: "Cambio de Prestador de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad del servicio prestado."
Más adelante, en el artículo 30.2, establece lo siguiente: "La portabilidad numérica es un derecho del cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado para proveer la conservación de números, el usuario y/o cliente deberá estar en condiciones de poder conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada que efectúe."
La definición técnica de lo que se entiende por portabilidad numérica la encontramos en el mismo decreto, cuando expresa: "La portabilidad numérica es la capacidad que permite a los clientes mantener sus números cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en la que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones del plan fundamental de numeración nacional."
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Consagrado el derecho en la Constitución Nacional, incluido en el decreto de desregulación 764/00, existiendo sendas iniciativas parlamentarias para establecerlo por ley, existiendo también distintos planteos judiciales -que entre otros fueron llevados adelante por nuestro colega el señor diputado Polino-, creo que esta es la oportunidad de incorporar como artículo 4° una norma que luego voy a leer para que pueda ser analizada por la Honorable Cámara. Aclaro que formularé esta propuesta porque en la discusión que mantuvimos en el día de ayer se dijo que ya estaba contemplado pero que no se cumple.
Además, tal como está normado en la actualidad se restringe la libertad del usuario, ya que por la portación de su número está cautivo, al no poder elegir ni cambiar de compañía. Asimismo, el cambio de número afecta a su persona en sus relaciones comerciales, personales y profesionales.
En todo esto también existe una motivación económica, porque en la búsqueda de paliativos a los que debe recurrir por pretender cambiar su número, el usuario se ve obligado a mantener una casilla de mensajes, porque de lo contrario tendría que cambiar las tarjetas, los sellos, la papelería membretada, y si pretendiera hacer conocer a su universo de actividades el nuevo número tendría que gastar infinidad de dinero.
Como decía, esto hace al derecho consagrado de libertad de elección para los consumidores y usuarios de este sistema.
El espíritu del proyecto en tratamiento coincide con el objetivo del artículo que voy a proponer. A la vez que aportamos seguridad al sistema de telefonía móvil garantizamos el derecho a la libertad de elección.
En el día de ayer el señor diputado Bossa, que entiende del tema de la telefonía en general y especialmente de la celular, dio muestras de su cabal y profundo conocimiento. Él señalaba que esta norma es innecesaria, aunque después -con una gran honestidad intelectual- reconoció que lo que yo había sugerido era aceptable y razonable. Los señores diputados ayer expresaron su consenso, y ahora tenemos una oportunidad.
Cuando digo que no se nos aplique el "siga, siga", me refiero a cuando existe la voluntad política -y se tiene la mayoría suficiente como para imponerse- de seguir adelante con la redacción de un artículo, sin importar cómo quede. Es decir que pese a tener conciencia de que está mal redactado y de que se puede mejorar, el "siga, siga" hace que igualmente se vote sin atender razones que creo que están debidamente fundadas.
Mi intención es que el artículo quede incorporado al proyecto en consideración -por supuesto que después tendríamos que facultar a la Presidencia para que modifique la numeración- con la siguiente redacción: "Todo usuario titular del servicio de comunicaciones móviles, al celebrar un nuevo contrato de prestación del servicio que implique un cambio de empresa prestadora, tendrá derecho a mantener el número de abonado que tuviere asignado por el prestador original, salvo por renuncia expresa o rescisión contractual por su exclusiva culpa."
En mi opinión, este texto es abarcativo y razonable y da cumplimiento a la tan proclamada defensa de los derechos del usuario y del consumidor. En algún momento se esgrimieron argumentos técnicos respecto de que esto era imposible porque los números se asignaban por compañía, pero nosotros debemos legislar en defensa del usuario; no nos corresponden los mecanismos técnicos, sobre todo en tiempos en que en otros lugares del mundo no sólo ya existe este sistema sino que se venden celulares con determinada cantidad de minutos y comienzan a ser descartables, como los encendedores. Por lo tanto, el avance de la tecnología, sobre todo en materia de telefonía móvil, puede aplicarse a esto.
Hay campañas publicitarias que informan que mediante un chip uno puede cambiar su celular llevándose todos los datos de la agenda, por lo que no existen impedimentos técnicos serios para que nos opongamos a este artículo.
Por las razones invocadas, y esperando que no se aplique el "siga, siga", formulo moción concreta de que se incorpore este artículo 4° para su consideración.


SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL): Pido la palabra.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La Presidencia desea saber si el señor diputado se va a referir al artículo 4° del proyecto o al que propone el señor diputado Fayad.


SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL): Quiero referirme al artículo 4° contenido en el proyecto, señor presidente.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Previamente, hará uso de la palabra al señor miembro informante.
Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Propongo que el señor diputado Pinedo haga su propuesta, que supongo que debe incluir alguna modificación, y después sí la comisión se expedirá sobre las dos proposiciones.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Existe una propuesta de un nuevo artículo. ¿La comisión la acepta?


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: la propuesta del señor diputado Fayad es interesante. La comisión va a tomar nota y la incorporará en la medida en que otra norma relacionada con la telefonía la requiera.
Quiero aclarar al señor diputado Fayad que la portabilidad numérica está contemplada en el decreto764 del año 2000, que fue dictado en virtud de dar cumplimiento a un requerimiento del Acuerdo Mundial de Comercio, y que muy poco tiene que ver con la seguridad y la telefonía móvil porque es un dato del mercado para la telefonía fija. De modo que tomamos nota de la propuesta, pero no la aceptamos.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La comisión no acepta la inclusión del nuevo artículo.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL): Señor presidente: el artículo 4° prohíbe la activación de equipos robados, pero por un descuido se ha omitido establecer la obligación de los clientes de telefonía móvil de denunciar en forma inmediata a las empresas licenciatarias las pérdidas o robos de sus terminales. Sin esto no se puede formar la base de datos de equipos robados o perdidos, y eventualmente se puede facilitar la tarea de los delincuentes, quienes al ser atrapados simplemente pueden manifestar que sus teléfonos fueron robados, lo que ellos no denunciaron, y que después se usaron para un secuestro o para cometer otro delito.
Por lo expuesto, propongo el agregado de un inciso 4.1 que tendría el siguiente texto: "Establécese la obligación de los clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) de denunciar en forma inmediata a las empresas licenciatarias que les presten servicio, las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales móviles." Como consecuencia de este agregado, el actual texto del artículo 4° quedaría como inciso 4.2.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. POLINO, HECTOR TEODORO (CAP FEDERAL): Señor presidente: quiero señalar nuestra adhesión a la propuesta formulada por el señor diputado Fayad, que lamento mucho que la comisión no recoja.
En nuestro país no existe la portabilidad numérica no sólo para la telefonía móvil sino tampoco para la fija o básica. En ese sentido, en Consumidores Libres -entidad a la que pertenezco- hemos debido recurrir a la Justicia para hacer valer este derecho elemental de los usuarios. En un país donde existe un sistema en competencia como el de la telefonía móvil, si el usuario cambia de compañía tiene todo el derecho del mundo a portar su número telefónico, por todas las razones que muy bien expuso el señor diputado Fayad.
De modo que dejo constancia de nuestro apoyo a esa propuesta, y advierto que cuando aquí se dice que en otra oportunidad vamos a sancionar una norma para contemplar una situación determinada, lamentablemente esa ocasión nunca llega.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: quiero recordar al señor diputado Polino que cuando a nivel mundial se avanzó en un camino de desregulación y liberalización en el mercado de las comunicaciones, en la Argentina se dictó el decreto 764 del año 2000, respecto del cual ciertamente debemos avanzar en la solicitud de su reglamentación para incorporar el concepto de portabilidad numérica.
Insisto en que este concepto tiene más que ver con la telefonía fija y menos con la móvil y la seguridad. Estamos legislando en función de los usuarios y consumidores, pero también teniendo en cuenta la continuidad del servicio que tiene en el SCM un instrumento maravilloso de comunicación, como asimismo la seguridad, que es el tema que hoy nos convoca.
Respecto de lo dicho por el señor diputado Pinedo, debo reconocer que es cierto. No es que lo hayamos olvidado, sino que se pudo haber pasado durante el intenso trabajo realizado. Inclusive, debe destacarse una propuesta del señor diputado De Nuccio, que la hizo ayer en términos similares. Por eso la comisión acepta la idea, originada ayer, y hoy propuesta por los señores diputados De Nuccio y Pinedo, que incorporamos como punto 1 del artículo 4°, quedando como punto 2 el artículo tal como está redactado.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Se va a votar el artículo 4°, con la propuesta del señor diputado Pinedo aceptada por la comisión.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración el artículo 5°.
Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración el artículo 6°.
Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.


SRA. GIUDICI, SILVANA MYRIAM (CAP FEDERAL): Señor presidente: en este artículo 6° proponemos una incorporación que nos parece apropiada y que ojalá sea tenida en cuenta por la comisión para llevar adelante correctamente los objetivos de esta norma.
Como los registros van a estar a cargo de los licenciatarios, que son varios, y como estos registros no son públicos y la manipulación de los datos va a quedar en el ámbito de estas empresas, creemos que tiene que haber un control directo sobre dichos registros y no está de más redundar en la necesidad de que los organismos de control pertinentes aseguren y garanticen que estos datos sean preservados para mantener el ocultamiento de la identidad y la intimidad de las personas, pero también para que estos datos no puedan ser vulnerados por terceros inescrupulosos.
Los sistemas informáticos deben contar con esas garantías y por eso proponemos la incorporación al artículo 6° de la siguiente redacción: "El Poder Ejecutivo, a través de los organismos de control en la materia, controlará y verificará la correcta utilización de los datos referidos y las garantías de inviolabilidad y seguridad de los sistemas informáticos que lo soporten en orden exclusivo al cumplimiento del objetivo de la presente ley."


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA): Señor presidente: con una preocupación similar a la recién manifestada, debo señalar que esta cuestión está vinculada con la comisión de delitos de alto impacto social. Por lo tanto, el control debería estar circunscrito nada más que a los casos concretos de requerimiento judicial. En tal sentido propongo que al final del artículo se agregue que en tales casos las empresas serán consideradas auxiliares de la Justicia, de tal manera que las cargas procesales de los auxiliares de la Justicia recaigan, en estos casos concretos y específicos en los que son pedidos por la Justicia, en los prestadores de los servicios.
La propuesta consiste en agregar al final del artículo la siguiente expresión: "En tales casos serán considerados auxiliares de la Justicia".


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.


SR. BOSSA, MAURICIO (CORDOBA): Señor presidente: brevemente deseo aclarar la posición del señor diputado Esaín. Este Congreso sancionó la ley 25.873, que dice precisamente lo que sostuvo el señor diputado: las empresas proporcionan on line y sin cargo alguno para el Estado toda la información que le requiera el Ministerio Público o el Poder Judicial de la Nación. Por lo tanto, la previsión del señor diputado Esaín ya está contemplada por la ley 25.873.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


SR. PINEDO, FEDERICO (CAP FEDERAL): Señor presidente: no sé qué va a opinar la comisión, pero me parece que la redacción sugerida por la señora diputada Giudici tiene alguna complejidad, porque no me parece razonable decir que el Poder Ejecutivo deberá controlar que no se use mal. En todo caso, si se dijera algo -y es muy difícil redactarlo en el recinto-, lo único que se debería hacer o decir en esta ley es que esto no se podrá utilizar para tal cosa sino para tal otra. Si se dice que tiene que venir un señor para cuidar que otro no haga las cosas mal, no se avanza mucho.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) ¿Qué dice la comisión?


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: la aclaración del señor diputado Pinedo es correcta desde el punto de vista de la técnica legislativa, pero al mismo tiempo hay que reconocer el acierto de la propuesta de la señora diputada Giudici, cuando plantea el tema de un contralor, que no lo hace la Comisión Nacional de Comunicaciones, sino que debería hacerlo el Poder Ejecutivo, en función de que esto también le puede competer al Ministerio de Justicia.Creo que esto habría que dejarlo para la reglamentación, para ser coherente con lo que planteó el señor diputado Pinedo, que entiendo lo correcto.
Por lo tanto, mantenemos la redacción original.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Se va a votar el artículo 6°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración el artículo 7°.
Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.


SR. ESAIN, DANIEL (MENDOZA): Señor presidente: propongo un agregado en el artículo 7°, para que a continuación de "180 días" figure la palabra "improrrogable".


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.


SR. NEMIROVSCI, OSVALDO MARIO (RIO NEGRO): Señor presidente: no vamos a aceptar esa condición imperativa.


SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) La comisión no acepta la propuesta de modificación.
Se va a votar el artículo 7°.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) En consideración los artículos 8° a 15.
No habiendo oradores anotados para proponer modificaciones a estos artículos, se van a votar en forma conjunta.

- Resulta afirmativa.

- El artículo 16 es de forma.

SR. PRESIDENTE(CAMAÑO) Queda sancionado el proyecto de ley.
Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.



Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina | Congreso de la Nación Argentina | Av. Rivadavia 1864 - Ciudad Autónoma de Bs. As. (C.P.C1033AAV) | + 54 11 6075-7100

Nota: La información contenida en este sitio es de dominio público y puede ser utilizada libremente. Se solicita citar la fuente.